Expansión regional • Exmandatarios latinoamericanos han sido vinculados o son investigados por los sobornos de las constructoras de Lava Jato, especialmente los de Odebrecht. También hay ex jefes de Estado cuestionados por otros casos.

Club de expresidentes en problemas

por Martín León Espinosa, GDA/El Comercio/Perú

ilutración de GDA

Hay un antes y un después de Lava Jato en Latinoamérica. La gigantesca investigación por corrupción tiene como punto de origen Brasil, pero rápidamente se extendió a otras naciones de la región, sobre todo luego de que a fines de 2016 la constructora Odebrecht reconoció ante las autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos en los países donde operaba. Cuando se conoció la confesión, el Departamento de Justicia de EUA calificó el caso como el soborno extranjero más grande de la historia.

Tan relevante es el caso que los fiscales y procuradores generales de 10 países latinoamericanos y de Portugal acordaron realizar indagaciones coordinadas por los actos de corrupción de las constructoras brasileñas implicadas. A raíz del escándalo, se investiga o procesa a funcionarios y exfuncionarios de diversos países, así como a aquellos que fueron parte del círculo más exclusivo del poder: los expresidentes. Hay varios implicados en Lava Jato. Pero también hay un buen número de exmandatarios cuestionados o investigados por otros casos. Sea por uno u otro asunto, ahora todos están asociados: ahora todos forman parte del club de expresidentes en problemas (Exprepro).

 

—Al ritmo de las delaciones—

 

En Brasil, los cinco expresidentes vivos tienen cuestionamientos por Lava Jato (además de investigaciones por otros temas).

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien dejó la presidencia con 87 % de aceptación, es figura central de Lava Jato. El líder del Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso por delitos como corrupción o lavado de activos. El más avanzado es uno en el que es acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS. En esa indagación, el procurador a cargo sostiene que Lula sería el jefe de la organización del caso Petrobras, una consecuencia de la Operación Lava Jato.

Además, en sus delaciones premiadas ante la justicia brasileña, exejecutivos de Odebrecht confirmaron que su planilla con el nombre “amigo” contabilizaba las coimas dirigidas a él. El expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, por ejemplo, confesó que entregó a Lula poco más de $4 millones entre 2012 y 2013, y que en 2010 abrió una cuenta con $13 millones para sus gastos personales.

Lava Jato también ha puesto contra las cuerdas a su heredera Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público de Brasil investiga a la única mujer que ejerció la presidencia en el país por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como por nombrar ministro a Lula, poco antes de que fuese destituida. Días atrás, la constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff de 2010 y 2014.

José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir sobornos. En el 2015, un exfuncionario brasileño aseguró que líderes del PMDB, el partido al que pertenece, recibieron sobornos. Entre ellos, estaba el exmandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario de coimas por la construcción de un ferrocarril.

Además, al igual que Rousseff, Sarney es investigado por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar usar su influencia política para proteger a un aliado.

En cuanto a Fernando Collor de Mello (1990-1992), ya fue denunciado por la procuraduría brasileña. El político, sometido a un proceso de “impeachment” en 1992, es acusado de haber recibido poco más de $8 millones en efectivo y por depósitos por haber influido en contratos firmados por una subsidiaria de Petrobras. Ricardo Pessoa, quien presidió la constructora UTC, implicada en Lava Jato, dio detalles de los pagos.

Dos exejecutivos de Odebrecht también acusaron al expresidente de recibir poco más de $250,000 para su campaña al Senado de 2010.

La constructora además señaló que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998. Aparte es investigado por supuestamente haber usado una empresa como intermediaria para entregar dinero a una expareja.

 

—Investigados y condenados—

 

En el Perú, hay tres expresidentes vinculados a Lava Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Toledo (2001-2006) es el que tiene la situación más complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra la corrupción, actualmente es acusado de haber recibido $20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, la vía que une al Perú con Brasil. Como parte de la indagación del tema, el poder judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Hace unos días, el PJ volvió a dictar la misma medida, pero por un proceso relacionado con la compra de inmuebles. No cumple ambos mandatos judiciales porque está prófugo en Estados Unidos.

Alan García, el sucesor de Toledo en la presidencia, es investigado por la fiscalía por las coimas de Odebrecht, aunque de forma preliminar. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que exfuncionarios de su segundo gobierno (el primero fue de 1985 a 1990) están encarcelados.

Ollanta Humala (2011-2016) es otro exmandatario en una situación complicada. En su delación, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía entregó $3 millones para la última campaña presidencial de Humala. Justamente, la fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los aportes que recibió en las campañas electorales de 2006 y 2011.

Hay otros dos exmandatarios peruanos que no están relacionados con Lava Jato, pero que han sido sentenciados por la justicia. Uno es Alberto Fujimori, condenado por varios delitos que cometió durante su mandato (1990-2000). Actualmente, cumple sus penas, la mayor de 25 años de cárcel. El otro es el expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este último fue sentenciado, pero en Italia. A fines de enero, un tribunal italiano lo condenó a cadena perpetua por su implicación en el Plan Cóndor, aunque sigue en libertad en Perú.

En diferentes momentos, los expresidentes brasileños y peruanos mencionados han rechazado o negado las acusaciones en su contra.

 

—Más procesos y procesados—

 

En Argentina y El Salvador, también hay expresidentes en problemas, aunque no por Lava Jato.

Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la exmandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por Carlos Menem (1989-1999). Los datos oficiales no le hacen justicia a Menem, quien además tiene dos condenas de cuatro y siete años de prisión, que todavía no son firmes. Fernández, en cambio, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su pensión de expresidenta.

En El Salvador, hay dos expresidentes cuestionados. Antonio Saca (2004-2009) ha sido acusado de dirigir una red de lavado de dinero durante su mandato que habría blanqueado al menos $246 millones. También es acusado de enriquecerse ilícitamente por casi $4 millones. Actualmente, está detenido.

A su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el partido de la otrora guerrilla de El Salvador, se le abrió un juicio por enriquecimiento ilícito. En un examen del patrimonio de Funes y su familia nuclear, se encontró un desbalance de $728,329. A diferencia de Saca, Funes está asilado en Nicaragua.

En México y Colombia, hay expresidentes que fueron acusados, aunque salieron bien librados.

Luis Echeverría (1970-1976), el único exmandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio relacionado con dos acontecimientos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como “el Halconazo”. Se libró de la última acusación, pero no de la primera. En 2006, cuando tenía 84 años, fue detenido por Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en 2009 un tribunal lo exoneró por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive en la casa donde estuvo encerrado.

El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por un presunto financiamiento de su campaña de 1994 por el cartel de Cali. La Cámara de Representantes de su país votó a favor de la preclusión del caso, al considerar que no había pruebas directas de que Samper, como candidato, supiera del ingreso de $5 millones del narcotráfico. Sin embargo, el caso produjo investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador general colombiano.

 

—¿Futuros asociados—

 

Los expresidentes latinoamericanos no son los únicos en problemas. Quienes están ejerciendo el poder también han pasado –o pasan– por situaciones complicadas.

Uno de ellos es el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Los señalamientos se dieron a raíz de un reportaje, emitido en 2014, que indicaba que su esposa, Angélica Rivera, tenía una lujosa propiedad –llamada la “casa blanca”– en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El informe periodístico mencionaba un conflicto de intereses, pues el acuerdo por la residencia se hizo con Grupo Higa, que había tenido contratos con el gobierno federal.

Ante las acusaciones, en febrero de 2015 Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública de su país investigar toda compra y venta de inmuebles relacionados con su esposa, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y él mismo, con Grupo Higa. En la indagación se determinó que no hubo conflicto de intereses de los señalados y el expediente fue archivado.

Odebrecht también ha puesto en aprietos al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. En unos días, deberá dar una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral de su país por la presunta financiación de Odebrecht en sus campañas presidenciales.

Según se ha informado, la constructora entregó $400,000 para pagar dos millones de afiches para la campaña de 2010 de Santos, la primera en la que participó. También hubo un señalamiento sobre la presunta entrega de Odebrecht de $1 millón para su campaña de 2014.

Sobre el caso de 2010, Santos aseguró que no tenía conocimiento de estas y exigió una investigación. “Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen”, dijo el mandatario.

 

—El caso de Venezuela: Las denuncias contra Nicolás Maduro—

 

A Nicolás Maduro lo persiguen acusaciones desde distintos frentes.

Gobiernos y organizaciones civiles y regionales como la OEA han denunciado violaciones de los derechos humanos de su régimen, sobre todo durante las protestas contra su gobierno. Provea, por ejemplo, denunció decenas de casos de torturas y centenares de detenciones durante las protestas del 2014. Eso sin contar los más de 100 presos políticos en sus cuatro años de mandato.

Además, el año pasado dos sobrinos del mandatario venezolano fueron declarados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. En un audio, uno de ellos reconoció que el chavismo controla el narcotráfico en el país.

 


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