Club de expresidentes en problemas

 

—Más procesos y procesados—

 

En Argentina y El Salvador, también hay expresidentes en problemas, aunque no por Lava Jato.

Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la exmandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por Carlos Menem (1989-1999). Los datos oficiales no le hacen justicia a Menem, quien además tiene dos condenas de cuatro y siete años de prisión, que todavía no son firmes. Fernández, en cambio, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su pensión de expresidenta.

En El Salvador, hay dos expresidentes cuestionados. Antonio Saca (2004-2009) ha sido acusado de dirigir una red de lavado de dinero durante su mandato que habría blanqueado al menos $246 millones. También es acusado de enriquecerse ilícitamente por casi $4 millones. Actualmente, está detenido.

A su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el partido de la otrora guerrilla de El Salvador, se le abrió un juicio por enriquecimiento ilícito. En un examen del patrimonio de Funes y su familia nuclear, se encontró un desbalance de $728,329. A diferencia de Saca, Funes está asilado en Nicaragua.

En México y Colombia, hay expresidentes que fueron acusados, aunque salieron bien librados.

Luis Echeverría (1970-1976), el único exmandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio relacionado con dos acontecimientos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como “el Halconazo”. Se libró de la última acusación, pero no de la primera. En 2006, cuando tenía 84 años, fue detenido por Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en 2009 un tribunal lo exoneró por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive en la casa donde estuvo encerrado.

El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por un presunto financiamiento de su campaña de 1994 por el cartel de Cali. La Cámara de Representantes de su país votó a favor de la preclusión del caso, al considerar que no había pruebas directas de que Samper, como candidato, supiera del ingreso de $5 millones del narcotráfico. Sin embargo, el caso produjo investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador general colombiano.

 

—¿Futuros asociados—

 

Los expresidentes latinoamericanos no son los únicos en problemas. Quienes están ejerciendo el poder también han pasado –o pasan– por situaciones complicadas.

Uno de ellos es el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Los señalamientos se dieron a raíz de un reportaje, emitido en 2014, que indicaba que su esposa, Angélica Rivera, tenía una lujosa propiedad –llamada la “casa blanca”– en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El informe periodístico mencionaba un conflicto de intereses, pues el acuerdo por la residencia se hizo con Grupo Higa, que había tenido contratos con el gobierno federal.

Ante las acusaciones, en febrero de 2015 Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública de su país investigar toda compra y venta de inmuebles relacionados con su esposa, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y él mismo, con Grupo Higa. En la indagación se determinó que no hubo conflicto de intereses de los señalados y el expediente fue archivado.

Odebrecht también ha puesto en aprietos al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. En unos días, deberá dar una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral de su país por la presunta financiación de Odebrecht en sus campañas presidenciales.

Según se ha informado, la constructora entregó $400,000 para pagar dos millones de afiches para la campaña de 2010 de Santos, la primera en la que participó. También hubo un señalamiento sobre la presunta entrega de Odebrecht de $1 millón para su campaña de 2014.

Sobre el caso de 2010, Santos aseguró que no tenía conocimiento de estas y exigió una investigación. “Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen”, dijo el mandatario.

 

—El caso de Venezuela: Las denuncias contra Nicolás Maduro—

 

A Nicolás Maduro lo persiguen acusaciones desde distintos frentes.

Gobiernos y organizaciones civiles y regionales como la OEA han denunciado violaciones de los derechos humanos de su régimen, sobre todo durante las protestas contra su gobierno. Provea, por ejemplo, denunció decenas de casos de torturas y centenares de detenciones durante las protestas del 2014. Eso sin contar los más de 100 presos políticos en sus cuatro años de mandato.

Además, el año pasado dos sobrinos del mandatario venezolano fueron declarados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. En un audio, uno de ellos reconoció que el chavismo controla el narcotráfico en el país.