¿Cicies?

En El Salvador, empresarios y (hoy) un candidato presidencial, Nayib Bukele, se han llenado la boca con la posibilidad de apoyar una comisión internacional que ayude a la Fiscalía local a investigar y a perseguir penalmente la impunidad y la corrupción.

El modelo a seguir sería, según han dicho, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida en ese país en 2007 y responsable, junto al Ministerio Público guatemalteco, de arrestos y persecuciones penales –algunas exitosas– de tres expresidentes, el mandatario actual, una docena de grandes empresarios, diputados y exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de narcotráfico, robo a las arcas públicas, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia. Entre otros.

El mérito más importante de la Cicig es que ayudó a dinamitar el recio muro de impunidad que había rodeado históricamente a las élites económicas y políticas de Guatemala. Ese muro, como en El Salvador, está enraizado en una cultura criminal de funcionarios públicos y poderes fácticos según la cual los poderosos pueden hacer lo que quieran sin ser castigados.

Un caso conocido como La Línea, el esquema de corrupción en las aduanas guatemaltecas que capitaneaban el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, es un buen ejemplo de lo que Cicig hace y de las consecuencias de esas investigaciones. La Línea terminó por botar a un gobierno corrupto, pero también por alimentar al menos cinco expedientes más que implican a constructores, importadores, banqueros y políticos de todo signo en otros esquemas de corrupción.

Hace un par de años, la idea de una “Cicies”, la Cicig salvadoreña, empezó a circular en redes, lo cual al final no es nada. El asunto no pasó nunca de ser eso, una alharaca en Twitter. Hasta que Bukele se apropió de la idea como parte de su campaña proselitista al decir que sí, que si llega a la presidencia, él apoyaría una comisión así.

Tomémosle la palabra y pongámonos en un escenario en que eso ocurre: el presidente Bukele pide a Naciones Unidas que gestione y financie una Cicies. La ONU acepta. Siguiente paso: la Asamblea tiene que aprobar un convenio que dé vida legal a la comisión. Ahí el primer problema (¿insalvable?): si los diputados de Gana, el partido que habría llevado a Bukele a la presidencia, ni siquiera han elegido Corte Suprema e intentaron reelegir al exfiscal Luis Martínez, preso por corrupción, ¿cómo creerles que darán sus votos para dar vida a un cuerpo investigador de corruptos?

¿Cómo creerle a Guillermo Gallegos, el líder de Gana señalado por recibir dinero de un dirigente político implicado con narcos y uno de los más importantes valedores del exfiscal Martínez, que apoyará la idea de una Cicies?
Puede ser también que Bukele siga adelante sin su partido en el empeño, y recurra ¿a quién? ¿A los diputados de Arena que también apoyaron al exfiscal y que modificaron la Ley de Extinción de Dominio? ¿A los del Frente, en cuyo primer gobierno se abortó el único intento real de traer una Cicig a El Salvador, y cuyo segundo presidente ha dicho sin tapujos que el país no necesita algo así?

Pero ampliemos el ejercicio de ficción y digamos que sí, que se instala la Cicies y que, al igual que en Guatemala, empieza a investigar a más poderosos… Y pensemos que la comisión se instala ya sea en una eventual presidencia Bukele, una de Carlos Calleja de Arena o una de Hugo Martínez del Fmln. ¿Tendrán estos presidenciables las agallas de apoyar a un comisionado o comisionada que empiece a meter presos a sus clientes, amigos, correligionarios corruptos?

No. La respuesta es no.