El Gran Luigi: música en el país que ignora a sus artistas

Luis Mauricio “El Gran Luigi”

Luis Mauricio tiene 11 años. Y, como a todo niño de esa edad, las palabras le salen a cuentagotas. Mira hacia abajo, con los hombros y los brazos caídos, en un cuadro que bien puede definir la timidez. Pero todo cambia cuando al fondo suena una pista para que él la decore con su voz. La postura de su cuerpo es mucho más relajada y los brazos se acompasan al ritmo mientras improvisa algunos versos.

Luis Mauricio saltó a la fama en El Salvador hace un mes y medio, cuando los miembros de una conocida página de Facebook lo grabaron haciendo lo que más le gusta en el mundo, después de que se frustró su intento por participar en el evento de un programa televisivo.

Desde entonces, su nombre artístico, el Gran Luigi, se ha convertido en uno de los más populares del ciberespacio salvadoreño: el video de su primera canción, “La vida”, cuenta con más de 61,000 reproducciones con apenas una semana de lanzado. Todo un hito en un país de 6 millones de habitantes.

Aquí, sentado en el tronco de un árbol, en una acera cualquiera de San Salvador, el Gran Luigi parece no ser consciente de lo que eso significa. Apenas hace unas semanas le ayudaba a su madre, Brenda, quien vende dulces en el transporte público, a ganar algunos dólares cantando en los buses junto a su todavía inseparable bocina. Un trabajo que hacía desde hace unos años, sin el que su familia no podría haber pagado las cuentas a final de mes.

—¿Qué fue lo más arriesgado que te pasó trabajando en el transporte colectivo –se le consulta al pequeño.

—Aprender a tirarse de los buses –dice, entre risas, Brenda, su madre de 28 años, atajando la pregunta.

—¿Y él andaba solo desde el principio, cuando era un niño de nueve?

—Sí, andaba solo. Como allá en el trabajo de los vendedores es un bus cada uno. Él se iba en un bus y yo me iba en el que lo seguía, fuera la ruta que fuera –dice Brenda. El circuito de trabajo con el que cumplían todos los días iba del mercado Las Pulgas del bulevar de Los Héroes hasta Metrocentro. Unos 200 metros para ganarse la vida.

Comenzó, cuenta Luigi, cantando “canciones viejitas” acompañado de una caña, un instrumento conformado por una lata rellena de arroz o maicillo. Luego probó el beatboxing, el arte de hacer sonidos con la boca. Se decidió a rapear hace año y medio, para comenzar a imitar lo que hacían sus grandes referentes, el venezolano Canserbero y el mexicano C-Kan. Eso le cambiaría la vida.

Ahora, este niño de 11 años, residente en un barrio popular cercano al campus de la Universidad de El Salvador y asolado por las pandillas, puede jactarse de contar con casi 90,000 seguidores en Facebook y otros 45,000 en Instagram cuando apenas ha grabado una canción, una que suena por lo menos cuatro veces cada hora en la radio, según las cuentas de las emisoras Scan y YXY.

—Mi niño ha tenido suerte –dice Brenda, mirando a su hijo con una sonrisa repleta de orgullo. Yo he visto a muchos como él, pero nadie los toma en serio. Este país es un mal país para ser artista.

El Gran Luigi, además del empuje de la viralidad, ha contado con un apoyo adicional: Jota Sánchez, un veterano de la escena nacional que se ha movido como pez en el agua en el hip hop y otras hierbas. Ahora también capitanea el grupo Cumbia Negra, que combina este género musical con el rock.

Los veteranos. Adhesivo ha logrado presentarse en importantes escenarios de Colombia y México.

Él ha tomado las riendas de la carrera del pequeño después de algunas experiencias previas, como XD Five, un dúo de chalatecos que brilló hace algunos años con temas como “Dulzura”, que compitió en las listas de popularidad nacionales con los artistas extranjeros.

Jota es ahora el encargado de sus redes sociales, de su agenda, de a quién o a quién no se le brinda un show, se le da una entrevista. Quien impide que un medio de comunicación visite la casa donde vive el niño, ubicada en un barrio empobrecido entre la frontera de San Salvador y Mejicanos. Brenda dice que el hombre moreno que guarda bajo una gorra su cabellera rubia se ha convertido en un regalo del cielo.

Mientras el pequeño y su mamá hablan, Jota vigila la conversación desde muy cerca. El niño dice que uno de sus temas favoritos para escribir canciones es la política. Quien platica con él, curioso, busca saber cuál es la opinión de un muchacho de 11 años sobre aquellos que manejan la cosa pública.

Jota se acerca aún más e interrumpe la conversación. Para él, este es un tema vedado, uno que les ha traído problemas en el pasado. Hace unas semanas, el Gran Luigi cantó en un evento organizado por el Gobierno. En las redes se desataron ataques contra él, en los que criticaban su apoyo a Hugo Martínez, el candiato del FMLN, que estuvo presente en esa ocasión.

—Te invitan a un evento de INJUVE y llega un político. Ya te relacionan con él… ¡si el niño ni siquiera vota! La realidad del niño es pensar en las necesidades que él tiene, que la música se puede convertir en el instrumento para cubrirlas –comenta Jota, la voz alzada, amenazando con terminar con la entrevista si se continúa con el tema.

Jota afirma que se preparan grandes cosas para el niño, como la grabación de un disco, que estará a cargo de PRV, su productor de cabecera y uno de los más respetados de la escena hip hop del país. Este se encargará de todo el proceso: el diseño de las pistas, la captación de la voz, el masterizado del producto final. No quiere que vuelva a hablarse del tema de la política alrededor de una criatura de 11 años. Por eso ha declinado las invitaciones de los equipos de campaña de los candidatos presidenciales para que el Gran Luigi dé un show en alguno de sus mítines.

—Nosotros en el trabajo con él no queremos que sea un King Flyp, pues, un fenómeno viral, sino alguien a quien se le construya una carrera. Y, usted sabe, la política es capaz de matar cualquier carrera –dice Jota.

Con tanta experiencia, Omniom sabe hablar al vuelo de lo que cuesta, por ejemplo, grabar una sola canción para una banda de cuatro personas: $300 por la captación de instrumentos y voces en el estudio, $100 por la mezcla y otros $150 por la masterización (un proceso que permite la optimización de los sonidos). En total, $550 por una sola pieza, algo elevado para una realidad económica como la salvadoreña.

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COMO EN EL TRABAJO de todo emprendedor, quien se decide a ser músico debe pensar en una inversión inicial, un primer empuje económico que permita que las potencialidades de un talento se conviertan en sonidos concretos. Si no se cuenta con recursos propios para dar este primer paso, o con el apoyo de un patrocinador que lo cubra, es prácticamente imposible. Sobre todo si quien lo sueña es un niño de 11 años que se dedica a cantar en los buses para ayudar con la subsistencia de su familia.

“Tener ingresos constantes es tan importante como el talento”, dice Roberto Burgos, vocalista de la banda de death metal Dreamlore, una voz experta en el tema porque lleva casi dos décadas liderando una banda que, a pesar de su prestigio, con múltiples premios regionales, decenas de videos y canciones, todavía no es capaz de generarles ganancias a sus miembros.

Y en la música, una carrera comienza a perfilarse con el lanzamiento de un disco. La realidad es diferente dependiendo del género. No es lo mismo grabar a un solista que a una banda completa: el precio aumentará dependiendo de la complejidad y de las horas requeridas para completar el trabajo. En el país, cada corriente musical tiene un productor especializado. Si se trata de conjuntos musicales, sobre todo de jazz, el indicado es Jorge Lara, “la Vaca”. Julio Rodas, por su lado, es el encargado del rock.

Agustín Anaya, mejor conocido como Omniom, es el maestro del hip hop, un estatus alcanzado en el país gracias a su trabajo de más de una década como productor del grupo Pescozada, quizá el más importante en el género de todos los que ha parido el país.

En su estudio de Mejicanos, un lugar acogedor pero diminuto, Omniom mira atento tres grandes pantallas. Allí calcula el volumen y el lugar exacto en el espacio que debe ocupar cada sonido. Acaba de recibir una visita bastante sui géneris para él: un dúo hondureño de música folclórica que colaboró con Los Guaraguao de Venezuela. Esta mañana, en cambio, trabajaba sobre una grabación del español Rapsusklei, una de las figuras más importantes del rap cantado en castellano.

Con tanta experiencia, Omniom sabe hablar al vuelo de lo que cuesta, por ejemplo, grabar una sola canción para una banda de cuatro personas: $300 por la captación de instrumentos y voces en el estudio, $100 por la mezcla y otros $150 por la masterización (un proceso que permite la optimización de los sonidos). En total, $550 por una sola pieza, algo elevado para una realidad económica como la salvadoreña. El hip hop y otros géneros parecidos, como el reguetón, resultan más baratos, sobre todo porque se trabaja sobre una pista. Un EP (disco de no más de media hora) puede grabarse en esas mismas cuatro horas.

Los veteranos. Pescozada, proveniente de Chalatenango, es el talento nacido en la periferia.

Otro asunto es el trabajo de producción. Expertos como él han sabido adaptarse al mercado salvadoreño y ofrecer facilidades. Él, por ejemplo, se ha inclinado por una suerte de combos. El artista, por ejemplo, puede comprarle una de las pistas compuestas por él, un “beat Omniom“, desde $189. A esto puede adicionarse la grabación de la voz y algunos ajustes de la mezcla. Todo esto junto a la masterización cuesta $325. Y hay todavía otras opciones, como el EP exclusivo, donde el productor se encarga de todo el proceso de hasta 30 minutos de música por $800. Una suma impensable para una familia como la del Gran Luigi y Brenda, que tendrían que ahorrar por meses todos los ingresos de su hogar para cubrirla.

Después de grabar un disco, comienza la rebusca, las estrategias por penetrar en el mercado, aquello que impida que esta inversión quede en el olvido. Una labor en la que los miembros de Pescozada son unos expertos. El grupo de Omniom, además de contar con una fuerte presencia en redes, está afiliado a dos organizaciones colectoras de regalías en Estados Unidos: así se aseguran de recibir el dinero generado cada vez que su música suena en cualquier parte del mundo.

A diferencia de Pescozada, Adhesivo, otra duradera banda nacional, no cuenta con este tipo de asociaciones. Por ello, no puede recibir más regalías por su música que aquellas que se reparten en servicios de streaming, como Spotify. Así lo explica Guillermo Serrano, líder del grupo de ska.

Guillermo es, desde hace más de una década, empleado de la Corte Suprema de Justicia. Cumple con un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La música, como sus tatuajes, es un elemento que se libera solo cuando deja de ser el Guillermo burócrata. Pero no podría sobrevivir sin la combinación de ambos mundos.

Adhesivo es una de las bandas salvadoreñas más conocidas a escala internacional. Ha logrado presentarse en festivales importantes, como Rock Al Parque, en Bogotá, o Vive Latino, en México. También ha colaborado con leyendas del ska como Doctor Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Pero ello, dice Guillermo, es el resultado de una inversión: todo el dinero que Adhesivo genera (shows, venta de mercancías, streaming) no va a los bolsillos de sus miembros, sino a la banda, para que esta pueda dar unos pasos más.

“Tratamos de ser ordenados. Creo que la clave para durar está en eso. Nosotros planeamos nuestro futuro para un año o 18 meses”, comenta Serrano, quien espera, después de más de 20 años de liderar a su banda, que la música alguna vez se convierta en un negocio rentable.

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EL GRAN LUIGI tiene claras sus prioridades: terminar la escuela y superar la formación de su madre, quien llegó al noveno grado, para convertirse en abogado; comprar una casa propia, donde sus hermanos y sus padres puedan, al fin, vivir con certidumbre; que de todo ello sobre algo para un carro, como el que Jota, su mánager, maneja. Por ello no le importa el cansancio, la agenda apretada para un niño de 11 años que, en un mundo ideal, debería estar en su casa y no ganándose el pan cantando en los buses.

Según Brenda, su madre, todas las pocas ganancias que se han generado con el trabajo del niño han ido a parar a sus bolsillos. Tanto que ahora ella ha podido dejar de vender dulces en los buses para acompañarlo en sus compromisos. En todo este tiempo, dice, Jota no ha recibido ni un centavo.

—Esto de la música es una inversión. No se miran ganancias sino mucho después. Mire lo que dicen los promotores de Ozuna, que para llevarlo donde está tuvieron que gastar más de $3 millones sin ver ni un solo centavo de vuelta por varios años. Esto es así, si se hace bien, es un trabajo de paciencia –comenta Jota, un hombre con pensamiento empresarial. Luego matiza su respuesta, y asegura que lo hace como una forma de devolver algo de lo que la música le ha dado. —A mí mi esposa me dice que ella nunca creyó que algún día podríamos vivir exclusivamente de la música.

El Gran Luigi, allá lejos, mientras le toman una fotografía, activa su bocina, su compañera de siempre, e improvisa algunos versos, feliz de poder sentir que el futuro, su futuro, se llena de música.

“La declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa”

Iván Velásquez – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Iván Velásquez es un hombre que no camina solo por los pasillos de este hotel de San Salvador. Tampoco lo dejan solo cuando brinda una entrevista, o cuando alguien le pide tomarse una foto con él. A su lado, siempre se mantiene un dispositivo de seguridad.

Desde 2013 fue puesto al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esa oficina ha llevado a cabo investigaciones que han revelado los entramados de corrupción e impunidad presentes hasta en la presidencia. Por ello, en 2015, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron señalados por defraudación aduanera, y Pérez Molina se vio obligado a renunciar a la presidencia. La dupla presidencial se encuentra en prisión actualmente.

La CICIG, acompañada por el Ministerio Público, también ha escudriñado dentro del sistema judicial y electoral y ha descubierto redes ilegales de repartición del poder. Además, a inicios del año pasado, la comisión señaló al hermano y al hijo del actual presidente, Jimmy Morales, por participar en un fraude. Meses después, se solicitó un antejuicio al presidente por sospechas de financiamiento ilícito electoral. Para esa fecha, Morales, quien en 2015 decía apoyar a la CICIG, tardó solo dos días en declarar al comisionado “persona non grata”.

Este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo no de sustitución de autoridades nacionales.

Un año después, a finales de este agosto, Jimmy Morales, apareció en los televisores guatemaltecos diciendo que se cancelaba la CICIG. Es decir, no renovará su mandato en el país y bajo esta lógica, la comisión funcionará hasta septiembre 2019. La escena fue un tanto extraña: Detrás de él, decenas de militares formaron un bloque que funcionaba como fondo para el discurso. En los días siguientes, Velásquez hizo un viaje de trabajo a Estados Unidos. Allá se enteró de una noticia: El presidente Morales prohibió su entrada a Guatemala por razones de “orden y seguridad nacional”.

Así, Velásquez está este viernes a solo cinco horas de la oficina que, en teoría, debería estar presidiendo en persona, pero a la cual no puede presentarse. Ha venido a El Salvador a participar en un foro de la Semana de la Transparencia. Tras su intervención, acepta responder una ronda de preguntas de periodistas salvadoreños. Luego, habla en exclusiva con esta revista después de un periodo de silencio con medios centroamericanos.

Aquí explica que la CICIG seguirá funcionando con la figura de un comisionado adjunto, mientras su situación no se resuelva. Admite que la sola presencia de la CICIG en Guatemala no garantiza la lucha contra la impunidad en un país en el que se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, al menos, “por 10”.

En El Salvador se ha planteado la idea de una CICIES. ¿Qué tan necesario es el espaldarazo presidencial para replicar el modelo?

La decisión presidencial es fundamental porque esto significa el acuerdo de un Estado con el organismo internacional que se considere. Naciones Unidas en el caso de Guatemala o la Organización de Estados Americanos en el caso de Honduras. Otra cosa es la discusión interna que se genera para que el Gobierno llegue a hacer una solicitud de esta naturaleza.

Ahora usted mencionaba que quienes se oponen a la idea del modelo quieren seguir gozando de impunidad. Aquí se le ha llamado golpistas a las personas que proponen una réplica.

Creo que siempre hay que examinar las condiciones propias del país que quisiera tener una cooperación de esta naturaleza. No sería trasplantar el acuerdo que constituyó la CICIG, traerlo acá y cambiarle simplemente el nombre y los firmantes porque todo es según las realidades nacionales. Lo que creo es que este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo, no de sustitución de autoridades nacionales. Mientras la investigación y la persecución penal estén en cabeza del Ministerio Público (MP), sea el MP el que toma la decisión de judicializar los casos, las contribuciones que se hacen no implican injerir en los asuntos internos del país.

Algunos afirman que la CICIG afecta la estabilidad política, que repele inversores y que ha afectado a la economía de Guatemala. ¿Qué intuye detrás de esos discursos?

Lo que hay es una forma de defenderse para evitar que la lucha contra la corrupción se continúe y se profundice. No se puede señalar a la lucha contra la corrupción de desestabilizadora… bueno, desestabiliza un estado anormal de cosas, pero lo que pretende es la estabilidad real. No se le podría reprochar que afecte la economía o que reduzca la inversión, a menos que se esté pensando en una inversión basada en la corrupción. Cuando se cuestionan esas investigaciones lo que se está diciendo es que se quiere seguridad, tranquilidad para la inversión corrupta.

En 2016 usted planteaba la posibilidad de un organismo transnacional para atacar los crímenes transnacionales, como la trata de personas y narcotráfico. Dos años después, ¿qué posibilidad ve de organizar algo así?

Creo que siempre es posible, porque la responsabilidad fundamental (sería) de las fiscalías generales de cada uno de los países que participaran en un proyecto de esta naturaleza. Que haya otros organismos de cooperación como el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en Honduras o de la CICIG en Guatemala, es un plus. Pero lo fundamental es que los organismos nacionales lleguen a esa actividad conjunta a generar grupos de trabajo transnacionales que les permita una mayor fluidez sobre todo en el tema probatorio, en aquello que requeriría asistencia judicial que tradicionalmente es como tan engorrosa y demorada.

Empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

No se renovará el mandato de la CICIG en 2019, ¿no le parece que esto va en detrimento de la creación de un organismo transnacional?

No significaría que con eso la idea queda suprimida. No. Inclusive, aún si no existiera la CICIG, es posible que se utilice un mecanismo de esta naturaleza de cooperación entre los países para conformar un grupo conjunto de investigación en temas que afecten a los tres países.

Iván Velásquez

¿Hay manera de trabajar si no se llegara a tener una Fiscalía eficiente?

Es, realmente, más difícil. No digamos que es imposible. Porque nosotros, además, no trabajamos exclusivamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Es nuestra principal contraparte y la contraparte natural de la CICIG, pero también trabajamos con fiscalías de delitos económicos, anticorrupción, de lavado de activos o fiscalía de delitos electorales.

El acuerdo Fiscalía-CICIG que dio origen a la FECI permite una colaboración, un aporte también de la CICIG en cuanto a la escogencia de los fiscales y funcionarios de la FECI, porque se requiere que exista una gran confianza en esos fiscales. De manera que podamos nosotros examinar respecto de su trayectoria y de su honorabilidad para ser contrapartes nuestras. Entonces, el que no exista una fiscalía especial no impide el trabajo conjunto con el Ministerio Público, pero sí es mucho más conveniente que esta fiscalía especial exista.

Se ha hablado sobre una nueva Fiscalía Transnacional. Hay una investigación periodística que plantea que la nueva fiscal, Consuelo Porras, está –de alguna manera– compitiendo por casos. ¿Podría comentarme algo al respecto?

Por lo que yo entiendo, lo que ha dicho la fiscal general, la Fiscalía Transnacional estaría conformada por el MP guatemalteco con el apoyo de agencias de Estados Unidos y estaría la participación, –no sé cuál es el avance de eso porque nosotros no tenemos ninguna intervención– también de otros países de la región, probablemente de los países del Triángulo Norte que lleguen a acuerdo de esa naturaleza, pero su finalidad principal tiene que ver, en lo que yo entiendo, con el narcotráfico y fenómenos anexos al narcotráfico. Es decir, no investigaría en temas de violación de derechos humanos o de corrupción, no sería una Fiscalía Transnacional para investigar toda clase de delitos.

Se ha manejado, de manera informal, que sería la respuesta del Ministerio Público a la cancelación de la CICIG.

En realidad, la idea de la Fiscalía Transnacional la ha planteado esta fiscal general antes de la decisión del presidente Morales de que la CICIG no continuara. Por eso entiendo que no es ni una competencia ni una sustitución de la CICIG, sino que es otro mecanismo de cooperación internacional y en este caso solo de Estados Unidos, pero para los delitos en los que, también por su naturaleza, Estados Unidos tiene interés en que sean reprimidos como estos vinculados con el narcotráfico.

En su reciente informe de rendición de cuentas decía que los grupos de poder se van radicalizando, ¿qué síntomas de esa radicalización ve en Guatemala?

Afortunadamente la situación en el país ahora solo está en campañas de difamación o en decisiones gubernamentales, como esta de no renovar o revocar visas. Pero ninguna acción de violencia desde ningún sector, de ninguna naturaleza, en contra de ningún funcionario de la comisión, como se vivió en Colombia especialmente entre 1997 y 1999, que hubo una racha de investigadores de la Fiscalía que fueron asesinados cuando yo estuve como director regional de Fiscalías de Medellín. Una situación similar no la he advertido todavía en Guatemala y esperamos que no vaya a suceder.

La radicalización a la que nos referimos es que asumieron un papel de franca confrontación con la lucha contra la corrupción. Algunos se vincularon, inclusive, a campañas de difamación. Hay una estructura muy bien montada de noticias falsas, de difamación, que también realizan actos de lobby, como lo reveló recientemente Nómada con una entrevista de uno de los encargados de aglutinar empresarios para pagar a lobbistas en Estados Unidos.

Antes, cuando la lucha contra la corrupción no llegaba hasta esos sectores, ellos mismos apoyaron todo el trabajo que se hacía. Se sumaron al paro nacional que hubo el 27 de agosto de 2015 para exigir la renuncia del presidente Pérez Molina. Pero ya después de mediados de 2016, que empezaron a verse vinculados, sobre todo a partir de un caso que llamamos “cooptación del Estado”, empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

La CICIG ha realizado investigaciones que involucran al círculo familiar del presidente Jimmy Morales. En el pasado, él decía apoyar a la CICIG y planteó renovar su mandato hasta 2021. ¿Cómo recibieron dentro de la comisión estos discursos?

Cuando el presidente Jimmy Morales fue elegido y solicitó la renovación 2017-2019, con una anticipación de un año y medio, ahí fue que él anunció al secretario general de Naciones Unidas su voluntad de pedir la extensión 2019-2021, lo cual haría en el momento oportuno. Pero después de todo lo que resultó, de tantos afectados con las investigaciones… el propio presidente Morales en las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, pues cambió su posición frente a la CICIG. Hay una franca oposición a la CICIG desde, por lo menos, principios de 2017 que se manifestó mucho más el 27 de agosto de 2017, cuando me declara persona non grata y ahora ya como que absolutamente definitiva con esto del 31 de agosto de comunicar que no iba a renovar.

¿Cómo se vivió tras bastidores esto desde 2017 hasta 2018? ¿Se empezó a delegar el liderazgo de algunas cosas?

Pues la declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa. Entonces, cuando ya se produce la decisión de la Corte de Constitucionalidad ya significaba que todo tenía que orientarse de acuerdo con esas directrices en una discusión del Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Y era lo que se venía desarrollando y esperábamos que llegara a una conclusión. No estaba dentro de lo previsto que, saliendo del país se prohibiera mi ingreso.

¿Habría alguna manera de procesar por desobediencia a la Corte de Constitucionalidad a los representantes del Gobierno?

Esa es una discusión que está planteada actualmente en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales, el vicepresidente Cabrera, la canciller, han dicho públicamente que no se permitirá mi ingreso al país. Y ahora está en la discusión si esas manifestaciones constituyen un desacato.

Además, Guatemala ya tiene casos en el pasado de destitución por desobediencia.

Sí.

El 70% estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10% estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara, y la otra franja del 20% es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

¿Es posible que la CICIG logre dejar algo cimentado que evite la corrupción para septiembre de 2019?

No. Es que ni siquiera con la presencia de la CICIG se podría decir que eso solo basta para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Pero es un actor que influye.

Sí, es un actor que influye. Que puede lograr que se genere mayor independencia en el Ministerio Público y en el organismo judicial, pero lo que se requiere para una lucha efectiva contra la corrupción es que haya independencia de los órganos del sistema de justicia y una fortaleza de tal naturaleza que exista capacidad de respuesta de esos órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público y el organismo judicial. Para que haya una respuesta cierta contra la impunidad se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, no sé por cuánto, por 10.

Y Guatemala tiene un gran porcentaje del territorio sin oficinas fiscales.

En este momento es cerca del 90 %. De 340 municipios hay fiscalía en 39, tal vez. La fiscal general actual ha dicho que uno de sus programas, y que va a realizar este año, es crear 25 fiscalías más. Lo que Guatemala requiere es que haya una capacidad, por lo menos, de la mitad de los municipios con presencia del Ministerio Público.

Dentro del accionar de la CICIG, ¿qué ha probado ser lo más complicado de establecer: las investigaciones o la propuesta de políticas públicas para evitar que se vuelvan a instalar mecanismos de corrupción?

En los últimos años lo más difícil ha sido la adopción de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales que se han propuesto. La experiencia con la reforma constitucional del sistema de justicia es una muy reveladora de cómo un gran proceso –que se adelantó con participación realmente amplia de la ciudadanía– finalmente se ha visto frustrado en el Congreso de la República.

Y esto implica que para 2019, que hay elección de nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, se vaya a utilizar el mismo mecanismo del que ya tenemos evidencia. Las comisiones de postulación son muy susceptibles de presiones de influencias e inclusive de sobornos. Como uno de los casos que tenemos actualmente con el Ministerio Público que denominamos “comisiones paralelas”. Y precisamente, por no haber reformado la Constitución en 2016, ahora Guatemala se va a ver abocada a un proceso en el que puede ocurrir lo mismo que ocurrió en 2014, que es lo que hemos ido encontrando evidencias: la influencia para que determinadas personas sean seleccionadas y no por sus méritos de idoneidad, capacidad y honorabilidad, sino precisamente por esas influencias; y luego cómo fue repartido entre el Partido Patriota y el Partido Líder el número de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones. Eso es algo que puede ocurrir también ahora en 2019.

¿Ha recibido amenazas o comunicaciones que no son a través de medios formales con el Gobierno?

No.

¿Usted maneja sus redes sociales?

Sí.

Ahí veo que le escriben amenazas todo el tiempo.

Sí, ahí leo algunas cosas.

En una entrevista se planteaba la posibilidad de que usted vuelva a Guatemala, en enero. Esto trajo amenazas en redes sociales, algunos dicen que lo van a quemar. ¿Cómo se plantea el futuro con la CICIG?

Una forma que ya fue sugerida por el secretario general de Naciones Unidas y, efectivamente, se ha venido desarrollando, es la designación de un comisionado adjunto que debe empezar a trabajar desde el mes de enero del próximo año. La presencia de esa comisionada o comisionado adjunto va a permitir desarrollar mucho más fácil, también, la dirección desde afuera. Lo que yo he dicho es: se debe garantizar una forma que impida que la CICIG se extinga lentamente.

¿Cómo va a ser la situación de la presencia mía? Esto es de acuerdo con las circunstancias, cómo se va desarrollando la situación en el país. Algunos quieren llamar, decía usted, por comentarios en redes sociales, a la confrontación. Hay un propósito de polarizar. Yo creo que la polarización es más artificial que real, cuando se piensa, por ejemplo, en esa encuesta de septiembre de este año, que el 70 % estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10 % estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara y la otra franja del 20 % es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

Veo que tiene fijado en Twitter una canción y frase que dice “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Sí. Eso lo puse en Guatemala.

¿Es una declaración de principios?

Es una declaración de principios. Sí, yo creo que en eso estamos. Estamos en el tema de las convicciones.

Iván Velásquez

Internet como herramienta para el abuso sexual de menores

Ilustración de Moris Aldana

A Fabiola le da miedo mirar videos en una computadora, en una tableta o en un celular. Teme volver a ver en la pantalla su propio cuerpo desnudo, filmado sin su autorización presuntamente por una expareja de su madre, Graciela, que vivió en su casa por un tiempo y a quien le han perdido el rastro. La joven tenía 15 años cuando eso ocurrió. Fabiola y su madre tienen constancia de que en la web circularon tres videos en los que la joven aparece desnuda.
Ahora a Fabiola le da miedo realizar cualquier actividad que requiera quitarse la ropa, como tomar una ducha en su casa.

La noticia les llegó después de que un amigo de la familia vio las grabaciones en un sitio de internet dedicado a promocionar clubes de prostitución en Centroamérica, en el que de tiempo en tiempo se cuelan videos de contenido sexual. Otra persona les mostró los videos compartidos en un grupo de WhastApp. Graciela piensa que, quizá, bien hubiera podido evitar que a su hija le pasara lo que le pasó.

“Ella me dijo que sentía que ese hombre la miraba feo, que no era normal eso, y que a veces la seguía cuando se iba al baño, que la espiaba cuando se estaba vistiendo”, dice Graciela, que muy pronto llegará a los 40 años de edad.

Graciela y Fabiola todavía no han denunciado el hecho ante ninguna autoridad. Antes se están asesorando con un abogado. El delito que pudo haber cometido la expareja de la mujer es uno de nombre bastante extenso: utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este está incluido en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, aprobada en 2016 por la Asamblea Legislativa de El Salvador y con apenas dos años de aplicación. Desde 2017 hasta el tercer trimestre del presente año, la Fiscalía General de la República ha recibido 786 denuncias en torno de estas faltas.

Un apartado de la ley se dedica a crímenes contra menores de edad: casi todos son de naturaleza sexual, en los que el perpetrador adulto se vale de las nuevas tecnologías para concretar sus fechorías. Solo de este grupo, del referido a conductas sexuales, la FGR recibió en sus oficinas 80 denuncias, más del 10 % del total.

El delito del que Fabiola fue víctima castiga a quien lo comete con una pena de ocho a 12 años de prisión. Puede contar con varios agravantes, como que el acusado sea el responsable del menor. Entonces, la pena máxima puede ser de hasta 16 años.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí”.

Para Martin Rogel Zepeda, magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de la primera sección del Centro de San Salvador, las leyes deben contar con una característica: la precisión. Por eso la nueva tipificación es un paso adelante porque permite castigar a eslabones de la cadena que en el artículo correspondiente del Código Penal, su antecesor, no era posible: allí la acción se dirigía solo a aquella persona a quien se le comprobaba que había producido un material de pornografía infantil o a aquel que lo almacenaba, no a quien lo había visto, por ejemplo, vía streaming o en ese espacio un poco momentáneo de un chat.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Ese proceso, sin embargo, sería bastante difícil para la Policía Nacional Civil de El Salvador si no se tiene acceso físico a los dispositivos desde donde se vieron las piezas: a pesar de que se cuenta con toda una unidad dedicada a los servicios informáticos, todavía no existe la tecnología en el país para, por ejemplo, detectar qué IP (la dirección única de la conexión de un aparato con internet) se ha conectado con determinado video o fotografía, lo que sí ocurre en países desarrollados.

Las autoridades salvadoreñas encargadas de investigar este tipo de hechos también tienen otras falencias: dentro de la Fiscalía General de la República, que también cuenta con su departamento correspondiente, solo hay un experto certificado para verificar la autenticidad de la evidencia informática, pero está dentro de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la que se encarga de los casos de lavado de dinero y activos. Para utilizarlo, por tanto, debe haber una coordinación entre jefaturas, que lleva tiempo.

Esto parece ser un síntoma de una tendencia en El Salvador: se le da más peso a delitos que tienen que ver con aspectos financieros, como lo observa el gerente de Programas de Plan International, Adolfo Vidal.
“Aquí el tema de los delitos cibernéticos está más tipificado con el tema de fraude financiero, con el tema bancario, con eso es que se aprobó… Cuando nos digitalizamos, digitalizamos las amenazas; tenemos que avanzar realmente en esto y, por último, hacer una ley específica solo para regular la divulgación de imágenes de niños y niñas en redes sociales”, aseguró en una entrevista para LA PRENSA GRÁFICA.

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VÍCTIMAS DE LOS DELITOS

Cuando se piensa en “delitos informáticos”, lo primero que se viene a la cabeza es una serie de números binarios y un escenario parecido al de la película “Tron”, donde todo se da en un plano abstracto, casi inofensivo. Parecería demasiado sofisticado para ponerle el rostro de una víctima.

Pero internet, herramienta neutra, es utilizado para el cometimiento de crímenes atroces contra la sexualidad de menores de edad con mucha regularidad. Eso es lo que demuestran los números recogidos por la Fundación de Vigilancia de Internet (Internet Watch Foundation, IWF), una organización basada en Inglaterra que recibe denuncias de contenido de pornografía infantil de todo el mundo.

En 2017, la entidad acogió más de 80,000 reportes de páginas web que albergaban material en video o fotografía de menores de 15 años siendo abusados sexualmente. De ese grupo, en el 55 % de las piezas, las víctimas lucían como niños por debajo del umbral de la década de vida. Y un alarmante 2 % (1,600) eran menores de dos años. Alguien filmó a un adulto abusando sexualmente de un niño menor de dos años para que otro adulto lo viera. Y las cifras continúan: el 44 % del total de videos o fotografías mostraba violaciones o torturas sexuales a niños. Treinta y cinco mil doscientos, la misma cantidad de asientos que tiene el estadio Jorge “Mágico” González, de San Salvador. Hasta el 92 % del total de material pornográfico infantil estaba alojado en sitios de acceso gratuito.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Pero estos no son, siquiera, números que reflejan la realidad a escala mundial. La IWF asegura que hasta el 97 % de la data con la que elabora sus informes proviene de Europa y Estados Unidos. Y América Latina es la región con el menor número de reportes a la entidad, apenas alcanza la decena. No existe una institución similar para conocer el tamaño del problema en este lado del mundo.

Con ese panorama, es posible comprender las palabras de Graciela, que considera “un alivio” que su expareja no haya abusado de su hija. Pero la violación de su intimidad y la colocación de su cuerpo en un espacio de consumo sexual han dejado profundas huellas en su vida.

Desde que sucedió, ha estado viendo a un terapeuta por lo menos dos veces al mes: no puede irse de su mente la sensación de que alguien, en cualquier momento, pueda estar viendo su cuerpo. Se siente constantemente vulnerable.

Eso ha desatado un cuadro de ansiedad en la joven, muy parecido, según se le ha dicho a su madre, al de una víctima de violación.

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DEUDAS DE LA LEGISLACIÓN

La difusión de este tipo de material es un golpe fuerte para una víctima menor de edad, pues esta todavía está descubriendo su identidad. Por eso, se ha pensado en múltiples formas de prevenir estos delitos. Una de esas es la de crear una figura muy parecida a la que un sujeto obligado tiene en la ley correspondiente a lavado de dinero y activos.

Eso es lo que recomienda el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, con sede en Virginia, Estados Unidos, en su informe “Pornografía infantil: modelo de legislación y revisión global”, publicado en 2012.

Este señala a dos tipos de posibles sujetos obligados. En un primer grupo deben estar personas con actividades profesionales cotidianas que, como resultado de sus responsabilidades laborales, puedan estar “potencialmente expuestos a la pornografía infantil”. Allí se incluye a profesionales informáticos, quienes podrían tener acceso de forma accidental a este tipo de material cuando, por ejemplo, reparan una computadora o un teléfono celular.

El segundo grupo es el de organizaciones o empresas cuyos servicios sean usados para fomentar la proliferación de la pornografía infantil. Por eso, deben ejercer cierto grado de responsabilidad. Aquí están los proveedores de servicios de internet, las empresas de tarjetas de crédito y los bancos. Estos dos últimos se consideran porque quien busca acceso a pornografía infantil puede pagar por ella a través de estas instituciones.

“Debe promulgarse un requisito de ‘notificación y remoción’ en la legislación nacional, y considerarse la creación de protección legal para permitir que los proveedores de servicios de internet puedan denunciar de forma completa y eficiente a la Policía o a otros organismos designados cualquier incidente de pornografía infantil que descubran, incluida la transmisión de imágenes”, dice parte del informe.

En El Salvador, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos aún no contempla esta figura, como tampoco castiga, en específico, la promoción de turismo sexual con menores de edad como víctimas a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto último ya es una realidad en otros países de la región, como Ecuador.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

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LA TRAMPA EN LA RED

El vacío legal permitía que una persona solo pudiera ser acusada si cometía el abuso sexual. Padres que se daban cuenta de que esto pasaba entre un adulto y su hijo debían conformarse con la idea de que evitaron algo peor.

El caso más mediático relativo a este delito ha sido el del sacerdote católico Adonay Chicas Campos, quien fue enviado a juicio por, además de sostener relaciones sexuales con un menor, haberlo incitado a hacerlo a través de un chat de WhatsApp. El caso tiene reserva total.

Pero este no es el único que ha llegado a las cortes del país. Hay otros que han terminado incluso en condenas. Ese es el caso de uno ocurrido en San Salvador, del que se omitirán detalles específicos por instrucciones del tribunal de Sentencia que lo vio, pues la víctima es un menor de edad.

Todo comenzó con una inocente rutina de convivencia. Ella llegaba donde la abuela del pequeño para llevarlos a él y a su prima de 14 años a pasear. Él ni siquiera había llegado a la década de vida. Pasaba en esa vivienda mientras su madre trabajaba.

Lo que ni la madre ni la abuela del niño sabían es que, en los recorridos de regreso al hogar, ella le besaba la boca. También lo acariciaba de sus partes íntimas, según explicó el infante en su testimonio.

Ella tenía alrededor de 30 años, dos hijos y un esposo. Él ya contaba con un celular. La mujer le ayudó a descargar la aplicación WhatsApp. Así pudieron estar en comunicación contante. En ese chat ella le decía palabras cargadas de sugerencias sexuales. También había conversaciones inocentes, donde le preguntaba cuál era su serie favorita, qué materias le gustaban más en la escuela, si era fan de los perros o de los gatos. Le pidió, también, que fueran novios. El niño, en su inocencia, aceptó la propuesta.

Un día a inicios de 2017, el infante se enfermó. Estaba solo en casa. Se lo hizo saber a la mujer, que no dudo un solo minuto en acercarse, no sin antes cerciorarse de que, en efecto, no había nadie más en la vivienda. Llego hasta el cuarto del pequeño y se desnudó. También a él le quitó la ropa. Lo besó y acarició. Incluso hubo contacto coital, para el que la mujer se las arregló como pudo.
Al siguiente día, el niño seguía con fiebre y con lo que parecía ser una infección urinaria, pues su madre notó que iba mucho al baño. Luego, se dio cuenta que el celular del pequeño no dejaba de sonar. Lo revisó y vio los mensajes que le había mandado a su hijo la mujer. En estos le preguntaba si le había gustado lo del día anterior. La madre denunció el hecho inmediatamente.

La mujer fue condenada por violación a purgar 14 años de cárcel. Sin embargo, una cámara superior decidió que el delito debía modificarse a otras agresiones sexuales. El castigo se redujo a ocho años. La Fiscalía decidió no acusarla por Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a pesar de que lo ocurrido cumplía al pie de la letra con la tipificación. Si se hubiera hecho así, la mujer podría haber enfrentado por lo menos a otros ocho años en prisión.

En el juicio donde fue condenada, dijo que ya antes había tenido experiencias parecidas y que nunca la habían atrapado.
El peligro también puede estar en la escuela. Ese fue el caso de los alumnos de Edwin Baltazar Villalobos, quien era profesor en un centro escolar de San Salvador, concretamente del octavo grado. Sus estudiantes, por tanto, eran menores de 15 años.

El hombre, de 40, les pedía a través de su cuenta personal en Facebook que se filmaran o tomaran fotografías de ellos en situaciones sexuales. A cambio, prometía comprarles regalos o ayudarlos con sus notas. Cuando los alumnos accedían a entregarle el material, este los citaba en un centro comercial para darles su regalo.

Ninguno de los alumnos denunció los hechos. El caso llegó hasta la Fiscalía General de la República cuando los padres de una joven de 14 años encontraron su teléfono desbloqueado. Allí se dieron cuenta de lo que pasaba. En la conversación pillada, Baltazar Villalobos le pedía que le enviara videos con contenido sexual. Le ofreció como pago zapatos y ropa de una exclusiva tienda.

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LAS HUELLAS

Fabiola y su madre intentan sobreponerse al golpe que les significó ver su cuerpo desnudo en una pantalla. Es un esfuerzo lento en el que hay semanas de avances y semanas de retroceso.

Sobre todo, a Graciela le interesa que su hija recupere su confianza, que, como las demás jóvenes de su edad, pueda desarrollarse con toda normalidad.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí… Cuánto daño le hicieron a mi hija, y ni siquiera sé por qué. Parece que le quisieron arruinar la vida con algo que parece una broma”, dice Graciela.

La familia no ha decidido si podrá continuar viviendo la vida de antes, en el lugar de siempre. Han pensado, incluso, en abandonar el país. Un cambio rotundo provocado por algo que todavía les sigue pareciendo una mala broma y que impide que Fabiola pueda tomar siquiera una ducha con toda normalidad.

Testimonios y huesos: las primeras pruebas de la masacre de El Calabozo

Fotografías de Ángel Gómez

Juana de Jesús ha llorado durante 36 años por el mismo motivo. Esta mañana de octubre se muestra parca. Es una mujer de 63 años que recibe a amigos y desconocidos en el patio de su casa. Hoy, en un terreno cercano se intentará desenterrar algo de los huesos de su mamá, su papá, una cuñada y sus hermanos.

En el patio se han colocado unas sillas plásticas azules y se forma un círculo con amigos, familiares y vecinos. Otros tres hermanos de Juana también están aquí. Y antes de empezar cualquier diligencia judicial, a las 10 de la mañana, adultos y niños se toman de las manos y rezan juntos.

Este 29 de octubre inicia la primera exhumación solicitada por la Fiscalía General de la República para investigar la masacre de El Calabozo. En este hecho se cree que fueron asesinadas al menos 200 personas, incluyendo niños. Para sobrevivir, Juana se escondió durante varios días en el monte. Escondida, alcanzó a escuchar la balacera.

Desde entonces, su voz se quiebra cuando habla del último momento en que vio a sus papás. El dolor de Juana no se ha quedado con ella. Una nieta joven toma la palabra en la rueda que se ha formado y se echa a llorar: “Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

A las 10:30 de la mañana, personal de la Fiscalía General de la República, policías, una antropóloga forense, un juez, empleados del Instituto de Medicina Legal y el abogado particular del caso se presentan en este patio. Llegan para explicar cómo se procederá a la extracción de los huesos. Hace 36 años un hermano de Juana enterró lo que quedó de su familia en secreto. Hoy, esos restos serán descubiertos.

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“A FRACASAR FUERON”

Juana vive en el cantón San Jerónimo de Santa Clara. El cantón es frontera con Amatitán Abajo, lugar donde se denuncia que ocurrieron la mayoría de asesinatos en la masacre. Cerca de su hogar pasa el caudal del río Amatitán. Su casa está en la zona rural y la mayor diversión de la zona es una cancha que durante las fiestas patronales se convierte en campo de ruedas.

Tras la explicación, un grupo de 40 personas –personal de instituciones estatales, defensores de derechos humanos y familiares– empieza una caminata de 15 minutos. Avanzan entre veredas que se ensanchan y reducen según la pendiente del terreno.

Juana no acompaña al grupo. Tiene un problema que le impide caminar del todo bien. Después de pasar tres cercos que dividen los terrenos, se llega a una tumba que tiene tres cruces pintadas de verde y adornada con flores plásticas rojas. Está rodeada por una milpa. Al lado pasa el agua de una quebrada. Este es el último paisaje que los padres de Juana vieron.

En comunidad. Antes de iniciar la exhumación, la familia Realegeño y algunos vecinos y amigos se reúnen para hacer una oración.

Ella tenía 27 años cuando la guerra civil la tocó directamente. “Yo pensé que la guerra iba a durar unas dos semanas”, admite ahora. Para 1982 ya tenía dos hijos: uno de siete meses y otro de cuatro años. Nunca fue a la escuela y en la casa de sus padres se ocupaba del oficio: hacer la comida para la familia y servirla. En agosto de ese año la vida paró.

“Uno tenía desconfianza de estar en la casa porque si lo hallaban, ahí lo mataban. Por eso fue que nosotros huimos”. Su familia se unió a los cientos de personas que intentaron escapar de los militares durante la noche del 21 de agosto del 82. Pero mientras ella avanzaba junto con el resto de gente, sintió una presión en el estómago. Dice que lo interpretó como una señal de alguna fuerza superior que le decía “ni un paso para delante, ni uno para atrás. Aquí quedate”. Así que se mantuvo quieta y llamó a sus papás. Ella calcula que eran las 11 de la noche.

—Papá, ¿y mi mamá?
—Ahí viene adelantito de vos. ¿Qué querés? ¿Hablar con ella?
—Sí, y también con usted, papi.

Juana empieza a revivir esa plática y entrelaza la mano izquierda con la derecha. Las coloca sobre su regazo, como quien no deja escapar algo delicado. Mientras huía, ella chineaba a su hijo de siete meses y su mamá llevaba al niño de cuatro años. Esa noche le pidió a su madre que le diera al niño mayor.

—Quiero merecer un favor. No sé qué me va a pasar. Pero siento en mi cuerpo algo. No sé qué me conviene. Por si acaso yo muero, quiero estar con mis hijos. Uno a cada lado.
—No te lo voy a conceder, hija. Te vas a llevar al chiquito porque le das pecho, pero a este no te lo llevas –cuenta Juana que le respondió su madre.
—Vaya, pues. Espero que se cuiden y cuídeme al niño también.

Esa fue la última plática que recuerda con ella: “A fracasar fueron. Más adelante estaba la emboscada de la Fuerza Armada”.

Según los testimonios, durante la madrugada del 22 de agosto llovió, y el río Amatitán creció. La corriente era fuerte y los campesinos estaban cansados. Cruzarlo no era la mejor decisión. En la mañana, cuando cientos de campesinos recuperaban fuerzas para seguir caminando, fuerzas militares los alcanzaron y les dispararon.

Intergeneracional. A pesar de que la masacre de El Calabozo no fue reconocida oficialmente cuando sucedió, los testimonios se han ido compartiendo entre hijos y nietos de los supervivientes.

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LA EXHUMACIÓN
La familia de Juana fue asesinada en este terreno cerca del río, de acuerdo con el testimonio. “Todos estaban así, como formando una corona”, explica la mujer. Esta es la segunda visita que se hace a este lugar en relación con el expediente judicial. Aunque la masacre fue denunciada en 1992, no fue indagada. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó que se investigara. Así, en enero de 2018 se hizo la identificación oficial de los lugares en los que los supervivientes aseguran que ocurrió la masacre. Fue entonces que se identificó esta tumba.

Al llegar, el juez del caso, Joaquín Bonilla, juramenta a la forense encargada de la exhumación:

—¿Acepta este cargo? –pregunta el juez.
—Acepto –responde la antropóloga Silvana Turner.
—¿Promete ejercer este cargo fiel y legalmente?
—Lo prometo.
—En este momento, queda nombrada como perito –finaliza Bonilla.

Silvana Turner es parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización fundada en los ochenta que ha trabajado para identificar a las víctimas de diversos crímenes alrededor del mundo. El EAAF no solo se dedica a sacar huesos. Los integrantes del equipo entrevistan a supervivientes o familiares, realizan la exhumación, analizan el material genético y, además, entregan los restos recuperados a sus familias. Su experiencia es amplia: durante más de 30 años, el EAAF ha trabajado en la identificación de víctimas de la dictadura argentina, en la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara, en Kosovo, Sudáfrica, en Guatemala y también en El Mozote, Morazán. La presencia de Silvana Turner le da solidez a la investigación.

Tras la juramentación de Turner, se procede a trabajar. Algunos lugareños ayudan a quitar la maleza con sus corvos y a limpiar el área de trabajo. A las 12:01 de la tarde, se empieza a martillar la plancha. Poco a poco, el cemento va cediendo y se van retirando los pedazos de ladrillo y concreto.

“Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

Mientras, Turner saca dos sillas plegables de su mochila y camina unos 5 metros hacia arriba de la tumba. Ahí, comienza a entrevistar a los hermanos de Juana. En la entrevista intenta conseguir información sobre señas específicas de las víctimas que permitan identificarlas. Luego, les pincha un dedo y se los aprieta de manera que la sangre sirva para manchar unos papeles que guarda y se utilizarán para comparar ADN.

La segunda persona a quien Turner entrevista es Fernando, hermano de Juana de Jesús. Es un hombre serio, con mirada desconfiada. “¿A su papá le faltaba algún diente? ¿No había ningún rasgo que recuerde? ¿Alguna característica?”, le pregunta la argentina a Fernando. El campesino lucha con su memoria y no recuerda algún detalle así de tajante. Lo mismo se le pregunta sobre su madre y sus hermanas. Luego, con serenidad, la antropóloga le pregunta por la ropa que sus familiares usaban antes de ser asesinados. Tampoco tiene mucha suerte.

“Yo hice la excavación pacha porque no andaba con qué hacerlo”, empieza a contar Fernando. Él volvió a unos días de la matanza y encontró a sus familiares en aquella forma de corona que Juana recuerda. Dice que también le dio sepultura a unos huesitos pequeños. Además, enterró el pantalón con las piernas de su papá y unas “cabecitas, pero no sabría decir de quién son porque estaban ya peladas”.

Tumba. La familia Realegeño construyó una tumba sobre el lugar en que quedaron los restos físicos de sus familiares. Cuando la tumba se destruyó, se conservaron las cruces.

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EN UN PARPADEO
Juana pasó tres noches escondida. Hasta que, según sus cálculos, al cuarto día, decidió volver a su casa. “Ya no aguantaba andar sin comer, sin tomar agua”, explica. Ya no podía darle pecho a su hijo de siete meses porque ya no tenía leche. “Si yo no me alimentaba, ¿qué iba a comer el niño?”, pregunta.

“La casa la encontré cerrada, como mi mamá la dejó”, dice. Ella sostiene que la Fuerza Armada no había salido de la zona. Por eso decidió comer en su casa, pero durante las noches, volvía a dormir con su hijo entre la vegetación.

Desde que supo que su familia había muerto, su mente empezó a engañarla. Por momentos, deseaba no parpadear. “Recién muertos, yo volteaba a ver para allá y bien miraba a mi papá con mi hermanito, mi niño, mis hermanas, mi mamá. Y cuando parpadeaba, se me perdían. Eso me pasaba en el día. El problema era que yo parpadeara. Los miraba y se me perdían”, cuenta.

En esos momentos, el dolor no amainaba para Juana, y pensó en el suicidio. “Me iba a matar porque me sentía sola. Mi papi había dejado unas pastillas para echarle al maíz, una de esas me iba a echar. Yo quería que terminara el dolor”, narra.

Los hermanos que han podido darle su declaración a Silvana Turner se salvaron porque no estaban en el cantón cuando ocurrió la masacre. Así lo comenta Juana. Gracias a su hermano Fernando y a un cuñado, ella es una de las pocas supervivientes que aseguran saber dónde están los restos de sus familiares:

“Vinieron a vigiar, a buscarlos. Los encontraron. Hicieron lo posible de quererlos enterrar, pero como les echaron ácido, cuando le agarraron el brazo a mi mami y a mi papi, ya las carnitas toditas se caían. Con el ácido, todos los cuerpos se ablandan. Así pasó con ellos, por eso es que no (soportaban) el mal olor. Me dijeron que iban a dejar que los huesitos se secaran porque no se soportaba el zumo de todos ellos. Cuando vinieron a querer enterrarlos, ya estaban solo los huesitos”.

Solo dos años después de esta masacre, en septiembre de 1984, el embajador de Estados Unidos en El Salvador confirmó al periódico The New York Times que el ejército salvadoreño poseía armas incendiarias de napalm. Esa sustancia fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por científicos de Harvard que trabajaban con el ejército estadounidense. En esos años, The New York Times también publicó que “el comandante de la fuerza aérea de El Salvador dijo que las armas incendiarias de napalm se habían usado contra las fuerzas guerrilleras”.

Tras la masacre, Juana se fue a vivir al refugio Fe y Esperanza, en San Salvador. “Allá me sentí un poco más ventaneada, más ocupada, porque allá había trabajo de hacer limpieza y hacíamos comida para todos, pero cuando iba a almorzar, ahí lloraba”. Antes, cuando Juana cocinaba, los primeros platos que servía eran el de su papá y el de su mamá.

Ella guarda entre sus pertenencias una foto amarillenta. Está con el pelo corto y entre sus brazos chinea a un niño que mira serio a la cámara. Ella hace una mueca similar a una sonrisa. La foto fue tomada en el refugio donde vivió por años hasta que pudo volver a las riberas del río y poner unas flores a su mamá, papá, sus dos hermanas, su cuñada y su hermano de 10 años.

Primeras pruebas. En la tumba se encontraron algunos huesos. El análisis genético determinará, probablemente, la identidad de las víctimas. Foto de Engracia Chavarría

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APARECEN ALGUNAS PRUEBAS
A la 1:38 de la tarde de este lunes de octubre, empieza a descubrirse un pedazo de tela en el terreno. Los forenses de Medicina Legal van sacando la tierra del área por capas ayudados de brochas y cubetas.

Dos minutos más tarde, un forense encuentra un hueso pequeño y se lo muestra a Turner. La antropóloga le explica que cuando encuentra algo en la tierra no lo tiene que levantar, tiene que exponerlo, es decir, apartar con la brocha lo que lo rodea para no modificar la posición de la pieza.

La tierra que se saca de esta área no se tira. Se mete en una cubeta y luego se zarandea. Pronto, Turner les hace una observación a los profesionales salvadoreños: “Están apareciendo huesos en la zarandeada. Esto significa que ustedes se los están pasando”.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner.

Turner mete los pequeños huesos dentro de una bolsa de papel. A este punto, las personas de la comunidad ya se han ido por su propia voluntad. Ninguna mujer de la familia se queda para ver si descubren o no los huesos de sus padres y hermanos. Pero una cosa es segura: el hijo de Juana –quien tenía cuatro años cuando la masacre ocurrió– no está aquí.

“Había gente bastante quemada. La mataron y le pusieron fuego. Había bastantes chupones de ceniza, y yo decía que a saber cuál de esos sería mi niño”, explica. Ella vivió en duelo por su hijo durante años, hasta que nueve años después, se reencontró con él. Juana no se explica por qué, pero los victimarios de sus padres no mataron a su hijo. Él creció en San Salvador.

Antes del atardecer, el trabajo del día se termina. Unos médicos forenses sostienen que se puede observar la parte de un cráneo. La indicación de Turner es que no se levante, pues falta apartar más tierra para analizar mejor del hueso. Los médicos forenses del IML comienzan a hacer una zanja porque es posible que llueva durante la noche y necesitan crear un camino para desviar el agua lluvia. Se coloca un plástico blanco sobre el área excavada. Antes de que el sol caiga, la gente empieza su camino de vuelta. Dos policías cuidan la tumba toda la noche.

Recuerdo. A la izquierda, Juana de Jesús sostiene a su hijo en el refugio donde vivió tras la masacre. A la derecha, su hermana Alicia. Ella murió a los 17 años, en la masacre.

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SOLO EL INICIO
Al principio se planteó que la exhumación duraría tres días, pero duró cuatro. El 1.º de noviembre se terminaron de sacar los últimos restos. Algunos testigos de la exhumación cuentan que, junto a los huesos, se encontró una cartera pequeña de mujer, un trapo que parece un pañuelo y una pequeña navaja similar a las que se usan para pelar naranjas. Entre los huesos no hay armas, pistolas o algo que denote que las personas estaban armadas.

Esta exhumación es parte de las primeras investigaciones relacionadas al caso que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián. El caso aún tiene más retos, como individualizar la acusación. Hasta ahora, explica el acusador particular del caso, David Morales, ha sido difícil tener acceso a documentos militares de la época para poder empezar a señalar responsabilidades específicas.

Además, “Silvana Turner no se pudo llevar los restos ni el ADN”, indica Irene Gómez, trabajadora de Cristosal, una organización que labora directamente con los supervivientes de la masacre y brinda apoyo jurídico. Ella sostiene que debido a que la exhumación se extendió un día más, hubo un atraso en el permiso final para sacar las muestras.

Los huesos ahora están siendo resguardados por Medicina Legal. El 6 de noviembre, el juez de Primera Instancia de San Sebastián giró un oficio en el que autorizó la salida de la muestra del país. Pero una gestión con la embajada argentina demoró. “Ahorita lo que ha quedado es que le manden (a Turner), a través de la valija diplomática, las muestras para hacer la respectiva evaluación”, argumenta Gómez.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner a través de un correo electrónico. A ella se le pregunta cuánto tiempo demora, usualmente, el análisis de las muestras. “No puedo dar mucha precisión, pero normalmente calculamos alrededor de dos meses mínimo desde el momento en que las muestras llegan a Argentina”, responde.

Mientras tanto, Juana sigue esperando que le devuelvan los restos. Ella planea hacer, por fin, una vigilia, un rezo y un entierro digno. No los va a enterrar en un cementerio, volverán al lugar en el que han permanecido por 36 años, cerca del río Amatitán. Mientras habla de esto, dos de sus nietas pequeñas juegan en el patio. Sonríen, tienen el pelo liso y castaño. Les encanta jugar en la tierra.

Técnica especializada. El personal del Instituto de Medicina Legal apartó con brochas y palas la tierra para descubrir los restos y no dañarlos.

Trece mujeres, trece tumbas

Tumba de Vilma Pérez

Vilma Pérez

Vilma Pérez

A ella la mató su esposo y vigilante privado, José Adán Menjívar. Le disparó en el centro de Apopa, frente a sus dos hijos, mientras iba a denunciarlo en la unidad de la mujer de la Policía por los maltratos físicos y psicológicos a los que la sometía.

Tumba de Vilma Pérez

Carla Ayala

Carla Ayala

Un compañero policía la asesinó el 29 de diciembre de 2017 en la madrugada, después de una fiesta navideña donde hubo alcohol, en la sede del Grupo de Reacción Policial (GRP).

El cadáver de la agente Carla Ayala permaneció desaparecido durante más de nueve meses.  A raíz de este asesinato, el GRP fue desintegrado y más de 80 elementos fueron reubicados. El principal sospechoso del asesinato, Juan Josué Castillo, sigue prófugo de la justicia.

Tumba de Carla Ayala

Julia

Julia

Héctor Danilo Leonor García, subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), es acusado de inducir al suicidio a su esposa, la también agente policial Irma Julia García de Leonor, quien se quitó la vida el pasado 19 de diciembre, hace casi un año. Julia era víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de Héctor, quien la denigró en su calidad de mujer y la indujo al alcoholismo. Este ciclo de violencia, dicen fuentes de la fiscalía, llevó a García, que estaba destacada en la delegación policial de Soyapango, San Salvador, a tomar la decisión de quitarse la vida.

Tumba de Julia

Lorena

Lorena

La agente policial Lorena Beatriz Hernández, de 24 años, fue asesinada en los dormitorios de mujeres de la subdelegación de Mejicanos el 31 de diciembre de 2017. Néstor Alfonso Coto, un agente con quien mantenía una relación sentimental y estaba ebrio esa noche, le quitó la vida tras una discusión y trató de hacer pasar el caso como un suicidio. Los restos de Lorena descansan en el cementerio municipal de Izalco.

Tumba de Lorena

Karla

Karla

Karla Turcios era periodista. Nunca habló acerca de maltrato doméstico. Fue asesinada el pasado 14 de abril. La estrangularon y su cadáver fue encontrado en la carretera a Santa Rosa Guachipilín. Su esposo, Mario Huezo, está en prisión acusado de asesinarla y después deshacerse del cadáver en el carro en el que también viajaba el hijo de ambos.

Karla

Jocelyn

Jocelyn

En julio, Rónald Atilio Urbina, de 33 años, fue captado por diferentes cámaras de videovigilancia del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) el viernes 6, en la madrugada, mientras recorría San Salvador y Antiguo Cuscatlán, donde lanzó los restos de su pareja, Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años. Unos días antes y en varias ocasiones, Joselyn le había comentado a su mamá que tenía fuertes discusiones con su pareja y que se separaría. El 5 de julio, amigos y familiares intentaron comunicarse con ella, pero solo respondía mensajes vía WhatsApp, los cuales se supone fueron enviados por Rónald Atilio. Ya la había matado.

Jocelyn

Rosa María

Rosa María

Denys Edenilson Suárez, de 35 años de edad, es acusado por el delito de feminicidio en perjuicio de su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, con quien convivía sentimentalmente desde hace algunos años. El hecho se dio durante una discusión ocurrida en la vivienda de la pareja el pasado 23 de enero. La mató a golpes, mientras el hijo adolescente de ella se encontraba en la misma casa. Bonilla Vega era doctora de profesión y trabajaba como colaboradora técnica y referente de componente materno de la región occidental del Ministerio de Salud (MINSAL), en Santa Ana.

Rosa María

Katherine

Katherine

Katherine Lisbeth Cárcamo, de 27 años, fue encontrada sin vida y con señales de haber recibido una fuerte golpiza el martes 24 de abril al mediodía, dentro de una vivienda ubicada en una colonia del municipio de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana). Miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) explicaron que la principal causa del deceso fue por asfixia mecánica; además, señalaron que el rostro de la víctima presentaba varias fracturas. En mayo, un juzgado ordenó enviar a prisión a Bryan Alexis Arévalo, de 24 años de edad, acusado del delito de feminicidio en contra de su esposa, Katherine.

Katherine

Lilian

Lilian

Henry Alberto Salazar, de 26 años, fue enviado ayer a prisión preventiva por el feminicidio de su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, y del aborto no consentido de su hijo. Salazar estranguló a Lilian Méndez y luego arrojó el cadáver en la carretera. Una hora después se fue a un bar ubicado en la colonia San Luis, de San Salvador, donde permaneció hasta horas de la madrugada, según lo que ha reconstruido la fiscalía. En esta tumba descansan ella y el bebé que no llegó a nacer.

Lilian

Blanca Iris

Blanca Iris

El 17 de julio, Blanca Iris Rivera, de 32 años, se sentó en su pequeño escritorio de administradora del mercado de Agua Caliente, Chalatenango. Lo ordenó. En ese afán estaba cuando su expareja, Álvaro Rodríguez, entró en la oficina. Sacó su arma. Álvaro le apuntó y le disparó tres veces. Para ese día, Blanca ya había puesto cuatro denuncias por violencia en contra de Álvaro, quien era padrastro de sus dos hijas y padre de su hijo. Él está prófugo.

Blanca Iris

Graciela

Graciela

Graciela Ramírez Chávez, de 22 años, fue hallada asesinada el 13 de febrero a las 6:30 de la mañana en uno de los pasajes de los condominios Zacamil, del municipio de Mejicanos. La policía la encontró con 56 heridas provocadas con un arma cortopunzante. Ella recibió 803 llamadas telefónicas de su prometido, José Héctor Otero Turcios, en un lapso de 40 días, un promedio diario de 21. Otero está acusado de ser el autor directo, mientras que un pariente de él es señalado como cómplice al haberle ayudado a deshacerse del cadáver. La tumba de Graciela está en el cementerio de Mejicanos.

Graciela

Delmy

En el juzgado, José Rodríguez Ángel, de 54 años, se declaró inocente de los cargos: “Esa es cosa del diablo, es cosa que a veces uno no lo piensa; me arrepiento de lo que hice, yo no soy asesino”, dijo en su defensa para intentar justificar lo ocurrido. A Delmy Rosibel Cabrera de Rodríguez, de 49 años de edad, José la mató a machetazos, y después se hirió con la misma arma blanca con intenciones de suicidarse. El feminicidio ocurrió el domingo 16 de septiembre por la tarde, en el caserío Las Peñas, del cantón El Zope, en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate. José, sin vergüenza, intenta convencer a la fiscalía de que darle a una mujer una vida de abusos y acabar matándola es amor.

Delmy

Roxana

Roxana

Roxana Marisela Jiménez tenía 21 años de edad. La asesinó José Balmore Callejas, un jardinero de 54 años. Roxana trabajaba como empleada doméstica en Antiguo Cuscatlán y fue acosada por Callejas al punto de que antes de matarla con un machete, le dejó 80 llamadas perdidas. La madre de Roxana declaró ante el juez que llevó el caso que su hija ya le había comentado lo que Callejas hacía: “El 31 de diciembre le ofreció dinero y ella no aceptó, le dijo que el amor no se compra. Yo la notaba triste. Me pedía que el día que la mataran que yo recogiera a sus hijos”. Callejas cumple una pena de 30 años de prisión. Esta tumba está en el cantón Bellos Horizontes, Comasagua.

Roxana

El Salvador: el escaso remedio al que se aferran hondureños y guatemaltecos

Marina tomó el papel en la ventanilla del hospital y se encontró con esas letras grandes y escritas a mano: IR. Ella creyó que era el punto final de un recorrido tortuoso por una serie de consultorios médicos. A su hija, entonces de cinco años, ya le habían dejado tomar potasio en grandes cantidades “para quitarle la anemia”. Ya la habían puesto a dieta y ya hasta le habían sacado muestras para mandarlas a analizar en Estados Unidos. Pero no tenía un diagnóstico, y a Wendy no le bajaba la fiebre ni se le quitaba ese agotamiento intenso. Marina veía como su niña se deterioraba cada vez más sin poder revertir el proceso o saber qué lo provocaba.

Con el papel en la mano, Marina no supo descifrar el mensaje. Tuvo que parar la marcha de una enfermera para preguntarle. “Insuficiencia Renal”, escuchó, pero aún así no entendió. “Son los riñoncitos los que tiene mal”, le explicó en prisas la enfermera de una sala de emergencias pediátricas que siempre está llena.
Ese día de junio de 2007, las vueltas continuaron. Tras la respuesta de unos exámenes, le añadieron otra letra al papel: “C”. Marina volvió a buscar una cara amable en el mar de desconocidos para que le dijera el significado: crónica.

—Ahí sí, reventé a llorar–, dice un día de septiembre de 2018 en un pasillo de hospital.
Marina supo así que Wendy, su hija única, entonces de cinco años, tenía insuficiencia renal crónica, un diagnóstico que no admite retroceso, a menos que se haga un trasplante de riñón. Esas letras en el papel no fueron un final. Fueron solo el inicio de un proceso que ha mantenido a Marina y a Wendy haciendo dos viajes por semana a El Salvador durante los últimos 11 años. Ellas son hondureñas.

Entre los miles que cada día recorren los pasillos de los hospitales públicos salvadoreños, quizá los más vulnerables sean los que lo hacen en suelo ajeno. No tienen familia ni amigos; llegan con el presupuesto limitado a transporte y, con suerte, algo de comida. Entre 2013 y 2017, los hospitales públicos en El Salvador han registrado 91 mil consultas médicas dadas a extranjeros. Entre ellos, 43 mil han sido a guatemaltecos y 46 mil a hondureños; entre ambas nacionalidades juntan el 97 %.

Los datos extraídos de las respuestas a una docena solicitudes de información realizadas en los tres países indican que el éxodo de personas de Guatemala y Honduras no es espontáneo. Salen de forma sistemática empujados por una urgencia de alivio que sus países no reconocen y tampoco satisfacen. Para esta investigación, LA PRENSA GRÁFICA, con el apoyo de la Iniciativa de Periodismo de Investigación de ICFJ/CONNECTAS, también consultó documentos presupuestarios y los planes anuales de hospitales y de ministerios.

Honduras, Guatemala y El Salvador forman la punta de una flecha que parece enfilar a México y de ahí, a Estados Unidos. Esta región se conoce como Triángulo Norte: tres países casi borrados por la migración irregular y la violencia. Pocas veces el mundo mira hacia acá, si no es por las balas o las caravanas de desesperados que huyen hacia el Norte. ¿Quién puede preguntar, en este ambiente, por la angustia de una madre hondureña y su hija de cinco años con un papel en el que apenas se lee IRC? Hace 11 años, nadie.

 

En los municipios de Guatemala y Honduras que son fronterizos con El Salvador, la inversión en salud pública no es suficiente para cubrir la demanda. Los hospitales del interior no cuentan con suficiente equipo, recurso humano y no tienen instalaciones adecuadas, lo que obliga a los usuarios a hacer viajes largos hacia las capitales. La otra opción es traspasar la frontera con El Salvador y recibir atención médica aquí.

El Salvador ha registrado en los últimos cinco años un promedio diario de 23 consultas a guatemaltecos y 25 a hondureños. Hay hospitales salvadoreños, como el de Ahuachapán, en donde la llegada de guatemaltecos implica una inversión de $100 mil al mes. Y hay otros, como el de Sensuntepeque, en donde cuando se suman los egresos, las consultas, las emergencias y los partos, los hondureños constituyen el 30 % de los usuarios atendidos. Ni Guatemala ni Honduras llevan registro de cuántas personas salen con fines médicos y tampoco han reconocido este servicio a El Salvador, el más pequeño de los países del Triángulo Norte.

De los 655 egresos de extranjeros que el hospital de Santa Ana reportó el año pasado, 654 fueron guatemaltecos. Para el ejercicio fiscal de 2017, la Asamblea Legislativa votó un presupuesto en el que se le redujo la asignación a este centro asistencial. De $22 millones, pasó a contar solo con $20 millones. A pesar de hechos como este, la de guatemaltecos y hondureños en los hospitales salvadoreños es una carrera por escapar del abandono institucional. Para ellos, El Salvador, con todas sus carencias, es un parche, una prolongación de la vida.

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SISTEMAS DE SALUD EN ETERNA CRISIS

No hay diferencias grandes entre los sistemas de salud pública de los tres países. En El Salvador y Honduras el gasto público en salud está arriba de 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). En Guatemala es solo un poco más del 2 %. Los tres están por debajo del 6 % del PIB, el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en países con alta desigualdad. “Se estima que un 30 % de la población no tiene acceso a atención de salud debido a razones económicas y que un 21% renuncia a buscar atención debido a las barreras geográficas”, ratifica la OMS en el informe “Financiamiento de la Salud en las Américas”.

A la hora de repartir el Presupuesto General de la Nación, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador condenan a los hospitales y demás centros de salud públicos a dar atención con graves déficits en cuatro aspectos: infraestructura, recurso humano, abastecimiento de medicamentos y fondos disponibles. Condenan a los sectores más vulnerables de las poblaciones a transitar por su cuenta grandes distancias y a rebuscarse por recursos para complementar sus tratamientos médicos, cuando hacerlo incluye un gasto significativo en transporte.
En Honduras, en los hospitales nacionales de referencia, como el Hospital Escuela Universitario (Tegucigalpa) y el Mario Catarino Rivas (San Pedro Sula), “hay una afluencia de pacientes superior a sus capacidades de atención, hospitalización, medicamentos e insumos. Esos pacientes son referidos o enviados de hospitales departamentales que no los atienden por falta de especialistas, equipos, medicamentos o servicios correspondientes”, resume este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Pero este documento formal no incluye el drama diario, como que el Mario Catarino Rivas recibe a los usuarios entre láminas y plásticos. El año pasado, este hospital enfrentó una drástica reducción de presupuesto. De $46 millones asignados en 2016, pasó a 26 en 2017.

Mejor opción de salud en El Salvador [AUDIO]

En Guatemala, Zulma Calderón, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, habla de una reacción en cadena similar que mantiene a los habitantes del interior del país alejados de los servicios de salud más completos: “A veces, los hospitales del interior carecen hasta de lo más básico, esto deriva en que todos esos pacientes vienen a parar aquí (capital), al San Juan de Dios o al Roosevelt; porque antes no han tenido acceso a un ultrasonido o a un traumatólogo que los opere, no se les da acceso a las piezas más básicas en su lugar de residencia y vienen a llenar los hospitales más grandes por cosas que se deberían haber resuelto en un hospital regional o departamental”.

Y en El Salvador, a ningún hospital público le alcanza el dinero que se le asigna en el presupuesto general de la nación. Todos solicitan una cantidad de refuerzo para los últimos meses del año. Si se les aprueba, este fondo de emergencia solo lo pueden utilizar para comprar insumos críticos. Lo básico para seguir funcionando, no hay margen para ampliar cobertura o mejorar los servicios.
Entre los tres, El Salvador tiene una sola característica que podría calificarse como ventaja: es pequeño. Lo es con respecto a países como Guatemala y Honduras e incluso en el angosto puente que parece Centroamérica cuando se mira desde arriba en comparación con la del Norte y la del Sur. En los 21 mil kilómetros salvadoreños hay repartidos 30 hospitales; de ellos, tres son de referencia, quiere decir que son el escalón más alto al que puede elevarse un paciente con una enfermedad grave. Son los que cuentan con más equipo y más personal. En esta categoría está el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, el hospital al que Marina y Wendy llegaron hace 11 años.

Cuando Marina empezó, en 2007, a recorrer consultorios con Wendy de cinco años y una fiebre que no cedía, lo hizo en Ocotepeque, un municipio hondureño que comparte fronteras con Guatemala y con El Salvador. Arrancó en una clínica privada, con exámenes de laboratorios privados. Ella no sabía qué era andar por pasillos de hospitales porque Wendy nunca había tenido mayores quebrantos de salud. Al no ver mejoría con tratamientos para anemia y dietas, siguieron escalando niveles a ciegas, sin ninguna instrucción o mapa. Llegaron hasta San Pedro Sula, a 260 kilómetros del hogar, una distancia que se transita en unas seis o siete horas en bus. Ahí le tomaron más muestras, más exámenes, querían cobrar envíos de muestras a Estados Unidos. Y la niña seguía mal.

 

Rebotaron en Honduras por un par de consultorios más, entre privados y públicos, pero la respuesta no llegó. Agobiada, casi vencida, Marina escuchó hablar de un hospital solo para niños, ubicado a 110 kilómetros de distancia, pero tenían que cruzar frontera hacia San Salvador, la capital salvadoreña, un lugar hasta donde apenas había llegado alguna vez. Con su entonces esposo reunieron el dinero que pudieron de sus salarios como profesores de escuela para que ella pudiera viajar en bus solo con la niña. Iniciaron el camino hasta el Hospital Nacional Benjamín Bloom sin nada más que esperanza de hallar un diagnóstico y luego una cura.

Llegaron a la emergencia del Bloom el 6 de junio de 2007. Tras descifrar las letras IRC en un papel, Wendy pasó, ese mismo día, de la emergencia al cuarto nivel del hospital. Quedó ingresada en el servicio de Nefrología. Marina, recuerda, que se sentía abrumada por la enfermedad, por estar en otro país sola y por tener que resolver su estancia en la noche. También la desconcertaba el comportamiento de Wendy.

—Mi niña lloraba, se tiraba al suelo, les tiraba cosas a las enfermeras, y yo no entendía que eran los químicos los que la ponían como loquita–, cuenta con una voz que se rompe.
Wendy estuvo ingresada un mes. Salió del Bloom el 6 de julio de 2007 estable, con un catéter para diálisis intermitente y citas continuas de dos veces por semana para seguir con un tratamiento que es vitalicio, mientras no se realice un trasplante de riñón. En Honduras, en aquel año, para los afectados de Ocotepeque por la enfermedad renal crónica no había más opción que viajar al menos 6 horas hasta San Pedro Sula.

Los extranjeros que llegan al Hospital Bloom no son referidos de otros centros asistenciales, por lo tanto, no traen expediente ni exámenes de laboratorio. Vienen como Marina y Wendy: con la ropa que traen puesta y buscando respuestas. Solo en 2017, el Bloom brindó 1,050 consultas curativas a niños hondureños y 295 a guatemaltecos.

El Bloom es un hospital al que entre 2016 y 2017 se le redujo el presupuesto: pasó de $30 millones, a tener que funcionar solo con $28 millones. La demanda es tal, que si alguien llega a mitad de noviembre a pedir consulta, se le asignará cupo para ser atendido a medio enero, porque se maneja un tiempo de espera de 56 días. Al respetable desempeño que pueda tener el Bloom lo marca mucho la carencia. El año pasado, solo se pudo hacer un 73 % de las cirugías electivas ya que funcionaron con siete quirófanos; los otros cuatro se dejaron de usar porque falta personal de enfermería y anestesia. Es un hospital con vocación y dedicado a los niños, pero en donde nada sobra y, casi siempre, todo falta.

Jutiapa. El Hospital Nacional Ernestina Viuda de Recinos, Jutiapa, tiene un presupuesto de $7.5 millones en el año, con el cual debe atender a una población de 145 mil habitantes. Las atenciones por violencia y accidentes de tránsito son las que más recursos demandan.

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EL RECORRIDO DE UN HOMBRE EN AGONÍA
Se llama Mamerto V. Tiene 52 años. Apenas habla. Tiene un tubo en la nariz, un catéter en la mano y vendas en el estómago. A primera vista, está muy mal. “Cuando lo trajimos estaba peor”, explica Richard, un amigo que se define como casi hermano.

Mamerto vive en Jalpatagua, un municipio guatemalteco fronterizo con El Salvador. En esta zona, se comercia tanto en quetzales como en dólares, hay una frontera en toda forma que se llama Valle Nuevo del lado de Guatemala y Las Chinamas del lado de El Salvador. La gente va y viene como rutina. Pero dar esos saltos entre países con un dolor insoportable es otra cosa. Por eso, el primer lugar donde consultó fue un centro asistencial local. Dos veces fue y no encontró alivio.

Una noche, el dolor se intensificó y lo empujó a recorrer una distancia más larga. Tras una hora de camino en carro, llegó al hospital de Jutiapa, siempre en Guatemala. Regresó a su casa con medicamento, pero tras varias dosis, nada mejoró.

Cuando en una noche de inicios de agosto se les desmayó, la familia de Mamerto cruzó a toda prisa la frontera hacia El Salvador y lo llevó a pasar consulta a Ahuachapán. Llegó con el apéndice reventado. De ahí, el personal médico lo metió más en el sistema sanitario salvadoreño. Lo llevaron en ambulancia hasta el hospital de siguiente nivel que se encuentra en Santa Ana.
Mamerto es un jubilado, vive de su pensión. Se encuentra en esta cama del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana (El Salvador), débil y deteriorado, pero vivo.

Con discreción, una enfermera agrega que no se trata solo del apéndice. El personal médico sospecha que Mamerto sufre de otra enfermedad de base que lo vuelve muy vulnerable, pero falta hacerle más estudios. Por ahora, Mamerto está estable, algo que ha representado para el Hospital San Juan de Dios 20 días de ingreso y una cirugía. Esta es la cuarta que Mamerto se hace en El Salvador, porque los hospitales de la ciudad de Guatemala –en donde en teoría podría hacerse este proceso sin dejar su país– a él le quedan a una distancia imposible de 110 kilómetros, 2 horas de camino sin tráfico. “Si cuando se desmayó lo hubiéramos llevado directo a la capital, o primero a Jutiapa y de ahí a la capital, se nos muere en el camino”, cuenta Richard, el hermano, que espera que le den el egreso en unos días para llevarlo a Guatemala.

De los 655 egresos de extranjeros que el hospital de Santa Ana reportó el año pasado, 654 fueron guatemaltecos. Para el ejercicio fiscal de 2017, la Asamblea Legislativa votó un presupuesto en el que se le redujo la asignación a este centro asistencial. De $22 millones, pasó a contar solo con $20 millones. A pesar de hechos como este, la de guatemaltecos y hondureños en los hospitales salvadoreños es una carrera por escapar del abandono institucional. Para ellos, El Salvador, con todas sus carencias, es un parche, una prolongación de la vida.

Los hondureños no solo han hecho caravanas para migrar hacia Estados Unidos. Cada semana, y desde hace años, en las aldeas más pobres y aisladas se organizan uno o dos viajes colectivos hacia El Salvador en busca de salud. Estos viajes van llenos de gente con dolor, de embarazadas y de niños enfermos.

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UNA SALA DE EMERGENCIA INHABITABLE
Al momento de escribir esto, ronda en redes sociales un video de un chorro de agua que cae fuerte sobre una camilla desvencijada colocada en el pasillo del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, el grande, el de referencia nacional. Las autoridades del hospital se apresuraron a decir que un sismo de menos de 6 en escala de Ritcher desajustó las tuberías y provocó la fuga. Puede ser una excusa creíble, pero en este hospital abundan sillas de espera rotas, camas de hospital rotas, camillas rotas. Está colapsado y roto o a punto de romperse, como las tuberías.
Este es uno de los dos hospitales de referencia 3 en Guatemala. Junto con el Roosevelt, son los que más recursos tienen para atender los casos graves que les llegan de todo el país. El San Juan de Dios cuenta con 30 especialidades y subespecialidades. Tiene 500 médicos, 1,300 enfermeras y 946 camas censables. Al menos es así en papeles. Guatemala sufrió en 2015 una crisis que afectó el sistema de salud público. El San Juan de Dios fue, entonces, el símbolo de esa decadencia.

La crisis la desató un desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que atiende la salud de asalariados que cotizan. Este fenómeno, producto de una red de corrupción, obligó a los usuarios a tocar puertas en hospitales públicos, en donde ya, por lo general, se trabaja con una cantidad de medicinas e insumos insuficiente para la demanda. Las denuncias públicas por mala atención estallaron.

En 2015, el San Juan de Dios guatemalteco atendió gente hasta en los pasillos, como ese en el que hace unas semanas cayó un chorro de agua sobre la camilla. La crisis se manifestó en las largas filas que los usuarios formaron para programar consulta y también para farmacia.

La respuesta del Gobierno guatemalteco llegó al siguiente año del escándalo. “Los dos hospitales más importantes del país representaban (en 2015) el 36 % del presupuesto del total de los 44 hospitales del MSPAS; este porcentaje creció a 41 % en 2016, debido a la percepción de crisis”, se lee en el informe “Guatemala: tendencias del gasto en salud”, publicado en junio de 2017. En otras palabras, al San Juan de Dios le duplicaron el presupuesto. En 2016 fue de $44 millones y en 2017 superó los $83 millones. Lo mismo pasó con el Roosevelt, que llegó a $85 millones. Para dimensionar, ningún hospital del Triángulo Norte ha recibido un aumento de presupuesto tan grande como estos en los últimos cinco años. Y ninguno recibe una erogación anual que se les acerque.

“El problema (en el San Juan de Dios) no es que no tengamos presupuesto para atender a las personas, lo que no tenemos es espacio”, explica el director de este hospital, Edwin Bravo. “Démonos cuenta de que este hospital fue creado para 1984, para otro tipo de demanda. Ahora ya no tenemos cabida. Tengo saturada la Pediatría, ya no tengo espacios en camas, no damos para más”, agrega con más resignación que alarma.

Con 23 años de experiencia como traumatólogo, el director Bravo sabe que el sistema en el que se prioriza a los hospitales metropolitanos obliga a los usuarios del interior del país a recorrer grandes distancias y señala lo obvio: que hace falta construir hospitales de otro nivel en las zonas alejadas de la capital o aumentar la capacidad instalada de los que ya existen. Para esto hace falta dinero, y lo que queda de asignación del PIB para salud pública en Guatemala después de los presupuestos de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt no alcanza para invertir en infraestructura, especialización, equipo y personal para la periferia.

Así, haya o no haya dinero en el San Juan de Dios, a Mamerto, el jubilado que sobrevive con su pensión, de todas formas, le queda demasiado lejos. A él le tocaría ir, en primera instancia, al hospital de Jutiapa. Este centro asistencial cuenta con 200 camas, ofrece 14 especialidades y en su área de atención habitan 145 mil personas. Entre 2013 y 2017, el presupuesto asignado anduvo entre los $48 y los $56 millones, una situación que lo obliga a depender mucho de los donativos de equipo y de algunos medicamentos especializados, es decir, de la caridad que instituciones y particulares quieran hacer. Pero lo que mejor describe lo que se vive en este hospital es, también, su infraestructura.

En el área de Pediatría hay manchas de humedad en el techo y fisuras en la loza de piso. En el resto de servicios, las paredes tienen grietas transversales, hay desprendimiento de acabados en varios segmentos y el suelo ha perdido cohesión. El edificio completo de este hospital nivel 2 ya cumplió su tiempo de vida útil, según un informe que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) publicó en 2017. A la edad del edificio, que se supone data de 1965, se suma la falta de mantenimiento.

“No cumple con las dimensiones mínimas necesarias para las actividades que en ella se realizan”, sentenció la CONRED sobre una de las áreas más sensibles del hospital de Jutiapa: la sala de Emergencias de este que es uno de los hospitales que más se consume en atender lesiones por violencia y por accidente de tránsito.

Este de Jutiapa es el hospital al que, por cercanía, debía asistir a Mamerto. También a este debía llegar Cayetano P., de 77 años, sastre; pero lleva más de una semana ingresado en el hospital de Ahuachapán, El Salvador, por una enfermedad cutánea. Henrry R., de 40 años, reside en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, por lo que también es parte de la población meta del hospital de Jutiapa, pero lleva 10 días ingresado en el hospital de Santa Ana, El Salvador. Ofelia R., de 47 años, es de Jalpatagua y lleva 21 días ingresada también en el hospital de Ahuachapán, del lado salvadoreño, porque se hizo una cirugía programada que en Jutiapa seguiría esperando. Y así, cientos al mes, miles en un año. Solo en el hospital de Ahuachapán, de las 1,599 emergencias atendidas el año pasado, 438 fueron guatemaltecos, poco menos de la tercera parte.

Jalpatagua, Asunción Mita, Atescatempa, Jerez y el mismo Jutiapa forman parte de un cordón fronterizo de Guatemala que de manera habitual aparece mencionado en los archivos hospitalarios de El Salvador en la casilla de “procedencia”. Para el hospital de Ahuachapán, los pacientes guatemaltecos significan una erogación mensual que ronda los $100 mil, según el director Ricardo Góchez. Para ponerlo en contexto, este hospital ya solicitó el habitual refuerzo presupuestario. Les fue aprobado un fondo de $87 mil como extra para terminar el año. Es menos de lo que los usuarios guatemaltecos representan en un mes.

Aunque lo que CONRED urge en su informe es la construcción de un hospital nuevo en otro lugar de Jutiapa, el documento sirvió para acelerar la construcción y entrega de una nueva sala de Emergencias, que empezó a funcionar en agosto de este año. El terreno y la obra fueron donados por la municipalidad. Las instalaciones modernas están junto al edificio caduco y se comunican por una puerta que separa los pisos cerámicos nuevos de los de cemento, manchados y agrietados.

Para el hospital de Ahuachapán, los pacientes guatemaltecos significan una erogación mensual que ronda los $100 mil, según el director Ricardo Góchez. Para ponerlo en contexto, este hospital ya solicitó el habitual refuerzo presupuestario. Les fue aprobado un fondo de $87 mil como extra para terminar el año. Es menos de lo que los usuarios guatemaltecos representan en un mes.

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LAS “PASTILLAS DE HARINA” DE UN HIMNO CONTESTATARIO
En Honduras, hay una canción que nació parte de una campaña electoral y acabó elevada a himno de oposición: “Si van a los hospitales en busca de medicina, por una simple aspirina, nos dan pastillas de harina. JOH, JOH, es pa’ fuera que vas”, dice una de las estrofas que escribió Macario Mejía. JOH son las siglas de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño. La popularidad de la canción no radica en el apoyo a un partido, sino en que hace lo que es común en esta región: le pone ritmo tropical a una tragedia.

Es la letra que cantan a todo pulmón miles de hondureños sin papeles, sin dinero, sin comida, sin nada, que desde octubre forman caravanas para intentar llegar a Estados Unidos.
Ya sin ritmo tropical, para describir el estado de la red hondureña de hospitales públicos la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) acuñó un concepto tan simple como angustiante: está en coma.

Este año, la comisión hizo una supervisión por las instalaciones de 31 hospitales, como seguimiento al primer informe levantado en 2014. El resultado fue una lista observaciones como que el desabastecimiento de medicamentos vitales es crítico, que la adquisición de insumos médicos y quirúrgicos está viciada, que el personal no atiende bien a los usuarios, que no hay suficientes médicos ni enfermeras, que no hay mobiliario, no hay equipo, no hay sillas, no hay camas y que los supervisores de CONADEH vieron a los pacientes ser atendidos en pasillos. En resumen, que “Honduras evidencia un marcado y continuo desmejoramiento en la calidad de atención y en los servicios brindados”.

Los hondureños no solo han hecho caravanas para migrar hacia Estados Unidos. Cada semana, y desde hace años, en las aldeas más pobres y aisladas se organizan uno o dos viajes colectivos hacia El Salvador en busca de salud. Estos viajes van llenos de gente con dolor, de embarazadas y de niños enfermos.

Felícita López es una líder indígena. Vive en El Volcán, en Santa Elena, La Paz, Honduras. Cuando quiere pasar consulta sin dejar su país, debe caminar al menos 5 horas hasta el centro de salud de la cabecera del municipio y el problema es que nada le garantiza recibir medicinas de forma gratuita. Ante esto, la mayoría de veces, prefiere tomar la otra opción, que es caminar 9 horas y cruzar por un punto ciego para pasar consulta en el país vecino.

Viaje. Desde Ocotepeque, Honduras, hasta el Hospital Bloom, en El Salvador, un taxi cobra unos $60. Este servicio lo ocupan las familias cuyos pacientes tienen algún problema motriz.

“Cuando viajamos para El Salvador, salimos a la 1 de la madrugada y vamos llegando de regreso a la casa a las 9 de la noche”, cuenta Felícita. Hay un guía que sabe dirigir al grupo por un camino sin riesgo de encontrar autoridades o delincuentes, que para el caso es lo mismo, porque les piden dinero. El guía no cobra su servicio, porque él mismo aprovecha para llevar a su familia al hospital del lado salvadoreño. “Regresamos con los pies ampollados de tanto caminar”, ilustra Felícita.

Hay quienes pueden ahorrarse la caminata. Miriam Vásquez, de 32 años, salió de Marcala, La Paz, Honduras, con la intención de recibir atención médica en El Salvador. Consiguió hacer el viaje en carro. El dolor que provoca tener cálculos en la vesícula es profundo, agudo, ocupa todo el cuerpo y no se quita. En este estado de no vida, a Miriam cada bache de la vía se le clavó en el cuerpo como puñalada.
Antes de decidir cruzar frontera, ya había ido al centro de salud hondureño. Miriam dice que llegó a las 7 de la noche al hospital de Intibucá, la atendieron a las 11 de la noche. Cuenta que el doctor que la examinó le entregó una receta y la dejó para atender a otro paciente. “Cuando me rebajó el dolor, unas gentes me dijeron ‘¡bájese de la camilla!’ y me mandaron a una bancas al pasillo; ahí me agarró vómito, le dije al doctor y me ordenó a ir por unas pastillas a la farmacia. Pero el hombre que atendía estaba dormido, me dio las pastillas hasta las 5 de la mañana”, recuerda. Al siguiente día, armó viaje a El Salvador.
Miriam se operó aquí. Al hacer memoria de su calvario, concluye que lo único que importa es que ella se aferra a la vida y muestra imágenes de sus hijos como argumento.
“Miles de pacientes acuden a diario en busca de asistencia médica en un sistema de salud caracterizado por su estado de ‘coma’ permanente, que no permite la atención con calidez y calidad que merecen los hondureños”, cuenta la CONADEH en su informe. Lo que no aparece ahí es esta procesión, este éxodo de hondureños que se arriesgan por un camino largo e incómodo para, por una cuestión de humanidad que por ratos se asemeja a la caridad, hacer valer su derecho a la salud en un Estado ajeno.

Quien “va pa’ fuera”, no es JOH; son ellos, los enfermos de un cordón fronterizo aislado.

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EL HOSPITAL SALVADOREÑO DONDE DAN A LUZ HONDUREÑAS

Cuando en la comunidad El Volcán hay varias mujeres con necesidad de controles prenatales y ginecológicos contratan un vehículo para hacer el viaje a El Salvador. Pagan 150 lempiras (unos $7). Para residentes de esta comunidad dedicados sobre todo a la agricultura, 100 lempiras representan un día y medio de trabajo. Aún así, prefieren pagar para pasar la frontera.

El problema es que al menos dos de las municipalidades hondureñas visitadas han prohibido que se usen los servicios de parteras. Las mujeres que no acudan a un hospital deben pagar 1,500 lempiras de multa (unos $120) para poder inscribir a sus hijos en el registro. Incluso si ese hospital al que deben ir queda lejos, al otro lado de un camino difícil.

Gualinga es, como la de El Volcán, una aldea situada a unas 2 horas de camino hasta el centro del municipio de Santa Elena. Es un camino de piedra y tierra rodeado de cerros habitados por gente que ha construido ranchos precarios.

En uno de estos cerros, vive María Santos Benítez. Su casa está frente a una reserva indígena con pinos y árboles de liquidámbar, hábitat de venados, tigrillos y tapires. Un lugar en donde los caminos desaparecen y se convierten en ríos de lodo cada vez que llueve fuerte.

María Santos tiene 33 años y tres hijas: una de nueve años; una de seis, que aparenta la mitad de su edad; y otra de cuatro, todas con señales de desnutrición. La primera y la tercera nacieron en hospitales de El Salvador. “Solo he ido a Santa Elena cuando voy a consulta, a veces nos dan medicina y cuando no hay, pues, la compramos, si podemos”.
Para ir al centro de salud hondureño de Santa Elena no hay más opción que caminar hasta 1 hora; mientras que hacia El Salvador camina unos 20 minutos, toma un bus y llega al hospital más cercano.

“¡Mire! yo la tuve a ella allá (señala a su hija menor)”, es decir, en El Salvador. “La primera niña que tuve la fui a tener allá también”. La parte de El Salvador a la que María Santos llega a parir es el departamento de Morazán. El hospital está ubicado en el municipio de San Francisco Gotera. Y sucede que aquí, en 2017, nacieron 238 niños de Gotera y 251 niños cuyas madres confirmaron ser de Honduras.

“Cuando viajamos para El Salvador, salimos a la 1 de la madrugada y vamos llegando de regreso a la casa a las 9 de la noche”, cuenta Felícita. Hay un guía que sabe dirigir al grupo por un camino sin riesgo de encontrar autoridades o delincuentes, que para el caso es lo mismo, porque les piden dinero. El guía no cobra su servicio, porque él mismo aprovecha para llevar a su familia al hospital del lado salvadoreño. “Regresamos con los pies ampollados de tanto caminar”, ilustra.

“Si sumamos la consulta externa y los egresos, la gente de Honduras representa para este hospital el 30 % de las atenciones”, explica Salvador Pérez Orellana, director de este centro asistencial. La mayoría son mujeres y llegan hasta aquí como María Santos: para parir.

Un parto natural, sin complicaciones le cuesta al sistema de salud público salvadoreño entre $800 y $1,000. Pero las pacientes que llegan a Gotera desde Honduras no llegan en condiciones óptimas, como la misma María Santos. “Con la tercera me fui para Santa Elena, pero ahí me dijeron que no la podía tener, estaba complicada, entonces me fui a El Salvador y allá me hicieron la cesárea”.

 

Descargar archivo de Excel:  Base de datos extranjeros en sistema de salud público de El Salvador

A veces, los casos son tan complejos que deben enviarlas al hospital del siguiente nivel en San Miguel o en la capital, San Salvador. “No podemos ser específicos en por qué vienen en estas condiciones, pero puede tener que ver con que no tienen dónde se les cumplan los controles prenatales”, explica el director Pérez Orellana.

De todos los hospitales fronterizos de El Salvador en donde se realizaron consultas para este reportaje, el único en el que se dio cuenta de un acercamiento diplomático fue este. Según Pérez Orellana, hace unos años hubo una reunión entre el personal médico y de las cancillerías hondureña y salvadoreña. En este encuentro, los representantes de Honduras reconocieron la asistencia de El Salvador a su población y accedieron a entregar “ayuda”. La ayuda, recuerda Pérez Orellana, se entregó solo una vez y consistió en unos quintales de arroz y frijoles para el Hogar de Espera Materna que está ubicado en el municipio de Perquín.

Este hogar en El Salvador es clave para embarazadas hondureñas. Aquí pueden pasar varios días mientras les llega el momento de dar a luz. Reciben comida, están siendo monitoreadas y cuentan con una cama y un techo que las protege. Es una opción más humana que ir y venir por caminos inhóspitos. Es este lugar el que consigue bajar de manera efectiva los riesgos para las madres y los bebés. Y también lo azota la crisis. “Lo más difícil es conseguir que no falte la comida, a veces, el 100 % de la ocupación son mujeres de Honduras a las que no se les va a negar la atención, porque si vienen hasta aquí es porque tienen necesidad”, dice, encogiendo los hombros, el director Pérez Orellana.

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UNA MILICIA DE INVISIBLES
Un niño de cuatro años con VIH, un niño de 10 con fibrosis quística, una niña de 10 años con lupus eritematoso, una niña de 10 años con una nefropatía hereditaria, un adolescente de 15 años con fisura en el paladar, uno de 10 años con chikunguña: todos han tenido que hacer viajes de varias horas en condiciones cercanas a la miseria para recibir atención médica. Son los guatemaltecos que forman parte de los registros de 2017 que lleva el Hospital de Niños Benjamín Bloom.

La lista de los pequeños de Honduras es todavía más larga: una niña de nueve años con desnutrición, una niña de cinco con un tumor, un niño de 11 con leucemia, una niña de 12 años con fibrosis quística, un niño de un año con riñón poliquístico y entre las frías casillas de Excel, sobresale un niño de 13 años cuyo diagnóstico secundario se define como: “problemas relacionados con bajos ingresos”.

“Es así, son invisibles”, dice el subdirector del Bloom, Guillermo Lara Torres. No hay ningún convenio que los ampare aquí en El Salvador. Y tampoco las autoridades de Guatemala y Honduras los conocen. No hay registro de lo mucho que se esfuerza un niño de un año que debe viajar desde una aldea de Mapulaca, Honduras, para ser operado de una hernia umbilical en el Bloom, porque en su país no hay mejor opción para él.

Solo el año pasado, Marina y Wendy hicieron 104 viajes desde su Ocotepeque, de Honduras, hasta el anexo del Hospital Bloom para recibir 4 horas de hemodiálisis cada miércoles y cada sábado. Esto es lo que la ha mantenido con vida desde aquel 6 de junio de 2007, cuando se le diagnosticó la IRC. Se vienen un día antes y se van tan pronto termina el tratamiento. Solo así, Marina ha podido conservar su empleo como docente. Wendy, ya convertida en adolescente, también recibió el año pasado otras 29 consultas con especialistas no solo en nefrología, sino también en odontología y otorrinolaringología.

Wendy nunca tuvo oportunidad de ir a la escuela. Pero sabe leer y, según Marina, no la engañan al contar monedas en lempiras y en dólares. Mientas espera a que Wendy salga de la terapia de este día, a Marina le brotan las lágrimas. Cada cumpleaños de la adolescente aumenta la angustia. Tiene ya 16. Y en el Bloom solo la pueden atender hasta los 18, no puede hacerse mayor de edad entre estas paredes de hospital pintadas con motivos infantiles.

Marina ya intentó al menos dos veces donarle un riñón a su hija. Pero fue descartada por cuestiones médicas. Así han sido descartadas otras personas que se han acercado con la intención de ayudar. A Wendy se le acaba el tiempo en el Bloom. Si fuera salvadoreña, podría trasladar su expediente al Hospital Nacional Rosales, también de nivel 3 y referencia. Pero no es, y en este centro asistencial ya no están brindando tratamientos por enfermedades crónicas a extranjeros. Las consultas a extranjeros en el Rosales se redujeron de 1,881 en 2013, a 311 en 2017. Las opciones en Honduras son San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si para venir de Ocotepeque a San Salvador bastan unos $16 de transporte y 6 horas de camino, para cualquier destino en Honduras estos números se duplican.

“No se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define”, la frase la eligió el subdirector Lara como inicio de un mensaje institucional que está colgado en la página web del Hospital Bloom. Marina y Wendy, como tantos otros necesitados de atención médica, forman parte de una caravana anónima que se pierde en el abandono institucional.

Desde allá para acá. Gualinga es una aldea del municipio de Santa Elena, La Paz, Honduras. Las mujeres de esa zona prefieren cruzar la frontera para tener a sus hijos en El Salvador, en el Hospital de San Francisco Gotera. Las alcaldías del lado hondureño impulsan una norma que multa a las mujeres que se atienden con partera. María Santos Benítez es de allá y tuvo a dos de sus tres hijas aquí.

** Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del International Center of Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Arriesgar la vida para ganarla

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas que trabajan fuera de oficina y en comunidades? La respuesta, para la lideresa sindical Sarahí Molina, es simple: “No es raro escuchar que trabajadores que distribuyen productos en las colonias han sido secuestrados por las pandillas. Y ya hay vendedores que han sido asesinados porque el patrón no paga la ‘renta’”, responde.

Molina es la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES). Este movimiento agrupa varias organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores a escala nacional. Ella opina que la violencia social de la que son víctimas algunos trabajadores en sus horarios laborales podrá verse disminuida cuando el Estado se fortalezca en el territorio y garantice la seguridad para toda la población. Esa medida, hoy por hoy, suena a una larga espera.

Mientras, algunos empleados de campo han ideado estrategias personales para disminuir el riesgo cuando trabajan. Y esas tácticas van desde pedir permiso antes de entrar a una colonia hasta aprender a negociar con calma para que un grupo de pandilleros no mate al colega.

Entre enero y octubre de este año se registraron 2,845 homicidios. Las autoridades han presentado esa cifra como un avance en la lucha contra la inseguridad y violencia porque, en teoría, ha ocurrido una reducción del 15.8 % de asesinatos, comparado con 2017. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha brindado datos que hacen que se cuestione la reducción.

La Fiscalía sostiene que las desapariciones han aumentado en El Salvador y, en promedio, se desconoce el paradero de 10 nuevas personas cada día. Solo en 2018 ya van más de 3,000 denuncias de este tipo.

“La situación de los trabajadores cada día va más precaria. Mientras el Estado no controle los territorios, esto va a seguir sucediendo. Por el desempleo que hay, mucha gente acepta un trabajo, a pesar de que sabe que va a exponer su vida”, dice, con pesar, Molina.

El Código de Trabajo establece que los empleadores deben propiciar un ambiente seguro para sus trabajadores, y el artículo 317 de esa legislación considera como accidente laboral todo aquel que sucede “a consecuencia de un delito, cuasidelito o falta, imputables al patrono, a un compañero de trabajo o a un tercero, cometido durante la ejecución de las labores”. Sin embargo, no hay un marco legal que proteja de manera especial a este tipo de trabajadores que se mueven entre comunidades.

“En la parte de la delincuencia, el patrono no tiene la posibilidad de garantizar condiciones específicas para sus trabajadores. Esa es una función del Estado”, asegura José Rodezno, experto en derecho laboral.

Rodezno se desempeñó como director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sostiene que las medidas que los empleadores pueden tomar para proteger a estos asalariados en el contexto de violencia actual no están reguladas en ningún sitio.

“A lo mucho que se podría llegar, estirando un poco el sentido de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, es a limitar el acceso de trabajadores a zonas de mucha criminalidad… pero algo que diga que usted tiene prohibido enviar a un trabajador a un área por su alto índice de criminalidad no existe”, asegura el abogado.

Mientras tanto, cientos de empleados continúan trabajando y combinando su labor con el miedo.

Estos son cuatro testimonios de trabajadores de campo. Ellos brindan su versión sobre cómo es salir a laborar. Ninguno de los entrevistados denunció estos hechos ante la Policía porque consideraron que una denuncia formal los pondría en mayor riesgo. Tres de ellos pidieron que sus nombres no fueran revelados.

Ilustración de Moris Aldana

La locación inadecuada

“Pues se me van de aquí a la mierda. Todos ustedes no tienen nada que hacer acá, saquen estas cámaras”, recuerda Carmen que le gritó un hombre armado mientras intentaba grabar un comercial en Mejicanos. Volvió a ver su alrededor y había otros dos hombres mostrando un arma de fuego.

Carmen es una productora audiovisual que trabaja para distintos clientes. Tiene 28 años y los últimos cinco los ha dedicado a coordinar grabaciones. Como si fuera algo normal, colecciona historias de cómo no le han permitido filmar en ciertas colonias, de tener que pedir permiso a una pandilla para poder elevar un dron o de escuchar disparos cercanos mientras se intenta filmar una entrevista.

El día que la sacaron de Mejicanos lo recuerda con más fuerza porque fue la primera vez que la amenazaron directamente con armas. El equipo técnico, los actores y ella habían llegado a grabar a una colonia que parecía tranquila. Carmen incluso asegura que coordinó con personal de la alcaldía para poder estar en el sitio. Entonces, cuenta, le dijeron que no se preocupara, que era una zona sana.

Esa idea se desvaneció cuando escuchó los gritos. “Toda la gente empezó a agarrar sus cosas y yo me quedé quieta. Después el hombre armado pasó frente a mí, empujándome, que qué esperaba. Teníamos los carros ahí cerquita de dónde íbamos a grabar, pero como nos echaron, empezamos a caminar sin destino”, cuenta. Al final, lograron entrar a una Casa de la Cultura. Ahí se refugiaron hasta que llegaron los agentes del CAM de la zona y los acompañaron a sacar los autos.

Carmen explica que es mejor trabajar en locaciones privadas en lugar de hacer tomas en lugares donde “ponés en riesgo miles de dólares y la vida”. Y es que esos espacios a los que ella se refiere no suelen ser gentiles con extraños. Para poner un ejemplo, cuenta que hace unos meses su jefa de entonces le pidió hacer tomas de dron en el reparto La Campanera, en Soyapango. La tarea era grabar una cárcava.

“Mi contacto en la zona me dijo ‘mire, no vayan a venir, mejor’. Y yo le dije a mi jefa: ‘Nos aconsejan no ir porque acaba de suceder un tiroteo con investigadores encubiertos’. Y mi jefa dijo: ‘Sí, pero necesitamos esas imágenes’. Ella insistía en que las necesitábamos, y yo pensaba ‘¿sí estás comprendiendo que acaban de dispararles?’. Ahí me molesté un montón porque fue (saber) que les interesa más que vayamos a hacer esas putas imágenes cuando está en riesgo nuestra vida”, narra, con frustración, la productora.

En esa ocasión, Carmen decidió no ir y enfrentar las posibles consecuencias. Pero, dice, no puede hacer eso cada vez que una locación es peligrosa. Quiere seguir trabajando en el mundo audiovisual, aunque eso implique correr cierto riesgo. Cuando entra a zonas inseguras, dice, ya le ha enviado las coordenadas de su ubicación a algún amigo a través de WhatsApp. La estrategia, que hasta ahora nunca ha sido necesario poner en marcha, es que si Carmen deja de responder durante media hora, el amigo debe llamar automáticamente a la empresa audiovisual para avisar que ella está en problemas.

Ilustración de Moris Aldana

Contra las púas por una carta

El problema de Édgar Escalante se agravó por su corte de cabello. Édgar es un trabajador de Correos de El Salvador, en la oficina de Santa Tecla. Es moreno y robusto. Rodeado de correspondencia, recuerda la vez en que dos pandilleros le hicieron entender que no era bienvenido en una colonia.
Eran las 11 de la mañana y Édgar estaba acompañado por otros dos carteros en la zona norponiente de La Libertad. Los tres entraron juntos y, pronto, les cuestionaron los motivos de su tránsito por el lugar.

“Primero nos hicieron la llamada de alto, que de dónde son, qué andan haciendo. Luego me dicen: ‘Mira, vos tenés plante de jura’. Y yo le digo que no, que mi corte de cabello así es”, relata el empleado de Correos. Después de eso, recibió su primer golpe en plena calle. “Nos quitaron nuestras pertenencias, se nos revisó el cuerpo y prácticamente quedamos en ropa interior. Fue frente a todo mundo”.

En este salón de correspondencia hace calor al mediodía y más carteros escuchan la historia de Édgar. A ninguno parece sorprenderlo: “Me pegaron la primera pechada y me toparon a un cerco de alambre de púas y, con cada empujón, imagínese lo que me pasaba en la espalda”. De acuerdo con su relato, sus compañeros también fueron empujados contra el cerco y los alambres se les incrustaron en la piel.

“Pasé como una semana con mis golpes”, dice. Una de las personas de esa zona, comenta, reconoció a uno de los carteros y le aseguró a quienes los golpeaban que sí, que ellos trabajaban repartiendo correspondencia. Ese comentario funcionó como salvoconducto. Los tres hombres se pusieron su ropa y salieron. El correo ha dejado de llegar a esa colonia.

Las cosas no parecen ser distintas para otros empleados de Correos. Otras tres personas que trabajan en la institución afirman conocer experiencias similares, en las que se les exige un pago para poder ingresar a dejar paquetes, en las que son perseguidos o en las que sus compañeros son expulsados de las comunidades a punta de pistola.

De estos hechos no hay denuncia. “Entonces es cuando le damos vida a la impunidad porque no podemos denunciar; si lo hacemos, ponemos en riesgo a los demás compañeros, porque nosotros andamos en la calle, damos la espalda a cada rato”, justifica Escalante.

En una pared de la oficina, unas tablas forman los cuadros que dividen la correspondencia por zona de distribución. “La institución, por ley y por normativas internacionales, tiene la obligación de servirle a la población. Los convenios obligan a hacer llegar la comunicación vía escrita a todos los rincones de la república. Es el derecho a estar conectado y comunicado con el mundo”, dice Escalante, orgulloso del trabajo que hace.

Luego aterriza a la realidad salvadoreña y muestra un cajón de madera en la esquina inferior derecha de la pared. “Este cajoncito son lugares a los que no vamos. Nosotros tenemos zonas de alto riesgo y esa correspondencia la ponemos a un lado”, explica. En este trabajo, adaptarse ha implicado idear maneras de contactar a los destinatarios de ciertas cartas y paquetes sin tratar directamente con ellos. “Se les llama por teléfono o se va a puntos de pick up o buses y ahí preguntamos si le pueden decir que tiene un paquete en Correos”. La idea es reducir el riesgo: “No queremos héroes ni queremos mártires”.

Ilustración de Moris Aldana

Desarrollo entre el conflicto

Virginia trabaja desde hace 13 años en proyectos de desarrollo con organizaciones locales e internacionales. Hace un año, cuenta desde una sala de reuniones, su carrera le presentó un reto desgarrador y contradictorio. Debía formar a las mujeres de una comunidad en prevención de violencia de género. Sin embargo, para conservar el permiso de la pandilla para dar la charla, debía acatar la regla básica de convivencia en esa comunidad de San Salvador: ver, oír y callar. Y lo que había que callar no era sencillo. Virginia sostiene que en esa comunidad, era de conocimiento general que un pandillero abusaba sexualmente de una niña de 12 años.

La primera vez que Virginia llegó a esa comunidad, no fue bienvenida. Un cabecilla de la pandilla, asegura, la sacó. “El líder comunal empezó a reclamar que quién era la coordinadora de esa charla, que quién me había autorizado. Me dijo que me fuera. Nos reunimos en otro lugar con los asistentes y pregunté qué pasó. Y resulta que el presidente de la junta directiva es líder de la pandilla”.

Para poder realizar su trabajo, Virginia tuvo que volver al lugar del cual la habían sacado y solicitar que el mismo sujeto la escuchara. “Lamentablemente, me tocó hacer negociación con este señor, presentarle a él el proyecto, explicarle de qué se trataba. El proyecto estaba enmarcado en prevención de violencia contra la mujer, pero yo no le dije que el tema era ese. Le dije que era promoción de derechos”, confiesa.

El líder le puso tres condiciones para poder impartir las charlas: “Me prohibió que llegara sin avisar, me prohibió que usara el término violencia y me prohibió que llegara con gente de la alcaldía”. Solo con ese aval solucionado pudo realizar sus capacitaciones en la comunidad.

“Lamento que vivamos en un país donde a muchos técnicos nos toque negociar con el crimen para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para comunidades completas”, dice con un atisbo de enojo en la voz.

En el transcurso de esas charlas fue que escuchó por primera vez sobre el caso de abuso sexual infantil que ocurría en la zona. “Si la niña se quejaba o lloraba, la sacaban desnuda a la calle”, recuerda.

Las experiencias laborales anteriores en proyectos de desarrollo comunitario no habían sido más esperanzadoras, acepta la experta. Luego pone de ejemplo el caso de un representante comunal que fue asesinado, en teoría, porque no colaboró con la pandilla local en un robo. También cuenta que promotores de salud con los que ella trabajaba han sido asesinados en los últimos años. Para Virginia, su trabajo parece estar ligado a la tragedia.

En otra ocasión, recuerda, estaba impartiendo una charla sobre salud sexual y reproductiva que tuvo que ser interrumpida por una balacera a pocos metros. “Uno de los jóvenes solo me dijo ‘agachémonos, que no nos vean en las ventanas’. Al final todos se quedaron en el piso y una de las ventanas estaba medio abierta. Cuando yo quise pararme para ir a cerrarla, logré ver que sacaron de una casa a un señor y lo estaban desnudando. Le quitaron toda la ropa, buscándole algún tatuaje”.

Mientras Virginia observaba por la ventana lo que sucedía afuera del aula, uno de los estudiantes le rogaba: “Apártese. No quiero que nos vayan a ver. Ellos me tienen prohibido participar en estos proyectos”.

Así, estos 13 años de experiencias entre balas, asesinatos de conocidos y amenazas le han valido a Virginia para caminar alerta. A pesar de que la naturaleza de algunos de sus trabajos le exigen llevar un diario de campo, ella solo toma notas de lo que ve en las comunidades hasta que se siente en un lugar seguro. Ahora estudia con más detalle la ruta a tomar dentro de las colonias para no mostrarse perdida, dice que jamás saca el teléfono de su bolso mientras trabaja y recuerda otra medida de seguridad importante que ha decidido para sus proyectos: para evitar confrontaciones, es mejor nunca coordinar seguridad con la Policía Nacional Civil (PNC).

Virginia ha decidido camuflar la mirada ante ciertas cosas: “Si veo una discusión, si veo armas, hago como que no me fijé”. Solo así ha logrado terminar los proyectos para los que las organizaciones la contratan.

Ilustración de Moris Aldana

El peligro del gas

Durante tres años, desde 2015, Jaime trabajó como motorista de una empresa repartidora de gas propano. En sus trayectos no solo se encargaba de llevar el producto, sino de cobrarlo. Usualmente lo acompañaba en su viaje un vigilante y los ayudantes. Parecía que todo estaba bien calculado para no correr ningún peligro a pesar de entrar a colonias con alto nivel de criminalidad, pero pronto se daría cuenta que no era así.

“Llega uno de mis ayudantes pálido y me dice: ‘Mirá, allá tienen los bichos en el pasaje a aquel’”. Jaime cuenta que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pandilla de la zona habían detenido al ayudante que entregaba los tambos de gas. El trabajador, de unos 22 años, era nuevo. Tenía una semana de haber empezado. Jaime le pidió al grupo que lo dejara ir, pero los muchachos respondieron que no.

Al ayudante le habían quitado la camisa, la cartera y hasta los zapatos, asegura Jaime. Preocupado, pidió que arreglaran la situación y la respuesta que recuerda haber recibido fue una muy simple: “O te vas sin él o no te vas”.

Jaime ya había visto noticias de otros repartidores de gas asesinados, incluso hoy todavía tiene en su celular la noticia del asesinato de otro vendedor de gas con quien tenía una amistad. Sabía que la amenaza era real. Se dio la vuelta y pidió a la vendedora de gas de la zona que intercediera. La señora llamó a alguien, que él asume era de la pandilla, y esa llamada fue suficiente para que el grupo accediera a negociar. “La onda está que nos das 80 bolas (dólares) y te damos tranquilo al bicho”, le respondieron.

Jaime no contaba con ese dinero de su propia bolsa. El dinero que tenía provenía de la venta de los tambos. Así que llamó a su jefe para explicarle que sacaría $80 de la ganancia del día.

“En esa situación, los jefes creen que uno es el que se presta o que uno lo hace por sacarle dinero a la empresa. Yo le llamé, y le dije: ‘Mire, aquí está este chamaco y lo tienen en un pasaje en la San Ramón y $80 quieren por dejarlo ir’”. Su jefe puso un poco de resistencia, asegura, y le pidió que negociara con la pandilla, que cómo era posible que quisieran más dinero si ya pagaban “renta”.

Jaime, exasperado, le dijo que mejor le entregaría el teléfono a los pandilleros para que negociaran con él a distancia. Él recuerda que, ante esa posibilidad, su jefe se negó y aceptó que se pagaran los $80.

Él sostiene que en los tres años que trabajó para la empresa repartidora de gas, fue constantemente amenazado, extorsionado y robado. “‘Al rato me van a matar, yo ya no voy a venir acá’, decía yo. Pero te ponés a pensar: tengo que pagar casa, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar recibos… y vos decidís que tenés que hacerle huevos. Al final, tenés que aprender a tratar con ellos. Yo tuve una de las rutas más cabronas. Pero ¿qué hacía? Pasaba en alguna tienda, compraba dos gaseosas y una caja de cigarros, y cuando ya veía que el bicho venía saliendo del pasaje, ya sacaba la soda y la caja de cigarros. Te los empezás a ganar”.

A finales del año pasado se cansó. No tenía otro trabajo, pero renunció. No podía seguir pensando que su vida corría peligro: “Me afectaba. Yo pensaba que en cualquier momento, alguien podía venir y, sin mediar palabra, me mataban y ya estuvo. Y en las noticias iba a salir ‘matan a repartidor de gas en tal colonia’. Parte sin novedad”.

El IPSFA, ante la incertidumbre

Ilustración
Privilegios. Existe todo un mundo de diferencia si se trata de un soldado raso o un oficial. Las oportunidades de conseguir mejores empleos están casi vedadas para los primeros.

El 27 de octubre, los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) vivieron momentos de incertidumbre. El pago que esperaban no llegó a sus cuentas bancarias. Las quejas llenaron las páginas de Facebook de las diferentes asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA, como por ejemplo una llamada Causa Justa.

“Favor presionemos, ya basta de escusas, es un deber que nos paguen el día estipulado. A ellos no les gustaría que les atrasen el sueldo”, escribió Lázaro Calles, pensionado del IPSFA, en la fan page de esa asociación. Este es uno de los comentarios que abonan a una labor que se ha vuelto general para beneficiarios de la institución cada fin de mes: informarse los unos a los otros si el dinero ya está entregado y en qué bancos se ha realizado dicho depósito.

El pago llegó para todos hasta el 30 de octubre, tres días después de lo pautado. Y la incertidumbre fue consecuencia de una situación: para 2018, el IPSFA iba a necesitar $60 millones del Presupuesto General de la Nación para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, solo le fueron entregados un poco más de $46 millones. Nadie sabía de dónde iban a salir los $14 millones faltantes.

“Estuve desde mis 17 años y cumplí los 30 de servicio. Toda mi juventud cumplí con el IPSFA. Mes a mes, no fallaron mis descuentos. Y ahora las autoridades deben de cumplir. No tenemos culpa de la pésima administración… lo duro es que uno también tiene sus compromisos, sus deudas, que no se las perdonan los bancos”, escribió Édgar Cáceres, otro pensionado, a través de un mensaje de chat en Facebook.

En un acto de rendición de cuentas realizado a principios del mes, el gerente general de la institución, René Antonio Díaz Argueta, fue consultado sobre este punto por los miembros de asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA. Dijo que esperaba “la ayuda del presidente”, Salvador Sánchez Cerén, un antiguo comandante guerrillero. “Creo que él nos va a apoyar”, aseguró frente a decenas de ansiosos pensionados, sin saldar las dudas.

Desde inicios de la década, el IPSFA ha dejado de ser una institución autosostenible. En 2011 ya se reportaban problemas de liquidez. La catástrofe sobrevino en 2016, cuando se anunció que la entidad no podría cumplir con sus compromisos sin una inyección del Estado.

Su modelo fracasó: está conformado por un solo fondo sostenido por aquellas personas que todavía trabajan y aportan sus cotizaciones, que actualmente son cerca de 39,000. De aquí debería salir lo destinado a pagar las sumas recibidas por aquellos que ya están retirados. Para 2018, el IPSFA cuenta con 21,734 beneficiados, entre pensionados por retiro, por invalidez y por sobrevivencia, y montepíos militares: sumas de dinero destinadas a las viudas y familias de fallecidos.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

Mauricio González es vigilante privado desde hace casi dos décadas. Fue uno de los beneficiados con la medida en 2003, que le permitió volver a cotizar con el IPSFA a pesar de que ya había pasado una década desde que había abandonado al Ejército, el mismo tiempo que pasó en Estados Unidos antes de ser deportado. Mauricio pronto cumplirá 60 años y tendrá los 25 años de trabajo necesarios para jubilarse. Con su cotización, él y los otros 23,000 que reingresaron en 2003 ayudaron a mantener a flote el fondo común del IPSFA. Sin embargo, es una especie de pecado original: ellos, que son los que actualmente se están jubilando, abonan a la insostenibilidad del sistema.

Mientras fue parte del Ejército, afirma, vivió algunas de las peores experiencias de su existencia. En una ocasión, dice, cuando se desarrollaba la Ofensiva Hasta el Tope de 1989, le encargaron realizar un operativo en el mismo cantón del oriente del país en el que se había criado. El resultado fue más de una docena de capturados, muchos de los cuales eran sus conocidos, sus familiares. De ellos, comenta, no tenía certeza de que pertenecieran o siquiera simpatizaran con la guerrilla. Tuvo que ir a sacarlos y, luego, “pasarlos por las armas”. A pesar de que esta institución, como él dice, lo obligó a hacer cosas muy difíciles, no está garantizado que, cuando al fin logre retirarse, cuente con la tranquilidad de una pensión constante.

La situación del IPSFA se agrava si se toma en cuenta que el número de pensionados crece año con año. Por ejemplo, en enero de 2015, 374 cotizantes se jubilaron. Esa cifra promedio no dejó de aumentar en los siguientes meses, hasta alcanzar un pico de 1,563 nuevos pensionados en junio de 2017.

En una solicitud de acceso a la información pública, se pidió el detalle de cada una de las pensiones entregadas por el IPSFA. La institución respondió, más bien, con rangos, que van desde los $122.01-$618 hasta los $3,098.07-3,592.07. Al primero corresponde el grueso de pensiones entregadas, sobre todo en lo relativo al nivel básico y a puestos administrativos (6,210), aunque también hay jefes y oficiales en el grupo.

Es una situación enormemente ventajosa contar con algún grado más allá de la tropa. Subsargentos, sargentos, tenientes, capitanes y generales pueden optar a jugosas pensiones, tomando en cuenta los salarios que gozan mientras están de alta. Así, hay hasta 345 pensiones superiores a los $2,200.

El próximo año se han destinado en el presupuesto general de la nación $69.3 millones, que todavía, sin embargo, no están totalmente financiados.

Ilustración

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Sin esperanza para la tropa

Los tres soldados cumplen su misión de este día en un ambiente de bostezo. Lo estipulado para la jornada es que acompañen, junto a sus armas largas, a uno de esos jeep militares que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha mandado a colocar en diferentes sectores de San Salvador como una especie de disuasivo para los delincuentes del país. Se sienten casi humillados: deberían estar patrullando en algún barrio cercano o trabajando en una labor más productiva.

A diferencia de lo esperado, esta mañana de octubre se muestran dispuestos a hablar de las condiciones de su trabajo, un acto que bien puede ser catalogado como rebelde según la ley orgánica de la Fuerza Armada.

La plática deviene en un catálogo de sufrimientos: jornadas de 12 días con solo tres de descanso; la obligación de dormir en catres con colchones viejos, ya inservibles, o en el suelo mismo; un rancho compuesto por apenas tortillas con frijoles, en los que alguna vez hubo huevos y queso, cuando el ministro de la Defensa prometió una mejora que, comentan, solo duró unos meses.

Sin embargo, lo que más resalta son sus sueldos. Uno de los más jóvenes, que ya lleva dos años en la institución, ahora es un soldado raso de nivel 1. Su sueldo es de $310, solo un poco más que el salario mínimo para el sector de servicios. Por lo menos, señala, ha sido un avance. Cuando estaba en el nivel 2 apenas percibía $250 al mes, algo que no ha mejorado para los miembros de la tropa a pesar del aumento al salario mínimo general. A eso hay que restarle los descuentos, como aquel entregado como cotización al IPSFA.

Igual suerte corre el cabo que lo tiene a su cargo. A pesar de ya tener dos décadas en la institución, su sueldo no pasa de $350. Y no lo hará nunca: ya superó los 27 años, la edad límite en la que un militar puede acceder a un curso para ascender a subsargento y comenzar, así, el camino como oficial de carrera.

Estos tres hombres entraron a la institución sin pasar por ninguna escuela. Solo se presentaron a adiestramientos y formaciones dentro de los cuarteles, duros como un golpe en la cara. Es posible que otro gallo les cantara si hubieran estudiado, por ejemplo, en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, donde asisten quienes luego se convertirán en oficiales de carrera, los jefes de hombres como ellos.

—Para hacer eso uno tiene que tener sus recursos, ¿entiende? –comenta uno de los más jóvenes, mientras acaricia el disparador de su fusil–. Alguien como yo, que se metió en esto porque no tenía qué comer, porque necesitaba sus monedas, ¿cómo va a andar soñando con escuelas militares?

Los tres provienen de otros departamentos del país y se describen a sí mismos como hombres de campo. Los tres, dicen, ingresaron a la institución porque les daba un mejor futuro, pensaron, que lo que les esperaba si seguían trabajando la tierra.

—Yo creo que por eso es que nos tratan como nos tratan, porque saben de dónde venimos, que no podríamos pedir mucho más –comenta el cabo, las manos en la cintura, en un gesto de resignación–. De pronto, se pasa la mano derecha por la nuca, como quien acaba de caer en la cuenta de que no le está permitido escapar. Hacerlo sería contraproducente. —Pero ya llevo 20 años aquí, ya me falta lo menos.

Al cabo le falta lo menos, solo cinco años de servicio, pero debe cubrir otros 10 para llegar a la edad mínima. Después de eso, recibirá una pensión idéntica a lo que mes a mes gana actualmente: le darían el 100 % de su Salario Básico Regulador (SBR), calculado con respecto al sueldo percibido en los últimos 10 años. Con eso, dice, se daría por satisfecho.

Quienes no lo están tanto son los dos jóvenes a su cargo, que no ven su futuro en la institución militar. Solo esperan cumplir con el tiempo de su contrato, de tres años, para buscar otras opciones. No importa, dicen, que con esta decisión pierdan lo cotizado en el IPSFA.

—Si saben que ustedes salen de la institución y no seguirán cotizando, ¿no les podrían entregar lo que ya cotizaron?

—¡Qué diablos! Yo conozco un montón de excompañeros que se han tenido que ir sin nada. De veras que de nada sirve cotizar para uno como soldado raso, si bien sabe uno que el día de mañana se va, si la vida de militar ya no es opción.

El testimonio de 10 exmilitares de tropa consultados por Séptimo Sentido da cuenta de esta situación, en la que el IPSFA se ha quedado con sus aportes, a pesar de que algunos tuvieron más de siete años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En este momento la prioridad en la institución es encontrar una forma para pagarle a sus pensionados, aquellos que cumplieron con los mínimos de ley para merecer una pensión. Todavía no hay un mecanismo claro para darle respuesta a la totalidad de soldados rasos que deciden dejar la institución una vez termina su contrato y deben dejar sus cotizaciones en el aire, como podría ser el caso de los dos jóvenes que esta tarde cuidan un jeep de guerra.

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La alternativa en la crisis

“Estamos conscientes de que es totalmente necesario realizar un proceso de cambio en nuestro sistema de pensiones”, asegura el presidente del IPSFA, Félix Edgardo Núñez, con anterioridad.

El cambio en el que se está pensando es mudar el actual modelo, el de un solo fondo solidario, a uno de cuentas individuales, como el de las AFP privadas, donde cada cotizante posee su propio capital.

—El trabajo del militar es sacrificado. Uno pasa mucho tiempo lejos de su familia, se pierde momentos importantes, y lo hace en el servicio de los demás, en desastres naturales. Además, no nos dejan tener sindicatos. Púchica, y si usted va a ver las pensiones que dan en otros ministerios, como Relaciones Exteriores, se quedara admirado, comenta el general Carlos Cáceres, quien fue jefe del Estado Mayor, en un restaurante de Santa Elena. Tiene 63 años y es pensionado del IPSFA. —Por eso no estoy de acuerdo en que se cambie el sistema a uno de cuentas individuales, porque eso significa que, en un momento dado, este se le va a acabar.

Cáceres también es el presidente de Causa Justa, organización de pensionados del IPSFA que nació en 2015 para exigir respuestas a las autoridades de esa institución sobre la venta a precio preferencial de varios terrenos a una empresa del entonces diputado Sigfrido Reyes, un caso que terminó archivado en la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por un mismo argumento: que, según dictamen de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en esas propiedades había trozos “inútiles” que bajaban su valor.

Pero esta no es la única historia de esa naturaleza en la que el IPSFA es protagonista. En 2009, por ejemplo, la Corte de Cuentas le puso varios reparos a una situación en particular: que la institución tasó de un año a otro y sin justificación a precios mucho menores varios de sus inmuebles. Los auditores sospechaban que la intención era vendérselos a terceros. Sin embargo el reparo se desvaneció como un simple error de contabilidad, pues no había ocurrido un desbalance en las cuentas generales.

A pesar de la opinión del general Cáceres, un cambio en la estructura es, precisamente, el bálsamo sanador que recomiendan expertos como María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, que mira en las ahora esenciales aportaciones del Estado hacia el IPSFA un gasto que pronto se volverá insostenible tomando en cuenta que la cantidad de pensionados crece mes a mes a un ritmo mayor al de los cotizantes.

La experta matiza su opinión al afirmar que el cambio debería ser gradual y que se tienen que considerarse otros elementos, como el porcentaje del salario que debe tomarse en cuenta para la pensión.

El general Carlos Cáceres, por su parte, afirma que una mejor opción es que sea el Estado quien asuma todas las pensiones de invalidez y sobrevivencia que resultaron como consecuencia de la guerra civil, y le deje al IPSFA las pensiones por retiro. Aún así, comenta María Elena Rivera, de Fundaungo, el modelo sería insostenible: casi la mitad de pensiones dadas son de esta naturaleza.

El militar joven vuelve a sonreír de forma irónica, como quien no encuentra una mejor forma para expresar su descontento, mientras cumple su misión de cuidar un automóvil de guerra para disuadir delincuentes. Ahora recuerda lo que ha tenido que pasar, los pandilleros que han amenazado a su familia porque sospechan que, en efecto, él es militar.

“Hubo alguien que dijo una vez que me había reconocido, que a mi mamá me la iban a entregar como que era calavera. Por eso mi gente se tuvo que mover de zona. Como le digo, ser militar no tiene cuenta”, dice, añorando poder ser uno de los que huyen en caravana, como aquella que vio pasar a unos pasos esta mañana. Para él, ser pensionado en su vejez no cabe ni en sus más locos sueños.

La clara mirada de Carmen Elena Trigueros

Carmen Elena Trigueros

Los ojos de Carmen Elena Trigueros bien podrían servir para definir la serenidad. Son verdes, casi azules, como el color del mar abierto cuando no lo azota ni una pizca de tormenta. También así son sus gestos, pausados, y su voz parece tener el tono perfecto para decir que todo estará bien.

Hilo y aguja. En su más reciente proyecto, Carmen Elena borda escenas de la vida cotidiana en El Salvador, muchas de las cuales saca de los periódicos, como esta imagen de consuelo.

Fuera de los círculos más académicos y museísticos del país, es más conocida por un tipo de trabajo que hizo una sola vez: un performance, una acción, en la que, vestida como empleada doméstica, lavaba una bandera de grandes proporciones en la plaza Salvador del Mundo. Fue parte de la bienal Adapte en 2014.
—Era la primera vez que hacía algo como eso. Estaba nerviosa –comenta la artista, quien se ha destacado, más bien, manejando el pincel e incluso cosiendo, una de las grandes pasiones que heredó de su madre, fallecida hace una década. —Acepté porque eso me sacó de mi zona de confort. Creo que ese debe ser el estado permanente de un artista: la incomodidad, el descubrimiento, la aventura –dice, sentada en las gradas que dan al cuarto donde duerme, justo encima de su estudio. Esa “habitación propia” que recomendaba Virginia Woolf.

“Lavandera”, como fue titulada la obra, buscaba ser una metáfora de la mujer salvadoreña, la que trabaja y sufre, sobre todo debido a los errores de sus hijos. Aquella que se encarga de lavar el piélago de sangre que sería nuestro país sin su esperanza. En esa ocasión, dice, no le importaron las críticas. Su mensaje, la reivindicación de la mujer, “llegó a nuevos públicos” a través de esta acción.

Carmen Elena posa naturalmente para las fotos, con una sonrisa abierta y echando de cuando en cuando la cabeza levemente hacia atrás, lo que contrasta con su reticencia para las entrevistas. Dice que tiene miedo a parecer una tonta que lo que diga no tenga sentido.

Una timidez que contrasta con una obra retadora, que ha sido exhibida en todo el continente, donde ha encontrado un público y, sobre todo, compradores. Menos, dice, que los que ha conseguido dentro del país, pero que ayudan a llegar a final de mes.

Su trabajo es uno en el que siempre hay espacio para la experimentación, como en su más reciente proyecto, una serie de cuadros hechos con hilos sobre diferentes soportes. Es un homenaje para su madre, costurera aficionada.  La idea es fijar en estas obras de arte, dice, las imágenes de la violenta cotidianidad salvadoreña, la que sale en los diarios y que ha dejado de conmover a una sociedad anestesiada por la desmesura de su realidad.

Allí está, formado ahora por negro hilo, el mismo material que sirve para zurcir una prenda estropeada, el cuerpo aún caliente de un joven asesinado cuando regresaba de trabajar. Un ser humano que ha dejado de serlo apenas hace unos momentos.

Allí está también el abrazo de una policía a una madre inconsolable frente a la escena del homicidio de su hijo. Allí está, también, como un proyecto siempre en desarrollo, una manta en la que pronto estará el rostro de Óscar Romero. Lo que destaca es el soporte: un trozo de tela que le perteneció a su abuela, que originalmente quizá fue un suntuoso mantel para una mesa de gala, después fue cortina, luego fue trapo. Ahora será el lienzo para el retrato de un santo.

La madurez. La artista decidió dedicarse al 100 % a su carrera después de que se separó de su exesposo. Su primera exposición importante ocurrió en 2003.

“Este pedazo de tela es como ese apego a algo que era de mi familia y que yo no he querido perder… Es mi relación con la esperanza, que se va perdiendo, desintegrando, pero yo no quiero que se muera”, dice.
No es la primera vez que transforma un objeto cotidiano, algo que por sí mismo no corresponde a un trabajo creativo, en una obra de arte. Lo hizo hace una década para la exhibición “Suite Sweet Love”. Un grupo de artistas españolas, que tenían una muestra itinerante sobre el matrimonio y sus rituales, la invitaron a participar.

No encontró mejor pieza que un libro hecho por su madre, nacida en Nicaragua, hace varias décadas. Era parte de su trabajo final para graduarse de bachillerato en un colegio de clase alta de Costa Rica. Es una suerte de manual sobre cómo ser la esposa perfecta. Lo colocó en una vitrina, como si de una reliquia de un tiempo remoto, de un lugar de nombre extraño, se tratara.
“Llegará el día en que, vistiendo las galas de novia, envuelta en albures de pureza y de alegría, te presentarás frente al altar del señor junto al hombre que amas para recibir las bendiciones del cielo sobre nuestro mutuo amor”, dice el inicio del cuaderno, ilustrado con recortes de la revista Life de la época.

La obra se llama, precisamente, “Llegará el día”. Un nombre que puede, también, tomarse con un cierto grado de humor: “Llegará el día en que esto nos parecerá cosa de risa”.
—Esto ahora nos puede parecer absurdo, pero en esos tiempos esa era la máxima aspiración de una mujer, encontrar un buen marido y vivir para su casa –dice Carmen, mientras hojea el volumen. Allí dice que la mujer debe estar siempre pulcra, bien vestida, para cuando regrese su marido de la oficina. La comida debe estar servida en la mesa. —Es sorprendente cómo ha cambiado el mundo en tan pocas décadas.

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Ser mujer y artista plástica en El Salvador

Carmen Elena descubrió el manual hasta después de la muerte de su madre, cuando le tocó ir para recoger sus cosas. Fue algo que parecía contrastar con la mujer que ella conoció: la transcriptora de las homilías de Monseñor Romero (era empleada del Arzobispado de San Salvador), la mujer de clase acomodada preocupada por los más pobres. También la alumna universitaria a sus 40 años.

“Ella varias veces me dijo ‘ay, qué dichosa que sos al poder ir a la universidad’”, dice Carmen, una mujer que se mira en el espejo de su madre.
Como ella, fue hasta el filo de las cuatro décadas que decidió seguir, en serio, su vocación. En sus años de juventud, sí, había producido obra, una que incluso ganó premios. En esa etapa, el principal tema era la violencia: niños (los que veía en los refugios de desplazados por la guerra) de semblante apagado, de mirada oscura, eran acompañados por las balas.
Luego se casó, vino la vida de familia y la carrera se estancó a unas pocas pinturas al año, que trabajaba con minucioso amor, sin la esperanza de que salieran de las cuatro paredes de su hogar. Era, entonces, un pasatiempo. Luego vino el divorcio y la posibilidad de probarse a sí misma.

En 2003, a sus 39 años, exhibió sus pinturas por primera vez en un museo, un amigo curador que se dio cuenta de que entre los tubos que guardaba en su hogar había una obra con personalidad propia. Fue casi como un juego, pero, desde entonces, las oportunidades fueron abriéndose a una obra original, sin muchas pretensiones, que ha cambiado con el paso de los años.
El arte, visto en El Salvador como una actividad poco más que lúdica, es rara vez capaz de generar ingresos suficientes para que una persona tenga una vida digna. Y, como en todas las esferas, el género sigue siendo un claro diferenciador.

—Por supuesto que por ser mujer siempre las cosas te van a costar un poco más –dice Carmen Elena, buscando en una caja las fotografías que guardan sus pinturas de los primeros años. —Yo veía a mis colegas hombres que podían dedicarse a su obra, a promocionarla al 100 %, porque alguien más, su pareja, les miraba la casa, les miraba a los hijos. En cambio a mí todo eso me tocaba hacerlo sola.

Allí está también el abrazo de una policía a una madre inconsolable frente a la escena del homicidio de su hijo. Allí está, también, como un proyecto siempre en desarrollo, una manta en la que pronto estará el rostro de Óscar Romero. Lo que destaca es el soporte: un trozo de tela que le perteneció a su abuela, que originalmente quizá fue un suntuoso mantel para una mesa de gala, después fue cortina, luego trapo. Ahora será el lienzo para el retrato de un santo.

Además, la mujer que se dedica al arte en El Salvador puede contar con una carga aún más dolorosa: la de no ser tomada en serio, que la obra personal sea vista como un capricho construido por alguien que no tienen nada mejor que hacer. Esa es una historia que se repite casi en cada mujer pintora en el país: Negra Álvarez, Mayra Barraza, Carmen Elena Trigueros, Mariana Peraza Cisneros, Ana María Medina y un largo etcétera.
Esta última, por ejemplo, asegura que no pudo exponer sino hasta que un par de sus trabajos formaron parte de una muestra de las piezas de su esposo, Armando Solís. Antes, ninguna sala en el país se había animado a mostrarlas.
Medina es parte de una organización que intentó acabar con la tendencia, el colectivo Matis. Más de una docena de mujeres decidieron unir esfuerzos para que su obra fuera tomada en serio. Montaron, así, exposiciones dedicadas, exclusivamente, a mujeres, en El Salvador y en Estados Unidos.
Sin embargo, ser hombre continúa siendo un elemento de estatus: las obras mejor vendidas, aquellas que sobrepasan los $5,000 por pieza, llevan la firma de varones.
Carmen Elena, ahora, ordena un poco mejor su amplio estudio, suficiente para que pueda pintar a sus anchas sin que nadie más en su hogar, a excepción de su perro, pueda cruzar por su espacio. En un rincón coloca una de sus más nuevas pinturas, donde cuatro niños, parados sobre la arena de la playa, miran sonrientes hacia adelante. Atrás de ellos, una ominosa nube de tormenta se acerca.
Para ella, su obra a veces puede parecer un exceso: dentro de decenas de tubos están los cuadros que ha pintado en 15 años, los que no ha podido vender. Otra parte está ahora en un restaurante de la capital. Dice que es un doble alivio: la desembarazan de objetos en su hogar y le permiten, de cuando en cuando, vender una pieza.
Este es un tema que rara vez se toca con un artista: cuánto se vende su obra. Carmen mira hacia arriba, como intentando hacer un rápido cálculo mental entre pigmentos e ideas creativas. Entrecierra los ojos y da una respuesta: quizá ha logrado vender dos de cada cinco pinturas que ha producido.
“No todos los años son iguales. Hay algunos en los que he vendido solo el 10 %, otros en los que me ha ido mejor. Cuando no se vende lo suficiente, uno debe ver cómo hace para vivir. Afortunadamente, yo me he acostumbrado a vivir con poco”, dice.
El dinero, sin embargo, siempre es un problema, tanto que puede definir en alguna medida el estilo de un artista. Ese, comenta Carmen Elena, es su caso: cada vez que trabaja en una tela, debe medir la cantidad de pigmentos que utiliza. Cada pincelada, por lo mismo, debe estar previamente planeada: cuánto de rojo llevará, cuánto de verde, cómo logrará un efecto con la mejor economía de recursos.
—Si pudiera comprar más materiales –dice, mientras toma uno de los pinceles de su escritorio–, sería capaz de probar, de intentar. Quizá mi carrera hubiera podido ser un poco diferente.

El dinero, sin embargo, siempre es un problema. Tanto que puede definir en alguna medida el estilo de un artista. Ese, comenta Carmen Elena, es su caso: cada vez que trabaja en una tela, debe medir la cantidad de pigmentos que utiliza. Cada pincelada, por lo mismo, debe estar previamente planeada: cuánto de rojo llevará, cuánto de verde, cómo logrará un efecto con la mejor economía de recursos.

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LA ARTISTA Y EL MUSEO

Carmen Elena recorre el Museo de Arte Moderno (Marte) como si fuera su propia casa. Este espacio existe gracias a otra mujer artista, Julia Díaz, quien lo fundó con el nombre de Galería Forma cuando regresó de su beca en Europa, en 1958.

Una de las primeras obras con las que se topa corresponde a Rosa Mena Valenzuela, que constituye uno de los mayores tesoros de esta institución: 66 de sus cuadros descansan, algunos en las paredes, exhibidos, o embalados a la espera de una nueva exposición.

Carmen Elena no puede dejar de ver uno de sus cuadros, es un autorretrato, fechado en 1970. La pincelada agresiva, los colores intensos, el aparente desorden de la composición hablan mucho de una artista, dice Carmen, “que estaba un paso más allá de sus contemporáneos, hombres y mujeres”.

Recuerda los lejanos días de infancia, en los que, por las vueltas del destino, pudo recibir un par de clases de parte de su admirada Rosa.

Recursos. Carmen Elena asegura que su nuevo proyecto tiene otra ventaja: es mucho más barato el hilo y las telas de soporte que pinturas y lienzos. Trabaja unas cuatro horas al día.

Es hora de avanzar hacia una de las primeras exposiciones. Se trata de “Hieleras”, del salvadoreño Mauricio Esquivel, una instalación que protesta en contra de las condiciones inhumanas en las que son detenidos los inmigrantes por la Patrulla Fronteriza en su camino por intentar llegar a Estados Unidos. El frío excesivo producido por el aire acondicionado, rejas como grandes jaulas y las colchas con las que son cubiertos los aprehendidos (en formas de panal, doradas y plateadas) crean una atmósfera de ofuscamiento, como de nave espacial.

Carmen mira la obra y se detiene a pensar en la astucia de su autor, quien ahora reside en Estados Unidos. No solo en la mostrada en este trabajo, sino en piezas aún más radicales, como aquellas en donde la herramienta de trabajo es el cuerpo del autor. Una de estas es “Líneas de referencia”, de 2009.

Allí, Esquivel se tatuó en el torso una Y, parecida a la de aquel esquema realizado por el forense cuando corta un cadáver en una autopsia para luego extraer los órganos.
“Es como una advertencia de tu propia mortalidad. Más en este país, donde ser un hombre joven y pobre es un factor de riesgo. Te soy sincera, yo nunca haría un trabajo como ese”, dice Carmen Elena, justo antes de entrar en la exposición más grande del museo, “Diálogos del arte salvadoreño”: más de 115 obras de 86 artistas distintos, una mirada rápida a lo más reciente de la producción nacional.

La primera pieza es un video realizado por uno de los artistas más famosos dentro de El Salvador: El Cracky Rodríguez, mejor conocido por su performance de marzo de 2015, en el que se comió una papeleta de votación. Desde allí ha cargado con el mote de “El Comepapeletas”.

En el video de la muestra, Rodríguez permanece de pie en medio de la 25.º avenida norte, en San Salvador, con un pupitre al frente. Cuando el tráfico se lo permite, lanza el objeto en uno de los carriles para empezar a destrozarlo a fuerza de golpes. De pronto, un cambio de cámara lo coloca en la misma vía, pero en un día distinto, en medio de una marcha que conmemora la marcha del 30 de julio de 1975, en la que decenas de estudiantes salvadoreños fueron masacrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Carmen asegura guardarle un profundo respeto al artista, que no llega a los 40 años.

“Es que nunca pasa inadvertido. Siempre hay algo en su obra que te hace voltear a ver. Puede parecerle ridículo a muchas personas, pero logra establecer una conexión con el espectador en la mayor parte de las veces que lo intenta”, dice sobre un colega de una generación posterior.

Decenas de cuadros después, Carmen decide que es suficiente por hoy. Su mirada, del verde que bien podría definir la serenidad, debe regresar a su casa, allá donde ha sido capaz de construir, con los limitados recursos del arte, su propia habitación.

Habitación propia. En su casa de Santa Tecla, donde vive junto con su hijo, ha dedicado la parte superior para que se convierta en su espacio para trabajar. Allí también guarda decenas de obras.

“La gente quiere distorsionar a Monseñor Romero para legitimar su mundo”

José Jorge Simán Amigo de Monseñor Romero

Pepe Simán tiene 82 años y en los últimos días ha estado ansioso. Camina lento hacia su estudio, un salón lleno de libros, premios y tarjetas de cumpleaños. Ahí muestra algunos de sus escritos. Antes de sentarse a conversar, advierte algo: este miércoles no se dejará tomar fotografías. Ahora quiere platicar.

“Imagínese, yo era el turquito Simán que llegó a pedir trabajo a ADOC”, dice con humor. La figura de Pepe Simán es un tanto ecléctica. Estudió economía y filosofía. Cuando era joven, se salió del próspero negocio familiar y solicitó trabajo a una zapatería. Ahí creó el Departamento de Mercadeo. Fundó empresas, fue director de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y, además, se interesó por promover actos artísticos, hacer eventos musicales y traer cine a El Salvador. En esa vida tan variada que llevó, conoció a Monseñor Romero. Pero el primer encuentro de los dos fue una discusión.

En los años sesenta, José Jorge Simán fundó la Oficina Católica de Cine y realizaba cine foros. Cuando Romero fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador, los dos no coincidían en cuál debía ser la misión de esa oficina: ¿Debían formar al público o censurar las películas? A juicio de Simán, Monseñor Romero era entonces muy tradicional, y él, como otros católicos, no esperaba mucho del cura.

Décadas después, Pepe Simán sale de su estudio y camina hacia el fondo de su casa. Ahora no queda ni un solo reclamo al sacerdote del que una vez dudó. En la parte trasera de su casa hay un gran jardín con pasto y una pequeña cancha de básquetbol. En el corredor de enfrente hay orquídeas fucsia, una mesa de comedor, una hamaca, un radio y unos sillones. Desde acá se tiene una vista privilegiada de San Salvador, sus edificios y su catedral.

“Me dejó jodido porque uno debe transmitir honradamente lo que uno vivió”, le dice a una periodista 38 años después del homicidio de Óscar Arnulfo Romero. Así inicia esta plática que se divide en dos atardeceres de octubre. Simán dice que siente una gran responsabilidad y que intentará comunicar bien sus impresiones. En los últimos días ha tenido una agenda ocupada porque de la televisión y los periódicos no dejan de llamarle para entender de manera más íntima a su amigo, ese que este domingo cumple su primer día como santo de la Iglesia católica.

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LA DECEPCIÓN PERDIDA

“Vaya, Pepe, ahí está tu arzobispo”, cuenta José Simán que le dijeron sus amigos, en tono burlesco, a principios de 1977, cuando Óscar Arnulfo Romero fue puesto al frente de la arquidiócesis de San Salvador. Para completar la burla, un amigo le llevó hasta su casa la foto de monseñor que había salido en el periódico. Sus amigos sabían que él era alguien muy católico y también sabían que Romero no era santo de su devoción.

José Simán ya había discutido con Romero y la idea de que esa persona fuera ahora el líder de la arquidiócesis no le hizo mucha ilusión. En realidad, de Romero “todos los indicios” apuntaban a que el de este cura sería “un tipo de apostolado pacato, espiritualista y puritano, más inclinado a la componenda con los poderosos que a la solidaridad insobornable con los pobres”. Así escribió en 1980 el sacerdote español Ignacio Martín-Baró.

Simán esperaba que el siguiente arzobispo fuera monseñor Rivera y Damas, un religioso a quien sectores poderosos y conservadores tenían catalogado como “comunista”. Pero, al final, quien fue seleccionado fue justo el obispo auxiliar con el que se había enfrentado por un tema del cine.

Coleccionista. José Simán tiene muchas estampas, en medio de sus libros, en las que el rostro y las palabras de su amigo son los protagonistas.

Ahora, desde una silla y viendo a San Salvador, recuerda cuando aceptó que tendría que pedirle disculpas y ofrecerle su ayuda para trabajar. Se tragó los recelos y fue donde Monseñor Romero. Así iniciaron una amistad.

No pasó mucho tiempo hasta que Simán empezó a organizar desayunos y almuerzos para que Romero llegara a su casa. A veces hablaban de realidad nacional y discutían violaciones a los derechos humanos con otros religiosos y laicos. En otras ocasiones, preferían descansar.

En el diario personal de los últimos dos años de su vida, Romero mencionó 15 veces el nombre de Pepe Simán. En todas se refiere a él como un amigo, como alguien que le pide consejo, pero también como alguien con criterio importante para el arzobispo. “La cordialidad de este hogar, que me brinda mucha amistad, es para mí también un oasis en mi trabajo”, dijo Monseñor en la grabación de su diario el 31 de agosto de 1979.

Romero se convirtió en la voz de denuncia de los abusos de poder y, poco a poco, Simán fue comprendiendo que la figura de su amigo había trascendido fronteras. “Yo iba a otros países y me decían ¿qué tal el arzobispo Romero? La gente me preguntaba por Romero más que por El Salvador. Yo me quedaba asustado”.

Ay, don Pepe, dígale a sus amigos ricos que yo no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que aquí hay más pueblo.

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LO QUE ROMERO RETÓ

“Ay, don Pepe, dígale a sus amigos ricos que yo no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que aquí hay más pueblo”, le dijo un día Monseñor Romero a Simán. El empresario asegura que esa era una preocupación dentro de algunos grupos de poder económico de El Salvador. La Iglesia había estado, por tradición, cercana a ellos, y con Monseñor Romero las cosas eran distintas.

En 1977, el padre Rutilio Grande fue asesinado junto con otras dos personas. “Por primera vez en lo que luego habría de convertirse casi en rutina, Monseñor Romero acude a Aguilares a recoger los cadáveres de un sacerdote y dos cristianos asesinados como testigos de la fe. Con el padre Grande empieza su vía crucis arzobispal. ‘A mí me toca ir recogiendo cadáveres’, comentará después”, recogió Martín-Baró en su texto “Una voz para un pueblo pisoteado”.

El arzobispo se convirtió en una voz que, por ser conciliadora de los derechos humanos, se consideró combativa. Romero ofició tanto misas de empresarios asesinados como de campesinos. Se cuidó de que la Iglesia no fuera utilizada con fines partidarios, pero tampoco negó sus oficios. Una vez, recuerda José Simán, dijo Monseñor: “Alguna gente me ha llamado para que no diga la misa del padre Barrera porque andan diciendo que es comunista… No, yo la voy a decir, porque la Iglesia es madre de todos sus hijos”.

Simán hace una pausa y respira profundo: “Púchica, mirá, todavía casi se me salen las lágrimas cuando pienso en esos momentos”.Frente a unas orquídeas, Simán continúa narrando: “La gente quiere distorsionar a Monseñor para legitimar su mundo. Tenés el ejemplo de la guerrilla, agarraban cosas que él decía… no completas”. A juicio del amigo del mártir, el propio Romero fue consciente de cómo intentaban usarlo, no solo a él, sino a la Iglesia, como símbolo político.

Por eso cuenta que hace unos días, cuando se encontró con algunas personas del actual gobierno, les pidió que dejen de utilizar la figura de Monseñor como algo divisorio: “Dejen de estar hablando babosadas de Monseñor. Monseñor debería llevar a la unidad de los salvadoreños”.

—¿Monseñor alguna vez mencionó que sabía que algunos sectores querían utilizar su imagen?
—Por supuesto. Es que él repite varias veces que él no está con ningún lugar político, ningún partido. Yo no quiero juzgar. Me da tristeza que los salvadoreños, teniendo un santo que ha entregado su vida al servicio, que ha pensado en la gente, al que la gente le tiene devoción y amor, no lo celebremos porque hay gente que dice que era comunista. ¿Qué saben sobre qué es ser comunista?

Devoto. En su estudio, don Pepe Simán guarda con cariño ilustraciones y fotos con el ahora santo Óscar Arnulfo Romero.

Para el empresario, la idea que Romero proclamó era que El Salvador está lleno de gente pobre, y que esa gente pobre es tan importante como la gente con más dinero. Esto era algo refrescante de escuchar, pues José Simán se movía dentro de estos circuitos de poder. Desde su familia hasta sus amigos formaban parte de ellos.

—Usted ha dicho que su cercanía con Monseñor Romero causó cierta confrontación con los empresarios. ¿Cómo vivió eso familiarmente?
—Igualmente. Una vez llegué a la playa y me empezaron a vitorear “Romero, Romero”, riéndose de mí, pues. Decían: “Es que este Pepe no entiende, ese curita…”. La vida te va enseñando. No tenés que estar arriba, hay gente humilde que da 100 veces más de lo que uno da. Se entrega, no come. Eso es ser cristiano. Eso es respetar a las personas, y los salvadoreños somos personas, aunque no lo quieren entender. No somos robots, no somos máquinas, y nos deben tratar como personas.
—Cuando usted dice “no lo quieren entender”, ¿a quiénes se refiere?
—A la gente que critica a Monseñor Romero, lógicamente, porque si ellos quisieran entenderlo, comprenderían que deben tomar unas medidas para facilitar las cosas.

Ese distanciamiento que Pepe Simán hace de un sector empresarial no debe confundirse con una negación de esa parte fundamental de su vida: “Yo me siento orgulloso de ser empresario, pero sí me da rabia que me confundan con delincuentes porque, ¿qué sería este mundo sin empresarios? ¿Cómo intercambiaría la gente sus cosas? El problema que hay que pensar, al hablar de empresarios, es que pueden ser millonarios y tenerlo todo, pero ¿son personas?”.

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LAS PALABRAS DEL CÍRCULO DE ROMERO

“Lo que la gente no entiende es que él era muy humilde y hablaba en esa voz coloquial, pero ¿qué sucedía? Cuando agarraba el sermón, tenía una voz maravillosa. En lo personal era shhh, shhh, hablaba muy suave. Esta gente no entiende… para que me haya dicho en ese momento, aquí parado: mire, yo no tengo que ser obispo”, dice Pepe Simán, y señala hacia el corredor de enfrente.

El sol cae en esta tarde de miércoles y las nubes se tornan rosadas. Simán continúa su relato: conforme las tensiones políticas previas a la guerra aumentaban, había gente que acusaba a Monseñor Romero de buscar atención, mientras que el arzobispo, tranquilo, afirmaba que él no necesitaba un alto cargo, sino que se respetara a la gente. Hace 39 años, en una tarde de octubre como esta, Romero llegó a esta casa abrumado, como lo consigna en una entrada de su diario de 1979, solo cinco meses antes de que lo asesinaran.

“Esta mañana ha habido muchas visitas de sacerdotes y fieles en el arzobispado. Fui a almorzar a la casa de don Pepe Simán, ya bastante tarde, pues tuvimos que retardar por estas visitas y consultas. Me sentía muy abrumado por no encontrar comprensión en el ambiente acerca del momento político y de la actitud de la Iglesia”, quedó registrado.

Un día antes de eso, en su homilía, él había denunciado algunas promesas incumplidas de la junta de gobierno y había criticado la violencia de los grupos de extrema izquierda.

Por defensor. Monseñor Romero ha sido considerado el primer defensor de los derechos humanos en El Salvador. Sus homilías desafiaron un sistema de represión e injusticia contra la población civil.

Esta casa de la colonia Escalón poco a poco se convirtió en un lugar donde Monseñor Romero no solo se sentía tranquilo: también era seguro para discutir la situación del país. Simán recuerda algunos nombres de las personas que eran asiduas a estos encuentros: monseñor Rivera, monseñor Urioste, los sacerdotes Estrada y Moreno, César Jerez, Héctor Dada y, a veces, el ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez.

En alguna ocasión Pepe Simán fue una especie de puente para gente de cierto poder y con inquietudes de justicia que quería conocer a Monseñor Romero. Los cargos y la gente importante, recuerda, no desconcertaban al santo. En alguna ocasión, agrega, vino gente del extranjero a discutir algunos temas urgentes con el arzobispo, pero este no aparecía. Él pensó: “¿Dónde demonios se me ha ido a meter este?”. Salió a buscarlo porque quería iniciar la reunión, “y él, tranquilo, estaba orando en el santísimo”.

Los años en los que Monseñor Romero fue arzobispo estuvieron marcados por la intensificación de la represión contra fuerzas campesinas y la radicalización de movimientos de izquierda.“Las dimensiones de la represión constituyen un verdadero sufrimiento para Monseñor. Diariamente tiene que recibir en el arzobispado a decenas de gentes acosadas por la violencia de los cuerpos militares o paramilitares y que vienen a Monseñor para buscar protección y ayuda, para denunciar los atropellos y asesinatos, o simplemente para encontrar un poco de consuelo espiritual y humano. Monseñor a todos recibe y a todos atiende. Pero su voz profética se vuelve más y más colérica a medida que es alimentada por un mayor torrente de dolor y sangre popular”, escribió hace casi 40 años el intelectual y jesuita Ignacio Martín-Baró, quien también fue asesinado.

Simán cree que las homilías de Monseñor Romero eran tan escuchadas porque “daban ese sentido de esperanza, de servir a los demás, de ser hermano, de seguir a Jesús, amar a Dios y al prójimo… Monseñor Romero está presente, pero hay gente que lo distorsiona, que lo ataca, porque cuestiona cosas que no están correctas en el país. Esa es la razón (por la que en algunos sectores aún no es aceptado). Porque cuestionó cosas que no significaban amor al prójimo”.

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Monseñor Romero acude a Aguilares a recoger los cadáveres de un sacerdote y dos cristianos asesinados como testigos de la fe. Con el padre Grande empieza su vía crucis arzobispal. ‘A mí me toca ir recogiendo cadáveres’, comentará después”, recogió Martín-Baró en su texto “Una voz para un pueblo pisoteado”.

TRAS EL ASESINATO

En este contexto de violencia, amenazas y represión, Romero se rehusó a contratar algún servicio de seguridad armado:

—Me imagino que para el final de los setenta, la mayoría de empresarios andaban con seguridad privada…
—No necesariamente –responde.
—¿Usted tenía seguridad?
—No, nunca he tenido.
—Monseñor Romero tampoco tenía seguridad, y la rechazaba. Solo lo acompañaba su motorista.
—Sí, Monseñor tenía un motorista maravilloso, simpatiquísimo, buena gente.
—¿Usted no escuchaba que le dijeran que tenía que andar con alguien armado?
—Ah, sí, por supuesto. Pero él decía que no.
—¿Cuál era su opinión al respecto?
—¡Lo mismo! Era un hombre de Dios, no un militar, no un empresario.

Familia amiga. La casa de José Simán fue un espacio en el que Monseñor Romero no solo compartió momentos de fraternidad, sino que también realizó oficios religiosos.

Después de que Romero fue asesinado, el 24 de marzo de 1980, José Jorge Simán, tuvo que irse de El Salvador. Y no porque él lo quisiera. Se sintió amenazado.

Pepe Simán asegura que se fue del país tras escuchar un audio con la voz de Roberto d’Aubuisson en el que lo señalaba de tener contactos con comunistas en Cuba. D’Aubuisson fue diputado de la Asamblea Constituyente de 1982.

Para Simán, ese audio fue primordial para tomar la decisión de irse del país, mientras las cosas se calmaban.

“Lo de D’Aubuisson es claro. Yo oí una mención que él mandó donde mencionaba a Schafik Hándal y a mí como contacto en Cuba. Yo por eso decidí irme, pero creo que los cristianos tenemos que tender (a la) misericordia, la historia de la Iglesia no es guardar rencor”, sostiene.

Simán planeó irse de su país con su familia por tres meses, pero esos meses resultaron ser más de 10 años fuera. “Me fui porque mis hijos me llamaban y me decían ‘papi, hay tiros enfrente. Papi, hay balazos’. Fueron 14 años. Cuando ya estaba pensando en regresar, me tiraron una bomba aquí, en la casa, y me quedé en Carolina del Norte, y los cipotes empezaron a estudiar”. La noche cae sobre San Salvador y las luces de los edificios de enfrente se empiezan a encender.

Devoción. Teinta y ocho años después del asesinato de Monseñor Romero, José Simán se preparó para viajar a Roma a la canonización del primer santo salvadoreño.

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ROMERO, EL SANTO

El segundo día que Pepe Simán recibe a un par de periodistas en su casa va vestido con un traje color claro y está listo para las fotos. Camina hacia el patio y asegura: “Lo que me interesa es llevar el mensaje de que Monseñor Romero era amor”.
Luego, muestra algunos espacios de su casa donde el arzobispo más famoso de El Salvador realizó algún oficio religioso, donde comían y el lugar en el que platicaban.

Algunos cuadros han cambiado de lugar, pero los muebles y accesorios de la casa siguen siendo los mismos que se observan en algunas fotografías con Romero.
Simán posa para algunas fotos, habla de algunas de sus pinturas favoritas que cuelgan en su sala y se dirige de vuelta a su estudio.

Ahí, entre pilas de libros, guarda algunos pósteres de Monseñor Romero y una credencial con especial cuidado. Es el carnet que se colgó al cuello el día de la beatificación.
Hace tres años, solo tuvo que recorrer 14 minutos en carro para llegar al acto donde Óscar Arnulfo Romero fue nombrado beato.

Al momento de esta plática, solo falta una semana para uno de sus viajes más significativos y quizá, cansado, pregunta a los periodistas si ya entendieron cómo ve él a Monseñor. Se da por satisfecho con la respuesta afirmativa que recibe y vuelve a sus preparativos. El recorrido de este año toma más de 10 horas en avión. Es hacia Roma, para ver cómo la Iglesia católica proclama santo al hombre que fue su amigo.

Recuerdos. José Simán conserva con especial cariño las fotografías de los años en los que logró compartir algunos momentos con el arzobispo de San Salvador.