La voz nicaragüense en El Salvador

Protestas
Protestas

Una manera de entender el presente es echando un vistazo al pasado. Lo sostiene Luis Sepúlveda, escritor y periodista chileno. Lo refuerzan Diana Domínguez y Diego Mendoza, nicaragüenses residentes en El Salvador. La historia se repite 40 años después de la revolución sandinista. El considerado como uno de los países más seguros de la región, con una tasa de homicidios de siete por cada 100,000 habitantes, vive una crisis política que ha cobrado decenas de vidas. Esta vez, los papeles se han invertido. En Managua, Masaya, Granada o León, la población se toma las calles y va en contra del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. A más de 400 kilómetros de distancia, en El Salvador, Nicaragua también se vive con angustia.

Hasta el momento, no hay una cifra oficial que aclare cuántos nicaragüenses residen de forma legal en El Salvador. Sin embargo, en la Encuesta de Caracterización de Migrantes Nicaragüenses con Arraigo en el Oriente de El Salvador (2012), elaborada por la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), se determinó, tomando como base el último Censo de Población y Vivienda (2007), que la población nicaragüense en el país ascendía a 6,958 habitantes. De esos, 52.7 % eran hombres y 47.2 % mujeres, con un 75.9 % en el área urbana y un 24.0 % en la zona rural.

Las estadísticas pueden variar. Lo que por ahora uniforma el ánimo de los entrevistados es el sentimiento que mezcla miedo, repudio, indignación, coraje y orgullo de llevar la sangre nica en sus venas. Al menos, eso aseguran. Esta es la historia, voz y testimonio de algunos de ellos, quienes desde lejos ven lo que ocurre en su tierra natal.
La cita con Diana Domínguez es bajo el suave sol de una tarde en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Ella es nicaragüense, tiene 40 años y es originaria de León, ciudad en el oeste de Nicaragua. Se sienta con cuidado en las bancas de un centro comercial, a pocas cuadras de su residencia, a la que describe como una burbuja, apartada de la realidad. Las primeras palabras que salen de su boca son para quejarse de los problemas que tuvo hace unos días en el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino al tomar un vuelo con destino hacia El Salvador. De hecho, todavía carga con su pasaporte y residencia. También con el dolor y repudio a lo que denomina el “régimen dictatorial de la pareja Ortega-Murillo”. Reconoce ser sandinista, pero no orteguista.

Domínguez ha vivido 17 años en el extranjero. La mayoría del tiempo en Europa. Vino a El Salvador en agosto de 2017. Forma parte de una generación nica que sufrió los embates de la guerra en los años ochenta. Sus padres, como muchos, trabajaron en el gobierno sandinista que vino tras esta, en donde, según ella, se soñaba con construir un mundo mejor. Dieron la vida para ello. Es una herida que no estaba bien sanada y que se ha reabierto con los últimos sucesos, pero también es para ella un proceso que reivindicó mucho a la mujer. “La mujer nicaragüense es brava, de temple, que lucha al lado del hombre. Si vos te fijás, las líderes de los movimientos estudiantiles son mujeres”, explica.

Ella es una de esas mujeres. Su mirada es profunda y habla con propiedad. Ahora está en tierra ajena, pero tanto el 28 de abril como el 9 de mayo participó en la Marcha por la Justicia y Democratización de Nicaragua. Estando ahí, se dio cuenta de que había en todo ese ambiente un aire de futuro, de esperanza, de unidad.
“El pobre caminó al lado del rico, por primera vez la bota de hule del campesino que carga un machete se unió con el zapato de marca de una persona que tiene mucha plata”, describe.

Y la compara con la entrada de 1979 en Managua. Es decir, cuando los campesinos y guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confluyeron, en el inicio de la revolución, unidos bajo un solo objetivo: derrocar a Anastasio Somoza. Esta fue una de las primeras impresiones que tuvo Domínguez después de haber presenciado las marchas.

El origen de ellas es la gota que derramó el vaso. En primer lugar están las reformas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Uno de sus puntos era –según la publicación del Gobierno en La Gaceta, diario oficial– la deducción del 5 % de las pensiones. Decisión anunciada el 16 de abril, publicada dos días después en el diario oficial y revocada el 22. Sin embargo, fue demasiado tarde. El caos ya había iniciado.

“¿Vos te imaginás para un adulto mayor, que recibe una pensión mísera, todavía tener que dejar 5 % más sobre lo que recibe porque el INSS se fue a la quiebra gracias a un mal manejo de fondos?”, expresa Domínguez. De su cartera extrae una serie de papeles con datos. En uno de ellos se menciona que cuando Ortega recibió el INSS en 2007, había un superávit de más de 1,000 millones de córdobas ($31 millones). A partir de 2013, este comenzó a estar en números rojos. De hecho, según publicó el Banco Central de Nicaragua (BCR), de 2013 a 2015, esta entidad tuvo su peor déficit económico en los últimos 16 años.

No obstante, la reforma no fue lo único que exacerbó los ánimos nicas. También el incendio (por supuestas causas naturales) de la Reserva Biológica Indio Maíz, a inicios de abril, que quemó, según informes oficiales del Gobierno, más de 4,500 hectáreas de bosque.

Se trata de una de las reservas tropicales más importantes de Centroamérica, de acuerdo con organizaciones medioambientales. Incluso se habló de la catástrofe ecológica más dramática que Nicaragua haya experimentado. Sin embargo, la ayuda internacional de Costa Rica, país vecino, fue rechazada: 40 bomberos y 10 vehículos. El Gobierno optó por reforzar la zona con soldados del ejército y con un helicóptero cisterna de la Fuerza Aérea Mexicana, según informaron los medios nicaragüenses.

Todos los asesinatos que ocurrieron fueron de jóvenes por balazos certeros en la cabeza, en el cuello y en el pecho, relata Diana Domínguez. “Lo que queremos es que la dictadura de Ortega-Murillo se vaya del país y estamos dispuestos, como nicaragüenses, a que se hagan unas elecciones limpias, porque lo que queremos es un proceso de transición pacífico. Esos hijos no se los devolverá nadie a sus madres. Nadie devolverá esos padres a los niños que quedaron en la orfandad’’.

“Es casi imposible que el incendio se haya generado de forma espontánea, ese fue un incendio creado, de eso estamos seguros”, manifiesta Domínguez.
El 18 de abril comenzaron las protestas. Los estudiantes se atrincheraron en las universidades (UPOLI, UNA, UNI y UCA). El resto es historia. En opinión de Diana Domínguez, la orden que dio el Gobierno a través de la Policía fue matar, no herir ni dispersar. Sesenta y tres muertes han sido, hasta el cierre de esta nota, el resultado a lamentar.
Todos los asesinatos que ocurrieron fueron de jóvenes por balazos certeros en la cabeza, en el cuello y en el pecho, relata Domínguez. “Lo que queremos es que la dictadura de Ortega-Murillo se vaya del país y estamos dispuestos, como nicaragüenses, a que se hagan unas elecciones limpias, porque lo que queremos es un proceso de transición pacífico. Esos hijos no se los devolverá nadie a sus madres. Nadie devolverá esos padres a los niños que quedaron en la orfandad. Nadie va a restituir el dolor que tenemos de que se está repitiendo la misma historia de hace 40 años… cuando había un dictador, Somoza”.

***

EL SENTIMIENTO DETRÁS de las palabras de Domínguez es compartido por Diego Mendoza, nicaragüense de 19 años. Para él, lo ocurrido en su país es un malestar acumulado de muchos años, donde el problema no solo fue la reforma al INSS, sino la reelección de Ortega en 2016 y la decisión de colocar a la primera dama, Rosario Murillo, como vicepresidenta. La misma que llamó “grupos minúsculos, almas pequeñas, tóxicas y llenas de odio” a los manifestantes.

Miedo. Como algunos nicaragüenses, Diego Mendoza prefiere ocultar su rostro. La razón: el temor al régimen.

Diego Mendoza vive en El Salvador desde 2010. Cuando estalló la crisis en Nicaragua, el 18 y 19 de abril, fueron momentos muy difíciles en su hogar. Él se quedó con la sensación de estar con los brazos cruzados. Sus padres, llenos de incertidumbre.
El resto de su familia está distribuida en Managua. Unos viven en la parte norte, otros en el centro. En los días de la efervescencia, fue necesario hacer llamadas telefónicas para saber, con mayor exactitud, lo que pasaba o estaba por ocurrir. Junto a las llamadas se acrecentaba el deseo de estar con los suyos. Aquí o allá.

“Mis primos me decían: ‘Sí, las cosas están feas’. ‘¿Dónde están?’, pregunté yo. ‘Estamos en la marcha’, respondieron. ‘¿Quieren que me preocupe más?’, dije. ¿Es que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. No nos podíamos quedar en la casa’, me contestaron”, comenta.

Mientras en Nicaragua cada muerte encendía más la llama del universitario, en la casa de Mendoza se empezaba a escuchar música de los años ochenta, es decir, de la revolución sandinista. Música que habla sobre una población unificada y llena de esperanza: “Nicaragua, nicaragüita, yo sé que te veré un día libre y por eso te quiero más”.
“Lloré, son cosas que te dan sentimiento, te remarcan que venís de un pueblo luchador, quizá no el más rico de Centroamérica, pero sí uno que ha librado grandes batallas”, menciona Mendoza.

—Hombre, si estuviéramos allá, yo al menos al paro hubiera ido –afirma su madre.
—Hombre, yo quizá ni al paro, sino a las marchas universitarias –responde él.

En una de esas marchas murió Álvaro Conrado, de 15 años. Era estudiante de cuarto año del Instituto Loyola. Según medios internacionales, se trata de la víctima más joven en las protestas. De acuerdo con el acta de defunción emitida por el Hospital Bautista de Managua, un disparo de arma de fuego le provocó lesiones en la tráquea y el esófago. Los daños fueron irreversibles.

“Su pecado fue llevarle agua a los estudiantes en las protestas del 20 de abril”, expresa Mendoza, quien, de igual forma, destaca el papel que han jugado las redes sociales para convocar e informar de lo sucedido en las manifestaciones. Gracias a ello, se ha enterado de todo. No confía en los medios de comunicación porque en su mayoría son controlados por Ortega.

Un reportaje del medio digital Onda Local reveló que ocho de los nueve canales en televisión abierta que existen en Nicaragua son controlados por la familia Ortega-Murillo, así como la dirección del sistema informativo de Canal 2.
“¿Cómo en dos días se pudo arruinar lo que le costó tanto al gobierno de Daniel Ortega?”, se cuestiona Mendoza. Por unos cuantos segundos guarda un profundo silencio. Luego se vuelve a soltar. No cree que la situación en Nicaragua se normalice al 100 %, mucho menos que el Frente Sandinista vuelva a ganar otro período presidencial.
“Después de las muertes y violaciones a los derechos humanos, la comunidad universitaria será un factor clave para que el Frente Sandinista no vuelva a ganar”, vaticina.

***

Dividida. Tamara nació en El Salvador, pero se siente más identificada con Nicaragua. Su madre siempre le dijo que lleva la sangre caliente de un nica y el ser político de un salvadoreño.

TAMARA GARCÍA, de 23 años, tiene doble nacionalidad. Es estudiante universitaria. Nació en El Salvador. Pero los mejores años de su vida están a más de 400 kilómetros: en Monte Tabor, un barrio a las afueras de Managua. Lo visita en cada vacación. Allá dejó clavada su niñez.
Su papá es nica. Su mamá, salvadoreña. Ella vivió 15 años en Nicaragua, es decir, un pedazo de guerra y posguerra. Ahora, cada quien está por su lado. La familia de García, en su mayoría, emigró hacia Estados Unidos en pleno conflicto armado. Sin embargo, una parte se quedó en Monte Tabor. Como su padre, quien vive allá desde 2015. Es comerciante, se dedica a vender automóviles. O, al menos, eso hacía antes de que estallara la crisis política. Desde entonces, apenas y ha podido salir de su casa. Tampoco ha recibido muchas llamadas de personas interesadas por algún coche.

El contacto de García con su familia ha sido diario. Su tía abuela de 83 años incluso ha dicho que la situación está peor que en el conflicto armado. Su padre, quien ha estado en las marchas, comparte todo tipo de información. Entre más visible se haga, mejor, consideran. Primos, tíos, tías o conocidos. Siempre han sido de esas familias grandes que se crecen en un barrio y todo el mundo los conoce. Allá, dice, el apellido García pasa desapercibido. Son reconocidos como los Siqueira. No solo en Monte Tabor, también en Masaya y en Estelí.
“Ahora da miedo salir a la calle, da miedo quedarte atrapado en una manifestación, da miedo que de repente los agarren a balazos”, declara Tamara.

El día del enfrentamiento en la UCA, el padre de García estaba en los alrededores del campus. “Mi papá llevó a mi abuela –quien desde hace 20 años vive en EUA y llegó de visita– a comer pupusas. Pero después no se podían regresar. Estuvieron ahí como 20 minutos antes del enfrentamiento. Pasó una turba de jóvenes de la Juventud Sandinista y le llevaron el teléfono. Lo tenía en la mesa y se lo llevaron. Es bien feo, se les olvida que lastiman a sus propios hermanos”, opina.

“Nicaragua, te quiero libre”, decía el cartel que García llevó hace unas semanas a la embajada de Nicaragua en El Salvador. Una bandera y tres personas más le acompañaban. Considera que el nicaragüense es “muy sangre caliente y rápido para cooperar”, que hace lo que dice y no se deja pisotear. En cambio, para ella, el salvadoreño se queja, se indigna, pero no hace nada. Es más individualista.

Tamara García lo tiene claro: en un futuro no tan lejano, le gustaría vivir en Nicaragua. Carretera a Masaya, ahí está la casa de sus sueños. De acuerdo con ella, es más probable que el flujo migratorio se genere desde El Salvador hacia Nicaragua que viceversa.

“La misma inseguridad del Estado hace que la gente no se quiera ir, porque quieren ver un cambio, porque quieren colaborar y estar metidos. El nicaragüense es muy unido, huir no se les dará”, afirma.
Esta revista solicitó a la embajada de Nicaragua en El Salvador una entrevista para saber, entre otras cuestiones, si se ha tomado alguna medida especial por la crisis.

“La embajada de Nicaragua en El Salvador se excusa de responder a la entrevista, pues la embajadora Gilda Bolt va a salir del país”, fue la respuesta.

Según la Encuesta de Caracterización de Migrantes Nicaragüenses con Arraigo en el Oriente de El Salvador (2012), elaborada por la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), La Unión, con un 45.1 %, es el departamento con mayor cantidad de hogares de migrantes nicaragüenses, seguido de San Miguel con el 39.8 %, Morazán con el 9.7 % y Usulután con el 4.9 %. El mismo estudio también señala que los municipios donde se concentra la mayor cantidad de familias nicaragüenses en el departamento de La Unión son Pasaquina, Santa Rosa de Lima, Bolívar, Anamorós, La Unión, El Carmen, Lislique, Conchagua, San Alejo y Polorós.

—El barrio Monte Tabor: ahí crecimos, nacimos y ahí vamos a morir, creo yo –dice Tamara García. Su tía es la dueña de la tiendita del barrio.
“Ahí, todo el mundo te conoce desde que estás en la panza”, asegura. A Monte Tabor, un pedacito de Nicaragua, lo lleva en el corazón. “Las puertas siempre están abiertas de par en par. Cuando mi abuela y mi tía están, se ponen las mecedoras afuera”.
Tamara García está aquí, pero sigue viviendo allá: “Preguntame cómo llegar a mi casa acá, en El Salvador, y no sé, pero preguntame cómo llegar a Monte Tabor, es ver la iglesia, pasar del túmulo y sentirme en casa”.

Mientras en Nicaragua cada muerte encendía más la llama del universitario, en la casa de Diego Mendoza se empezaba a escuchar música de los años ochenta, es decir, de la revolución sandinista. Música que habla sobre una población unificada y llena de esperanza.

***

Juventud. Felipe Gutiérrez lleva un año viviendo fuera de Nicaragua. Su punto de vista sobre la crisis política parece ser neutro. Eso no quita su indignación.

FELIPE GUTIÉRREZ tiene 24 años y es originario de Managua. Reside en El Salvador desde agosto de 2017. Es director nacional de Marketing en una ONG. El 23 de abril viajó a Nicaragua, cuando el caos comenzaba a predominar. Se encontró, dice, con gente peleadora, que cuando se quieren unir, se unen.
“Si ya lo hicieron en el pasado, lo pueden volver a hacer”, manifiesta.

A diferencia de los demás entrevistados, Gutiérrez define la situación vivida con una sola palabra: circo. Un circo por parte de las autoridades, donde no hay transparencia ni respeto a los derechos humanos. “Lo que me afectó fue saber que mi familia estaba allá. No quería que les pasara nada malo”, puntualiza.

Los entrevistados coinciden en sentimientos como miedo, orgullo, indignación e incertidumbre hacia el futuro. Piden, además de que se restituya la paz, la salida del denominado régimen Ortega-Murillo.
De la misma forma lo pidió Lesther Alemán, uno de los jóvenes que lideran y representan a los grupos universitarios en Nicaragua. Tiene 20 años y estudia en la Universidad Centroamericana (UCA). Frente al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, exigió el cese inmediato de la represión.

“Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Ríndase ante todo este pueblo. Lo que se ha cometido en este país ha sido un genocidio”, dijo en la primera sesión instaurada en la sede del Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.

Nicaragua vive hoy las horas más oscuras y violentas de su historia reciente. Así son las primeras líneas de una carta abierta de escritores, artistas, intelectuales, periodistas y académicos ante los acontecimientos de violencia que iniciaron el 18 de abril de 2018: “Condenamos cada uno de los asesinatos de los jóvenes estudiantes, repudiamos todos los actos de violencia cometidos por las fuerzas especiales del Gobierno, y hacemos un llamado contundente a las autoridades nicaragüenses para que cesen de inmediato sus actos de violencia en contra de la sociedad. Exigimos que todos los crímenes sean investigados y los responsables llevados a juicio para que Nicaragua vuelva a ser en su presente un país con futuro”.

Repudio. “¿Cómo va a ser posible que el Gobierno te mate a tu propio hijo, en quienes se supone que te tienen que proteger?” se cuestiona Tamara García. Sesenta y tres fallecidos ha causado la crisis.

El campo se queda sin jóvenes

El campo
El campo

Al menos hasta hace unas semanas, la única manera de que una persona de la comunidad La Ruda recibiera atención médica era trasladarse al centro del municipio de Masahuat, Santa Ana, ubicado a unos 10 kilómetros de aquí, para donde no existe más transporte público que un camión que sale a las 7:30 de la mañana. Si no se contaba con un vehículo propio (lo que pasa con casi todos los habitantes), la única opción aparte de esa era la fuerza de las piernas para recorrer un sinuoso camino a orillas del río Lempa.

Este escondido rincón de Masahuat, un apartado municipio ubicado varios kilómetros adentro del desvío al parque acuático Apuzunga, ahora tiene una clínica, recién construida por la ONG Ayuda en Acción, que recibe buena parte de sus fondos desde el Gobierno de España. Eligió a Masahuat por las incontables necesidades que asolan a sus pobladores.

Álex Valdez, de 26 años, es uno de los beneficiados de esta clínica. Ha sido agricultor desde que ha tenido edad para trabajar. Es la única manera que conoce para ganarse la vida, como casi todos los miembros de las 56 familias que viven en La Ruda. Es así incluso con sus compañeros de generación. Toda una rareza; según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la edad promedio del agricultor salvadoreño es de 57 años.

En este país que ha tenido a la actividad agrícola como soporte principal de su economía en el pasado, los campesinos son mayores incluso que los de California, Estados Unidos, en donde el promedio de edad es de 45 años. La de hacer producir la tierra es una actividad que se queda sin relevo generacional: menos del 10 % de los involucrados es menor de 27 años.

Y muchos son como Álex, personas a las que el Estado se olvidó de cubrirles sus necesidades básicas, sobre todo en municipios como Masahuat, uno al que el Mapa de Pobreza del FISDL coloca entre aquellos que se consideran como de pobreza extrema severa: casi la mitad de su población (3,373 personas según las proyecciones para 2018 de la DIGESTYC) vive bajo ese umbral.

—Ahorita tuve una experiencia, –comenta Álex, los ojos viendo al piso, las manos cruzadas sobre el pecho–. Le estaba diciendo a mi papá que ni ganas de hacer mucha milpa me daban.

A pesar de que el año pasado fue bueno y hubo suficiente lluvia para que las plantas crecieran a sus anchas, la alegría se esfumó pronto. La base de este desconcierto está en las matemáticas.
Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales.  Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Este, según un vendedor de Metapán que no quiso identificarse, se calcula en base con las cosechas del año. Esa es la paradoja del agricultor: cuando el año es bueno, debe vender su producto barato, pues hay mucha oferta. Cuando se trata de uno malo, puede obtener un precio promedio más alto, pero cuenta con poco producto para comerciar.
A Álex eso le significó un pago de $468. A eso debió restarle un dólar por quintal, lo que le cuesta el transporte, por lo que le quedaron $432. Ahora, piensa en lo que le tocó gastar este mayo, cuando se preparaba para sembrar: 48 libras de semillas de maíz, cuatro botellas de veneno, 3 kilos de herbicida y el plástico para poner en la milpa. En eso gastó $250.

—¿Y el abono, y para querer echar un mozo para trabajar? Viera que el trabajo de uno le queda en vano –comenta en un momento de exasperación que contrasta con el resto de la plática–. Uno siente que trabaja para los empresarios, porque ellos nunca pierden.

Y puede ser que lo dicho por Álex no sea una exageración; en municipios donde es posible vender un volumen como ese (los más cercanos son Metapán y Nueva Concepción, Chalatenango), el quintal que ellos dan por $13 luego puede ser vendido por $18; $5 de ganancia para alguien que no asume todos los riesgos, que no depende del arbitrio de un clima cada año más caprichoso.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publica cada día una tabla de precios para distintos productos agropecuarios. Pero esa labor no es la de establecer un monto que hay que respetar a la hora de comprarle a un agricultor, sino la de elaborar un promedio de en cuánto se está vendiendo el producto en las plazas comerciales a escala nacional. El referente es el intermediario, no el productor.

Solo la caña de azúcar cuenta con un precio mínimo de compra hacia el productor, que debe ser acatado, pero se trata de un cultivo al alcance solo de los propietarios de extensiones grandes de tierra.

Por un escenario como el anterior, que no haya un sólido relevo generacional en la agricultura no es culpa de los jóvenes, dice Ismael Merlos, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sino más bien, de la realidad de esta actividad en El Salvador: una tecnológicamente atrasada con respecto al resto de la región.

Para Merlos, la agricultura se ha convertido en una labor de “subsubsistencia”, aquella que no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimentarias de quien siembra. Eso hace que una producción para fines comerciales se convierta en un sueño solo a la mano de unos pocos. La superación de la pobreza no es un objetivo alcanzable a través del sudor que cae en la tierra.

José Mendoza es otro de los jóvenes agricultores de La Ruda. Vestido con un short, una camiseta y con tenis, a primera vista este muchacho de 26 años no parece agricultor. Pero, igual que Álex, es de los que se sacrifica para sacarle frutos a la tierra.

En la época del maicillo y del maíz, siembra en las manzanas de su familia, ubicadas muy cerca de su casa. Pero cuando se trata del frijol, para el que se necesita un clima más frío, debe subir la montaña, lo que toma cerca de dos horas. Allá arriba alquila un terreno. Para aprovechar el día, la jornada debe empezar a las 6 de la mañana. Hay que partir a las 4, apenas acompañado por una lámpara que corte la noche.

Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales. Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Ganadas. Algunas laderas de montaña en Masahuat lucen deforestadas. Muchas son ocupadas por campesinos de la zona para sus siembras, que dependen de un clima cada año más caprichoso.

También es otro de los decepcionados con lo poco rentable que resulta la agricultura, el único medio de subsistencia que ha conocido en su vida. Cuenta historias parecidas a las de Álex y añade otro elemento a la ecuación: cada venta les cuesta un día de su vida, pues deben salir con el camión que sale de La Ruda hacia Metapán o Nueva Concepción a las 7:30 de la mañana y retornar hasta que este pase por su comunidad.
“Si existiera un tipo de agricultura que les permita a los jóvenes, además de obtener ingresos, formarse técnicamente, te aseguro que van a involucrarse en la agricultura. Para eso se necesita hacer una transformación en profundidad”, comenta Ismael Merlos, de FUNDE.
La violencia es otro de los factores que aleja a los jóvenes del trabajo en la agricultura. Sobre todo cuando el ir a laborar a una plantación significa cruzar invisibles fronteras de guerra.
Esa fue la razón por la que asesinaron a cuatro primos, todos trabajadores de la tierra, en abril de 2015, en el caserío Los Hernández, de Izalco. Vivían en una zona con presencia de una pandilla. Cerca de la propiedad a la que iban a trabajar, en la hacienda La Macarena, estaba la agrupación enemiga.
Por la misma causa asesinaron en octubre de 2017 a Raúl Benjamín Jiménez Ramírez, cuando regresaba a su casa en el cantón El Carmen, de Guaymango, Ahuachapán; o a José Alberto Hernández González, en Jiquilisco, en diciembre de 2015.
Chalchuapa, el municipio ubicado más al sur de Santa Ana, forma parte de un corredor de violencia, conformado también por municipios como Atiquizaya o El Refugio, en el vecino departamento de Ahuachapán. Uno en el que es posible que ocurra, en apenas una mañana, media docena de homicidios. Varios agricultores han sido asesinados en el último lustro.
En este municipio está el cantón La Magdalena, ubicado a unos kilómetros del ingenio del mismo nombre, que en 2015 fue denunciado por el derramamiento de miles de galones de melaza en el río que surca la localidad.
Esta mañana de mayo, al encuentro sale Gustavo Torres, uno de los habitantes de la zona. Maneja su motocicleta para guiar entre un sinuoso camino de tierra, fácilmente transitable para cualquier vehículo. Su deber es conducir un grupo de jóvenes integrados a diferentes proyectos de desarrollo agrícola, apoyados por el programa “Amanecer rural”, financiado con $40,000,000 provenientes de un préstamo entre el Estado salvadoreño y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.
A pesar de que es el primer anfitrión, no forma parte de los proyectos. Él decidió ganarse la vida de otra manera, trabajando en la paquetería de un supermercado en la ciudad de Santa Ana, por lo que ha tenido que mudar su residencia allá. Solo trabaja la tierra eventualmente, cuando viene a pasar las vacaciones a su hogar natal.
En las oficinas de la cooperativa Las Tablas espera un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 y 27 años. Una de ellos es Gabriela Torres, estatura media, corpulenta, ojos vivos. Con orgullo expone sobre los programas que han comenzado a implementarse en su comunidad, como una plantación de maracuyá, para la que técnicos del MAG los han capacitado en su cuidado.
“Por un tiempo lo habíamos descuidado y creció mucho la maleza, pero ahora lo retomamos”, comenta Gabriela. Los otros dos proyectos son un banco de apicultura y un huerto de hortalizas, que se cultivará en un invernadero.
Gabriela y compañía se muestran entusiasmados con las oportunidades, pero ella reconoce que no ve en la agricultura un futuro para su vida. Si tuviera la oportunidad de salir de aquí para obtener un mejor empleo, no lo dudaría dos veces. En sus aspiraciones está seguir con sus estudios después de haberse graduado del bachillerato, todo un logro si se considera la media de escolaridad de la zona, que suele parar en el tercer ciclo.

Gabriela da algunas claves con respecto a este desencanto con la agricultura: Si bien existe la capacidad de producir algo, todavía están muy lejos de que se convierta en un negocio sostenible, pues no existe un mercado al que venderle de manera constante. Las recientes producciones de miel, por ejemplo, han ido a parar a las manos de los mismos vecinos. El dinero es tan poco que ha sido necesario invertirlo en su totalidad para continuar con el proyecto. Las excepciones a esta regla en planes de esa naturaleza se cuentan con los dedos de la mano. Uno de los más prominentes es el de la Canasta Campesina de los productores de Comasagua, que tiene una ventaja: su cercanía a una capital con personas con alto poder adquisitivo.

“Pero esto nos ayuda a mantenernos ocupados. Y eso significa mucho para nosotros, saber que estamos en algo productivo”, comenta Gabriela.

La mayor parte de hombres de la comunidad pertenece a una cooperativa, lo que les asegura un trozo de tierra (aunque sin escrituras a su nombre) para sembrar en invierno, casi siempre dos únicos cultivos: maíz y frijol. Uno de esos hombres es el padre de Gabriela, Óscar Torres, de 53 años. Junto a su sobrino, Adiel, se esfuerza en las labores de un futuro corral de cerdos.

Como casi todos aquí, en la agricultura le apuesta a los dos cultivos tradicionales. Habla de buenas épocas en las que es factible sacar algo de ganancia a tanta inversión y trabajo. Dice que la única posibilidad para ello es que el Gobierno les compre su producto como semillas. Es un proceso más largo que si solo lo hicieran para consumo, pues existe una labor de selección, de bodegaje y de cumplimiento de varios estándares. La recompensa es que lo pagan a $100 el quintal. Producir cada uno, según los cálculos de Óscar, cuesta unos $90. Hay una ganancia de $10. Sin embargo, este año no podrá ser así, pues el Gobierno no les ha pagado aún lo de la última vez, comenta.

Por eso se verán obligados a llevarlo a la plaza y venderlo para consumo, donde se paga a un precio estimado de $43 el quintal. Torres dice que el costo de producirlo es todavía mayor. Por eso declinó pedir un préstamo en la línea de crédito que tiene activo en el Banco de Fomento Agropecuario. Ha decidido solo sacar lo necesario para consumir en su familia.

Adiel, su sobrino, ha estado atento a la conversación, con la mirada perdida, aparentemente sumergido en la música de sus audífonos; con 20 años, se ha convertido en el líder de los jóvenes de su comunidad. Por ello fue beneficiado con una beca de varios meses para ir a capacitarse en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA), ubicada en Ciudad Arce, La Libertad.

Habla de lo aprendido, de cambiar el chip en las comunidades. Para él, lo más importante es la diversificación de los productos, dejar de depender de un invierno bueno, algo de lo que nadie tiene control. Por eso trabaja en este pequeño corral de cerdos. Por eso también ha estimulado a sus compañeros de generación para aprender todo lo que puedan de los técnicos de diferentes instituciones que los visitan, sobre todo en cuanto al abono orgánico.
“Se hace con insumos que uno saca aquí. El carbón, la ceniza, los microorganismos de montaña, cáscaras de verduras. Se pueden hacer buenos fertilizantes, ya sea vía foliar o al suelo. Nosotros mismos tenemos los recursos, a veces es solo falta de conocimiento”, comenta el joven. Una primera cosecha de huertos caseros, sin embargo, todavía se ve lejos: no han cultivado ni una sola planta en el invernadero que les facilitaron para ese fin. Es un camino que apenas comienza.
Otro joven de la comunidad es Misael García, de 21 años. Luce cansado, sudoroso, pues en este mediodía acaba de volver de trabajar en la tierra de la cooperativa. Una imagen que no hubiera sido posible contemplar hace solo unos meses, cuando era empleado de una empresa repartidora de bolsas plásticas. Ganaba apenas unos dólares más que en el campo, pero el trabajo era estable y los ingresos constantes. Pero un detalle lo complejizaba: la necesidad de entrar a territorios donde no es bienvenido por el solo hecho de vivir donde vive.

“Ser joven es un delito”, dice. Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades; un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades, un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

En El Salvador, uno de los proyectos con más difusión para el impulso de la agricultura es el de los paquetes agrícolas. Para Ismael Merlos, de FUNDE, esto no significa ni siquiera un parche al problema: lo entregado por año a un productor en semilla mejorada y en abono le sirve apenas para sembrar un octavo de manzana.
El otro proyecto es Amanecer Rural, financiado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Está compuesto por múltiples aristas, como la capacitación de agricultores y la provisión de insumos para el inicio de emprendimientos agrícolas. Pero todavía se antoja incipiente: solo unos cuantos miles de personas son beneficiarias directas de los proyectos generados por el programa.

“Las necesidades de la juventud rural son enormes debido a un monto de inversión en los espacios rurales que no ha sido cumplido”, dijo al respecto Perin Saint Agne, vicepresidente asociado del FIDA, la agencia de Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza en zonas rurales, en su visita el año pasado al país para abogar por la aprobación de un nuevo crédito con la institución a la que representa, por un monto cercano a los $60,000,000.

En esa oportunidad, el funcionario afirmó que buena parte de los problemas sociales del país residen en la desigualdad. “Esto podría evitarse si se dieran las inversiones y el apoyo para desarrollar las capacidades, la educación, los sistemas de salud, la infraestructura y el acceso a mercados en la zona rural”, aseguró entonces. Es una medida estructural que suena obvia, pero que aún está lejos de convertirse en la prioridad de quienes deciden el destino del país.

Esta mañana en Masahuat, Álex Valdez y José Mendoza, a pesar de todos los problemas que significa ser agricultor en El Salvador, contemplan con fruición la tierra en la que el primero trabaja. Es un terreno ganado a una ladera de montaña, traspasada por múltiples afloramientos de roca. No es el mejor lugar para cultivar, pero años y años de experiencia logran sacarle frutos.

Esa habilidad es elogiada por Jorge Santos, el técnico en Seguridad Alimentaria de Ayuda en Acción, quien reconoce que toda capacitación como las que pronto se pretende dar en La Ruda requiere de una comunicación a dos vías: de los que como él tienen los conocimientos científicos; y de los que como nadie saben trabajar la tierra.
“Esta gente es muy valiosa. Es la encargada de que un país tenga seguridad alimentaria. Pero siempre terminan siendo las víctimas de malas políticas públicas o de la ambición. Eso debe cambiar si le queremos dejar un mejor país a nuestros hijos”, dice, pisando con fuerza la tierra bajo sus pies.

La tierra. José Mendoza posa con las tierras de su colega, Álex Valdez, en el fondo. Las mismas ya están ocupada por maíz, que esperan poder cosechar muy pronto.

A Medicina Legal le faltan forenses con especialización académica

Medicina Legal

Hasta el día de hoy, El Salvador no ha graduado a ningún médico con el grado de especialidad en medicina forense en ninguna universidad. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí ha contratado a médicos como forenses a pesar de que estos no cuenten con títulos de especialización en el extranjero que permita llamarlos así.

La creación del Instituto de Medicina Legal fue acordada en 1990. El instituto depende de la CSJ y desde el inicio de sus operaciones ha contratado a médicos generales para realizar actividades propias de especialistas. Así lo asegura la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Lo que se ha venido realizando son contrataciones de profesionales de la medicina que no cuentan con la especialización en las ciencias forenses para que ejerzan tales funciones en el Instituto de Medicina Legal”, se puede leer la resolución SS-0340-2004 de la PDDH.

Debido a que los procedimientos y dictámenes que el Instituto de Medicina Legal (IML) hace forman parte de procesos judiciales, cualquier cuestionamiento a la idoneidad de quienes los realizan puede llegar a convertirse en un cuestionamiento al sistema judicial del país. La administración de justicia basa buena parte de sus expedientes judiciales en la prueba científica que produce Medicina Legal.

“La falta de nombramiento de profesionales acreditados por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de las labores del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer violenta los derechos del debido proceso y de acceso a la justicia”, indica la resolución de la procuraduría.

En 2004 fue aprobada la Ley de Educación Superior actual. Esta ley estableció que los grados académicos como especialistas solo pueden ser brindados por institutos especializados de nivel superior o universidades. Solo hace dos años, en 2016 se empezaron a impartir clases de una nueva especialidad en medicina forense para crear médicos especialistas capacitados de acuerdo con la ley.

En otras palabras, en El Salvador, un país con 10 homicidios diarios en el primer trimestre del año, la especialidad en medicina forense es reciente. Tan reciente que aún no se ha graduado la primera promoción.

Para ser director del Instituto de Medicina Legal no es necesario contar con una especialización en esta área específica. De acuerdo con las convocatorias públicas realizadas para obtener el cargo, el único requisito académico fundamental para desempeñarse en el cargo es tener un título en ciencias jurídicas, medicina, química, biología o afines. El postgrado está señalado como una posibilidad “de preferencia”.

Por ejemplo, el actual director interino, Pedro Martínez, es un médico graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) con especialidad en cirugía. Su currículum, disponible en la página web de la CSJ, enlista dentro del apartado de “información profesional” dos cursos en medicina forense: el primero es un “postgrado en medicina legal” de 12 días en 1996; el segundo, un curso de cinco días de investigación de escena de la muerte en 1998.

En leyes. El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”.

***

 

EL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD

El 26 de octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con la Universidad de El Salvador. En él las dos partes se comprometieron a implementar la especialidad médica en Medicina Legal. En la actualidad hay 24 médicos residentes estudiando esa especialidad.

A la universidad le compete encargarse de los temas académicos, mientras que el IML pone a disposición de los residentes de la especialidad la infraestructura y el material del instituto, “todo con la finalidad de que el Instituto de Medicina Legal pueda contar, en el futuro, con médicos forenses especializados y acreditados”, se lee en un comunicado de la Corte.

La creación de esta especialidad no ha sido un proceso orgánico. Al contrario, para poderla implementar, se necesitó la presión de diversos actores ajenos a la Corte o a entes académicos. La presión externa comenzó en 2004, cuando la PDDH tuvo conocimiento a través de una denuncia “por nombrar y juramentar a médicos generales como médicos forenses”. Es decir, para que la denuncia tuviera una respuesta práctica, tuvieron que pasar 11 años.

La presidenta de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, Doris Luz Rivas Galindo, argumenta desde su oficina que los médicos que están contratados como forenses en el instituto sí tienen la capacidad y experiencia para desempeñarse como tales, y que ellos sí tienen “diplomados, maestrías” en ciencias forenses.

Ya que en el país no existía la especialidad en medicina legal, la Corte defendió durante años la práctica de contratar médicos generales en “la facultad constitucional” que tenían para nombrar médicos forenses. De acuerdo con información recabada por la PDDH, así respondió en un escrito en 2005 el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.

En efecto, el artículo 182 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es nombrar a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma Corte.

“Todo esto comienza a raíz de una muerte de una sobrinita mía en 1991, por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Dudas. ADESAM-Coribel cuestiona la idoneidad de la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial.

A juicio de la PDDH, ese argumento se encontraba basado en una mala interpretación de la Constitución. Pues el artículo 5 de La Ley Superior de Educación de 2004 establece que el grado de especialista es uno académico y que solo los “institutos especializados de nivel superior y las universidades podrán otorgar todos los grados establecidos”.

Hace más de una década, cuando el Ministerio de Educación fue consultado al respecto, quien entonces era ministra de Educación, Darlyn Meza, “informó que conforme a la Ley de Educación Superior, le corresponde a ese ente acreditar los estudios de especialidades en las ramas de la medicina, con la colaboración interinstitucional y previa aprobación y dictamen de la Junta de Vigilancia de las especialidades respectivas”.

La procuraduría asegura que la CSJ hizo una interpretación errónea de las atribuciones constitucionales que la institución argumentaba. En ese sentido, el nombramiento de forenses al que se haría referencia en la Constitución se entendería como la capacidad de contratar a los médicos y no como la posibilidad de asignar un grado académico sin que estos lo cursen.

“Actualmente hay más de 122 médicos forenses en El Salvador, de donde la mayoría, más del 80 %, son mayores de 50 años”, cuenta la magistrada Doris Luz Rivas Galindo. Una fuente que pidió no ser identificada para este reportaje y que trabaja en una jefatura de la Corte explica que en Medicina Legal siempre se ha aprendido sobre la práctica. Y la práctica implica el manejo de información sensible para procesos judiciales.

“Todos entran así (sin experiencia)”, sostiene. Luego explica cómo es que en el instituto un médico general puede ser nombrado forense. Esta persona asegura que “cuando usted entra, se le entrena, se le tutorea y después de un tiempo… tres, seis meses en el área, a usted lo empiezan a soltar y empieza a poner la firma en el peritaje más sencillo y así por el estilo”.

La magistrada Rivas explica: “A partir del desarrollo de la especialidad, ya no es un médico que va a venir, verdad, que ha estado en un lugar equis y de repente va a venir a hacer peritajes”. Ella asegura que con las personas que se gradúen de la especialidad se van a quitar una preocupación de decir ‘bueno y a quiénes vamos a poner’ y evitar otro tipo de prácticas que son menos transparentes.

Rivas Galindo señala que a escala regional, solo Nicaragua y El Salvador no contaban con una especialidad forense. Y que ella no puede responder por qué la Corte no hizo la presión necesaria para que esta especialidad se gestionara con anterioridad. “Nosotros no podemos dar cuenta de por qué no lo hicieron antes. Ahora sí estamos dando cuenta de por qué lo estamos haciendo ahora”, se limita a responder.

***

 

EL INICIO DE LA DEMANDA

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de esta situación en 2004. Así lo explica Mireya Tobar, la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde su oficina en un edificio que tiembla cuando los carros transitan por la calle de enfrente.

Hace 14 años, Wilfredo Alfaro, representante legal de la Asociación para la Defensa de la Salud y del Medio Ambiente Corina Isabel Pérez Alfaro (ADESAM-Coribel), puso una denuncia ante la PDDH.

“Todo esto comienza a raíz de la muerte de una sobrinita mía en 1991 por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Y como hasta hace tres años El Salvador no contaba con ninguna especialización forense certificada por una universidad, la procuradora Tobar no vacila en asegurar que “esta práctica ha sido histórica por parte del Instituto de Medicina Legal. Eso hay que tenerlo claro: en la historia de la creación del instituto no se ha contado con médicos con especialización como tal y si lo ha tenido ha sido de manera individual”.

Mireya Tobar asegura desde su escritorio -lleno de expedientes con denuncias de mala praxis médica- que la no certificación forense ha sido un obstáculo a la hora de evaluar el tipo de casos que llegan a esa unidad.

—Muchos de estos dictámenes, a la hora de que son presentados por Medicina Legal, evaden un dictamen por no tener una especialización en el tema de forense como puede ser en temas de medicina interna –declara.
—¿Pero de todas maneras sí realizan el trabajo con las limitaciones que tienen o se abstienen? –se le consulta a la procuradora.
—En algunos casos, sí. Un porcentaje realiza el dictamen pese a no tener la especialización.
—¿Los médicos pueden abstenerse de pronunciarse?
—Sí, se han llegado a abstener. Y como no hay un sustento en ese reconocimiento que emite, al final a la Fiscalía no le favorece y quedan en la impunidad los casos porque tienden a prescribir.
—¿Estamos hablando de que el nivel de la prueba científica es débil?
—Es débil en ese sentido. Y eso lo vemos en específico en los temas de negligencia y mala praxis –responde.

Tras la denuncia interpuesta durante 2004 por ADESAM-Coribel, la procuraduría de Beatrice de Carrillo exigió informes a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto de Medicina Legal. En marzo de 2006, es decir, hace 12 años, hubo un primer pronunciamiento de la procuraduría en el que, de acuerdo con Mireya Tobar, se dio por establecida “la afectación al derecho de la tutela legal efectiva por parte del personal médico del IML”.

Según la procuradora adjunta, esta situación empezó a cambiar con “los esfuerzos realizados por la señora presidenta de la Sala de lo Penal y el consejo directivo del IML, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, al gestionar la creación de la especialidad de medicina legal”, efectuados desde 2013.

A pesar de admitir los avances en este tema, Tobar dice: “Personalmente sé que se siguen las contrataciones (de personal no acreditado). Esperaríamos que la primera promoción, que ya son médicos que ya cuentan con la especialización, pueda tener un espacio en Medicina Legal o que aún los médicos (forenses) empíricos que están en IML también realicen estos estudios”.

La magistrada Rivas Galindo no descalifica la capacidad de los médicos contratados como forenses en los años anteriores, a pesar de que no cuentan con una especialidad académica, pero habla de “una gran distancia” en la formación que reciben quienes se están formando actualmente y quienes se formaron con la práctica. Ese mismo residentado que la magistrada defiende no ha estado exento de críticas.

***

 

LAS CRÍTICAS A LA ESPECIALIDAD

Cupos. En 2015 se abrió la convocatoria para seleccionar a ocho médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. Aplicaron 29 personas.

La especialidad de medicina legal de la Universidad de El Salvador consta de 23 materias con 107 unidades valorativas. “En el primer año se cursan siete asignaturas, en el segundo ocho y en el tercero tres”, indica la coordinadora de docencia y especialidad médica de IML, Carolina Paz.

Durante 2015 se realizó un proceso de selección de médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. El número de plazas disponibles era de ocho estudiantes y aplicaron 29 personas, de acuerdo con información de la Corte. Actualmente hay 24 estudiantes de la especialidad en el instituto, repartidos en tres años de estudio y práctica.

Las clases empezaron en febrero de 2016. “En el primer año cursan criminalística, que es la base fundamental de todo perito forense, se ven temas de clínica forense, más que todo dirigidos a la parte de lesionología. En el segundo año ya ellos van incursionando en temáticas más especiales, como el área clínica, ya se empieza a relacionar más que todo con estados de salud y se vuelven a ver temáticas médicas ya con un enfoque médico legal. En tercer año es donde ellos van a ver la parte más especializada de medicina legal, que serían ya ciencias forenses de la conducta, química forense; se empiezan ya a hacer sus rotaciones en áreas más especializadas”, explica Carolina Paz desde una sala de reuniones del IML una mañana de marzo.

A pesar de ser una especialidad académica para la cual el país esperó durante casi 20 años, desde que el IML fue creado, la versión en línea del pénsum de la Universidad de El Salvador, que se encuentra disponible para el público, tiene mal escrita 40 veces la palabra “forence”. La puesta en marcha de esta especialidad no ha estado libre de señalamientos.

Wilfredo Alfaro, el representante de ADESAM-Coribel, asegura que tiene información que le permite afirmar que “ahora resulta que los practicantes son los que están haciendo las autopsias”, cuando “Medicina Legal está constituida para hacer autopsias y reconocimientos médicos que van a servir en un proceso penal. Eso no puede estar contaminado”. Él denuncia que los médicos residentes efectúan sus prácticas sobre cuerpos y que esto influye en la posibilidad de contaminar los resultados.

La magistrada Doris Rivas Galindo rechaza dicho señalamiento.

—¿Cómo residentes ellos están autorizados en el área de patología a tener contacto con los cuerpos o a levantar actas que van a ser utilizadas en procesos judiciales? –se le cuestiona.
—Fíjese que por hoy no. No, ellos… una cosa es que puedan participar, apoyar y todo igual que lo hacen los auxiliares de autopsia, qué mejor que también un médico, pero ellos no. Es un tema que discutir, verdad. Ellos tendrían que participar en los juicios para aclarar todo esto, pero no. Y en todo caso ellos participan con el tutor, con alguien que ya realmente lo está haciendo.
—¿Habría que pedir algún permiso? ¿O cómo se establece que las personas que están teniendo contacto con prueba directa que va a ser utilizada puedan tener conocimiento de eso?
—Ellos no manipulan la prueba. La manipula el responsable, el médico forense responsable. Todo ese cuidado se está teniendo. Entonces, a lo mejor los profesores o los tutores son los que podrían dar mayor fe de eso –reitera la magistrada.

El coordinador general de especialidades médicas de la UES, Roberto Germán Tobar, respalda la respuesta de la magistrada. Al igual que Carolina Paz, la coordinadora de la especialidad en el Instituto de Medicina Legal. Ella enfatiza que “el especialista en formación no practica ningún tipo de actividad solo. Tiene un acompañamiento absoluto de los peritos con experiencia y peritos nombrados por la Corte, obviamente, que son los que firman los reconocimientos”.

ADESAM-Coribel, no obstante, cuestiona cuál es la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial. “Esta persona tiene un familiar. ¿Quién de la familia de ellos autorizó para que esta persona estuviera manipulando el cuerpo? No tiene que estarle pidiendo permiso a los familiares. Pero una persona que no tiene competencia sí debe tener permiso de los familiares”, considera su representante legal.

El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”. Una persona empleada de la Corte que solicitó el anonimato sostiene que “los médicos residentes no pueden tocar los documentos oficiales. Y ellos están con puño y letra haciendo los levantamientos”. Para este profesional, eso podría calificarse como falsedad documental.

Además, añade que “en la especialidad los médicos residentes no pueden hacer autopsias y las están haciendo”. La fuente va más lejos en su señalamiento y menciona que algunos residentes ejecutan las autopsias y el médico tutor solo las firma. Según la versión de esta persona, cuando los médicos encargados sean llamados a juicios para dar fe de la realización de autopsias, es posible que se omita decir que la ejecución fue por los residentes. “Esto se va a convertir en un delito cuando llegue donde el juez y diga ¿es su firma? Sí, esa es su firma. Pero el juez no pregunta ¿usted realizó la autopsia? Porque nos creen a nosotros”, sostiene.

***

 

CONTRA LA IMPUNIDAD

Herramientas

“La prueba científica es la piedra angular sobre la que descansa un caso”, explica el doctor Miguel Enrique Velásquez, de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una asociación que ofrece cursos privados de corta duración relacionados con la criminología, investigación forense y derechos humanos.

El presidente de la asociación indica que en su rama laboral, “lo más importante es que los peritos y los médicos forenses” tienen “una responsabilidad grande porque a través del trabajo se restituyen derechos”.

Pero esos derechos no pueden ser restituidos si los forenses no cuentan con los procesos de aprendizaje adecuados o más efectivos. La mayoría de personas consultadas para este reportaje coinciden en una cosa: la formación y acreditación de los profesionales de la medicina forense debe mejorar para que el sistema judicial pueda fortalecer su prueba científica.

—Si el patólogo forense no establece las dinámicas de movimiento de trayectorias internas de proyectiles y heridas para poder hacer una recreación de los hechos, ¿cómo le consta al juez que lo que dice el testigo es verdad? –se pregunta Velásquez desde una universidad para ilustrar la importancia del trabajo que efectúan los forenses.

*

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acreditación idónea del personal de Medicina Legal es un paso vital para todo un sistema de justicia: “La impunidad se va a acabar en la medida de lo posible que tengamos menos casos, cuando los fiscales tengan más tiempo para dirigir un caso y poderlo condenar; en la medida que el perito tenga todos los recursos, que esté capacitado y que también el juez esté capacitado”.

Charlie

Karla Turcios

Termina abril y tengo que empezar a dejarte descansar, Charlie, a dejar de mencionarte en mis pláticas con desconocidos. Tengo que aprender a no llorar cuando recuerdo que te mataron.
Te conocí en las gradas del periódico. Me habían dado una beca. Nico escribió la nota y la noticia salió en la edición del siguiente día. Era noviembre del 2016, tenía solo unos meses de trabajar en esta redacción. Vos, entonces, me paraste solo para decirme que, aunque no me conocías ni éramos amigas, querías felicitarme. Y empezamos a hablar. Meses más tarde ya estábamos comiendo todos los días juntas; hablando de Julissa Ventura, de tu hermano, de lo que cuesta perder a gente que se quiere, de cómo nunca parece que uno está listo para dar otros pasos, de cómo cuidabas a tu bebé, de cómo querías a tu pareja.

Hace 16 días que te mataron. Y hace 17 días celebramos mi cumpleaños. Vos planificaste la salida. Nos pediste que esperaramos a la Ale, que la pobre seguía trabajando porque habían matado a otros periodistas en Suramérica. La Ale se tardó un montón. Pero, al final, pudimos irnos. Comimos en un lugar vegetariano. Le tomaste fotos a la comida. Probaste las berenjenas por primera vez. Le enviaste la foto a tu pareja porque estabas emocionada por probar ese plato. Después fuimos a tomar licuados. Erick quería enseñarte lo que este lado de la ciudad tiene.

Pedimos unos jugos dentro de una bolsa y a vos se te ocurrió brindar con ellos. Nos reímos más, porque se te olvidó brindar con Moisés. Él, fingiendo estar enojado, te dijo que si querías te regresaras en bus al trabajo mientras te abría la puerta del carro.

Todo el camino fue risotadas. Nos reímos con vos, porque no dejabas de tomarle fotos a cada cosa y dijiste que sí, ‘ve chis’, que estabas teniendo nuevas experiencias de vida. Al volver, me regañaste, porque no compré galletas para comer durante la tarde.

Tu asesinato nos ha herido a todos. El día que encontraron tu cuerpo, Moisés y yo estábamos de turno. Moisés tuvo que ir a Santa Ana a confirmar con fuentes si era tu cuerpo. Yo, en la noche, tuve que actualizar la nota de tu homicidio y poner los detalles de tu funeral. Ninguna escuela de periodismo te prepara para escribir el asesinato de tu amiga.

Hace 17 días nos vimos en la noche. Yo estaba cubriendo un tema de un grupo artístico. Y vos fuiste a ver el espectáculo. No te encontraba entre el público. ‘Charlie, levantá la mano’, te dije. Y ahí estabas, como loca levantando las manos en el teatro de mil butacas. Llegué adonde estabas, estuve con vos y nos reímos y cantamos todo el espectáculo. No nos despedimos porque tuviste que volver a trabajar y yo quería cenar. La vida termina así, en medio de algo.

Hace 15 días empezó lo que al inicio creímos que era una pesadilla. Son 15 días de no poder leer las noticias. De no poder entrar a redes sociales porque un nuevo detalle aparece. De recordar una y otra vez nuestras pláticas, el último viernes, la última comida, la última salida. De tratar de que todo vuelva a tener sentido. Se cumplen 15 días desde que me desperté a las 7 de la mañana porque “te habían secuestrado”. Ahora sabemos que tu compañero está siendo acusado. Y nunca la vida ha sido tan agridulce para mí. Estoy muy feliz y al mismo tiempo soy muy miserable, Charlie. Porque ya estoy cursando otra beca por la que estabas contenta por mí. Porque te extraño.

Tu asesinato nos ha herido a todos. El día que encontraron, tu cuerpo Moisés y yo estábamos de turno. Moisés tuvo que ir a Santa Ana a confirmar con fuentes si era tu cuerpo. Yo, en la noche, tuve que actualizar la nota de tu homicidio y poner los detalles de tu funeral. Ninguna escuela de periodismo te prepara para escribir el asesinato de tu amiga.

Los días posteriores a tu asesinato no los tengo claros. Sé que estuve en tu funeral. Sé que Erick y yo lloramos. Sé que en tu entierro estuve enojada. Porque se habló mal de vos, porque hubo gente que no pudo tratarte bien durante tu vida, porque hubo periodistas que te culparon a vos misma de tu propio asesinato. Y sé que en la oficina todos nos empezamos a ver más a los ojos y a ser conscientes de la presencia del otro. Porque ahora nos parece, al fin, que la presencia es un privilegio.

Ahora estoy en otra redacción, tratando de aprenderlo todo, viendo lugares hermosos pero te pienso a cada rato y eso me recuerda que El Salvador es una herida de nacimiento. En D.C, cuando capturaron a tu pareja, busqué desesperada un par de ojos que hubieran visto algo similar a lo que hemos visto nosotros. Y no sabés lo difícil que eso es aquí, donde todo parece sacado de cuento. Pero los países que son heridas están en todas partes y encontré a alguien que me dijo que entendía mi dolor, porque también asesinaron a uno de sus amigos. Así, Charlie, hoy ando buscando gente que comprenda lo difícil que es seguir viendo cuando vos viste lo terrible. Quisiera poder seguir mandando bromas al chat de grupo que teníamos, pero ahora solo quedamos Erick y yo.

Termina abril, Charlie, y tengo que empezar a dejarte ir. A sonreír más. A no sentirme culpable cuando me siento feliz. A perdonarme porque todo mi discurso feminista no fue suficiente. A construir. A recordarte como fuerza, como luz, como alegría, como risas al mediodía. A los bichos de la mesa les decía que hay que luchar porque sabemos que vos lo hubieras hecho. Y eso es suficiente.


Valeria Guzmán es periodista de la revista Séptimo Sentido de este medio de comunicación. Este texto fue publicado el 30 de abril. Para el caso, se han respetado los tiempos de la publicación original que se puede encontrar en:http://badbichas.com/2018/04/30/charlie/

Santiago de María y su casi adiós a sus albergues

Albergue. Una de las casas que quedan en el ex-INCAFE es la de Aidée Castellón, quien vendió la vivienda que le dieron en la nueva colonia.

Detrás del muro, un frondoso maquilishuat se yergue contra el poniente, desnudo de flores pero robusto en su simplicidad. Érick Reyes se acerca a él, le sonríe, con las palmas de las manos recorre su corteza. Lo saluda como si de un amigo se tratara.

No hay desmesura en la comparación: Este fue el árbol que Érick sembró a pocos días de instalarse en este mismo sitio, hace más de 17 años, cuando el mesón en el que vivía, hecho de frágil bajareque, cayó en el terremoto del 13 de enero de 2001.

Construida con láminas y madera, aquí instaló una casa para habitar por solo seis meses, según lo prometieron el alcalde de la época, Roberto Edmundo González, y Care International, la organización que les donó los materiales.

Como él, otras 230 familias de Santiago de María, Usulután, que lo perdieron todo en los terremotos de 2001 se instalaron aquí para tener un hogar, un pedazo de tierra donde poder dejar sus pocas cosas, dormir, vivir. A cada una le asignaron un espacio de cuatro por cinco metros, 20 metros cuadrados. Era el nacimiento del ex-INCAFE, el primero de aquellos emplazamientos humanos a los que los santiagueños bautizaron como albergues.

En los siguientes días, surgieron tres más, en el costado contrario del pueblo, más allá del pujante mercado: Modelo, Fátima María y Montebello II, a los que ingresaron otras 150 familias. Desde las autoridades, se les sembró una esperanza: pronto les sería asignada una casa permanente. Para muchos, como Francisco Pineda, las palabras fueron una gloriosa melodía. Él, un hombre soltero, sin hijos, casi sin familia, jamás había contado con algo que pudiera llamar de su propiedad.

Pero los seis meses se convirtieron en más de tres lustros. Así, Érick Reyes pudo ver con toda la tranquilidad del mundo cómo crecía su amigo vegetal en este terreno, que en los ochenta fue el casco de uno de los beneficios del desaparecido Instituto Nacional del Café (INCAFE).

Los albergues se convirtieron en una parte fundamental del paisaje de Santiago de María. Casa tras casa hecha de lámina y madera, una junto a otra, conformaron esta, como cariñosamente se refieren a ella sus habitantes, colmena de metal.
También en una parte fundamental de sus problemas: en 2014, cuando este municipio de un poco más de 19,000 habitantes reportó 25 homicidios, los agentes de la Policía Nacional Civil los identificaban como los territorios más peligrosos: el coctel de abandono del Estado, pobreza y hacinamiento los convirtieron en terreno fértil para la expansión de las pandillas, que los transformaron en sus principales bastiones.

Santiago de María, en los años inmediatamente posteriores a la tregua entre pandillas (2012-2013), se convirtió en el referente negativo de la inseguridad en Usulután: las autoridades de los municipios ubicados en sus inmediaciones achacaban parte de los hechos que ocurrían en sus territorios a su cercanía.
Por mucho tiempo, las voces de los habitantes de los albergues parecieron encontrar oídos sordos en las autoridades encargadas de proveerles de una vivienda digna. Las cosas cambiaron en 2016, aunque no para todo el mundo.

Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver con sus ojos el sueño cumplido de tener un espacio propio. Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterara de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y especialmente para los habitantes de esta nueva colonia.

***

EL NUEVO HOGAR
“Se trata de otro acto de justicia de nuestro gobierno, pues estamos saldando una deuda provocada por los terremotos de 2001. Más de 15 años tuvieron que esperar por una solución, que les llegó de la mano de nuestro gobierno”, dijo el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, ese 16 de diciembre de 2016 en el que aquellos que habitaban los albergues recibieron por fin las llaves de sus nuevas casas, ubicadas en un terreno a 3 kilómetros del centro de Santiago de María, 19 manzanas de lo que antes era una finca cafetalera, que se volvió ociosa cuando sus antiguos dueños decidieron que el grano no era un negocio lo suficientemente rentable.

“Aquí, en Santiago de María, las familias de los albergues tuvieron que esperar la llegada de un gobierno identificado con el pueblo para poder solucionar sus problemas de vivienda”, aseguró Sánchez Cerén en su discurso, como si de una iniciativa de su gobierno se tratara.

Pero la historia es otra y tiene como uno de sus personajes a aquel alcalde que, a días de los terremotos de 2001, le prometió a los más pobres de sus votantes, aquellos que lo habían perdido todo, que les entregaría una casa digna.

Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”, ha sido alcalde de Santiago de María desde 1997. En las elecciones del 4 de marzo de este año ganó su octavo período al frente del municipio. Ha sido criticado por usar su sueldo de $3,000 mensuales y buena parte del presupuesto de la alcaldía para hacerles favores a sus electores. La Corte de Cuentas de la República ha hecho varios reparos a su gestión por lo mismo.

Esta mañana de abril, González termina de preparar la última lata de pan francés del día para meterlo al horno. Cuando se sienta a conversar, se le notan debajo del rostro esas oscuras y pronunciadas bolsas que solo provocan el desvelo y el calor.

Beneficiadas. Ana Pérez y Gladis Beltrán recibieron una casa como parte del programa. A pesar que no habían residido en los albergues, sí perdieron su casa en los terremotos de 2001.

Con un estilo desenfadado, que lo llevó a que lo expulsaran del FMLN en 2001, habla de las gestiones frustradas para construir los hogares permanentes con tres gobiernos centrales diferentes (dos de ARENA y uno del FMLN). Y de la última negativa que recibió, en 2013, de parte del Viceministerio de Vivienda de la época, y de cómo, solo semanas después, su amigo Tomás Chévez le ofreció ayudarlo con su proyecto cuando llegó a ocupar de manera interina la jefatura de esa cartera del Estado.

“Tomás Chévez me dijo que tenían $60,000,000 disponibles cuando solo semanas antes me habían dicho que no tenían recursos. Yo siempre he dicho que pisto hay, lo que no tienen es voluntad”, comenta González.

Los habitantes de los albergues fueron incluidos en el programa Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) serían construidas más de 400 viviendas en un terreno que la Alcaldía de Santiago de María había adquirido desde 2006 para ese fin.
Los futuros beneficiarios habían estado trabajando cuando se les pedía en esa propiedad desde entonces, primero talando los árboles para despejar el espacio, luego haciendo las labores de terracería.

Las casas. Glenda Villanueva y Armida Sorto salen de su casa en la nueva colonia. A diferencia de los albergues, está construída con ladrillo y es de su propiedad.

Pero las cosas no fluyeron sin baches: en julio de 2015, la empresa contratada para el trabajo, A. P. de Centroamérica, declaró que el trabajo era demasiado grande para completarlo en el tiempo para el que se había comprometido, ocho meses, a pesar de que ganó la licitación con el argumento de que había hecho un trabajo parecido en un período récord en el occidente del país.
Para esas fechas, solo habían completado la fundación de la mayoría de viviendas. De unas cuantas decenas se habían colocado las paredes y el techo. Sin embargo, lograron casi cumplir con el trabajo al año siguiente, aunque se declararon en quiebra antes de hacer las 48 casas restantes, de las que todavía están los lotes vacíos.

El proyecto entero costó $1,700,000, a casi $4,500 por casa, eso sin contar el terreno sobre el que fueron construidas (que era propiedad de la alcaldía) y las labores de terracería.
La colonia, ahora, es un conjunto de pasajes con casas idénticas una tras otra: dos cuartos, dos ventanas y un patio que da la posibilidad de construir. Quienes pueden permitírselo ya han comenzado. Lo hacen porque se trata de un trozo de tierra completamente suyo.

Mario Mejía y Pedro Navarrete son parte de la directiva de la nueva colonia en la que fueron reubicados los que antes vivían en albergues, que, en un acto de megalomanía, fue bautizada con el nombre del alcalde, Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”. Su rostro ocupa buena parte del cartel que da la bienvenida.
Mario y Pedro son dos de los fundadores de los albergues a los que fueron a parar tantas personas esperanzadas en que algún día les entregarían una vivienda digna. Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver el sueño cumplido de tener un espacio propio.

Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterará de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y, especialmente, para los habitantes de esta nueva colonia: vender algo en el pujante mercado central. Otras son rebuscarse por leña para comercializarla o acercarse a las fincas cafetaleras que todavía continúan activas, aunque en estas hay muy poco trabajo fijo fuera de la época de cosecha, de noviembre a enero.

Otros hombres se dedican a la albañilería, pero la mayoría de los trabajos están muy lejos de aquí, lo que los hace ausentarse del hogar semanas enteras, como en el caso del padre de Glenda Villanueva. Su familia es una de las beneficiadas por las nuevas viviendas. Ella tenía nueve años cuando la casa en la que vivían en el centro de Santiago de María desapareció: el terremoto provocó que se hundiera una parte del terreno sobre el que estaba fundada.

A sus 25, pasó la mayor parte de su vida en el albergue ex-INCAFE. Recuerda el hacinamiento, su casa inundada en el invierno, el baño usado por hasta cinco familias, la marginación expresada hacia ellos por los otros santiagueños.
También la inseguridad: en el ex-INCAFE, dos pandillas contrarias se distribuían el dominio de un territorio de apenas 2 manzanas de terreno, por lo que los combates armados eran el pan de cada día. Aquí, dice, continúa existiendo violencia: las familias beneficiadas también tienen pandilleros entre sus miembros. El problema se trasladó a la nueva colonia.
“Pero aquí uno se siente un poquito más seguro. Por lo menos las casas son de cemento. Si viene una bala, no cruza las paredes. Allá sí, porque eran de lámina. Eso pasó varias veces”, asegura.
Para este miembro de la Policía Nacional Civil que ha pasado 18 años en Santiago de María, la reubicación de las personas de los albergues a la colonia ha facilitado su trabajo: los territorios están más delimitados, pues en el sistema de casas anterior, el hacinamiento y la laberíntica distribución de casas facilitaba las maniobras de los pandilleros. Eso era especialmente notorio en el albergue Modelo, ubicado en un espacio alto y a unos pasos del mercado central de Santiago de María. En 2015, por ejemplo, no era extraño encontrarse a jóvenes tatuados de los pies a la cabeza oteando el horizonte en dirección hacia el mercado, observando el movimiento, sin preocuparse por ser vistos por un policía.
La importancia de este punto fue tanta que, cuando se desalojó el albergue, miembros de la institución y de la Fiscalía General de la República se encargaron, violencia de por medio, de que no quedara ni una champa en pie.

En la nueva colonia, los habitantes cuentan con luz eléctrica, pero todavía no tienen agua. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) gestionó los recursos para que en toda la colonia contaran con el servicio. Se hizo el trabajo completo: se puso el sistema de cañerías y el entronque con el sistema de ANDA, incluso se colocaron contadores en cada hogar.
Solo falta, como señala Mario Mejía, darle vuelta a las válvulas. Pero para eso necesitan contar con la certificación del Ministerio de Salud de que cada hogar tiene una fosa de tratamiento de aguas grises.

Wilfredo Beltrán es promotor de salud y también habitante de la nueva colonia. Él tiene la responsabilidad de verificar que en cada casa se cumpla con las normas. Este día de abril, acompañado de sus formularios, revisa una de las viviendas. Comprueba que la fosa tenga al menos 2 metros de profundidad y que cuente con arena y piedra para filtrar el agua. Esto ayuda, también, a que el agua no mine las bases del terreno.
También verifica que se haya construido una trampa de grasa, un retenedor de residuos ajenos al agua que se debe limpiar una vez a la semana. Dice que 90 % de los vecinos ha construido lo acordado, por lo que espera que muy pronto tengan agua.
Por ahora, hay dos formas para abastecerse: comprar una barrilada por $2 a los vendedores particulares que llegan cada día a la colonia desde el centro de Santiago de María o acarrear cantaradas desde un nacimiento ubicado a 3 kilómetros. Esta última es la opción de quienes no pueden permitirse comprarla.

***

LOS QUE SE TUVIERON QUE QUEDAR
No todas las personas se han podido ir del albergue ex-INCAFE para recibir una casa por parte del Estado. Ese es el caso de Carlos Flores, un hombre que parece un memorial de agravios. Esta tarde, en ausencia de su camisa, luce varias de las cicatrices que le quedaron en la guerra, cuando combatió del lado del Ejército. Ahí también perdió la pierna izquierda. Desde entonces usa una prótesis.
Tras firmarse la paz, pasó por varios empleos: trabajó para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), fue promotor de campo de la Red de Sobrevivientes de Minas y jefe de seguridad en una institución del Estado. Lo despidieron de este último empleo hace seis años. Le dijeron que era por “pérdida de confianza”, pues creían que estaba ligado a las pandillas después de que su familia fuera objeto de varios ataques.
En los primeros meses de ese año asesinaron a su esposa (Rosa Salgado), a su hijo (Wálter Flores) y a su nuera (Wendy Calderón). Él mismo sufrió un atentado cerca de otro de los albergues, el Montebello II, del que guarda un par de cicatrices. Y a otro de sus hijos, Mauricio, una bala en la columna lo ha dejado sin la posibilidad de caminar.
Según el alcalde de Santiago de María, Roberto Edmundo González, la decisión fue tomada porque la pandilla que tiene presencia en la nueva colonia es enemiga de aquella con la que se ha identificado a Carlos y a su familia. Carlos asegura que no tiene nada que ver con las estructuras: “Pero le agradecemos al alcalde porque nos ha dejado aquí para salvaguardarnos la vida”.
Él y los suyos, que habitan otras 10 casas en este terreno, tendrán que seguir viviendo como lo han hecho desde 2001, en casas hechas de madera y lámina. Pero algo ha mejorado: el desembarazo de viviendas ha permitido que ahora puedan armar una estructura a su gusto, más alta para evitar el calor y más grande para hacer algunas actividades, como la crianza de gallinas, que están en el mismo espacio destinado para el viejo automóvil que a Carlos le permite hacer algunos viajes por encargo.
También, dice, ahora están más tranquilos, con la certidumbre de que aquellos que lo consideraban su enemigo no lo atacarán más. Piensa que tiene más paz así que si le hubieran asignado una casa en la nueva colonia. No se queja: cuenta con dos servicios básicos, agua y luz, desde hace algunos meses. Lo único que le falta es “un trabajito formal”.
Por ahora, el titular del municipio les ha prometido que, como en el caso de las otras familias, muy pronto tendrán algo que llamar suyo, que está negociando para adquirir una manzana para distribuirla entre los que no se han podido mover. Pero eso debería pasar pronto, pues hay un detalle: el terreno en el que está su champa será reclamado por su titular, el Ministerio de Hacienda.
“Si nos dicen que no se puede concretar la promesa, nos vamos a la calle, a la vía pública… si se da el caso, nos vamos a ir por nuestra propia voluntad, antes de que venga la policía a sacarnos a leñazos”, comenta mientras camina tan rápido como si no tuviera una prótesis en la pierna izquierda.

Pero Flores y los suyos no son los únicos que se han quedado, y en el ex-INCAFE sigue habiendo hasta una veintena de champas. Los motivos son variados. Como en el caso de Irma Sánchez, a quien le asignaron un lote en la nueva colonia pero no pudieron construir ahí por la presencia de una monumental piedra. Ni siquiera pudo poner una champa por lo desnivelado del terreno. Optó por quedarse aquí. Dice que prefiere que le den como suyo el pequeño espacio que actualmente habita.

Los motivos de Aideé Castellón, otra de las que permanecen en el albergue, son otros. Ella fue beneficiada con una casa en la Roberto Edmundo González, pero decidió venderla.
“Le voy a hablar con la verdad. A mí no me gustó allá y mejor vendí mi casa. Me dieron $6,500. Con eso mandé a mi hijo a Estados Unidos. Yo no creo que eso sea un delito”, dice.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda. Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

***

LOS “SOLOS”
De entre los que fueron trasladados a la nueva colonia también se cuentan aquellos a los que no se benefició con una casa a su nombre. Son los que no calificaron en el programa por no ser parte de un grupo familiar. Parejas de ancianos sin hijos a los que heredar su casa cuando fallezcan. Hombres y mujeres de la tercera edad que, por los vaivenes de la vida, decidieron vivir sin nadie. A ellos les han dado la mitad de uno de los lotes vacíos para que puedan construir una champa.

Uno de ellos es Osmín Amaya, de 45 años, un excombatiente de la Fuerza Armada durante la guerra civil. Se gana la vida haciendo pequeños muebles de madera que después comercializa en el mercado de Santiago de María. Por su pasado militar, recibe ayuda de una asociación que apoya a lisiados de guerra. Dice que ellos le han ofrecido herramientas para ejercer otro de sus oficios, el de sastrería, que le daría mucho más dinero, pero el pequeño y vulnerable espacio en el que vive le hace pensar que no durarían mucho tiempo en sus manos.

“Quise sacar un préstamos en el IPSFA para construir aquí una mi casita, pero unos familiares me recomendaron no hacerlo. ¿Qué pasa si el día de mañana me dicen que me vaya? Ahí va a quedar toda la inversión”, cuenta.

A unos cuantos metros de aquí vive Francisco Pineda, de 68 años, otro hombre sin un grupo familiar al que le dieron un espacio para construir su champa. Se define como un “hacelotodo”, aunque ahorita gana sus billetes arreglando electrodomésticos. Asegura que hubo un tiempo en el que “comió bien”, cuando se dedicó a la confección y reparación de antenas televisivas. La llegada del cable a Santiago de María lo dejó sin su fuente de ingresos.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda.

Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

“Ese ha sido siempre mi sueño. Yo digo que no me voy a morir sin concretarlo”, dice, esperando que un día de tantos le entreguen en las manos la llave de una casa tan firme como su ánimo.

Sin familia. Algunas personas, como Francisco Pineda, no fueron sujetos del programa porque no cuentan con un grupo familiar. Actualmente les han dado un espacio para hacer una champa.

“Los ideales no terminan; lo que pasa es la vida”

Sergio Ramírez escritor nicaragüense recibirá el Premio Miguel de Cervantes, este 23 de abril de 2018.

Renuncio de manera pública e irrevocable a pertenecer al Frente Sandinista para la Liberación Nacional”, dijo Sergio Ramírez después de sentarse frente a una mesa llena de micrófonos en 1995. A su espalda estaba colgado un retrato de Augusto Sandino, la inspiración para la revolución nicaragüense del siglo pasado. “El Frente al que yo me incorporé hace 20 años ya no existe”, dijo ese 10 de junio en una conferencia de prensa a la que él convocó.

Así fue como Sergio Ramírez inició el retorno hacia su vocación: la literatura. Para entonces, el nombre de Sergio Ramírez tenía un mayor tinte político que literario. Él fue parte de la movilización que derrocó la dictadura de los Somoza, y con el triunfo de la revolución sandinista se convirtió en vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega de 1985 a 1990. Pero él asegura que el partido con el que había luchado, cambió para mal y en 1995 los diferencias entre él y la cúpula del partido se volvieron insostenibles.

De acuerdo con Ramírez, el FSLN no estaba dispuesto a democratizarse y se empezaba a instalar una línea autoritaria similar a la que ellos mismos habían combatido. “Todo aquello parecía irreal”, escribió Ramírez en su libro “Adiós, muchachos”, en el que se despidió del partido y de su papel como político.

Es originario de Masatepe, hijo de una maestra de escuela y un comerciante. En 1959 empezó a estudiar Derecho y a los 22 años se graduó como abogado, pero la escritura fue siempre su compañera. La producción literaria de más de cinco décadas lo comprueba. Veintitrés años después de salir del partido sandinista, este abril recibirá el Premio Miguel de Cervantes, uno de los reconocimientos literarios más importantes en la lengua española.

En marzo vino a El Salvador a presentar su novela “Ya nadie llora por mí”. El protagonista de esta novela es un investigador y excombatiente guerrillero que es contratado para resolver la desaparición de la hija de un matrimonio poderoso. La novela, de género policial, retrata la corrupción de algunas instituciones nicaragüenses y, además, recoge con humor la vida de la ciudad y sus habitantes.

“Esta novela es absolutamente contemporánea”, dice Sergio Ramírez. Tan contemporánea que hasta aparece nombrado el cantante de música pop Justin Bieber. Además, dentro del libro, las redes sociales y sus “hashtags” juegan un papel primordial para revelar ciertas verdades que el poder estatal quiere mantener escondidas.

Sergio Ramírez también es presidente del festival literario Centroamérica Cuenta, un festival que reúne a cientos de escritores y amantes de la literatura en Managua durante una semana. Este será en mayo y se realizarán presentaciones de libros, conversatorios, talleres de periodismo, edición y traducción. Y a pesar de que es uno de los festivales más grandes de la región, no cuenta con ningún apoyo del Estado nicaragüense. “Con que nos lo dejen hacer, suficiente”, dice el escritor. Y es que él no es bien visto por quienes antes fueron sus compañeros de lucha y gobierno.

Cuando le comunicaron sobre el Premio Cervantes usted dijo que se encontraba en “estado de gracia”, cuénteme, ¿sigue ahí?
Son noticias que llegan en la vida con cierta sorpresa. Yo había aparecido en las listas finales de candidatos y la verdadera sorpresa es la confirmación. Esa llamada oficial diciendo que he sido ganador del premio a las 7 de la mañana. La diferencia de horas también contribuye a crear este estado de incertidumbre, de sorpresa.

¿Al final no se rompió el silencio oficial del Gobierno para felicitarlo?
No, ja, ja. Una periodista que me preguntaba esto me decía: pero, ¿cómo es posible que no? Es como tener un elefante en la sala e ignorarlo.

La sorpresa sería lo contrario, ¿no?
Sí, en Centroamérica hubo mucha alegría. Siempre he pensado que tenemos una identidad cultural fuerte y que en momentos como estos es donde se manifiesta.

El Premio Latinoamericano de Cuento de la revista Imagen de Caracas fue su primer premio.
Sí, yo gané el premio de la revista que dirigía Guillermo Sucre, que era una muy importante en aquel tiempo, cuando Venezuela era un epicentro cultural de América Latina. Eso fue en el setenta y uno. Y tenía 29 años.

¿Hay algún punto de comparación entre ese primer premio y el Premio Cervantes?
Ganarse un primer premio internacional es importante… siendo la primera vez en que a esa edad se gana un premio convocado para toda América Latina por una revista de prestigio. De ahí nació mi libro “De tropeles y tropelías”, porque los cuentos ganadores fueron a dar a ese libro que se publicó aquí en la editorial universitaria de El Salvador. El año siguiente fue la toma militar de la Universidad de El Salvador y la edición se quedó ahí. No circuló. Este es un libro con una suerte extraordinaria. Salió el libro, pero se quedó en las bodegas. La universidad pasó tomada como un año.

¿El libro quedó secuestrado?
Sí, todo quedó ahí. Y luego se había hecho otra edición en Managua y vino el terremoto en diciembre de 1972 y entonces la edición quedó sepultada por el terremoto. Es un libro perseguido por los hados.

¿Qué influencia tiene su esposa en su literatura?
Ella ha sido un respaldo importante para mí porque en la literatura no todo es coser y cantar. Ha habido en nuestras vidas momentos muy difíciles como los de la revolución cuando faltaba el tiempo.

Usted publicó su primer libro “Cuentos” a los 20 años y luego escribió que Tulita Guerrero, su esposa, salió a venderlo de puerta en puerta por las calles de León.
Ja, ja, sí. Éramos novios y ella siempre ha sido muy entusiasta. Ella tomó el libro y salió de puerta en puerta a venderlo. Claro, eso me daba mucho terror a mí, mucha pena. Como cuando salió publicado mi primer cuento en la prensa y mi abuela salió a proclamar por el pueblo que había salido un cuento mío en el periódico. También me fui a esconder.

Usted ha escrito que entonces se llenó de horror y vergüenza.
Ocurrió cuando yo tenía 14 años porque mandé un cuento con un tema vernáculo al diario La Prensa en Managua. Había una página que dirigía Pablo Antonio Cuadra, un poeta. Y mandé este cuento y él lo publicó pensando que yo era un adulto. Era sobre la carreta náhuat, que es una carreta que arrea muertos y ese tipo de cuentos de camino. Esa es la primera vez que me di cuenta que la literatura tiene el poder de engañar.

Ahora, ¿qué siente antes de publicar?
Cuando recibo impreso el libro –que me llega generalmente un paquete con cuatro o cinco ejemplares– veo la tapa, pero no abro una página. Porque tengo cierto terror de que lo que está ahí no me vaya a gustar o que vaya a encontrar un error que ya no se pueda enmendar.

¿No lo revisa hasta que se presenta?
Sí, porque el libro ha pasado por un proceso que te lleva al cansancio. Escribir un borrador tras otro borrador. Imprimo el último borrador. Lo corrijo con lápiz de grafito. Vuelvo a incorporar las correcciones. Se lo doy a leer a alguien que me puede detectar errores ortográficos o sintácticos y luego se va a la editorial y me pone a un editor o editora que trabaja conmigo con preguntas. Yo las respondo. Se hacen aclaraciones. Y por fin, el libro se imprime. Entonces hay una especie de cansancio del texto. Y hay que agregar un tercer elemento. Y es que cuando este pan está saliendo del horno, uno está amasando otro porque ya está pensando en otro libro.

Galardonado. Sergio Ramírez en su entrevista con Séptimo Sentido en el marco de las actividades del festival Centroamérica Cuenta en El Salvador.

A nadie le interesa la felicidad. Interesa el conflicto, la contradicción y por lo tanto, si el lector encuentra que hay una visión crítica y que identifica los colores de esa ciudad como él piensa que son, pues excelente, se ha establecido esa comunicación crítica entre escritor y autor.

Considerando que su correspondencia personal y de trabajo se archiva en la Universidad de Princeton, ¿existe una vigilancia permanente de lo que escribe?
¿Sabés lo que pasa? Que ahora ya no se escriben cartas y en los archivos de este tipo donde se depositan documentos, los mensajes electrónicos no los consideran correspondencia, lo cual me parece que es un error que se va a llegar a corregir porque uno se comunica ahora a través de correo electrónico o de wasaps, etc.
De todas maneras, ahora a mí no se me ocurre escribir en un mensaje electrónico una carta de dos páginas como antes. Cuando vivía en Alemania era un buen corresponsal porque mis amigos estaban en América Latina, en otras partes de Europa y yo dedicaba una tarde entera a contestar correspondencia y recibía cartas de cuatro, cinco pliegos. Esas son las que están archivadas ahí, las de cuando vivía en Costa Rica y Alemania. Ahora la correspondencia se acabó. Yo tengo un archivo de todos mis correos electrónicos. Los tengo en un disco duro. Algún día le van a dar valor, ¿no?

A pesar de los problemas actuales de Nicaragua relativos a la democracia y a la corrupción, usted ha dicho que se mantiene optimista respecto al futuro del país. ¿Qué le hace pensar eso?
No hay mal que dure cien años. Pensar lo contrario sería un acto de desprecio a la voluntad popular, decir que la voluntad popular se va a quedar para siempre estancada. Los cambios se dan porque la historia obliga que se den y los cambios, por lo menos en mi íntima convicción, tienen que ser para bien.

Vemos cómo se han venido derrumbando en toda América Latina todas estas ambiciones de quedarse para siempre en el poder. En Ecuador hubo una salida tan elegante con el presidente Lenín Moreno que hizo que le dijeran no al continuismo de Correa, poniendo él por delante su propio cargo, porque tampoco puede reelegirse. Estos actos de honestidad, de entereza cívica, ¿por qué no van a repetirse en otras partes de América Latina? Los cambios generacionales también son importantes y creo que estamos destinados a la democracia, no al autoritarismo.

*

Tras la revolución, El Frente Sandinista de Liberación Nacional gobernó en Nicaragua desde 1979 a 1990. En ese periodo, el partido contó con figuras intelectuales prominentes como la poeta Gioconda Belli y el exministro de Cultura y poeta, Ernesto Cardenal. Ellos, como Sergio Ramírez, se opusieron a la dirección que el partido tomó liderado por Daniel Ortega y renunciaron a su posición dentro del Frente Sandinista. En 2006, Daniel Ortega volvió a la presidencia con el 37.99 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales y ha sido reelecto en otras dos ocasiones, en 2011 y 2016.

*

La poeta Gioconda Belli dijo: “Tenemos el cordón umbilical a la idea de la revolución. Esa ya no está, pero sí están con nosotros sus ideales”. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Yo coincido con Gioconda. Yo escribí eso en el libro “Adiós, muchachos”. Los ideales no terminan; lo que pasa es la vida. Uno envejece y los ideales uno tiene que mirar hacia atrás para verlos. Lo que conservo cimentado en esos ideales es mi actitud crítica frente a lo que veo porque tampoco es que ahora voy a decir “no, ahora yo soy solo escritor y me olvidé de la realidad de mi país o de América Latina”. Al contrario, mantengo la persiana abierta. Me asomo por la ventana, veo lo que ocurre y hablo sobre lo que ocurre. Para eso tengo el espacio de mis artículos de prensa, las entrevistas y eso es aparte de mi oficio de escritor, pero va junto. Porque junto al oficio de escritor, tengo mi oficio de ciudadano.

En su última novela “Ya nadie llora por mí”, se habla un poco sobre el rol de la Iglesia en la revolución sandinista. Como ciudadano, ¿cuál es su lectura de la Iglesia en la Nicaragua actual?
La Iglesia en Nicaragua sigue teniendo una posición muy independiente. La mayoría de los obispos tiene una posición muy crítica y hay una lucha entre la posición moral de la Iglesia y lo que el Gobierno considera su propia política. Hay obispos que alzan más su voz que otros. Hay, pienso yo, una ofensiva del Gobierno para tratar de sonsacar obispos. Una lucha por el poder… es decir, cuando el poder quiere tenerlo todo, entonces se mete con todo.

El protagonista de su nueva novela, el inspector Dolores Morales, es alguien también crítico con quienes ocupan el poder.
Sí, porque él es mi alter ego a pesar de que el inspector Morales era más joven que yo cuando la revolución. Fue un combatiente guerrillero, yo no lo fui. Él peleó en el frente sur. Perdió una pierna. Tiene que aguantar toda su vida una prótesis. Es un hombre que viene de un estrato muy humilde de la sociedad, su abuela vendía carne en el mercado, pero él tenía ideales. Quería un mundo mejor, distinto al que representaba la dictadura somocista, y con el paso del tiempo y la caída de la revolución, él guarda esa nostalgia. Envuelve en su nostalgia ese viejo ideal que no abandona. Y lo que hace es transformarlo en humor negro.

Un eje clarísimo de la novela y sus personajes es el de interpelar al poder.
Una novela siempre viene desde la profundidad crítica, aunque el escritor no lo quiera o no sea ese su propósito. Porque cuando uno tiene el propósito de denunciar, de acusar, entonces se está equivocando de vehículo. Debería usar mejor el discurso, el panfleto, el manifiesto. La novela es un campo complejo donde uno le tiene que dar la voz a todo el mundo. Y los personajes tienen que estar en contradicción porque si no, no hay novela, no hay relato.

Los relatos paralelos, donde todo mundo piensa igual, no son atractivos. Los relatos siempre son infelices. Si se fija bien, cuando los cuentos terminan dicen “y vivieron felices para siempre… eso ya nadie lo cuenta. A nadie le interesa la felicidad. Interesa el conflicto, la contradicción y por lo tanto, si el lector encuentra que hay una visión crítica y que identifica los colores de esa ciudad como él piensa que son, pues excelente, se ha establecido esa comunicación crítica entre escritor y autor. Y si el lector no es nicaragüense e identifica su propia sociedad con lo que la novela dice, pues mayor triunfo del escritor porque está dándole perspectiva universal a una situación que no vive solo Nicaragua. Esto de la corrupción entre la oscuridad y el poder desgraciadamente es un mal de América Latina.

En su novela aborda temas como el aborto y las problemáticas de la comunidad gay ¿Cómo decide abordar temas tan actuales y necesarios de discutir?
Esta novela es absolutamente contemporánea, tanto que en la medida que la iba escribiendo, el tiempo iba pasando y si me levantaba de la máquina porque me iba de viaje y volvía, ya la novela había envejecido en cuanto a esa pretensión mía de que tenía que estar al día. Y si una película se está pasando en un cine, yo tenía que cambiar la película para que fuera más contemporánea. Los asuntos que están en la contemporaneidad hoy tienen que estar allí porque son parte del conflicto. Si los personajes entran en conflicto, entran en conflicto con las características de la sociedad. Religión, sexo, aborto, la política sobre los gays, todo eso está de por medio y (también) el abuso sexual.

Imagino que cuando usted empezó a escribir esta novela en 2013 muy pocos preveían que para 2017 se iba a desatar la ola de denuncias contra el acoso y abuso sexual que se ha visto en la actualidad.
Sí, cuando la novela se publicó todavía no había comenzado esa ola… pero es como un globo que solo necesitaba un pinchazo. Eso estaba ahí cargando la atmósfera y, en determinado momento, la valentía de una sola persona arrastra a otros. Porque siempre ha sido un estigma para una mujer decir “fui violada, fui acosada, abusada, a cambio de que me den un papel en el cine”. Que es lo mismo a decir a “cambio de que me den un trabajo”. ¿Cuántas veces no ocurre que una mujer se presenta a solicitar un trabajo y entonces el favor que le exigen a cambio es el sexual? Me parece que estamos viviendo un momento muy trascendental. Ojalá después de esta ola universal de denuncias, las cosas no volverán a ser las mismas.

¿Usted cree que se está haciendo lo suficiente para contar Nicaragua?
Sí, yo creo que ahora hay más narradores que antes porque hemos sido un país de poetas. En Nicaragua se es poeta mientras uno no pruebe lo contrario. Pero ahora hay más narradores, sobre todo entre los jóvenes, después de la generación que nació en los años ochenta, hay una expansión de la narración. Y eso todavía se está consolidando, vamos a ver más frutos. Me parece que está ocurriendo también en el resto de Centroamérica.

¿Cuál es su balance de estos años haciendo el festival Centroamérica Cuenta?
Lo hemos logrado consolidar. Este año vamos ya viento en popa, lo abrimos en la tercera semana de mayo. Tenemos una lista muy calificada de invitados. Más de 70 invitados que vienen de muchas partes: de México, de Italia, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Francia, Inglaterra y, por supuesto, de todos los países centroamericanos.

El festival tiene patrocinio de la empresa privada. ¿Hay algún apoyo del Estado nicaragüense?
No, ni pensarlo, no, no… con que nos lo dejen hacer, suficiente. Pero la empresa privada cada vez nos apoya más. Y entidades internacionales, fundaciones, gobiernos. Tenemos el apoyo del Gobierno de Francia, de España, de Alemania, de Brasil, de Colombia. Entonces… tenemos respaldo.

Sergio Ramírez

Izalco y sus pioneros del agua

Lavaderos públicos. Estos lavaderos fueron construidos, según los pobladores de Ayagualo, hace casi 60 años. Piden a la alcaldía ayuda para hacer unos nuevos.

“No hay otro vertiente como este. Entre más se usa, más parece que saca. La tierra es agradecida”, dice Raúl Chilulum sobre la fuente de agua que provee a más de 10,000 personas en Izalco. En la práctica, una de cada cuatro personas de este municipio, el más poblado de Sonsonate, tiene agua en su hogar gracias a este nacimiento, ubicado en el cantón Los Arenales, muy cerca de la frontera entre el vecino Nahuizalco y Juayúa.

Raúl Chilulum es desde hace más de una década el presidente de la Asociación del Proyecto Múltiple del Agua de Izalco (APROMUPIZALCO), la organización más grande entre todas aquellas que proveen a los habitantes de este municipio del occidente del país. Uno en el que la participación del Estado en esta tarea es marginal: de los 38 sistemas que existen, solo dos corresponden a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Son los de la parte más urbana. El resto es responsabilidad de varias ADESCO o de entidades como la capitaneada por Chilulum. Dieciséis de estos sistemas pertenecen a APROMUPIZALCO.

Para esta entidad, todo nace aquí, en medio de dos colinas, en un complejo de verde y brisa fresca entre las ramas. Para llegar, hay que dejar la carretera de Los Naranjos e ingresar a un camino de tierra, empinado y resbaloso, imposible de remontar para un vehículo con tracción convencional. Y encargarse de quitar los habituales derrumbes (robustas rocas, tan grandes como un congelador) para que el carro pueda pasar. Los hombres no tienen más que sus manos y fuerza para hacer esta labor.

Pero el esfuerzo vale la pena: el paisaje es un jardín de quietud. Aquí está un amplio estanque al que vienen a parar los remanentes de los tres sistemas que hay en este espacio. Uno alimenta a Los Naranjos, en Nahuizalco. El otro es de ANDA, y va a dar a los municipios de Sonsonate y Sonzacate. El restante es el de Chilulum y los suyos, el único que no necesita de potentes máquinas de bombeo para cumplir con su trabajo: el líquido se transporta desde estas montañas hasta el chorro de cada familia gracias, en exclusiva, a la gravedad.

La tubería madre. Esta tubería de hierro fundido transporta el agua desde los manantiales hasta los pozos. Ya cumplió su vida útil, por lo que esperan apoyo para reemplazarla.

La vertiente subterránea es filtrada a través de grandes peñas, pasa por varias cajas de captación hasta que llega a la tubería madre, hecha de hierro fundido. Esta recorre kilómetros y kilómetros hacia los tanques de cada comunidad, que varían en tamaño dependiendo de la población a la que alimentan. Desde ahí, las tuberías van a cada familia.

Se trata de un sistema autosuficiente: cada uno de los 3,800 socios de la organización aporta $2 al mes. De cada pago, $1 se queda dentro de la comunidad para la reparación de cualquier eventual daño y para poder clorar, más o menos diariamente, el agua. Su administración depende de una filial de APROMUPIZALCO dentro de la comunidad, que es independiente de las ADESCO. Sus miembros hacen su trabajo sin cobrar un centavo. El hecho de tener agua en casa es suficiente estímulo. El único que gana un sueldo fijo es un fontanero, al que se le paga entre $120 y $150 cada mes.

El otro dólar se queda en la administración central, que lo utiliza para el mantenimiento de la enorme tubería madre y para las inversiones más grandes. También para el papeleo y el orden que debe mantener como organización no gubernamental sin fines de lucro que es, pues está inscrita como tal ante el Ministerio de Gobernación. Anualmente entrega balances de sus actividades a esa institución. En la central de la entidad solo se le paga a dos trabajadores: una secretaria y un fontanero general. Este puesto es ocupado por Chilulum, quien se encarga ad honorem del trabajo de administración y representación legal.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.
Cuando se piensa que desde aquí se abastece a más de 10,000 personas, cuesta creer que todo nace de un espacio no mayor a una cancha de básquetbol.

“Como le digo, la tierra es agradecida: de un poquito da tanta riqueza”, dice Chilulum. Pero la sensación de la conquista se topa con la realidad. El mismo dirigente acepta que, actualmente, necesitan de ayuda, “ya sea del Gobierno o de otra entidad”. El proyecto inició en 1985, hace 33 años. La tubería madre ya pasó su tiempo de vida útil, que, según las recomendaciones, es de 30 años.

Chilulum (moreno, estatura baja, ojos achinados, complexión recia) dice que sería bueno que el Gobierno “hiciera uso de sus buenos servicios” para poder, también, instalar una segunda tubería madre. Eso les serviría para abastecer a las comunidades que todavía no tienen agua en Izalco, como el cantón Las Marías, en la parte norte.

Con el sistema actual, les es imposible darle agua a más gente: están conscientes de que la instalación de más mechas sería en detrimento de todo el conjunto.

“Una segunda tubería podríamos llevarla hasta un punto y, de ahí, distribuir a las comunidades. Con lo que tenemos ahorita, el agua pierde potencia al pasar por tantas casas”, dice Chilulum.
Eso es algo que apoya la maestra Laura de Soto, presidenta de ADESCOHUIS, una de las organizaciones comunitarias que, como APROMUPIZALCO, han mantenido corriendo por décadas el agua desde los manantiales de las partes altas hasta los hogares. Sabe que las comunidades que no tienen agua los tildan como egoístas.

“No es así. Es que somos conscientes de que nada es ilimitado. Esa es la diferencia de nosotros con ANDA. Para ellos, entre más pajas (mechas) de agua ponen, es mejor, aunque a la gente no le llegue el agua”, comenta.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer, es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.

***

Ese día de marzo de 2015, Vicente (nombre ficticio) salió a revisar a las 4 de la mañana que todo fuera bien con el tanque de agua que abastece a la comunidad donde vive, Ágape, un complejo de casas donado a principios de los noventa para personas de escasos recursos por la organización liderada por el sacerdote Flavián Mucci. Esta certificación es un trabajo que ha hecho diariamente desde hace años.

Esa madrugada, el tanque estaba vacío. A pesar de que era verano, el agua del nacimiento, ubicado en el cantón Talcomunca (el mismo donde está el penal), había sido en todos esos meses un portento de constancia. Afligido, decidió organizar una expedición con otros hombres de la comunidad. Primero, se comunicó con el dueño del pick up que los llevaba en momentos de emergencia, un síndico de la Alcaldía Municipal de Izalco. Este le dijo que era posible partir a las 8 de la mañana.

Entonces, Vicente fue tocando de puerta en puerta para hacerse de la cuadrilla necesaria para enfrentar los daños que, según él, imposibilitaban que el agua llegara hasta sus casas. El primero en decir que sí fue Carlos (nombre ficticio), un joven padre de familia. Poco a poco se fueron sumando más personas.

A las 8, el contingente salió hacia Talcomunca. Tras cruzar una tras otra calles llenas de piedras, llegaron al cantón Chorrera Blanca. Una desafortunada curva del camino les impidió ver lo que estaba más adelante: Una veintena de hombres armados, esperando por su llegada. El desperfecto no era otra cosa que un daño ocasionado por estos miembros de pandilla, una excusa para obligarlos a subir a lo que ya era tierra de nadie.

Al llegar al recodo, era muy tarde para desandar el camino. Los pandilleros los rodearon y les exigieron bajar del vehículo. A Carlos, el joven padre, lo arrastraron hacia una parte alejada. Roberto, el otro del grupo que apenas había dejado la adolescencia, intentó huir saltando a unos cafetales que se encontraban a un lado del camino. A los pocos minutos, le dieron alcance y lo llevaron al mismo sitio donde ya tenían a Carlos.

Vicente y el resto de hombres fueron atados de pies y manos, con el cuerpo boca abajo. Los pandilleros reían al enredar en la hoja de su machete los largos cabellos de Carlos. Este look lo convirtió en un objetivo prioritario de sus captores. Vicente y los suyos solo oyeron las lamentaciones de los dos muchachos, inmovilizados por la rabia, el miedo y las cuerdas.
El ruido, poco a poco, fue mermando: el grupo de pandilleros se alejó con los más jóvenes. Los otros se quedaron ahí, sin saber qué hacer. Esperaron un rato para comenzar a luchar por desatarse. La suerte le sonrió a uno de ellos, quien minutos antes le había rogado a su captor que no le dejara los nudos tan apretados. Se liberó y pudo ayudar al resto. Huyeron de ahí sin ganas de regresar.

Cooperación. Muchos de los proyectos sobreviven, además de por el aporte de sus socios, por la ayuda de entidades internacionales. Una de ellas es la embajada de Alemania en el país.

Vicente ha estado trabajando con unos trozos de madera en el umbral de su casa. Desde acá señala los zapatos que usó en aquella ocasión, cuando llegó a creer que no la contaría.
“La autoridad ya sabía que todo eso estaba pasando allá, arriba, pero no nos habían avisado. Si hubiéramos sabido, no hubiéramos subido”, dice Vicente.
Carlos y Roberto fueron reportados, ese día, como desaparecidos. Pero desde entonces, hace tres años ya, no se ha sabido nada de ellos. Sus familiares se han resignado a no tener la oportunidad de sepultarlos.

Pero subir hasta el nacimiento es un requisito indispensable para que el agua siga fluyendo. ADESCOMIL, la organización comunitaria que maneja el agua que llega hasta la comunidad de Vicente, ha tenido que acudir, en cada oportunidad que se hace una visita, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para que al menos tres elementos los acompañen. Han pasado tres años desde la gran crisis, pero nadie se ha atrevido, desde entonces, a arriesgar el pellejo subiendo sin seguridad.

Eso, explica Vicente, ha multiplicado los gastos de ADESCOMIL: en cada oportunidad hay que pagar un automóvil, que cobra $60, para transportar a trabajadores, soldados y policías. Antes se desplazaban en bus, pagando $0.40 por persona. A eso se suma un refrigerio para cada agente. Por fortuna, muchos de aquellos que laboran pertenecen a la comunidad y hacen gratis el trabajo. Pero cuando se necesita personal extra, las tarifas han aumentado: se ha sumado el factor riesgo.

Los socios de ADESCOMIL, unos 150, deben cancelar cada mes $4 por el servicio: en ese cobro va, también, un porcentaje destinado a la hija huérfana de Carlos, a quien la comunidad ha decidido ayudar hasta que cumpla los 18 años.

La de esta ADESCO no es una historia exclusiva. Relatos parecidos pueden ser escuchados si se camina un poco por estas vecindades, ubicadas a unas cuantas cuadras de la alcaldía municipal. Es el caso de los dirigentes de ADESCOHUIS, a quienes les asesinaron a un joven trabajador cuando fueron a reparar una fuga cerca de su nacimiento, en Talcomunca. O el de los de ACASAPIGO, que sufrieron un atentado en el que murieron dos personas. O el de la misma gente de APROMUPIZALCO.

Es una norma entre cada una de las juntas y organizaciones de agua no subir hasta sus nacimientos sin una escolta policial. Cada quien debe realizar una petición en la base del Ejército en Caluco. Allí, el teniente encargado explica que estas se hacen por escrito y con dos días de anticipación. Se ha vuelto tan común que han adicionado a sus actividades ordinarias esta tarea de acompañamiento.

“Es verdad que no es algo que es parte de El Salvador Seguro, pero es en beneficio de la población. No hay nada más importante que el agua”, comenta el teniente.
La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

“Fue una compra razonable. A ellos se les daba un dinero para que pudieran nivelarse. Y para nosotros tener pajas de agua disponibles significa poder darle a alguien más el derecho al agua. Actualmente, estamos al límite”, dice Chilulum.

La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

***

EL AGUA HA TENIDO que cruzar varios kilómetros en su oscuro camino de hierro fundido entre haciendas, casas y caminos vecinales para llegar a este enorme tanque en el cantón Cuyagualo, de Izalco. En lo alto del coloso de cemento, Edwin Tulipe se ha puesto una máscara y se ha armado con guantes para disolver en una cubeta una tasa del químico que les permite clorar el agua, una forma poco costosa para matar los virus, bacterias y gérmenes del agua utilizada para consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cloro libre en agua tratada debe ser de 0.2 a 0.5 miligramos por cada litro.

Edwin arroja esa solución en una caja de cemento en lo alto del tanque. Colocadas a lo largo de un tubo, cuatro botellas de gaseosa son los instrumentos que permiten llevar el cloro hasta el resto del agua. Es una solución artesanal encontrada por los miembros de APROMUPIZALCO para hacer funcionar el mecanismo que, desde hace varios años, les exigen los promotores de la unidad de salud del municipio.

Edwin hace esta tarea cada día, un poco antes de las 10 de la mañana. Mientras no lo haga, no puede dejar pasar hacia las casas el agua que viene del nacimiento. Después tiene que esperar unos 20 minutos para que el cloro tenga el suficiente contacto con el líquido. Solo hasta entonces puede abrir las válvulas.

Chilulum, presidente de APROMUPIZALCO, lleva consigo un pequeño kit, utilizado para certificar los niveles de cloro. Para usarlo, es necesario moverse hasta algún hogar del caserío más cercano. Aquí, un incesante chorro, que ya desearían tener en muchas casas de la capital, abastece una pila con un agua límpida, en la que se tiene confianza para beber. Edwin llena un pequeño recipiente y le adiciona dos sustancias.

“Si el agua no tuviera cloro, no puede agarrar color aunque le eche estos dos volados”, comenta Edwin, mientras mezcla los ingredientes. Al finalizar, el agua tiene un tono cobrizo, que está un poco abajo del rosado esperado. El agua no tiene la cloración ideal. Y seguirá perdiendo la concentración a medida que pasen las horas. Eso lo reconoce Raúl Chilulum, quien asegura que todavía no están en la capacidad de darles a sus sistemas un tratamiento constante, como lo que sí pasa en las plantas de ANDA: ahí, un empleado monitoriza todo el día que los niveles se encuentren estables. Pero los esfuerzos de Chilulum y los suyos son todo un paso adelante teniendo en cuenta la realidad del municipio.

En este pequeño cuarto de la unidad de salud de Izalco, tres hombres vestidos de blanco conversan mientras un pequeño ventilador batalla para intentar, en vano, acabar con el calor de abril. Ellos son algunos de los encargados del departamento de Saneamiento de este centro de salud, los responsables de evitar la proliferación de enfermedades en un municipio tan populoso como pobre.

En sus manos está la tarea de certificar que la calidad del agua que se toma sea aceptable para el consumo humano. Esta cuadrilla llegó aquí a finales de 2016. La tarea de sus predecesores tuvo algunos errores. Por ejemplo, habían identificado que en todo el municipio había 21 sistemas de agua potable. El diagnóstico de los recién llegados aumentó la lista: les faltaban 17.
Johnny Cepeda, uno de los miembros de Saneamiento, suda levemente en medio del cuarto ganado por el calor. Aquí explica que la mayor parte de los sistemas manejados por juntas de agua todavía no han incorporado mecanismos de cloración. Es todo un problema: ellos no pueden certificar que se trate de un líquido libre de bacterias y minerales peligrosos, pues el laboratorio del Ministerio de Salud solo está apto para hacer pruebas en agua clorada.

Los manantiales. El agua de la mayoría de comunidades en Izalco viene desde las partes altas en el norte del municipio (como el cantón Talcomunca) o de Nahuizalco.

“Es el pleito que todavía tenemos. Esperamos, hoy en abril o en mayo, hacer una reunión con todos los miembros de las juntas de agua para que se comprometan”, dice Cepeda.
Sin embargo, ya se ha avanzado y algunos sistemas que antes no tenían un método de purificación ya han comenzado a implementarlo. Ese es el caso de Cruz Grande Norte, uno de los que manejan APROMUPIZALCO.

Al cuarto ha entrado otro de los miembros de Saneamiento: Carlos Coto. Como Cepeda, habla de las falencias que todavía se encuentran en las juntas de agua vecinal. Sin embargo, reconoce que si no existieran miles de personas, sobre todo campesinas, no tuvieran agua en sus hogares: “Hemos hecho reuniones con gente de ANDA. Ahí ellos han aceptado que no tienen la capacidad para hacerse cargo de la zona rural. Esta gente es su salvación”.

***

Prueba. Edwin Tulipe muestra el kit con el que hacen la prueba de cloración al agua.
El ideal es el del rosado del medio, pero el líquido del sistema de Cuyagualo es de un tono cobrizo.

EN IZALCO, LAS JUNTAS de agua cantonales, como las definen aquí, comenzaron a surgir a principios de los ochenta. Lo hicieron gracias al apoyo del Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), del Ministerio de Salud, financiado con fondos de USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa y en la siguiente década, solo en este municipio surgieron las 21 organizaciones que ahora abastecen a un porcentaje cercano al 90 % de la población de Izalco.

Y con cobros que oscilan entre los $2 y $4 mensuales, se han convertido en una verdadero alivio para las miles de familias que viven en la pobreza, una que se ha intensificado en la presente década por el colapso de la mayor parte de fincas cafetaleras de la zona, las que daban empleo. La roya y una cada vez más grave situación de inseguridad ahuyentaron a los antiguos dueños. Solo quedan casas patronales y suntuosos portones de entrada como signo de ese pasado en el que, al menos, había trabajo.

A los socios de las juntas y organizaciones de agua se les hace un único cobro mensual, sea cual sea su consumo. Lógicamente, no existen medidores que permitan cuantificarlo. Según la profesora Laura de Soto, presidente de la junta de ADESCOHUIS, a veces se traduce en abusos. Como medida para contrarrestarlos, han establecido limitaciones: no se pueden regar sembradíos con el agua, tampoco regalar y mucho menos venderla al que no tiene.

En el campo, es habitual que cuando un hijo decide formar su propio hogar, no se vaya de la casa materna, sino que construya una vivienda en el mismo solar de su padre o madre. En esos casos, es imposible prohibirle a alguien que dé su agua. En las juntas han creado la figura del “adicional”, una persona a la que se le puede pasar el agua desde una misma mecha. Sin embargo, este beneficiario debe colaborar con los trabajos para los que sea llamado y pagar lo mismo que un socio.

El agua, ese derecho humano para el que se está pensando en una ley general, es algo relativamente conquistado para una buena parte de la población de Izalco. Por ello, cualquier noticia que indique un cambio en el statu quo es visto con malos ojos. Una idea contraria ha hecho, incluso, que aspirantes a gobiernos municipales pierdan elecciones: ese fue el caso del último candidato por el FMLN, Antonio Mendoza, quien prometió que, de llegar a la silla, todos los proyectos de agua pasarían a la ANDA.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

Propiedad. Edwin Tulipe está parado a un paso del límite del terreno en el que la comunidad de Cuyagualo construirá una bodega.

Las cabezas de estas organizaciones se han convertido en auténticos líderes comunitarios, como es el caso de Raúl Chilulum, de APROMUPIZALCO, quien incluso fue concejal en el gobierno municipal de 2012-2015, capitaneado por el partido ARENA. Chilulum, sin embargo, no ha ocupado este arrastre para enriquecerse. Su casa es una como la de cualquier campesino, en la que la va pasando un día a la vez, según la opinión de varios habitantes del municipio consultados para este trabajo.

En Izalco, la ANDA no goza de buena fama: se piensa que, cuando llegue y coloque sus medidores, el agua se convertirá en un bien demasiado suntuoso para la mayor parte de Izalco, que se ha habituado a pagar una cuota fija. Desde ANDA siempre han intentado bajar las alarmas, pero la gente se ha expresado en manifestaciones (en 2004 y 2014) que llegaron hasta San Salvador cuando se intentó meter a la entidad estatal en la ecuación de su agua.

“Es natural. ANDA no es una institución que tenga mucho prestigio. La gente ve en la televisión que aquí o allá hay desabastecimiento de agua, y es como que les contaran un cuento de terror”, opina al respecto Gerardo Vega, gerente de la Alcaldía Municipal de Izalco.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

En este nacimiento donde todo es verde y frescura en el cantón Los Arenales de Nahuizalco, Chilulum parece olvidarse de estos problemas. Ver su vertiente es suficiente motivo como para ponerle una sonrisa en el rostro, equivalencia gráfica de la palabra parquedad.

De una de las piedras que están al lado de las cajas de captación, un chorro incesante parece otro nacimiento. Sin embargo, es el desperdicio que sale desde el tanque de ANDA, que está justo al lado, dañado por los terremotos del año pasado. No ha sido reparado desde entonces.

El vigilante que se encarga de cuidar la planta, la única persona aquí, asegura que el rebalse es tanto que, cuando no está activa la bomba, el agua suele llegar hasta el espacio que le sirve de dormitorio y cubrir la cama.

“Yo bien digo que eso lo podrían aprovechar ustedes, de todos modos el agua cae en su parte del terreno”, le dice el vigilante a Chilulum, que sonríe al enterarse de una nueva muestra de negligencia de la autónoma, esa institución a la que él y muchos en Izalco no dejan de ver como la gran amenaza en contra de su agua.

Problemas. Chilulum achaca el problema que han tenido con tres de sus filiales, que han decidido dejar de pagar la contribución para la central, a un mal asesoramiento de la Alcaldía de Izalco.

La justicia que persigue a los pequeños

Excepción. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que llegó a una condena.

El Salvador es un Estado corrupto. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.

Esta, la opinión de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los últimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador “la corrupción, además de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas”.

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia pública se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, “La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, señala que debido solo a un puñado de casos emblemáticos de esta y la década pasada, el país ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir más de 10 centros médicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.

“La corrupción es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energía en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien común, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado”, comenta Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

El Código Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como específicos de la corrupción. De estos, la Fiscalía General de la República ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce años a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupción cada 29 horas.

Uno de los más procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario público se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administración está encargado. En este mismo período, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscalía solo en referencia a este delito.

Este nombre, “peculado”, ha sido parte de las acusaciones más impresionantes de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como aquella en contra de Elías Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de más de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.

Los números de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revisó todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consultó el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La búsqueda se realizó en torno de cuatro delitos, los más graves dentro de los catalogados como de corrupción: peculado, malversación, cohecho propio y cohecho impropio.

De estos cuatro delitos se encontró que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusación que pesa sobre sus hombros.

Las victorias para la Fiscalía tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este último punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupción que estipula el actual Código Penal.

 

Ilustración de Moris Aldana

***

 

UNA JUSTICIA SELECTIVA

Éver Alexánder no ganaba mal como empleado de la Alcaldía de San Salvador. Los $506 que percibía mensualmente lo colocaban muy por encima del salario mínimo, ese que todavía es un sueño por cumplir para muchos en un país como El Salvador.

Su trabajo consistía en cobrar, para la Administración Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios públicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.

Fueron más de $5,000 los que el acusado sustrajo para sí en un período de dos años, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representación.

El modus operandi de Éver no era para nada sofisticado. Según explicó una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compartía con él la administración del baño del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 días, ella debía pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a Éver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un día de tantos recibió un llamado de atención desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta Inés.

Esta le advirtió que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llenó de confusión: religiosamente ella había entregado a Éver la cuota asignada. Bertilla explicó lo que había pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pronóstico, así fue: a la jefa ya le habían llegado varias denuncias de que Éver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditoría a su trabajo.

 

Se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.

 

Como Bertilla, otras seis personas habían sido engañadas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcaldía advirtió que una sola persona le había robado a la comuna $5,147.67.

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaración de 10 personas, múltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis años de prisión, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía General de la República ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo más arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qué tipo de funcionarios son los que se condenan en este país por delitos ligados a la corrupción. Ahí está también el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueológico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos años de prisión por apropiarse de $322 en entradas al parque.
O el de cuatro empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes fueron sorprendidos por dos policías mientras sustraían 40 barriles de diésel de la planta asfáltica de la institución en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco años de cárcel.

 

Presiones. El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan más indagaciones de alto perfil en corrupción.

 

“En casos en los que los implicados son servidores públicos de menor valía, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones públicas”, comenta Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Algo parecido señala Jaime López, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un recién iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupción en el país. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.

 

Directora. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar Wálter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 años de cárcel por apropiarse de más de $60,000.

Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la institución.
“Eso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el ámbito penal, sino también en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de Ética Gubernamental”, comenta López.

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados públicos que estaban en puestos altos en alguna institución del país cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que más acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. Él fue condenado a 15 años de prisión luego de que se comprobó, entre otras cosas, que había utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansión. Sin embargo, nunca se le procesó por al menos otros dos proyectos henchidos de incógnitas: Río Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados más de $30 millones. Después de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.

El caso inició cuando Belisario Artiga era fiscal general de la República. Hablar del caso lo llena de alegría todavía hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafetería de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparecía dando declaraciones en los periódicos. El de ANDA es esa excepción que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todavía se encontraba en el cargo. Algo “inexplicable e insólito”, en palabras de Jaime López, de FUNDE, pues, además de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.

Pero ese es el único caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupción. Muchos otros que se judicializaron durante su gestión, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que contó con Enrique Rais como uno de sus imputa dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucción.

“Para ello hay que entender que estrenábamos todo un sistema, pasamos de una época en que la investigación estaba a cargo de los jueces y pasó a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco contábamos con un montón de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telefónicas”, comenta Belisario en esta cafetería de San Salvador. En su época, la prioridad fue parar los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.

Para Martín Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya más casos de alto perfil en delitos de corrupción es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen múltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.

“Los términos de las prescripciones se vuelven, en la práctica, más cortos, pues son mucho más complejos que los de la delincuencia común”, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel técnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. “Eso le mete a los casos un mayor nivel de discusión”, dice Rogel.

La Fiscalía salvadoreña ha sido criticada por sus fracasos en sus casos más mediáticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Meléndez decidió prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Al día de hoy, según el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Martínez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente continúa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscalía para este trabajo. Douglas Meléndez ha achacado los traspiés a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.

Algo en lo que está de acuerdo el magistrado suplente Martín Rogel Zepeda, quien señala que en los grandes casos es común la presentación de grandes volúmenes de evidencia: “Pero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados”. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la institución, la acusación contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habrá que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.

 

***

 

COHECHO PROPIO, ¿UN DELITO DE POLICÍAS?

Cuando Jorge apenas había ingresado a El Salvador desde su país, Guatemala, fue detenido por un retén policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachapán, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su vehículo. Descubrieron que en la parte de atrás del carro, el empresario traía una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge traía dinero, $20,000, para ser más exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete podía verse a simple vista. Además, ya había declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadoreña con la que tenía años de hacer negocios. El policía no quedó satisfecho con la respuesta y amenazó con apresarlo. Para evitarlo, le pidió un pago. Jorge ofreció $80. No era suficiente.

“No soy solo yo, somos otros tres… Mejor voy a llamar a mi jefe”, comentó el agente. El oficial a cargo llegó hasta el vehículo. Jorge, entonces, fijó el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. “Otra vez vino uno que solo traía $13,000 y nos dio $1,500”, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacción de los uniformados.
Jorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se quedó ahí. Días después, puso una denuncia en la Policía Nacional Civil.

Los meses pasaron y la Fiscalía inició un proceso contra el agente que hizo la inspección y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenció directamente la extorsión.
Por eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán los condenó a tres años de prisión, que fueron condonados, dado el corto período de la pena, por actividades de servicio social. Eso sí, se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante la pena.

El delito por el que los dos policías fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el Código Penal como aquella acción en que un empleado público recibe una dádiva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepción de cualquier soborno.

 

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

 

Y los policías parecen los más expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran policías. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.

Para Jaime López, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: “trabajan en la frontera del delito”.

Para Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que haya tantos policías condenados y procesados puede ser un buen síntoma: señala que los mecanismos de control son efectivos.

Eso mismo lo apoya Jaime López, pero viéndolo desde una óptica distinta: es señal de que en el resto de instituciones no existen vías suficientemente rápidas para detectar actos de corrupción. Para él, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.

“Nadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley”, opina Jaime.

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

“A estos sí es más fácil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protección, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un policía de calle sea procesado, pero sí afecta que un presidente lo sea”, comenta López.

 

***

INVESTIGAR EL PRESENTE

En países de institucionalidad débil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigación, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusión. Para el criminólogo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta sería de mucha utilidad en el país, pues le quitaría parte de la presión a la Fiscalía General de la República. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.

“De nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente están delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas”, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios años de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupción.

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras aún activas, ¿podría aplicársele a la Fiscalía General de la República y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?

Desde el patio de la organización para la que trabaja, FUNDE, Jaime López conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una institución con recursos limitados, esa podría ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigación ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevaría, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupción.

“Si investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contratación en la obra pública, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusión de que los actores activos de la corrupción son los mismos”, comenta Manfredo Marroquín, director de la guatemalteca Acción Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.

Pero en la ecuación guatemalteca hay otro elemento que va más allá de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volviéndose una sola garganta en las plazas públicas de la nación centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignación dura solo días después de que se conoce un nuevo escándalo. Para Jaime López, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que él pertenece: mantener en la discusión los casos, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación. Hacer presión desde una organizada sociedad.

“Yo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en ‘más transparencia, más transparencia’. Ha sido un error. Una gran lección es que más transparencia no significa menos corrupción. Porque los casos llegan a la opinión pública, pero no pasa nada”, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media mañana.

 

Señales. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupción, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Chávez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras Públicas.

Antonio Molina: el exsacerdote salvadoreño al que el papa Francisco destituyó por un caso no probado de violación y amenazas

Panchimalco. Los hechos por los que Antonio fue acusado ocurrieron presuntamente en su primera etapa en esta parroquia, de 1993 a 1996.

Antonio Molina fue convocado el 1.º de noviembre de 2016 al Arzobispado de San Salvador. Allí, el titular de la diócesis, José Luis Escobar Alas, le entregó la carta que certificaba que quedaban suspendidos sus derechos y deberes como sacerdote de la Iglesia católica: había sido encontrado culpable por el delito de abusos sexuales en menores de 18 años cometidos en Panchimalco. “Anunciamos de antemano que la máxima decisión no admite recurso alguno, es inapelable”, dice la carta. Que aparezca el nombre del papa Francisco y que se diga que la decisión es “inapelable” significa que fue tomada por el sumo pontífice en persona.
La misiva, escrita en latín, tiene en su cabecera el escudo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, el nombre del condenado, José Antonio Molina Nieto. Y debajo de este, el título “summus pontifex Franciscus, papa” (“sumo pontífice Francisco, papa”).
Solo para una resolución tomada por el papa no es aceptable ningún recurso, dentro de la Iglesia católica, no hay autoridad más alta. Y esa vía está reservada solo para los casos más graves. Así lo explican los vicarios judiciales de tres arzobispados en Latinoamérica y Miguel Funes, exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Antonio Molina no volvió a la última parroquia que tuvo a su cargo, Santa Cruz de Roma, en Panchimalco. Una en la que estuvo en dos periodos: de 1993 a 1996; y de 2006 a 2016, año en el que fue suspendido tras conocerse las acusaciones en su contra, todas referidas a su primera etapa en el templo.
El exclérigo lleva casi un año de insistir en su inocencia, pese a la condena del Papa. La pelea incluso salió de la Iglesia y llegó a los tribunales civiles de El Salvador en forma de demandas por difamación y calumnia contra sus denunciantes.
Molina acusa al Arzobispado de San Salvador de dejar pasar muchas irregularidades, sobre todo en torno a la denuncia de un hombre de 35 años llamado Isaí Ernesto Mendoza, que lo inculpó de hacer orgías y de haberlo violado cuando era un adolescente y formaba parte de su grupo de acólitos.
El exclérigo alega que no conoce a ese denunciante y que es posible que nunca residiera en Panchimalco, algo que el Arzobispado de San Salvador no confirmó antes de enviar el caso. Fue este cargo el que llevó al papa Francisco a tomar la decisión de dimitirlo del estado clerical, uno que ahora se califica como falso, de acuerdo con las mismas autoridades de la Iglesia encargadas de investigar.

***

Dimisión. Esta carta le informó a Molina que dejaba de ser un sacerdote de la Iglesia católica. Allí, resaltados, están el nombre del papa y las palabras que advierten que la decisión es inapelable.

CONDENA POR UNA SOLA DENUNCIA
El de Antonio Molina fue uno de los tres casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente a menores de 18 años que el Arzobispado de San Salvador hizo públicos entre finales de 2015 y principios de 2016. El primero fue el de Jesús Delgado, entonces vicario general de esa diócesis, que fue denunciado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, por primera vez en un programa radial en noviembre de 2015. Tras ello, la diócesis hizo público el nombre del clérigo y pidió a las víctimas de este delito que se acercaran para denunciar si existían otros casos.

El anuncio de que los tres exsacerdotes habían sido encontrados culpables en el Vaticano se hizo el 18 de diciembre de 2016: la velocidad con la que fueron resueltos los procesos parecía un golpe sobre la mesa, un mensaje de que la Iglesia estaba comprometida con el combate a este delito. Con el de Molina no se tardaron ni un año.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es la versión moderna de la Santa Inquisición. Tiene sede en el Vaticano. Es la que, dentro del cuerpo de leyes que tiene la Iglesia para juzgar los delitos de sus miembros, ve los denominados graviora delicta. Entre estos, los más graves conocidos, está el abuso sexual en menores de 18 años.

En el caso de Isaí, el agravante no fueron las agresiones sexuales, sino que las presuntas amenazas de muerte de Molina en su contra. Esta denuncia, a diferencia de las otras, nunca fue revelada a los medios.

Después de recibir e investigar una denuncia, según el proceso de la Iglesia, la diócesis debe enviar un dosier a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando un caso llega a esta entidad, existen al menos seis caminos. Uno, el más expedito, es el de trasladar la decisión al papa. Esta vía fue la que tomó la denuncia de Isaí Mendoza contra Antonio Molina. Este es el único de los casos contra sacerdotes salvadoreños que consta fue resuelto de esta manera.

Este es el procedimiento para casos demasiado evidentes: “Pensemos en material pornográfico descubierto en las manos, pieza o soporte digital del acusado; filmaciones, testimonios de personas que hayan sido testigos de los abusos”, comenta para ilustrar este punto el padre Jaime Ortiz de Lazcano, experto en Derecho Canónico y vicario judicial de Santiago de Chile, una diócesis por la que ya han pasado varios casos de abusos sexuales en menores de 18 años.

También está reservado a aquellos casos que cuentan con elementos agravantes: según Luis Salcedo, vicario judicial de la Diócesis de Guadalajara, México, uno de ellos es que la víctima sea un menor de 10 años. Otro es que haya una gran cantidad de denunciantes para un solo acusado. Aunque no siempre se cumple: el exnuncio de República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski (ya fallecido), fue acusado por decenas de víctimas, pero en su caso la decisión la tomó la Congregación para la Doctrina para la Fe. El sacerdote, por tanto, tuvo la posibilidad de apelar.

Sobre Antonio Molina pesaban otras dos denuncias interpuestas por las gemelas de una familia tradicional de Panchimalco. Las mujeres, ahora de 34 años, aseguraron que los hechos ocurrieron cuando ellas tenían 11 años. Una de ellas afirmó que el sacerdote le “metió las manos” dentro de la camisa, una tarde en la que ella estaba “jugando en el campanario”. La otra contó una experiencia similar: narró que le tocó los pezones al tiempo que le decía “estás creciendo, mi amor”. Esta última también acusó al sacerdote de haberle manoseado las piernas.

La gravedad de los hechos descritos es indiscutible, pero no califican para ser trasladados directamente al papa, de acuerdo con Jaime Ortiz de Lazcano, Luis Salcedo (Guadalajara), Leocadio Morales (vicario judicial de la Diócesis de Santa Ana) y Miguel Funes (exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe): las víctimas tenían más de 10 años y no hubo a la mano evidencias o testimonios de terceros que respaldaran la versión narrada por las gemelas.

La decisión del papa, por tanto, fue tomada solo con respecto al caso de Isaí Mendoza, quien acusó a Molina de haber tenido sexo anal y oral con él. En la denuncia se habla de que los hechos ocurrían en el marco de orgías en la sacristía y en dos casas alquiladas, una en Panchimalco y la otra en Nuevo Cuscatlán*. Isaí tampoco aportó testigos ni el periodo aproximado en el que sucedieron los hechos. La amenaza de muerte denunciada le dio otro tinte a la historia.

Las acusaciones de las gemelas de Panchimalco fueron las primeras en contra de Antonio Molina en llegar al Arzobispado de San Salvador. El tribunal eclesiástico las recibió oficialmente el 10 de febrero de 2016. Molina fue suspendido cuatro días después.

El 15 de abril, el arzobispo le anunció al exsacerdote que existía una nueva acusación en su contra, la de Isaí. Ahora esta es la única inculpación que pesa sobre los hombros del exclérigo: las gemelas aceptaron conciliar en la demanda que el sacerdote presentó en su contra por difamación y calumnia y firmaron un documento en el que se retractaron de las acusaciones.

Autoridad. Toda decisión dentro de la Iglesia tomada por el papa es inapelable. Incluso existe el Principio de Infalibilidad, que reza que en asuntos teológicos es “incapaz de cometer errores”.

***

LA BÚSQUEDA DE ISAÍ
“Ha habido casos en los que la congregación toma ella misma la investigación, pero son contadas. Estuve allá muchos años, y esa decisión se tomó una o dos veces”, comenta Miguel Funes desde su nueva residencia en Ciudad de México.
El sacerdote mexicano Miguel Funes perteneció 16 años a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una de las personas en el continente mejor certificadas para hablar sobre cómo son los procesos en el interior de esta institución con sede en el Vaticano. Una de las cosas en las que están atados de manos es en la recolectar información relativa a los casos. Para ello dependen exclusivamente de las diócesis locales.

La diócesis u orden religiosa a la que pertenece el acusado se encarga de una fase preliminar, donde colecta información de cargo y de descargo a través de una figura conocida como instructor.
En el caso de Antonio Molina, esta tarea la ocupó Rafael Urrutia, canciller y vicario judicial del Arzobispado de San Salvador. Fue acompañado por los otros dos sacerdotes que conforman junto a él el Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis. Por sus manos pasaron, por tanto, todas las pruebas y todos los testimonios relativos a las tres acusaciones contra Molina.

Rafael Urrutia mismo duda ahora de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

Uno de los principales argumentos de Molina para sostener su inocencia durante más de un año ha sido que no recuerda haber conocido a un niño llamado Isaí Mendoza. Otra premisa de su defensa es que él no contó con acólitos en su primera etapa como párroco de Santa Cruz de Roma, del 1.º de julio de 1993 al 25 de febrero de 1996. En la acusación, Isaí escribió que sufrió los abusos del sacerdote cuando se desempeñaba como su monaguillo.

Antonio Molina. Sacerdote desde 1993, además de Panchimalco estuvo en la parroquia de Huizúcar. Fue capellán de dos colegios de señoritas y prefecto de estudios en el seminario de San Salvador.

Molina fue sustituido en esa iglesia por el padre Daniel Coto, quien ahora es el encargado del templo San Juan María Vianney, en San Juan Opico. Coto sirvió como uno de los testigos de descargo de Molina ante el Tribunal Eclesiástico. Vía telefónica, asegura que fue hasta su periodo que comenzó a ejercer su ministerio un grupo de acólitos. Antes de eso, dice, quienes se encargaban de asistir al sacerdote en misa eran los miembros del Camino Neocatecumenal, que eran adultos. Eso mismo está en el testimonio que rindió ante el Tribunal Eclesiástico el 24 de agosto de 2016.
“Yo no encontré acólitos y como su existencia es habitual en todas las parroquias, la necesidad pastoral de que ayudaran en las misas me movió a invitar a estos jóvenes”, dijo Coto ese día. Eso también lo escribió hace 22 años en el libro de gobierno que reposa en la parroquia de Panchimalco.

Otro sacerdote que rindió su testimonio ante el Tribunal Eclesiástico fue Víctor Martínez. Desde pequeño, este hombre nacido y criado en Panchimalco parecía destinado a entregarle su vida a la Iglesia católica. A los 10 años comenzó a ayudar en las actividades del sacristán de la parroquia, en un trabajo que se extendió hasta su vida adulta. Era un quinceañero cuando fue testigo del nombramiento de Antonio Molina como párroco de su municipio, el 1.º de julio de 1993.

“En esta etapa nunca hubo acólitos. A la misa le asistíamos el señor Ciriaco (el sacristán) y yo. El padre no tenía necesidad de acólitos porque lo hacíamos nosotros y los ministros del Camino Neocatecumenal”, escribió Martínez en su declaración. Otros ocho testigos dijeron la misma versión ante el tribunal.
Contactar con Isaí habría sido imposible si en el expediente de la demanda por difamación y calumnia que interpuso Molina contra él no se hubieran incluido los datos relativos a su vivienda.
La tarde comienza a declinar este día de octubre de 2017 en Santa Tecla. La puerta de la casa está entreabierta. Cuando se llama, quien sale es una señora de unos 60 años. Es la madre de Isaí.
—Yo sé toda la historia porque soy su mamá, pero no puedo decirla –dice cuando se le cuenta sobre el motivo de la visita–. Ahorita no está, anda trabajando.
Rafael Urrutia dice que Isaí no aportó ningún elemento que sustentara que haya vivido alguna vez en Panchimalco. La señora sostiene que residieron allá por tres años. Incluso dice que Isaí estudió en un centro escolar de ese pueblo. Sin embargo, en los dos que existen allá no hay registros de su hijo. Ella insiste en que Isaí tiene un diploma, que usualmente decoraba un muro de la casa, que lo prueba. Ahora lo ha bajado, señala, porque planea irse de su hogar. En voz baja, dice que lo han amenazado. También que Isaí sufre de un cáncer en el hueso de la rodilla, y que por ello una amiga residente en Panamá se lo llevará a ese país para que allá continúe su tratamiento.

Cinco minutos después, tras varias preguntas, comenta: “Ah, no, ya me acordé, un hermano mío se lo traía a estudiar a una escuela en San Salvador”.

La señora asegura que cuando Isaí anunció en el seno familiar que iba a denunciar a Antonio Molina, su padre le recomendó no hacerlo. “Le dijo que ya era pasado, y que eso lo dejara reposar”, comenta la madre. Promete que pasará el mensaje a Isaí para que este pueda comunicarse y dar su versión.
La puerta también está entreabierta, en esta nueva visita aderezada por el frío de finales de diciembre de 2017. En esta ocasión quien atiende es el padre de Isaí.
Uno de los principales argumentos de Antonio Molina para sostener su inocencia es que el muchacho nunca vivió en Panchimalco. Eso mismo lo apoya el padre de Isaí, quien asegura que la familia jamás ha residido en ese pueblo del sur de San Salvador. “Yo viví pero en Los Planes de Renderos cuando era niño, con mi abuela”, dice el padre del denunciante.
Y pone una cara de extrañeza cuando se le habla de la acusación que interpuso su hijo contra Antonio Molina por presuntamente haberlo violado cuando era su acólito en Panchimalco. Y el gesto aumenta de volumen cuando se le cuenta lo que dijo su esposa: que él le recomendó a Isaí no denunciar el hecho.
Al centro de la sala, el hermano de Isaí ha estado atento a la conversación y pregunta sobre lo ocurrido. También afirma que no sabe de qué denuncia se está hablando.
“Qué raro, nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia católica. Asistimos al Tabernáculo. Incluso ahorita vamos a ver el culto”, dice el hermano. Pregunta si se le ha filmado. Únicamente se han estado registrando sus voces. Los dos hombres recogen nuevamente el número telefónico para que Isaí pueda comunicarse y dar su versión.
En la noche de este día de diciembre, Isaí escribe un mensaje de WhatsApp: “Soy un enfermo de cáncer terminal, en realidad no tengo tiempo, pero voy a hacer una excepción, además necesito decirle un par de cosas, aquí espero su mensaje”. La llamada comienza.

—Usted dice que los abusos ocurrieron en Panchimalco y en Nuevo Cuscatlán. ¿Me puede decir en qué periodo se dieron los abusos?
—No.
Su madre y su padre dieron dos versiones distintas. Ella dijo que vivieron tres años en Panchimalco; él, que nunca residieron allí, se le explica.
—Mire, hay una cosa que no pareció correcta. ¿Qué llegó a hacer usted allí? Según mi hermano usted lo llegó a filmar –dice.
—Yo no lo he filmado –se le aclara.
—Vaya, yo solamente le voy a advertir algo, yo estoy fuera del país y no tengo ningún problema porque tengo un montón de amigos allá y usted no fue muy inteligente que se diga, porque le dio su número personal a mi hermano, y ya tenemos todos sus datos aquí. Así que le recomiendo que sea prudente –comenta.

Sin embargo accede a seguir conversando. Explica que el motivo de que las versiones de su padre y de su madre no coincidan es que han sido instruidos a no hablar del tema.

Es hora de las preguntas. Las primeras van referidas, justamente, a su residencia en Panchimalco. Como su madre, dice que vivió en ese municipio durante tres años.
—¿Me podría decir dónde estaba ubicada la casa?
—Cerca de la iglesia.
—¿Hay algún otro dato que me ayude a precisar dónde estaba, una referencia, una calle, un número de casa?
Esta última pregunta provoca que Isaí exija cortar con la conversación. En días posteriores se le volverá a contactar. No contestará más.

Señalados. Molina afirma que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia, cometieron errores en su proceso.

El casco urbano de Panchimalco, donde afirma Isaí haber residido, es un poblado constituido por unas pocas familias. Gutiérrez, Rodríguez, Martínez son algunos de los apellidos que más se repiten entre los lugareños. Es uno de esos sitios donde se cumple el cliché de que “todos se conocen”.

Los habitantes de las viviendas, custodiadas desde lo alto por la Puerta del Diablo, tienen otra particularidad: casi todos han vivido desde su infancia en la misma casa. Y nadie sabe dar referencias de una familia Mendoza que haya vivido alguna vez en el sector.

Donde sí hay rastros de la familia es en la urbanización Jardines del Volcán, en Merliot, Santa Tecla. Según datos del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el padre de Isaí adquirió el 26 de enero de 1984 una casa del polígono C-12 de dicha urbanización. No se desprendió de ella sino hasta el 16 de octubre de 2006. En Panchimalco nunca hubo una casa a su nombre. Tampoco al de su esposa.

El alquiler también es una posibilidad. Pero al menos una docena de personas en el casco urbano de Panchimalco sostienen que eso no se acostumbra. Uno de los pocos sitios donde se alquila en esta zona, dicen, es un condominio construido en la década del 2000.

Jardines del Volcán, Merliot, parece la antítesis de Panchimalco. Ha habido mucha migración. Varias de las personas que habitan sus viviendas son relativamente nuevas. El pasaje donde está la vivienda que le perteneció al padre de Isaí no es la excepción.
Pero eso no quiere decir que no haya vecinos que perseveren. Ese es el caso de esta mujer, quien ha residido en esta casa desde julio de 1984, el mismo año que, según los registros, la familia de Isaí adquirió su vivienda. Habla quedo y pide no revelar su nombre.
“Estaba de meses él (Isaí), cuando vinieron”, comenta la vecina, algo en lo que su memoria la asiste de forma milimétrica: para julio de 1984, Isaí tenía 10 meses de edad. Dice, con la misma voz apenas perceptible, que no recuerda que se hayan ausentado en alguna época de la casa.
Otros residentes del pasaje, quienes han vivido allí desde los ochenta, dijeron que tampoco recuerdan que la familia se haya ido por algún tiempo de la zona, mucho menos los tres años que afirman Isaí y su madre.
“Yo entiendo que un juicio se perfecciona con un solo caso. Aquí estamos hablando de tres casos. Puede ser que este sea falso, yo no sé, no me doy cuenta si allá (en el Vaticano) le dieron credibilidad o no a este”, comenta el arzobispo José Luis Escobar Alas cuando se le menciona la historia anterior.

***

EL OTRO DEFENSOR
Para Antonio Molina, la entrega del libro de gobierno de la parroquia de Panchimalco (donde su sucesor en el templo escribió que el grupo de acólitos inició sus actividades bajo su gestión hasta el 28 de julio de 1996) era suficiente prueba de descargo para que la acusación de Isaí fuera desestimada. Por eso no eligió un defensor, como sí lo había hecho con las denuncias de las gemelas, para las que contrató al sacerdote panameño Carlos Echeverría.
Pero sí tuvo un defensor nombrado por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas: Francisco Alexánder Góngora, párroco de la Catedral Metropolitana. Molina sostiene que nunca habló con él, sino hasta después de que le entregaron la carta de su dimisión del estado clerical.
En el nombramiento de Góngora, fechado el 16 de mayo de 2016, se escribe que se le confieren “todos los derechos y deberes que el cargo exige”. Son exactamente las mismas palabras del nombramiento de Carlos Echeverría, el defensor que Molina escogió para las denuncias de las gemelas.
En el documento de defensa, Góngora se limita a recomendar la realización de peritajes a Isaí, a fin de “comprobar hasta dónde influye en la conducta de la supuesta víctima el supuesto abuso cometido por el acusado”. Ninguna mención al libro de gobierno donde se plasma la ausencia de acólitos en el periodo de Antonio Molina, algo que el mismo exsacerdote habría podido aportar, pues ya lo había entregado al Arzobispado. Tampoco hay constancia de otra actividad de investigación.

El sacerdote Rafael Urrutia mismo duda de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

El arzobispo Escobar Alas asegura que consultó a Góngora como a otras personas para conocer una segunda opinión, alternativa a la del panameño Carlos Echeverría.
—¿Pero usted nombró a otras personas mediante un decreto como ese, además de al padre Góngora? –se le pregunta.
—Yo no le voy a dar ninguna explicación. Solo digo que he hecho esta consulta porque no fue parte del juicio y por eso puedo hablar de él –dice, asegurando que no puede referirse a ninguna otra parte del proceso porque está bajo “secreto pontificio”.
En una conferencia del 5 de junio de 2016, el arzobispo de San Salvador anunció que había enviado todos los insumos relativos a los casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. A Francisco Alexánder Góngora lo nombraron defensor de Antonio Molina el 16 de mayo. El sacerdote tuvo menos de 20 días para redactar su defensa.
El caso de Isaí tuvo otra irregularidad: el arzobispo Escobar Alas se limitó a leerle a Molina el contenido de la denuncia. No le dio una copia de ese documento ni de ningún otro relacionado con la acusación.

***

El Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos graves cometidos por los miembros de la Iglesia. Su máxima autoridad es el español Luis Francisco Ladaria Ferrer.

LA AMENAZA DE MUERTE
El arzobispo José Luis Escobar Alas convocó nuevamente al exsacerdote a sus oficinas el 24 de agosto de 2016. Allí le mostró un mensaje de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un ultimátum donde se le advertía que si no aclaraba de forma amplia el caso de Isaí Mendoza, este sería trasladado directamente a la consideración del papa. Le dieron un plazo de 10 días (entregó su defensa una semana después). Antonio Molina afirma que tampoco en esa reunión se le informó de manera oficial que Isaí lo había acusado de mandarlo a golpear y amenazarlo de muerte.
Rafael Urrutia asegura que él vio a Isaí únicamente en una ocasión, cuando se presentó a la audiencia ante el tribunal presidido por él para confirmar de viva voz lo que antes había descrito solo en papel. Por tanto, fue esta oportunidad la única en la que Isaí pudo informar sobre las amenazas de muerte y entregar el papel en el que, presuntamente, se refleja la denuncia que puso ante la Policía Nacional Civil de Santa Tecla.
Debido a que tanto el arzobispo Escobar Alas como Rafael Urrutia se niegan a hablar de aspectos muy específicos del proceso, no es posible certificar cuál fue la fecha exacta en que ocurrió esta audiencia, pero Urrutia comenta que su tribunal le entregó antes de mayo al arzobispo todos los insumos relativos a las acusaciones contra los tres sacerdotes imputados por abuso sexual en menores. Es posible que ocurriera incluso antes del 15 de abril, cuando al exclérigo le comunicaron por primera vez la inculpación de Isaí.
Antonio Molina mandó a indagar a Isaí a través de una compañía de investigación privada. Así pudo conocer cuál era la dirección de su casa. Sin embargo, estos datos los obtuvo hasta junio de 2016. La denuncia fue anterior a la fecha en la que Antonio supo cuál era la dirección de quien lo acusaba.
El sacerdote Leopoldo Sosa Tolentino, actualmente al frente de la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, fue por 14 años vicario general del Ordinariato Militar para la Policía Nacional Civil. Por ello tuvo la facilidad para solicitar (y que le entregaran inmediatamente) datos acerca de denuncias presentadas por Isaí Ernesto Mendoza. Le informaron que no existía ninguna en la delegación de Santa Tecla ni en ningún puesto del departamento de La Libertad.
Sosa Tolentino hizo constar esta información en un documento fechado el 30 de agosto de 2016, que fue entregado al Tribunal Eclesiástico que llevó la fase preliminar del caso. En la PNC y en la Fiscalía General de la República no hay datos relacionados con alguna denuncia hecha contra Molina.
Rafael Urrutia también duda que Molina haya mandado a golpear a Isaí. Cuando habla sobre ello, lanza una risa burlona. Para él, lo narrado por Isaí en torno a la golpiza es una mentira. Isaí, por otro lado, tiene antecedentes por dos casos de estafa reportados en 2009 y 2013.

La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió. “Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

***

LA IGLESIA NO COMPARTE LOS DOCUMENTOS
El 18 de diciembre de 2016, El Salvador y el mundo supieron que Antonio Molina ya no era sacerdote de la Iglesia católica. Dos días después, este interpuso una demanda contra sus denunciantes en un tribunal civil por difamación y calumnia.
El exsacerdote exigía varios puntos a sus demandados, como la firma de un documento donde se retractaran de sus acusaciones. También pedía la realización de una conferencia de prensa donde eso se haría público. Además solicitó una compensación económica, que sería de aproximadamente $133,000** por cada uno.
Como parte del juicio, Molina le pidió a su abogado, Juan Francisco Bonifacio, que solicitara al Arzobispado de San Salvador el expediente completo de su caso, pues nunca pudo tener acceso a la totalidad de documentos que fueron anexados en este. Quería saber, en suma, qué fue lo que se envió desde la diócesis local hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Juzgado Sexto de Sentencia hizo esta petición. La diócesis, a través del canciller Rafael Urrutia, contestó que no poseían esos documentos, pues, escribió, las nuevas disposiciones de la Iglesia indican que se envíe todo el expediente en original a la Santa Sede. El padre Miguel Funes, exmiembro de la CDF, afirma que las reglas son otras: la diócesis envía un informe, pero se queda con una copia de los documentos, que debe conservar durante 10 años a partir del término del juicio, a menos que el acusado muera.
“Nosotros entregamos la documentación al obispo. Yo no sé si él conserva esos documentos”, comenta Rafael Urrutia al respecto. José Luis Escobar Alas afirma que toda la documentación fue enviada al Vaticano.

***

EL HOMBRE MUERTO
La audiencia inicial del proceso civil se realizó hasta el 7 de septiembre de 2017. Al Juzgado Sexto de Sentencia solo se presentaron las gemelas de Panchimalco. Isaí no llegó: su madre argumentó que él había muerto, lo que fue desmentido días después con un informe del Registro Nacional de las Personas Naturales. Por ello el Juzgado Sexto de Sentencia pidió que se extendiera una orden de captura en su contra.
La madre de Isaí aseguró en la visita que se hizo a su casa que mintió porque tenía motivos de peso: su hijo había sido amenazado de muerte.
“Tuve que mentir, que Dios me perdone, tuve que mentir, porque me lo han amenazado. Yo fui la que le dijo ‘mirá, hay que decir que moriste’”, dijo la señora. Agrega que un amigo estaba por “llevárselo a Panamá”, para que allá también pudiera tratarse de sus problemas de salud, pues está enfermo de un “cáncer en la rodilla”. Un viaje que, por la demanda que pesa en su contra, no hubiera sido legal. Cuando se habló con Isaí, el 27 de diciembre de 2017, aseguró que ya estaba fuera del país.
La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió.
“Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

Ante el hecho de que Isaí nunca apareció, las gemelas de Panchimalco solicitaron que su proceso se ventilara de forma independiente al del otro demandado. Aceptaron conciliar con el sacerdote el 9 de enero de 2018. Firmaron un documento donde se retractan de sus acusaciones.
Urrutia asegura que ya trabajan en la restitución de Molina, quien para siempre será un condenado por abuso sexual en menores de 18 años: el dictamen fue firmado por el papa Francisco. Es inapelable. Pero las condenas no son eternas. Para que el sacerdote vuelva a su puesto debe gozar de un proceso conocido como “gracia”, en el que el sumo pontífice decide que su sentencia ha terminado.
“Antonio va a salir bien”, comenta Rafael Urrutia, el mismo hombre que debía investigar la veracidad de las acusaciones en contra de Molina.

Nombramientos. A la derecha está el decreto que nombra defensor de Molina al panameño Carlos Echeverría, encargado del caso de las gemelas. A la izquierda, el correspondiente a Francisco Góngora, a quien el arzobispo dice que pidió “una segunda opinión”. Los documentos son idénticos.

 

*En la edición impresa de este reportaje se dice que en la denuncia se recoge que los abusos ocurrieron en una parroquia de Nuevo Cuscatlán, cuando debió decir que fue en una casa alquilada en ese municipio. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.

 

**En la edición impresa de este reportaje se publicó que la cifra era $166,000. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.


Lea también“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

Ilustración

Ilustración de Moris Aldana

Una carta firmada por Juan XXIII, apodado “el Papa Bueno”, llegó a las más altas autoridades de la Iglesia católica a escala mundial en marzo de 1962. Contenía instrucciones para encubrir, ante las autoridades seculares, casos de abuso sexual en menores de 18 años por parte de sacerdotes. Incluía también amenazas de expulsión para aquellos que rompieran este “pacto de silencio”.
La misiva escrita en latín es uno de los ejemplos incluidos en el informe “Los abusos sexuales y la Santa Sede” (2014), con los que la red mundial Child Rights International Network ilustra cómo la Iglesia católica impidió el combate a este flagelo durante años. En el mismo documento, sin embargo, se reconoce que para cuando se publicó el texto, la institución ya había dado importantes pasos para superarlo.
Pero denunciar una agresión sexual en la que el acusado es un sacerdote sigue siendo un proceso arduo y revictimizante. Eso cuenta Sara, 41 años, estatura media, ojos vivos, quien acusó a un sacerdote de haber abusado de ella en una parroquia de San Salvador cuando era niña.
Sara decidió volver a hundirse en sus recuerdos en la segunda mitad de 2016, después de que la Iglesia católica nacional, a través del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, invitó a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes a acercarse para denunciar. Prometió el mayor de los apoyos en un momento en el que el dedo acusador de la sociedad salvadoreña se levantaba en contra de esa institución.
Para presentar su acusación, Sara llegó al Arzobispado de San Salvador, un edificio de tres plantas y colmado de oficinas. Como no hay un lineamiento público sobre cómo poner una denuncia, tuvo que repetirle a varias personas la misma frase: “vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”, hasta que al fin la refirieron a la oficina del Tribunal Eclesiástico.
“El Arzobispado cuenta con muchísimos empleados. Es complicado instruir a tanta gente sobre lo que tiene que hacer. Además ellos andan ocupados en sus propias actividades”, responde Rafael Urrutia, presidente del Tribunal Eclesiástico, acerca de lo anterior.
En una ventanilla similar a la de un banco, una secretaria le preguntó por el motivo de su visita. Tuvo que repetir aquella frase. Le dijo que debía hacer una denuncia por escrito, en donde anotara el nombre completo del acusado y la parroquia donde ocurrió el abuso. No le explicó nada sobre el proceso, solo que se le iba a llamar para que ella se presentara ante el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”.

Tras muchas llamadas, la fecha fue fijada. Cuando llegó el día, Rafael Urrutia, con la denuncia en la mano, le dijo que no podían ocuparse de su caso, pues el acusado pertenece a una orden religiosa. Por ello la envió a preguntar a la parroquia donde sucedieron los abusos. “Es que no nos correspondía, es la verdad”, comenta Urrutia al respecto.
Eso lo desmiente el Derecho Canónico, el cuerpo de leyes que rige a la Iglesia católica: “En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito”, dice el canon 1,412. Miguel Funes, quien fue miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe por 16 años, sostiene que si un religioso comete un delito, lo hace mientras está en una diócesis, la cual depende de un ordinario, en este caso el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. La víctima, por tanto, tiene dos posibilidades: denunciar en el obispado donde pasaron los abusos o ante el superior de la orden religiosa en la provincia correspondiente.
Para Leocadio Morales, vicario judicial de la diócesis de Santa Ana, la mejor es la segunda opción cuando el acusado es un sacerdote que ya no está en una parroquia de la misma jurisdicción. Ese es el caso del clérigo señalado por Sara. Pero, dadas las circunstancias, si quien denuncia se acerca al obispado del lugar, es necesario darle una respuesta.
Según Morales, el obispo debe hablar con el superior de la orden e informarle que se tiene una acusación contra el sacerdote sobre un abuso sucedido cuando estuvo bajo su jurisdicción. El tema les concierne a ambos: le corresponde al obispo porque quien denuncia es su feligrés; también al superior, pues el clérigo responde a su autoridad. Deben llegar a un acuerdo sobre quién se hará cargo.
“Es lo más correcto para hacer. No se puede decir ‘a mí no me importa lo que te ha pasado’”, comenta Morales.
Si Sara hubiera aceptado la primera respuesta de Urrutia, el ciclo hubiera comenzado otra vez: ir a la parroquia donde sucedieron los abusos y decirle, quizá al secretario o al sacristán, la misma frase (“vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”) y repetírsela luego al párroco actual.
Pero ella no quedó satisfecha. Le dijo que no confiaba en que la misma congregación a la que pertenecía su abusador fuera la que se ocupara del caso. Le preguntó si ellos podían encargarse, servir como una especie de fiscalizadores del proceso. Urrutia le contestó que sí, contradiciendo lo que había dicho al principio. El acuerdo, por tanto, fue que el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de San Salvador le tomaría su declaración para, luego, pasársela a la orden religiosa a la que pertenece el sacerdote acusado.
Hicieron una audiencia donde rindió su declaración, que luego sería enviada a la orden para que continuara con el proceso.
Ese testimonio no serviría para nada: cuando el caso llegó a las manos de la orden religiosa, esta hizo otra audiencia. Las cosas comenzaron desde cero, pero Sara pudo superar su inicial desconfianza al ver la seriedad con la que la orden religiosa se encargó de su denuncia. La acusación todavía está activa, a la espera de lo que decida la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tribunal especializado en juzgar delitos graves.
Sara no ha pedido que al sacerdote se le castigue con la dimisión del estado clerical, la pena más grande que puede imponer la Iglesia a uno de sus miembros. Ha exigido que se reconozca al sacerdote como su victimario y a ella como la víctima.

Las otras peticiones van encaminadas a que dentro de la orden religiosa se tomen medidas concretas para evitar que se sigan dando abusos, como la creación de canales de denuncia y manuales de conducta; también una rigurosa reglamentación de cómo funcionarán las relaciones entre clérigos y niños. Recomendaciones que espera que se extiendan a otras jurisdicciones, como el Arzobispado de San Salvador, para acabar con un problema que, en su opinión, no se ha terminado de superar.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”, dice Sara.


Lea tambiénAntonio Molina: el exsacerdote salvadoreño al que el papa Francisco destituyó por un caso no probado de violación y amenazas