Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico

Fotografía de CONNECTAS

Elena tenía 20 años cuando aceptó ser ‘tragona’, y dos hijos, uno de tres y otra de un año. Cuando emprendió el viaje, en enero de 2018, la bebé aún era amamantada. Dejó a sus hijos a cargo de su hermano menor, de 17 años. También le dejó a su cargo a su otro hermano, de siete años, y quien fue la razón para tomar el ‘empleo’ de ‘tragona’. “Acepté llevar ovoides por necesidad económica.

Necesitaba para comprar una válvula para mi hermano que tenía desnutrición grave y no se alimentaba normal por una malformación cerebral congénita”, dice Elena. Como la mayoría de las mujeres utilizadas como correos humanos por el narcotráfico, Elena es de Cochabamba y es madre soltera. Tenía un empleo parcial limpiando casas en el que le pagaban 600 bolivianos mensuales ($87). Le prometieron mil dólares por hacer el viaje, lo que es igual a 3.3 salarios mínimos en Bolivia y multiplicaba por 10 sus propios ingresos.

“Me lo ofrecieron en un bus. Conocía a un señor que era del mismo lugar de donde yo vivía. Él me ofreció, me dijo: ‘Yo trabajo con eso, si querés yo te hago conseguir’ y me dio un número. Era una persona mayor que yo conocía desde que era niña. No sé (si se dedica a reclutar mujeres), pero yo creo que sí (…). Lo pensé como tres semanas, pero él me presionaba, me llamaba, me preguntaba si lo iba a aceptar: ‘¿Lo vas a llevar?’ y, al final, sí lo acepté porque era lo necesario. Necesitaba para mi hermano”.

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DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DE SU MARIDO, Celia Casorla perdió la tuición de sus hijos y tuvo problemas de alcoholismo. También perdió la motocicleta que usaba para trabajar como taxista en Cochabamba. “Me sentía mal, vacía. Me hacían falta mis hijos, no querían hablar conmigo. Me rechazaban (la llamada por) el celular. Y me dediqué a la bebida. Bebí, bebí, bebí, bebí, durante todo un año. Al siguiente año… ya las deudas… al final, se me venció el alquiler. Y yo, tomando nomás”.

Celia escuchó que se “ganaba bien llevando”, así que un día decidió contactar a un traficante. “¿Conoce alguien que trabaje con doña Blanca?”, preguntó en varios tugurios de Cochabamba, hasta que llegó al hombre que le ofreció su primer ‘contrato’. Celia fue llevada por el narcotraficante a Pisiga, en la frontera con Chile. Ahí la hicieron tragar los ovoides. “No podía, te juro que lo vomitaba. No podía tragar. Te duele la garganta. Y qué dije: Ya que no pude dar nada a mis hijos y me dediqué a la bebida, lo voy a hacer por mis hijos, nada más por mis hijos, voy a pagar toda mi deuda y voy a hacerlo por ellos. Cada vez que no podía, tenía que acordarme de eso. ¿Sabes tomar bebida? toma esto. Y tomé. No pude todo. Me faltaba como un cuarto de kilo. No pude y le dije al señor ese: ‘Aunque no me pague todo, aunque sea la mitad me sirve, pero no voy a tomar más. No puedo más, mi cuerpo no quiere, yo quiero, mi cuerpo no quiere. ¿Qué quiere que haga?’ ‘Ya po’ vamos entonces’, me dijo”.

Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos $2,200. A las ‘tragonas’ (quienes tragan ovoides de cocaína) y ‘mulas’ (quienes llevan la droga en maletas o fajadas a su cuerpo) les pagan hasta $1,500 por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile, donde se venderá a $15 cada gramo. Es decir, los narcos pueden obtener $15 mil por el kilo si es que la venden tal como llegó. Pero, en la gran mayoría de los casos, la cocaína es mezclada con otros productos como yeso o talco para aumentar la ganancia.

Pago. Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos $2,200. A las ‘tragonas’ y ‘mulas’ les pagan hasta $1,500 por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile.

Las transportadoras en algunas ocasiones son acompañadas dentro del bus por un vigilante de la mafia. En otras les toman una fotografía en la terminal de buses en que se embarcan y se les entrega un teléfono celular viejo. Al llegar a la terminal de buses de destino, alguien más las espera y las lleva a una casa de seguridad. Las declaraciones de las mujeres, consignadas en las sentencias judiciales en Chile, dan cuenta de estos mecanismos.

“Viajé a comprar telas a Oruro, se me acercó una señora que me ofreció un trabajo de traslado de droga hasta Iquique. En la terminal me esperarían y me pagarían $300. La señora me tomó una fotografía para reconocerme. Debía entregar el paquete en el terminal de Iquique a esta misma persona” (extracto de declaración de C. P. H, de 30 años, quien estuvo un año presa en Chile antes de ser expulsada). “En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar cuatro paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular” (extracto de declaración de E. R. L., 38 años, condenada a cinco años y un día de pena efectiva).

“En Pisiga dos personas me entregaron la carga y me dijeron que debía pasar la ‘tranca’. Me levanté y empecé a caminar, cuando sale una patrulla, me asusté y corrí, no pude escapar. Le dije a los señores que me suelten, que no es mía, que me la entregaron unos señores en Pisiga. No me creyeron y me encerraron (…) Me iban a pagar $1,000 en la terminal de Iquique, pero no me pagaron nada. Estoy encerrada 12 meses (…) Ellos fueron el día de mi cumpleaños a mi casa, les cuento los problemas de salud de mi hija y que costaba 8 mil bolivianos, ellos piden mi número y me llaman el 17 de septiembre, diciéndome que fuera a la frontera y ahí me pasaron la droga; me llamaban por teléfono. Cuando me detuvieron me encontraron dos teléfonos pequeños, el otro me lo dieron” (extracto de declaración de F. J. C., de 43 años, estuvo presa un año y dos meses antes de ser expulsada).

“En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar cuatro paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular”.

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FRANCISCA FERNÁNDEZ es antropóloga y perita de la Defensoría chilena. Esa entidad le encargó un estudio sobre los perfiles de las mujeres indígenas extranjeras condenadas en cárceles del norte de Chile. Por meses recorrió las cárceles y entrevistó a condenadas, principalmente bolivianas. Para Francisca Fernández, estas mujeres son utilizadas como material desechable por las bandas y lo ejemplifica con uno de los casos que conoció: “Tres mujeres van sentadas juntas en el bus y llevan las mismas zapatillas blancas, nuevas, con una planta alta. Era evidente que, si las vestían así, iban a ser revisadas”. La antropóloga presume que fueron enviadas para desviar la atención de los policías, mientras que al mismo tiempo por alguno de los cientos de pasos clandestinos se ingresó un cargamento más grande.

La Defensoría ha notado que en varios casos la droga es llevada tan burdamente, que es como si alguien quisiera que fuera descubierta. Para la entidad, es posible que las bandas estén usando a personas pobres para concentrar los esfuerzos de los policías en un punto, mientras se ingresan grandes volúmenes de droga por otro; o que se trata de ‘falsos 22’, un concepto que refiere el número del artículo de la Ley 20,000 (contra el narcotráfico) sobre la cooperación compensada, que algunos narcotraficantes utilizan para disminuir sus condenas.

En Chile un ‘falso 22’ es la persona que fue contratada para llevar droga o ‘cargada’ con ella, sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios. Hay casos documentados por la Defensoría respecto a ‘falsos 22’, como el de un agricultor de Oruro que solo hablaba fluidamente quechua y que fue cargado con droga en un hostal de Antofagasta. Estuvo nueve meses preso. Otra causa que llama la atención es el de una mujer quechua que cumple una condena por narcotráfico en Chile desde hace cuatro años. Ella es uno de los pocos casos de mujeres bolivianas reincidentes. Según los documentos de su causa, la condenada tiene una deficiencia mental y es analfabeta. Fue descubierta por segunda vez portando droga en 2014, en la aduana El Loa, mientras viajaba en un bus. Su primera detención había sido en la misma aduana, por lo que un funcionario la reconoció. Llevaba la cocaína en una pizzera eléctrica.

Si son distractivos o no, es difícil comprobarlo. Pero una cosa es segura, son tantas las mujeres detenidas y tanta la droga decomisada que, si el narco sigue apostando por la vía de las ‘mulas’ y ‘tragonas’ para enviar droga al sur, es porque sigue siendo muy rentable.

Gabriel Carrión, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, la región de Chile donde hay más bolivianos y bolivianas capturados por narcotráfico, sostiene que la política persecutoria en Chile no busca a los propietarios de la droga, sino que se centra en los flancos débiles y descartables, los transportadores al por menor. “Los fiscales optan por una opción práctica: buscan condenar a quienes llevan la droga, y si les preguntan por los dueños de la droga, explican que no les corresponde (perseguirlos) porque tendría que realizarse una investigación extraterritorial”.

Un kilo. Un ovoide contiene 10 gramos de cocaína. Las mujeres ingieren 100 ovoides para así trasladar 1 kilo de la droga dentro de su cuerpo.

Aunque las Policías chilena y boliviana afirman que sí se comparten entre ellas la información recopilada en las detenciones de ‘tragones’ y ‘mulas’; la Fiscalía de la región chilena de Tarapacá reconoce que no se han realizado investigaciones transnacionales. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dice: “Hasta la fecha en la región no hemos tenido investigaciones de tráfico de droga en la que hayamos trabajado con la Fiscalía boliviana”.
Aunque el conflicto data de principios del siglo XIX, cuando Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en un conflicto bélico, estos países suramericanos –vecinos por 850 kilómetros de frontera– desde hace 40 años tienen rotas sus relaciones diplomáticas. En marzo de 1978 retiraron a sus embajadores y en los últimos cuatro años el ambiente se enrareció aún más, luego de que Bolivia interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obligar a Chile a dialogar sobre una salida soberana al mar.
Esta situación llevó a que una reunión para hablar justamente sobre temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narco, fuera suspendida. El 3 de septiembre, dos días antes del encuentro, Chile dijo que las condiciones no estaban dadas para la cita y un mes después, 1.º de octubre, La Haya falló en contra del pedido boliviano. Desde entonces los líderes de ambos países se lanzan dardos por las redes sociales y medios de comunicación sin concretar una agenda bilateral.

Celia Casorla recuerda que el primer carabinero que se subió al bus se acercó a ella y le preguntó qué llevaba en la botella de yogur. —Yogur, obvio –le contestó. —Entonces tome un sorbo –le dijo el carabinero–. Celia abrió la botella tratando de que no se le notaran los nervios y tomó un trago grande. La cocaína iba al fondo del frasco, envuelta en plástico y bien apretujada. No se soltó. El carabinero continuó de largo y Celia respiró un poco más tranquila–.

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ELENA TRAGÓ GRAN PARTE de los ovoides en Oruro, Bolivia, y viajó hasta la frontera acompañada de un vigilante del dueño de la droga. En Pisiga tragó el resto de los ovoides en un hostal clandestino donde pagó 25 bolivianos por pasar la noche, aunque esa noche no durmió.

En la madrugada cruzó hacia Chile por un costado de la Aduana. Al lado de esa Aduana hay una pampa eterna que tiene varios apodos puestos por los lugareños del pueblo de Pisiga. “El hueco” y “la tranca” son los más comunes.
Caminó por la misma ruta usada por los contrabandistas de frutas y verduras, de ropa, de automóviles, de droga y los coyotes que llevan migrantes hacia ‘el sueño chileno’. Llegó al amanecer hasta un pequeño paradero de buses en el pueblo de Colchane, Chile, donde unas comerciantes con polleras ofrecen sus productos a los viajeros. Elena tomó el primer bus a Iquique; y en Iquique, otro más hacia Antofagasta. Ya llevaba más de 24 horas con los 98 ovoides en su estómago. En ese tiempo no pudo tomar más que agua y refresco. Comer algo sólido le haría expulsar la codiciada carga.

En el control aduanero El Loa, a 3 horas de su destino final, la revisó un funcionario de Aduanas. —¿Estás llevando los huevitos? —No, no, no. —Estás llevándolos, tienes que decirlo, estás muy nerviosa. “Luego me dijo que lo reconozca por el bien de mis hijos, que esto no era permitido y que lo aceptara, y que me iba a ayudar en algo si lo aceptaba. Al final lo reconocí. Ya no podía más, mi conciencia ya no me dejaba y dije: ‘Sí, estoy llevando’”.

Falso 22. Es la persona que fue contratada para llevar droga sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios.

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SER UN PASAJERO boliviano en un bus dentro de Chile es ser sospechoso y, por ende, las posibilidades de ser revisado por la policía son mayores. María Avendaño estuvo presa en Chile dos años y seis meses, hasta que fue absuelta. En 2007 fue detenida en un bus cerca de la frontera, mientras viajaba con su hijo. La acusaron de ser la dueña de una maleta que portaba 23 kilos de cocaína y un overol blanco de hombre.

Después de que la maleta fue encontrada en medio de una revisión rutinaria, la policía le preguntó al auxiliar del bus quién era el propietario, y este aseguró que era María. Ella lo negó. No le creyeron y fue apresada.
Para la Defensoría Penal Pública este caso es un ejemplo de un trabajo policial mal realizado y de agentes gubernamentales dejándose influenciar por los prejuicios. “No se levantaron huellas desde el bolso o muestras de ADN para vincular de alguna forma a la imputada con la propiedad del equipaje”, explica la Defensoría Penal Pública en el documento Proyecto Inocentes, que recopila historias de personas detenidas por error en Chile.
El hijo de María, médico de profesión, fue dejado en libertad, pero debió quedarse a vivir en Chile para no alejarse de su madre. Trabajó dos años y medio en una farmacia hasta que su madre, quien fue sometida a un juicio oral, fue absuelta.

De haberse declarado culpable, María Avedaño podría haber estado mucho menos tiempo en prisión. A lo mucho 431 días. Los bolivianos que reconocen culpabilidad en delitos con penas inferiores a los cinco años de prisión pueden acceder a la expulsión del territorio nacional, con la condición de no volver a Chile durante un periodo de 10 años. El 93 % de las 325 bolivianas condenadas en el norte de Chile, entre 2017 y el primer trimestre de 2018, accedió a este beneficio. Ellas tuvieron un tiempo promedio de encarcelamiento de 7.5 meses, esto según un análisis de las sentencias del Poder Judicial contra mujeres bolivianas en el norte de Chile en 2017 y primer trimestre de 2018.

“Son mis hijos, quiero estar con ellos, su infancia me la estoy perdiendo. La adolescencia no es lo mismo. Cuando son niños te dan besos, abrazos, sin vergüenza, y cuando grandes lo primero que van a decir es: “¿Por qué me vienes a pedir ahora, si cuando era niño ni siquiera estabas?”

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SEGÚN LOS DATOS de la Defensoría de Tarapacá, un 58 % de las 180 mujeres bolivianas condenadas en 2017 declaró ser indígena. En su mayoría fueron recluidas en la cárcel de Alto Hospicio, a 230 kilómetros de la frontera con Bolivia.
Alto Hospicio es una de las comunas más pobres de Chile. Está en el puesto 76, entre 90 ciudades, en el Índice de Calidad de Vida Urbana realizado por la Universidad Católica de Chile. Nació como un conjunto de ‘tomas’ en el sector alto de la ciudad de Iquique y está unida a esta por una sola vía que culebrea por la Cordillera de la Costa.

No es una comuna turística como la vecina Iquique, sino más bien industrial, pero a pesar de lo agreste del paisaje, las mujeres bolivianas que llegan hasta la cárcel de Alto Hospicio tienen algunas ventajas si se compara su situación con la de sus coterráneas que caen en otras prisiones chilenas. La primera es que en ese penal hay más bolivianas presas que de cualquier otra nacionalidad, incluida la chilena, lo que les significa sufrir menos episodios de discriminación de parte de otras internas. “Ellas conforman comunidades de connacionales”, afirma Gabriel Carrión, abogado de la Defensoría chilena.

Usados por el narco. Un total de 1,265 bolivianos estaban recluidos en Chile durante 2017, el 92 % debido a delitos relacionados con el narcotráfico.

Otra ventaja es que en la región de Tarapacá, la Defensoría creó una unidad especializada en la defensa indígena, lo que permite contar con intérpretes en algunos casos en que las mujeres imputadas no hablan español. Gabriel Carrión explica que su organismo debió contratar un defensor especializado y una facilitadora intercultural, lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las causas y, sobre todo, que las mujeres accedan a información. “Es que por regla general la mujer boliviana cumple las reglas y la disciplina. Es de bajo perfil. Tanto así que a veces ni siquiera se dan cuenta de las vulneraciones”, advierte Carrión, quien también es boliviano.

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“CASI TODOS LOS DÍAS hay alguna detención”, asegura el sargento Ramiro Ahumada, de la brigada de Carabineros encargada de la persecución del narcotráfico, el O. S. 7. “En la madrugada siempre cae algo”, agrega.
El sargento Ahumada ha prestado sus últimos años de servicio en el control carretero en Huara, un pueblo rodeado de nada a 100 kilómetros de la frontera con Bolivia. Ahí se encarga de revisar los buses que bajan desde el altiplano.
—Es experto en detectar a los que vienen con ovoides, los reconoce al tiro –dice el teniente Gustavo O’ Ryan, su superior jerárquico en el O. S. 7, pero que parece más joven que el sargento Ahumada–.
—Es que vienen con señales que uno ya detecta con la práctica, obviamente no le puedo dar los detalles –dice el sargento con una leve sonrisa de orgullo. Algunos rasgos característicos de una persona que lleva ovoides en su cuerpo son: sequedad en la boca y los ojos, producto de la deshidratación. Además de hinchazón en la barriga. Y nerviosismo–.
—Lo que da más pena es cuando las mujeres vienen con niños. A veces con guagüitas de ocho meses. Hay que decirle a una mujer carabinera que se quede con los niños mientras se hace el procedimiento. Los niños no tienen la culpa de lo que hacen los padres –dice el sargento–.

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CUANDO DETUVIERON a Elena la llevaron hasta un container, justo frente a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Iquique. Ahí estuvo dos noches, mientras evacuaba los ovoides.
En el container debió estar sentada todo el tiempo en una banca. No había camillas donde recostarse. Le dieron agua y sopas. Nada sólido. De esa forma se evita que los ovoides salgan muy sucios.
—No es solo desagradable para los detenidos estar ahí –dice un policía–. —Hay que sacar los ovoides con guantes de la bacinica y lavarlos. El olor dentro, sobre todo cuando hace mucho calor, es desesperante –describe–.
Mientras estuvo en el container, Elena vio pasar a otros cuatro detenidos por ahí. Tres hombres y una mujer. Todos ellos bolivianos. Después de que evacuó el último ovoide, le dijeron que tenía derecho a avisar al consulado boliviano de su situación para que este, a su vez, avisara a su familia en Bolivia. Como la mayoría de las ciudadanas bolivianas que son detenidas en Chile, Elena prefirió que no. Durante los meses que estuvo en la cárcel en Chile, no habló por teléfono con ellos ni recibió visitas.
—Yo pedí al consulado que no avisaran. Ellos van a querer venir, yo sé que no tienen plata para venir acá y esa plata sirve para mis hijos o mi hermano. Elena no tuvo noticias de su familia, excepto por una.
—Me llegó una carta de Bolivia, que una señora me la trajo. Yo le mandé una carta a su hija, su hija habló con mi hermana y mi hermana me mandó la carta y me mandó plata. Es mi hermana mayor. En la carta decía que mi hermano menor, el de la enfermedad, falleció. Ahí me enteré que mis hijos estaban con ella y mi otro hermano también. Mi hermano pequeño, que era como mi hijo, falleció el 2 de julio.

Después de tomar el sorbo desde el envase de yogur, Celia Casorla respiró más tranquila. Hasta que unos asientos más atrás los policías descubrieron a un hombre boliviano con droga. Una policía volvió a sospechar de ella y la hicieron bajar del bus.
—¿Qué lleva ahí?
—Yo creo que ya sabe qué es.
—¿Sabía que por esto va a ir detenida?
—Sí ya sé.

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“SIEMPRE DIGO: ‘Yo iba a pasar’”, exclama Celia Casorla al recordar el día que la detuvieron en el control carretero de La Negra, a la salida sur de la ciudad de Antofagasta, el 10 de diciembre de 2017.
Sobre la garita de La Negra, dice que la mayoría de sus compañeras en la cárcel cayó ahí mismo. “Dan ganas de quemar ese lugar”, recalca entre risas.

La cárcel femenina de Antofagasta –donde Celia pasa sus días desde que la atraparon– es un exconvento que aún tiene una figura de la virgen en el hall de la entrada. Su patio interior mide 12 metros de largo por 6 de ancho. Las mujeres visten chalecos y polainas de lana. Conversan. Unas ríen. “Sáqueme una foto, quiero salir en la tele”. Una se seca las lágrimas en una esquina, mientras una amiga la consuela. Algunas tejen. Otras están en círculo escuchando a un hombre de unos 50 años que tiene una biblia en la mano. El patio es húmedo, frío, estrecho, rodeado de alambres de púas, pero está pintado de rosado.

Detrás del patio están las ventanas de las celdas. En los barrotes cuelgan polleras, calzones y sostenes. “El espacio para colgar ropa es muy pequeño, así que la ropa interior la cuelgan ahí”, explica una gendarme. Además, en esas ventanas llega mejor el calor del sol.

Las sillas del patio son iguales a las de cualquier escuela pública. Uno de los respaldos de las bancas tiene este mensaje: “Patio Bolivia”. La frase fue escrita con plumón negro. Después de las chilenas, las bolivianas son la nacionalidad más común en esta cárcel. “Somos 20 bolivianas aquí”, comparte el número exacto Celia.
A ella la descubrieron porque el auxiliar del bus en que viajaba alertó a los carabineros de La Negra que un pasajero, que estaba sentado más atrás que ella, olía a excremento. El viajero había expulsado ovoides en el baño del bus y se los guardó. Sospecharon de Celia porque tenía una botella de yogur de la misma marca que la del pasajero descubierto. “Algún día me voy a encontrar con el muchacho y le voy a decir: ‘Por qué no te limpiaste bien el culo, yo estuve en la cárcel’”.

Maribel, de 25 años, fue detenida en Santiago el 24 de julio de 2017 y 12 meses después fue puesta en la frontera, expulsada de Chile y con orden de no ingresar a ese país en un plazo no menor a 10 años. Es de Potosí, una de las zonas más altas de Bolivia –a 4,067 metros sobre el nivel del mar–, pero confiesa que, al llegar a la frontera, a 3,695 metros sobre el nivel del mar, después de estar tanto tiempo en Santiago, se sintió un poco mal. La llevaron en un jeep de la Policía de Investigaciones, acompañada de cuatro agentes. De Chile no se lleva buenos recuerdos. Dice que en la cárcel donde estuvo, el trato no era bueno y no estaba acostumbrada a la comida. Asegura que el viaje a Chile lo hizo para juntar dinero y estudiar Ingeniería en la universidad. Le ofrecieron $1,500. “Sí, estoy arrepentida”, dice lacónica y con una breve sonrisa muy tímida.

Junto a ella, está Carmen, de 27 años, quien fue expulsada el mismo día. En su caso asegura que la cesantía la llevó a aceptar transportar la droga. “Tengo tres hijos, llevaba un año sin trabajo, en Chile había trabajado en la fruta, en Melipilla. Me ofrecieron llevar a Santiago y me darían $1,500. Eso son como seis meses de sueldo en Bolivia”.
Ambas no se conocían en Potosí, pero hicieron el viaje juntas y fueron atrapadas en el mismo hospedaje de Santiago, mientras estaban evacuando. En ese procedimiento también cayó preso un chileno, quien era el encargado de recibir la droga y pagarles. El chileno estuvo seis meses en prisión y salió a la calle, con libertad vigilada, mientras que las jóvenes bolivianas estuvieron el doble de tiempo en la cárcel.

Maribel y Carmen fueron expulsadas el 1.º de julio de 2018. Esa misma semana el Gobierno chileno anunció la aceleración de los procedimientos de expulsión de extranjeros infractores de ley. Las imágenes en la televisión mostraron cómo por el mismo paso fronterizo de Colchane-Pisiga fueron expulsados cientos de bolivianos que llegaron en buses procedentes de distintas cárceles de Chile. La causa de su encarcelamiento era la misma: ‘tragones’ o ‘mulas’.

Según el Ministerio del Interior de Chile, entre 2013 y 2017 fueron expulsados 6,185 extranjeros.
Esta lista la encabeza Bolivia con 3,070 deportados. Le sigue Perú, con 1,214; y Colombia, con 1,174.

Aunque más del 90 % de los casos las condenadas bolivianas por narcotráfico son expulsadas de Chile, y así ese país se ahorra los más de mil dólares mensuales que cuesta al Estado mantener un preso, Elena está preocupada porque su juicio aún no se realiza. Es julio y ya ha pasado casi medio año desde que fue detenida. Según ella, al magistrado que vio su caso no le gusta dar expulsiones antes de que la detenida pase por lo menos seis meses en la cárcel.
—El tribunal dijo que yo tengo que cumplir los seis meses, y que él no aceptaba un (juicio) abreviado antes de los seis meses. Eso entendí porque ahí hablan muy rápido y no se entiende. No puedo decir nada, no tengo opinión de nada ahí, nos traen de vuelta aquí a la cárcel, al hogar, dulce hogar, le decimos.

Un abogado defensor comenta que algunos jueces están actuando así porque consideran que si a los transportadores de drogas se les expulsa muy rápido “no aprenden la lección”.
—Pero yo no lo volvería hacer por nada. Porque yo necesito estar con mis hijos. Yo sé que ellos son chiquitos y todo lo que he hecho, y me arrepiento mucho de cometer este ilícito, por traer aquí todo eso, era por necesidad –dice Elena–.
Durante esta investigación se revisaron 325 sentencias de mujeres bolivianas condenadas por narcotráfico en cárceles del norte chileno. En el 98 % de los casos ellas nunca antes habían cometido un delito, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en ningún otro país, tal como Elena.

“La policía nos llevó a los que estábamos allí a una sala del hospital para que veamos a un hombre que se estaba muriendo porque se le habían reventado las cápsulas en su estómago. Quería que veamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Nos decía que, si a nosotros no nos importaba nuestra vida, a ellos sí”.

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CELIA CASORLA, después de admitir responsabilidad y cooperar con la investigación, fue condenada en juicio abreviado a cinco años de prisión, pero su condena fue conmutada por la expulsión.
Una fría mañana de agosto, algo extraña para una ciudad desértica como Antofagasta, pocas semanas antes de que la expulsión se cumpliera y fuera llevada a la frontera en un bus, Celia relató su historia para este reportaje. Fue la única que quiso hacerlo mostrando su rostro. “Esto puede servir a otras mujeres para que no les pase los mismo”, dijo.
—¿Tu familia sabe que estás acá?
—Sí, me da miedo…
—¿Por qué?
—Yo tengo más miedo a mis hermanos, porque nos hemos criado nosotros no más, solo mi mamá y mis hermanos. Mi mamá lloró harto cuando yo estuve acá. Vino dos veces. La primera que vino llegó tranquila. La segunda que vino quisieron asaltarla. Si yo no hubiera estado aquí, mi mamá no iba a correr nada de eso. Qué tal que por venirme a ver a mí le hubieran hecho daño. ¿Y la conciencia?
—¿Tus hijos saben que estás acá?
—No.
—¿Cómo vas a enfrentar eso, cómo se lo vas a contar?
—Tengo guardado algunos papeles de la abogada, algo que diga que sí estuve, aunque sea para mis hijos. Porque quiero ir a pelearlos, esta vez quiero pelearle al papá de mis hijos, por lo menos a salir con mis hijos. Porque son mis hijos, quiero estar con ellos, su infancia me la estoy perdiendo. La adolescencia no es lo mismo. Cuando son niños te dan besos, abrazos, sin vergüenza, y cuando grandes lo primero que van a decir es: “¿Por qué me vienes a pedir ahora, si cuando era niño ni siquiera estabas?”
—¿Qué será lo primero que harás cuando llegues a Bolivia?
—Abrazar a mi mamá y pedirle perdón por haberle dado preocupación y después ir a ver a mis hijos y explicarles por qué no he aparecido, por qué no he llevado material escolar, por qué no estuve en sus cumpleaños… explicar.

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ELENA ESTÁ parada a los pies de una tumba en un cementerio del Chapare, Bolivia. Es el mediodía de un caluroso día de octubre. Se abanica con las manos. El viento ha dejado de soplar y el bochorno hace que una gota de sudor le surque la frente, luego otra y otra. Un 13 de septiembre fue dejada en la frontera con el compromiso de que no vuelva a poner un pie en Chile en 10 años. Después de someterse al control en Migración en Bolivia, de que revisaran si tenía o no antecedentes en su país, quedó en libertad. Lo primero que quería era volver a casa, abrazar a sus hijos, recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo. No tenía un peso en el bolsillo.

Telefoneó a un familiar para que le prestara dinero para el pasaje y así tomó el primer bus a Cochabamba. Llegó de noche. Hacía frío y tenía hambre, pero no tenía dinero. Se quedó en la terminal. Al día siguiente su hermana, la que había cuidado a sus hijos, llegó a su rescate.

La última entrevista para esta investigación la da junto a la tumba de su hermano, Lázaro, quien falleció cuando ella estaba en la cárcel de Alto Hospicio y por quien hizo ese viaje a Chile cargando droga.
El panteón está alejado del pueblo. Mejor así, Elena quiere pasar inadvertida, que los vecinos no se enteren de que está hablando con periodistas.

Los siete meses y 15 días de reclusión en Chile le han marcado un profundo abismo. Sus hijos, pese a su corta edad, la ven como a una extraña. Le llaman mamá a su hermana.
—Cuando llega mi hermana corren a su encuentro, la abrazan. Eso me duele. Tengo que recuperarlos. Estoy buscando trabajando.
Sabe que ‘aquel viaje’ no sirvió para nada. No pudo despedir a Lázaro, sus hijos están distantes y quedó con recuerdos que quisiera olvidar, pero no puede.
Tiene muy presentes dos escenas: la primera, cuando la detuvieron.
“Ya llegó otra narcoburra”, le dijo una agente de Carabineros.
Esa sería la primera vez, pero no la última en la que se referirían a ella con ese término.
—”¿Ustedes creen que Chile es como su país?, ¿corrupto? Aquí no somos así, de aquí no saldrás libre”, me dijeron. Me sentía mal. Estaba sola, sin ninguna visita, mi familia no podía, no tenía dinero.
Elena ahora traslada sus pensamientos a la cárcel de Iquique.
—¡Uhhhh! Está llena de bolivianas. Hay de todas las edades, pero en su mayoría son jóvenes. Hay quienes no hablan español solo quechua. Hay también mujeres de pollera. Es duro.
La segunda escena que recuerda está relacionada con los primeros días su detención. Estaba en el container afuera del Hospital de Iquique, donde Chile recibe a las ‘tragonas’ para que expulsen la droga.
—La policía nos llevó a los que estábamos allí a una sala del hospital para que veamos a un hombre que se estaba muriendo porque se le habían reventado (las cápsulas) en su estómago.
—Quería –continúa relatando Elena– que veamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Nos decía que, si a nosotros no nos importaba nuestra vida, a ellos sí.

A su vuelta al Chapare, Elena hizo algo que no sabe explicar bien por qué. Fue a buscar al hombre que la metió en el lío. Quería que le reconociera, en dinero, el tiempo que estuvo encarcelada, pero no encontró nada más que la noticia de su desaparición desde ya hace tres meses.

Costo. Más del 90 % de los casos las condenadas bolivianas por narcotráfico son expulsadas de Chile. Así ese país se ahorra los más de mil dólares mensuales que cuesta al Estado mantener un preso.

*Esta investigación ha sido realizada por Cristian Ascencio del Diario El Mercurio de Antofagasta (Chile), Nelfi Fernández del Diario El Deber (Bolivia) y Carlos Luz del Diario La Estrella de Iquique (Chile) en alianza con CONNECTAS. Se publica en el marco de un acuerdo de difusión de contenidos con LA PRENSA GRÁFICA.

Niñas masái dicen no a la ablación femenina

Millones. En todo el mundo, más de 200 millones de niñas y mujeres han sido circuncidadas en un total de 30 países localizados en África, Oriente Medio y Asia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El modesto internado femenino de Naningoi, localizado en el poblado masái de Mosiro, en Kenia, se encuentra a más de 1 hora de cualquier grupúsculo de metrópoli: para llegar hasta él hay que atravesar desde la urbe de Narok un polvoriento camino de tierra, inundado de baches y depresiones, en medio de un paisaje propio de la sabana africana.

Naningoi –con las paredes de sus aulas desconchadas y sus techos quejumbrosos– no es solo un colegio más del remoto condado de Kajiado, sino también un santuario en el que cientos de niñas han aprendido a verse como mujeres sin necesidad de ser mutiladas; rito de paso a la edad adulta muy arraigado entre la etnia masái.

“Hace algunos años, nosotros como masáis entendíamos que si una niña no había sido circuncidada era impura, por lo que nuestra cultura no le permitía el matrimonio”, relata a Efe Jacob Salao Ole Poroko, líder comunitario de Mosiro.

“Pero desde hace poco, y gracias al proyecto ‘Yes I do’ (Sí quiero), hemos aprendido que se trata de una práctica peligrosa por la que ya hemos perdido a demasiadas niñas”, reflexiona Poroko aferrado a su bastón negro, emblema de poder entre los suyos.

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“Hace falta más diálogo”

El proyecto al que Poroko hace referencia –fruto de la alianza entre cinco ONG, entre ellas Plan International y la ganadora del premio español Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018, Amref Health Africa– alcanza su clímax cuando las niñas son arropadas por su comunidad como mujeres sin haber sido circuncidadas.

“Este proceso no es el resultado de una noche, de una semana o de unos meses. Necesitamos alrededor de un año y medio hasta que la comunidad está preparada para acoger un rito de paso alternativo”, detalla a Efe Millicent Odingo, responsable de Amref del proyecto “Yes I do”.

Durante ese tiempo, trabajadores de estas ONG mantienen diálogos comunitarios con la cúspide de la jerarquía masái –desde los ancianos guardianes de los valores culturales hasta los líderes religiosos, pasando por progenitores y ‘moran’ (jóvenes guerreros)–, además de sesiones de sensibilización con los niñas; a quienes informan sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la mutilación.

“La tradición está tan arraigada en la cultura que no conciben otra forma de que una niña se convierta en mujer. Entonces les preguntamos, ¿qué pasa con las mujeres de otras culturas?, ¿no son mujeres?, ¿no se casan?, ¿no tienen hijos y estudian?”, argumenta desde Amref Grace Majaiakusi, implicada también del proyecto.

“Hace falta diálogo y más diálogo, que sepan cuáles son sus verdaderos efectos y no solo que se trata de la ley y que, por ello, hay que cumplirla”, matiza Majaiakusi sobre la legislación que –desde 2011– prohíbe la ablación en Kenia, pese a que aún se sigue practicando a escondidas, sobre todo, en áreas rurales.

Aunque la tasa de mutilación no supera el 21 % en Kenia, según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2014, este mismo porcentaje se dispara entre la etnia masái –dividida en unas 20 subtribus– y que puebla el sur del país y el norte de Tanzania con un millón y medio de habitantes.

En concreto, en el condado de Kajiado, el 78 % de las niñas han sufrido mutilación genital femenina (MGF), mientras que ese número asciende hasta el 86 % en el condado de Samburu, que ocupa más de 150 km² de la parte central de Kenia.

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Adiós a la escuela

Además, ser mutilada no solo implica consecuencias físicas –debido a infecciones y complicaciones a la hora de orinar y de dar a luz– o psicológicas, según algunos expertos, ya que como niña descubres que tus padres no siempre están ahí para protegerte, sino que también acarrea un importante coste social.

“La circuncisión, el matrimonio infantil y el embarazo precoz están conectados: la ablación las conduce al casamiento, porque entonces ya son vistas como mujeres, y el casamiento forzoso al abandono escolar y a convertirse en madres”, enumera la activista y defensora de los jóvenes, Selina Nkoile, nativa de Mosiro.

Para ella, la escuela de Naningoi fue tanto un hogar como un refugio. En ella estudió, en ella encontró inspiración para continuar una educación superior y, gracias a ella, puedo evitar un matrimonio concertado cuando apenas era una niña. No obstante, no pudo salvarse de la mutilación.

En todo el mundo, más de 200 millones de niñas y mujeres han sido circuncidadas en un total de 30 países localizados en África, Oriente Medio y Asia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No te dejan decir que no y tampoco puedes escapar. Vives en una aldea a 100 kilómetros de distancia de la ciudad más próxima, no hay medios de transporte, y cuando la comunidad sabe que estás en edad de ser cortada, si te escondes o vas sola a algún sitio, todo el mundo sabe que están intentado escapar”, recuerda Nkoile, exalumna de la primera generación de niñas que estudió en este centro.

Una escuela que años después, en parte por la MGF –que obliga a las niñas a dejar sus estudios para mudarse a la casa del marido, en general, unos 40 o 50 años mayor que ellas–, y en parte, porque dejó de ser gratuita, estuvo a punto de desaparecer tras quedarse sin suficientes alumnas.

“Son comunidades polígamas. Muchos tienen cinco mujeres y 15 o 20 hijos, entre ellos, 10 niñas, y si tienes que pagar $30 cada trimestre por cada niña prefieres casarla a educarla”, explica Nkoile, quien junto a otras masáis comenzó a buscar casa por casa a las niñas que deberían estar escolarizadas para devolverlas al colegio.

Hoy, Naningoi cuenta con 300 alumnas, 47 de las cuales duermen en el internado incluso durante las vacaciones, ya que todavía están en proceso de reconciliarse con sus familiares, después de que huyeron para no ser circuncidadas o casadas de forma forzosa, o incluso, al poco de serlo.

De esas 300, alrededor de la mitad cuenta con la aprobación de sus progenitores para participar en el rito de paso alternativo que, por primera vez, se celebra en Mosiro.

Para ello, ya en la escuela, estas menores han sido instruidas durante días en derechos reproductivos, sexualidad y habilidades sociales; fomentando su ambición para llegar no solo a ser esposas y madres –como han sido inculcadas– sino también profesoras, médicas o abogadas.

Por su parte, los niños de poco más de nueve años de esta misma aldea –sus hermanos y amigos– han aprendido en clases diferentes a respetar a una masái que no ha sido circuncidada, a repudiar el estigma que les impedía casarse con ella y a considerarla como a una igual.

“Apaga la llama de la mutilación genital femenina, enciende la llama de la educación”, repiten al unísono la mañana del rito cientos de niñas y niños mientras caminan en procesión por Mosiro –provocando con sus pasos una nube de polvo rojizo y con sus colgantes un tintineo metálico– hasta alcanzar la residencia de los líderes.

Más tarde, de vuelta en el colegio y bajo un sol abrasador de mediodía, se suceden los rezos y discursos. Las niñas a punto de graduarse cantan y bailan coreografías masáis ante la atenta mirada de muchos de sus progenitores y líderes comunitarios, y horas después, son bendecidas como mujeres por los más ancianos.

“Los más jóvenes van a acabar con la mutilación genital femenina. Nosotros, los más viejos, la hemos practicado y nuestras hijas han sido circuncidadas. Ahora, las nuevas generaciones, que han sido educadas, son las que deben abandonarla”, concluye el anciano Oloosekenke Ole Kamuye, guardián de la cultura masái, y que cubre su larga y huesuda figura con la tradicional manta de cuadros de color fucsia.

Kamuye, como muchos otros ancianos de su comunidad, está abierto al cambio. Cree que simplemente ha llegado el momento y, por ello, cuando observa como las niñas recogen contentas unos cuadernos y una regla como regalo de graduación –que alzan con energía al aire mientras siguen coreando– él también se siente complacido.

“Ortega no va a lograr empujar a Nicaragua a una guerra civil”

Fotografía de Archivo

Carlos Fernando Chamorro, periodista, está seguro de que Daniel Ortega, presidente, está fracasando en su estrategia de llevar a Nicaragua hacia una guerra civil como única alternativa de salida a la crisis política que, hasta enero, acumula nueve meses.

Así lo dijo en Costa Rica, país donde se ha exiliado por razones de seguridad, quien ha sido director del diario digital Confidencial, la revista Niú y los programas de televisión “Esta semana” y “Esta noche”.

“Aunque es cierto que hay grupos (opositores) que desesperadamente están tratando de buscar ese camino (la vía armada), yo creo que Ortega está fracasando. O sea, que no va a lograr empujar al país a una guerra civil”, ha dicho Chamorro, en el programa “Malas compañías”, de Teletica Radio, con los periodistas Armando González e Ignacio Santos.

Según Chamorro, la historia demuestra que para producir cambios duraderos son mejores la revoluciones cívicas que armadas, y eso lo ha entendido Nicaragua.

Citó como ejemplo la revolución Sandinista en Nicaragua que, si bien a su juicio fue épica al derrocar en 1979 a la dictadura de los Somoza, a la postre no produjo los cambios verdaderos que el país necesitaba.

“Ha nacido (desde las protestas de abril) una convicción poderosa en Nicaragua de que esta vez debe de hacerse un cambio político pacífico y no a través de la vía armada”, dijo Chamorro.

“Aquí (desde abril) no existe nada parecido al equivalente de una organización guerrillera como lo fue el Frente Sandinista en los años setenta y particularmente en el setenta y nueve. Esta ha sido una rebelión espontánea donde, poco a poco, han ido surgiendo los líderes universitarios, la mayoría están presos, otros están exiliados en Costa Rica y en otras partes, los mismos líderes empresariales…”, añadió el periodista.

En Nicaragua, hay voces como la del escritor y disidente sandinista Sergio Ramírez que dicen que Ortega busca empujar al país hacia una guerra civil para masacrar una posible rebelión armada y que él tenga una posibilidad de llamar al Ejército a las calles.

“Una resistencia ciudadana es la única arma que tenemos”, aseveró Ramírez el 18 de julio en entrevista con La Nación.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

Chamorro dijo no compartir la visión del exmagistrado sandinista Rafael Solís, también exiliado en Costa Rica tras renunciar a su cargo y a la militancia del Frente Sandinista, de que la represión gubernamental puede provocar una guerra civil en Nicaragua.

El periodista asegura que los nicaragüenses van por otro camino: el de conseguir por la vía cívica reformas más difíciles, pero que son duraderas como mejoras al Estado, en la educación, en lo fiscal y en lo electoral.

Chamorro es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro, conocido como el “mártir de las libertades públicas en Nicaragua”, asesinado el 10 de enero de 1978 por la dictadura de Somoza.

También es hijo de Violeta Barrios, la mujer que derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990 y que gobernó ese país hasta enero de 1997.

Entre 1979 y 1993, Carlos Fernando Chamorro fue director de Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernó en la revolución durante la década de 1980, el cual fue un periodo de persecución y de censura de prensa en Nicaragua.

Desde hace 23 años dirige, primero en versión papel y luego en digital, el semanario Confidencial, el programa de televisión dominical “Esta semana” y luego “Esta noche”.

Durante la emisión de “Esta noche”, la noche del domingo por Canal 12 de Nicaragua, Chamorro anunció que se exiliaba en Costa Rica para “resguardar mi integridad física y mi libertad y, sobre todo, para seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica”.

Dijo recibir amenazas extremas del régimen de Ortega en contra del ejercicio periodístico y, sobre todo, hacia los medios que él dirige.

“(La decisión del exilio) fue un largo proceso, porque nosotros hemos venido resistiendo a lo largo de varios años, pero particularmente en estos meses desde que inició la rebelión de abril todo tipo de persecuciones, amenazas, espionaje político, acosos, hackeos, diferentes tipos de procesos de intimidación que siempre han tenido como objetivo callarnos y autocensurarnos”, dijo Chamorro.

El periodista nicaragüense también denunció la situación crítica del periodismo en Nicaragua desde las protestas de abril.

Un periodista fue asesinado, medios independientes han sido destruidos como el Canal 100 % Noticias, al tiempo que su dueño Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda fueron encarcelados.

Chamorro recordó la “ocupación y el asalto” a la redacción de los medios que él dirige en Managua, la noche del 12 de diciembre, cuando la Policía Nacional allanó la redacción para llevarse documentos y equipos sin presentar ninguna orden judicial.

Un día después, la Policía tomó el inmueble donde se ubicaban los medios que él dirige luego del intento de Chamorro y de sus trabajadores de reconstruir lo allanado. Y una semana después, recuerda, el Gobierno cerró el Canal 100 % Noticias y encarceló a Mora y Pineda, quienes son acusados por la Fiscalía de incitar al odio, al terrorismo y a la conspiración a través de las informaciones divulgadas en el canal.

Distancia. Carlos Fernando Chamorro, periodista y fundador de medios de comunicación, tuvo que exiliarse en Costa Rica después de que cuerpos de seguridad incautaran su equipo de trabajo.

Nicaragua vive “estado de excepción de facto”

“Todo eso se hace a posteriori. Primero se hacen las acciones, la ocupación y asalto (…) y posteriormente se fabrican procesos criminales. En concreto, el asalto y la agresión con este nivel de virulencia contra los medios de comunicación, viene a convertirse en la última o penúltima etapa del proceso de descalabro y la represión de la dictadura de Ortega-Murillo”, dijo Chamorro.

Chamorro dice que al inicio de las protestas “vino la matanza” de parte del Gobierno que dejó 325 muertos, luego llegó la “operación limpieza” con la participación de “bandas paramilitares” para levantar bloqueos en carreteras levantados por manifestantes.

Añadió que, como tercera etapa de la represión, siguió el encarcelamiento de más de 500 presos políticos y, ahora, el país está en un “estado de excepción de facto” porque están conculcados derechos constitucionales básicos como el de reunión, manifestación, de movilización y las libertades de prensa y de expresión sin que se haya decretado un estado de emergencia.

“Te pueden capturar sin orden de captura, se pueden tomar un medio de comunicación sin una orden judicial”, sostuvo Chamorro.

Lucía Pineda cumple un mes detenida

Después de cumplirse un mes de la captura de la periodista Lucía Pineda Ubao, de 45 años, en Nicaragua, es poco lo que se sabe acerca de su proceso judicial y su condición de salud.

En este periodo, el Gobierno de Costa Rica ha enviado nueve notas oficiales dirigidas al Viceministerio de Gobernación nicaragüense con el propósito de que se le permita al cónsul tico en Managua, Óscar Camacho, efectuar una visita a la cárcel donde se encuentra recluida la comunicadora.

Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua sigue sin dar respuestas y alienta aún más la incertidumbre.

“En todas la notas ha habido silencio. También hice una consulta en forma verbal y me dijeron que las misivas serían respondidas por la vía diplomática”, afirmó Camacho.

La última misiva oficial emitida por Costa Rica fue enviada el jueves 17 de enero.

Pineda, quien posee nacionalidad costarricense y nicaragüense, fue detenida el 21 de diciembre mientras estaba en la redacción del canal independiente 100 % Noticias, donde se desempeñaba como jefa de prensa. El director y dueño del medio, Miguel Mora Barberena, también se encuentra en prisión desde entonces.

Ambos son acusados de cometer los delitos de “provocación, preposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según consta en el expediente judicial 020017-ORM4-2018PN, al que tuvo acceso La Nación.

También se les atribuye “apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio, como circunstancias agravantes de discriminación por razones de ideología política”.

El Poder Judicial de Nicaragua consignó, en una publicación realizada en su página web, que el 25 de enero será la primera audiencia sobre el caso de Pineda.

Inquietudes

Óscar Camacho explicó que la vía diplomática es la única posibilidad que tiene a su alcance para tratar de tener contacto con Pineda. Aunque no esconde su preocupación al cumplirse ya un mes sin tener mayores noticias acerca de la situación de la periodista.

Además, el cónsul cree que la comunicadora podría encontrarse en la cárcel El Chipote, considerada por organismos de derechos humanos como un centro de tortura, pero debido al impedimento de la visita su ubicación no se ha comprobado.

El Consulado tico registra la detención de 13 costarricenses en Nicaragua desde que comenzó la crisis política en ese país, el 18 de abril de 2018. Todos fueron capturados por estar relacionados con las protestas contra el presidente Ortega. En la actualidad, solo dos de ellos están en prisión, mientras que otras dos personas permanecen en arresto domiciliario.

Ataques en ascenso

La ofensiva por parte del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente se ha tornado más violenta en las últimas semanas.

La emisora Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional a inicios de diciembre y sus trabajadores debieron esconderse en casas de refugio luego de ser amenazados por los agentes.

Armados. El Gobierno usó al menos 20 patrullas, cada una con 10 policías élite y antimotines, todos portando escopetas o AK-47 para cerrar el Canal 100 % Noticias.

Petróleo por necesidad: el negocio que vació la mesa de los venezolanos

Fotografía de CONNECTAS

Millones de dólares de los venezolanos fueron drenados en negocios cuyos términos impidieron que tuvieran acceso a mayores cantidades de alimentos. Como parte del acuerdo de Petrocaribe, se estableció que los países deudores de la factura petrolera podrían pagar parte de sus obligaciones con el envío de productos. La idea prometía dos grandes cosas: abastecer al pueblo venezolano de productos que escaseaban en la república bolivariana y dinamizar las economías de los países deudores.
Sin embargo, en la práctica esta ventana derivó en un patrón de sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de una zona comercial regional. Los dos países centroamericanos formaron parte esencial de la estafa.
El Salvador ha enviado $48.8 millones a Venezuela como parte del sistema de compensación. Leche en polvo, aceite de soya, arroz, frijoles negros y medicinas conforman este paquete.

Esta investigación periodística comprobó que la paradoja es porque los acuerdos energéticos eran presentados como una referencia internacional de comercio justo, ya que el petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios. Pero, más que todo, por las penurias actuales de una población venezolana que en los últimos cuatro años tuvo el mayor aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y que cerró 2018 con una inflación de 1,000,000 por ciento de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Si bien la cifra de lo exportado por El Salvador palidece en cantidades frente a lo aportado por países como Nicaragua, esta pequeña nación de Centroamérica no se queda atrás en irregularidades. Uno de los mejores ejemplos es la historia que vincula al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una pequeña vivienda en una colonia de clase media en El Salvador, y con una empresa que tiene mucho de fantasma.
Una familia alquila, desde hace dos años, esta casa en Santa Tecla, La Libertad. Su dueño es un salvadoreño que reside en Estados Unidos desde hace más de una década. No alcanza los 4 metros de fachada y tiene tres habitaciones, una sala, un patio y un jardín frontal.

Esta casa es la última dirección legal de una sociedad salvadoreña llamada Proveedores Diversos A&G, fundada a inicios de la década como una pequeña empresa, capitaneada por Sonia Luz Alas Menjívar y Francisco Alfredo Gallardo Ávalos. Por eso sus activos nunca pasaron de los $6,000.

Al menos hasta 2014. Porque en 2015 fue capaz de mandarle más de $3 millones de leche en polvo a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), la entidad estatal que para esa época se encargaba, entre otros asuntos, de importar comida a ese país suramericano aquejado, desde entonces, por una crisis alimentaria. Según la Dirección General de Aduanas de El Salvador, lo hizo a través de 11 transacciones, del 8 al 22 de junio.

Pero algo no cuadra. En esta casa, según sus ocupantes actuales y los vecinos de los alrededores, nunca ha funcionado ninguna empresa. Menos una de esas dimensiones, que compra tanto producto en Australia para luego enviarlo a Suramérica: una operación de intermediación de alcances globales.

Ni siquiera su antigua dirección legal, ubicada en el barrio Lourdes de San Salvador, parece ser una sede lo suficientemente grande. Se trata, también, de una casa más adecuada para una vivienda que para una exportadora como la que se supone que es Proveedores Diversos A&G. Está ubicada en un barrio pobre de la capital del país. Cuando se telefonea a esa casa para preguntar por la sociedad, la voz al otro lado afirma que allí ya no se ubica, sino que es la sede de otra compañía, dedicada a la comercialización de insumos médicos.

Fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien personalmente se encargó de autorizar la compra de la leche en un punto de cuenta presidencial fechado el 22 de marzo de 2015. Fue la respuesta a una petición de Giuseppe Yoffreda Yorio, el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio (CORPOVEX), la entidad que actualmente centraliza las importaciones en ese país.
En el documento, Yoffreda solicita la asignación de divisas para realizar las compras. El plan era adquirir varios productos faltantes en Venezuela. Querían aprovechar que ALBA Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta con la que Petrocaribe aterrizó en esa nación centroamericana, podía pagar hasta US$96 millones de su deuda petrolera con PDVSA con el envío de mercancía.
El pedido constaba de 1,000 toneladas de aceite de soya, 1,500 de arroz blanco y 9,000 de frijoles negros. También 12,000 de leche en polvo. Todo esto fue tasado en $92,665,500. Pero en la leche hay varios problemas, que no cuadran con esta información. No fue ALBA Petróleos de El Salvador la que hizo ese envío, sino la fantasmal Proveedores Diversos A&G. Tampoco mandaron la cantidad pactada: se limitaron a 991 toneladas, menos de una doceava parte de lo que, en teoría, necesitaba Venezuela.
En el punto de cuenta presidencial se sostenía que las 12,000 toneladas de leche en polvo costarían $58,500,000, cada una a $4,875, un precio nada conveniente para el Gobierno venezolano.

Eso lo hizo notar una auditoría interna de PDVSA, finalizada el 13 de abril de 2017. En ella, los contralores advirtieron que eso sucedió mientras el valor internacional de cada tonelada de leche se colocaba en $2,600. Sin embargo, no se limitaron a eso, pues informaron que fue todavía más cara, $5,252, lo que representa más del doble del precio internacional.
Existe otra irregularidad. La Dirección General de Aduanas de El Salvador cuenta una historia diferente. El precio promedio real con el que Proveedores Diversos A&G vendió el producto fue, si bien no el mismo del valor internacional, un poco más bajo que aquel que reportó PDVSA: US$3,229.
Los auditores de PDVSA también señalaron que esta compra representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia.
Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, quien solicitó cometer esta violación al acuerdo, según consta en un mensaje enviado a Bernardo Álvarez, en ese entonces presidente de PDV Caribe y Petrocaribe. Todo fue aprobado, después, desde el despacho de Nicolás Maduro.
En El Salvador se buscó por escrito la opinión de los venezolanos Luis Alejandro Sauce Navarro y Bernardo Luis del Carmen Álvarez Herrera, gerente general y director presidente de ALBA Petróleos; y de José Luis Merino, el nexo del programa en El Salvador. Ninguno respondió.

Representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia. Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, la que solicitó poder cometer esta violación al acuerdo.

El caso Nicaragua
“Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, escribió Maduro, presidente de Venezuela, justo al lado de su firma aprobatoria. El documento que rubricó el 23 de marzo de 2015 detallaba una oferta de importaciones por $446.3 millones en café, carne de res, ganado, azúcar, aceite de girasol, leche y frijoles negros a despacharse durante ese año desde la nación centroamericana gobernada por su aliado, Daniel Ortega.

Las cotizaciones incluían precios que en la mayoría de los casos rebasaban referencias internacionales o estaban entre los más altos presentados en la historia reciente de las exportaciones nicaragüenses. Ese lujo lo asumía el Gobierno venezolano a pesar de que entonces el mercado petrolero mundial del que dependen sus finanzas y las del país ya había sufrido un desplome de 50 por ciento.

Mientras Maduro culpaba a la guerra económica por la falta de bienes y por la inflación que crecía como un tsunami, aprobaba la adquisición de café verde a $243 el quintal y de carne de res a $5,690 la tonelada, montos que superaban los mejores promedios de venta de ambos rubros en 20 años, según cálculos basados en datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El plan aprobado por el gobernante venezolano se materializó en un contrato con cargo a recursos públicos que fue ejecutado por empresas controladas por los gobiernos de ambos países. El negocio representó el corolario de una serie de transacciones desde Nicaragua con destino a Venezuela por aproximadamente $2,700 millones. Una operación que comenzó desde mediados de 2008.

Todas las negociaciones se concretaron a través de un sistema de compensación de deudas mediante el cual naciones centroamericanas y caribeñas pagan con bienes parte de los suministros petroleros concedidos por el Gobierno venezolano en las condiciones de los acuerdos de cooperación energética creados por el entonces presidente Hugo Chávez.

El abanico incluye a Petrocaribe, el programa estrella, y a otros suscritos en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La espina dorsal del entramado es la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa sobre la que llovió el maná petrolero hasta julio de 2014, pero que hoy está cercada por las deudas, por los escándalos de corrupción y de lavado de dinero y por el retroceso de la capacidad de producción y refinación.

Con base en documentos internos y rendiciones de cuenta de la corporación petrolera, en peticiones de información pública, en estadísticas de comercio internacional y en entrevistas a fuentes vinculadas a las transacciones
La evidencia recopilada refleja inconsistencias entre la información de precios y volúmenes contenida en documentos oficiales vinculados a las operaciones y en los reportes de organismos que procesan estadísticas relacionadas con los acuerdos o con la actividad de las aduanas portuarias. Los diferenciales tuvieron destinos inciertos que financiaron la corrupción, según fuentes de la petrolera venezolana.
El panorama, de acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, fue favorecido por el descontrol de las instancias de PDVSA que tenían la responsabilidad directa de supervisar las transacciones. Parte de esas operaciones involucraron a personas y compañías que terminaron siendo castigadas, investigadas o vigiladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de activos.
Esta investigación periodística revela igualmente que empresarios vinculados a gobiernos afines a la denominada revolución bolivariana lograron concretar lucrativas transacciones en el sistema sin que pasaran un mínimo escrutinio público.
Ningún vocero de PDVSA atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto. Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera, exministro de Energía de Chávez y articulador de las políticas petroleras venezolanas en la región, sí aceptó referirse al tema y negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013.

“Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.
Sin embargo, un informe de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento.
El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos: “Se evidenció en la revisión del proceso de compensación comercial… la ausencia de una norma que se ajuste para las actividades que deben ser ejecutadas”.

Los auditores imputaron además a PDV Caribe, filial de PDVSA constituida en 2006 para encargarse de la gestión de Petrocaribe y de los convenios conexos del ALBA, responsabilidades por no haber actuado como el ente centralizador de la compensación: “No cuenta con documentación de soporte suficiente sobre los rubros adquiridos por la República Bolivariana de Venezuela”. Los analistas se referían a facturas, registros de embarque y desembarque y reportes de calidad, entre otros, que debían ser archivados y remitidos a la gerencia financiera para las conciliaciones respectivas.

La omisión no deja de ser relevante si se considera que la filial desempeñaba un rol internacional estratégico y fue manejada desde su creación por hombres de confianza de Chávez y Maduro. Entre ellos han estado el fallecido Bernardo Álvarez, quien fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos; y Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo.
En la práctica, según fuentes de PDVSA, la red de empresas públicas importadoras de alimentos de Venezuela, asumió el papel de gestionar las compras y de controlar los documentos de respaldo. Entre esas compañías se encontraban la Corporación de Abastecimiento Agrícola (CASA) y la Corporación de Comercio Exterior (CORPOVEX) y la ya eliminada Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).
El conglomerado ha sido manejado principalmente por militares, algunos de los cuales han sido señalados por incurrir en adquisiciones con sobreprecios, por desviar fondos e incluso han sido blanco de indagaciones de la opositora Asamblea Nacional, que terminó neutralizada políticamente por Maduro.

El mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El gran cliente
Nicaragua, que recibió hasta junio de 2018 más de $$3,760 millones en préstamos petroleros, se ha servido de la compensación como ningún otro país. Ello ha sido el reflejo de la imbricación de los gobiernos de Caracas y Managua y del apoyo otorgado a Daniel Ortega. Los convenios con Venezuela son una de las claves que explica como el régimen de Ortega logró alto favoritismo por muchos años. La cooperación, entre otras cosas, le ayudó a mantener satisfechas organizaciones agropecuarias afines a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a poderosos empresarios agroindustriales locales y centroamericanos.

Los cargamentos con productos alimenticios remitidos por Nicaragua representaron casi 70 % de los montos transados en el mecanismo de compensación, lo que generó un boom exportador en el país centroamericano que cedió con la crisis petrolera. Las categorías de la carne de res y el ganado fueron las reinas, pues supusieron más de $1,250 millones en exportaciones hasta 2017, según datos del BCN. Café, azúcar, frijol negro y leche también han estado entre los renglones más destacados. Todos los despachos fueron monopolizados por una gran intermediaria: la binacional ALBA Alimentos de Nicaragua (Albanisa). Esa compañía es filial de ALBA de Nicaragua (Albanisa), que a su vez es una sociedad entre las estatales Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) y PDV Caribe, accionista mayoritaria.

Francisco López, uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega y tesorero del FSLN, hasta junio de 2018 fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.
Albanisa fue una consentida que logró colocar en Venezuela productos por cotizaciones envidiables para cualquier empresario. En los boletines del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) son recurrentes las menciones a los “precios preferenciales” o “superiores” ofrecidos por el Gobierno venezolano con respecto a otros clientes internacionales. En la carne de bovino, por ejemplo, fueron los mejores pagados no en 20 sino en 30 años, según admitió René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), el mayor gremio empresarial del rubro, a AFP en agosto de 2017. Las cotizaciones favorables ayudaron a Nicaragua a descontar a un ritmo más rápido la deuda de largo plazo, equivalente a la cuarta parte de los préstamos. También le permitió cancelar con bienes la porción de corto plazo, que equivale a 50 % del financiamiento y que debe completarse en 90 días. El resto de las naciones beneficiarias la paga en efectivo, pero el país centroamericano ha insistido en honrarla con alimentos, según documentación obtenida por #Petrofraude.

Los privilegios para Albanisa también incluyeron la permisividad con la baja calidad de algunos productos y con intermediaciones de cargas provenientes de terceros países. La empresa igualmente gozó durante seis años de una relación prácticamente directa con CVAL, CASA y otra compañía pública, Café Venezuela, en el marco del esquema de compensación. Según documentos obtenidos de los entes de control venezolanos, las exportaciones nicaragüenses hasta 2014 se realizaron sin que la Gerencia de Finanzas Internacionales de PDVSA hiciera una sola acta de conciliación con Albanisa. Las primeras dos se suscribieron, de hecho, el 26 de abril de ese año.
Una de esas actas se refirió exclusivamente a los cargamentos de café verde y se basó en datos en los que #Petrofraude identificó inconsistencias. El documento fue firmado por Víctor Aular, gerente de Finanzas Internacionales de PDVSA; y por Francisco López, presidente de Albanisa, y uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega. López es el tesorero del FSLN y hasta junio de 2018 encabezó la empresa de alimentos y fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.

En el documento de conciliación se afirmó que Albanisa exportó satisfactoriamente a Venezuela $393.6 millones entre el 31 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con un finiquito que había sido remitido por Café Venezuela. En ese período de cinco años, sin embargo, los despachos totales desde Nicaragua no superaron $248.5 millones, según una comparación de las cifras del tres instituciones de ese país: el Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX), el MIFIC y el BCN. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), basado en los reportes de las aduanas, señalan que al país suramericano ingresaron $295.2 millones en renglón de café verde. Es decir que solo en este rubro específico de café hay casi entre $145 y $98 millones de diferencia aproximadamente sin ningún tipo de soporte ni explicación con respecto a los montos que fueron conciliados.

El acta firmada no específica un dato central: las cantidades de producto. El finiquito de Café Venezuela, al que tuvo acceso el medio nicaragüense Confidencial, socio de la presente investigación, indica que los despachos fueron equivalentes a 1,884,769 quintales, por lo que cada uno se tasó en aproximadamente $208, monto que superó como mínimo en $20 el promedio de las ventas al exterior del rubro en esos años de acuerdo con los datos del BCN y del CETREX. En 2011, por ejemplo, solo compradores de los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda y Austria superaron los pagos promedios de Venezuela. Esos países suelen ser consumidores de cafés especiales que se transan por más dinero.

Un dato adicional arroja sombras sobre la transacción. Según las estadísticas oficiales nicaragüenses al país suramericano solo se remitió un máximo 1.5 millones de quintales y de acuerdo con el instituto estadístico venezolano el volumen fue de 1.4 millones. Las diferencias oscilan entre 300,000 y 400,000 quintales aproximadamente con respecto a las cantidades señaladas en el finiquito.
El café verde despachado a Venezuela, además, estaba lejos de tener una etiqueta de máxima calidad, de acuerdo con testimonios recabados para el presente trabajo. Productores nicaragüenses recuerdan que entre 2008 y 2015 incluso vendieron a muy buenos precios lotes que se consideraban broza o desperdicio.

“El café que es para tostadoras locales se estuvo exportando a buenos precios”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Productores de Matagalpa, zona montañosa donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero ¿quién se va a quejar en Venezuela?” Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”.

Aunque Albanisa era responsable de los despachos, productores consultados coincidieron en que había intermediarios que recogían el producto. Uno de ellos, según afirman, era la empresa Agroexport en cuya página web se menciona a Venezuela como destino. Un representante de la firma fue consultado, pero negó participación en el negocio y atribuye a un error la referencia del país suramericano en su plataforma.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el Gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la FEDEAGRO, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios prémium pero era de baja calidad”.

Para más datos sobre más países, y para consultar visualizaciones detalladas con la información sobre el convenio, visite la página web 7s.laprensagrafica.com.


El desvío de los petrodólares

Bajo el acuerdo energético promovido por Venezuela, Gobiernos aliados de este país tuvieron carta blanca para manejar discrecionalmente y sin mayores controles los fondos obtenidos gracias a los préstamos petroleros. Parte del dinero se usó para inversiones privadas, proyectos fallidos y quedó entrampado en una maraña de empresas vinculadas a gobernantes de la región.

La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6,000 metros cuadrados, localizado en el bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en $85,000. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en $1,300,000 por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.
Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó ALBA Petróleos de El Salvador (ALBA Petróleos), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de $1,100 millones en créditos petroleros suministrados por el Gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.
Merino ocupa el cargo de asesor mayor en ALBA Petróleos, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (Agencia Antinarcotráfico) y el FBI (Policía Federal Investigativa).
La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por $6 millones de ALBA Petróleos.
El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de ALBA Petróleos permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos.
ALBA Petróleos fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.
En la práctica, como demuestran sus balances, ALBA Petróleos opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por $500 millones a 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.
Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de ALBA Petróleos.

Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son “offshore” y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.
El destino de los préstamos de ALBA Petróleos es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra, además, del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de $28 mil millones en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta 2% anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.

El desvío de Petrodólares

Sospechas. Esta gasolinera en el bulevar Venezuela forma parte de un enorme esquema especulativo inmobiliario que estuvo marcado por los frecuentes cambios de manos de las propiedades.

La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6,000 metros cuadrados, localizado en el bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en $85,000. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en $1,300,000 por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.

Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó ALBA Petróleos de El Salvador (ALBA Petróleos), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de $1,100 millones en créditos petroleros suministrados por el Gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.

Merino ocupa el cargo de asesor mayor en ALBA Petróleos, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (Agencia Antinarcotráfico) y el FBI (Policía Federal Investigativa).

La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por $6 millones de ALBA Petróleos.

El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de ALBA Petróleos permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos.

ALBA Petróleos fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.

En la práctica, como demuestran sus balances, ALBA Petróleos opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por $500 millones a 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.

Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de ALBA Petróleos.

Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son “offshore” y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.

El destino de los préstamos de ALBA Petróleos es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra, además, del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de $28 mil millones en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta 2% anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto.

La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.

Otro mal negocio para Venezuela: la compensación desde Guyana y República Dominicana

Connectas

Guyana es el segundo mayor beneficiario del sistema después de Nicaragua. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran.

Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. De acuerdo con cálculos de la investigación de #Petrofraude, basados en el análisis de reportes de la estatal Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (GRDB por sus siglas inglesas), el Gobierno venezolano pagó en el período al menos $100 millones por encima del precio promedio al cual el país caribeño vendía a otros clientes internacionales.

En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de $700 por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por $224 menos.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, incluso plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor de intercambio como el petróleo en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz.

“El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático con el apoyo recibido en la OEA.

Los términos del intercambio no correspondieron con el convenio Petrocaribe, que señala en su quinta cláusula que los productos despachados para la compensación de deudas deben tener precios preferenciales. Ello se ratifica en los manuales para regir el tema que han sido aprobados por los ministros de los países adheridos.

Las asignaciones de los contratos con Venezuela causaron malestar en el sector. Rajendra Persaud, presidente de la Asociación de Exportadores y Molineros de Arroz, afirmó en entrevista para esta investigación, que la selección de los empresarios que participaron en el mecanismo de compensación de Petrocaribe obedeció principalmente a “decisiones políticas”.

Turhane Doerga, un exejecutivo de la industria y activista político, asegura que los contratos se concentraron entre pocos molineros que tenían conexiones con el anterior Gobierno y que incluso un grupo empresarial sin experiencia y con trayectoria en el negocio de los restaurantes, hoteles y gimnasios obtuvo lucrativos cupos de envíos a través de la empresa Buddy’s Rice Mills Complex con la que dieron sus primeros pasos en el área. Sus representantes fueron contactados para el presente trabajo, pero no respondieron.

Doerga es conocido en Guyana por haber reclamado airadamente la situación en una reunión celebrada en 2014 entre molineros y autoridades que manejaban el convenio de Petrocaribe, y por haber presentado ante la Unidad Especial de Delincuencia Organizada de la Policía de Guyana una denuncia en la cual asegura que alrededor de los despachos a Venezuela no solo prosperó un esquema de privilegios, sino de fraude por el supuesto envío de producto de baja calidad con certificados falsos y por el pago de sobreprecios en los fletes de exportación, que según sus datos duplicaban las tarifas ordinarias y eran semejantes a los que se pagan para cargamentos hacia Europa.

Voceros de la GBRD fueron contactados en Guyana y luego por correo electrónico para consultarles sobre las operaciones de venta de arroz de Petrocaribe. No accedieron a contestar preguntas. Seis exdirectivos de la institución se encuentran bajo investigación en ese país por supuesto uso irregular de fondos obtenidos gracias al convenio. Dos de ellos fueron entrevistados y negaron responsabilidad en manejos inadecuados.

Donald Ramotar, quien fue presidente de Guyana entre 2011 y 2015, fue contactado para el presente trabajo. Se le enviaron consultas por correo electrónico para conocer sus respuestas con respecto a los precios acordados con Venezuela y la escogencia de los molineros. No respondió, pero en declaraciones previas, ha dicho que las acusaciones e investigaciones desatadas tienen carácter político.

República Dominicana ha transado $70 millones en el sistema de compensaciones vía Petrocaribe, según datos de ambos países. El informe de auditoría al que tuvo acceso #Petrofraude hace mención de casos en los que se identificaron sobreprecios de no menos de $10.1 millones en rubros como azúcar cruda, aceite de soya y frijoles negros.

Estos últimos fueron despachados desde República Dominicana en 2010. La operación involucró 995 toneladas equivalentes a $1.24 millones. El promedio del precio fue de $1,250 por tonelada, $100 por encima de tasas de referencia internacional de la época. Es decir un 20 % más del valor de la época. José Suriel, jefe de la Oficina de Petrocaribe de República Dominicana, dijo en 2012 a la prensa local que la operación fue resultado de una compra a terceros países, lo que había violado términos de convenio.

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Manuel Matos, aseguró a periodistas de esta investigación que las habichuelas fueron compradas a China y Nicaragua y despachadas desde la isla caribeña como si fueran dominicanas.

Aunque Suriel había revelado seis años antes la irregularidad, consultado para este proyecto negó la versión: “Eso nunca pasó de ser un rumor que no fue verificado mediante una comprobación documental válida”. Según Suriel, la selección de empresas y la fijación de los precios dependía solo de autoridades venezolanas y no de las dominicanas. Pero cuando el país caribeño se unió a Petrocaribe, al Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD) se le encomendó el registro y depuración de las empresas que participarían en el convenio.

“El señor presidente quiere que le pinte un cuadro”

Parte del equipo. Sergio Hernández fue uno de los pintores convocados para crear una obra para la colección de Los Pinos, la casa presidencial de México.

El historiador Guillermo Tovar y de Teresa y Ana Paula Gerard, secretaria técnica del Gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari y, años después, esposa del mandatario, fueron quienes invitaron al pintor Sergio Hernández a crear una obra para la colección de arte de Los Pinos.

Desde comienzos de los años noventa, Tovar y Gerard le habían hablado al pintor de que el Estado debería adquirir obra para formar un patrimonio de su historia pictórica. Cuando en 1993 le volvieron a hacer la propuesta, le explicaron que uno de los curadores sería el propio Guillermo, hermano del entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa. Hernández pintó “Lluvia de oro”; le pagaron alrededor de $3,500.

El artista Manuel Felguérez recuerda la llamada, pero no quién la hizo: “El señor presidente quiere invitarlo a usted a que le pinte un cuadro para la residencia oficial de Los Pinos. ¿Aceptaría?” “Sí, con mucho gusto”, cuenta que respondió, y que luego le dijeron: “Le vamos a mandar la tela”.

Era 1993 y la presidencia de Carlos Salinas de Gortari convocó a 33 pintores a crear cuadros con el propósito de dotar la residencia de una colección; el argumento era dejar de usar en Los Pinos las obras de los museos de Bellas Artes. Fue una selección que daba cuenta de los “valores estéticos” de diversas generaciones; es lo que el mandatario escribió en el catálogo, “Residencia presidencial de Los Pinos. Colección de pintura”, que contiene las pinturas de los 33 artistas nacidos entre comienzos del siglo XX y los años cincuenta, así como un texto de Rafael Tovar (no dice quién hizo la curaduría). En la colección había una destacada presencia de los artistas de la ruptura y de generaciones posteriores.

La promesa de Salinas y de Tovar –lo escribieron– era que la colección se iba a enriquecer. Pero vino uno de los años más convulsos para el país: firma del TLC, levantamiento del EZLN, asesinato de Luis Donado Colosio, y el tema nunca se retomó.

Tras la apertura de Los Pinos, el 1.º de diciembre, en las distintas casas se vieron cuatro pinturas con la etiqueta “Colección presidencia de la república”, y a partir de ahí medios de comunicación, artistas y legisladores han preguntado por las demás piezas. El 19 de diciembre, la Presidencia y la Secretaría de Cultura informaron que se lleva a cabo un inventario, y que todas las obras y bienes del acervo están a cargo de la Dirección de Bienes Muebles de la propia Presidencia.

Luego de la entrega-recepción, con el cambio de gobierno, la Presidencia tenía 30 días para este informe, pero ha solicitado 15 días más para su integración. Algunas de las obras ya fueron ubicadas, pero la relación todavía no se ha hecho pública. Que se guardan en una bodega es lo que se ha dicho, pero en qué condiciones y dónde exactamente es todavía un misterio.

Al preguntarle a Sergio Hernández sobre la falta de respuesta al reclamo suyo y de otros artistas ante las autoridades de Cultura, el pintor asegura: “Lo que sí es lamentable es que una Secretaría de Cultura no conteste las cartas de unos artistas pidiendo saber el lugar donde se encuentran estos cuadros. Esos cuadros deben aparecer. Pero ni nos informan ni dan acuse de recibo. Una Secretaría de Cultura debe responder, tener al tanto, tener al día, todo su patrimonio. Si desaparecen unos cuadros, al rato va a desaparecer la Coyolxauhqui. Seguramente no están organizados, seguramente la secretaría no encuentra ni la dirección de Tlaxcala”.

“Me pareció muy bueno regresar las obras a los museos, y mandar a hacer una colección para Los Pinos, y además con toda la libertad. En cada ceremonia en Los Pinos veía los cuadros, los reconocía, pero después de Fox no los vi más. Deben aparecer”.

***

La foto en Antropología

El 5 de noviembre de 1993, 27 de los 33 artistas invitados unos meses antes a pintar un cuadro, fueron convocados a una comida en el Museo Nacional de Antropología, y luego fueron llevados a Los Pinos donde en un salón estaban colgados los cuadros; cada artista habló con el presidente, se tomaron fotos, y el mandatario después dialogó con el grupo. Luego, Salinas se fue a inaugurar el Museo Papalote.

Fueron tres los artistas de Monterrey, recuerda Sylvia Ordóñez: Julio Galán, Enrique Canales y ella. “Nos avisaron tres meses antes; nos dieron las medidas, y ya. Que tenía que estar para tal fecha. Luego hubo una comida en el Museo Nacional de Antropología con todos los pintores y nos llevaron en autobús con el presidente, que quería estar con los pintores. Supe después que mi cuadro estuvo en el comedor de Los Pinos”.

“Llegó gente de la Presidencia –cuenta Francisco Toledo– a solicitar un cuadro: ‘que Los Pinos necesitaba decorarse’”. Al pintor le advirtieron que no podía hacer algo que se prestara a la burla del Ejecutivo. Así lo relata: “Que tenía que ser algo que no fuera ofensivo al presidente, creo que pensaban que si hacía un cuadro erótico y él se tomaba la foto y era una señora con las piernas abiertas, pues a lo mejor la gente se iba a reír del presidente. Entonces pensé en hacer algo donde la gente realmente haga un chiste o se sonría, al menos, pues usted sabe, el expresidente en cuestión tiene orejas muy grandes –yo también, pero siempre se disimula con el pelo–. Se me ocurrió pintar un murciégalo con unas orejas muy grandes. Cuando entregué el cuadro, o no se dieron cuenta o no hicieron caso. Estaba colgado hasta arriba, casi en el techo, y no hubo oportunidad de que el presidente se fotografiara con él… Sería bueno recuperar los cuadros”, dice Toledo y propone: “Si hay tantos visitantes, en Los Pinos, creo que se pueden dejar ahí, o mandar algunos a museos. Se deben recuperar”.

No recuerda cuánto le pagaron ni quién lo invitó, solo tiene certeza de que era personal de Presidencia; no del INBA: “Voy a cumplir 80 años, la memoria no es tan buena y las orejas me siguen creciendo”.

En 1993 Vicente Rojo pasó enfermo varios meses. Su cuadro que se integró a esa colección –“Códice VI”– era una obra que había creado antes. “No pude colaborar con el proyecto original. Entonces me preguntaron que si no tenía un cuadro de esas medidas específicas, de buen tamaño; dije que sí, y lo adquirieron”.

Irma Palacios, quien pintó “Huellas del camino”, es otra de las artistas que en una carta reclamó a la actual Secretaría de Cultura información sobre dónde están las obras: “Aparentemente no ha pasado nada. No sabemos todavía”, dice la pintora y coincide con otros en la única indicación que le dieron en 1993 fue la de las medidas del cuadro: “Había varios tamaños, el mío era del mismo tamaño del de Toledo”. Ella tampoco recuerda cuánto le pagaron, pero sí que estuvo en la inauguración con su esposo, Francisco Castro Leñero; y con el hermano de este, Miguel, que es otro de los que pintó en la colección.

“Yo recuerdo muy poco”, dice Germán Venegas, quien en sus archivos halló la foto del grupo en el museo. Su pintura se llama “Nostalgia”: “Es un tipo de obra que estuve haciendo a mediados de los años noventa. No supe nada más de la obra a partir de que se entregó a Los Pinos”.

A Eduardo Tamariz, autor de “La ronda de la serpiente”, le pareció una buena idea que crearan obras para Los Pinos; creía de tiempo atrás que los flashazos en las conferencias de prensa estaban dañando las pinturas. “Me pareció muy bueno regresar las obras a los museos, y mandar a hacer una colección para Los Pinos, y además con toda la libertad. En cada ceremonia en Los Pinos veía los cuadros, los reconocía, pero después de Fox no los vi más. Deben aparecer. No es una cosa que se arrumbe por ahí y que nadie se dé cuenta; eran de muy buen precio. Independiente de mí, había gente muy importante”.

Aunque algunos pintores tuvieron noticias de sus obras, en los últimos años no supieron nada de ellas. En Los Pinos hoy es posible ver las de Rafael Cauduro, Beatriz Ezbán, Humberto Urbán y Luis Nishizawa. Personal de la residencia informó que se han ubicado también las de José Chávez Morado y Juan Soriano. De las otras 27 aún no hay noticias.

Individuos uniformados perpetran matanza en Haití

Facilitador. Al Gobierno se le acusa no solo de no investigar el hecho, sino que también de haberlo facilitado en favor de una de las pandillas.

Cuando un camión de la Policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial.

Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas.

Los hombres, sin embargo, abrieron fuego. Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la Associated Press.

“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.

Testigos, organizaciones de derechos humanos una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre de 2018 dijeron que al menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.

Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del Gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.

Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre de 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado.

Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos.

“Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”.
La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en 2004, tras el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide. En 2017 fueron reemplazadas por una misión más pequeña que entrena policías. Las fuerzas policiales cuentan hoy con 15,000 agentes, comparado con los 4,000 que había en la época de Aristide.

La Policía, sin embargo, es considerada una fuerza corrupta, inefectiva y mal equipada para hacer frente a pandillas mejor armadas, que a menudo son las fuerzas de choque de sectores políticos.

Funcionarios de la ONU dicen que esperan completar las investigaciones en algunas semanas.
“Hay episodios de violencia alarmantes en algunos de los barrios más notorios de Puerto Príncipe, zonas donde la autoridad del estado es limitada”, dijo Helen Meagher La Lime, directora de la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití, que reemplazó a las fuerzas de paz, durante una presentación ante el Consejo de Seguridad el mes pasado. “Se llevan a cabo investigaciones de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos, y nuestro servicio de derechos humanos también trabaja para determinar qué pasó”.

Miles de personas viven en La Saline y muchas trabajan en un mercado que se extiende casi 2 kilómetros (más de 1 milla), donde se vende desde verduras traídas en camiones desde las zonas rurales hasta ropa usada importada de la Florida.

Los residentes viven en casuchas de hormigón con techos de chapas de metal, a veces tan pequeñas que apenas si entra un colchón de una plaza. Cocinan en fogatas al aire libre en callejones tan estrechos que dos personas se tocan los hombros si se cruzan.

Pandillas de jóvenes armados controlan los barrios y con frecuencia usan las armas para resolver disputas. Su principal ingreso proviene de la extorsión que hacen a los vendedores del mercado, a quienes cobran para protegerlos, y a importadores que pagan para que no les bloqueen las carreteras de acceso al puerto vecino. Esto hace que el control de La Saline sea un botín valioso.

Las pandillas han comprado o se han robado equipo policial en los últimos años, de modo que no queda claro qué participación tuvieron las fuerzas del Gobierno en la matanza.
El jefe de la Policía Nacional, Michel-Ange Gedeon, dijo que la investigación indica en principio que fue una pelea entre pandillas y que había suspendido a dos agentes acusados por organizaciones de derechos humanos de haber participado.

“Si hay policías involucrados con las pandillas, los vamos a despedir”, afirmó. “Si participaron en violaciones a los derechos humanos, los vamos a entregar a la justicia”.
Uno de los agentes, Gregory Antoine, fue baleado la semana pasada en un incidente atribuido a pandilleros rivales, según dijeron familiares a una radio local.

La oficina del presidente Jovenel Moise no respondió a pedidos de comentarios.
Joel Noel, un hombre de 28 años que se describe como un líder comunitario, declaró que los hombres armados llegaron en un camión que llevaba la insignia de una Unidad Táctica Especial de la policía entrenada por la ONU, creada por el expresidente Michel Martelly, un aliado de Moise.

Corestan dijo que algunos llevaban máscaras de esquí y portaban machetes cuando se presentaron en el barrio a las 3 de la tarde. Indicó que corrió para salvar su vida cuando comenzó la balacera, y dejó atrás a su hijo de 24 años, Edaud-Pierre, quien quería ser DJ y que estaba mezclando canciones. Estaba desarmado. Relató que los vecinos le dijeron que los atacantes mataron a su hijo a sangre fría.

Hay dos estaciones policiales en La Saline y sus alrededores, pero testigos dijeron que ninguna de las dos mandó agentes para que interviniesen.
Gedeon, jefe de la Policía, dijo que los agentes llegaron entrada la noche y rodearon el área, pero no pudieron ingresar al barrio porque estaba muy oscuro. No se han hecho arrestos en el caso, según reveló.
Morelle Lendor, vendedora callejera de 35 años, dijo que estaba escondida en su casa con un hombre que conocía solo como Wuanito cuando dos individuos golpearon la puerta.

Los reconoció. Dijo que eran pandilleros de un barrio vecino, que lucían uniformes negros sin inscripciones, gorras negras y portaban armas largas.
Contó que se llevaron a Wuanito, quien estaba desarmado, y lo mataron de un tiro. Tres semanas después, todavía se veían las manchas de sangre en la pared de su casa.

Otra residente, Miliana Louis, dijo que su hijo de 22 años, James, fue asesinado a machetazos.
“La mayoría de la gente que murió era gente inocente”, afirmó Raphael Louigene, trabajador social de la Fundación San Lucas, una organización caritativa católica que trabaja en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Dijo que él y dos religiosos recogieron los restos de 21 hombres en las calles de La Saline en los días siguientes a la masacre, ya que ni la Policía ni funcionarios judiciales osaban entrar al barrio. Indicó que las víctimas habían sido baleadas o recibido machetazos y que solo se pudieron recuperar ocho cadáveres enteros, ya que la mayoría habían sido quemados o dados a los cerdos como alimento.

Los residentes afirman que podría haber al menos una mujer entre las víctimas. Belande Louis, de 33 años, dijo que su hermana Sandra, de 28, desapareció el 13 de noviembre y algunos vecinos aseguran que fue asesinada a machetazos.

Louigene dijo que la matanza fue probablemente producto de una pugna por el derecho a extorsionar a los comerciantes, luego de que un grupo desplazó a otro.

“El grupo que había sido desplazado volvió en busca de revancha”, manifestó Louigene. “La Policía no tiene los medios para hacerle frente a las bandas”.
Para algunos en La Saline, la explicación es más siniestra todavía.
El presidente Moise enfrenta un creciente malestar porque no investiga denuncias de que su aliado, el expresidente Martelly, se apropió de más de $2,000 millones de un programa venezolano de ayuda al Gobierno haitiano, por el cual recibía petróleo a precios muy inferiores a los del mercado y podía venderlo a precios más altos.

La Saline es desde hace tiempo un punto de encuentro para manifestantes antigubernamentales y la matanza se produjo cuatro días antes de una serie de protestas a escala nacional por las denuncias de corrupción.

Algunos residentes y activistas de los derechos humanos acusan a funcionarios del Gobierno haitiano de promover el ataque por parte de una pandilla rival para intimidar a los residentes de La Saline y evitar las protestas.

“Esta es una batalla política”, sostuvo Noel, el dirigente local. “Cuando ya tenían el control de la zona, entraron a las casas de la gente, la tomaron y la ejecutaron”.

Sin control. La guerra de pandillas por el dominio de territorios es a lo que las ONG apuntan como motivo de la masacre.

El ejército de Pemex

Fotografía de Agencias

El Ejército y la Marina Armada han sido dos instituciones contratadas por el Gobierno mexicano y en específico por Petróleos Mexicanos (Pemex) para intentar combatir el robo el combustible de los ductos que atraviesan todo el país. Al menos desde 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional fue contratada por la empresa productiva del Estado para labores de seguridad y vigilancia; lo mismo la Secretaría de Marina desde 2014.

Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su estrategia para combatir el huachicoleo, el denominado Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en donde el uso de las fuerzas armadas es uno de sus ejes principales.

Según el gobierno federal, los castrenses controlarán al menos 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyen refinerías, terminales de almacenamiento y despacho y plantas de rebombeo.

Sin embargo, durante los años que el Ejército y la Marina han vigilado los ductos, el número de tomas clandestinas ha ido en aumento, pasando de 2,612 en el año 2013 a más de 12,581 en 2018.

Para obtener los servicios de la SEMAR y de la Sedena, Pemex ha tenido que desembolsar más de $60 millones, además de otros gastos que debe hacer para acondicionar instalaciones en donde laboran soldados y navales.

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El costo de la seguridad

A cambio de 1,583 soldados repartidos en diferentes partes de México, Pemex pagó en 2017 más de $47 millones, de los cuales casi la tercera parte están destinados al estado de Veracruz, una de las principales entidades en cuanto a robo de combustible.

Los términos concretos del Convenio General de Colaboración SedenaPemex son imposibles de conocer para la ciudadanía, pues fueron declarados como reservados en agosto 2016 por el Comité de Trasparencia de la Defensa Nacional por motivos de seguridad.

Sin embargo, se sabe que los servicios brindados por el Ejército a la petrolera son “de seguridad y patrullaje“.

Por su parte, la SEMAR obtiene cada año cerca de $13 millones “por tareas de vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos”.

En el Convenio de Colaboración SEMAR-Pemex 2014-2018 se marcan algunas “cuotas de aprovechamiento” en donde establecen montos de $42.74 diarios por cada elemento de la Marina que realiza servicios de vigilancia o de patrullaje en instalaciones de Pemex.

Además, se establecen cuotas por otros servicios que Pemex puede solicitar a la Armada, tales como trasporte de personal en diversos tipos de buques, helicópteros y unidades terrestres.

Pemex también debe contratar seguros de vida para los marinos que se encuentren comisionados a las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones estratégicas de la petrolera. Así como proporcionar alojamiento adecuado y mobiliario para dormitorios, comedores, cocinas y baños.

Los peligros de la actividad. Los caminos del huachicol en Veracruz, uno de los estados más afectados, son un paisaje de carros quemados en accidentes en las tomas clandestinas.

Los castrenses controlarán al menos 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyen refinerías, terminales de almacenamiento y despacho y plantas de rebombeo. Sin embargo, durante los años que el Ejército y la Marina han vigilado los ductos, el número de tomas clandestinas ha ido en aumento, pasando de 2,612 en el año 2013 a más de 12,581 en 2018. Para obtener los servicios de la SEMAR y de la Sedena, Pemex ha tenido que desembolsar más de $60 millones, además de otros gastos que debe hacer para acondicionar instalaciones en donde laboran soldados y navales.

Pero no solo la Marina y el Ejército vigilan las instalaciones. También está la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), que es un área interna de Pemex, la cual hasta hace poco estuvo a cargo del general brigadier D.E.M. Eduardo León Trauwitz, egresado del Colegio Militar.

Los integrantes de la SSE pueden utilizar armas largas gracias a los permisos de portación, tramitados por la empresa productiva del Estado. Sin embargo, las especificaciones de dichos permisos y de las armas que se utilizan es considerada información reservada por motivos de seguridad.

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Vivir en tierra de huachicoleros

El camino que lleva a la comunidad El Mango, en el municipio de Tierra Blanca, es tierroso. El polvo se mete por las fosas nasales y el calor supera los 32 grados centígrados. Allí es fácil encontrar hombres con uniforme de camuflaje verde olivo y botas. Son soldados que vigilan una estación de rebombeo y varios kilómetros de ductos de Pemex.

Ante la presencia de vehículos extraños realizan algunas revisiones, no permiten fotografías ni videos y tratan de guarecerse del sol bajo techos de palma o una pequeña construcción vieja del material.

Pero ni ellos, ni los empleados de Salvaguardia Estratégica, que deambulan en camionetas por la zona, pudieron evitar que el 13 de mayo de 2017 cuatro personas, entre ellas dos niños, murieran a causa de una explosión en una toma clandestina. Viajaban en un vehículo particular y el combustible regado fue lo que provocó el accidente.

Moisés Martínez Contreras, hijo de Martín Martínez Moguel –uno de los cuatro que murió en aquella explosión–, recibió del gobierno de Veracruz cuatro ataúdes, café y pan para velar a su familia. No más.

Él dice sentir miedo por las tomas clandestinas que hay a lo largo del camino que debe andar diariamente, esas en las que sus seres queridos murieron calcinados y donde entre la caña y la tierra barrosa destacan cuatro cruces de hierro.

Los clientes. Los principales consumidores de combustible robado son taxistas y transportistas, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

“Ya vive uno traumado, pero a dónde va a ir uno, si aquí es donde yo nací y aquí crecí… Por otro lado, no puedo ir a otro lado… viviendo con el temor de que vivimos al pie de los ductos, pero ya no nos queda de otra más que aguantar”, dijo Moisés.

La zozobra en la que vive Moisés es similar a la de cientos de pobladores en los municipios de Veracruz, uno de los estados donde se ha encontrado el mayor número de tomas clandestinas en México, 1,338 hasta octubre de 2018.

El ducto que sale de la refinería desde Minatitlán llega a Tierra Blanca y de allí toma rumbo hacia la zona centro, donde algunos municipios hacen frontera con el estado de Puebla, número uno en robo de combustible, principalmente en el llamado Triángulo Rojo.

Municipios como Omealca, Ixtaczoquitlán y Cuichapa encabezan la lista de aseguramientos en el centro del estado de Veracruz. Ahí la gente mira con desconfianza a los fuereños que circulan por los caminos rurales, pocos les dirigen la palabra y, si se pregunta por la situación de seguridad, simplemente cambian el tema.

El huachicol sigue un camino de ductos, retenes militares, carros calcinados e imágenes de la Virgen de Guadalupe por zonas preponderantemente rurales. Sin embargo, también se infiltra en las ciudades, puntos de venta surgen en colonias populares de las periferias.

Los huachicoleros adoptaron estrategias similares al del tráfico de drogas para transportar la gasolina sin ser detectados. Aunque algunos siguen utilizando pipas robadas, otros optan por el camuflaje.

Un tanque cuadrado de gran volumen es colocado en la parte trasera de los camiones, posteriormente es cubierto por la fruta o con arena de construcción para que no sea detectado en las inspecciones en carreteras.

En Tetelzingo, una comunidad de Coscomatepec, esa es la forma en que se vende el combustible robado. Desde la parte trasera de camionetas de redilas, surgen unas gruesas mangueras con las que se rellenan recipientes más pequeños. El producto se ofrece a pie de carretera a la espera de compradores.

En otro pueblo, cerca de Xalapa –capital del estado–, todos los habitantes saben quién es el que vende gasolina en el patio trasero de su hogar. $1.97 por galón es el precio que fija el despachador, un poco más de la mitad de lo que vale en cualquier gasolinera.

“En mi rancho se vende (huachicol) como si fuera queso”, relata una habitante.

En la ciudad de Veracruz son casas de interés social las que generalmente se usan como puntos clandestinos de venta. Los lugares asegurados por la PGR actualmente se encuentran abandonados. No obstante, en su interior aún hay algunos tambos vacíos.

Solicitud. Las autoridades en México han pedido paciencia a los ciudadanos ante los problemas reportados por el desabastecimiento. No dan fechas ni plazos para regresar a la normalidad.

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Los huachicoleros de Pemex

Una de las mayores dificultades para combatir el robo de combustible es que los huachicoleros operan desde el interior de Pemex. Son empleados de confianza o sindicalizados coludidos con la delincuencia organizada.

El propio presidente de México reconoció la participación de trabajadores de la petrolera en el robo de combustible, y por ello lanzó su plan del uso del Ejército y la Marina.

“No se trata de la simple ordeña de ductos, sino de un esquema de robo y de distribución de combustible de gran escala”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte la Procuraduría General de la República ya tenía conocimiento de esta situación desde tiempo atrás y así lo demuestran sus manuales de capacitación para combatir dicho delito.

Los empleados de Pemex se han coludido con el crimen organizado y les han enseñado las técnicas necesarias para “ordeñar”, así lo confirmaron fuentes de seguridad y extrabajadores de la empresa, que fueron consultados por este medio.

“Las instituciones son incapaces de controlar este grave flagelo. Aún reunidos todos los aparatos gubernamentales, no logran detener el caos emanado de la corrupción que desafortunadamente atañe principalmente a Pemex“, señala un documento interno de la PGR.

En total, a escala nacional, entre 2006 y 2017, se han detectado 156 trabajadores y 22 extrabajadores de Pemex involucrados con los huachicoleros, es decir, la mayoría se encontraban en activo.

En todo México, Veracruz ocupa el primer lugar de huachicoleros de Pemex, entre 2006 y 2017 fueron señalados 35 trabajadores y un extrabajador y durante el mes de marzo de 2018, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciaron, en una comunicación oficial, que se encontraba investigando a ocho trabajadores más de la empresa.

El conocimiento que tienen los trabajadores de Pemex sobre cómo funcionan los ductos es de alto valor. Eso permite instalar las válvulas clandestinas y extraer el combustible.

Una de las mayores dificultades para combatir el robo de combustible es que los huachicoleros operan desde el interior de Pemex. Son empleados de confianza o sindicalizados coludidos con la delincuencia organizada. El propio presidente de México reconoció la participación de trabajadores de la petrolera en el robo de combustible, y por ello lanzó su plan del uso del Ejército y la Marina.

Mario Díaz Ortega, representante de la Coordinadora por la Defensa de Pemex (CDP), exempleado de la empresa y disidente del sindicato, dijo que es necesaria información desde el interior para llevar a cabo la ordeña.

Añadió que un incentivo para ser huachicolero es el dinero, otro podría ser preservar la vida.

“Es lógico que haya trabajadores inmiscuidos, porque aplican la misma idea que los huachicoleros. ¿Quieres plata o plomo? Es obvio que los trabajadores van a tener que optar por una opción, pues si se oponen, está en riesgo su vida”, explicó.

De acuerdo con una fuente consultada, que funge como operativo en las fuerzas de seguridad estatales, la demanda de la mano de obra especializada ha ido al alza en los últimos años y con ello el costo por el servicio de los expertos.

Hace 10 años, la colocación de una toma clandestina costaba alrededor de $2,090, hoy en día el costo asciende a casi $16,000, más una renta mensual por su uso, de acuerdo con el testimonio anónimo de una fuente de seguridad.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración SEMAR-Pemex, firmado en 2014, los navales pueden realizar detenciones de huachicoleros, incluso cuando estos pertenezcan a Pemex. Sin embargo, ello no ha logrado disminuir la participación de los especialistas en este delito.

“En caso de detectar en flagrancia a personas realizando actividades delictivas que atenten contra las instalaciones, derechos de vía y el personal, podrán detenerlas, aun siendo personal empleado de Pemex“, señala el documento.

Ahora a la Sedena se le darán nuevas y mayores atribuciones para monitorear el abastecimiento y el reparto de combustible, inspeccionar las pipas y otros vehículos que entran y salen de las instalaciones, con la esperanza de finalmente erradicar el huachicol.

Ciudad de México. Un total de 85 de las 400 gasolineras capitalinas registraron problemas de distribución; reportaban falta de diésel, prémium, y otras llevaban un par de días sin ser surtidas.

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El desabasto de combustible y la solicitud de apoyo de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el viernes el apoyo a la población para denunciar a quienes roban gasolina tras la crisis generada por los problemas en el abastecimiento de combustibles en varios estados del país.

Los problemas de abastecimiento han proseguido con diferente incidencia ante el retraso en la llegada de camiones cisternas a las gasolineras, después de que el Gobierno decidió cortar el trasvase de gasolina por los ductos donde se produce la mayor cantidad de robos.

Durante su conferencia de prensa matutina del viernes, López Obrador aseguró que quienes roban ahora gasolina tendrán dentro de poco un puesto de trabajo por lo que no necesitarán dedicarse a esa actividad criminal.

Agregó que a partir de ahora “no hay justificación para que se cometan estos ilícitos, pues ya hay autoridad moral en el Gobierno” y por eso pidió a la gente “que nos ayude para normalizar esta situación”.

El mandatario volvió a recalcar que el desabastecimiento se debe a un problema de distribución y señaló que el jueves por la noche unos desconocidos volvieron a romper el ducto TuxpanAzcapotzalco, después de que se acaba de reparar.

Destacó que alrededor 4,000 agentes de seguridad entre los que se encuentran policía federal, militar y naval, además de algunos helicópteros de la Fuerza Aérea, se encargarán de salvaguardar los ductos de combustible para evitar que sean saqueados.

“Estamos operando en este plan para evitar el robo de combustible, terminar con el huachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la nación”, manifestó tras insistir que hay suficiente gasolina para cubrir la demanda en todo el país.

Añadió que la estrategia contra el robo de combustible ha permitido hasta ahora ahorrar cerca de $156.5 millones, mientras que el robo de camiones cisternas conocidos como pipas ha bajado de 800 a 100 diarias.

Siguiendo con sus directrices de austeridad, el mandatario recordó que pondrá a la venta una remesa de alrededor de “80 aviones y helicópteros de lujo” que eran utilizados por funcionarios.

“Estamos pensando en que va a haber una feria en el Aeropuerto de Santa Lucía para exhibir esos aviones y convocar a los compradores del mundo para que los adquieran y vamos a obtener un dinero que va a ser usado para beneficio del pueblo”, aseguró.

López Obrador ya se desprendió el pasado mes de diciembre del avión presidencial modelo Boeing 787 Dreamliner, utilizado por su antecesor Enrique Peña Nieto.

Este reportaje fue elaborado por Iván Sánchez para AVC Noticias, México, y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA por medio de CONNECTAS y el ICFJ gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

Problemas logísticos. Tanto las autoridades del gobierno federal mexicano como de Pemex afirman que el problema es de distribución, pues las reservas son suficientes.

EUA aprueba miles de pedidos de novias menores de edad

Frecuente. Si bien es cierto hay restricciones, la mayoría de estados permiten el matrimonio con menores de edad y se registra con frecuencia.

Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15 para mantener con ella una relación de pareja. Y todo en esta operación es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el estado donde reside el solicitante.

Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones.

Hubo más de 5,000 peticiones de adultos para menores y casi 3,000 casos de menores que buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe.

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos fomentan esas peticiones.

“Mi pasaporte arruinó mi vida”, dijo la estadounidense-paquistaní Naila Amin, quien creció en Nueva York.

A los 13 años la obligaron a casarse en Pakistán y solicitar documentos para que su esposo de 26 viniera al país.

“La gente se mata por venir a Estados Unidos”, dijo. “Para él yo era un pasaporte. Todos lo querían aquí y esa era la manera de lograrlo”.

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

Amin, quien ahora tiene 29 años, dijo que la comprometieron con su primo Tariq cuando ella tenía ocho años y él 21. La petición fue anulada cuando ella escapó del hogar. Eso le costó su infancia, afirmó. Vivió en numerosas familias de acogida y asilos, y le llevó años encarrilar su vida.

“Yo era una niña. Pregunto: ¿por qué no sonaron las alarmas? ¿Los encargados de procesar las solicitudes no las leen? ¿No piensan?”

El proceso para obtener la visa de inmigrante y la residencia tiene dos pasos. Primero, USCIS evalúa la solicitud. Si la aprueba, pasa al Departamento de Estado. Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

En ese lapso, se aprobaron 5,556 solicitudes de quienes querían traer cónyuges o prometidos menores de edad y se aprobaron 2,926 solicitudes de menores que querían traer cónyuges adultos, según los datos. Además, se aprobaron 204 de menores para menores. Las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos o residentes.

“Esto apunta a un problema. Apunta a una rendija que debemos cerrar”, dijo a la AP el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Ron Johnson.

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

No hay estadísticas nacionales sobre el matrimonio de menores, pero los datos de algunos estados indican que dista de ser excepcional. Las leyes estatales fijan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero en todas hay excepciones. La mayoría de los estados permiten que una persona de 16 o 17 años se case con el consentimiento de sus padres, y varios estados –como Nueva York, Virginia y Maryland– lo permiten para menores de 16 años con la autorización de un tribunal.

Fraidy Reiss, quien realiza una campaña contra el matrimonio forzado como dirigente del grupo Unchained at Last (libre de cadenas por fin) estudió los datos de su estado, Nueva Jersey. Halló que casi 4,000 menores, en su mayoría niñas, se casaron en entre 1995 y 2012. Entre estas uniones, 178 eran de menores de 15 años.

“Este es un problema nacional y de inmigración”, dijo.

Reiss, quien asevera que su familia judía ortodoxa la obligó a casarse con un hombre abusador cuando tenía 19 años, dijo que en los casos de matrimonio infantil por vía del consentimiento de los padres suele intervenir la coerción para obligar a la niña a casarse contra su voluntad.

“Están sujetas a toda una vida de servidumbre doméstica y violación”, dijo. “Y el Gobierno es más que cómplice: le pone el sello de aprobación y le dice, adelante”.

Los datos fueron solicitados en 2017 por Johnson y la entonces senadora Claire McCaskill, la demócrata de mayor jerarquía en la comisión. Johnson dijo que les tomó un año obtener la información, prueba de que se necesita mejorar el sistema de rastreo y aprobación de las solicitudes.

“Es posible que nuestro sistema inmigratorio proteja involuntariamente el abuso de mujeres y menores”, sostuvieron los senadores en su carta.

USCIS no sabía cuántas solicitudes aprobó el Departamento de Estado, pero en general se rechaza apenas el 2.6 % de las presentadas a favor de cónyuges o prometidos.

Por otra parte, los datos revelan que 4,749 cónyuges o prometidos menores de edad recibieron la residencia permanente en ese mismo decenio.

El titular de USCIS, L. Francis Cissna, dijo en una carta a la comisión que el pedido había provocado interrogantes y discusiones en la agencia acerca de qué se puede hacer para impedir los casamientos forzados de menores. Se descubrieron defectos en la recolección de datos y se los remedió. Además, se creó un sistema de alerta que obliga a verificar la fecha de nacimiento cuando se detecta a un menor.

El país de donde provinieron más pedidos fue México, seguido por Pakistán, Jordania, República Dominicana y Yemen. Los ciudadanos de países del Medio Oriente tuvieron el mayor porcentaje de aprobaciones.