Brasil se vuelca hacia la derecha con Bolsonaro

Sus modelos. Bolsonaro ha dicho que los gobiernos militares en Brasil nunca representaron una dictadura. También mira con buenos ojos a Donald Trump.

Los brasileños parecen decididos a entregarle la presidencia a un excapitán del ejército que añora los tiempos de la dictadura y promete encarcelar a los políticos corruptos y declararle una guerra abierta al tráfico de drogas y la delincuencia que azotan esta nación.

Jair Bolsonaro, un legislador de extrema derecha, casi gana la presidencia en la primera ronda el domingo. Se quedó corto por poco y ahora enfrentará al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, de izquierda, en la segunda vuelta el 28 de octubre. Sacó el 46 % de los votos en la ronda inicial y necesitaría muy pocos votos más para instalarse en el sillón presidencial.

La votación representó un verdadero cataclismo político en este país de 200 millones de habitantes, donde la izquierda había ganado las últimas cuatro elecciones. El movimiento, no obstante, se debilitó por escándalos de corrupción y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El viro de Brasil se encuadra dentro de una tendencia mundial, en la que tanto en Europa como en Estados Unidos el electorado le da la espalda al establishment y termina votando a menudo por candidatos populares de extrema derecha que ven con malos ojos a ciertas minorías y prometen restaurar los “valores tradicionales”.

El rumbo que tome Brasil tanto en lo político como en lo económico seguramente se hará sentir en las naciones vecinas. Y podría tener un impacto decisivo en relación con el colapso social y económico de Venezuela. Bolsonaro postula una línea dura hacia Venezuela, donde se está produciendo un enorme éxodo de gente que se instala en países vecinos, incluido Brasil.

El Partido Social y Liberal de Bolsonaro era una agrupación menor, que empezó a ganar terreno a principios del año a partir del inteligente uso de las redes sociales y de concentraciones muy bien preparadas. Bolsonaro ha elogiado a menudo a Donald Trump y su campaña copió muchas cosas de las que llevaron al magnate a la presidencia de Estados Unidos, desde feroces críticas a la prensa y la clase política hasta el uso de sus hijos en la campaña.

El partido de Bolsonaro obtuvo 52 bancas en la cámara baja del Congreso, donde en la última elección había sacado apenas una. Tiene ahora el 10 % de las bancas y es el segundo partido más grande, superado solo por el PT, que suma 56.

Brian Winter, jefe de Redacción de la revista Americas Quarterly, dijo que el resultado resalta “la desaparición total del centro” en Brasil y que Bolsonaro casi seguramente será el próximo presidente.

Haddad podría recibir el apoyo de otros candidatos, pero eso dará munición a Bolsonaro para asociarlo con la política tradicional. El PT cortejó el lunes en Twitter a todo aquel que crea en la democracia, y prometió unificar a la nación. Al candidato del PT, no obstante, le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones.
“Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”, dijo Winter.

A los brasileños les sobran razones para estar furiosos. Desde 2014 han visto incrédulos cómo fiscales investigadores revelaban la forma en que el gobierno manipulaba los contratos públicos y ofrecía favores a cambio de millones de dólares en coimas y sobornos. Buena parte de esa corrupción abarcó a figuras del PT y mucha gente dijo que votaba por Bolsonaro porque quería erradicar la corrupción.

Jana Tessarolo Clemente, veterinaria de 46 años de Sao Paulo, declaró que votó por el exmilitar porque está “en contra del PT más que a favor de Bolsonaro”.
“Cualquiera que viva en Brasil sabe que la vida empeoró con el PT, especialmente para la clase media”, agregó.

Brasil, por otro lado, está saliendo de una prolongada recesión, con alto desempleo y creciente delincuencia.

Bolsonaro, cuyo lema de campaña fue “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, ha ensayado un relato nostálgico, que evoca tiempos mejores. En ese contexto, plantea dar marcha atrás con algunas conquistas de los gays y otras minorías, y una línea dura en torno de temas como la igualdad de la mujer. Ha dicho que preferiría tener un hijo muerto a uno gay y que una legisladora era “demasiado fea” como para que la violaran.

Para combatir la delincuencia, promete darle a la Policía piedra libre para que dispare primero y pregunte después, una política que, según dice, amedrentará a los delincuentes. Habla de relajar algunas leyes sobre tenencia de armas y permitir que más gente porte armas. Propuso la privatización de empresas estatales, un gobierno más pequeño que gasta menos y una economía más abierta.

Al candidato del PT le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones. “Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”.

Su promesa de dejar que la Policía haga lo que quiera, sus críticas de los movimientos sociales y de las reformas para hacer de Brasil un país más igualitario e inclusivo, combinado con sus frecuentes elogios a la dictadura militar que gobernó de 1964 a 1985 generan temores de que su gobierno empañará los valores democráticos y de que tenga tintes autoritarios. Ha dicho que se rodeará de exmilitares¨, y su compañero de fórmula es un general retirado.

Hay quienes pronostican que el impacto más inmediato de una victoria de Bolsonaro sería un marcado aumento en la violencia policial, en un país donde la Policía ya tiene fama de cometer excesos.

Se esperaba que Bolsonaro quedase primero el domingo, pero su desempeño fue mejor de lo que se anticipaba, ya que superó ampliamente a rivales con más dinero y apoyo de partidos tradicionales, y a pesar de no haber tenido tanto tiempo gratis en la televisión.

Su resonante victoria se vio favorecida por la proscripción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a prisión por corrupción. Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña y estuvo hospitalizado varias semanas en la recta final.

Bolsonaro y Haddad representan dos visiones radicalmente opuestas.

Bolsonaro habla de un país al borde del derrumbe, donde los narcotraficantes y los políticos roban con impunidad y se han perdido los valores morales. Haddad, por su parte, habla de una sociedad injusta gobernada por una élite que no soporta la idea de que los pobres progresen. Promete luchar contra la desigualdad, anular una reforma a las leyes laborales aprobadas el año pasado e invertir más dinero en educación.

Haddad se pasó buena parte de su campaña diciendo que la detención del popular Lula es injusta. Pero le ha costado limpiar la imagen del PT y evitar que el partido sea asociado con la corrupción.

A numerosos votantes desilusionados con la democracia no les complacen ni Bolsonaro ni Haddad.

Andrea Martins, abogada de 46 años, dijo que no pudo votar el domingo porque no estaba empadronada donde vive. Pero afirmó que hubiera votado “por Bolsonaro, desgarrada”, en respuesta a su desdén por el PT.

“Creo que necesitamos un milagro”, manifestó. “Un milagro sería que Bolsonaro vea la luz y gobierne para el pueblo, que no sea tan radical”.

Descontento. El secreto de Bolsonaro ha sido capitalizar el descontento popular ante graves casos de corrupción.

México 1968-2018: otro acoso a estudiantes, misma impunidad

Conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas empezaron a caer sobre los miles de estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes disparaban formaban parte de las fuerzas del Estado.

Hoy, 50 años después, los estudiantes de México aún son blanco de ataques, pero por una extraña mezcla de grupos de choque a sueldo del mejor postor, narcotraficantes, paramilitares o incluso violadores.

Aunque permanecen ciertas formas de control social, ahora los jóvenes pueden organizar protestas y expresarse con más libertad, dos logros de la generación del 68. Sin embargo, algo no ha cambiado: la impunidad.

Por eso México conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco con la herida abierta.

Todavía no se sabe el número total de muertos y desaparecidos. Oficialmente solo se reconocen 25, pero podrían superar los 350. Testigos han asegurado que esa noche los soldados cargaban los cadáveres en camiones antes de que los bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no hay ninguna prueba gráfica hasta ahora. Nadie ha sido condenado por esos crímenes y no fue sino hasta hace unos días que por primera vez una entidad de Gobierno calificó esos sucesos como “crimen de Estado”.

El país, coinciden los luchadores del 68 y las generaciones que los relevaron, tampoco ha aprendido las lecciones del pasado y la gran mayoría de los delitos, cometidos por actores gubernamentales o no, se quedan sin castigo.

Justicia. En los actos conmemorativos, exlíderes estudiantiles de 1968, jóvenes y organizaciones sociales exigieron justicia para las víctimas de esa matanza y casos como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014.

Hace cuatro años desaparecieron 43 estudiantes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sur de México, luego de ser secuestrados por policías y entregados al crimen organizado con la complicidad de autoridades justo cuando se preparaban para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Y lo único que hasta hoy ha ofrecido el Estado a las familias de las víctimas es un puñado de huesos calcinados y cientos de preguntas sin respuesta.

“Hoy estamos posiblemente peor: los desaparecidos, cómo son agredidos los jóvenes, la economía, la desigualdad, las oportunidades son menos…”, lamenta Enrique Espinosa, de barba canosa y lentes, quien a sus 69 años sigue alto y flaco como en la famosa foto de 1968, en la que se le ve contra la pared, en calzones y con los brazos en alto junto a otros compañeros, vigilados por soldados en la planta baja del bloque de departamentos del edificio Chihuahua.

Tres pisos más arriba, a la señal de las bengalas, un grupo de hombres de civil se pusieron un guante blanco en la mano izquierda y comenzaron a disparar a la multitud desde el balcón donde hablaban los líderes estudiantiles. En la plaza, soldados hicieron lo mismo. Hubo pánico, las balas llegaban de los cuatro costados. Las tanquetas cercando el lugar. Dentro del bloque Chihuahua, sometieron y golpearon a los jóvenes y a quienes estaban con ellos. Reportes periodísticos de distintas épocas demostraron que los del guante blanco eran miembros de un grupo de operaciones especiales, el Batallón Olimpia, aunque el Gobierno siempre lo negó.

Cientos de jóvenes fueron detenidos ese día. De algunos, nunca más se supo.

Espinosa todavía no ha superado lo que vivió aquel otoño en el que estudiaba medicina y luchaba por un mundo mejor. Observó, dice, cómo un soldado disparaba a bocajarro a dos menores delante de él y cómo otro golpeaba a su madre. Cuenta que estuvo semanas encarcelado en una base militar, desnudo y con frío, presa del pánico cuando mencionaban un nombre, sacaban de la celda al elegido y luego solo se escuchaban disparos.

Espinosa todavía no ha superado lo que vivió aquel otoño en el que estudiaba medicina y luchaba por un mundo mejor. Observó, dice, cómo un soldado disparaba a bocajarro a dos menores delante de él y cómo otro golpeaba a su madre. Cuenta que estuvo semanas encarcelado en una base militar, desnudo y con frío, presa del pánico cuando mencionaban un nombre, sacaban de la celda al elegido y luego solo se escuchaban disparos.

El ejército nunca ha admitido que jóvenes fuesen detenidos en bases militares, pese a testimonios que se han dado al paso del tiempo.
A unos días de cumplirse 50 años de la masacre, la comisión gubernamental de Atención a Víctimas calificó los sucesos de Tlatelolco como un “crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas” y ha presentado una propuesta de reparación colectiva. Pero la justicia es huidiza cuando se trata de pasar del discurso a la acción. El actual gobierno, por ejemplo, ha desplegado una batería enorme de recursos legales para luchar contra una sentencia judicial que le obliga a crear una comisión de la verdad que investigue de nuevo la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

“Tlatelolco es un crimen del Estado que permanece impune y hoy la gran lucha es por romper esa impunidad”, afirma Félix Hernández, exlíder estudiantil en el 68.
En la primera década de este siglo la justicia federal estimó que el 2 de octubre de aquel año hubo un “genocidio”, pero no quiénes lo cometieron. Y aunque el expresidente Luis Echeverría fue procesado por este delito, fue absuelto por falta de pruebas. Ahora los antiguos líderes del 68 quieren reabrir el proceso.
“Solo resolviendo el 68 en los tribunales vamos a ser capaces de ponerle freno a la impunidad”, dice Hernández.
Pasado y presente se entrecruzan en México estos días, aunque los tiempos hayan cambiado.

En 1968, los estudiantes luchaban contra un gobierno monolítico y hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que disfrutaba de un auge económico y que no podía correr el riesgo de que sus problemas internos enturbiaran el inicio de los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, que también quedaron marcados por la lucha por los derechos civiles, simbolizada con los puños negros en alto de atletas estadounidenses que subieron al podio. Días después de la masacre, se inauguraron las olimpiadas como si nada hubiera pasado.
“En el 68 la represión venía de los granaderos (antidisturbios), la Policía y el Ejército”, dice Víctor Guerra, otro líder estudiantil del 68. “Ahora las agresiones se llevan a cabo por los ‘porros’ (grupos de choque), financiados por los partidos políticos y protegidos por las autoridades escolares”. Según Guerra, estos actores llevan a cabo un “control enmascarado del Estado hacia los movimientos estudiantiles”.

Los que provocaron que los estudiantes de ahora volvieran a las calles fueron precisamente los “porros”, herederos de aquellos jóvenes armados con barras de acero que el 10 de junio de 1971 golpearon y mataron al menos a una docena de estudiantes durante otra manifestación pacífica en la capital.

Promesa. El 50.º aniversario fue el marco de una promesa: la del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de jamás reprimir al pueblo.

Justo semanas antes de la conmemoración del 2 de octubre, atacaron una protesta pacífica en una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acabó con dos estudiantes seriamente heridos, uno de ellos acuchillado, y una joven fuertemente golpeada en la cara cuando trataba de proteger a su novio.

“En el 68 fue más una represión directa, por las armas”, afirma Josué González, de 20 años, durante una de las últimas protestas contra esos ataques. Este estudiante de Ciencias Políticas cree que si el gobierno intentara ese tipo de represión hoy en día, la sociedad se alzaría contra él. “Ya no se puede, sería algo muy tonto”. Por eso, continúa González, ahora lo que hacen es “contratar a terceros para hacer el trabajo sucio”.

Los estudiantes siempre han sido una piedra en el zapato de las autoridades y, de hecho, ciertos sectores acusan al gobierno de estar detrás de crímenes como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. De hecho, junto a más de un centenar de policías y presuntos miembros del crimen organizado detenidos, también está bajo proceso el alcalde de la ciudad donde sucedió todo y existen muchas dudas, pendientes de investigar, sobre el papel de las fuerzas federales el día de los ataques.

“Las mismas autoridades te reprimen”, asegura Itzel Espinosa, la hija menor de Enrique, una diseñadora de 23 años que cree que los hijos de los estudiantes del 68 son los que tienen que mantener viva esa memoria y la exigencia de justicia. “Lo de los 43 es otro 2 de octubre en la actualidad”, sentencia.

Sin embargo, la brutalidad actual tiene tintes distintos. En marzo, tres universitarios de la ciudad de Guadalajara, en el oeste del país, fueron secuestrados por criminales que los confundieron con miembros del cartel rival, les torturaron, interrogaron, los mataron y disolvieron sus cadáveres en ácido.

“Los estudiantes de cine estaban haciendo una tarea, es inconcebible”, enfatiza la joven Espinosa. “Ahí sí fue el narco, pero si las instituciones funcionaran, no habría esa delincuencia y los jóvenes no tendríamos que estar preocupados. El gran problema es la falta de confianza en las autoridades”, añade.

Muchos coinciden. Un día reciente, Andrea Negrete, una estudiante de Economía de la UNAM de 21 años, visita Tlatelolco como parte de un trabajo sobre el 50.º aniversario y pasea entre vecinos, turistas y curiosos. “Estamos cansados de pedir seguridad, queremos que se controle la violencia de género, que no tengas miedo de salir de clases porque te van a secuestrar”, se queja.
Más allá de los ataques de “porros”, hace tiempo que se multiplicaron los delitos en los planteles. Uno de los crímenes más sonados fue el asesinato en 2017 de la joven Lesvy Berlín, en la UNAM. En un primer momento se calificó de suicidio, aunque luego las autoridades reconocieron que fue un feminicidio, lo que motivó también airadas críticas y múltiples protestas.
Hay algo, sin embargo, que sí ha mejorado.

En 1968, los estudiantes luchaban contra los grandes medios de comunicación repartiendo panfletos y era difícil poner en entredicho las versiones oficiales. Por ejemplo, el día siguiente de la masacre los titulares de la prensa fueron del tipo “Terroristas y soldados protagonizan dura batalla” o “Provocación criminal causa un enfrentamiento que acaba en baño de sangre”. De hecho, las fotografías más duras de la matanza, como la que muestra a Enrique Espinosa y sus compañeros sometidos, no se publicaron en México hasta más de 30 años después.
En cambio, ahora, en la era digital, los estudiantes tienen al alcance de su mano el poder de informar al mundo entero y en tiempo real.

“La gran diferencia son las redes sociales”, aseguró Itzel Espinosa. “Los jóvenes podemos decir lo que realmente pasó, hay más maneras de demostrar lo que sucede, no como antes, que no tenías una cámara en la mano”.

Víctimas. En su momento, el Gobierno informó de 26 muertos, aunque versiones de prensa mencionaban más de 300. Investigaciones posteriores documentaron 40 muertes.

El debate sobre la reconstrucción de un museo incendiado

En llamas. Esta imagen es del 2 de septiembre de este año, cuando el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro, se quemó.

Desde que un incendio arrasó con el Museo Nacional de Brasil, de 200 años de antigüedad, la pregunta ha sido ¿se puede restaurar lo que quedó destruido?
La semana pasada surgió un rayo de esperanza cuando una misión de emergencia de la agencia cultural de Nacionales Unidas presentó la posibilidad de que algunos de los objetos sobrevivieron al incendio del 2 de septiembre y delineó un plan para reconstruir el museo y su colección al reparar las piezas dañadas, solicitando donaciones e incluso creando réplicas de los artefactos que se perdieron por medio de la tecnología 3D.

Pero la posibilidad de un nuevo museo resurgiendo de las cenizas ha generado un debate sobre si la institución puede, o debe, reconstruirse. Expertos internacionales advierten que dichas labores tienen un límite, al enfatizar la ineludible pérdida de los objetos originales, e irremplazables, mientras que algunos brasileños cuestionan el apuro por reconstruir antes de que se examine a plenitud la negligencia masiva en torno de la institución.

Aunque es alentador ver a los expertos mundiales apresurándose a brindar ayuda a Brasil, cuando “escucho a las personas hablar con optimismo desbordado del tema, no puedo evitar en pensar en que no entienden por completo todo lo que se perdió”, dijo Marcus Guidoti, candidato doctoral brasileño que utilizó la colección del museo en su investigación.
En un mundo en donde las memorias constantemente se respaldan en la nube y los expertos advierten que los datos realmente nunca quedan borrados, los museos son algunos de los últimos “bastiones de autenticidad”, dijo Vincent S. Smith, director de la División de Diversidad e Informática en el Museo Nacional de Historia de Londres. “Hay magia en la autenticidad”, afirmó.

Al Museo Nacional le sobraba autenticidad. Su edificio de la era colonial era el escenario de gran parte de la historia de Brasil —un palacio que alguna vez albergó a la familia real y como sede del imperio unido de Portugal y Brasil, antes de que se trasladara ahí la colección del museo en 1892. Entre los objetos que se teme que se perdieron, como parte de una colección de 20 millones de piezas: mobiliario y arte perteneciente a la familia real; grabaciones de lenguajes indígenas, incluyendo algunos que ya no se hablan; especímenes invaluables que van desde mariposas raras y otros insectos hasta corales; una colección de momias egipcias y artefactos considerados como los más grandes de Latinoamérica; frescos de Pompeya y uno de los fósiles humanos más antiguos del continente americano.

Lentamente han surgido migajas de lo que pudo haber sobrevivido: un enorme meteorito resistió las flamas. Pergaminos del Torá de hace varios siglos, considerados como algunos de los documentos más antiguos del judaísmo, mismos que fueron trasladados antes del incendio. Un puñado de objetos que estaban a préstamos, y algunas partes de la colección, incluyendo la biblioteca del museo y especímenes vegetales, que se ubicaban fuera del complejo colonial. Los bomberos encontraron algunos fragmentos óseos aún sin identificar en una sala en la que se almacenaban algunos cráneos.

Pero aún se desconoce el destino de la mayor parte de la colección que se encontraba en el edificio principal: las imágenes aéreas muestran poco más que un montón de escombros entre las paredes. Se temen tantas pérdidas que un candidato presidencial se refirió al desastre como una “lobotomía de la historia brasileña”.

Mientras Brasil intentaba copar con la tragedia, la jefa de la misión de la UNESCO en Brasil, Cristina Menegazzi, delineó la semana pasada un plan: arqueólogos y otros expertos trabajarán entre las cenizas para salvar y reparar todo lo que puedan. En los casos en que las piezas queden irreparables pero haya objetos similares en otros lugares, el museo solicitará donaciones y préstamos. Para los objetos únicos que se perdieron, las autoridades considerarán construir réplicas mediante el uso de fotografías e imágenes en 3D.

Existen escaneos digitales de unos cuantos cientos de piezas, incluyendo un cráneo de 11,500 años conocido como Luzia, dijo Jorge Lopes, un especialista en diseño 3D que había trabajado con el museo en la creación de un archivo digital. El Instituto de Arqueología Digital, que ha reconstruido objetos culturales perdidos, se ofreció a construir cinco de ellos sin costo.

Sin embargo, algunos cuestionan la prisa por reconstruir. Tras el incendio, las autoridades del museo han hablado de los problemas que han tenido durante años para obtener los fondos necesarios para reparar el dilapidado edificio. Uno de los funcionarios dijo que los detectores de humo no funcionaban al momento del desastre, y han surgido imágenes de fugas, paredes cuarteadas y cableado expuesto.

En un mundo en donde las memorias constantemente se respaldan en la nube y los expertos advierten que los datos realmente nunca quedan borrados, los museos son algunos de los últimos “bastiones de autenticidad”.

Muchos brasileños vieron el incendio como una tragedia anunciada y una metáfora apropiada: su historia envuelta en llamas en un momento en el que se realizaban recortes de presupuesto a las instituciones culturales y educativas en medio de una enorme red de corrupción que ha saqueado las arcas del Gobierno. Mucho se ha hablado de si el mal sistema educativo y la falta de interés de los brasileños por su historia contribuyeron a la negligencia.

“No podemos simplemente dar vuelta a la página y decir que lo vamos a reconstruir y todo estará bien”, comentó Guidoti. “Si nosotros como personas no apreciábamos la importancia histórica de ese lugar, no la apreciaremos después de que se reconstruya”.
Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo del museo, dijo que cree que debería quedar en cenizas, como “un homenaje a los muertos, las cosas muertas, las personas muertas, los archivos muertos destruidos en el incendio”.
“No intentaría ocultar, borrar este evento, y pretender que no pasó nada, e intentar colocar ahí un edificio moderno, un museo digital, un museo de internet”, dijo al periódico portugués Público.
Una réplica “no te devuelve tu historia, porque no es lo verdadero”, dijo Taco Dibbits, director general del Rijksmuseum de Ámsterdam, que está en proceso de poner a disposición sin costo y por internet las fotografías de alta resolución de su colección de 1 millón de objetos.
Destacó que aunque las fotografías de las obras que quedaron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial han sido bastante útiles a los investigadores, la conexión del público ha resultado afectada. “Después de varias generaciones, se convierten en sombras”, declaró.
Los científicos, en especial, subrayan la importancia de los especímenes físicos — de los que el Museo Nacional tenía miles, y que contienen información como ADN, que no puede transmitirse por imágenes.

Guidoti se especializa en tíngidos, y el Museo Nacional contaba con una de las mayores colecciones del mundo de dichos insectos, incluyendo muchos holotipos, únicos especímenes físicos utilizados como base para la descripción original de una especie —considerados como las joyas de la corona de cualquier colección científica.
Su pérdida “es completamente irreemplazable”, dijo. “Todo lo que quiera hacer en mi carrera resultará impactado por esta pérdida”.
Es posible que el debate sobre cómo preservar o reconstruir museos solo incremente conforme aumenten las amenazas a los sitios culturales, desde el cambio climático y el turismo a los ataques extremistas.

En 2016 se presentó una réplica del Arco del Triunfo de la era romana en Palmira, Siria, que fue destruido por el grupo Estado Islámico. La reproducción en mármol del arco de 1,800 años, construido por un equipo del Instituto de Arqueología Digital de Oxford, Inglaterra, se encuentra en gira desde que fue presentado.

Alexy Karenowska, director de Tecnología del instituto, dijo que inicialmente a algunos les preocupaba que la réplica se mostrara como algún tipo de equivalente del original. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el nuevo arco adoptara un significado propio.

“Realmente no se trata de los átomos y las moléculas de esos objetos antiguos los que le dan importancia”, dijo Karenowska. “Es la relación que tienen con las personas. Es lo que han llegado a simbolizar”.

Pérdida. Más de 200 años de historia estaban escritos en cada una de las piezas del museo, cuyo valor era incalculable.

La odisea de recuperar a un niño inmigrante en EUA

Pesquisas. El gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.

Armando Tabora busca desesperadamente sacar a su hija de un centro de detención de inmigrantes del gobierno donde la adolescente permanece desde hace más de tres meses. Pero cada uno de sus intentos ha sido infructuoso.

El jardinero de la Florida se atrevió a ir a una oficina del gobierno para entregar sus huellas dactilares y documentos requeridos a inmigrantes que intentan recuperar a niños bajo custodia del gobierno. No fue suficiente.

De inmediato le dijeron que debía pedirle a la mujer que le alquila un cuarto en su casa que también presentara sus huellas dactilares, algo que ella se negó a hacer. Luego buscó que sus amigos que viven legalmente en el país lo ayudaran, pero por temor tampoco quisieron.

“Ya no sé qué hacer”, dijo Tabora, un hondureño de 37 años que ha vivido más de una década en las sombras sin ser detectado por las autoridades. “Mi hija está desesperada, llorando, quiere salir de ahí ya”.

El drama de padres separados de sus hijos en la frontera acaparó la atención este año, pero miles de familias inmigrantes están atravesando una frustración similar: los crecientes obstáculos de un sistema intimidatorio que tienen que enfrentar para tomar la custodia de sus hijos y de familiares menores de edad que llegaron solos ilegalmente al país.
Como parte de una política migratoria mucho más estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas más severas y una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.

El resultado: familias que ya no saben cómo hacer para cumplir los requerimientos, chicos que pasan más tiempo detenidos, y la mayor cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno que se haya visto en la historia del país.

Las autoridades insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.

Más de 12,000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2,400 de mayo de 2017. El promedio de días que esos menores pasan detenidos se ha incrementado de 40 en 2016 a 59 días en 2018, de acuerdo con información de las autoridades nacionales.
Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados. Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas (conocida como ICE por su nombre en inglés), algo que no sucedía anteriormente.

Esta semana ICE dijo que ha arrestado a unos 41 patrocinadores de niños desde que las agencias comenzaron a compartir la información, en junio.
Abogados y activistas dicen que este cambio ha tenido como efecto que menos personas que viven ilegalmente en el país se atrevan a pedir a sus hijos o familiares por temor a ser deportados.
“Están diciendo: ‘Vamos a perseguir a las personas que cuidan de ellos’ (de los niños)”, dijo Jen Podkul, directora de políticas de la organización de ayuda a inmigrantes Kids in Need of Defense. “No solo perjudica a ese adulto. Perjudica a ese niño también”.

Desde hace tiempo el gobierno requiere a las familias que pasen por un proceso de investigación para poder desempeñarse como “sponsors” o “patrocinadores” de los menores, un término que se utiliza en Estados Unidos para referirse a los adultos que toman la custodia de niños inmigrantes.

El tema ha ganado importancia en los últimos cinco años, cuando decenas de miles de niños no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a cruzar la frontera.
Desde octubre de 2014, el gobierno nacional ha reunido a más de 150,000 menores no acompañados con sus padres o con otros adultos patrocinadores que se espera cuiden de ellos y los ayuden a acudir a la escuela mientras intentan obtener un estatus legal en los tribunales de inmigración.

Con Trump, las normativas se han endurecido en lo que el gobierno dice son pasos necesarios para impedir que los niños terminen en casas con personas que tienen antecedentes criminales o problemas que puedan representar un riesgo para los menores.

“Si alguien está reacio a reclamar la custodia de su niño porque tiene miedo de su propio estatus migratorio, creo que eso llama a pensar si realmente es un patrocinador adecuado o si deberíamos entregar al menor a esa persona”, dijo Steven Wagner, subsecretario interino de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuando se anunció la política en mayo.

La decisión de compartir la información con ICE se da porque los casos de niños y adultos inmigrantes son manejados por distintas agencias federales. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se encarga de los menores mientras que ICE se encarga de los adultos.

Hasta que se impuso la nueva política de huellas dactilares el gobierno pocas veces compartía esa información con funcionarios de inmigración, a menos que una huella mostrase que un potencial patrocinador tenía un historial particularmente alarmante, dijo Holly Cooper, codirector de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de California en Davis.

Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados. Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas, algo que no sucedía anteriormente.

Las nuevas normas han puesto a muchos inmigrantes en una posición que antes era impensable: entrar a una oficina del gobierno federal y entregar sus datos personales al gobierno.

Marvin Puerto hizo eso recientemente para obtener la custodia de su hijo de nueve años, Nahún. Puerto cruzó la frontera en 2014 y ha intentado vivir en las sombras, en Misuri, desde entonces. Él y su esposa, Eilyn Carbajal, esperaron dos meses para obtener la custodia del menor.

“Yo no quería hacerlo, pero estaba entre la espada y la pared”, dijo el trabajador de la construcción, de 29 años. “Ahora ya tienen toda mi información. Siento que me van a acusar de tráfico de gente”.

Empleados de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama dicen que después de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados empezó a compartir información con ICE, dos de cada cuatro patrocinadores a la semana no se presentaban a citas y unos pocos que fueron a las oficinas se negaron a dar sus huellas.

Después de que la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York interpuso una demanda en febrero a nombre de un adolescente salvadoreño y su madre, el gobierno fue obligado a presentar archivos referentes a casos de 45 niños detenidos bajo circunstancias similares. En aproximadamente media docena de esos casos, la reticencia a la hora de ofrecer las huellas dactilares fue un factor que retrasó la liberación de un menor. Algunas familias buscaron otro apartamento en el que vivir y otros abandonaron el proceso de reclamación del menor, dijeron empleados de la Unión.

Si los menores no acompañados no son colocados con patrocinadores que cuiden de ellos pueden acabar en un programa federal de crianza. Algunos podrían ser deportados y devueltos a las mismas situaciones de peligro y pobreza de las que huyeron.

Muchos de los padres y familiares que intentan recuperar a los menores son pobres y para cubrir gastos suelen compartir apartamentos con otros inmigrantes que no son parientes o que están en el país ilegalmente. Muchas de esas personas no quieren ofrecer sus huellas dactilares.

Adán, un guatemalteco de 27 años que vive en el sur de la Florida, se esforzó para que su hermana de 17 años recuperara la libertad. Completó todos los pasos del proceso y el gobierno le dio la custodia. Ahora, quiere cambiar de apartamento.

“Más adelante me voy a mudar para más seguridad”, dijo el joven jardinero en referencia al hecho de que ICE sabe dónde vive. Adán pidió mantener su apellido en el anonimato por temor a las autoridades.

Crecimiento. En 2017, 2,400 niños se encontraban en refugios del gobierno. Es poco comparado con los más de 12,000 menores que ahora están en esa situación.

La cruenta batalla entre bandas que causó una matanza en Garibaldi

Concurrido. La Plaza Garibaldi es una de las más populares para el turismo que busca escuchar música de mariachi y otros grupos folclóricos.

En la Plaza Garibaldi, uno de los espacios más populares para los turistas que buscan música en vivo, el pasado viernes 14 de septiembre hombres vestidos con traje de mariachi abrieron fuego ante la vista de todos los presentes.
Seis personas murieron por este ataque que ya es considerado como uno de los más graves de la escalada de violencia registrada en Ciudad de México en el último año.

Es una situación que tiene como protagonista a una banda de delincuentes: la Unión de Tepito.
La disputa entre dos facciones de esa organización, la más poderosa de la actualidad en la capital mexicana, ha generado niveles y formas de violencia no vistos en la ciudad.

 

Guerra entre facciones

En junio pasado, restos de cuerpos desmembrados fueron esparcidos cerca de la unidad habitacional Tlatelolco, un crimen atribuido a la disputa en la Unión Tepito.

“Empezó la limpia mugrosos”, decía un mensaje dirigido al grupo la Fuerza Anti Unión (FAU), una facción que se separó de la Unión Tepito y que está en guerra por el control de los negocios ilícitos del grupo.

“Es un conflicto que ha ido en escalada y creo que se trata de un conflicto que difícilmente podrá resolverse en el corto tiempo”, dice Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública.
En mayo, dos cadáveres fueron encontrados en contenedores de basura y en los últimos días de agosto 15 personas fueron asesinadas, en ambos casos presuntos miembros de ambas facciones.

La aparente tranquilidad de Ciudad de México, que se había mantenido ajena a la disputa entre carteles de la droga que hay en otras regiones del país, se ha resquebrajado en los últimos meses.

 

El origen y la ruptura

La Unión Tepito fue formada por los hermanos Francisco “Pancho Cayagua” y Armando “el Ostión” Hernández Gómez a finales de los noventa.

Surgió en Tepito, uno de los barrios más antiguos de Ciudad de México, el cual ha sido considerado como un foco rojo durante décadas y centro de venta de mercancía de contrabando más grande de la urbe.
Por su peligrosidad, se le conoce como el “barrio bravo” de Tepito.

La banda de los Hernández con los años pasó de cometer secuestros y cobrar extorsiones a comercios –el llamado “cobro de piso”– a la venta de drogas, señala el investigador Víctor Sánchez. “Entrar al negocio de la venta de droga le permite crecer como organización”.

Y para eso se alió en distintos momentos con poderosos carteles, como el de Sinaloa, el de los hermanos Beltrán Leyva, y en la actualidad el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

Al crecer como organización criminal, vino una disputa por el poder entre el líder fundador “Pancho Cayagua” y uno de sus cabecillas, Roberto Moyado “el Betito”.

Este último se hizo del control de la organización cuando “Pancho Cayagua” estuvo en prisión entre 2016 y 2017.

Y el punto de quiebre entre dos facciones llegó cuando el fundador del grupo “Pancho Cayagua” fue asesinado en octubre del año pasado.

“Este tránsito entre el dominio de Hernández Gómez y su familia, y la toma de poder por parte del ‘Betito’, genera que muchos líderes de la organización estén en desacuerdo. No se alinean al ‘Betito’”, explica Víctor Sánchez.

 

Garibaldi, la “mina de oro”

El asesinato de “Pancho Cayagua”, atribuido a hombres del “Betito”, no solo fue un cisma en la Unión de Tepito, sino que también fue el principio de una oleada de violencia en Ciudad de México.

La escisión del grupo llevó a la formación de la Fuerza Anti Unión Tepito o FAU.

Los asesinatos de finales de agosto se dieron después de que “el Betito” fue detenido, lo que elevó la disputa por el control de la Unión Tepito a un nuevo nivel como se vio en la Plaza Garibaldi.

El periodista Héctor de Mauleón, un investigador de estos grupos, señala que Garibaldi es un espacio muy disputado por ambos bandos.

“Debe ser una mina de oro, en términos de que el alcohol corre las 24 horas y la venta de drogas también. Hay cobro de piso a los comercios, a los ambulantes. Es un lugar que genera una cantidad importante de dinero”, dijo en entrevista con Aristegui Noticias.

Jorge Flores, “el Tortas”, se convirtió en la cabeza de la Fuerza Anti Unión y principal rival del “Betito”.

Él y sus subalternos eran el objetivo del ataque de hombres vestidos de mariachi en la plaza Garibaldi del viernes, indicó el jefe de la policía de Ciudad de México.

“Esto es derivado del mismo pleito. En este caso iban tras los (hombres) del sujeto que encabeza la Anti Unión, que sí estaba ahí cerca”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins.

BBC Mundo solicitó información a la Fiscalía de Ciudad de México, encargada de la investigación, pero no hubo una respuesta inmediata este miércoles.

 

La cadena de violencia

Además de los asesinatos de este año, desde 2015 han ido en aumento las denuncias por extorsiones de dueños de restaurantes, bares y clubes nocturnos del centro de la ciudad, en los dominios de la Unión de Tepito.
Pero también en las zonas de moda muy concurridas por personas de ingresos medios y altos, como La Condesa y Polanco.
“Hay una serie de comerciantes o de grupos de restaurantes en centros nocturnos que ya pagan derecho de piso de manera recurrente”.

La ruptura en el grupo llevó a la disputa violenta por cerca de 2,000 puntos de venta de droga, según fuentes de inteligencia de la Fiscalía local citadas por el diario El Universal.

“La Unión y la Anti Unión nos están generando una gran violencia de lo que están haciendo, están rebasando límites donde la misma sociedad ya se ve afectada”, reconoce el jefe de la policía, Raymundo Collins.

A pesar de que Ciudad de México tiene miles de cámaras de seguridad en las calles y el mayor número de policías por cada habitante del país, según cifras oficiales, la disputa por la Unión Tepito no ha sido contenida, dice Víctor Sánchez. “Se trata de un proceso incipiente de violencia que vivieron ciudades como Tijuana o Acapulco”, advierte.
“Pero lo preocupante es que se trata de una ciudad con muchísima más población, con un mayor impacto económico, y es el escaparate de México ante el mundo”.

Personas pequeñas: la lucha por adaptarse a un mundo de talla grande

Fotografías de La Nación/Costa Rica/GDA

Matías Sandoval Marenco patina con gran facilidad por la pequeña sala de su casa. Va y viene mostrando su habilidad. Cuando se le aflojan los patines se sienta en un sofá cama y sube su pierna para lograr ajustarlos: dobla la rodilla y estira el brazo. Eso lo hace con una sonrisa cargada de camanances.

Él nació con acondroplasia (la forma más frecuente del enanismo) y ha aprendido a adaptar su vida a todo. No hay demasiadas diferencias en comparación con niños de talla promedio. De hecho, él solo encuentra una.

Matías tiene ocho años y cursa segundo grado. Es un niño tranquilo y brillante. Entiende que la única diferencia que tiene con sus compañeros de clase es que corre “más despacito” que ellos porque sus piernas son más cortas.

Kenia Marenco, de 28 años, es la mamá de Matías. Ella cuenta que cuando él estuvo en kínder y primer grado fue blanco de “crueldades”, pues supo que algunos compañeros alzaban a su hijo y lo columpiaban, otros le decían apodos relacionados con su estatura.

“Cuando ingresó a la escuela no alcanzaba los cierres de los baños y había chiquitos que lo encerraban. Una compañera una vez le dijo que por qué tenía la cabeza tan grande, que si estaba enfermo. Le han dicho de todo. Antes se extrañaban de verlo diferente a otros. Le decían bebé. Lo querían alzar”, relata la mamá, quien no juzga a los escolares, pues asegura que la educación debe venir desde casa.

A pesar de esas circunstancias, Kenia jamás victimiza a su hijo, por el contrario, ella lo ha educado para que sea respetuoso y que entienda que no hay condición física que su esfuerzo no pueda vencer. Si Matías necesita alcanzar algo usa unas graditas que tiene en su casa, en Curridabat.

Kenia, su esposo, Orlando Sandoval, y su hijo menor, Mateo, son de talla promedio. Matías es la única persona pequeña en su familia.

Matías es sobresaliente: sus notas nunca son menores al 92 y también es muy buen portero. Educación Física es su materia favorita.

—Matías, ¿qué es lo que más le gusta hacer?

—Me gusta ir a Educación Física para jugar bola, me gusta eso y patinar. También tengo una tableta con juegos.

—¿Le gusta ir a la escuela?

—Sí, me gusta ir.

—¿Cómo ha sido ser niño de talla baja?

—Ha sido fácil y difícil. A veces (los compañeros) me dicen palabras bonitas como “Matías, usted es lindo”. Otras veces me han molestado. En primero me molestaban. Este año la escuela ha ido bien. Tengo un montón de amigos.

—Me parece que usted es un niño muy inteligente y que patina muy bien. No veo mayor diferencia entre usted y otros niños…

—Yo soy igual, pero sé que hay que esforzarse en algunas cosas porque soy más bajo.

—¿Cómo en cuáles? ¿Hay algo que haga diferente?

—Eeeh (piensa por unos segundos). Yo diferente lo que hago es que corro despacito. Eso.

—¿Qué le gustaría ser cuando sea adulto?

—Bombero.

Kenia antes era una mamá sobreprotectora porque, además de la acondroplasia, Matías nació con hidrocefalia (trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro) y es peligroso que se golpee la cabeza. Sin embargo, el propio Matías, quien es parte de los Boy Scouts, le ha enseñado que él puede hacerlo todo.

“Al bus se puede subir solo. Yo antes lo alzaba, pero me decía que él puede y así es. Hace poco lo metí en los Boy Scouts y a los paseos van solos, y él me dice que lo deje. En la casa le he enseñado que no se dice no puedo. Si algo no lo alcanza, él puede jalar una silla o usar palo de escoba”; dice orgullosísima.

Kenia es una mujer que emana serenidad y el trato que le da a Matías y a su hermano, Mateo (dos años), evidencia que procura hacer bien la tarea de mamá. Las fotos de sus pequeños, pegadas con cinta adhesiva en las paredes de su sala, respaldan que sus hijos lo son todo.

“Hay papás que no inculcan el respeto. Un señor me dijo que sí él era uno de los toreros (que aparecen dando espectáculos o toreando vaquillas en las transmisiones de fin de año). Yo le dije que no. Y él me dijo que para eso eran (las personas pequeñas). Eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con ese oficio (el de toreros), imagínese un mal golpe en la cabeza o columna”, añadió Marenco.

En la Escuela Centroamérica, donde estudia Matías, paulatinamente han realizado dinámicas para que otros niños comprendan qué es la acondroplasia. Kenia coordinó con la escritora Carmen Flores, autora del libro “Pequeño” (que visibiliza el enanismo), para que leyera el cuento y los niños comprendieran mejor la condición de su compañero Matías, y también la de otros niños con alguna capacidad diferente.

“Pequeño no es raro, solo es diferente”, agregó Matías, quien con ocho años ha aprendido a ser más grande que las limitaciones, tal y como lo narra el libro “Pequeño”.

En su trabajo le adaptaron una silla y le proporcionaron un descansapies. Le iban a acondicionar un lavatorio, sin embargo, ella sugirió que con una gradita sería suficiente. Con sus compañeros lleva una relación de cordialidad y respeto.

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ACONDROPLASIA
En palabras sencillas, la acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más frecuente de enanismo.

El doctor del Hospital Nacional de Niños Manuel Saborío Rocafort, quien cuenta con más de 20 años dedicado a la genética, explica que la acondroplasia es una enfermedad hereditaria que está relacionada con un gen dominante y la gran mayoría de los casos se heredan básicamente por dos mecanismos diferentes: uno por mutaciones espontáneas y el otro es que en el momento en el que se preparaba el óvulo o el espermatozoide, uno de ellos tiene una mutación. “Desde el momento de la fecundación, el niño va a padecer de acondroplasia”, indica el especialista.

Las personas pequeñas o de talla baja nacen del 80 al 90 % de las veces de padres de tamaño promedio.

“Esto se da por una mutación de novo que ocurre cuando papá preparaba el espermatozoide o mamá el óvulo, en ese momento ocurrió una mutación y una vez que nace ese niño tiene mutación en todas sus células y expresa la enfermedad”.

El otro 20 % o 10 % de niños con talla baja nacen de papás con acondroplasia. Los números han variado porque en el mundo se han ido creando asociaciones y personas pequeñas se conocen y encuentran afinidad, cuenta el doctor.

“Si nosotros vemos hace 30 años la relación era que el 90 % nacía de padres de talla normal”, explicó Saborío.

Valores deportivos. Esta selección de fútbol de gente pequeña se ha enfrentado a quienes los discriminan ofreciéndolos como una “rareza” y no en el marco de la competitividad deportiva.

Clínicamente la acondroplasia se describe como una forma de baja talla a expensas de extremidades cortas. Esta condición afecta vértebras, costillas, huesos del cráneo y pelvis. Esta condición es más evidente en los huesos que tienen que crecer más (húmero y fémur) porque esos van a ser más limitados en su crecimiento.

También existe la posibilidad de que padres de talla baja tengan hijos de tamaño promedio.

“La enfermedad se hereda. Cuando alguien tiene acondroplasia el riesgo de tener un hijo con la misma condición es de un 50 % para cada evento reproductivo. Si el hijo nace sano nunca va a transmitir la enfermedad”, explicó el doctor.

Las personas con acondroplasia también nacen de la unión de papá con acondroplasia y mamá de estatura promedio y viceversa, o cuando ambos son de talla baja.

Una persona es considerada de baja talla cuando siendo adulto mide menos de 1.42 m. Existen más de 80 enfermedades hereditarias que producen huesos cortos. La acondroplasia es una de ellas y es el “defecto esquelético más común”.

Saborío Rocafort informó que al año pueden nacer tres o cuatro niños con acondroplasia en Costa Rica, lo que significa uno por cada 20,000 nacimientos.

El genetista destaca lo bien articuladas que son las personas pequeñas, habilidad con la que compensan algunas limitaciones físicas mecánicas. “Como todo ser humano tiene ciertas limitaciones como para subir, bajar o salir corriendo. Corren rapidísimo pero no a la misma velocidad. Yo les digo a los papás que no se asusten si sus hijos son presidentes o líderes estudiantiles”, dijo.

Por otro lado, el especialista lamentó que “la gente los ve en relación con la estatura que tienen. La misma sociedad no tiene el respeto a ese ser humano como se lo tendría a una persona de estatura normal. Les cuesta mucho más conseguir trabajo. Ellos están deseosos de desempeñarse profesionalmente, ganarse su trabajo”, aseveró.

Respeto es lo que buscan las personas de talla baja que, además de Matías, le presentamos en este trabajo.

Jimmy Umaña, María Isabel Villalobos, Josafat Badilla, Linsey Montero, Armando Muñoz y Fabricio Bustos son costarricenses de talla baja, de varias edades, que trabajan y estudian en un mundo que no está adaptado (en tamaño) para ellos pero al cual han sabido acoplarse.

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RESPETO, POR FAVOR
Por suerte los tiempos cambian. Jimmy Umaña lo sabe. Él nació con acondroplasia y desde niño se le instó a hacer todo lo que quisiera: que estudiara, practicara deporte y se preparara para trabajar. Lamenta que “en el pasado” las personas que tenían una diferencia física eran apartadas, se dejaban en la casa y si estudiaban y eran víctimas de burlas, se les sacaba del colegio. Hoy cree que esos tiempos han quedado atrás.

Desde temprana edad, Jimmy vio que era igual que su papá, Jimmy Umaña Quesada; su abuelo, Juan Rafael; y su hermano Jafeth, quien llegó tiempo después. La única con talla promedio en su familia es su mamá, Karen Castillo.

Desde niño sus papás le fortalecieron sus capacidades y pudo hacer una vida normal social y académica. Hoy, con 31 años, tiene una especialidad técnica como supervisor de producción, la cual cursó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

“Mi papá nos empujó a salir adelante. En el estudio y trabajo, yo trato de que vean a Jimmy, no a la persona de talla baja. Yo siempre fui social. Salía con mis amigos. Pedía cajas de cervezas y les daba vuelta para estar ‘face to face’ (cara a cara) con ellos. Siempre me han tratado como a uno más. Hay chicos a los que han tenido en una burbujita (…)”, cuenta.

Jimmy es presidente de la Asociación Pro-Gente Pequeña de Costa Rica, cargo que le fue heredado por su papá. Esta organización tiene la premisa de “luchar por el bienestar de la gente pequeña en los campos sociales, de salud, de recreación y de deportes”.

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¿ES COSTA RICA UN PAÍS ADAPTADO PARA PERSONAS DE TALLA BAJA?
Ir al supermercado, subir gradas, sacar dinero del cajero automático, ir a alguna ventanilla de una institución, usar un lavamanos, sentarse a comer en las sillas de un “food court”, sentarse en la parada de bus a esperar, subirse al autobús, tocar el timbre para bajarse son tareas que una persona de talla promedio jamás consideraría difíciles. Para las personas pequeñas es casi que una odisea. Y Jimmy lo explica.

“La accesibilidad en este país va a ser difícil para cualquier persona con discapacidad. En muchos lugares tenemos problemas con las mesas, con las recepciones, con los baños; en el caso de los hombres, los orinales. La ley 7600 dice que toda mesa de atención tiene que estar no a más de 90 centímetros en lugares públicos, pero vas y están altas. He querido captar la atención del Colegio de Ingenieros, que a la hora de hacer los planos tomen en cuenta no solo a la población de talla baja, sino a adultos mayores, niños, personas con silla de ruedas”, expresa.

El enanismo es una condición. Sin embargo, hay circunstancias en las que las personas pequeñas son catalogadas discapacitadas.

“Para lo de la discapacidad aplican restricciones. Si yo voy a pedir trabajo como chofer de bus me van a decir que no, me ponen de lado, si quiero ser policía, no puedo. Me ponen limitaciones por ser de talla baja. Nos ven discapacitados (…)”, cuenta.

Los obstáculos en infraestructura son solo una de las situaciones con las que lidian las personas pequeñas cada día. También están el irrespeto e incomprensión.

“En lo social sí tenemos problema en el sentido de la burla, el rechazo, el etiquetar a la gente. Tenemos la historia de Armando, él es torero de entretenimiento (lea más adelante su experiencia); y a él le fascina y disfruta todo su ambiente, pero cuando yo ando en la calle la gente piensa ‘ahí va el torero’. La gente se viene con el teléfono en la mano, la gente nos ve a mi pareja (Ana Isabel Villalobos, a quien le presentamos en breve) y a mí y nos toman fotos. La gente nos ve en el “mall” y nos llama y dice “ey venga, usted, tómese una foto con mis hijos; yo quiero una foto de ustedes con mis hijos”. Le digo: “No señor, muchas gracias”, y me dice: “pero por qué se enoja”.

Dedicación. José Armando Muñoz Ugalde es parte de la selección de fútbol de gente pequeña. Asiste a los entrenamientos de forma disciplinada y constante.

Hay que entender que esto no es normal. Esto no está bien. No es toda la gente, pero sí pasa muy seguido. La gente nos toma fotos, nos quieren alzar. No hay educación para aceptar las diferencias de la gente”, afirma.

Jimmy Umaña ve que es indispensable que la población conozca y comprenda que las personas de talla baja pueden desempeñarse en muchísimas actividades que no tengan relación con el entretenimiento.

“Creen que somos para el circo, payasos, bufones. Nos agarran de patos. Ya uno sabe cuando una persona viene con intención mala. Nos ponen apodos. Los chicos de escuela tienen problemas con el “bullying”, ahí es donde la educación tiene que cambiar su método. Por ejemplo, que un niño explique qué es la acondroplasia, así como se expone el tema del ecosistema”, sugiere.

Gracias a sus estudios y a la capacidad mostrada, Jimmy trabaja como analista de cuentas por pagar de una trasnacional. Su experiencia ha sido más que satisfactoria, pues dice que sus empleadores vieron en él que cumple con requisitos y experiencias. No se fijaron en su talla.

Su espacio de trabajo ha sido adaptado: “La silla tiene un cojín, las sillas han sido bajadas, la recepción tiene espacio especial para poder atenderme, y la población, que somos 700 empleados, ha sido educada en que a una persona de talla baja se le trata con respeto”.

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EN EL TRABAJO, ESTUDIO Y AMOR
“La frase pobrecita la enanita, no va conmigo. Primero porque la palabra enano o enanito es despectiva. Segundo porque mis papás me criaron con una mente abierta (toda su familia es de talla promedio), me enseñaron a no acomplejarme y a hacer todo por mí misma. Lo principal es esforzarse y estudiar”, dice Ana Isabel Villalobos, quien nació con acondroplasia.

Ana Isabel tiene 26 años, trabaja en la oficina de cobros de Mutual Alajuela y está estudiando Recursos Humanos. También tiene un Técnico en Contabilidad, mas dejó esa carrera porque no sentía afinidad.

En su trabajo le adaptaron una silla y le proporcionaron un descansapies. Le iban a acondicionar un lavatorio, sin embargo, ella sugirió que con una gradita sería suficiente. Con sus compañeros lleva una relación de cordialidad y respeto; de la misma manera le va con los estudiantes de la universidad.

Ana tiene su propio apartamento en el que vive con su pareja, Jimmy Umaña. El hogar no está acondicionado para personas pequeñas: sus padres le enseñaron a realizarlo todo de la forma más normal. Bancos y gradas portátiles han sido sus aliados siempre.

“Vivimos juntos. Más adelante nos gustaría tener hijos. Ahorita no, porque la vida está muy dura”, asevera. Inmediatamente se cuestiona cómo sería andar con un bebé en autobús por la dificultad.

“Si me cuesta subirme sola, no imagino cómo podría hacer con un bebé. Imagínese”, agregó.

Ana tiene el cabello largo y claro, sus ojos son celestes y su sonrisa brillante y blanca. Es una mujer que emana seguridad y que espera de esta país un acceso más amigable con las personas de baja talla.

También quisiera no tener que lidiar con las risas burlescas de personas “ignorantes” cuando la ven pasar.

“Ignorante es la palabra que califica a esas personas que se burlan y no educan a sus hijos. A como hay personas que dicen: ‘Mira, ella es una persona de talla baja y es igual a todos’; hay otros que dicen: ‘¡Ay! mirá a la enana’, y se ríen, siguen la corriente a sus hijos cuando se burlan. Obviamente uno se siente incómodo, pero ya se está acostumbrado a eso. Yo ando normal y jamás me da vergüenza salir”, cuenta.

Cuando va de paseo con su novio es normal que les pidan fotos y que asuman que son las personas pequeñas que trabajan en los espectáculos taurinos y de baile que se presentan a fin de año.

“Eso es muy complicado”, afirma. La incomodidad que generan las miradas o la osadía de las personas de acercarse a pedir fotos no acomplejan a Ana Isabel, quien es una mujer muy segura y feliz con su condición.

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EL LÍDER DEL COLEGIO
La sonrisa de Josafat Badilla Rodríguez está llena de carisma. Él es un adolescente de 16 años que nació con la condición de acondroplasia. Al igual que la mayoría de las personas presentadas en este texto, él es el único de talla baja en su familia.

En julio, Josafat entregó la banda presidencial. Él fue el presidente del Colegio Técnico Profesional del Valle la Estrella por un año. Ese período terminó, mas el de buen estudiante no. Este joven, quien esta cursando la especialidad de Informática en Soporte, ha tenido excelentes calificaciones desde que empezó la escuela. Su mamá, Elena Rodríguez, sabe lo que es recibir de su hijo solamente buenas noticias.

“Ser la madre de un joven de talla baja ha sido una experiencia muy bonita y con tantas anécdotas: a veces con insultos de la gente y a veces se topa uno con personas que le dan palabras de ánimo.

Él ha sido para mí un ejemplo a seguir porque a pesar de su condición ha sabido salir adelante. En su niñez él siempre fue independiente y desde pequeño lo llevo a la Asociación Pro-Gente Pequeña y ha sido una gran ayuda, porque ahí conoció más personas iguales a él, con las cuales han hecho una bonita amistad: todos se ven como familia”, dice la madre.

La historia de Josafat no ha estado empañada por el “bullying”. Él ha sido muy querido por sus compañeros, quienes ven un líder en él.

“Siempre he sido cuadro de honor. He estado en la banda y me retiré en décimo. El año pasado fui líder estudiantil de un congreso de colegios técnicos. Yo fui el más destacado de mi colegio. He sentido mucha aceptación. Me han apoyado mucho”, cuenta el vecino del Valle de la Estrella, Limón.

—¿Cómo es tener talla baja y ser joven a la vez?

—Muchas veces lo siento normal. Pero muchas veces se llega a sentir como un reto. En ocasiones quiero jugar o hacer algo que yo por mi condición no puedo. A mí me gusta mucho andar en bicicleta con mis amigos, pero a veces, por mi condición, no puedo hacer algunas de las rutas que ellos hacen.

Su hermano, Breidy Carballo, de 24 años, dice que en la casa siempre le han dado acompañamiento, pero nunca lo han “alcahueteado”.

“A veces por pereza pedía que uno le pasara algo, pero entonces le decía: ve aquella silla, usted tiene sus manitas buenas y sus pies. Vaya y lo alcanza para que usted vea que también puede hacer sus cosas por sí mismo”, recuerda el hermano. “La verdad todo es cuestión de adaptarse”, agrega Josafat.

Aparte de ser dedicado con sus estudios, Josafat es baterista. Él toca en una iglesia evangélica. Los pedales de la batería están acondicionados con un tipo de zancos y con ello demuestra que ese instrumento “no es solo para personas altas”.

Para jóvenes que al igual que Josafat tienen acondroplasia, él envía un mensaje. “Les digo que no hay que poner atención a lo negativo que puedan decir. Solo hay que creer en sí mismos, entender que sí podemos. Con esfuerzo todo lo podemos hacer. Hay que intentar hasta poder hacerlo”, dice el adolescente que apenas salga del cole ingresará a cursar Ingeniería en Sistemas.

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UN TORERO DE TALLA BAJA
Muchas cosas se dicen alrededor del trabajo de Armando Muñoz Ugalde. Para él eso no tiene influencia absoluta, pues está muy complacido con su labor taurina.

Desde hace dos años es uno de los toreros de talla baja que aparecen en las transmisiones de fin de año. Aunque muchos consideran que su trabajo es para hacer reír o que por estar allí siendo perseguido por una vaquilla encasillan a la población, él afirma que su labor es un arte y que está orgulloso.

“Me encanta. Lo que más me gusta es conocer otros países. Gracias a esto conozco todo Centroamérica. Si Dios lo permite este año tal vez vaya a México. Son cosas que se dan aunque muchas personas están en contra y muchas a favor”, dice Armando, de 31 años.

Afirma que nunca se ha sentido mal ni mucho menos ridiculizado con su trabajo.

“En realidad no, porque es algo que disfruto. Yo no lo veo como ser payaso. Esto es hacer reír a las personas y yo no lo siento de mala manera o en son de burla. Nosotros hacemos un show, digamos yo trabajo con mi patrón, él monta un show y después se torea. Llamamos la atención, divertimos al público y después se torea, se hace adrenalina”, afirma.

La pasión por su ejercicio como torero ha hecho que Armando no ejerza su profesión como profesor de Educación Especial.

“No soy profesor porque no lo he podido encontrar. No he terminado mi ciclo taurino. Esto me apasiona. Todavía quiero más. Cuando salgo del país el trato es diferente. Uno es muy querido, bien recibido. Usted va como artista. Es un show lo que vamos a hacer. Nos respetan mucho. No tengo queja”, dice.

—¿Cómo siente que es la acogida de los toreros de talla baja en Costa Rica?

—Es demasiado lindo. Costa Rica es el país de uno. Esta es la cuna. Si Dios lo permite ya empiezo a meterme más en mi profesión.

Armando, quien es vecino de San Vito de Coto Brus, es muy extrovertido. Dice que sus padres (de talla promedio) nunca le limitaron “por ser pequeño”. Mientras estuvo en la escuela, colegio y universidad fue “muy querido”. Al “bullying” que a veces se asomaba nunca le prestó atención.

Eso sí, resalta que “a la sociedad le falta respeto, educación, un poquito de tolerancia, saber que no podemos hacer lo mismo en el tiempo que ellos pueden”, dice.

Armando es padre. Tiene una hija de tres años llamada Samantha. Ella nació de “tamaño normal”, según cuenta el papá.

“La mamá de ella es de talla normal. Como papá soy muy amoroso y cuando la veo la disfruto al máximo”, manifiesta con orgullo.

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ACEPTACIÓN Y SEGURIDAD

En actividades. Lindsey Moreno Chinchilla es otra de las involucradas en proyectos deportivos.

Desde niña Linsey Montero se acostumbró a “acomodarse al mundo, porque el mundo no se acomodaría a ella”. Ella tiene acondroplasia y nunca ha sido problema. Desde ya sueña con comprar su primer carro, hasta ha pensado en cómo adaptar los pedales para manejar con comodidad.

Con 19 años dejó su natal Zona de los Santos para venir a vivir a Heredia y poder trabajar y estudiar Ingeniería Industrial. “Yo soy la única talla baja de mi familia y también de la Zona de los Santos. Eso era muy divertido. Nunca me pusieron las cosas fáciles, siempre había bancos, escaleritas, cosas que me acoplaron para que me acomodara a todo normal. Siempre andaba un banquito conmigo”, cuenta.

Linsey ha tocado instrumentos, ha tenido novios y ha hecho “muchas cosas que la gente pensaría que por ser de talla baja no puede”.

“Ahora no tengo novio. He tenido pero talla promedio. Yo a los talla baja los veo como hermanitos, como familia. Uno se llega a acomodar porque es divertido. Uno va caminando con el muchacho y la gente se pregunta si son hermanos o qué”, dice.

Linsey es elocuente y simpática. Irradia felicidad. Su aceptación la ha acompañado desde siempre, a pesar de que en el primer año de colegio algunas compañeras le decían groserías y se reían de cómo corría.

“Yo le decía a mi mamá y ella me decía que yo podía. Son retos del día a día, uno va a la calle y se le quedan viendo como pensando ‘qué es esa cosa’, hay gente que nos pide fotos, a mi mamá le preguntaban que si yo hablaba. Ahora con esto de los chicos que son toreros, pienso que es bueno, yo los apoyo porque es un trabajo, pero generalizan y dicen que si yo soy la torera y nunca me ha gustado esta parte de que piensan que uno solo sirve para circos”.

“La gente no cree que uno puede trabajar en otras cosas, sino que solo vestiditos de payaso; yo sé que es un trabajo, pero generalizan mucho. Y le dicen a uno: ¿qué, se quiere meter a un circo a trabajar’. Yo personalmente le tengo mucho miedo a los payasos”, cuenta entre risas.

Linsey resalta que muchos jóvenes de talla baja tienen sus profesiones y negocios. “Lo único es que tenemos cortos son los brazos y las piernas, pero no es que eso impida hacer lo que queremos”.

Al igual que muchas jóvenes de su edad, Linsey gusta de la moda, del buen vestir. En ese aspecto también ha tenido complicaciones con las que ha aprendido a ingeniársela.

“Yo consigo pantalones de persona promedio y los corto. Con los zapatos, uno va a talla de pequeño, el asunto es que uno tiene pie grueso entonces no todo le queda. Yo calzo 32 y mido 1.30; con la parte de las blusas es más sencillo porque el tronco lo tenemos de un tamaño más promedio”.

Para jóvenes que al igual que Josafat tienen acondroplasia, él envía un mensaje. “Les digo que no hay que poner atención a lo negativo que puedan decir. Solo hay que creer en sí mismos, entender que sí podemos. Con esfuerzo todo lo podemos hacer. Hay que intentar hasta poder hacerlo”.

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SELECCIÓN DE FÚTBOL DE PERSONAS PEQUEÑAS

Necesidades. El acceso a servicios banacrios, como los cajeros automáticos, supone retos para las personas pequeñas.

Fabricio Bustos Apú es un joven moreno y fornido, decidido y esforzado. Desde hace un tiempo está a cargo de un proyecto que lo emociona por las posibilidades que le brinda a él como apasionado del deporte y a otras personas pequeñas.

Hace tres meses, Fabricio formó la Selección de Fútbol Talla Baja Costa Rica. La iniciativa proviene de la necesidad que él y allegados suyos, quienes son personas pequeñas, tenían de ejercitarse y hacer deporte.

El equipo de fútbol sala está conformado por hombres de talla baja con edades a partir de los 16 años. La selección de talla baja supo que en el mundo existen varias selecciones, por lo que, se realizan torneos en los que ellos quieren participar.

“Nosotros queremos ir a los torneos que organizan entre tres o cuatro selecciones en Suramérica. En octubre va a ser la primera Copa América que va a tener más selecciones suramericanas y además, las de México y Costa Rica como invitados. La confirmación de poder asistir depende de patrocinios. Andamos buscando recursos, por el tiempo se nos dificulta. La organización se encarga de todo lo que es hotelería, transporte y comida durante el torneo del 24 al 29 de octubre”, contó Fabricio, de 24 años.

Los jugadores que participen en este torneo deben tener una altura máxima de 1.45 cm. En el campo de juego las reglas son iguales, lo único que cambia son las dimensiones de la cancha: los marcos son más pequeños.

La selección de fútbol de talla baja es una gran motivación para varios muchachos que viajan hasta siete horas para llegar a los entrenamientos, que se realizan en San José. El obstáculo con el que han tropezado es la falta de recursos: no tienen uniformes, ni chalecos, ni tampoco conos, cuenta Fabricio.

“Los compañeros vienen desde lugares lejanos y es porque están motivados. Nunca se había hecho esto. Es el primer equipo de fútbol de talla baja. De hecho, es el primer equipo en deporte de talla baja”, afirmó.

Otro inconveniente, según refirió Jimmy Umaña antes, es que para muchos la selección es el “hazme reír”.

“Buscando patrocinios una vez nos dijeron: sería muy bonito ver un montón de enanos corriendo detrás de una bola. Y eso no es justo. Se menosprecia todo el esfuerzo que hacen los muchachos de Guanacaste, de Limón. Eso es parte de lidiar con el día a día de este país”.

Fabricio es vecino de Escazú y trabaja como diseñador gráfico en Sandía Studio, un emprendimiento que tiene con su hermano. Antes encontró empleo en un “call center”, y dice que nunca ha tenido problema para hallar trabajo, aunque sabe que a varias personas pequeñas se les han cerrado puertas por su tamaño.

Fabricio es la única persona pequeña en su familia, y al igual que los otros entrevistados él ha sabido ser más grande que cualquier obstáculo que les ha dicho “no pueden”.

Positivo. Josafat Badilla Rodríguez es consciente de las necesidades no satisfechas de este colectivo, pero su mensaje es optimista e invita a trabajar cada día más.

Caimanera, la frontera más cercana entre Cuba y Estados Unidos

De cerca. Este poblado comparte paisaje con la cárcel de Guantánamo. Aquí, Cuba y Estados Unidos comparten una lengua de tierra y una playa.

El punto más cercano entre Cuba y Estados Unidos no se encuentra a 90 millas en una zona entre el noroeste de la isla y los Cayos de Florida. En la provincia de Guantánamo existe, cara a cara, una frontera que recuerda que la presencia estadounidense está muy cerca, o como se dice en el Caribe, “en la sala de la casa”.

Esa zona, donde está localizada la base naval de Guantánamo, representa una espina clavada en el orgullo de los cubanos, quienes piden que los terrenos ocupados por la Marina de Estados Unidos, que se ubicó allí desde principios del siglo XX y ha desistido de marcharse, sean devueltos a sus manos por ser parte del territorio nacional.

Estados Unidos posee 45 millas cuadradas de tierra en Cuba con una frontera que se extiende por una longitud de 17 millas. No es un cayo cercano a la costa del territorio principal, ni una isla aledaña del archipiélago, como fueron los casos de Vieques y Culebra en Puerto Rico. No, se trata de un enclave estadounidense en pleno suelo cubano, en los dos extremos de una de las mejores bahías de bolsa del mundo, perfecta, por ejemplo, para la construcción de un muelle de trasbordo o un punto vital para la industria pesquera.

Allí impera el estilo de vida típico de las bases militares estadounidenses, con sus tiendas libres de impuestos, establecimientos de comida rápida, dispensarios médicos, entre otras comodidades básicas. Cerca de 5,000 personas permanecen allí entre personal civil y militar.

Su estatus legal es confuso, pues técnicamente es territorio soberano de Cuba, pero con jurisdicción de Estados Unidos, lo cual crea un vacío legal que fue usado como excusa en su momento para establecer el centro de detención de personas calificadas como terroristas que todavía operan las autoridades estadounidenses.

La presencia de Estados Unidos en esta zona del oriente cubano tiene mucha historia y data de la invasión de 1898, provocada por la guerra hispanoamericana contra España. Lo que hoy es la base naval de Guantánamo comenzó a gestarse a través de un convenio en 1903, el cual se valió de la llamada Enmienda Platt, un recurso mediante el cual se reconocía la independencia de Cuba, pero que daba a Estados Unidos, tras su triunfo en la guerra contra España, la autoridad de intervenir en los asuntos de Cuba y controlar parte de su territorio.

Estados Unidos paga a Cuba la cantidad de $4,085 al año por concepto de arrendamiento, un dinero que, tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro Ruz, el Gobierno cubano solo cobró “por error” en 1959 y que desde entonces el cheque, depositado a través de la embajada de Suiza como mediador, nunca ha sido cambiado. Los fondos caducan al año y son devueltos a la cuenta de la Marina de Guerra de Estados Unidos, entidad que paga a nombre del Tesoro de Cuba, un organismo que ni siquiera existe en la isla.

La presencia estadounidense en esa zona de Cuba constituye, junto con el embargo o bloqueo económico, la principal fuente de resentimiento entre ambos vecinos. Si bien nunca se han registrado enfrentamientos oficiales entre tropas, en esas 17 millas de frontera se han registrado diversos hechos muy particulares.

Por ejemplo, Cuba decidió dejar una especie de espacio muerto entre ambos lados, algo parecido a la franja del paralelo que divide las dos Coreas, un territorio divisorio que por décadas, por ejemplo, estuvo repleto de minas.

Ya libre de peligro, ese espacio ha servido para escaramuzas entre soldados de los dos lados o bromas de mal gusto, como saltarse al lado del otro y dejar excremento, o enviar buzos a pasar las fronteras mutuas para dejarse “regalitos” que indiquen que estuvieron por allí sin ser detectados.

Por esos lares también se han registrado serios incidentes que Cuba imputa a los militares estadounidenses.

Entre ellos está el lanzamientos de materiales inflamables desde aviones procedentes de la base; presuntas provocaciones de soldados norteamericanos, incluyendo insultos, lanzamientos de piedras, de latas con material inflamable y disparos con pistolas y armas automáticas; violaciones de las aguas jurisdiccionales de Cuba, y la muerte de ciudadanos cubanos a manos de fuerzas de Estados Unidos.

El Gobierno cubano reclama que el 6 de enero de 1961 fue torturado por soldados de la base naval el obrero Manuel Prieto Gómez, quien laboraba allí hacía más de tres años, por delito de “ser revolucionario”.

El 15 de octubre de ese año, Cuba sostiene que fue torturado y luego asesinado el obrero cubano Rubén López Sabariego, mientras que el 24 de junio de 1962 mataron con disparos desde la base a Rodolfo Rosell Salas, pescador del poblado de Caimanera.

El 19 de julio de 1964, los cubanos afirman que tiros de militares estadounidenses provocaron la muerte al guardafrontera de 17 años Ramón López Peña, en el puesto donde cumplía con su turno, y el 21 de mayo de 1966 le ocurrió lo mismo al soldado Luis Ramírez López.

En octubre de 1991, Estados Unidos le jugó una broma pesada al Gobierno cubano cuando aviones y helicópteros procedentes de la base naval violaron el espacio aéreo y sobrevolaron la ciudad de Santiago de Cuba, donde Castro Ruz comandaba el IV Congreso del Partido Comunista.

Estados Unidos no ha esclarecido oficialmente los incidentes y Cuba aspira a que se haga justicia en algún momento.

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CORDIALIDAD PESE A TENSIÓN

Las relaciones, sin embargo, han sido más de cordialidad que de hostilidad. Por ejemplo, por años, ciudadanos cubanos entraban a trabajar a la base a diario.
Allí llegaron a laborar 5,000 cubanos, los cuales fueron reducidos a 700 por Estados Unidos en 1964 tras triunfar la revolución. Con el paso del tiempo, esos empleos, en su mayoría de mantenimiento, no se repusieron y los últimos dos cubanos empleados por la base naval se jubilaron en 2013.

Algunos de ellos decidieron quedarse dentro de la base y 23 todavía viven retirados en las instalaciones militares. Cuba les ha permitido entrar a territorio nacional en varias ocasiones por “razones humanitarias”.

Cerca de 40 familiares o extrabajadores cubanos todavía cobran pensiones del Gobierno estadounidense por sus labores allí.
Esos trabajadores pasaban a la base naval a través de unos puntos fronterizos habilitados para esos fines. Esas postas todavía existen y son usadas para contactos periódicos que se dan entre ambos lados, pues hay temas logísticos que tratar y los encuentros entre las autoridades cubanas y las estadounidenses no son anormales.
A la base naval es imposible acceder desde suelo cubano. La zona está completamente militarizada. Solo dos pueblos están enclavados en el área de seguridad que Cuba ha delimitado en torno de la instalación estadounidense, Boquerón y Caimanera.

Para llegar a ellos se requiere de un permiso especial muy complicado de obtener. Ambos pueblos son considerados zonas de seguridad nacional, por lo que para poder residir allí hay que pasar un proceso de verificación extremo, incluso para quien quiere establecer una relación marital o simplemente visitar la familia.

Su estatus legal es confuso, pues técnicamente es territorio soberano de Cuba, pero con jurisdicción de Estados Unidos, lo cual crea un vacío legal que fue usado como excusa en su momento para establecer el centro de detención de personas calificadas como terroristas que todavía operan las autoridades estadounidenses.

El Nuevo Día visitó Caimanera como parte de un grupo de periodistas internacionales a los cuales se les permitió acceso al municipio fronterizo con la base naval.
El pueblo recibe a sus visitantes con un control militar y un pancarta que lee: “Caimanera, primera trinchera antiimperialista”.

Ese mensaje no es casual. Caimanera, junto con Boquerón, está considerado como el primer punto de respuesta en el caso de que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en Cuba usando la base naval como centro de operaciones, por lo que no es casual que muchos de sus 9,000 residentes sean militares con sus familias.
Dentro de sus límites, el pueblito es pintoresco, muy a la cubana, con su plaza pública, tiendas estatales muy bien surtidas (mejor que muchas de La Habana) y calles repletas de transeúntes que van y vienen por la carretera central o la vía que bordea todo el pueblo de frente al mar, de cara a la bahía, desde donde pueden apreciarse las turbinas eólicas que Estados Unidos montó para alimentar de energía la base.

Desde Caimanera se ve poco de la base naval. En el muelle de los pescadores se aprecian las boyas anaranjadas y una barda flotante colocadas por el Ejército cubano para marcar el peligro y la cercanía al área controlada por los estadounidenses, que está a los dos lados de la boca de la bahía.

Los pescadores del pueblo, que son cerca de 60, solo pueden ejercer su oficio en la parte adentro de la bahía, ya que les está vetado usar la rica embocadura de zona o salir a mar abierto por el control estadounidense en la entrada del área.

Sus residentes viven orgullosos de encontrarse en la primera línea de fuego de lo que cada día es menos probable, un enfrentamiento militar entre los dos países.

“Hemos tenido que soportar una falta de respeto, es como soportar a un vecino indeseable, que te molesta con su himno, con su práctica militar. Sencillamente, han creado un sentimiento de rechazo, sentimos odio porque ellos están ahí. No hemos podido disfrutar de las bondades de nuestra bahía. Yo tengo 66 años y nunca he disfrutado de una acampada ahí, de sus playas”, dijo a El Nuevo Día el historiador del pueblo, Pedro Batista, quien es presidente de la Dirección Cultural José Martí en Caimanera y jubilado del sector de la cultura.

“El mejor coto de pesca está ahí, es la tercera bahía de bolsa del mundo y no hemos podido explotarla, ni desarrollar la industria de la pesca, el comercio de cabotaje. Caimanera y Guantánamo tuvieran un desarrollo socioeconómico más floreciente de contar con la bahía, y hubiera ayudado al desarrollo del país”, agregó.

Los cubanos reclaman que la ocupación estadounidense en ese territorio –el cual puede ser devuelto a Cuba de manera unilateral por Estados Unidos, mediante un pacto entre los dos países, siempre y cuando haya un Gobierno reconocido como democrático en la isla– ha afectado severamente el desarrollo económico de Guantánamo.

“Que este territorio esté ocupado por una base norteamericana ilegal exige un esfuerzo superior. Esta base naval ilegal provoca muchas limitaciones en el desarrollo económico y social de nuestro territorio, a partir de que Caimanera está ubicada en la parte interior de la bahía, zona cenagosa, y la base naval está ubicada en la parte de la entrada, donde están creadas las mejores condiciones de playa y económicas para el desarrollo de nuestro territorio”, explicó a El Nuevo Día el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Caimanera, José Ángel Calviño Pérez.

¿Qué quiere la gente de Caimanera, que los americanos se vayan?
—Que se vayan y que nos acaben de entregar nuestra tierra, que es nuestra, que es de los cubanos, y que los cubanos la queremos y la estamos guapeando, para seguir desarrollando nuestro territorio.

Más allá de los problemas económicos e ideológicos que causa la presencia militar estadounidense en la zona, los residentes de Caimanera sufren de temas prácticos que no se dan en otras partes de Cuba y que solo se configuran aquí por la particularidad de la necesidad de seguridad extrema.

Los residentes, que reciben trato especial en compensación y suministros por parte del Estado, se cantan felices de vivir en un pueblo costero, bello, tranquilo y libre de delincuencia, pero pagan un precio que llega a ser alto.

“¡Aquí somos felices!”, exclamó en voz alta la maestra Olga Pérez Guerra, quien, rodeada de sus alumnos, paseaba por la zona del muelle del pueblo.
“¿Somos felices aquí?”, preguntó a su alumnos, quienes a coro respondieron con un “¡sí!” largo y sonoro.

Pero no todo es color de rosa. La maestra adora el pueblo por su calma, por su belleza natural, por el acceso a un mar tranquilo a cualquier hora. Reconoce, sin embargo, que hay limitaciones importantes por la presencia, al sur del pueblo, de soldados de Estados Unidos.

“Pudiéramos ser mejores. Si no tuviésemos limitaciones, cuánto pudiéramos aprovechar las bellezas naturales que tiene ese lado de nuestro suelo y recibir visitas a cualquier hora, de cualquier parte, como ocurre en otras partes del país, sin limitaciones por seguridad”, manifestó Pérez Guerra.

En octubre de 1991, Estados Unidos le jugó una broma pesada al Gobierno cubano cuando aviones y helicópteros procedentes de la base naval violaron el espacio aéreo y sobrevolaron la ciudad de Santiago de Cuba, donde Castro Ruz comandaba el IV Congreso del Partido Comunista.

¿Nos puede hablar de esas limitaciones?
—Una limitación por seguridad es que yo, como joven, para tener una pareja no caimanerense tengo que pedir varios documentos para que pueda establecerse acá. Estamos privados de visitas de personas de otras provincias y países, eso no ocurre en ninguna otra parte del país. Del lado allá hay bellas playas, que no podemos disfrutar, que nos tocan a nosotros y hoy no podemos beneficiarnos de ellas. Nos afecta psicológicamente, socialmente, nos impide el desarrollo normal y las relaciones con jóvenes de todas las provincias y del mundo. Ellos solo buscan una justificación para provocar una agresión militar a nuestro suelo y en Cuba va a seguir ondeando la bandera bella y hermosa, y presente estará la sonrisa de nuestros niños.
El deseo de los cubanos de recibir de vuelta los terrenos de la base naval de Guantánamo no se cumplirá a corto plazo. Ni siquiera los avances en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos dados bajo las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro Ruz lograron mover un ápice en el tema.

Mucho menos lo hará bajo la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, sobre todo porque la intención del mandatario es sostener el centro de detención para presuntos terroristas que opera en la base naval, que representa el único motivo determinante para que Estados Unidos mantenga en operaciones ese recinto militar.
Esa es la creencia del profesor del Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Don E. Walicek, quien recientemente presentó en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo su libro “Guantánamo y el imperio estadounidense: las humanidades responden”.

“Estados Unidos mantiene la base como un símbolo para mantener su posición estratégica y poder en el mundo, para controlar varias poblaciones caribeñas, los cubanos, los haitianos, los jamaicanos, entre otros”, dijo Walicek, quien es estadounidense y lleva 15 años trabajando en la UPR, a El Nuevo Día en Guantánamo.

“Si se estudia la historia de la base, hay varias opciones a corto plazo para devolver los terrenos a Cuba. Un primer paso sería cerrar la prisión, que es ilegal, pues han ocurrido cosas que ni el gobierno federal de Estados Unidos puede controlar. Ese sería un paso bien útil para analizar cómo utilizar el espacio y después devolver el territorio a Cuba”, agregó.
En teoría, el proceso para devolver la base naval es complejo. Si Estados Unidos decide cerrar las operaciones militares allí, eso no significa que renunciará al control sobre el terreno. De hacerlo, tendría que acordar con Cuba qué pasará con las instalaciones allí construidas, como el aeropuerto, los muelles, las residencias, edificios de trabajo y la cárcel. El Gobierno estadounidense podría destruirlos, venderlos a Cuba o simplemente cederlos.

Ese escenario, no obstante, pinta lejos de concretarse, por lo que la única certeza a corto plazo es que Caimanera seguirá de vecino de los marines de Estados Unidos, con las tensiones que un escenario como ese crea, sea para un lado o para el otro de la verja que hoy divide ambos mundos

Nueve expresidentes de América Latina son investigados por el caso Odebrecht

En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en 10 países de la región. El número de presidentes y expresidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los presidentes que, aunque no tuviesen relación con la constructora bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

Para el fiscal del Ministerio Público Federal, Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.

En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado en favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la Justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del Gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de Sao Paulo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa afirma que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Supremo Tribunal Federal, acusado de recibir más de R$30 millones (US$ 7.3 millones) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.

Infografía

En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo está en Estados Unidos, la fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial.

El único de los expresidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, US$3 millones de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir US$6.5 millones de Odebrecht.

Hay dos denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de US$7.5 millones. Está acusado de recibir US$3.5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.

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Falta de colaboración y dificultades para probar sobornos arroja pocos condenados
Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la constructora admitió pagar y los políticos de los países involucrados. En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido US$1,000 millones en sobornos a países de las Américas y de África. Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la Justicia brasileña. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasileñas para obtener informaciones de otros países.

“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de PEMEX, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado US$10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de este año, nadie fue indiciado.

Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el Gobierno de Estados Unidos, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht.

Más investigación. En Perú, la confesión de los ejecutivos de Odebrecht derivó en la creación de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios dentro del Poder Judicial.

Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores de Ecuador avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del Gobierno y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de R$2,000 millones (US$495 millones).

Aunque Odebrecht haya confesado delitos en América Latina hacia fines de 2016, recién en el último mes de abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.

Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas se congelaron. En julio de 2017, dos familiares del exministro de Transporte Haiman El Troudi tuvieron sus cuentas congeladas. Después de esto, no hubo ninguna condena.

En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia Argentina aún no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o ‘valijeros’ brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países están negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no prevé librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el ‘valijero’ paulista Leonardo Meirelles, que firmó la delación premiada con la Justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos de la delación, él afirma que transfirió más de US$500 mil a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.

Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el Gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aún sin las acusaciones de los ‘valijeros’ brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

En Colombia, 78 personas son investigadas actualmente por supuesta participación en el escándalo de corrupción; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio García Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Cárcel. Lula da Silva, expresidente de Brasil, guarda prisión por este caso.

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Reacciones de las instituciones
Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre 2003 y 2014, US$788 millones en sobornos para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava-Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos. El impacto no fue mayor porque, en diversas naciones de la región, falta independencia y estructura de las instituciones, como en el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias.

Las sacudidas más fuertes fueron en Perú, donde Odebrecht llegó a ser la mayor empresa extranjera en el país. El escándalo ocasionó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, substituido en el cargo por Martín Viscarra, juicios penales contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el expresidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El caso Lava-Jato también produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboración premiada, el Código de Procedimiento Penal de Perú comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.

Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron US$29 millones en sobornos en Perú fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios. Ese sistema comenzó a operar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios, entre ellos los del caso Odebrecht.

En Panamá, donde tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos de US$86 millones, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril, la cancillería panameña solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

Quien también huyó a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de US$18 millones en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el sur de México y a El Salvador.

Otro político prófugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, exministro y también excandidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco está avanzando en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.

En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de US$11 millones, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de US$32.5 millones, pero se estima que esa cifra aún puede ser mayor.

En Argentina, donde los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$41.9 millones para obtener varios contratos de obras públicas, las revelaciones proporcionadas por el Lava-Jato igualmente tuvieron un impacto enorme, aunque podrían tener mayores consecuencias si el Poder Judicial argentino pudiera acceder a la información brindada por los “doleiros” (cambistas ilegales) brasileños. En este momento, los fiscales argentinos aún negocian la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener información detallada sobre el pago de coimas por Odebrecht en Argentina.

La principal complicación en la obtención de un acuerdo es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes, cuando ellos colaboran con la justicia dando información. El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprobó, el año pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.

En Ecuador, donde Odebrecht pagó US$33.5 millones en sobornos, la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Los funcionarios eran allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.

Inicialmente, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Pero se cree que fue una estrategia para dispersar las investigaciones en vez de concentrarlas en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.

Otro país donde la influencia del Poder Ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí, el procurador general de la República es designado por el presidente de la república, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que realizó grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.

En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia Argentina aún no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o ‘valijeros’ brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países están negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no prevé librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Los principales líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no realizar una investigación consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.

En El Salvador, el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el expresidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht US$1.5 millones para su campaña presidencial en 2008, en la cual el asesor de marketing político fue el brasileño Joao Santana. Funes se exilió en Nicaragua después de haber sido acusado de desviar casi US$1 millón durante su gobierno. En abril último, el procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que solo consiguió cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuraduría General de la República brasileña.

Según los especialistas, México fue otro de los países donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. Allí fue creado un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el accionar de Odebrecht en el país. La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a escala federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública, luego de las investigaciones generadas por el Lava-Jato.

Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava-Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.

El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobación de la Cámara.

Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. “Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma Alves.

El mismo proyecto también limita las conducciones coercitivas. Por esta propuesta, testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza, sin haber sido previamente intimados a prestar declaración a las autoridades legales.

Es decir, las conducciones coercitivas solo estarían permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la idea. Por seis votos a cinco, determinó que la conducción coercitiva solo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna investigación fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña estén pendientes de ejecución en el país. La exfiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi, que tuvieron US$42 millones congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.

Díaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero. “La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.


Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana

 

Ronan Farrow y el fin de la diplomacia

Ronan Farrow

Ronan Farrow solo tiene 30 años pero ya ha estudiado Derecho y ha trabajado durante varios años en las Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. En su primer libro, “War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence” (Guerra contra la paz: el final de la diplomacia y el declive de la influencia estadounidense), Farrow explica el hundimiento de la política exterior estadounidense. “Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma”, dice Farrow.
Farrow (Nueva York, 1987) es hijo de la actriz de Hollywood Mia Farrow y del director Woody Allen, o, como admitió su propia madre, “posiblemente” también del cantante Frank Sinatra. Acabó la secundaria con 15 años, estudió Derecho y trabajó durante algunos años para Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. Desde 2012 trabaja principalmente como periodista. Farrow y otros compañeros del New York Times recibieron este año el premio Pulitzer por destapar parte del escándalo de abusos sexuales por parte del que fue el productor más poderoso de Hollywood Harvey Weinstein.

¿Cómo se le ocurrió la idea de este libro?
La idea de “The End of Diplomacy” comenzó a gestarse en mi interior hace ya algunos años cuando trabajaba en el Departamento de Estado y cuando tomé la decisión –que fue personalmente muy importante– de no volver al bufete de abogados en el que estuve durante mis estudios de Derecho.
En lugar de eso, me marché a Afganistán con el legendario pero también muy complicado Richard Holbrooke, un diplomático de la vieja escuela que llevó la paz a los Balcanes y después fue el encargado del Gobierno de Obama para Afganistán.
Tras tomar esta decisión vi como los procesos políticos cada vez están más dirigidos por el Ejército y como Holbrooke fue apartado en sus últimos días antes de morir en el cargo, como ocurrió con tantos otros diplomáticos. Entonces comencé a reflexionar sobre las consecuencias que tiene para el papel de Estados Unidos en el mundo quitar su poder a los negociadores y los pacificadores.

Usted tenía entonces poco más de 20 años, ¿cómo llegó a estas conclusiones?
Yo era demasiado joven para todo y estoy muy agradecido a Holbrooke y Hillary Clinton de que me dieran aquella oportunidad. De todos modos, tuve un papel muy secundario. Hablaba con las ONG y las organizaciones de derechos humanos locales, lo que me proporcionó una posición interesante desde la que podía observar esta tendencia.
Observé desde muy cerca violaciones de los derechos humanos pero no tenía poder para evitarlas. Comencé a examinar con detalle todos estos asuntos y descubrí una de las mayores transformaciones de cómo Estados Unidos hace negocios en el mundo. Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma.

Según su tesis principal, el poder de Estados Unidos ha pasado de instituciones y diplomáticos a personas individuales y al Ejército. ¿Las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para soportarlo?
En (momentos de) caos las personas recurrimos a nuestras instituciones. En estos momentos en Estados Unidos ya no hay apoyo. Embajadas vacías por todo el mundo, secciones enteras del Departamento de Estado que están dirigidos por funcionarios subordinados. No se puede hacer frente al caos. Necesitamos diplomáticos más fuertes que nunca, entonces tendríamos un contrapeso cuando Donald Trump tuitee de nuevo sobre la guerra. Pero ya no tenemos esta sólida diplomacia de apoyo.

Tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.

¿Pero en el Departamento de Estado sigue habiendo personas que están comprometidas con su trabajo?
Todavía hay funcionarios valientes y comprometidos que intentan compensarlo todo, tranquilizar a los aliados y mantener las relaciones. Pero son los menos y sus puestos ya no están tan reconocidos. La diplomacia ya no atrae a los mejores ni a los más inteligentes como debería ser en realidad. Y esto es una verdadera crisis (porque) podría repercutir en las generaciones venideras.

Usted estuvo algunos años en el Departamento de Estado. ¿Se hace algún reproche?
El libro también es la manera de aclarar mis complicados sentimientos en cuanto a mi etapa en el Gobierno. Tras la guerra en Afganistán todos nos sentíamos desconcertados. En cierto modo tenía la sensación de que tanto yo como todos los demás que formaron parte de la historia, en aquel momento, probablemente teníamos las manos manchadas con algo de sangre. Con mi libro por lo menos quería enfrentarme a una pequeña parte del problema.

El libro, su trabajo para (la revista) The New Yorker… ¿Cómo logra hacerlo todo?
En estos momentos tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.
Trato de nadar con la corriente, estoy completamente abrumado por todo el trabajo que me gustaría hacer y para el que no encuentro tiempo. Duermo poco, trabajo todo el rato y siento una gran responsabilidad hacia todas las fuentes que hablaron y hablan conmigo para (escribir) el libro o artículos.

Ha pasado casi medio año desde la publicación del libro en Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación actual?
Todo sigue siendo así pero peor.

“Las películas son para las siguientes generaciones”

Lejos. Lobi, su nana, una mujer morena, provenía de una de las zonas más empobrecidas del país y trabajaba con la familia Cuarón en una de las zonas con más desarrollo. El viaje que hacía era más que una distancia.

El detalle con el que Alfonso Cuarón realizó la producción de “Roma” es tal que el director sabía lo que había dentro de los cajones de la casa de sus protagonistas aun sin que estuvieran abiertos, las recetas de los platillos que comían, la música que escuchaban, la ropa que vestían.

Por eso su indicación para los directores de casting fue encontrar a una mujer exactamente igual a la trabajadora doméstica indígena que lo crio en la Ciudad de México en de la década de 1970. La actriz tenía que ser parecida no solamente en lo físico, sino en su manera de ser, algo que Cuarón dice que solo podía cotejar él mismo. Primero buscaron en la capital y terminaron yendo al sureño estado de Oaxaca por comunidades de la sierra hasta que dieron con la estudiante de Educación Yalitza Aparicio, quien pertenece a la etnia mixteca e interpreta a Cleo.
“Cuando conocí a Yalitza, fue una cosa inmediata. Yo te puedo decir que Yalitza es quizá de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida, en el sentido de cómo entiende emocionalmente cada momento”, dijo el director ganador del Óscar en un encuentro reciente con la prensa en la capital mexicana, en el que describió a la actriz como una mujer con una “inteligencia casi aterradora”.

Con esta película hablada en español y mixteco, Cuarón deseaba rendir un homenaje a uno de sus seres más queridos.
“Ella es parte del matriarcado que fue en mi casa. Quería entender ese proceso de la alquimia de la vida, en donde las familias no son de sangre, las familias se crean por lazos afectivos y hay que entender ese proceso también, y cómo incluso en las familias y en ese proceso dentro de la familia se hereda esa perversa relación que existe en nuestro país entre clase y raza”, apuntó. “El tema, creo, es fundamental”.

Mientras que su familia de sangre provenía de una clase media citadina y tenía la piel blanca, su nana morena venía de uno de los estados más pobres del país.
“Ella hablaba de una infancia muy dolorosa y de una infancia muy difícil, y de niño me hablaba de conceptos que eran bien abstractos, como el concepto de morirse de frío o el concepto del hambre. Para mí, el hambre era que nos retrasamos una hora la hora de la comida; aquí estamos hablando de hambre verdadera, de carencias reales”, dijo.
Cuarón, nacido en la Ciudad de México en 1961, busca entablar un diálogo, a través de su película, con las nuevas generaciones, con la esperanza de que encuentren un mensaje relevante en el retrato de la represión a las protestas estudiantiles de junio de 1971, ocurrida a escasos tres años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

“Yo admiro tremendamente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son vibrantes y creo que no han crecido con los miedos y con las claustrofobias que creció mi generación”, dijo el realizador, quien destacó el enorme potencial que tienen los jóvenes tras las más recientes elecciones presidenciales en México.
“Estamos viviendo la primera transformación, que tenemos fe sea para bien, que ha vivido nuestro país en décadas y décadas, y eso es gracias al impulso de la nueva generación. Por supuesto también gracias al impulso de gente que ha hecho un trabajo por décadas, el 68, el 10 de junio (de 1971) … el movimiento zapatista, que fue la llamada de atención más grande que hemos tenido en este país”.

“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

“Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta transformación democrática”, agregó. “Ojalá sea verdaderamente democrática”.
“Roma” fue filmada en blanco y negro en un formato digital de 65 milímetros con el que el director buscaba llevar al máximo la nitidez y la resolución.
“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

La función de esta imagen nítida, acompañada de sonido Dolby Atmos, era crear un cuadro con una visión extensa de los ambientes, pues para el director de “Gravity”, “Y tu mamá también” y “Children of Men”, “el contexto es tan importante como los personajes”.
“La ciudad es un personaje y eventualmente te das cuenta qué es el país del personaje y que esto solo es una familia que está fluyendo en ese contexto”, dijo.

“Roma”, que el jueves se presentó en competencia en el Festival de Cine de Venecia, será presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y es la pieza central del Festival de Cine de Nueva York. Estaba invitada a competir en Cannes en mayo, pero fue retirada unas semanas antes de que arrancara el festival francés porque también tendrá su estreno en la plataforma de streaming Netflix. Este tipo de estrenos digitales va en contra de las nuevas normas de Cannes, que considera una ventana de exhibición en salas francesas y un período de tres años antes de su llegada a internet.

“En realidad, el conflicto entre Cannes y Netflix no tiene nada que ver entre el conflicto entre los que aman el cine y los que odian el cine. Es muy fácil: es el conflicto entre dos modelos económicos y son dos modelos económicos que no han podido negociar una compatibilidad”, señaló Cuarón.
Para el director, lo más importante es que la película se vea. Desea que la gente tenga la posibilidad de disfrutarla en pantalla grande, pero también se dice consciente de que las nuevas generaciones, incluidos sus hijos, prefieren las plataformas digitales, pues ir al cine “les da una hueva (pereza) tremenda”, además de que las plataformas le dan una vida más larga a las cintas que de otra manera pasan por un período breve en cartelera.

“Es también un cambio cultural. Creo que las dos cosas pueden coexistir. Yo no creo que tienen que competir”, apuntó el cineasta. “No puedo pensar en una película solo a partir del estreno, porque las películas son para que las vean las siguientes generaciones”.

La familia. En esta, cinta Cuarón apunta hacia la formación de familias más allá de la sangre, por afecto y cercanía.