Cuestionar por el bien del país

Como buena parte de los salvadoreños yo también estoy cansada de la forma en cómo se hace política en el país; de candidatos y campañas con frases e imágenes bonitas pero carentes de fondo y honestidad para atender los múltiples y profundos problemas que enfrentamos como sociedad. Desgastada de que en corto plazo, las asociaciones dudosas y el saqueo de los fondos públicos parezcan ser los únicos intereses de quienes alcanzan el poder.

Llevo años decepcionada observando cómo abandonan a la nación y a la gente para cuidar intereses personales y de allegados. Los partidos políticos, a pesar de que han sido presionados para transparentar la forma en cómo gestionan sus finanzas, quienes los patrocinan o para aceptar que las sociedades cambian y que los paradigmas del pasado están siendo cuestionados a fondo, permanecen atascados en sus visiones añejas o lo que ellos llaman sus ideologías. Y eso los mantiene alejados de las variadas capas de realidad que vivimos los ciudadanos, dificultándonos puntos de encuentro para avanzar.

La campaña presidencial arrancó hace ya muchos meses y a pesar del tiempo transcurrido seguimos observando posturas románticas que suenan huecas. A los votantes, además, se nos trata de conquistar a través de imágenes diseñadas para agradar o sobre la base del ataque anónimo que solo exacerba los ánimos y genera conflictos a conveniencia y luchas entre “buenos” contra “malos”, donde realmente no se distingue entre unos y otros.

Mientras los aspirantes utilizan su energía en conflictos creados, ninguno está realmente liderando un debate que discuta con transparencia, honestidad y sinceridad las posibilidades que tenemos para atender problemas como la delincuencia, la falta de educación, el bajo crecimiento económico, la inmigración, la falta de oportunidades y de equidad entre diversidad de salvadoreños o cómo cerrarle las puertas a la impunidad. Y en ese proceso caótico el desorden, la falta de visión y la corrupción se siguen profundizando, en beneficio de personajes y grupos interesados en alcanzar el poder solo para su provecho.

Los candidatos, sin duda alguna, no la tienen fácil. Demasiados cerrojos y compromisos, demasiados socios y patrocinadores. Lo que les evita hablar desde lo profundo de sus convicciones; algo que se nota en su comunicación.

Como ciudadana solo tengo preguntas para quienes aspiran al poder, quienes hasta ahora no han logrado generarme ninguna confianza ni credibilidad. Sobre corrupción quisiera saber: ¿por dónde iniciarán su combate contra este flagelo?, ¿quiénes serán sus aliados para realizar ese trabajo?, ¿cuáles son sus asociaciones e intereses privados?, ¿están dispuestos a revelar esas relaciones económicas como un acto de transparencia?, ¿qué opinan acerca de las diferencias entre administrar una empresa y administrar un país?

Sobre la educación y la falta de recursos para desarrollar ciudadanos con pensamiento crítico y creatividad en lugar de masas obedientes e influenciables, quisiera saber: ¿cuál es la visión de largo plazo acerca de la educación en El Salvador?, ¿cuál será la estrategia para mejorar la educación en el país?, ¿cómo garantizarán un presupuesto adecuado para invertir en el recurso más importante, la gente?

Acerca de la violencia contra la mujer, me urge conocer hasta dónde los aspirantes conocen el fondo cultural y psicológico de este fenómeno que tiene un impacto enorme en la calidad de sociedad que tenemos y qué piensan hacer para atenderlo.

Sobre la delincuencia y su relación con la falta de oportunidades económicas y educativas: ¿cómo innovarán frente a un problema que no puede seguir siendo tratado únicamente con represión? y ¿cómo ejercerán control sobre las pandillas?

Los temas son múltiples y los ciudadanos, sin importar las simpatías partidarias, tenemos la obligación de actuar con responsabilidad y dejar de creer a ciegas. Hoy, nuestro deber es cuestionar constantemente.

Saludo a la marcha

«He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos».

Antoine de Saint-Exupéry

Fue una noche, mientras jugábamos encima de la cama del pick up Toyota Hilux del 79 de mis padres, cuando escuchamos aquellos gritos. Nos miramos con miedo mientras lo oíamos gritar, desangrado, inflamado, reventado, con las ropas rasgadas. Se bamboleaba por la calle Rafael A. Gutiérrez, un poco por efecto del alcohol y otro tanto por la golpiza –y quién sabe qué más– que llevaba encima.

Gritaba como clamando por algún tipo de justicia, o por algún tipo de fuerza que le explicara por qué a él. La gente salía a verlo. Algunos le decían cosas en son de burla y otros, como nosotros, solo mirábamos callados. Todos ahí lo conocíamos y sabíamos que era incapaz de hacerle daño a alguien. Se llamaba David, aunque muy pocos lo recordarán por el que fue su nombre legal. Le gustaba que le dijeran Yeni.

A pesar de conocerlo y de verlo así, no lo auxiliamos. Dejamos pasar frente a nuestros ojos uno de los más terribles desfiles de dolor y angustia. Lo recuerdo como se perpetúan las memorias de la niñez, entre borrosas y reelaboradas, con la impronta del miedo y la angustia que me marcaron. Recuerdo buscar la mirada de mi hermano mayor, como intentando encontrar alguna respuesta, pero él –igual que yo– era tan solo un niño.

No dejo de preguntarme por lo profundamente desolado que se sintió David en ese momento ni por todas las veces en que debió sentirse así durante toda su vida. No dejo de preguntarme por el infortunio que le mandó a nacer en un tiempo y en una comunidad donde todo lo distinto era rechazado, violentado y objeto de burla. Nada nunca lo protegió. No hubo Estado, derecho ni democracia para él.

Sin embargo, tantos años después, escenas como esta de mi niñez continúan dándose con igual o mayor brutalidad en muchas comunidades de El Salvador. A pesar de que todos convivimos con personas LGBTI, de que todos conocemos a una, somos amigos de una, hay más de una en la escuela, en la familia y en la colonia, nos empeñamos en negarles. Les rechazamos, les ignoramos o nos burlamos de ellos.

Nos escudamos en nuestro derecho y en nuestra religión para excluirlos. Pero quizá debamos volver a leer el espíritu de nuestras leyes y los principios de nuestra fe para darnos cuenta de que, muy probablemente, hemos construido un mundo muy lejano a sus principios fundamentales y nos hemos perdido en formalismos y esquemas que nos vuelven sociedades miserables.

Debemos apelar a la más básica de las capacidades humanas: la empatía. Esa capacidad de abrir nuestro ser para comprender a los otros y reconocer que no todos somos iguales, que hay personas que son y deciden vivir distinto. Pero la diversidad en nuestro país, lastimosamente, aún huele a peligro.

Por eso saludo a la marcha que lucha y se pronuncia por el orgullo y por la diversidad para intentar que no volvamos a caminar avergonzados, entre la oscuridad, como esa noche en que caminamos con Yeni y todos aquellos que no hicimos nada por protegerla. Y voto porque esta democracia les proteja, incluya y dignifique como ciudadanos plenos.

El valor de la vida

¿Cuánto vale la vida? No tiene precio, me dirá usted. Pero en nuestros países, con nuestros niveles espantosos de desigualdad y de deterioro social, sí lo tiene. La vida en nuestro entorno vale tanto como usted esté dispuesto a pagar por ella.

Vale lo que uno pueda pagar por atención de salud de calidad. No debería ser así, en absoluto, porque el Estado debería ser garante de que la salud pública sea gratuita, completa, accesible para todos, hasta para aquellos que no tienen nada. Los recursos destinados a salud deberían ser suficientes para garantizar que el desabastecimiento de medicinas, la falta de camas y la escasez de insumos fueran solo problemas temporales y corregibles, y no la regla.

La vida vale lo que uno esté dispuesto a pagar por “protección”. Una casa en una buena residencial con portón y seguridad privada, guardaespaldas, una camioneta blindada. O quizá apenas una vivienda en una colonia con pluma, en la que los vecinos se organizan para pagar un vigilante. O tener que dar la “renta” a quienes controlan la comunidad donde vives. Pagas por tu tranquilidad, por tu vida.

Sí, acá también debería ser el Estado el garante de que todos pudiéramos sentirnos seguros, sin importar nuestro nivel de ingreso. Lamentablemente no es así.

También la podemos cuantificar en razón de la vulnerabilidad. Mientras menos tienes, te vuelves más vulnerable a la violencia, a las enfermedades, a los desastres naturales. En terremotos, inundaciones o incendios, siempre los pobres se llevan la peor parte. Igual en epidemias y crisis económicas. El dinero se vuelve una armadura necesaria para sobrellevar las malas épocas y enfrentar los riesgos, y es algo de lo que las grandes mayorías carecen.

La vida pierde valor cuando estás en tu humilde puesto de venta a la orilla de la carretera, con tu bebé de solo cuatro meses de edad, y ambos mueren al ser atropellados por una camioneta que se salió de la carretera. Tres involucrados en el mismo accidente y solo la persona que conducía de la camioneta sobrevivió. No, no es invento mío, es algo qué pasó en esta misma semana y un ejemplo más de la vulnerabilidad en la que nos coloca la pobreza.

¿Esto se puede cambiar? Por supuesto. Con equidad, con una mejor distribución del ingreso, con una reducción constante de las brechas de desigualdad, con una mejor y más eficiente gestión de los recursos públicos, y, por supuesto, con pura y llana humanidad.

Los recientes casos de corrupción que involucran a expresidentes salvadoreños nos han dejado estupefactos por las cantidades de recursos que se malversaron: suman más de $700 millones. Esos mismos $700 millones equivalen a varios hospitales nacionales, a tres presas El Chaparral, a tres FOMILENIO II y, sobre todo, son la misma cifra de déficit que vienen arrastrando las finanzas públicas durante los últimos años.

Ese déficit, lo que le falta al Estado para cubrir sus gastos, se cubre con más deuda. Y así, el dinero que se podría haber usado para programas sociales, para salud, educación y seguridad se debe destinar al pago de esta deuda, más intereses.

Muchas vidas podrían haberse protegido, salvado y mejorado con ese dinero. Sí, la vida tiene precio, que no nos la sigan robando.

El agua no es de todos

No hay que engañarse. Hace tiempo que el agua en el país dejó de ser “de todos” y se ha convertido en un privilegio. Ahora, el acceso al líquido marca una profunda división social al igual que el acceso a servicios de salud de calidad o a la seguridad. No se ha necesitado privatizar el agua –ni la salud– para que esta sea un negocio, ante la mirada indolente y cómplice del Estado.

En ese gran marco de inequidad, en el que más de un millón de salvadoreños aún no cuenta con agua potable en sus hogares, se discute una ley de agua. Un proyecto que ha caldeado los ánimos de la gente y los primeros ya han salido a las calles a protestar. Esto por lo que se considera un intento de la derecha por privatizar el recurso. Aunque, en realidad, lo que hay en el país es una privatización fáctica del agua. Al menos para una buena parte de la población así lo es.

El agua es un lujo. Para las familias más pobres lo ha sido desde hace décadas. Privadas de un servicio de agua potable y de un saneamiento adecuado, han vivido una pesadilla que ahora el resto de la sociedad teme que se vuelva algo generalizado. Y solo porque se ha comenzado a plantear como un problema que puede afectar a todos los estratos sociales es que se le ha dado más atención al tema.

Pero muchas familias tienen años de comprar barriles de agua para vivir. Encareciendo aún más su precaria situación. Solo un ejemplo: en el cantón El Coyolito, de La Unión, nunca han tenido acceso al agua potable. Sus pozos se secan en los meses sin lluvias y tienen que comprar toda el agua que consumen: la que beben y usan para los quehaceres domésticos. Se la compran a un vecino de otro cantón que ha descubierto un nacimiento en su patio y comercializa el líquido. Así, sin ninguna autoridad visible, el agua es una mercancía más en las desérticas afueras de La Unión.

El caso de esta comunidad no es aislado ni único, sino que se multiplica en los demás departamentos del país. LA PRENSA GRÁFICA publicó hace unos días cómo desde ranchos privados sacan agua a discreción del lago de Coatepeque para comercializarla. Pero no solo ahí. El marcado consumo de agua envasada en el área urbana es otra muestra de una privatización de facto del líquido. Comprar agua era algo impensado en el tiempo de nuestros abuelos, hace apenas tres generaciones. Sin embargo, ha pasado lo mismo que en el ámbito de la salud. El sector público brinda un servicio tan malo que los que pueden pagar prefieren lo privado. Incluso las instituciones del Estado, que así como contratan seguros médicos para sus empleados compran agua embotellada para sus oficinas. De nuevo, el acceso al agua de calidad se determina por el poder de compra.

Y en el centro de todo está la incompetencia de ANDA. La Asociación Salvadoreña de Industrias de Agua Envasada (ASIAGUA) lo tiene claro cuando refuta uno de los “mitos sobre el agua embotellada” que cree la población: “El problema no es que no exista suficiente agua para suplir la demanda de la población y la industria, el problema es que ANDA no es capaz de abastecer lo requerido debido al mal estado de sus cañerías y equipos de bombeo; por lo que, si las industrias desaparecieran, aun así seguirías sin el servicio de agua potable”, apunta un afiche en su página oficial.

La discusión de la ley de agua no se puede trivializar. Tampoco se puede caer en la simpleza de asegurar que es una cortina de humo. Es un tema vital. Legislar sobre el agua es legislar tanto a los consumidores como a los poderosos. No solo a las empresas que la comercializan sino a la agroindustria. En los últimos años, el país ha reportado cosechas récord de caña de azúcar, lo cual conlleva uno de los principales consumos de agua del país. Ser un país productivo y garantizar agua para todos es lo que se debe discutir en el marco de la ley de agua. Los salvadoreños que no tienen acceso al líquido lo demandan. El agua debe ser de todos.

Conciencia para disminuir la violencia

La frase expresada por el fiscal general de la república en el caso de corrupción contra Mauricio Funes “Ada Mitchell Guzmán se vuelve casi una obra pública por toda la inversión de fondos públicos que hizo en ella el expresidente” da pie para hacer una reflexión sobre el machismo y la misoginia que opera en El Salvador. No solo porque lo dicho proviene de una de las figuras más importantes en el combate contra la delincuencia y el crimen en el país, sino porque también demuestra claramente cómo los prejuicios ocultos están presentes en la cultura salvadoreña.

Tuve la oportunidad de conversar con el fiscal acerca de esta declaración y aceptó que no había sido correcta, sobre todo por lo que su cargo representa. Por supuesto que esto no le resta relevancia a su trabajo. Ojalá lleve a la cárcel a los responsables del saqueo al Estado y recupere lo robado para invertirlo en la población más vulnerable.

La misoginia y el machismo significan respectivamente “aversión a las mujeres” y “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres…” Los chistes en los que se denigra y degrada a una mujer o a lo femenino, aunque cueste aceptarlo, representan una forma más de misoginia y machismo. Ambas tejen una red fina en el inconsciente que es difícil advertir en nosotros, en otros o en este tipo de manifestaciones. Las expresiones como la del fiscal general, aparentemente inocentes, son el primer paso hacia el desprecio, la violencia y el abuso en contra de las mujeres. Para comprender mejor solo basta ser curioso y leer la declaración del fiscal y los comentarios expresados en Twitter por hombres y mujeres acerca de lo que quisieran hacer o lo que, según ellos, se merece esta señora por haber sido llamada de la forma en la que lo hizo el funcionario.

Muchos padecemos de estos prejuicios inconscientes. Creer que las mujeres “valen menos que los hombres” o que “su rol es ser únicamente madres o esposas”, entre otros, son el resultado de haber aceptado esas ideas hasta haberlas convertido en verdades absolutas; alimentadas, además, durante milenios por filósofos, religiosos y hombres de ciencia. La verdad es que hoy, al igual que lo hicieron antes, estas continúan limitando el desarrollo de las potencialidades que existen en cada niña y en cada mujer, y también promueven y normalizan el control y la violencia hacia lo femenino.

Las cifras sobre la violencia en contra de niñas y mujeres en el país son perturbadoras. Según el observatorio de Ormusa, en el primer trimestre de 2018 hubo 1,515 delitos contra las mujeres, casi 17 casos al día. Diez mujeres fueron asesinadas por sus parejas entre enero y abril de este año. Entre enero y julio de 2017, un total de 1,948 denuncias por delitos sexuales fueron registradas, y la violación en menor e incapaz fue el delito más denunciado (47.95 %). Estas son solo cifras oficiales, porque la vergüenza y el temor evitan la denuncia.

Las creencias machistas y misóginas están ocultas en lo profundo de nuestro inconsciente, y por ello son peligrosas, porque nos llevan a normalizar este tipo de expresiones y comportamientos. Para traerlas al consciente, es necesario aceptar que formamos parte de una cultura machista, preguntarnos si esas manifestaciones denigrantes las utilizaríamos si fueran dirigidas a familiares o allegados, y corregir esas creencias en nuestros entornos.

Es urgente realizar un esfuerzo colectivo para entender las raíces de ese desprecio a lo femenino y construir una nueva conciencia con creencias saludables y edificantes acerca de las niñas y mujeres si en realidad deseamos reducir la violencia. Las palabras, que provienen de nuestras creencias, son generativas, construyen o destruyen. Al expresarnos irresponsablemente alimentamos el ciclo de odio-abuso-violencia-asesinato que en este país afecta no solo a niñas y mujeres, sino que corrompe a las familias enteras.

Los demócratas no nacen

Las actuales situaciones políticas de Honduras y Nicaragua nos confirman que sus procesos democráticos agonizaban desde ya hace varios lustros. Se deterioraban entre pijamas capturadas a medianoche por las botas militares o se ahogaban entre whiskies que pactaban cárceles de impunidad y reelecciones indefinidas. Si nos persignamos demócratas, estamos obligados a pronunciarnos en estos días de oscurana tiránica que sufre Centroamérica. Y no solo hoy, que la reprimida es la juventud de Matagalpa, sino también antes, cuando la tormenta de lacrimógenos caía sobre la juventud en Tegucigalpa.
En El Salvador, nuestra desnutrida democracia se muere lentamente presa de una vacua y sobreactuada polarización política de posguerra. Incapaz de responder con sentido a miles de compatriotas que viven con menos de un dólar su día o que han llorado a sus muertos y sus migrantes. Tristemente, nuestro único proceso democrático en la historia también ha sido incapaz de parar el éxodo y el río de sangre y pobreza. Entre promesas electorales de manos duras y luchas contra la corrupción, ha estrellado contra cada próximo redondel la esperanza de miles de salvadoreños.
Por su parte, en Guatemala, los tejes y manejes políticos no están menos meneados que en los de sus vecinos. Sin embargo, el aroma a esperanza parece llegar un poco más cerca. Aunque no sin importantes retrancas y acuerdos-tapaderas que se oponen a que finalmente estas tierras Centroamericanas dejen de ser gobernadas por finqueros y pasemos a gobernarnos como ciudadanos libres, acercándonos cada vez más a esas formas que se deshacen sin contenido en los labios de muchos insignes miembros de nuestras élites políticas y económicas: democracia, Estado de derecho, Constitución.
La democracia no es una declaratoria. Son unas reglas de juego, pero también una cultura política que se vive, que se respeta, pero sobre todo que se aprende. Los demócratas no surgen de ninguna pila bautismal ni caen frondosos de tolerancia y respeto de ningún palo de aguacates. A ser demócrata se aprende. Y resulta que por acá casi nadie quiere invertir en formación política, en procesos, experiencias y espacios de largo plazo que nos permiten reproducir un bagaje de prácticas, sentidos e ideas que nos preparen para convivir democráticamente.
Mientras no echemos a andar procesos de formación política en las que ejercitemos actitudes básicas para convivir en democracia -como la de saber perder, como la de no aferrarnos al poder, la de saber disentir sin insultarse, entre otras–, no vamos a cosechar procesos democráticos duraderos y profundos. Mientras nos gobierne la ley de Herodes o la de Hidalgo, mientras no nos eduquemos sobre otras pautas, entonces seguiremos viendo libertarios y revolucionarios convertidos en dictadores a diestra y siniestra.
A pesar de esta nueva oscurana antidemocrática que vive Centroamérica, también es importante enfocarnos en lo positivo, por lo que aprovecho para felicitar a los jóvenes que participaron y a los que hacen su voluntariado en procesos de formación política como el de las Juventudes Socialdemócratas de El Salvador (JSD), movimiento político juvenil que durante 11 años viene aportando a la formación de liderazgos democráticos a través de su Escuela Centroamericana de Liderazgo Público (ECLIP), que el 26 de mayo recién pasado finalizó la formación de su séptima generación, en un esfuerzo de voluntariado y compromiso que comprende que la democracia y los demócratas no nacen. La democracia se hace

Procesos truncados

Les creemos. O al menos, una parte importante de la población aún les cree. La prueba está en que les siguen votando. Dejemos a un lado a la masa de personas que están vinculadas directamente a los partidos, a las familias de los candidatos o a quienes creen o esperan que al sudar los colores de su instituto político van a lograr un trabajo en la administración pública. Hay muchísima gente que aún cree en nuestro sistema democrático y va y se expresa con su voto.

Esto parece una obviedad, pero es algo que muchos funcionarios olvidan o deciden ignorar una vez están asegurados en sus sillas. ¿A quién se deben? Al pueblo que los eligió, que paga impuestos de los que salen sus salarios, que les confían un cargo con la esperanza de que hagan las cosas bien o, al menos, no tan mal como las haría el otro.

¿Hay acaso en las noches de las elecciones reuniones de las cúpulas y de los nuevos gobernantes para establecer compromisos? “Bien, esta gente nos ha puesto en el cargo, no les fallemos”. ¿No? Generalmente los vemos celebrando y tirando más promesas al aire. Promesas, promesas.

En mis casi 20 años de ejercer el periodismo he visto cómo los aspirantes a diputados, alcaldes o presidentes llenan plataformas de campaña con cosas irrealizables, demasiado caras, o que no les corresponde hacer. Ofrecen generalidades —mejor salud y educación, mayor empleo, llevar al país a las grandes ligas del comercio y la inversión—, pero no nos dicen cómo lo lograrán. En el peor de los casos, y sobre todo ahora que el voto por diputados es por rostro, explotan su imagen y apariencia personal, y nos bombardean de caras bonitas, videos absurdos o espectáculos de “baños de pueblo” en los que se mezclan con esa base de la pirámide de la que rara vez vuelven a acordarse después de que ganan.

Otra mala costumbre, que al parecer tiene buenos resultados, es desviar la atención de mis propias carencias haciendo énfasis en las de mi contrincante. Ataques personales, notas con información falsa, memes, cuentas anónimas, todo lo que sirva para inventar deslices, poner en la boca del otro candidato palabras que jamás dijo y arrojarle todo el lodo posible, principalmente en las redes sociales. La estrategia es convencer al votante de que el otro no sirve, aunque yo no ofrezca nada.

O bien, sí ofrezco algo: planes llenos de promesas difícilmente materializables, sin medidas específicas, que abarcan ámbitos que no corresponden para el cargo que se están postulando, y sin definir las fuentes de financiamiento. Verdaderas cartas al Niño Dios que hasta ahora no nos han cumplido.

Pero aun así, en medio de todo esto, cada gobierno ha tenido sus apuestas: se acordarán cómo nos ofrecieron las privatizaciones como el non plus ultra de la modernización, cómo luego se nos vendió la maquila como la solución para el problema de empleo, y cómo llevamos ya varios años diciendo que El Salvador puede ser un centro logístico regional.

Más allá de lo acertadas o desacertadas de estas apuestas, lo que vemos cada cinco años, o cada tres, si cambia la configuración legislativa, son procesos truncados. El que llega borra de un soplo lo que el otro había comenzado. Se despide gente de puestos clave y se pone a otros que llegan a aprender de qué va la cosa. Se dejan a medias proyectos que prometían, como la Red Solidaria, que en su momento fue puesta como ejemplo, ahí sí, regional, de cómo el Estado podía usar las transferencias monetarias directas como una herramienta para el desarrollo social: estas eran condicionadas, y se amarraban a que los niños recibieran salud y educación.

¿Cuántos procesos truncados seguiremos viendo? ¿Es irreal esperar que lleguemos a armar verdaderas apuestas de país a las que se dé continuidad sin importar quién esté ocupando la silla? Estamos por entrar en campaña, de nuevo. Si alguien me promete que hará lo posible por lograr grandes acuerdos políticos y armar planes que nos saquen del agujero económico y social en el que estamos, que se respetarán de período en período, pues quizá sí, quizá yo también le confiaría mi voto.

Las pifias de la Asamblea

Los diputados de la Asamblea Legislativa son los únicos que han logrado desviar un poco la atención del mundial de fútbol. Lo han hecho a punta de pifias que no han caído en gracia a nadie. Ni siquiera a los más optimistas y críticos de lo que llaman la “antipolítica”.

Una cadena de desaciertos que los hace hundirse aún más. Es verdad, en El Salvador, el fútbol nacional y la política parecieran ir emparentados en los últimos tiempos. Porque de tanto en tanto, la gente puede mostrar algún mínimo grado de ilusión, pero todo ha terminado en debacle.

Más aún con el triste episodio de los amaños de partidos en la selección y con los desmanes federativos, que solo ilustran que el fútbol, como la política, se vive bajo los conceptos de que todo se puede negociar –incluso la dignidad–, el tráfico de influencias y la poca transparencia.

Así, los diputados recién electos para la legislatura 2018-2021 han tenido un arranque para el olvido. El mismo presidente del congreso, Norman Quijano, cometió el “desliz” de afirmar públicamente que invertir en un nuevo edificio legislativo era necesario, por las fallas estructurales que tiene el edificio donde se sesiona en la actualidad. Algo que al instante indignó a muchos, en un país donde el déficit habitacional (hay, todavía, bastantes hogares con piso de tierra, entre otras carencias) aún es alto y los graves problemas de infraestructura en escuelas y hospitales son ampliamente conocidos. El Hospital Nacional Rosales –cuyo armazón de láminas traídas desde Europa a estas alturas debería de ser museo– solo fue el símbolo de la desazón. Sin duda, fue un gol en propia puerta de Quijano. Que después se trató de matizar, pero el daño estaba hecho.

La gente no se había recuperado de la polémica del edificio legislativo cuando cayó otro baldazo de agua fría: el diputado Velásquez Parker aseguró que el salario por ocupar una curul es demasiado bajo. Algo ridículo y mezquino si se compara con el salario mínimo vigente en el país. Pero hubo quienes salieron a defenderlo esgrimiendo argumentos como que un profesional con un puesto ejecutivo en la empresa privada puede ganar más del doble de lo que recibe cada mes un diputado. Como si la gente debiera buscar una carrera legislativa en el afán de enriquecerse. “Voy a llegar a servir y no a servirme”, repiten hasta la saciedad cuando están en campaña electoral. Algo que queda en el olvido cuando recién asumen.

Pero la última “jugada” que nos llega desde la Asamblea tampoco es de pasar por alto. Y es que la bancada del FMLN va a contratar como asesores a exdiputados que no resultaron electos para la legislatura 2018-2021. Todo, según dicen, para “capitalizar la experiencia” que han adquirido después de tantos años en el pleno. Una afrenta a la voluntad popular –expresada desde su mismo voto duro– que exige una renovación en la bancada. Como si a un jugador lo expulsaran de un partido y, obstinado, le llevara la contraria al árbitro y quiera seguir en el campo. La dirigencia del Frente sigue jugando bajo sus reglas, lo que ha llevado al partido a quedar relegado a un tercer lugar en intención de voto, según las últimas encuestas.
El fútbol y la política se han convertido en un negocio. Cada cuatro años, el mundial parece robarse todas las miradas (los medios asumen que a todos les gusta el fútbol). Pero en El Salvador, el “show” parece venir desde el salón azul. Y no han podido tener peor arranque para el periodo 2018-2021. Después de la campaña electoral, en pocas semanas han quedado retratados como lo que en realidad son.

De prejuicios, crisis y redes sociales

Vivimos en una época con acceso irrestricto a información y conocimiento, en el que la denuncia de prácticas y creencias que hasta hace muy poco eran aceptadas se ha vuelto la norma. Grupos de población que antes se habían replegado frente a los abusos e irrespeto de sus derechos ahora están hablando abierta y directamente. Estamos conectados con el planeta y esto nos ha permitido ampliar la comprensión del mundo que habitamos; aunque también nos ha hecho más vulnerables a información falsa y ataques personales.

Las crisis en redes sociales son una constante. Nadie está exento. Por lo que se vuelve importante evaluar a fondo los cambios que se están produciendo en el mundo con apoyo de estas herramientas. Aquellos que ocupan posiciones públicas o liderazgos activos, o simplemente quienes aprovechan el espacio virtual para expresar sus ideas, valores o estilos de vida, enfrentan el enorme desafío del escrutinio de sus palabras y, sobre todo, de sus acciones. Ahora es requerido ser coherente y volverse ejemplo de lo que se promueve.

Además, han tomado fuerza movimientos étnicos, colectivos relacionados con el género, la sexualidad y movimientos de inmigrantes que han sido forzados a huir de sus lugares de origen en el mundo entero. Todos ellos están reclamando su derecho a recuperar y vivir sus tradiciones y valores. Asimismo, existe una serie de conceptos que no son nuevos, pero que están resurgiendo con la presencia de activistas que han ampliado su voz a través de lo digital. Hay mucho que comprender acerca de temas como la supremacía blanca, el patriarcado o el feminismo interseccional.

Sin lugar a dudas, la humanidad entera ha vivido por milenios bajo el paradigma que considera a la raza blanca superior al resto. Esta idea y otras, como que las mujeres tienen menores capacidades intelectuales que los hombres, o que los negros delinquen más que los blancos, o que los indígenas son violentos por naturaleza, han sido asumidas en el inconsciente colectivo y han sido promovidas en beneficio de unos y prejuicio de otros; convirtiéndose en verdades absolutas que muy pocos se atrevían a cuestionar hasta hace unos años. Estos prejuicios nos han llevado a deshumanizar y a creer que unas vidas valen más que otras, y esta diferenciación justificó la dominación, el maltrato, la expulsión, llegando hasta el asesinato de millones de seres humanos.

Esta es la época que nos ha tocado vivir y somos testigos de las consecuencias devastadoras en las vidas de millones de personas por causa de esos paradigmas. Nuestra responsabilidad, como mínimo, es tratar de comprender el impacto y autoanalizarnos para evaluar cómo nos han afectado y cómo hemos afectado a otros con estas creencias.

Si la intención es tener algún impacto en nuestros entornos más cercanos e incluso ampliarlos a través de las redes sociales, es deseable reconocer esta realidad y reducir el margen de enfrentar una crisis debido a prejuicios o ideas que se expresan sin haber sido evaluadas. Es recomendable autoaplicar un “doble clic” y revisar esos prejuicios ocultos que nos hacen opinar sin empatizar con realidades que, por no vivirlas, no las comprendemos. En este nuevo contexto se vuelve relevante, también, entender cómo los privilegios que una persona ha tenido (mejor educación, oportunidades laborales, protección familiar, entre otros) no son la norma para millones de individuos y, por lo tanto, es indebido creer que estas ventajas aplican igual para todos.

Escuchar para comprender a fondo cómo esos paradigmas, bajo los cuales hemos vivido y actuado, han tenido impactos en diversas poblaciones, es una forma que el ejercicio del liderazgo, desde cualquier ámbito, exige en esta época de transparencia extrema.

Ciudadanía digital para la paz

En El Salvador, cuando pensamos la seguridad pública solemos enfocarnos en su dimensión represiva. Sin duda es sumamente importante reprimir a quienes han transgredido nuestros valores más importantes como sociedad, pero también es verdad que deberíamos aspirar a más que solo castigar a los delincuentes, sino que a prevenir que estos se conviertan en tales, y a evitar, en la medida de lo posible, el hecho criminal y sus respectivas secuelas para las víctimas.

Ese énfasis represivo de la seguridad pública se encuentra íntimamente relacionado con la tendencia predominante de enfocarnos en los comportamientos y expresiones negativas de las juventudes del país, dando poca prioridad a aquellos jóvenes y agrupaciones juveniles que tienen vigencia positiva en el país y en sus comunidades.

Por otra parte, buena parte de la sociedad salvadoreña, principalmente las juventudes han adoptado aceleradamente las nuevas tecnologías como parte importante de su diario vivir. Lo hacen, principalmente, a través de su relación con los teléfonos celulares. A pesar de la centralidad adquirida por estas en la vida de las juventudes, hoy por hoy, las políticas públicas relacionadas con la juventud –y más específicamente las de prevención de la violencia juvenil– no incluyen de manera comprehensiva y coherente los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

En tal sentido, es de suma importancia la incorporación de las TIC a las políticas que van dirigidas a las juventudes y la seguridad pública en general; y la prevención de la violencia juvenil, en específico. Esta articulación con las TIC debe ser en sintonía con los estándares internacionales de protección de datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, nunca en menoscabo de estos. No se trata de proponer una invasión masiva de la intimidad en pos de una seguridad que en muchas ocasiones resulta ficticia.

Se trata de unas políticas que aprovechen las TIC para estimular la cohesión social, la participación política y el acceso a la educación de las juventudes. Esto pasa por comprender la relación de las TIC y la prevención de la violencia juvenil como una inversión de mediano y largo plazo, generadora de un nuevo (ciber) espacio público en el que las juventudes se relacionen a través de reglas y valores más propios de una democracia fundamentada en sus derechos humanos.

En ese sentido, este próximo 17 de mayo se celebrará nuevamente el Día del Internet, un esfuerzo de la sociedad civil e iniciativa privada mayoritariamente, liderado por el ingeniero Lito Ibarra, que tendrá este año como tema central de reflexión: “Seamos buenos ciudadanos digitales”. Durante 10 años consecutivos han concurrido a esta celebración buena parte de los círculos profesionales, activistas, intelectuales y emprendedores ligados a las TIC del país, y en esta ocasión aprovecharán para tener un conversatorio de alto nivel con funcionarios de UNESCO sobre la prevención de la violencia juvenil a través de las TIC.

La celebración del Día del Internet se trata de un encuentro privilegiado, de una pausa necesaria para reflexionar sobre los impactos que el internet y las TIC en general tienen sobre la construcción política de nuestra nación, y sobre cómo aprovechar sus ventajas para la formación de unas nuevas generaciones con mayor capacidad de resolver sus conflictos a través de mecanismos no violentos y, por lo tanto, para construirnos una sociedad más próspera y pacífica.