Carta Editorial

En el texto que abre esta edición hay una medida de tiempo que duele. Es la que va desde Katya Miranda hasta Carla Ayala. Duele porque si preguntamos qué ha cambiado entre estos dos crímenes y cómo el sistema absorbe los delitos contra las mujeres, la respuesta es que muy poco o casi nada. Y entre estos dos casos hay, además, un innegable involucramiento de miembros de la corporación policial que lejos de ser un aliciente para que los casos, por cercanía, se resuelvan con más celeridad que la media, el efecto es todo lo contrario. El peso de los azules los hunde mucho más rápido en el pantano de la impunidad.
Y lo que simboliza es grave. El nombre de los buenos elementos de la Policía Nacional Civil se pierde entre la cada vez más larga lista de evidencias de abusos de autoridad o de negligencia. Las delegaciones están llenas de historias de acoso y abusos. También están plagadas de tratos indignos que se les dan a quienes en un completo estado de vulnerabilidad llegan a colocar denuncias para salvar de la invisibilidad las violencias domésticas.

Las del 7 y 8 de marzo han sido en El Salvador marchas que se han impuesto a la tradición de no hacer nada. De esa maña de indignarse ante la última que murió vapuleada, pero no mover un dedo para evitar que otra llegue hasta esa consecuencia. Lejos de ser solo tráfico, las marchas educan, porque en un país tan negado a abrir las puertas hacia una educación libre e inclusiva, queda eso: gritar en la calle para que lo escuchen tantas como se pueda.
Un cambio institucional y de maneras de pensar como el que se necesita en El Salvador no puede ser sosegado ni tímido. No es tiempo de callar.

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Pasamos mucho tiempo viendo a El Salvador desde el mismo ángulo; y, por lo general, es uno negativo. Hoy es un buen día para ver hacia ese país que también está habitado por gente que hace, a pesar de que nada se lo facilite.
Brenda Vanegas es una cineasta salvadoreña. Definirla en esas dos palabras es una conquista. Todo por lo que ella ha pasado para realizar el preestreno de su película “Volar” da una idea de lo mucho que tiene que cambiar en este país para impulsar a que cada vez sean más las personas que se realizan en el arte. Y esa es la clave que muchos programas y planes pasan por alto. No se soluciona un problema solo viendo hacia las consecuencias.
Vanegas ha abierto, con mucho trabajo, una brecha ahí en donde no había camino. Al hacerlo no solo alcanza el éxito de exhibir una película, sino que también lo hace al poder decir a los demás que cuesta, mucho, pero se puede. Ella pudo hacer una película salvadoreña y no es poco.
Aquejado por una cantidad enorme de problemas, El Salvador necesita que haya faros; no solo que se abran oportunidades, sino también que se ilumine el camino de otros que ya lograron alcanzar sus metas y que van por más. Hay una necesidad enorme de hablar con la verdad acerca de disciplina, persistencia, esfuerzo, trabajo, compromiso y pasión como la lista de lo básico para poder llevar a cabo proyectos.
Vanegas ha hecho algo inusual. Ha podido ponerle la “salvadoreña” a una película. Y manda un mensaje importante en este tiempo. Ese de que es posible construir incluso acá, en donde ninguna promesa se cumple. Con su terquedad por el arte se convierte en la mejor manera de explicar a otros que aunque el panorama luzca oscuro y por ratos la marcha se detenga por falta de presupuesto, reanudarla y continuar hasta el final vale la pena.

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El compromiso sigue vigente. Esta es nuestra edición número 500 y el texto principal de esta entrega resume bien aquello que desde el inicio nos marcamos como meta. Cada semana buscamos abordar la mayor cantidad posible de aristas de un tema para poder presentarlo no solo con el afán de informar, sino que de ampliar las oportunidades de comprender algo desde la sensibilidad y la exactitud.
Y así es el reportaje de la periodista Valeria Guzmán. Este es un rosario de datos que sirven para ilustrar el tamaño del abandono del adulto mayor y cómo el abuso del que acaba siendo víctima este colectivo –del que tan poco se habla– se ha convertido en algo sistemático.
Pese a que dan cuenta de lo mucho que se ha extendido el problema y de lo difícil que es solucionarlo a corto plazo, los números no producen empatía. Esa viene con los rostros, con la posibilidad de conectar lo macro con la vida de alguien.
Acá hay personas que miran a los ojos a otras y que ponen lo mejor de su talento para narrar lo que esos ojos explican. La de los adultos mayores es una deuda urgente. Es otra de esas injusticias imperdonables que son posibles por un Estado negligente y una sociedad que mira para otro lado.
Desde acá seguimos en el reto semanal de informar, contar, explicar y presentar a nuestros lectores panoramas que no son perfectos, pero que tienen como virtud que son producto de acercamientos a los que les sobra humanismo y respeto indiscutible a la práctica de la confirmación.
No hemos llegado hasta acá solos. Agradecemos a quienes con una confianza inexplicablemente grande nos han abierto las puertas de sus casas y de sus vidas; a todas nuestras fuentes y a los lectores que, en medio de una ola de efusividad por lo rápido y efímero, se mantienen firmes.
Gracias por seguir acá.

Carta Editorial

Las instituciones que más gente convocan deben pensar en cómo mantener la atención de la mayoría. Pero no pueden dejar de lado el establecimiento de canales fluidos para que las minorías también sean escuchadas. Esta es una de las aristas a las que apunta el reportaje que abre la edición.
La Iglesia católica salvadoreña ha tenido que hacer frente a señalamientos por abusos sexuales en las que los acusados han sido sacerdotes. En un corto tiempo llegaron a la opinión pública tres casos que la institución religiosa buscó resolver con toda la celeridad posible.
Pero rápido no quiere decir infalible. Y una de las historias recogidas en esta entrega da cuenta de la insistencia de un sacerdote en que es inocente y en que su caso se manejó en medio de una serie de inexactitudes que llevaron a que fuera el papa Francisco mismo quien decidiera retirarle su investidura.
Por otro lado, está el testimonio de una mujer que dice haber sido agredida cuando tenía menos de diez años. Ahora, más de 30 años después, ha buscado comenzar un proceso dentro de la Iglesia para que se reconozca quién y dónde fue víctima. Pero, sobre todo, quiere que la institución mejore los canales de denuncia. La de ella es una historia llena de pasajes de revictimización que quiere evitar para los demás que se encuentren en su situación.

El gran tema que atraviesa estos testimonios es el de instalar protocolos efectivos de denuncia e investigación de los casos. Este es un vacío que todavía existe y que la Iglesia católica debe afrontar con más apertura de cara a respetar los derechos de todos sus miembros, incluso de los que manifiestan haber pasado por una amarga experiencia dentro de la institución religiosa.

Carta Editorial

Migrar en las condiciones en las que lo hacen muchos salvadoreños es doloroso. El desarraigo abrupto no solo deja consecuencias en lo físico. Lo emocional se ve afectado en una escala difícil de medir. El que abre esta revista es un reportaje que explora el panorama que recibe a los compatriotas que huyen hacia Costa Rica. Porque la forma en la que son obligados a dejarlo todo se parece más a eso, a huir, a escapar de un peligro que creció demasiado.

En Costa Rica, pese a la cercanía geográfica y el lenguaje en común, los reciben con una pared de distancia. El primer obstáculo es el de conseguir empleo. Los salvadoreños protagonistas de esta historia cuentan cómo, pese a estar calificados para realizar labores, no consiguen quien los contrate por falta de documentos.

A Costa Rica le preocupa que la cantidad de peticiones de refugio de parte de salvadoreños haya ido cada año en aumento. El Salvador también debería mostrar esta preocupación en una mayor escala. Debería estar interesado en saber por qué la población deja todo, debería hacer mucho más para evitarlo y, en caso de no poder obtener resultados a corto plazo en este punto, debería hacer muchas más gestiones para ayudar a los que no han hallado más opción que partir.

Pero lo que uniforma a las historias de estos desplazamientos forzados es, aparte del miedo, la soledad. La familia a la que pertenece este relato no ha encontrado solidaridad en los Estados, la ha hallado en los vecinos, otros como ellos que no tienen mucho pero que comparten lo que tienen.
La migración para los salvadoreños sigue siendo un camino de desesperados.

Carta Editorial

Hay dolores que el tiempo no cura. Son del tipo que solo se puede atenuar con justicia. Y exigirla en un país tan dado al olvido es, en sí mismo, un acto revolucionario. Para la mayoría ni siquiera es posible imaginar la cantidad de entereza emocional que se requiere para ir y pararse en el mismo lugar en el que fueron masacradas familias completas. Cuánto de valentía debe haber en aquella persona que le señala a un fiscal adónde se ocultaban su hermanos pequeños y sus padres y cómo es que, tras la violencia, sus cadáveres fueron arrastrados por el río. Este acto de investigación que busca acercar la justicia sucedió la semana pasada, mientras el país daba la espalda a una de sus deudas más delicadas.
La primera vez que se denunció la masacre de El Calabozo fue hace 26 años. El cálculo es que ahí se le arrebató la vida al menos a 200 personas, entre hombres, mujeres y niños. La visita de los fiscales guiados por los sobrevivientes ha sido posible porque una resolución de la Sala de lo Constitucional ha hecho prevalecer el derecho de los sobrevivientes a la justicia, una que no ha sido pronta, pero sí sigue siendo necesaria.

Sanear este tipo de heridas implica provocar otros dolores. El proceso que se ha iniciado tiene uno de los grandes escollos en que difícilmente se van a encontrar los restos. A muchos, el río se los llevó. Y a otros, ante el abandono de la zona, se los llevaron los animales.

Hay en esto algo que no se puede obviar y es el empuje de los sobrevivientes que, a costa incluso de su propia salud física, no están dispuestos a quitar el dedo del reglón. Saben que ninguna paz se basa sobre la impunidad. Y no están dispuestos a olvidarlo, ni cuando ya han pasado 26 años de la primera vez en que demandaron que se investigara.

Carta Editorial

El Grupo de Diarios de América (GDA) ha buscado medir un fenómeno que uniforma a los países latinoamericanos: el irrespeto a los derechos de las personas que forman parte del colectivo de la diversidad sexual. Los resultados nos muestran el casi nulo avance que ha habido hacia una justicia universal.

Hay, para empezar, una violación al derecho a la identidad. Este es uno de esos espacios en los que nadie debería intervenir y en el que los Estados deberían dar garantías absolutas de que una persona va a poder vivir como decida, bajo el nombre con el que mejor se sienta. Pero esto, si se logra, es solo en algunos de los 10 países analizados y después de librar agresivas luchas.

Y la batalla por el nombre va más allá de muerte. Gente que logra reasignarse nombre ante la sociedad pierde todo al morir. Regresa al nombre legal y no hay manera, por ejemplo, de que este colectivo sea visible en estadísticas de muerte violenta. En El Salvador, por ejemplo, Medicina Legal no tiene herramientas para poder categorizar a las víctimas más allá de hombre o mujer. ¿Cómo se mide la violencia dirigida a este colectivo si no se sabe ni cuántos han sido víctimas?

Este trabajo es efectivo en demostrar que la barbarie con la que se ataca a este colectivo es significativamente alta, pero ni ese ensañamiento focalizado ha sido suficiente para activar los mecanismos de justicia.

El camino que lleva la mayoría de crímenes de odio es la impunidad. No se investiga, no se castiga a quienes impulsados por la discriminación atacan con especial furia. Y tampoco se evita que nuevas víctima caigan en este abismo de silencios que acaban siendo cómplices.

Carta Editorial

Hay gente en este país condenada a rehacer todo en su vida una y otra vez. Y no, no es motivo de orgullo. Debería ser motivo de preocupación y vergüenza. El estado de vulnerabilidad extrema que comparten tantas personas es muestra de falta de solidaridad, en primera instancia. Pero también desnuda la ausencia de planes a largo plazo, de inversiones estratégicas para reducir el margen de daño ante cualquier evento inevitable. Deja claro que después de tanto sufrimiento acumulado, el país no aprende la lección y sigue yendo a la deriva.

En 2011, la depresión tropical 12-E instaló nuevos récords de lluvia acumulada, anegó cultivos, provocó deslaves, hubo inundaciones y los ríos se desbordaron. Gente murió. Otros lo perdieron todo. Ojalá fuera una tragedia contada solo una vez, pero tanta desgracia se repite cada cierto tiempo en mayor o menor medida. Siempre hay personas sufriendo hasta lo más profundo por fenómenos que no se pueden controlar, pero cuyas consecuencias se deberían ya haber atenuado con base en la experiencia y en la adecuada planificación. Y no, no se hace.
Casi siete años después de la tragedia, las familias afectadas que protagonizan el texto de la periodista Valeria Guzmán apenas han podido eliminar uno de los riesgos, que era vivir cerca de un río. El resto de vulnerabilidades sigue ahí, acompañándolos a la espera del siguiente episodio de este drama que supone vivir en un país que no se prepara y que no asume con sabiduría las lecciones.
A estas familias ya se les debe mucho. Y no hay nada que haga pensar que no va a aumentar el número de familias en las mismas circunstancias. La deuda seguirá creciendo si no se ejecutan acciones que fortalezcan y dignifiquen a las comunidades.

Carta editorial

Lo que se lee en el reportaje que abre esta edición es la necesidad suprema de hacer transparente la gestión pública. A lo largo de la historia de este país ha habido muy pocos intentos por involucrar a la ciudadanía en la manera en la que se invierte y se mueve el dinero público. No ha habido una gestión efectiva para aumentar el interés de la gente en la manera en la que los gobiernos trabajan desde un punto de vista técnico. Solo los escándalos hacen volver la mirada hacia los aspectos administrativos, y no, no es lo correcto.

Un Gobierno que hace bien las cosas debe ser un gobierno de puertas abiertas, que permita a cualquiera no solo el acceso a la información, sino que también brinde espacios adecuados para increpar y para mostrar desacuerdos. El Salvador, hasta la fecha, no ha visto nada así.

En el reportaje titulado “Las millonarias empresas que cabían en una oficina”, el periodista Moisés Alvarado explica cómo, según lo expuesto por la Fiscalía General de la República, grandes cantidades de dinero público fueron a parar a empresas cuya formalidad ha quedado en entredicho y que no tenían ni una sede con suficiente capacidad para realizar las acciones que alegan.
La transparencia no es un accesorio ni es una deferencia. La transparencia es indispensable en toda acción que lleve a cabo un gobierno democrático. La clave para evitar cualquier caso de corrupción pasa por entender que es necesario eliminar cualquier pasillo oscuro dentro de la administración pública. No debería haber ahí nada qué ocultar a la población, la cual aporta el dinero con el que ese aparato funciona.

Los gobiernos están obligados a rendir cuentas y a explicar cómo caben, dentro de sus sistemas, empresas como las descritas en el reportaje de esta edición.

Carta Editorial

Una de las maneras más efectivas para controlar la delincuencia de altos vuelos es afectar sus mecanismos de acumulación de riquezas. Este es el espíritu que rige normas como la Ley de Extinción de Dominio y es también lo que genera el nacimiento de instituciones como el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

El objetivo no es solo golpear las finanzas de la delincuencia organizada, sino que también dotar a los Estados de más recursos. Hacerlo, sin embargo, implica no solo blindar a los funcionarios a cargo contra la corrupción, sino que también que estos funcionarios adopten mecanismos para ser eficientes en la administración de lo incautado, sobre todo cuando son empresas en activo.

El Salvador está en un momento en el que debe probar que puede convertir una crisis en el combustible necesario para sacar provecho máximo de las leyes dictadas y de lo que instituciones como el CONAB pueden hacer si se les deja trabajar.

En esta primera edición de un año que se plantea como crucial en aspectos como el electoral, arrancamos con este tema que, pese a que no genera las empatías de una historia, es de una indiscutible importancia. El abogado costarricense Dennis Cheng es el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y desde junio de 2017 trabaja como asesor del CONAB. En esta entrevista realizada por Moisés Alvarado desmenuza un diagnóstico en el que explica qué es lo que gana el país con el trabajo de esta institución. Pero, también advierte sobre la falta de reglamentos que dejen en firme los procedimientos a seguir. Una sociedad que busque soluciones a largo plazo debe también adquirir el compromiso de informase acerca de cómo fiscalizar mejor.