Carta Editorial

Esta edición podría ser un resumen a luz y sombra de qué sucede a los niños que migran a Estados Unidos. Por un lado, podrían encontrar una brillante oportunidad para desarrollar sus peculiares talentos; aunque, por el otro, podrían acabar separados de sus padres, encerrados y solos ante un juez que, en el mejor de los casos, los despachará con una orden de salida voluntaria. En cualquiera de los casos lo que uniforma es un trauma que difícilmente será superado.

Javier Zamora es un salvadoreño que, a los 28 años, ya ha estudiado en varias de las mejores universidades de Estados Unidos. Cuando tenía solo nueve años, salió de San Luis La Herradura para recorrer una ruta del migrante que se le quedó grabada como una herida de las que nunca se curan del todo.

Estudió con becas. Esas que se ganan al demostrar habilidades extraordinarias. Ese tipo de habilidades que obligan a hacer la pregunta de qué habría sido de él en el San Luis La Herradura.
Esta edición podría ser un resumen de lo que sucede a los niños migrantes. Pero, en realidad, los textos incluidos llevan a pensar más en lo que nos concierne como país: ¿por qué los niños son obligados a migrar para poder superar las enormes barreras que les impone la desigualdad?

Zamora tuvo que huir de una posguerra que ya daba avisos de ser una etapa no de reconciliación, sino que de profundización de las lesiones sociales más graves. En su reciente regreso al país, el joven se ha venido a encontrar con la descendiente de aquel proceso mal hecho: la violencia, esa por la que desde la casa de sus abuelos escuchó las balas que pusieron fin a la vida de alguien. Esa es la que lo tiene desesperado por irse a Estados Unidos. Un sentimiento que provoca buena parte de las migraciones actuales y que, para el país receptor, ya no viene siendo motivo suficiente para dar asilo.

Muchos de los niños que están llegando ahora ante un juez de Migración en Estados Unidos, solos, son menores que Zamora cuando emprendió el camino. Pero son el rostro del gran fracaso de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad. Esas que, pese a ser conocidas como “públicas”, no alcanzan a llegar a todos. Algo que, en su momento, también Zamora representó.

Carta Editorial

Ningún poder vale más que la vida. La situación de Nicaragua es insostenible no ahora, sino desde el momento en que comenzó. En las regiones latinoamericanas ha sido fácil para los gobernantes olvidar que se deben a quienes los eligen. Si quienes los eligen ya está tan disconformes con su trabajo, que se organizan para manifestarlo y dejarlo claro, lo que toca a un gobernante –si le queda algo de sensatez– es no solo escuchar, sino que acatar tan pronto como sea posible.

En Nicaragua no pasó así. En las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ya han muerto más de 200 personas en dos meses y medio. Si ya es un signo del deterioro de los derechos humanos que los cuerpos de seguridad reciban a los manifestantes con violencia, lo es más que esta represión de los cuerpos de seguridad no se limite a quienes ejercen una participación activa. Entre las víctimas mortales hay niños.

En el reportaje de esta edición se menciona a cada una de estas víctimas que, con su sangre, han puesto en evidencia la desmedida respuesta de un gobierno que hace rato prefirió no escuchar que sus gobernados le dicen que se vaya. Nada, ningún proyecto político puede ser más importante que los proyectos de vida que tenían todas estas personas, todos estos niños.

Aunque en sus intervenciones mediáticas ni Ortega ni Murillo quieran referirse a los muertos que está causando su necia retención del poder, los familiares no están dispuestos a permitir que la sangre de sus seres queridos se quede derramada en un charco de impunidad. Y con ellos están en pie una serie de instituciones que no se cansan de reclamar que los ojos del mundo se coloquen en Nicaragua.

Carta Editorial

El Salvador es todavía un país del que dan ganas de huir. Así se lee entre las declaraciones angustiadas que brindan los beneficiados del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que hablan en este reportaje.
Ellos se fueron en medio de una guerra que hacía explotar cualquier posibilidad de desarrollo. Huyeron hacia un lugar en donde poder trabajar y garantizarse una mejor calidad de vida.

Décadas más tarde, el país del que salieron les sigue dando miedo. No hay aquí una guerra como esa por la que se fueron, pero las oportunidades de desarrollo siguen explotando entre violencia y corrupción. Y, pues no, no les dan ganas de regresar a un El Salvador que en todo este tiempo no ha podido encontrarse con una mejor versión de sí mismo, una que permita a todos la educación, la salud y la justicia.

Las migraciones son naturales en todas las especies, pero no en las condiciones y por las razones por las que huyen cada vez más salvadoreños. No puede ser considerado una normalidad este flujo de gente que se ve obligada a creer que arriesgarse por un camino de peligros es mejor que quedarse aquí. Y cuánto más de alterada debe estar esta realidad para que uno de los anhelos más comunes sea el de querer que los hijos crezcan en otro lado, cualquier otro lado. Ya lo decía alguien sobre las migraciones por el mar Mediterráneo: “Nadie coloca a sus hijos en aguas inciertas a menos que la tierra firme sea menos segura”.

Las personas que hablan en el reportaje de la periodista Valeria Guzmán se fueron hace no menos de 20 años. Y lo más duro de su relato es que este tiempo y el dinero que ellos y miles de personas más enviaron no han servido para construir aquí un mejor contexto, uno en el que no dé miedo quedarse a crearse la vida digna y justa que merecemos todos.

Carta Editorial

Ninguno de estos casos es ficción. Ojalá sí, pero no. No han sido manipulados en función de generar morbo. Al contrario, han sido resumidos y se han omitido detalles que vayan en detrimento de las víctimas. La descripción de cada caso se limita a aclarar los límites del delito, la manera de reconocerlo o los vicios al abordarlo en las instituciones. Aún desde esta perspectiva profesional, utilitaria y formativa, duele. Duele mucho.

El trabajo que hemos incluido en esta edición es producto de una revisión a partes iguales entre las estadísticas obtenidas por medio de solicitudes de información y las sentencias públicas. Con el resultado se puede perfilar cómo se mueven, se registran, se denuncian, se investigan y se procesan judicialmente los casos de violencia sexual contra menores de edad.
El panorama no es alentador. En la última década, la cantidad de denuncias por delitos relacionados con violencia sexual ha registrado pocas reducciones y ninguna de ellas ha sido significativa. Las víctimas, además, son cada vez menores. En 2010, de 1,367 denuncias por violación en menor incapaz, en 963 (70 %) la víctima tenía entre 12 y 17 años. Para 2016 se registraron 1,874 denuncias de este tipo y 1,405 (75 %) correspondieron a adolescentes en edades entre 12 y los 17 años.

Este fenómeno debe impulsar a las autoridades a realizar esfuerzos para construir mensajes que, adaptados a este sector de la población, den a conocer los mecanismos de denuncia. Los pocos mensajes que al respecto se han elaborado, sin embargo, se valen mucho del papel de la familia. Es el ideario de una familia que protege.

La realidad alterada en la que nos movemos no debería ser ignorada. No todas las familias de este país protegen, tampoco lo hacen todos los centros educativos ni todas los recintos religiosos. A menor edad de la víctima, mayor es el porcentaje de violencias sexuales que se comenten en entornos cercanos, como la casa, la escuela, la iglesia, la comunidad.
En la década que tiene esta revista de existencia, se ha cubierto este problema desde diferentes ángulos. La constante en cada uno de ellos ha sido la distancia enorme que hay entre el discurso de las autoridades y las circunstancias de las víctimas. Reducir la cantidad de casos y la brecha de impunidad en delitos sexuales contra menores de edad pasa por comprender y reconocer la vulnerabilidad en la que viven quienes los sufren. No todos los niños de este país encuentran a tiempo a alguien que hable por ellos.

Carta Editorial

Hay en el texto de la periodista Valeria Guzmán una respuesta que, en realidad, plantea un dilema. A la pregunta de qué hace falta para reforestar, un hombre contesta que una institución que pague por el trabajo. Y, está claro, nadie va a dedicar su tiempo y energía si eso no va a servir para generar ingresos; pero, en este caso, ¿no habría sido más barato evitar la degradación del bosque?

El Salvador es el país más pequeño de América continental y ha estado siempre entre los primeros lugares en densidad poblacional. Somos muchos en poco espacio. Esto ejerce una presión brutal sobre los recursos naturales. Pero no es solo esto lo que ha hecho que cada año se pierda más y más bosque. Influye, también, la falta de determinación para convertir la protección de esos recursos en prioridad.

No pocas veces se ha levantado el dedo acusador en dirección a las comunidades como grandes depredadoras. Son las comunidades las que, en busca de leña, acaban poco a poco con el manglar. Son las comunidades las que en busca de saciar el hambre, restan árboles para sumar terreno para sembrar hortalizas. Son las comunidades las que, impacientes y agobiadas por las necesidades, le pierden el respeto al bosque. Esta forma de ver el problema, aparte de ser egoísta, es –por donde se mire– una injusticia.

Las comunidades son víctimas de un sistema que las excluye del conocimiento y de las oportunidades. No se les dota de mecanismos para mejorar su calidad de vida, tampoco se les coloca a la mano la instrucción indispensable para dimensionar el beneficio que viene de cuidar los recursos naturales. Quienes sí han tenido acceso a información y educación han declinado, por lo general, involucrar a los habitantes para otorgarles la investidura que les pertenece: la de protectores y propietarios de la riqueza natural de este país.

El proceso requiere tiempo y voluntad de todas las partes. En la década que lleva la revista cubriendo el problema de manera recurrente, nos ha quedado claro que no se puede excluir a las comunidades. Ellas son las llamadas a ser las protagonistas en cualquier historia de recuperación de bosques.

Carta Editorial

“La edición es un juego de roles”, soltó un reconocido periodista venezolano durante un encuentro regional. Y no es fácil este juego. Un mal editor puede instalar mecanismos finos para entronizarse a costa de quienes en su momento están en rol de editados, quienes, a su vez, asumirán que el papel de un editor es el de un tirano. A la vuelta de un par de años, como suele suceder en los medios de la región, el editado será alguien que, en el rol de editor, repetirá patrones abusivos. Todo el ciclo vicioso que ha hecho tanto daño al periodismo estará completo entonces.

He pasado más de la mitad de mi carrera dejando los ojos en los textos de otros. Caer en esta silla fue sorpresivo. Y solo recibí una frase a manera de instrucción: “Imprima su sello en esto”. En el marco de los 10 años de esta revista, aclaro que no imprimí mi sello; si esa era meta, se puede decir que fracasé.

Lo que sí ha quedado marcado a fuego han sido las voces de talentosos reporteros que han dejado su esfuerzo en estas páginas. Voces imperdibles a la hora de hacer un recuento de los pasos que ha dado el periodismo nacional. A cada uno de ellos hay que reconocerlo por haber contado con profundidad y empeño un poco más de este país y sus carencias o virtudes. Su forma de ver el mundo nos ayudó a todos a construirnos una versión más completa de porqué somos lo que somos.

Así que: César Castro Fagoaga, Fernando Romero, Rossy Tejada, Roberto Valencia, Carlos Chávez, Jimena Aguilar, Gabriel Labrador, Sigfredo Ramírez, Rónald Portillo, gracias por sus letras y su sensibilidad.
El mérito real no está solo en presentar una carta de intenciones. Se valora quedarse a capear temporales de la mejor manera con los recursos que haya a mano. Y, por eso, también gracias a todos nuestros aliados externos en esta primera década.

Moisés, Valeria: ustedes son los pilares fuertes sobre los que sigue construyéndose este espacio. Tienen todo para, ahora sí, imprimir su sello.

Carta Editorial

La primera edición de esta revista se publicó el 29 de junio de 2008. Estamos a las puertas de alcanzar nuestro décimo aniversario. En concordancia con la manera en la que nos hemos conducido a lo largo de todo este tiempo, honraremos nuestra efeméride con publicaciones especiales que sirvan para ilustrar los cambios que ha sufrido El Salvador en la última década.

Los cuatro domingos de junio los dedicaremos a profundizar en temas como el medio ambiente, el abuso sexual y el trabajo infantil. Esta primera edición del mes de aniversario revive el reportaje sobre migración titulado “Un percance rumbo al Norte”, uno de los que abrían un nuevo capítulo en las ediciones dominicales de LA PRENSA GRÁFICA.
Lo que esta lectura añeja provoca es una mezcla entre preocupación y decepción. ¿Cuántos migrantes más emprendieron este camino azaroso después del sufrimiento que tocó a esta pareja de esposos? ¿Por qué en 10 años no se detuvo el flujo de migrantes desesperados por la pobreza, la falta de oportunidades o la inseguridad?, ¿por qué no se mejoró y promovió el mecanismo de denuncias?

Los migrantes del Triángulo Norte no han dejado de arriesgarse a cruzar fronteras sin ninguna garantía física y, menos, emocional. Ante todas las violaciones a los derechos humanos a las que se exponen, y que están hasta la saciedad documentadas, los Estados involucrados tampoco han ejecutado medidas para reducir la impunidad en la que queda la mayoría de los hechos oscuros, como estos a los que la pareja de salvadoreños sobrevivió.
Este caso destacó porque hubo una denuncia. Las organizaciones reaccionaron e hicieron eco de lo que un migrante salvadoreño estaba contando con la voz encendida, afectado. Hubo una intención y se dispusieron recursos para que la demanda continuara. Para lo que no hubo recursos fue para que la familia mejorara sus condiciones de vida aquí, en su país. Y así, nada prospera.

En el hambre, la lucha por la justicia se debilita, se ahoga.

Carta Editorial

La ópera en El Salvador se hace a punta de sacrificios personales, como trabajar turnos de 3 de la tarde a 7 de la mañana para poder asistir a los ensayos. Sí, hay ópera en este país, pero cuesta mucho. Es un apostolado que sobrevive a medias entre la pasión, la entrega, la terquedad y las ganas de desarrollar un talento. Que la Ópera de El Salvador (OPES) recibe una partida de fondos públicos, dirán, pero esto es apenas una parte de lo que hay que pagar en salarios para mantener las puertas abiertas. Todo el talento que los fundadores de la institución han encontrado merece mucho más.

La forma en que ha venido funcionando la OPES ha facilitado que la educación lírica llegue sin restricciones de estrato social. Habrá entre los estudiantes, como se explica en el texto de la periodista Valeria Guzmán, quienes sin drama pueden pagar hasta $75 al mes por las clases; y también quienes están obligados a hacer doble jornada laboral, no para pagar $10 al mes, sino para hacerle trampas al reloj y generar ingresos al mismo tiempo que se adquieren conocimientos.

A la OPES le sobra gallardía. Es de valientes no rendirse ante el poco apoyo que recibe el arte en un país que, irónicamente, lo necesita tanto. Y aún así, no se puede dejar de apuntar a que lo que debería abundar en esta historia, que cuenta la periodista Valeria Guzmán sobre ópera y talento, no es la valentía. Deberían abundar las sedes, los estudiantes, los profesores, los conciertos, los públicos. La de este tipo de proyectos no puede seguir siendo una historia de angustias y de la existencia al borde los números rojos.

Las revoluciones no se arman solo de protestas en la calle. Revolución también es que una joven rompa con los estereotipos sociales y las limitaciones económicas para, con disciplina, educar la voz hasta convertirla en ese argumento que puede dejar en silencio a todo un teatro. Cuando alguien quiera ayudar a mejorar el país y se pregunté qué puede hacer, adónde puede colocar el dinero para que se convierta en desarrollo, transformarlo en música es una opción.

Carta Editorial

Ya se cuentan más de 60 muertos y casi una veintena de desaparecidos y Nicaragua sigue volcada en las calles. Desde la primera sesión de la mesa de diálogo, un estudiante universitario marcó el tono de las demandas. Quieren que cesen los actos violentos de los cuerpos de seguridad y que el matrimonio de Daniel y rosario Ortega deje los cargos de presidente y vicepresidenta de la república.

Nicaragua no se va a detener. Cada una de las protestas convocadas ha contado con más participantes. Los Árboles de Vida, un ornamento de metal y luces colocado en las principales vías de todo el país y que se han convertido en símbolo del poder de Rosario Ortega, siguen cayendo al suelo entre el alborto de las turbas. Uno de ellos, se cobró la vida de un documentalista guatemalteco. La violencia es siempre una opción lamentable, tras lustros de contenida frustración, la calle se ha convertido en ese lienzo en el que ahora se dibuja un punto de quiebre.

¿Cómo se vive el caos desde lejos? Miembros de la comunidad nicaragüense radicada en El Salvador explican qué es vivir desde lejos estos cambios trascendentales. Algunos de ellos han viajado a sus ciudades de origen exclusivamente para poder ser parte de las marchas y dejar en claro un punto: que hay unidad y que no habrá retroceso.

“La historia de Nicaragua se repite”, dicen con frecuencia los entrevistados en este reportaje. Y sí, se repiten los caudillos entronizados que buscan quedarse con el poder para siempre y, de ser posible, hasta heredarlo. Pero, también importante es que se repite la respuesta coordinada de unos habitantes capaces de colocar un límite y decir “hasta aquí”. Con el dolor de las muertes y las desapariciones a cuestas, Nicaragua no se va a detener en este proceso con el que busca, una vez más, alcanzar democracia.

Carta Editorial

El campo se nos muere. Y no es una exageración. La edad promedio de las personas que trabajan la tierra en El Salvador ronda los 60 años. Este es un dato que revela una gran cantidad de injusticias, entre las más graves está que el campo lo trabajan personas que ya deberían estar disfrutando de la jubilación. Y este acceso a una pensión digna después de una vida entera de trabajo duro sigue siendo una deuda que el país mantiene con quienes juegan un papel fundamental.

Los servicios a los que tiene acceso el agricultor cerca de su lugar de trabajo no son los mejores. Allá, en donde se podría garantizar la seguridad alimentaria y reducir la desigualdad, la gente tiene las escuelas más desprovistas, los servicios de salud más precarios y es en donde los indicadores de acceso a agua potable bajan de forma considerable.

No es raro que uno de los problemas más graves de la agricultura salvadoreña sea la falta de tecnología y actualización. En general, los procesos se siguen ejecutando como hace décadas, lo que compromete la productividad y hace de esta una actividad demasiado sacrificada en comparación con los resultados. Para los jóvenes que proceden de familias dedicadas a trabajar la tierra, la migración se convierte en una opción mucho más atractiva. El campo se pone viejo.

El texto que el periodista Moisés Alvarado ha escrito para esta edición desnuda una preocupación que no se conjuga en futuro, sino que en presente. Lejos de mejorar las condiciones para que la agricultura sea una opción para aprovechar las tierras, para generar ingresos, para reducir el desempleo, para generar arraigo, para garantizar alimentos, para reducir la concentración prejudicial en las ciudades y para evitar elevados gastos en transporte, se le está dejando a su suerte en una añeja agonía con la que perdemos todos.