Carta Editorial

Ya se cuentan más de 60 muertos y casi una veintena de desaparecidos y Nicaragua sigue volcada en las calles. Desde la primera sesión de la mesa de diálogo, un estudiante universitario marcó el tono de las demandas. Quieren que cesen los actos violentos de los cuerpos de seguridad y que el matrimonio de Daniel y rosario Ortega deje los cargos de presidente y vicepresidenta de la república.

Nicaragua no se va a detener. Cada una de las protestas convocadas ha contado con más participantes. Los Árboles de Vida, un ornamento de metal y luces colocado en las principales vías de todo el país y que se han convertido en símbolo del poder de Rosario Ortega, siguen cayendo al suelo entre el alborto de las turbas. Uno de ellos, se cobró la vida de un documentalista guatemalteco. La violencia es siempre una opción lamentable, tras lustros de contenida frustración, la calle se ha convertido en ese lienzo en el que ahora se dibuja un punto de quiebre.

¿Cómo se vive el caos desde lejos? Miembros de la comunidad nicaragüense radicada en El Salvador explican qué es vivir desde lejos estos cambios trascendentales. Algunos de ellos han viajado a sus ciudades de origen exclusivamente para poder ser parte de las marchas y dejar en claro un punto: que hay unidad y que no habrá retroceso.

“La historia de Nicaragua se repite”, dicen con frecuencia los entrevistados en este reportaje. Y sí, se repiten los caudillos entronizados que buscan quedarse con el poder para siempre y, de ser posible, hasta heredarlo. Pero, también importante es que se repite la respuesta coordinada de unos habitantes capaces de colocar un límite y decir “hasta aquí”. Con el dolor de las muertes y las desapariciones a cuestas, Nicaragua no se va a detener en este proceso con el que busca, una vez más, alcanzar democracia.

Carta Editorial

El campo se nos muere. Y no es una exageración. La edad promedio de las personas que trabajan la tierra en El Salvador ronda los 60 años. Este es un dato que revela una gran cantidad de injusticias, entre las más graves está que el campo lo trabajan personas que ya deberían estar disfrutando de la jubilación. Y este acceso a una pensión digna después de una vida entera de trabajo duro sigue siendo una deuda que el país mantiene con quienes juegan un papel fundamental.

Los servicios a los que tiene acceso el agricultor cerca de su lugar de trabajo no son los mejores. Allá, en donde se podría garantizar la seguridad alimentaria y reducir la desigualdad, la gente tiene las escuelas más desprovistas, los servicios de salud más precarios y es en donde los indicadores de acceso a agua potable bajan de forma considerable.

No es raro que uno de los problemas más graves de la agricultura salvadoreña sea la falta de tecnología y actualización. En general, los procesos se siguen ejecutando como hace décadas, lo que compromete la productividad y hace de esta una actividad demasiado sacrificada en comparación con los resultados. Para los jóvenes que proceden de familias dedicadas a trabajar la tierra, la migración se convierte en una opción mucho más atractiva. El campo se pone viejo.

El texto que el periodista Moisés Alvarado ha escrito para esta edición desnuda una preocupación que no se conjuga en futuro, sino que en presente. Lejos de mejorar las condiciones para que la agricultura sea una opción para aprovechar las tierras, para generar ingresos, para reducir el desempleo, para generar arraigo, para garantizar alimentos, para reducir la concentración prejudicial en las ciudades y para evitar elevados gastos en transporte, se le está dejando a su suerte en una añeja agonía con la que perdemos todos.

Carta Editorial

Hace más de 25 años, el final de la guerra nos agarró sin la capacidad para formar parte de un sistema ordenado. Se crearon leyes, se crearon instituciones, pero no fue posible cambiar el caos por la estructura. Hemos pasado décadas intentado encajar lo viejo con lo nuevo y solo hemos conseguido funcionar con base en parches. Así, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones más señaladas por violaciones a los derechos humanos. Y, por otro lado, el Instituto de Medicina Legal ha estado funcionando por décadas sin que exista un sistema que lo dote de forenses con especialización académica.
La lucha contra la impunidad es un punto de honor cuando se trata de reducir las violencias y de persuadir la comisión de más delitos. Y esta lucha no se libra de manera efectiva sin la prueba científica, la misma que ha quedado varada, porque ponerla en marcha implica organización, capacitación y recursos.
Las leyes estipulan que el Instituto de Medicina Legal debería contar con forenses con una especialidad académica terminada. Pero cuando el instituto se formó, El Salvador no estaba preparado para asumir las responsabilidad de fortalecer estas nuevas instancias con todos los recursos necesarios para su funcionamiento idóneo. No había dónde formar forenses. Los que hay y han estado realizando esta tarea han tenido que estudiar en otros países o han realizado diplomados y cursos, educación complementaria, algo que ayuda pero no sustituye un proceso de especialización completo. El trabajo que estos profesionales han realizado ha servido para sentar bases y no se desprecia ni se le quita mérito, pero no es lo que desde el inicio se pensó para este instituto.
La formación de los forenses en El Salvador ya inició, pero es algo todavía tan reciente que ni siquiera se ha graduado la primera promoción. Abrir el espacio adecuado para esto ha requerido de la insistencia de instituciones y particulares en hacer notar el vacío en la forma en la que ha venido trabajando el IML y que pone en tela de juicio procesos de investigación y el fortalecimiento mismo de la prueba científica.

Para acercarnos al desarrollo, bastaría con cumplir las que ya existen. Esto significa no solo crear las instituciones, sino que estas estén formadas por gente que cumpla los requisitos establecidos. Es necesario dejar de funcionar con base en parches.

Carta Editorial

Cuando las viviendas son de lata, las atraviesan las balas. Un muro de ladrillo no detiene la violencia, pero da más protección. Entre estos riesgos y estas ambiciones viven algunas de las personas que lo perdieron todo tras el terremoto de febrero de 2001 y que todavía esperan que las promesas que les hicieron se cumplan.

Estas realidades de las comunidades salvadoreñas ponen de manifiesto los muchos fracasos de las políticas públicas. ¿Somos ahora menos vulnerables de lo que fuimos en 2001? ¿Se han tomado medidas eficaces para que la siguiente tormenta no nos deje decenas de muertos? ¿Somos más conscientes hoy sobre los riesgos que corremos en este territorio? No, no y no.
Tampoco se han saldado las deudas que existen con quienes en anteriores catástrofes se han quedado sin nada. Y así, medio desnudos ante cualquier eventualidad, nos fue tragando la violencia. Ahora no hay que pensar solo en que las viviendas de lata son indignas, hay que pensar en que no detienen balas.

Ninguna cartera de Estado relacionada con vivienda, reconstrucción o prevención de desastres puede venir a decir que hace bien su trabajo si abundan las historias como las de Santiago de María.
El periodista Moisés Alvarado coloca nombres y rostros en todas esas tragedias continuadas. No solo fue el terremoto. Sus vidas quedaron destrozadas también por la ausencia de políticas de gestión de riesgo, por la falta de respeto hacia los que sufren y por la marcada desigualdad con la que se maneja el país. No fue solo el terremoto. Ha sido también que a quienes han podido hacer algo para aliviarlos, poco les ha importado cumplirles.

Este es un país con un pasado lleno de desgracias colectivas. Lo menos que se podría haber aprendido ya es cómo evitar que el número de víctimas escale.

Carta Editorial

A Nicaragua esta semana la han envuelto las protestas. Las calles se han llenado de gente que denuncia, que se siente dañada por las reformas en medidas de seguridad social, con las que aumenta la cuota patronal y laboral, y además se establece la cotización perpetua. Y esa gente ha recibido a cambio una respuesta violenta de parte de los cuerpos de seguridad. A la Nicaragua de la revolución y a la Nicaragua de la represión las explica Sergio Ramírez, su escritor más reconocido y laureado.

Esta entrevista arranca en un punto de quiebre, cuando Ramírez renuncia al Frente Sandinista. Porque hubo un tiempo en el que los sandinistas escalaron hasta derrocar la dictadura de los Somoza. Tras eso, Ramírez fue investido como el vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega, el que duró de 1985 a 1990.
Lo que Ramírez ilustra en palabras y ejemplifica con sus acciones es cómo los proyectos políticos, una vez alcanzan el poder, se vacían de ideales y, en ese momento, traicionan la confianza de quienes les entregaron trabajo y sacrificios.

Ramírez renunció al partido, pero no a los anhelos de más equidad, justicia y libertad en los que nació. Hasta el cierre de esta edición, se habían registrado brotes de violencia en cuatro ciudades: Managua, León, Masaya y Estelí. En estas protestas se quitaron de varios lugares públicos las banderas del partido en el gobierno. Sin contenido, la política solo da para el rechazo.

Llegar hasta la violencia va a ser siempre una decisión lamentable. Pero la alternativa, que es la de la indiferencia y el silencio, es peor, porque en esta se fortalecen las conductas antidemocráticas.
Ramírez renunció al Frente Sandinista en una conferencia de prensa a la que él mismo había convocado. Más de tres décadas después, las manifestaciones son la renuncia a unos gobernantes que desnaturalizaron su función de servicio.

Carta editorial

Nadie entiende mejor la importancia del acceso al agua potable que quien no lo tiene. En Izalco, Sonsonate, hay un grupo de vecinos que tomaron este derecho en sus manos y lo acercaron a toda la comunidad.

Que ahora el agua fluya por las tuberías debería ser un epílogo feliz; pero esto es El Salvador. Y acá, el acceso a los derechos básicos está atravesado por las violencias. Para las personas que habitan en estas zonas de Izalco el Estado no es más que un montón de carencias. Les falla para suministrarles agua, y también al no poder garantizar su integridad física y emocional.

Lo que sucede en este municipio ilustra muy bien lo que sucede en el resto del país con los recursos naturales y su explotación. También ilustra cómo en un país tan lleno de desigualdades, incluso el agua se convierte en otra razón de exclusión.

En el reportaje del periodista Moisés Alvarado sobran las muestras de sabiduría comunitaria: “Somos conscientes de que nada es ilimitado. Esa es la diferencia de nosotros con ANDA. Para ellos, entre más pajas (mechas) de agua ponen es mejor, aunque a la gente no le llegue el agua”, explica una de las personas que ha trabajado en activar el servicio.

Al mismo tiempo que en Izalco el agua se cuida y se defiende; en alguna colonia citadina, se desperdicia de muchas maneras, porque en la abundancia lo que más falta hace es la conciencia del privilegio.

Estas páginas llevan a concluir lo mismo que se ha denunciado en estas en varias ocasiones: que no se puede hablar de desarrollo si hay tantas personas a las que no se les garantiza ni lo básico. El agua es un derecho fundamental.

Parece, a veces, que los únicos que entienden bien la importancia de esto son los que sufren la carencia. Acá, en los despachos, entre quienes administran, esta urgencia se desdibuja.

Carta Editorial

Quizá haya quien diga que no son los mejores tiempos para hacer la siguiente recomendación, porque la gente que estudia, en la actualidad, no es necesariamente la que más dinero gana. Pero la educación sigue siendo un puente hacia la mejora efectiva de la calidad de vida.
Los temas de esta edición vienen atravesados por el eje de la educación que recibimos no solo en El Salvador, sino que en la región, una que por primera instancia debemos entender que abarca el Triángulo Norte.
En estos países no se pueden plantear remedios para los problemas más graves, como la desigualdad y la corrupción, si no es por medio de instruir de una manera más integral a quienes más tarde van a tener en sus manos las llaves de las decisiones más importantes para el país.
En este sentido, cualquier dólar invertido en enseñarle a alguien algo es contribuir a desbloquear los sueños y abrir los horizontes. En esta premisa se basa el programa “Formate”, que busca beneficiar a jóvenes que por tradición han quedado fuera de los círculos educativos.
Ahí, no solo aprenden a cocinar o a elaborar vestidos de alta costura. Aprenden a elevar sus metas y a transformar sus ambiciones para convertirlas en progreso para ellos y sus familias. Más tarde, cuando alguien venga a pretender gobernarlos, estos jóvenes van a tener un criterio más fortalecido y van a poder distinguir entre quien busca ese progreso colectivo y quien solo tiene un discurso para salir en tiempo de campaña electoral.
Guatemala libra en este momento una lucha por defender sus avances en contra de la corrupción. Debe elegir a un fiscal que se porte a la altura de las dos últimas que, con apoyo de la CICIG, han plantado la cara a las formas más añejas de abuso de poder. Las universidades forman parte del tablero, pero no todas están representadas con integridad. La educación no son títulos. La educación ennoblece y hace crecer esa parte de la conciencia que nos indica que no estamos solos y que la forma más efectiva de desarrollo es esa que se piensa para que quepamos todos.

Carta Editorial

La discusión nunca ha sido la de si hay o no hay talento. A estas alturas nadie duda de que hay. El problema siempre ha estado en cómo desarrollarlo. ¿Adónde se van a formar esas personas llamadas a generar revoluciones? La tradición nos indica que se forman afuera, allá en donde hay otros que piensan fuera de la caja y que obtienen así resultados sorprendentes.
En esta edición el periodista Moisés Alvarado nos lleva a conocer las vueltas que ha dado Antonio Corrales para hoy erguirse como de los compositores salvadoreños más exitosos de la actualidad. Sus piezas han dado un golpe sobre la mesa en cuanto a música académica y se ha formado un nombre entre Europa y Latinoamérica.
Por su trabajo, Corrales cosecha ahora halagos. Pero iniciar, como siempre y más si se viene con la marca de un país como este, fue difícil. Arturo Corrales siempre pensó en ser músico. Lo traía en la sangre: uno de sus antepasados, Alejandro Muñoz Ciudad Real, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “A pesar de ese linaje tan ilustre, tuve que comenzar desde cero”, se explica en el reportaje.
Venir de un país con tantas deficiencias educativas aporta un grado más a las dificultades cuando se trata de encontrar el camino hacia el éxito profesional. No se trata solo de destacar, antes hace falta pasar por un duro proceso de nivelación y, después, hay que buscar sobreponerse a las resistencias propias de ser un extranjero. Antonio Corrales no es solo un compositor reconocido. También es alguien tenaz que no se permitió rendirse.

Carta Editorial

En esta edición se nos juntan violencias. Las vemos como la nota roja a la que todo mundo le voltea la cara por “irrespetuosa” de la “dignidad” humana. La vemos como una de las tantas formas que inventamos para separarnos por clases. Y la vemos como la razón por la que se llegan a negar incluso los servicios de educación y salud. Las violencias quitan la vida de diferentes y creativas maneras.
Fernanda Melchor es escritora y es de Veracruz, México. Su origen es indispensable para entrar a consumir su obra. Ella, que creció en Veracruz cuando era un lugar tranquilo, aprendió a ver las muertes violentas que inundaron el lugar desde otro punto de vista. Aprendió que era necesario ver esos cuerpos maltratados porque, de lo contrario, el riesgo de que no importen se vuelve mayor.
Alejandro Gutman es argentino, y es un convencido de que para poder plantear una solución a largo plazo al problema de inseguridad pública es indispensable llegar a las comunidades con una bandera de integración. Sin la reparación de la rota relación entre las comunidades y los centros de estudio básicos, superiores y técnicos, no se puede hablar de paz y estabilidad, ambos tan necesarios para alcanzar desarrollo.
Y a esto se suma todo el calvario que deben vivir cientos de venezolanos que se han visto sin más camino que migrar en las peores condiciones posibles debido a la imposibilidad de conseguir, en su país, un nivel de vida aceptable.
La violencia no siempre es algo que pega o que abre agujeros de bala. También es decidir ignorar algo que daña al prójimo, es negarse a abrir las puertas necesarias para que todos tengamos oportunidad de mejorarnos la vida, es desesperar, segregar, expulsar y limitar.

Carta Editorial

Hay un tipo de daño que hace la corrupción que se puede calcular, y es el monetario. A El Salvador en las últimas dos décadas, y tomando en cuenta solo los casos más emblemáticos, este flagelo le ha quitado $550.9 millones. Pero no es lo único en lo que ha causado daño.
La corrupción seguida de la impunidad hace que se generalice una forma de actuar en la que predomina la trampa y el beneficio propio por encima del común. La corrupción al que mata es al espíritu de crecimiento colectivo que debería reinar para hacer avanzar un país y que comienza con hacer bien cada trabajo asignado.
Intentar convencer a una sociedad individualista de que la única manera de salir de la situación en la que estamos es por medio de un enfoque colectivo e integrador es difícil, sino imposible. Primero, porque nadie castiga al que no solo no cumple, sino que, además, actúa en perjuicio de los otros.

Sobre esto va el texto del periodista Moisés Alvarado. Es un repaso por ese patrón de las autoridades de buscar castigar los delitos de corrupción, pero desde abajo y no desde los casos más grandes y ejemplarizantes.

En El Salvador que tenemos se registra un caso de corrupción cada 29 horas. Y esta es una de las razones de más peso en el desencanto de la población con el trabajo de los gobiernos locales y del central.

Reducir las pérdidas de todo tipo que dejan los 11 delitos relacionados con corrupción pasa por poder armar mejores investigaciones que no se detengan en los escalones más bajos del organigrama, sino que suban hasta donde sea necesario para eliminar desde ahí las posibilidades de que los hechos se repitan.