Carta Editorial

¿Qué es corrupción? En Venezuela esta palabra es hambre. No hay comida en la mesa de las familias. No hay medicinas en los hospitales. La corrupción, tal cual, ya ha matado a quien sabe cuánta gente. Y, para terminar de armar la desgracia, tampoco hay justicia.

¿Cómo un país tan lleno de recursos llegó a quedarse sin nada qué ofrecer a sus ciudadanos? En esta edición la revista Séptimo Sentido forma parte de una publicación simultánea con otros tres medios de comunicación para responder a esta pregunta. Periodistas de El Confidencial, de Nicaragua; Diario Libre, de República Dominicana; y El Pitazo, de Venezuela, coordinados por la iniciativa de periodismo CONNECTAS han consultado a una gran variedad de fuentes para encontrar las piezas. Ahora se puede armar el mecanismo por medio del cual los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro entregaron petróleo venezolano a gobiernos aliados más como una forma de soborno, que como un sistema de abastecimiento para que las familias venezolanas tuvieran lo básico.

Este esquema no sirvió para llenar las alacenas ni botiquines. Pero sí fue exitoso en desviar dineros públicos a cuentas de funcionarios y familiares de Chávez y Maduro. El Salvador, por medio de empresas ligadas a ALBA, ha formado parte de esta red en la que no solo se transó dinero, sino que también poder.

Este trabajo es un ejemplo de cómo el periodismo está obligado a traspasar las fronteras, así como lo hace la corrupción. Es un enorme esfuerzo por explicar cómo se destruye un país y que, para hacerlo, hacen falta cómplices dispuestos a abandonar el papel para el que fueron elegidos y dedicarse a intereses retorcidos disfrazados de política externa.

Estas páginas son un mapa que ilustra que los muchos recursos naturales que tenga un país no son un escudo para resistir los desmanes de gobiernos populistas dedicados a imponer sus verdades y a blindarse.

La corrupción es capaz de arrasar con todo.

Carta Editorial

En México, un intento de controlar el robo de gasolina de los ductos ha derivado en desabastecimiento. El problema del robo de combustible ha sido el dolor de cabeza varios gobiernos. Petróleos Mexicanos (Pemex), en un afán por proteger el viaje del combustible a lo largo de kilómetros y kilómetros de tuberías, llegó a ocupar los servicios de miembros del Ejército. En un cambio de estrategia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a hacer la distribución por medio de pipas. Un proceso menos expedito que ha dejado a grandes poblaciones desabastecidas.

¿Es el uso de pipas una manera de reconocer que los cuerpos de seguridad del Estado son incapaces de anular el funcionamiento de las bandas que se dedican a la sustracción de combustible? ¿Es esta una forma de admitir que el grado de penetración y control de las bandas en los estados no se puede combatir? El debate en México es álgido y está empapado de hastío ante las tantas veces en las que Pemex se ha visto ligada a casos de corrupción.

Esta edición también incluye un reportaje acerca de cómo Estados Unidos avala, pese al discurso antiinmigrante, las solicitudes de menores de edad extranjeros con el objetivo explícito de mantener una relación de pareja con adultos estadounidenses.

En EUA no está prohibido el matrimonio con menores de edad. Solo está regulado y debe cumplir ciertos requisitos. Así un estadounidense de 50 años de edad puede solicitar el ingreso de una guatemalteca de 13 o 15 años para unirse a ella de forma legal, sin levantar alarmas, sin que ninguna institución se oponga en nombre de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Los datos de este reportaje revelan el aumento de estas solicitudes que, bajo formas avaladas por las instituciones, esconden terribles abusos.

Carta Editorial

Nelly fue la primera bebé del milenio nacida en El Salvador. Y su historia ilustra a la perfección los grandes vacíos con los que esta generación, una que nació en la posguerra y en el albor de lo digital, ha tenido que crecer.

La de ella es una vida atravesada por todas las políticas equivocadas que se pusieron en práctica en este país y que dejaron a esta, y muchas generaciones más, sin acceso a servicios básicos. Entre las pérdidas más sensibles está la educación. Al limitarla, se reducen las posibilidades de desarrollo en todo sentido.

Cuando Nelly nació, no tuvo ni hospital cerca. Su madre necesitó viajar una distancia considerable para los servicios públicos de salud. Pese a que si se compara con la vida que tuvo su madre se nota que ha habido un avance, lo recorrido no alcanza para que esta joven tenga asegurada una educación superior tras terminar el bachillerato.
Nelly no vive en la capital ni en el Área Metropolitana.

Es del interior del país, ahí en donde más se resiente la ausencia de políticas encaminadas a reducir la brecha de desigualdad. Es irónico que en este país tan pequeño quepa un mundo de diferencia en la forma en la que crecen los niños lejos de San Salvador.

Es como si las medidas estatales estuvieran diseñadas por gente que solo mira de cerca y carece de visión nacional. Acá es donde pierde sentido la representatividad con la que se supone están conformados los tres órganos del Estado.

A Nelly se le debe mucho. No hay manera de saber cómo le hubiera ido si este país hubiera transitado por la posguerra con la mirada puesta en garantizar los servicios básicos, los Derechos Humanos, el acceso a justicia y la equidad. Ahora, ella y su generación tienen en sus manos por primera vez la oportunidad de votar y de construir para otros lo que para ellos hizo falta.

Carta Editorial

Cerramos el año con énfasis en una prioridad: las niñas. De la educación de ellas depende el desarrollo de una región. Durante el año elaboramos varios reportajes que buscaron poner sobre la mesa las circunstancias en las que sobreviven en un país que insiste en desarmar su integridad. La que presentamos en esta, la última edición del año, es una reedición de esos reportajes que describen con sensibilidad y atención al detalle cómo es ser niña aquí.

Primero, falta educación. Al no tener acceso a conocimientos básicos las niñas se convierten en presas del abuso. Se les cierran en la cara las oportunidades de mejorar su calidad de vida. El círculo vicioso se completa cuando aparece el embarazo precoz. Se ven, entonces, ante la necesidad de cuidar la vida de otro ser humano cuando no se les han dado las herramientas para cuidar la de ellas mismas.

Si como país fracasamos en darles educación, la respuesta que hallamos cuando delinquen es criminalizarlas sin preguntar por qué o cómo llegaron a colocarse en una situación así. Hay niñas que han conocido más la cárcel que la escuela y eso nos describe bien como una sociedad injusta y desigual. El segundo reportaje nos lleva a ese momento revelador en el que se les coloca en las manos un instrumento musical. El resultado es una canción que suena a esperanza.

Y el tercero es un grito. Es el ya basta que traemos atorado en la garganta desde hace rato y que va saliendo hoy, cuando hemos logrado construir el entorno básico para hacerlo. Acciones como la marcha de las ausentes no van a detener de facto los feminicidios, eso es imposible. Pero va a seguir colocando ladrillos para tener una sociedad más equitativa. Llenar las calles va a seguir salvado vivas, porque sirve para decirles a quienes están encerradas que no están solas, que cada vez son más las personas que se han educado para no culpar a la víctima y, lejos de eso, escucharla y acompañarla. A los sistemas que favorecen la impunidad se les cambia así, una niña a la vez.

Carta Editorial

La suerte es una gran aliada. Pero no deja de ser arbitraria, indomable. Y desarrollar un talento no debería depender solo de ella. En El Salvador, sin ninguna red que ayude a hacer equitativas las oportunidades, en tener suerte se basan mucho las esperanzas.

Luis es un niño salvadoreño de 11 años con una historia marcada por la marginación económica. Reside a pocas cuadras de la Universidad de El Salvador, pero así como iba su vida hasta hace unos meses, difícilmente iba a poder atravesar las puertas de esa institución como un alumno. Pero se topó con la suerte y acabó convertido en un fenómeno viral. Ahora, él y su madre han podido dejar de vender dulces en los buses porque han encontrado herramientas para que Luis, ahora Gran Luigi, desarrolle su talento, para que, al fin de cuentas, haga lo que le gusta. Eso a lo que todos deberíamos tener derecho.

Samuel, un niño con una edad y unas circunstancias de vida muy similares a las de Luis, es protagonista de una nota diferente. A él, esta semana, una bala le cayó en el pecho. Lo mató. Y pasó mientras estaba con amigos a poca distancia de su casa. Pasaba un momento de dispersión, algo a lo que todo niño en este país debería tener derecho.

Las historias de Samuel y de Luis se han escrito en municipios del Área Metropolitana de San Salvador, una ventaja con respecto a los miles que crecen físicamente alejados de servicios de salud y educación. Pero para excluir no hace falta solo poner distancia. Basta con reducir los accesos a las oportunidades de crecimiento para que casi ningún niño como Samuel y Luis las atraviesen. Con historias como las de ellos, los adultos nos asomamos al país que hemos construido: uno que secuestra infancias.

Pasado mañana es Navidad. En la casa de Samuel lo van a extrañar con un dolor indescriptible. Y nadie debería poder abrazar a los suyos sin ponerse a pensar que en la casa de este niño van a quedar brazos vacíos. Pero nadie se va a detener. La campaña electoral va a continuar sin que la muerte que un niño de 10 años encuentra a metros de su casa obligue a hacer un alto o, al menos, un giro para responder cómo es que se van a recuperar territorios para que la niñez juegue sin peligro de balas.

Al Gran Luigi ojalá la suerte lo siga guardando. Ojalá pueda transformar este exabrupto en una mejoría permanente en la calidad de vida de él y de su familia. Ojalá que con disciplina y esfuerzo logre erguirse como ese ejemplo de todo el talento que se pierde por falta de estructuras que ayuden a explotarlo. Desearle suerte es lo único que se puede si este país sigue sin ver que la desigualdad no solo impide que los niños vivan su sueño. La desigualdad los mata.

Carta Editorial

Hace dos años, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaba que un retiro abrupto de la institución aumentaría el riesgo de que los grupos que se oponen a un manejo transparente de todo lo público recuperaran terreno. Hoy, Iván Velásquez dirige desde afuera la CICIG, no puede ingresar a Guatemala por designio del presidente Jimmy Morales.

Con la cerrada negativa de Morales a permitir que la CICIG siga en funciones después de septiembre de 2019, se corta un proceso de lucha contra la impunidad que ya había dado certeros golpes a estructuras enquistadas en lo más alto de los poderes estatales. Hay un expresidente y una exvicepresidenta tras las rejas. Pero lo que preocupa no es lo que ya se hizo, sino la continuidad. Guatemala no está lista para seguir sola, menos con los actores que han reaccionado en contra de los logros de esta institución.

Bajo el mando de Velásquez, la CICIG ayudó a fortalecer las instituciones encargadas de buscar justicia. Guatemala se asomó así a crear un ambiente de persecución del crimen de altos vuelos, ese que hace el daño más extensivo y que, por lo general, se sale con la suya porque tiene a su servicio a los poderes del Estado.

En la entrevista que la periodista Valeria Guzmán le hizo, Velásquez habla también sobre la necesidad de crear una institución que facilite las investigaciones de los delitos que involucran a los países del Triángulo Norte. Entre los principales están la trata de personas y el narcotráfico.

Las fronteras entre Guatemala, Honduras y El Salvador son porosas. Y los intentos por separado de fortalecer el combate a los delitos que se permiten en estas zonas no han dado los resultados esperados.

Velásquez deja claro que la lucha contra la corrupción exige gobernantes que no solo hablen de perseguir a otros, sino que estén completamente dispuestos a dejarse examinar y cuestionar hasta el último detalle. En la región falta asimilar que llegar al poder popular no es un blindaje, es lo contrario. Es quedar expuesto al escrutinio público sin tregua ni cuartel. Hacer propio esto y vivirlo sí es un paso en favor de la transparencia y la lucha anticorrupción.

Carta Editorial

Lo digital es cada vez menos etéreo. El poder que tienen las nuevas tecnologías para convocar y promover casi cualquier cosa hasta convertirla en algo tangible no se pone en duda. Pero con ese poder también han crecido los riesgos. La cantidad de víctimas menores de edad de delitos que nacen o se cometen por medio de un celular o una computadora está aumentando sin que, hasta el momento, se hayan terminado de crear y de dar a conocer los mecanismos de denuncia.

Cuando se habla de educación en sexualidad, en El Salvador hace falta partir de que en la niñez y en la adolescencia hay un déficit de información. Si esta tara es obvia para los que están inscritos en el sistema educativo, el abismo se profundiza mucho más para los que están fuera. Y si se toma en cuenta que el acceso a internet, y con ello a redes sociales, no está circunscrito a la madurez de los usuarios, lo que se obtiene es un caldo de cultivo para delitos.

El reportaje de esta edición echa luz sobre los frutos obtenidos de una ley que recién se aplica desde hace dos años. Los casos que se han iniciado dan una idea de la vulnerabilidad de las víctimas. Y también perfilan el gran margen de impunidad en el que se mueven los victimarios. Acá se juntan todos los males de una sociedad que se toma mucha molestia en juzgar si una víctima menor de edad se lo buscó o no, y se hace de vista gorda con los adultos que deberían tener claro cuándo cometen un delito.

Pese a que todos los días se utilizan las nuevas tecnologías, la regulación y los términos de uso correcto todavía están en construcción en este país, al que le falta todavía trabajar mucho en educar y en promover una cultura de denuncia que ayude a poner un alto a los abusos.

Carta Editorial

Se trata de justicia. Sin apellidos, sin nada, solo justicia. Que a una persona le hayan matado a toda su familia y que por eso haya pasado por quién sabe cuánto sufrimiento debería traer como consecuencia un proceso de investigación y luego de sentencia. Debería haber para esta persona la posibilidad de saber dónde están sus familiares, debería poder hacer un duelo y debería tener acceso a todo tipo de herramientas que le permitan superar la pena y después, si quiere, perdonar. Eso sí, antes, el Estado, por medio de las instancias pertinentes, debería explicar qué pasó, por qué pasó. En el relato que sirve de hilo conductor al reportaje de esta edición no hay nada de esto.

Lo único que hay es una voz que, hasta ahora, no se ha cansado de contar cómo perdió a sus padres, hermanos e hijo cuando se llevó a cabo la masacre de El Calabozo, una especie de playa del río Amatitán, en San Esteban Catarina, municipio de San Vicente.

Juana es una superviviente que lleva 36 años esperando que las instituciones pongan atención a su dolor y al crimen del que fueron víctimas cerca de 200 personas. La primera denuncia sobre esta masacre se recibió solo 10 años después de ocurrida, es decir, en 1992. Y la primera exhumación solicitada por la Fiscalía General de la República para investigar la masacre de El Calabozo se realizó este año, hace solo 34 días. Esto solo ilustra cómo les ha ido costando a los supervivientes romper el grueso escudo de la impunidad.

Juana no espera que las diligencias avancen con rapidez. No sabe si va a poder ver algún resultado de las exhumaciones que recién se realizaron. Pero su dolor y su lucha han sido tan grandes que hay hijos y nietos que no solo saben lo que sucedió, se han apropiado de la causa. La restauración no tiene como base el olvido, sino que el vívido recuerdo de lo que no se debe repetir.

Carta Editorial

Silencio y estas tumbas es todo lo que queda. Estos son los lugares en donde descansan los restos de mujeres que fueron víctimas de violencia. Al margen de los pasos que siga en el ámbito judicial cada caso, lo que queda para quienes las querían son estos espacios en la tierra, unos con flores y otros completamente desprovistos.

Miles de mujeres son todos los días víctimas de este fenómeno que tiene una incalculable cantidad de caras y de formas. Aún en este siglo hay mujeres a las que sus parejas o sus compañeros de trabajo de manera sistemática encierran, golpean, manipulan, insultan, prohíben, reducen, aíslan.

Desde afuera, y con mucho cinismo, es fácil reclamar a la víctima por qué no ha hecho más por salirse y por dejar aquello que provoca daño en tantos niveles. Desde adentro, la categorización no sale tan fácil. Es complicado distinguir de cerca al monstruo. El deterioro suele ser cosa de todos los días, coloca sus raíces y se mimetiza con la rutina. En un país tan violento no es sencillo identificar un delito en la propia existencia, aunque nos golpee en la cara.

La nuestra es la voz de una mujer que ha sido criada en los golpes, que fue educada para sacrificarse y aguantar, no para vivir en libertad. No fue educada para no querer a sus agresores. Porque sus agresores no han sido completos desconocidos en la calle; en la mayoría de casos, sus agresores han tenido con ella relaciones afectivas o laborales. Y ahí es en donde más hay que trabajar.

Los victimarios se envuelven en ese grueso manto de impunidad que está garantizado por el silencio, no solo de las mujeres víctimas, sino que también de vecinos y familiares que perfectamente saben de la situación pero, a razón de una norma no escrita, colocan la intimidad por encima de un delito. Callan, y al hacerlo se ponen del lado del agresor. Es necesario decirnos a nosotras y decirles a nuestros niños que ningún nombre, sentimiento, reputación o cargo vale la integridad física y emocional de una persona. Ninguno.

Cuando se trata de violencia, ninguna señal es demasiado pequeña. Cada vez que alguien piense que está exagerando, en realidad está permitiendo que el monstruo se fortalezca. Hoy es un comentario hiriente, mañana es un manotazo. Lo que sigue es un silencio impuesto y sin retroceso. Es el de estas imágenes.

Carta Editorial

Cuando se aborda el acceso a los servicios elementales de las personas con menos recursos económicos, hay un tono de normalización del sufrimiento. Es normal tener que hacer largas colas en los hospitales para recibir atención de emergencia, es normal esperar dos o tres meses para ver a un médico especialista durante 15 minutos, es normal tener que recorrer grandes distancias y hasta cruzar fronteras para poder recibir atención en salud. Esa normalización tan arraigada en esta región no es otra cosa que violencia. No matan solo las balas, mata también el abandono.

En las fronteras del Triángulo Norte, la región formada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, se vive una crisis sanitaria que durante años los gobiernos han encontrado conveniente ignorar. Todos los días, grupos de enfermos renales, parturientas y niños cruzan por pasos ciegos y mojones en busca de atención médica, y lo hacen en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo y uno de los que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto dedica al gasto público en salud.

En cinco años, los hospitales públicos salvadoreños han brindado un promedio diario de 24 consultas a guatemaltecos y 25 a hondureños. El reportaje de esta edición no se limita a señalar la inversión o la cantidad de consultas. Este tema de salud pública va sobre la exclusión.

La forma en la que los habitante de los cordones fronterizos resuelven su necesidad de atención médica no ha sido prioridad para los gobiernos, que han estado más preocupados por atajar las críticas solo en los hospitales metropolitanos. El primer nivel de atención, ese que es una herramienta indispensable para mejorar la calidad de viva de las poblaciones, ha sido relegado a un tercer o cuarto plano.

Con el resultado de estas acciones se han escrito historias trágicas de ancianos diabéticos que deben recorrer kilómetros para poder recibir una curación o de niños con enfermedad renal crónica que se pasan la vida en un viaje que no ofrece ninguna comodidad. Son personas que en pleno 2018 tienen que caminar hasta por nueve horas para llegar hasta un establecimiento que les ofrezca atención y medicinas.

Hay muchas formas de discriminación. Una de las más crueles es la de alejar a los seres humanos de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de tener salud.