Carta Editorial

El pobre acceso a justicia que es norma en este país se construye todos los días, de a poco, en historias como las que ocupan el reportaje de esta edición. Se trata de todo lo que le sigue a la renuncia de un perito de investigación de la Policía Nacional Civil.

Este texto no va acerca de explicar una decisión personal; es acerca de un sistema para el que las renuncias de miembros de la corporación policial con comunes, y aun así no ha podido establecer un mecanismo que proteja los procesos y garantice lo básico al margen de las acciones individuales. Esto, que sucede con frecuencia, no ha generado en las instituciones involucradas ningún cambio que elimine el riesgo.

Una adolescente de 13 años fue acosada por un hombre mucho mayor que ella. Pese a que esperó un tiempo, la víctima fue apoyada para colocar una denuncia y se sometió a todos los exámenes para respaldar lo que decía. Ella hizo todo lo que debía en función de ser escuchada y validada. En el juzgado, sin embargo, la renuncia del perito que se había encargado de recolectar todo y que debía pasar a la sala como testigo se hizo sentir.

No hubo quien pudiera relatar cómo habían formado el historial telefónico de la víctima junto con el del acusado. Un elemento que era clave ante juez.

Entre el esfuerzo de una adolescente por buscar justicia, hasta la desesperación de un perito por buscar una situación laboral digna está un problema de integración, respeto y empatía que no se está atendiendo. Hay un silencio cómplice, un desorden que solo favorece a que la impunidad crezca.

Carta Editorial

En El Salvador la participación económica de los hombres es del 80 %, mientras que la de las mujeres es de 45 %, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos números contrastan con los que miden el promedio de años de educación, que para hombres es de 7.9 % y para mujeres es 7.4 %. Quiere decir que las mujeres y los hombres estudian casi lo mismo, pero ellos ganan casi el doble que ellas. La institución también ha difundido que así como los hombres dedican un 9.93 % de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado, para las mujeres esto escala hasta el 21 %. En este país en el que las desigualdades son del tamaño de las montañas es que el grupo de escritoras que presentamos en esta edición nació, creció y buscó desarrollarse. Aquí, también, encontraron todo eso que después transformaron en obra.

Y esto es lo que las distingue, su capacidad de transformar el dolor, las carencias, los recuerdos o las ausencias en algo que las hace crecer a ellas y a quienes consumen lo que crean.
Entre estas nueve salvadoreñas escritoras está contada una buena parte de la historia salvadoreña. Ellas han tomado las piezas de los grandes cambios que se han vivido en colectivo y las han incorporado a sus relatos, unos que van de guerras y violencias, pero también de colores y sonrisas.

Sirvan estas páginas para hacer un reconocimiento necesario a Maura Echeverría, Carmen González Huguet, Aída Párraga, Susana Reyes, Claudia Meyer, Ana Escoto, Jeannette Cruz, Nicole Membreño Chía y Ana María Rivas. Tener un nombre en la literatura cuesta en este país más que en cualquier otro lado. No debería ser así, pero pasa. Nada de esto, sin embargo, las ha detenido.
Sus luchas nos representan y sirven de guía para muchas generaciones más.

Carta Editorial

“La regla fundamental del taller se divide en dos partes: a) usted no defiende su texto, su texto se defiende solo. Esto nos permite alejarnos de explicaciones complejas y accesorias. Si el texto se explicaba a sí mismo, si comunicaba las intenciones del autor (aun dentro de la infinita polisemia del lenguaje) el texto se había defendido como un animal salvaje. Entonces era bueno. Y b) usted se aguanta las preguntas, críticas y ediciones de sus compañeros, y las recibe tal cual son: ofrecimientos respetuosos de mejora, oportunidades de refinar un texto; esto sin olvidar que es usted quien debe tomar las decisiones finales. Estas ediciones pueden ser brutales.

Cuando uno se ha tardado días o meses desarrollando un cuento, verlo siendo despedazado como pajarito indefenso no es necesariamente agradable. Pero es necesario. Los sobrevivientes, y lo que de ellos perdura, terminan siendo más fuertes”, escribe Jeannette Cruz en la nota introductoria de la antología de cuentos que se titula El territorio del ciprés.

El libro es el resultado de un proceso de creación colectivo. Los autores formaron parte de un taller de escritura y edición; de hacer, deshacer y volver con un planteamiento que ya no era propiedad de uno, sino que de todos. Los cuentos que adelantamos en esta edición son brutales, dejan el corazón azorado entre la angustia de los hechos que describen y la satisfacción de lo bien narrado.

Hacer literatura en El Salvador sigue siendo una aventura, un riesgo, un salto sin paracaídas. Los autores de El territorio del ciprés ejercen con audacia y alcanzan en ello gran calidad; pero no sin sacrificios, como plasma Cruz: “Ponemos en sus manos a los guerreros que sobrevivieron a la batalla, transformados durante el proceso. Estos están medio vivos, pues nos dedicamos a escribir acerca de la violencia y la muerte: nuestro pan de cada día”.

Carta Editorial

A cada persona desaparecida la cubre un grueso manto de impunidad que permite que todos los días desaparezcan más y más y más. Esta es la segunda de las entregas que cada último domingo del mes vamos a dedicar a esta búsqueda interminable.

En nuestras leyes, la única desaparición considerada como delito es en la que están involucrados los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Esta es, justamente, la que menos se denuncia.

La razón de este fenómeno no se puede adjudicar solo a que no se comete. Al contrario, representantes de cada institución consultada para este reportaje reconocen un considerable subregistro de estos casos.

Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir. El resultado es que la cultura de denuncia es débil, no termina de asentarse. Y la situación se complica más cuando es al mismo Estado al que hay que denunciar como violador de las leyes que debería respetar y hacer respetar.

La periodista Valeria Guzmán profundiza en ese oscuro mundo en el que el ciudadano está solo, esa realidad alterada en el que no hay nadie fiable a quien pedir seguridad y justicia.

Hay familias para las que las búsquedas nunca acaban. Y El Salvador, aunque es el país más pequeño de América continental, es todavía demasiado amplio como para encontrar sin ayuda a un desaparecido.

Estas familias mantienen en el presente a sus seres queridos. Van de aquí para allá con los retratos, los nombres, el tipo de sangre, las señales que puedan ayudar a identificarlos. Pero son ellos contra el aparato estatal. En una región que da a luz toda clase de tragedias todos los días, ellos y sus dramas de incertidumbre y angustia casi nunca se ven. Y, si llegan a llamar la atención, lo hacen a la luz del prejuicio y la criminalización de la falta de recursos.

Carta Editorial

La discriminación a las personas que viven con VIH sigue siendo una realidad. Por encima de todos los avances médicos y administrativos que han estabilizado la entrega de los medicamentos antirretrovirales, esa otra parte, que tiene que ver más con la educación y la empatía, sigue siendo un lastre.

Una de las maneras en las que más impacta es en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, solo dos de cada 10 personas mayores de edad que viven con VIH cuentan con un empleo que les da acceso a un ingreso económico constante, a seguro social y pensión. Es necesario aclarar que muchas de ellas están contratadas en puestos que guardan relación con cómo prevenir o cómo vivir con este diagnóstico. Fuera de esta especie de campo conquistado, en la empresa privada y en el mismo Gobierno las oportunidades son muy limitadas.

Cuesta dar crédito a representantes de asociaciones cuando señalan que han escuchado testimonios sobre gente que sigue creyendo que hay un riesgo de transmisión por manipulación de alimentos. Pero en el despacho de las autoridades de salud pública, el cuento no es diferente. Ahí, en donde se manejan los hilos de la estrategia para el abordaje médico, también se habla de un tipo de discriminación que impera en empresas o instituciones en donde los empleados se niegan a compartir mesa o espacios comunes con alguien que vive con VIH. En estas actitudes queda claro que el miedo sin fundamentos no ha sido derrotado.

El VIH no es una condena a muerte, pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí? ¿Es la norma vivir abiertamente con VIH y optar por oportunidades de estudio y empleo? No.

La misión todavía no está completa. Falta alcanzar el éxito en la parte más difícil.

Carta Editorial

Un portón hace toda la diferencia. Al cerrarlo, el caos, el peligro, el desorden, la hostilidad quedan afuera. Adentro está protegido un hogar. Ahí hay plantas, juguetes y familia. Al final de cuentas, lo que todos queremos es solo eso: un lugar para sentir que lo que más nos importa está seguro. Para el caso, hemos tenido que optar por encerrar lo que amamos para que no le pase nada.

Es una derrota por donde se mire. Representa que no hemos podido hacer de todo el país un lugar en donde se respire tranquilidad, entonces, hemos tenido que ir cerrando algunas áreas, casi como si fueran burbujas, una especie de conjuro para que afuera quede todo lo que no hemos podido resolver.

Tener acceso a vivienda digna es derecho de todos. En El Salvador actual este derecho no es universal. Depende mucho, como la educación y la salud, de tener dinero. En esta edición, la periodista Valeria Guzmán explora una alternativa con la que se pretende tumbar esa barrera que ha llevado a la vivienda digna, de ser un derecho, a convertirse en un auténtico privilegio.

La respuesta está en el colectivo. La que presentamos acá es la historia de una mujer que construyó con sus manos la casa en la que vive y que sueña con dejar a sus hijos como patrimonio. No son solo paredes. Esa casa representa la esperanza que este sistema no le habría dejado alcanzar a ella sola. Ella forma parte de una cooperativa.

Esta mujer cierra el portón que protege su casa y las de otros y siente paz. Es un trabajo de equipo que se ha logrado con base en reglas claras. Esa calle sigue siendo una burbuja en medio de todo lo demás. Pero es una compartida que se ofrece como ejemplo de que todavía hay capacidad para ponerse de acuerdo en función de alcanzar un bienestar común.

Carta Editorial

“Me ha enseñado cuán líquida es la frontera entre la literatura y todo lo demás”, confiesa Rodrigo Fuentes acerca de su primer y único libro: “Trucha panza arriba”.

Fuentes es guatemalteco, pero vivió en Costa Rica, Chile y México hasta que en 1996, volvió a Guatemala, una que ya había firmado los Acuerdos de Paz.

En esta edición hemos elegido el cuento “De repente, Perla” como una muestra del talento que Fuentes expone en este libro del que, hace un mes, la casa Los Sin Pisto lanzó una nueva edición.

El libro de Fuentes también ha sido publicado en Guatemala, Bolivia y Colombia. Tiene una traducción al francés y se ha anunciado ya una traducción al inglés.

El de Fuentes por la literatura es un camino que recién comienza. Pero en esta ruta ya ha cosechado galardones. Ganó el Premio centroamericano de cuento “Centroamérica cuenta” para narradores menores de 35 años. Y fue finalista en el Premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, en 2018. Este es uno de los más prestigiosos de la región.

Y así, podríamos seguir leyendo mucho de los logros que cualquier jurado capacitado y especializado le puede otorgar a un joven con la pluma de Fuentes. El problema de estos países está más en el público. ¿Dónde está?

Por estos lados, el gran problema de la literatura es que sigue buscando cómo sobrevivir. No es que no haya gente que escriba. Es que a la gente que escribe debe comer, pagar casa, servicios, se enferma, envejece. Tiene necesidades más allá de talento y disciplina. A este punto, estamos de acuerdo en impulsar la literatura, pero no hemos terminado de aterrizar en que ese impulso requiere de contar con un público que aprecie y consuma. A este público hay que formarlo.

Hoy es día de elecciones. Para llegar acá se ha discutido hasta la saciedad la crisis política. Una discusión intensa pero, al fin de cuentas, vacía. Los problemas estructurales no se han abordado. Y van a seguir ahí gane quien gane. Es como decir que apoyamos la literatura, pero no apoyamos ni comprendemos que quien la hace es un ser humano con derechos. Vacío.

Este cuento de Rodrigo Fuentes es genial, tal cual. Y se puede ver como una metáfora muy cuidada de nuestras sociedades y sus injusticias silenciadas.

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.

Carta Editorial

¿Qué es corrupción? En Venezuela esta palabra es hambre. No hay comida en la mesa de las familias. No hay medicinas en los hospitales. La corrupción, tal cual, ya ha matado a quien sabe cuánta gente. Y, para terminar de armar la desgracia, tampoco hay justicia.

¿Cómo un país tan lleno de recursos llegó a quedarse sin nada qué ofrecer a sus ciudadanos? En esta edición la revista Séptimo Sentido forma parte de una publicación simultánea con otros tres medios de comunicación para responder a esta pregunta. Periodistas de El Confidencial, de Nicaragua; Diario Libre, de República Dominicana; y El Pitazo, de Venezuela, coordinados por la iniciativa de periodismo CONNECTAS han consultado a una gran variedad de fuentes para encontrar las piezas. Ahora se puede armar el mecanismo por medio del cual los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro entregaron petróleo venezolano a gobiernos aliados más como una forma de soborno, que como un sistema de abastecimiento para que las familias venezolanas tuvieran lo básico.

Este esquema no sirvió para llenar las alacenas ni botiquines. Pero sí fue exitoso en desviar dineros públicos a cuentas de funcionarios y familiares de Chávez y Maduro. El Salvador, por medio de empresas ligadas a ALBA, ha formado parte de esta red en la que no solo se transó dinero, sino que también poder.

Este trabajo es un ejemplo de cómo el periodismo está obligado a traspasar las fronteras, así como lo hace la corrupción. Es un enorme esfuerzo por explicar cómo se destruye un país y que, para hacerlo, hacen falta cómplices dispuestos a abandonar el papel para el que fueron elegidos y dedicarse a intereses retorcidos disfrazados de política externa.

Estas páginas son un mapa que ilustra que los muchos recursos naturales que tenga un país no son un escudo para resistir los desmanes de gobiernos populistas dedicados a imponer sus verdades y a blindarse.

La corrupción es capaz de arrasar con todo.

Carta Editorial

En México, un intento de controlar el robo de gasolina de los ductos ha derivado en desabastecimiento. El problema del robo de combustible ha sido el dolor de cabeza varios gobiernos. Petróleos Mexicanos (Pemex), en un afán por proteger el viaje del combustible a lo largo de kilómetros y kilómetros de tuberías, llegó a ocupar los servicios de miembros del Ejército. En un cambio de estrategia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a hacer la distribución por medio de pipas. Un proceso menos expedito que ha dejado a grandes poblaciones desabastecidas.

¿Es el uso de pipas una manera de reconocer que los cuerpos de seguridad del Estado son incapaces de anular el funcionamiento de las bandas que se dedican a la sustracción de combustible? ¿Es esta una forma de admitir que el grado de penetración y control de las bandas en los estados no se puede combatir? El debate en México es álgido y está empapado de hastío ante las tantas veces en las que Pemex se ha visto ligada a casos de corrupción.

Esta edición también incluye un reportaje acerca de cómo Estados Unidos avala, pese al discurso antiinmigrante, las solicitudes de menores de edad extranjeros con el objetivo explícito de mantener una relación de pareja con adultos estadounidenses.

En EUA no está prohibido el matrimonio con menores de edad. Solo está regulado y debe cumplir ciertos requisitos. Así un estadounidense de 50 años de edad puede solicitar el ingreso de una guatemalteca de 13 o 15 años para unirse a ella de forma legal, sin levantar alarmas, sin que ninguna institución se oponga en nombre de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Los datos de este reportaje revelan el aumento de estas solicitudes que, bajo formas avaladas por las instituciones, esconden terribles abusos.