Carta Editorial

¿Cuándo se dejó de secuestrar? ¿Por qué se dejó de secuestrar? ¿Qué hubo en la respuesta institucional que logró detener y luego bajar las cifras que reportaba este delito? ¿Quiénes influyeron? ¿Se aprendieron las lecciones? A inicios de la década pasada, este era el delito que mantenía en zozobra a un país que avanzaba a tientas en la posguerra.

La respuesta que se dio en aquel momento fue efectiva no solo en bajar la cantidad de casos, sino que también en hacer menos rentable el delito. Y, sobre todo, en mejorar las investigaciones para así bajar los índices de impunidad. El periodista Moisés Alvarado hace un repaso por esta estrategia que contó con apoyo presidencial y que también abrió la puerta a la colaboración financiera directa de otros actores como el Patronato Antisecuestros.

Las preguntas a las que lleva la lógica se amontonan: ¿se puede hacer esto con otros delitos? ¿Es la impunidad un problema de falta de recursos económicos? ¿Por qué se limitaron al secuestro? ¿Se aprendieron las lecciones? ¿Nos miran a todos con equidad las instituciones encargadas de velar por hacer cumplir las leyes?

Los secuestros causaron daño a muchas familias, no solo a las de las víctimas directas. Ese delito castigó al país en un momento delicado de la historia. Pese a que se implementaron acciones para detenerlo, ¿cuánto de aquellas violencias, de aquella zozobra y desconfianza quedó grabado en nuestro comportamiento social? En este país, nos seguimos debiendo un análisis de todo cuanto nos ha causado daño para evitar repetirlo.

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Las migraciones se consideran parte del ciclo de la humanidad. En el caso de países como el nuestro, sin embargo, el problema es que las migraciones actuales se dan en condiciones que dejan por fuera muchos derechos considerados fundamentales.

La periodista Valeria Guzmán hace en esta edición un retrato de cómo es volver –herido, vulnerable y sin nada– a un país en el que ya no se puede estar y del cual, en realidad, se huye. Un proceso por el que ya han pasado miles de salvadoreños sin que, hasta el momento, su sufrimiento haya pesado lo suficiente como para que se ejecuten cambios significativos.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no ha supuesto, de acuerdo con los registros oficiales, un aumento en la cantidad de salvadoreños deportados. La tendencia es compartida por los tres países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Que los números sean menos abultados que los que se registraron durante la presidencia de Barack Obama no significa necesariamente que los salvadoreños estén migrando menos. Significa que, como indican los especialistas, esto debe ser parte de un fenómeno que puede incluir nuevos destinos o la relajación de controles en México, un país que ha visto deterioradas sus relaciones con Estados Unidos en los últimos años a raíz de la construcción del muro fronterizo a la que Trump no ha renunciado.

Desde la vulnerabilidad de este país que no solo depende de las remesas, sino que es incapaz de ofrecer oportunidades dignas a los que han tenido que irse a buscar desarrollo, las instituciones deberían estar más en alerta a lo que se suceda con dos programas que están en la cuerda floja: el TPS y DACA. ¿Qué va a pasar con los miles que se han amparado a estas figuras si desaparecen y son retornados a un país que en realidad nunca les respondió? ¿Qué les puede ofrecer un país que da más para irse que para el arraigo?

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La responsabilidad del periodismo en países con tantas irregularidades como el nuestro debe ir más allá de la relatoría de hechos dispersos. Es necesario tomar distancia para hacer un esfuerzo por construir el contexto. Esto es lo que hemos hecho en esta entrega especial sobre las masacres ocurridas en 2014, 2015 y 2016.

Para intentar hallar caminos que nos saquen de esta espiral de agresión, primero es necesario revertir el proceso de insensibilización ante la muerte violenta en el que hemos caído. Hacerlo implica una revisión minuciosa de nuestros números. Entre ellos es posible descubrir patrones, esas circunstancias que aparecen en la mayoría de casos y que no son meras casualidades. Son lo que mejor define hacia adónde deben apuntar los recursos para evitar que la lista de víctimas siga creciendo.

Con los números hay nombres que es necesario pronunciar. Nuestra portada de hoy es un doloroso memorial, una manera de no dejar atrás a todos aquellos para los que cualquier propuesta de pacificación ha llegado tarde. Entre los nombres se repiten apellidos. Hay tragedias que han arrancado de este mundo a familias completas y este dolor ha significado muy poco para el país. Hemos intentado invocarlos a todos para sacarlos del tan dañino olvido, de esa rutina de desapego que nos permite continuar y perpetuar burbujas.

Esos nombres llevan a rostros. Hay que ver a los ojos de los sufren para generar empatía. Entender al otro como un igual –y no como alguien que se merece o que buscó sufrir– es el antídoto a tantos años de impunidad. Esta edición es también viajar a lo que queda de esos lugares que se vaciaron de vida entre tanto asesinato múltiple. Es volver después de la emergencia y dar cuenta de cómo hacen las poblaciones sobrevivientes para recuperarse, si acaso lo logran.

Estos textos son un espejo que nos permite ver con claridad cómo nuestra sociedad se ha retorcido.

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Como la protagonista de la historia que abre esta edición seguro hay muchas. Pero todavía falta que haya más. Videlina es una de las mujeres que ha tomado lo poco que le ha dado el sistema y lo ha puesto a trabajar en función de los sueños que el mismo sistema le ha permitido tener.

Una casa y un ingreso que le permita cubrir los gastos básicos no es algo fácil de alcanzar en la zona rural de un país al que poco le ha importado desarrollar estos rincones de manera equitativa. Y es más difícil si se es mujer.

Videlina no fue a la escuela por tiempo suficiente como para cambiar con eso el rumbo hacia la pobreza. Tampoco se ha visto beneficiada con la apertura de empleos formales allá donde reside. A Videlina se le han abierto pocas puertas, pero ha sabido colocar todo el esfuerzo y la responsabilidad necesarios para aprovecharlos. Ese mérito es suyo y constituye una de las maneras más efectivas de forjar liderazgos auténticos: el ejemplo.
La mejor manera de reducir la exclusión y la brecha de desigualdad es sembrar en estas zonas figuras que no solo impulsen desde la retórica, sino que hagan ver que la movilidad social, que el convertirse en alguien que alcanza sus metas es posible, no fácil, pero sí posible.

Esta mujer es también la muestra de que el desarrollo se hereda. Ahora que ya les dio un techo seguro y que ha logrado alejar al hambre, lo que sigue es alcanzar la educación para sus hijos. Estas son las inversiones que vale la pena hacer, las que se convierten en semilla de superación, pero que no sarán frutos sin la persistencia de quien las recibe.

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La participación de las mujeres en espacios públicos es una cuestión de justicia que se explica en números. Si somos más de la mitad de la población, la representación en puestos de incidencia política debería ser acorde. ¿Qué razones son las que explican la ausencia de mujeres en las instancias en donde se toman las decisiones que definen el rumbo del país?
La respuesta no es sencilla de elaborar.

Pero para fabricarla hace falta llegar hasta la intimidad de los hogares en donde la carga sigue siendo de ellas, ya sea como planificación o como ejecución. La casa, pese a que las mujeres también trabajen, se sigue viendo como algo “naturalmente femenino” y, así como todavía no se promueven con suficiente eficacia los liderazgos femeninos, tampoco se promueve que los hombres asuman lo doméstico como algo que, naturalmente, les corresponde. Como muestra, una de las preguntas que se hace a las mujeres que alcanzan éxito profesional es cómo hacen para compaginar casa y trabajo. Como si ellas fueran las únicas responsable de la primera.

En el reportaje que abre esta edición, la periodista Valeria Guzmán recoge los resultados de las políticas que se han puesto en marcha en el país para acelerar la inclusión. Hay avances, pero se camina todavía a un paso demasiado lento en comparación con las exigencias de un mundo que pretende acortar las brechas de desigualdad.

Las próximas elecciones no dan indicios de cambios importantes en cómo se involucra a las mujeres en esta esfera. Si reconocemos que la mejor forma de educar es el ejemplo, ¿qué figuras le estamos dando a las nuevas generaciones para estimularlas a cambiar paradigmas?

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En el reportaje que abre esta edición hay un obvio esfuerzo por cumplir labores que le corresponden al periodismo: explicar, traducir y colocar en contexto. Este texto del periodista Moisés Alvarado se detiene a desmenuzar algunas de las sentencias relativas al delito de lavado de dinero.

La ley que enmarca este delito ha sido motivo de discusión en diferentes ámbitos y no han sido pocos los que la han calificado como ejemplar o, al menos, satisfactoria. Pero qué tipo de recursos se tienen para ejercer todas las acciones que la aplicación de la norma demanda; con qué cuenta la Fiscalía General de la República para montar los casos; o cómo se ha fortalecido la Policía Nacional Civil para ejecutar lo que le corresponde.

Los casos que la Fiscalía ha logrado ganar, hasta el momento, guardan entre sí características similares. La ley se ha aplicado a quienes han sido encontrados mientras transportaban grandes cantidades de dinero sin cumplir con los requisitos legales necesarios.

No se han visto resultados de investigaciones que vayan encaminadas a desbaratar redes más sofisticadas de lavado de dinero que, como sugiere una de las fuentes consultadas, no sería raro encontrar en el país dado que las economías dolarizadas son las que más facilitan estas operaciones.

Hallar la ruta del dinero sucio es también ayudar a detener las acciones que lo producen. Es hacer menos rentable el narcotráfico y las violencias que provoca. Es una lucha frontal contra la corrupción; y es hacer que el delito se quede sin combustible para seguir avanzando. Los Estados que quieren mejorar la vida para sus ciudadanos deben buscar combatir el delito que se comete en las alturas, ahí donde se arman las estructuras y no solo entre los que ejecutan.

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La poco apropiada atención en salud que reciben los ciudadanos ha creado el caldo de cultivo perfecto para que se reproduzcan las posibilidades de delitos y de abusos. Solo en el marco de un país que no alivia es que la población recurre con tanta fe a tratamientos sin garantías.

Detrás de todo lo que funciona mal del sistema de salud, y que provoca que la población traslade sus esperanzas de alivio a otros, debe haber mentes con vocación criminal. Porque los servicios de salud básicos y confiables no deberían, a estas alturas, verse como algo tan difícil de alcanzar. Y seguramente hay otra mente todavía más criminal detrás de los que aprovechan todo este río revuelto para pescar a los desesperados, a los que prefieren arriesgarse con un medicamento de dudosa procedencia, que seguir sufriendo.

El reportaje que abre esta edición, escrito por la periodista Valeria Guzmán, explora desde un punto de vista institucional cómo se han perseguido los delitos que tienen que ver con medicamento. Desde el titular se deja claro, sin embargo, que el problema está lejos de ser erradicado.

La venta de productos medicinales que no cumplen con los requisitos de calidad y de conservación sigue arraigada en la necesidad de obtener alivio de forma económica y expedita. Las ventas no reguladas están por todos lados. Mientras que en las alternativas de centros de salud que ofrece el Estado, abundan solo las carencias y los obstáculos.

“Medicamentos que no curan, pero se venden” deja al descubierto otra peligrosa consecuencia del irrespeto crónico al derecho a la salud que tenemos todos los salvadoreños.

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Hay muy poco de esperanza en esta edición. Y hay mucho de ese trabajo de tomar conciencia del lugar que ocupamos en el mundo. Si un niño sale hoy a festejar su día, lo que va a encontrar en la calle es lo de siempre: un ejército de vigilantes privados apostados desde que sale de la colonia hasta que llega a su destino. Todos con sus armas expuestas. Esto, sin contar con los policías, con los militares, con las tanquetas, con el “tené cuidado” en la boca de cada persona a la que le importe. Y, en teoría, nada de esto está de sobra. En teoría, vivimos en un país en donde hace falta todo esto para sentir algo de seguridad. Porque, hasta el momento, no se ha hecho nada en otra dirección que no sea la de intentar detener una vorágine de violencia, con otra vorágine de violencia. Y las violencias no se repelen, se combinan para causar más daño.

En medio de esta situación alterada, la preocupación es otra manera de mostrar afecto. Pagar para que haya gente armada por todos lados es una forma retorcida de sobreproteger. Es tratar de evitar que el ambiente se coma a alguien, pese a que en la preocupación coexiste la certeza de que puede pasar. Y pasa.

El periodista Moisés Alvarado recoge en este reportaje una serie de casos que revelan el daño que ha hecho la corrupción del sistema de seguridad pública. Las víctimas han sido menores de edad. Los victimarios han sido miembros de cuerpos de seguridad.

Hay zonas en las que no se trata solo de ver gente armada por todos lados. Se trata de que la violencia viene de tantos lados que impide cualquier oportunidad de tener niñez; y no hay un marco institucional lo suficientemente fuerte como para hacer pensar que se puede detener a corto plazo. Muchas de las denuncias por casos en contra de miembros de seguridad, por ejemplo, son abandonadas. En medio de tanta agresión, todavía no se cae en cuenta del grave error de no formar niños que sepan reconocer sus derechos violados y sientan la confianza necesaria para verlos restituidos.

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El fotorreportaje con el que se abre esta edición es una mirada a la intimidad de una de las enfermedades de las que se debería hablar más: el Parkinson. Los pacientes que sufren este mal se ven ante un muro de discriminación y abandono en instituciones públicas que no logran darles lo necesario para llevar la enfermedad con dignidad.

Es este marco, mucha de la carga recae en la familia. Los pacientes que tienen la suerte de tener a alguien que los cuide llevan alguna ventaja en la manera en la que les toca enfrentar esta enfermedad que no tiene cura y que es degenerativa.

Pero los cuidadores también necesitan quién vele por ellos. La carga impuesta sobre los hombros de estas personas es mayor dadas las deficiencias del sistema. La enfermedad también los afecta a ellos, como se observa en esta historia gráfica realizada por el fotoperiodista Frederick Meza.

En este número también se ha incluido un material regional. Es un diagnóstico de la situación de las cárceles elaborado por 11 diarios que pertenecen al colectivo Grupo de Diarios de América (GDA).

Este trabajo apunta hacia la que se ha convertido en una constante a la hora de cumplir una sentencia carcelaria: la violación a los derechos humanos. La primera característica que sale a relucir es la falta de espacios adecuados. Muchas de las instalaciones no fueron creadas para albergar a la cantidad de gente que ahora compone la demanda. Y tampoco se ha invertido en adecuaciones.

El resultado es que se pone en riesgo la seguridad física de los internos y también se pone en riesgo la seguridad pública, porque estas instalaciones no ofrecen requisitos indispensables para cumplir sentencia y menos para llevar a cabo un proceso de educación que facilite la reinserción. La deuda no es solo con los sentenciados, es con la sociedad completa.

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La frase que titula la entrevista de Roberto Salomón guarda una enorme sabiduría. Acá la gente valiosa puede poner todo su esfuerzo y comprometer hasta la vida por abrir una brecha. Pero ese trabajo no alcanza a cumplir con todo su propósito si no vienen más a aprovechar para pavimentar y dejar habilitado un camino que sea transitable para la mayoría.

Pese a los grandes sacrificios de tantas personas como Salomón, el teatro sigue andando por veredas rústicas en este país. Una tragedia, si se toma en cuenta que a El Salvador hace rato le urge encontrar vías de expresión que contribuyan al entendimiento colectivo.

Y no es solo el teatro. La cultura en general se toma como una inversión accesoria, como algo de lo que se puede prescindir. Cuando, en realidad, la inversión en cultura es lo que hace la diferencia entre quienes buscan el desarrollo de una manera equitativa y los que solo quieren respuestas inmediatas que se puedan traducir en unos cuantos votos en las siguientes elecciones.

En esta entrevista, realizada por la periodista Valeria Guzmán, se ve a un Salomón que, sin salir del teatro, lanza un certero análisis de una de las deudas más sensibles durante toda la historia de este país: educación.

Esta carencia es la que pone en un contexto desolador su frase sobre los tractores, la brecha y el pavimento. Sin quitarle a la educación el candado de poder adquisitivo bajo el cual está en la actualidad, difícilmente habrá gente que pueda saber qué hacer para que las primaveras que encienden los revolucionarios acaben siendo cambios que se instalen y hagan mejor la vida para las mayorías.