Carta Editorial

Este trabajo es efectivo en demostrar que la barbarie con la que se ataca a este colectivo es significativamente alta, pero ni este ensañamiento focalizado ha sido suficiente para activar los mecanismos de justicia.

El Grupo de Diarios de América (GDA) ha buscado medir un fenómeno que uniforma a los países latinoamericanos: el irrespeto a los derechos de las personas que forman parte del colectivo de la diversidad sexual. Los resultados nos muestran el casi nulo avance que ha habido hacia una justicia universal.

Hay, para empezar, una violación al derecho a la identidad. Este es uno de esos espacios en los que nadie debería intervenir y en el que los Estados deberían dar garantías absolutas de que una persona va a poder vivir como decida, bajo el nombre con el que mejor se sienta. Pero esto, si se logra, es solo en algunos de los 10 países analizados y después de librar agresivas luchas.

Y la batalla por el nombre va más allá de muerte. Gente que logra reasignarse nombre ante la sociedad pierde todo al morir. Regresa al nombre legal y no hay manera, por ejemplo, de que este colectivo sea visible en estadísticas de muerte violenta. En El Salvador, por ejemplo, Medicina Legal no tiene herramientas para poder categorizar a las víctimas más allá de hombre o mujer. ¿Cómo se mide la violencia dirigida a este colectivo si no se sabe ni cuántos han sido víctimas?

Este trabajo es efectivo en demostrar que la barbarie con la que se ataca a este colectivo es significativamente alta, pero ni ese ensañamiento focalizado ha sido suficiente para activar los mecanismos de justicia.

El camino que lleva la mayoría de crímenes de odio es la impunidad. No se investiga, no se castiga a quienes impulsados por la discriminación atacan con especial furia. Y tampoco se evita que nuevas víctima caigan en este abismo de silencios que acaban siendo cómplices.

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