Carta Editorial
Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir.
A cada persona desaparecida la cubre un grueso manto de impunidad que permite que todos los días desaparezcan más y más y más. Esta es la segunda de las entregas que cada último domingo del mes vamos a dedicar a esta búsqueda interminable.
En nuestras leyes, la única desaparición considerada como delito es en la que están involucrados los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Esta es, justamente, la que menos se denuncia.
La razón de este fenómeno no se puede adjudicar solo a que no se comete. Al contrario, representantes de cada institución consultada para este reportaje reconocen un considerable subregistro de estos casos.
Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir. El resultado es que la cultura de denuncia es débil, no termina de asentarse. Y la situación se complica más cuando es al mismo Estado al que hay que denunciar como violador de las leyes que debería respetar y hacer respetar.
La periodista Valeria Guzmán profundiza en ese oscuro mundo en el que el ciudadano está solo, esa realidad alterada en el que no hay nadie fiable a quien pedir seguridad y justicia.
Hay familias para las que las búsquedas nunca acaban. Y El Salvador, aunque es el país más pequeño de América continental, es todavía demasiado amplio como para encontrar sin ayuda a un desaparecido.
Estas familias mantienen en el presente a sus seres queridos. Van de aquí para allá con los retratos, los nombres, el tipo de sangre, las señales que puedan ayudar a identificarlos. Pero son ellos contra el aparato estatal. En una región que da a luz toda clase de tragedias todos los días, ellos y sus dramas de incertidumbre y angustia casi nunca se ven. Y, si llegan a llamar la atención, lo hacen a la luz del prejuicio y la criminalización de la falta de recursos.