En las fronteras del Triángulo Norte, la región formada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, se vive una crisis sanitaria que durante años los gobiernos han encontrado conveniente ignorar.

Carta Editorial

por Glenda Girón, Editora

Salud pública. El Salvador recibe cada año a miles de personas de Guatemala y Honduras que buscan aquí atención médica.

Cuando se aborda el acceso a los servicios elementales de las personas con menos recursos económicos, hay un tono de normalización del sufrimiento. Es normal tener que hacer largas colas en los hospitales para recibir atención de emergencia, es normal esperar dos o tres meses para ver a un médico especialista durante 15 minutos, es normal tener que recorrer grandes distancias y hasta cruzar fronteras para poder recibir atención en salud. Esa normalización tan arraigada en esta región no es otra cosa que violencia. No matan solo las balas, mata también el abandono.

En las fronteras del Triángulo Norte, la región formada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, se vive una crisis sanitaria que durante años los gobiernos han encontrado conveniente ignorar. Todos los días, grupos de enfermos renales, parturientas y niños cruzan por pasos ciegos y mojones en busca de atención médica, y lo hacen en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo y uno de los que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto dedica al gasto público en salud.

En cinco años, los hospitales públicos salvadoreños han brindado un promedio diario de 24 consultas a guatemaltecos y 25 a hondureños. El reportaje de esta edición no se limita a señalar la inversión o la cantidad de consultas. Este tema de salud pública va sobre la exclusión.

La forma en la que los habitante de los cordones fronterizos resuelven su necesidad de atención médica no ha sido prioridad para los gobiernos, que han estado más preocupados por atajar las críticas solo en los hospitales metropolitanos. El primer nivel de atención, ese que es una herramienta indispensable para mejorar la calidad de viva de las poblaciones, ha sido relegado a un tercer o cuarto plano.

Con el resultado de estas acciones se han escrito historias trágicas de ancianos diabéticos que deben recorrer kilómetros para poder recibir una curación o de niños con enfermedad renal crónica que se pasan la vida en un viaje que no ofrece ninguna comodidad. Son personas que en pleno 2018 tienen que caminar hasta por nueve horas para llegar hasta un establecimiento que les ofrezca atención y medicinas.

Hay muchas formas de discriminación. Una de las más crueles es la de alejar a los seres humanos de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de tener salud.

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  • 18 noviembre, 2018 / Carta Editorial de Glenda Girón  (SÉPTIMO SENTIDO)

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