Carta editorial
La ley se ha aplicado a quienes han sido encontrados mientras transportaban grandes cantidades de dinero sin cumplir con los requisitos legales necesarios.
En el reportaje que abre esta edición hay un obvio esfuerzo por cumplir labores que le corresponden al periodismo: explicar, traducir y colocar en contexto. Este texto del periodista Moisés Alvarado se detiene a desmenuzar algunas de las sentencias relativas al delito de lavado de dinero.
La ley que enmarca este delito ha sido motivo de discusión en diferentes ámbitos y no han sido pocos los que la han calificado como ejemplar o, al menos, satisfactoria. Pero qué tipo de recursos se tienen para ejercer todas las acciones que la aplicación de la norma demanda; con qué cuenta la Fiscalía General de la República para montar los casos; o cómo se ha fortalecido la Policía Nacional Civil para ejecutar lo que le corresponde.
Los casos que la Fiscalía ha logrado ganar, hasta el momento, guardan entre sí características similares. La ley se ha aplicado a quienes han sido encontrados mientras transportaban grandes cantidades de dinero sin cumplir con los requisitos legales necesarios.
No se han visto resultados de investigaciones que vayan encaminadas a desbaratar redes más sofisticadas de lavado de dinero que, como sugiere una de las fuentes consultadas, no sería raro encontrar en el país dado que las economías dolarizadas son las que más facilitan estas operaciones.
Hallar la ruta del dinero sucio es también ayudar a detener las acciones que lo producen. Es hacer menos rentable el narcotráfico y las violencias que provoca. Es una lucha frontal contra la corrupción; y es hacer que el delito se quede sin combustible para seguir avanzando. Los Estados que quieren mejorar la vida para sus ciudadanos deben buscar combatir el delito que se comete en las alturas, ahí donde se arman las estructuras y no solo entre los que ejecutan.