Carta Editorial
La venta de productos medicinales que no cumplen con los requisitos de calidad y de conservación sigue arraigada en la necesidad de obtener alivio de forma económica y expedita.
La poco apropiada atención en salud que reciben los ciudadanos ha creado el caldo de cultivo perfecto para que se reproduzcan las posibilidades de delitos y de abusos. Solo en el marco de un país que no alivia es que la población recurre con tanta fe a tratamientos sin garantías.
Detrás de todo lo que funciona mal del sistema de salud, y que provoca que la población traslade sus esperanzas de alivio a otros, debe haber mentes con vocación criminal. Porque los servicios de salud básicos y confiables no deberían, a estas alturas, verse como algo tan difícil de alcanzar. Y seguramente hay otra mente todavía más criminal detrás de los que aprovechan todo este río revuelto para pescar a los desesperados, a los que prefieren arriesgarse con un medicamento de dudosa procedencia, que seguir sufriendo.
El reportaje que abre esta edición, escrito por la periodista Valeria Guzmán, explora desde un punto de vista institucional cómo se han perseguido los delitos que tienen que ver con medicamento. Desde el titular se deja claro, sin embargo, que el problema está lejos de ser erradicado.
La venta de productos medicinales que no cumplen con los requisitos de calidad y de conservación sigue arraigada en la necesidad de obtener alivio de forma económica y expedita. Las ventas no reguladas están por todos lados. Mientras que en las alternativas de centros de salud que ofrece el Estado, abundan solo las carencias y los obstáculos.
“Medicamentos que no curan, pero se venden” deja al descubierto otra peligrosa consecuencia del irrespeto crónico al derecho a la salud que tenemos todos los salvadoreños.