Carta Editorial
El objetivo no es solo golpear las finanzas de la delincuencia organizada, sino que también dotar a los Estados de más recursos.
Una de las maneras más efectivas para controlar la delincuencia de altos vuelos es afectar sus mecanismos de acumulación de riquezas. Este es el espíritu que rige normas como la Ley de Extinción de Dominio y es también lo que genera el nacimiento de instituciones como el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El objetivo no es solo golpear las finanzas de la delincuencia organizada, sino que también dotar a los Estados de más recursos. Hacerlo, sin embargo, implica no solo blindar a los funcionarios a cargo contra la corrupción, sino que también que estos funcionarios adopten mecanismos para ser eficientes en la administración de lo incautado, sobre todo cuando son empresas en activo.
El Salvador está en un momento en el que debe probar que puede convertir una crisis en el combustible necesario para sacar provecho máximo de las leyes dictadas y de lo que instituciones como el CONAB pueden hacer si se les deja trabajar.
En esta primera edición de un año que se plantea como crucial en aspectos como el electoral, arrancamos con este tema que, pese a que no genera las empatías de una historia, es de una indiscutible importancia. El abogado costarricense Dennis Cheng es el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y desde junio de 2017 trabaja como asesor del CONAB. En esta entrevista realizada por Moisés Alvarado desmenuza un diagnóstico en el que explica qué es lo que gana el país con el trabajo de esta institución. Pero, también advierte sobre la falta de reglamentos que dejen en firme los procedimientos a seguir. Una sociedad que busque soluciones a largo plazo debe también adquirir el compromiso de informase acerca de cómo fiscalizar mejor.