Las leyes estipulan que el Instituto de Medicina Legal debería contar con forenses con una especialidad académica terminada.

Carta Editorial

por Glenda Girón, Editora

Foto de archivo Nombramientos. En agosto del año pasado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió resolución contra la Corte Suprema de Justicia por contratar médicos generales y nombrarlos, sin ningún ente académico, médicos forenses.

Hace más de 25 años, el final de la guerra nos agarró sin la capacidad para formar parte de un sistema ordenado. Se crearon leyes, se crearon instituciones, pero no fue posible cambiar el caos por la estructura. Hemos pasado décadas intentado encajar lo viejo con lo nuevo y solo hemos conseguido funcionar con base en parches. Así, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones más señaladas por violaciones a los derechos humanos. Y, por otro lado, el Instituto de Medicina Legal ha estado funcionando por décadas sin que exista un sistema que lo dote de forenses con especialización académica.
La lucha contra la impunidad es un punto de honor cuando se trata de reducir las violencias y de persuadir la comisión de más delitos. Y esta lucha no se libra de manera efectiva sin la prueba científica, la misma que ha quedado varada, porque ponerla en marcha implica organización, capacitación y recursos.
Las leyes estipulan que el Instituto de Medicina Legal debería contar con forenses con una especialidad académica terminada. Pero cuando el instituto se formó, El Salvador no estaba preparado para asumir las responsabilidad de fortalecer estas nuevas instancias con todos los recursos necesarios para su funcionamiento idóneo. No había dónde formar forenses. Los que hay y han estado realizando esta tarea han tenido que estudiar en otros países o han realizado diplomados y cursos, educación complementaria, algo que ayuda pero no sustituye un proceso de especialización completo. El trabajo que estos profesionales han realizado ha servido para sentar bases y no se desprecia ni se le quita mérito, pero no es lo que desde el inicio se pensó para este instituto.
La formación de los forenses en El Salvador ya inició, pero es algo todavía tan reciente que ni siquiera se ha graduado la primera promoción. Abrir el espacio adecuado para esto ha requerido de la insistencia de instituciones y particulares en hacer notar el vacío en la forma en la que ha venido trabajando el IML y que pone en tela de juicio procesos de investigación y el fortalecimiento mismo de la prueba científica.

Para acercarnos al desarrollo, bastaría con cumplir las que ya existen. Esto significa no solo crear las instituciones, sino que estas estén formadas por gente que cumpla los requisitos establecidos. Es necesario dejar de funcionar con base en parches.

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  • 6 mayo, 2018 / Carta Editorial de Glenda Girón  (SÉPTIMO SENTIDO)

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