La desigualdad
Para el ser humano no hay otro servicio básico tan imprescindible como el del agua, es el bien más esencial y de más valor para la vida, similar al oxígeno y la sangre de nuestro cuerpo, indispensables para existir. En El Salvador no debería escasear el agua potable, ya que sus suelos captan anualmente altos volúmenes de lluvias, pero los efectos del calentamiento global y la mala gestión del líquido nos empujan al racionamiento y desabastecimiento que padecemos. En el reportaje de Valeria Guzmán “Las autodefensas del agua” se revela uno de tantos lugares donde la comunidad se ha apropiado de toda clase de sacrificios a fin de gozar de ese primordial servicio para su manutención cotidiana; pero también hay otras comunidades con expediente similar al del cantón Carasque de Nueva Trinidad que han batallado aportando cientos de días de trabajo realizados con sus propias herramientas, sin recibir ninguna paga, es el caso de las siete comunidades de Tacuba, donde una vez organizados empezaron a hacer los trabajos que les solucionó su problema de desabastecimiento. Pero ahora que el proyecto está en funcionamiento, el alcalde, en los cuatro períodos que lleva, los viene acosando al querer arrebatarles la administración para traspasarla a la alcaldía y, al oponerse los usuarios, han sido acusados de ilegalidades que no existen, lo que propicia un forcejeo que ha enjuiciado a los directivos con la ayuda de un inescrupuloso fiscal auxiliar. Peor aún, ninguna autoridad de Gobierno les ha arrimado el hombro en un arbitraje que solucione la pugna sin fin. Ya se ha mencionado que la tercera guerra será por el agua, esto nos recuerda el episodio que hace varios años vivieron los habitantes de Cochabamba, Bolivia, cuando lucharon a costa de sangre la llamada Guerra del agua propiciada por el detonante de la privatización. Es incuestionable que el futuro hídrico en el planeta es incierto y, en nuestro caso, urge pensar en voz alta para aprobar la ley general del agua a fin de que las administradoras comunitarias también puedan autogestionar el recurso con procesos ordenados, pero este proyecto de ley continúa sedado en alguna gaveta de la Asamblea Legislativa. El caso del caserío Carasque ilustra la falta de programas de protección de los lechos hídricos subterráneos en un país tan deforestado y con una población en crecimiento desmedido, asociado al tema de la calidad, que no es menos crítico.