Masacres por doquier

Me solidaricé mucho con un pensamiento de la carta editorial de 7S del domingo pasado: “Hay dolores que el tiempo no cura. Son del tipo que solo se puede atenuar con la justicia”, en referencia a una de las tantas masacres en El Salvador que han quedado impunes: la masacre de El Calabozo, hace 36 años, en el departamento de San Vicente. Aunque no es nueva la denuncia de masacres, que cuentan con irrefutables pruebas de quienes las sufrieron, duele que estos ataques a la vida continúen impunes, y que miles de vidas, en cuenta mujeres embarazadas, niños y ancianos, hayan perecido y sigan sin hacerles justicia. En conversatorios sobre las masacres, llegamos a una conclusión dolorosa: ninguno de los culpables ha sido indiciado, capturado o está preso. Se lo decimos con vergüenza a los grupos de derechos humanos que visitan el país. Las autoridades salvadoreñas han agravado el dolor y el trauma de los sobrevivientes al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre, a pesar de que se ha comprobado que fueron asesinados a sangre fría en la zona conocida como El Calabozo.

La comunidad internacional rechaza las guerras, porque toda guerra es inhumana; las hacemos los hombres, pero es inhumana porque produce muerte, destrucción, sufrimiento. No hay guerras justas, como pretendían los masacradores de El Calabozo, ya que toda guerra, aunque políticamente parezca aceptable, es injusta porque sus consecuencias son siempre desastrosas para un grupo grande de seres humanos que no pueden escapar de ella. Todos sabemos perfectamente que quienes sufren en una guerra, cualquiera que sea su origen, son los niños, los ancianos, los pobres y las mujeres, es decir, las personas más débiles de la sociedad, que no tienen nada que ver ni con su origen ni con sus resultados. La guerra nace del orgullo, del egoísmo, de la intolerancia.

En El Salvador se han librado muchas guerras, pero por eso no somos más libres, más justos ni más felices. Todo lo contrario: con la llegada de gobiernos de izquierda, tuvimos la esperanza de que estas masacres fueran investigadas y poner en el lugar que le corresponde a quienes las perpetraron. Pero no lo hicieron ni en las promesas de campaña, a lo mejor porque también tienen cuentas que saldar, bajo el pretexto de que “yo no te acuso para que tú no me acuses”.

Estas masacres fueron negadas por mucho tiempo no solo por los autores, sino también por los gobiernos que nunca quisieron investigarlas. Tuvieron que denunciarlas las agencias internacionales de información, como una demostración de que no se pueden cubrir con el velo de la impunidad hechos que entristecieron a la humanidad.

René Alberto Calles
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Masacre en el olvido

Uno de los episodios sangrientos de la guerra civil que asoló nuestro país fue la llamada El Calabozo, llevada a cabo por el ejército nacional en agosto de 1982, en plena guerra civil. Algunos sobrevivieron, hoy son testigos que narran lugar, fecha, hora y por qué algunos decidieron huir, pero como la mayoría eran ancianos y niños, decidieron refugiarse en sus casas. Después de varios días de bombardeos, los soldados del Ejército Nacional atacaron la región en la que no hubo resistencia por parte de los pobladores y solo llegaron a matar los animales domésticos y todas las personas que no pudieron huir. También les quemaron sus casas. A esta operación le llamaron “Tierra quemada”. Desde esa fecha, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos luchan para que se haga justicia, pero cada vez que reabren el caso han encontrado impedimentos legales.

Según el reportaje de Valeria Guzmán, ahora existe una resolución de la Sala de lo Constitucional que abre el caso, y se realizó una inspección de los lugares donde quedaron esparcidos los restos de los familiares. Hay que hacer valer los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las personas que fueron asesinadas sin causa alguna. Los testigos presenciales dan cuenta de quienes realizaron esta masacre y, por cosas del destino, el alcalde de la localidad puede dar su declaración por ser uno de los sobrevivientes. Pero surge una pregunta, ¿por qué el Ministerio de la Defensa destruyó documentos relacionados con la matanza? Los pobladores tienen derecho a la verdad para reivindicar a sus familiares señalados como guerrilleros, pero lo que solicitan es conocer la verdad y las motivaciones de estos operativos para su respectivo proceso judicial, deducir responsabilidades para escribir la historia de manera justa y mencionar los nombres de los responsables para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos.

Rutilio López Cortez
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Desempolvando un derecho

En El Salvador el pasado sigue estando muy presente. El conflicto armado dejó tanto juicio pendiente que el siglo presente será poco para ir desempolvando un derecho que tiene cualquier salvadoreño doliente a que se investigue su caso por oculto que este se quiera perpetuar. En el prestigioso portal de Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA, que cada domingo abre sus puertas con valiosos temas de memoria histórica, Valeria Guzmán rubrica la investigación de la edición 497 bajo el título “El Calabozo: el retorno de una denuncia 26 años después”, donde familiares de las personas asesinadas a orillas del río Amatitán, jurisdicción de San Esteban Catarina, reviven el dolor de esa fecha aciaga, 22 de agosto de 1982, angustia que han arrastrado desde entonces y que perdura como si hubiera ocurrido ayer.

El caso fue archivado tras la aprobación de la Ley de Amnistía, creada como tapadera para proteger a los responsables de aquella y otras masacres, pero esta normativa fue declarada inconstitucional por la sala. Lamentablemente, algunas personas acusadas de estar implicadas en aquellas matanzas han ocupado y siguen ocupando cargos que les han servido de coraza ante un sistema judicial que ha desairado reiteradas veces a las víctimas. Lo que claman aquellos desdichados familiares es verdad y justicia, las autoridades responsables de escucharlos han agravado su trauma y su dolor al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la carnicería. Ya es hora de cumplir una reparación a los sobrevivientes enjuiciando a los verdugos del pueblo. Por ahora, este emblemático caso sigue siendo una deuda con los familiares de las víctimas, pero ya está en fase de instrucción penal en un juzgado del departamento de San Vicente. Como dicen, la verdad no peca pero incomoda, pero sin ese ingrediente de tan alto valor dignificante, difícilmente se puede llegar a la consolidación de la paz. Podemos colegir, entonces, que las demás instituciones deben tener avances en lo que corresponde.

Julio Roberto Magaña
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