A Medicina Legal le faltan forenses con especialización académica

Medicina Legal

Hasta el día de hoy, El Salvador no ha graduado a ningún médico con el grado de especialidad en medicina forense en ninguna universidad. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí ha contratado a médicos como forenses a pesar de que estos no cuenten con títulos de especialización en el extranjero que permita llamarlos así.

La creación del Instituto de Medicina Legal fue acordada en 1990. El instituto depende de la CSJ y desde el inicio de sus operaciones ha contratado a médicos generales para realizar actividades propias de especialistas. Así lo asegura la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Lo que se ha venido realizando son contrataciones de profesionales de la medicina que no cuentan con la especialización en las ciencias forenses para que ejerzan tales funciones en el Instituto de Medicina Legal”, se puede leer la resolución SS-0340-2004 de la PDDH.

Debido a que los procedimientos y dictámenes que el Instituto de Medicina Legal (IML) hace forman parte de procesos judiciales, cualquier cuestionamiento a la idoneidad de quienes los realizan puede llegar a convertirse en un cuestionamiento al sistema judicial del país. La administración de justicia basa buena parte de sus expedientes judiciales en la prueba científica que produce Medicina Legal.

“La falta de nombramiento de profesionales acreditados por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de las labores del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer violenta los derechos del debido proceso y de acceso a la justicia”, indica la resolución de la procuraduría.

En 2004 fue aprobada la Ley de Educación Superior actual. Esta ley estableció que los grados académicos como especialistas solo pueden ser brindados por institutos especializados de nivel superior o universidades. Solo hace dos años, en 2016 se empezaron a impartir clases de una nueva especialidad en medicina forense para crear médicos especialistas capacitados de acuerdo con la ley.

En otras palabras, en El Salvador, un país con 10 homicidios diarios en el primer trimestre del año, la especialidad en medicina forense es reciente. Tan reciente que aún no se ha graduado la primera promoción.

Para ser director del Instituto de Medicina Legal no es necesario contar con una especialización en esta área específica. De acuerdo con las convocatorias públicas realizadas para obtener el cargo, el único requisito académico fundamental para desempeñarse en el cargo es tener un título en ciencias jurídicas, medicina, química, biología o afines. El postgrado está señalado como una posibilidad “de preferencia”.

Por ejemplo, el actual director interino, Pedro Martínez, es un médico graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) con especialidad en cirugía. Su currículum, disponible en la página web de la CSJ, enlista dentro del apartado de “información profesional” dos cursos en medicina forense: el primero es un “postgrado en medicina legal” de 12 días en 1996; el segundo, un curso de cinco días de investigación de escena de la muerte en 1998.

En leyes. El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”.

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EL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD

El 26 de octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con la Universidad de El Salvador. En él las dos partes se comprometieron a implementar la especialidad médica en Medicina Legal. En la actualidad hay 24 médicos residentes estudiando esa especialidad.

A la universidad le compete encargarse de los temas académicos, mientras que el IML pone a disposición de los residentes de la especialidad la infraestructura y el material del instituto, “todo con la finalidad de que el Instituto de Medicina Legal pueda contar, en el futuro, con médicos forenses especializados y acreditados”, se lee en un comunicado de la Corte.

La creación de esta especialidad no ha sido un proceso orgánico. Al contrario, para poderla implementar, se necesitó la presión de diversos actores ajenos a la Corte o a entes académicos. La presión externa comenzó en 2004, cuando la PDDH tuvo conocimiento a través de una denuncia “por nombrar y juramentar a médicos generales como médicos forenses”. Es decir, para que la denuncia tuviera una respuesta práctica, tuvieron que pasar 11 años.

La presidenta de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, Doris Luz Rivas Galindo, argumenta desde su oficina que los médicos que están contratados como forenses en el instituto sí tienen la capacidad y experiencia para desempeñarse como tales, y que ellos sí tienen “diplomados, maestrías” en ciencias forenses.

Ya que en el país no existía la especialidad en medicina legal, la Corte defendió durante años la práctica de contratar médicos generales en “la facultad constitucional” que tenían para nombrar médicos forenses. De acuerdo con información recabada por la PDDH, así respondió en un escrito en 2005 el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.

En efecto, el artículo 182 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es nombrar a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma Corte.

“Todo esto comienza a raíz de una muerte de una sobrinita mía en 1991, por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Dudas. ADESAM-Coribel cuestiona la idoneidad de la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial.

A juicio de la PDDH, ese argumento se encontraba basado en una mala interpretación de la Constitución. Pues el artículo 5 de La Ley Superior de Educación de 2004 establece que el grado de especialista es uno académico y que solo los “institutos especializados de nivel superior y las universidades podrán otorgar todos los grados establecidos”.

Hace más de una década, cuando el Ministerio de Educación fue consultado al respecto, quien entonces era ministra de Educación, Darlyn Meza, “informó que conforme a la Ley de Educación Superior, le corresponde a ese ente acreditar los estudios de especialidades en las ramas de la medicina, con la colaboración interinstitucional y previa aprobación y dictamen de la Junta de Vigilancia de las especialidades respectivas”.

La procuraduría asegura que la CSJ hizo una interpretación errónea de las atribuciones constitucionales que la institución argumentaba. En ese sentido, el nombramiento de forenses al que se haría referencia en la Constitución se entendería como la capacidad de contratar a los médicos y no como la posibilidad de asignar un grado académico sin que estos lo cursen.

“Actualmente hay más de 122 médicos forenses en El Salvador, de donde la mayoría, más del 80 %, son mayores de 50 años”, cuenta la magistrada Doris Luz Rivas Galindo. Una fuente que pidió no ser identificada para este reportaje y que trabaja en una jefatura de la Corte explica que en Medicina Legal siempre se ha aprendido sobre la práctica. Y la práctica implica el manejo de información sensible para procesos judiciales.

“Todos entran así (sin experiencia)”, sostiene. Luego explica cómo es que en el instituto un médico general puede ser nombrado forense. Esta persona asegura que “cuando usted entra, se le entrena, se le tutorea y después de un tiempo… tres, seis meses en el área, a usted lo empiezan a soltar y empieza a poner la firma en el peritaje más sencillo y así por el estilo”.

La magistrada Rivas explica: “A partir del desarrollo de la especialidad, ya no es un médico que va a venir, verdad, que ha estado en un lugar equis y de repente va a venir a hacer peritajes”. Ella asegura que con las personas que se gradúen de la especialidad se van a quitar una preocupación de decir ‘bueno y a quiénes vamos a poner’ y evitar otro tipo de prácticas que son menos transparentes.

Rivas Galindo señala que a escala regional, solo Nicaragua y El Salvador no contaban con una especialidad forense. Y que ella no puede responder por qué la Corte no hizo la presión necesaria para que esta especialidad se gestionara con anterioridad. “Nosotros no podemos dar cuenta de por qué no lo hicieron antes. Ahora sí estamos dando cuenta de por qué lo estamos haciendo ahora”, se limita a responder.

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EL INICIO DE LA DEMANDA

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de esta situación en 2004. Así lo explica Mireya Tobar, la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde su oficina en un edificio que tiembla cuando los carros transitan por la calle de enfrente.

Hace 14 años, Wilfredo Alfaro, representante legal de la Asociación para la Defensa de la Salud y del Medio Ambiente Corina Isabel Pérez Alfaro (ADESAM-Coribel), puso una denuncia ante la PDDH.

“Todo esto comienza a raíz de la muerte de una sobrinita mía en 1991 por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Y como hasta hace tres años El Salvador no contaba con ninguna especialización forense certificada por una universidad, la procuradora Tobar no vacila en asegurar que “esta práctica ha sido histórica por parte del Instituto de Medicina Legal. Eso hay que tenerlo claro: en la historia de la creación del instituto no se ha contado con médicos con especialización como tal y si lo ha tenido ha sido de manera individual”.

Mireya Tobar asegura desde su escritorio -lleno de expedientes con denuncias de mala praxis médica- que la no certificación forense ha sido un obstáculo a la hora de evaluar el tipo de casos que llegan a esa unidad.

—Muchos de estos dictámenes, a la hora de que son presentados por Medicina Legal, evaden un dictamen por no tener una especialización en el tema de forense como puede ser en temas de medicina interna –declara.
—¿Pero de todas maneras sí realizan el trabajo con las limitaciones que tienen o se abstienen? –se le consulta a la procuradora.
—En algunos casos, sí. Un porcentaje realiza el dictamen pese a no tener la especialización.
—¿Los médicos pueden abstenerse de pronunciarse?
—Sí, se han llegado a abstener. Y como no hay un sustento en ese reconocimiento que emite, al final a la Fiscalía no le favorece y quedan en la impunidad los casos porque tienden a prescribir.
—¿Estamos hablando de que el nivel de la prueba científica es débil?
—Es débil en ese sentido. Y eso lo vemos en específico en los temas de negligencia y mala praxis –responde.

Tras la denuncia interpuesta durante 2004 por ADESAM-Coribel, la procuraduría de Beatrice de Carrillo exigió informes a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto de Medicina Legal. En marzo de 2006, es decir, hace 12 años, hubo un primer pronunciamiento de la procuraduría en el que, de acuerdo con Mireya Tobar, se dio por establecida “la afectación al derecho de la tutela legal efectiva por parte del personal médico del IML”.

Según la procuradora adjunta, esta situación empezó a cambiar con “los esfuerzos realizados por la señora presidenta de la Sala de lo Penal y el consejo directivo del IML, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, al gestionar la creación de la especialidad de medicina legal”, efectuados desde 2013.

A pesar de admitir los avances en este tema, Tobar dice: “Personalmente sé que se siguen las contrataciones (de personal no acreditado). Esperaríamos que la primera promoción, que ya son médicos que ya cuentan con la especialización, pueda tener un espacio en Medicina Legal o que aún los médicos (forenses) empíricos que están en IML también realicen estos estudios”.

La magistrada Rivas Galindo no descalifica la capacidad de los médicos contratados como forenses en los años anteriores, a pesar de que no cuentan con una especialidad académica, pero habla de “una gran distancia” en la formación que reciben quienes se están formando actualmente y quienes se formaron con la práctica. Ese mismo residentado que la magistrada defiende no ha estado exento de críticas.

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LAS CRÍTICAS A LA ESPECIALIDAD

Cupos. En 2015 se abrió la convocatoria para seleccionar a ocho médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. Aplicaron 29 personas.

La especialidad de medicina legal de la Universidad de El Salvador consta de 23 materias con 107 unidades valorativas. “En el primer año se cursan siete asignaturas, en el segundo ocho y en el tercero tres”, indica la coordinadora de docencia y especialidad médica de IML, Carolina Paz.

Durante 2015 se realizó un proceso de selección de médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. El número de plazas disponibles era de ocho estudiantes y aplicaron 29 personas, de acuerdo con información de la Corte. Actualmente hay 24 estudiantes de la especialidad en el instituto, repartidos en tres años de estudio y práctica.

Las clases empezaron en febrero de 2016. “En el primer año cursan criminalística, que es la base fundamental de todo perito forense, se ven temas de clínica forense, más que todo dirigidos a la parte de lesionología. En el segundo año ya ellos van incursionando en temáticas más especiales, como el área clínica, ya se empieza a relacionar más que todo con estados de salud y se vuelven a ver temáticas médicas ya con un enfoque médico legal. En tercer año es donde ellos van a ver la parte más especializada de medicina legal, que serían ya ciencias forenses de la conducta, química forense; se empiezan ya a hacer sus rotaciones en áreas más especializadas”, explica Carolina Paz desde una sala de reuniones del IML una mañana de marzo.

A pesar de ser una especialidad académica para la cual el país esperó durante casi 20 años, desde que el IML fue creado, la versión en línea del pénsum de la Universidad de El Salvador, que se encuentra disponible para el público, tiene mal escrita 40 veces la palabra “forence”. La puesta en marcha de esta especialidad no ha estado libre de señalamientos.

Wilfredo Alfaro, el representante de ADESAM-Coribel, asegura que tiene información que le permite afirmar que “ahora resulta que los practicantes son los que están haciendo las autopsias”, cuando “Medicina Legal está constituida para hacer autopsias y reconocimientos médicos que van a servir en un proceso penal. Eso no puede estar contaminado”. Él denuncia que los médicos residentes efectúan sus prácticas sobre cuerpos y que esto influye en la posibilidad de contaminar los resultados.

La magistrada Doris Rivas Galindo rechaza dicho señalamiento.

—¿Cómo residentes ellos están autorizados en el área de patología a tener contacto con los cuerpos o a levantar actas que van a ser utilizadas en procesos judiciales? –se le cuestiona.
—Fíjese que por hoy no. No, ellos… una cosa es que puedan participar, apoyar y todo igual que lo hacen los auxiliares de autopsia, qué mejor que también un médico, pero ellos no. Es un tema que discutir, verdad. Ellos tendrían que participar en los juicios para aclarar todo esto, pero no. Y en todo caso ellos participan con el tutor, con alguien que ya realmente lo está haciendo.
—¿Habría que pedir algún permiso? ¿O cómo se establece que las personas que están teniendo contacto con prueba directa que va a ser utilizada puedan tener conocimiento de eso?
—Ellos no manipulan la prueba. La manipula el responsable, el médico forense responsable. Todo ese cuidado se está teniendo. Entonces, a lo mejor los profesores o los tutores son los que podrían dar mayor fe de eso –reitera la magistrada.

El coordinador general de especialidades médicas de la UES, Roberto Germán Tobar, respalda la respuesta de la magistrada. Al igual que Carolina Paz, la coordinadora de la especialidad en el Instituto de Medicina Legal. Ella enfatiza que “el especialista en formación no practica ningún tipo de actividad solo. Tiene un acompañamiento absoluto de los peritos con experiencia y peritos nombrados por la Corte, obviamente, que son los que firman los reconocimientos”.

ADESAM-Coribel, no obstante, cuestiona cuál es la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial. “Esta persona tiene un familiar. ¿Quién de la familia de ellos autorizó para que esta persona estuviera manipulando el cuerpo? No tiene que estarle pidiendo permiso a los familiares. Pero una persona que no tiene competencia sí debe tener permiso de los familiares”, considera su representante legal.

El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”. Una persona empleada de la Corte que solicitó el anonimato sostiene que “los médicos residentes no pueden tocar los documentos oficiales. Y ellos están con puño y letra haciendo los levantamientos”. Para este profesional, eso podría calificarse como falsedad documental.

Además, añade que “en la especialidad los médicos residentes no pueden hacer autopsias y las están haciendo”. La fuente va más lejos en su señalamiento y menciona que algunos residentes ejecutan las autopsias y el médico tutor solo las firma. Según la versión de esta persona, cuando los médicos encargados sean llamados a juicios para dar fe de la realización de autopsias, es posible que se omita decir que la ejecución fue por los residentes. “Esto se va a convertir en un delito cuando llegue donde el juez y diga ¿es su firma? Sí, esa es su firma. Pero el juez no pregunta ¿usted realizó la autopsia? Porque nos creen a nosotros”, sostiene.

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CONTRA LA IMPUNIDAD

Herramientas

“La prueba científica es la piedra angular sobre la que descansa un caso”, explica el doctor Miguel Enrique Velásquez, de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una asociación que ofrece cursos privados de corta duración relacionados con la criminología, investigación forense y derechos humanos.

El presidente de la asociación indica que en su rama laboral, “lo más importante es que los peritos y los médicos forenses” tienen “una responsabilidad grande porque a través del trabajo se restituyen derechos”.

Pero esos derechos no pueden ser restituidos si los forenses no cuentan con los procesos de aprendizaje adecuados o más efectivos. La mayoría de personas consultadas para este reportaje coinciden en una cosa: la formación y acreditación de los profesionales de la medicina forense debe mejorar para que el sistema judicial pueda fortalecer su prueba científica.

—Si el patólogo forense no establece las dinámicas de movimiento de trayectorias internas de proyectiles y heridas para poder hacer una recreación de los hechos, ¿cómo le consta al juez que lo que dice el testigo es verdad? –se pregunta Velásquez desde una universidad para ilustrar la importancia del trabajo que efectúan los forenses.

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De acuerdo con el presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acreditación idónea del personal de Medicina Legal es un paso vital para todo un sistema de justicia: “La impunidad se va a acabar en la medida de lo posible que tengamos menos casos, cuando los fiscales tengan más tiempo para dirigir un caso y poderlo condenar; en la medida que el perito tenga todos los recursos, que esté capacitado y que también el juez esté capacitado”.

Charlie

Karla Turcios

Termina abril y tengo que empezar a dejarte descansar, Charlie, a dejar de mencionarte en mis pláticas con desconocidos. Tengo que aprender a no llorar cuando recuerdo que te mataron.
Te conocí en las gradas del periódico. Me habían dado una beca. Nico escribió la nota y la noticia salió en la edición del siguiente día. Era noviembre del 2016, tenía solo unos meses de trabajar en esta redacción. Vos, entonces, me paraste solo para decirme que, aunque no me conocías ni éramos amigas, querías felicitarme. Y empezamos a hablar. Meses más tarde ya estábamos comiendo todos los días juntas; hablando de Julissa Ventura, de tu hermano, de lo que cuesta perder a gente que se quiere, de cómo nunca parece que uno está listo para dar otros pasos, de cómo cuidabas a tu bebé, de cómo querías a tu pareja.

Hace 16 días que te mataron. Y hace 17 días celebramos mi cumpleaños. Vos planificaste la salida. Nos pediste que esperaramos a la Ale, que la pobre seguía trabajando porque habían matado a otros periodistas en Suramérica. La Ale se tardó un montón. Pero, al final, pudimos irnos. Comimos en un lugar vegetariano. Le tomaste fotos a la comida. Probaste las berenjenas por primera vez. Le enviaste la foto a tu pareja porque estabas emocionada por probar ese plato. Después fuimos a tomar licuados. Erick quería enseñarte lo que este lado de la ciudad tiene.

Pedimos unos jugos dentro de una bolsa y a vos se te ocurrió brindar con ellos. Nos reímos más, porque se te olvidó brindar con Moisés. Él, fingiendo estar enojado, te dijo que si querías te regresaras en bus al trabajo mientras te abría la puerta del carro.

Todo el camino fue risotadas. Nos reímos con vos, porque no dejabas de tomarle fotos a cada cosa y dijiste que sí, ‘ve chis’, que estabas teniendo nuevas experiencias de vida. Al volver, me regañaste, porque no compré galletas para comer durante la tarde.

Tu asesinato nos ha herido a todos. El día que encontraron tu cuerpo, Moisés y yo estábamos de turno. Moisés tuvo que ir a Santa Ana a confirmar con fuentes si era tu cuerpo. Yo, en la noche, tuve que actualizar la nota de tu homicidio y poner los detalles de tu funeral. Ninguna escuela de periodismo te prepara para escribir el asesinato de tu amiga.

Hace 17 días nos vimos en la noche. Yo estaba cubriendo un tema de un grupo artístico. Y vos fuiste a ver el espectáculo. No te encontraba entre el público. ‘Charlie, levantá la mano’, te dije. Y ahí estabas, como loca levantando las manos en el teatro de mil butacas. Llegué adonde estabas, estuve con vos y nos reímos y cantamos todo el espectáculo. No nos despedimos porque tuviste que volver a trabajar y yo quería cenar. La vida termina así, en medio de algo.

Hace 15 días empezó lo que al inicio creímos que era una pesadilla. Son 15 días de no poder leer las noticias. De no poder entrar a redes sociales porque un nuevo detalle aparece. De recordar una y otra vez nuestras pláticas, el último viernes, la última comida, la última salida. De tratar de que todo vuelva a tener sentido. Se cumplen 15 días desde que me desperté a las 7 de la mañana porque “te habían secuestrado”. Ahora sabemos que tu compañero está siendo acusado. Y nunca la vida ha sido tan agridulce para mí. Estoy muy feliz y al mismo tiempo soy muy miserable, Charlie. Porque ya estoy cursando otra beca por la que estabas contenta por mí. Porque te extraño.

Tu asesinato nos ha herido a todos. El día que encontraron, tu cuerpo Moisés y yo estábamos de turno. Moisés tuvo que ir a Santa Ana a confirmar con fuentes si era tu cuerpo. Yo, en la noche, tuve que actualizar la nota de tu homicidio y poner los detalles de tu funeral. Ninguna escuela de periodismo te prepara para escribir el asesinato de tu amiga.

Los días posteriores a tu asesinato no los tengo claros. Sé que estuve en tu funeral. Sé que Erick y yo lloramos. Sé que en tu entierro estuve enojada. Porque se habló mal de vos, porque hubo gente que no pudo tratarte bien durante tu vida, porque hubo periodistas que te culparon a vos misma de tu propio asesinato. Y sé que en la oficina todos nos empezamos a ver más a los ojos y a ser conscientes de la presencia del otro. Porque ahora nos parece, al fin, que la presencia es un privilegio.

Ahora estoy en otra redacción, tratando de aprenderlo todo, viendo lugares hermosos pero te pienso a cada rato y eso me recuerda que El Salvador es una herida de nacimiento. En D.C, cuando capturaron a tu pareja, busqué desesperada un par de ojos que hubieran visto algo similar a lo que hemos visto nosotros. Y no sabés lo difícil que eso es aquí, donde todo parece sacado de cuento. Pero los países que son heridas están en todas partes y encontré a alguien que me dijo que entendía mi dolor, porque también asesinaron a uno de sus amigos. Así, Charlie, hoy ando buscando gente que comprenda lo difícil que es seguir viendo cuando vos viste lo terrible. Quisiera poder seguir mandando bromas al chat de grupo que teníamos, pero ahora solo quedamos Erick y yo.

Termina abril, Charlie, y tengo que empezar a dejarte ir. A sonreír más. A no sentirme culpable cuando me siento feliz. A perdonarme porque todo mi discurso feminista no fue suficiente. A construir. A recordarte como fuerza, como luz, como alegría, como risas al mediodía. A los bichos de la mesa les decía que hay que luchar porque sabemos que vos lo hubieras hecho. Y eso es suficiente.


Valeria Guzmán es periodista de la revista Séptimo Sentido de este medio de comunicación. Este texto fue publicado el 30 de abril. Para el caso, se han respetado los tiempos de la publicación original que se puede encontrar en:http://badbichas.com/2018/04/30/charlie/

“Los ideales no terminan; lo que pasa es la vida”

Sergio Ramírez escritor nicaragüense recibirá el Premio Miguel de Cervantes, este 23 de abril de 2018.

Renuncio de manera pública e irrevocable a pertenecer al Frente Sandinista para la Liberación Nacional”, dijo Sergio Ramírez después de sentarse frente a una mesa llena de micrófonos en 1995. A su espalda estaba colgado un retrato de Augusto Sandino, la inspiración para la revolución nicaragüense del siglo pasado. “El Frente al que yo me incorporé hace 20 años ya no existe”, dijo ese 10 de junio en una conferencia de prensa a la que él convocó.

Así fue como Sergio Ramírez inició el retorno hacia su vocación: la literatura. Para entonces, el nombre de Sergio Ramírez tenía un mayor tinte político que literario. Él fue parte de la movilización que derrocó la dictadura de los Somoza, y con el triunfo de la revolución sandinista se convirtió en vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega de 1985 a 1990. Pero él asegura que el partido con el que había luchado, cambió para mal y en 1995 los diferencias entre él y la cúpula del partido se volvieron insostenibles.

De acuerdo con Ramírez, el FSLN no estaba dispuesto a democratizarse y se empezaba a instalar una línea autoritaria similar a la que ellos mismos habían combatido. “Todo aquello parecía irreal”, escribió Ramírez en su libro “Adiós, muchachos”, en el que se despidió del partido y de su papel como político.

Es originario de Masatepe, hijo de una maestra de escuela y un comerciante. En 1959 empezó a estudiar Derecho y a los 22 años se graduó como abogado, pero la escritura fue siempre su compañera. La producción literaria de más de cinco décadas lo comprueba. Veintitrés años después de salir del partido sandinista, este abril recibirá el Premio Miguel de Cervantes, uno de los reconocimientos literarios más importantes en la lengua española.

En marzo vino a El Salvador a presentar su novela “Ya nadie llora por mí”. El protagonista de esta novela es un investigador y excombatiente guerrillero que es contratado para resolver la desaparición de la hija de un matrimonio poderoso. La novela, de género policial, retrata la corrupción de algunas instituciones nicaragüenses y, además, recoge con humor la vida de la ciudad y sus habitantes.

“Esta novela es absolutamente contemporánea”, dice Sergio Ramírez. Tan contemporánea que hasta aparece nombrado el cantante de música pop Justin Bieber. Además, dentro del libro, las redes sociales y sus “hashtags” juegan un papel primordial para revelar ciertas verdades que el poder estatal quiere mantener escondidas.

Sergio Ramírez también es presidente del festival literario Centroamérica Cuenta, un festival que reúne a cientos de escritores y amantes de la literatura en Managua durante una semana. Este será en mayo y se realizarán presentaciones de libros, conversatorios, talleres de periodismo, edición y traducción. Y a pesar de que es uno de los festivales más grandes de la región, no cuenta con ningún apoyo del Estado nicaragüense. “Con que nos lo dejen hacer, suficiente”, dice el escritor. Y es que él no es bien visto por quienes antes fueron sus compañeros de lucha y gobierno.

Cuando le comunicaron sobre el Premio Cervantes usted dijo que se encontraba en “estado de gracia”, cuénteme, ¿sigue ahí?
Son noticias que llegan en la vida con cierta sorpresa. Yo había aparecido en las listas finales de candidatos y la verdadera sorpresa es la confirmación. Esa llamada oficial diciendo que he sido ganador del premio a las 7 de la mañana. La diferencia de horas también contribuye a crear este estado de incertidumbre, de sorpresa.

¿Al final no se rompió el silencio oficial del Gobierno para felicitarlo?
No, ja, ja. Una periodista que me preguntaba esto me decía: pero, ¿cómo es posible que no? Es como tener un elefante en la sala e ignorarlo.

La sorpresa sería lo contrario, ¿no?
Sí, en Centroamérica hubo mucha alegría. Siempre he pensado que tenemos una identidad cultural fuerte y que en momentos como estos es donde se manifiesta.

El Premio Latinoamericano de Cuento de la revista Imagen de Caracas fue su primer premio.
Sí, yo gané el premio de la revista que dirigía Guillermo Sucre, que era una muy importante en aquel tiempo, cuando Venezuela era un epicentro cultural de América Latina. Eso fue en el setenta y uno. Y tenía 29 años.

¿Hay algún punto de comparación entre ese primer premio y el Premio Cervantes?
Ganarse un primer premio internacional es importante… siendo la primera vez en que a esa edad se gana un premio convocado para toda América Latina por una revista de prestigio. De ahí nació mi libro “De tropeles y tropelías”, porque los cuentos ganadores fueron a dar a ese libro que se publicó aquí en la editorial universitaria de El Salvador. El año siguiente fue la toma militar de la Universidad de El Salvador y la edición se quedó ahí. No circuló. Este es un libro con una suerte extraordinaria. Salió el libro, pero se quedó en las bodegas. La universidad pasó tomada como un año.

¿El libro quedó secuestrado?
Sí, todo quedó ahí. Y luego se había hecho otra edición en Managua y vino el terremoto en diciembre de 1972 y entonces la edición quedó sepultada por el terremoto. Es un libro perseguido por los hados.

¿Qué influencia tiene su esposa en su literatura?
Ella ha sido un respaldo importante para mí porque en la literatura no todo es coser y cantar. Ha habido en nuestras vidas momentos muy difíciles como los de la revolución cuando faltaba el tiempo.

Usted publicó su primer libro “Cuentos” a los 20 años y luego escribió que Tulita Guerrero, su esposa, salió a venderlo de puerta en puerta por las calles de León.
Ja, ja, sí. Éramos novios y ella siempre ha sido muy entusiasta. Ella tomó el libro y salió de puerta en puerta a venderlo. Claro, eso me daba mucho terror a mí, mucha pena. Como cuando salió publicado mi primer cuento en la prensa y mi abuela salió a proclamar por el pueblo que había salido un cuento mío en el periódico. También me fui a esconder.

Usted ha escrito que entonces se llenó de horror y vergüenza.
Ocurrió cuando yo tenía 14 años porque mandé un cuento con un tema vernáculo al diario La Prensa en Managua. Había una página que dirigía Pablo Antonio Cuadra, un poeta. Y mandé este cuento y él lo publicó pensando que yo era un adulto. Era sobre la carreta náhuat, que es una carreta que arrea muertos y ese tipo de cuentos de camino. Esa es la primera vez que me di cuenta que la literatura tiene el poder de engañar.

Ahora, ¿qué siente antes de publicar?
Cuando recibo impreso el libro –que me llega generalmente un paquete con cuatro o cinco ejemplares– veo la tapa, pero no abro una página. Porque tengo cierto terror de que lo que está ahí no me vaya a gustar o que vaya a encontrar un error que ya no se pueda enmendar.

¿No lo revisa hasta que se presenta?
Sí, porque el libro ha pasado por un proceso que te lleva al cansancio. Escribir un borrador tras otro borrador. Imprimo el último borrador. Lo corrijo con lápiz de grafito. Vuelvo a incorporar las correcciones. Se lo doy a leer a alguien que me puede detectar errores ortográficos o sintácticos y luego se va a la editorial y me pone a un editor o editora que trabaja conmigo con preguntas. Yo las respondo. Se hacen aclaraciones. Y por fin, el libro se imprime. Entonces hay una especie de cansancio del texto. Y hay que agregar un tercer elemento. Y es que cuando este pan está saliendo del horno, uno está amasando otro porque ya está pensando en otro libro.

Galardonado. Sergio Ramírez en su entrevista con Séptimo Sentido en el marco de las actividades del festival Centroamérica Cuenta en El Salvador.

A nadie le interesa la felicidad. Interesa el conflicto, la contradicción y por lo tanto, si el lector encuentra que hay una visión crítica y que identifica los colores de esa ciudad como él piensa que son, pues excelente, se ha establecido esa comunicación crítica entre escritor y autor.

Considerando que su correspondencia personal y de trabajo se archiva en la Universidad de Princeton, ¿existe una vigilancia permanente de lo que escribe?
¿Sabés lo que pasa? Que ahora ya no se escriben cartas y en los archivos de este tipo donde se depositan documentos, los mensajes electrónicos no los consideran correspondencia, lo cual me parece que es un error que se va a llegar a corregir porque uno se comunica ahora a través de correo electrónico o de wasaps, etc.
De todas maneras, ahora a mí no se me ocurre escribir en un mensaje electrónico una carta de dos páginas como antes. Cuando vivía en Alemania era un buen corresponsal porque mis amigos estaban en América Latina, en otras partes de Europa y yo dedicaba una tarde entera a contestar correspondencia y recibía cartas de cuatro, cinco pliegos. Esas son las que están archivadas ahí, las de cuando vivía en Costa Rica y Alemania. Ahora la correspondencia se acabó. Yo tengo un archivo de todos mis correos electrónicos. Los tengo en un disco duro. Algún día le van a dar valor, ¿no?

A pesar de los problemas actuales de Nicaragua relativos a la democracia y a la corrupción, usted ha dicho que se mantiene optimista respecto al futuro del país. ¿Qué le hace pensar eso?
No hay mal que dure cien años. Pensar lo contrario sería un acto de desprecio a la voluntad popular, decir que la voluntad popular se va a quedar para siempre estancada. Los cambios se dan porque la historia obliga que se den y los cambios, por lo menos en mi íntima convicción, tienen que ser para bien.

Vemos cómo se han venido derrumbando en toda América Latina todas estas ambiciones de quedarse para siempre en el poder. En Ecuador hubo una salida tan elegante con el presidente Lenín Moreno que hizo que le dijeran no al continuismo de Correa, poniendo él por delante su propio cargo, porque tampoco puede reelegirse. Estos actos de honestidad, de entereza cívica, ¿por qué no van a repetirse en otras partes de América Latina? Los cambios generacionales también son importantes y creo que estamos destinados a la democracia, no al autoritarismo.

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Tras la revolución, El Frente Sandinista de Liberación Nacional gobernó en Nicaragua desde 1979 a 1990. En ese periodo, el partido contó con figuras intelectuales prominentes como la poeta Gioconda Belli y el exministro de Cultura y poeta, Ernesto Cardenal. Ellos, como Sergio Ramírez, se opusieron a la dirección que el partido tomó liderado por Daniel Ortega y renunciaron a su posición dentro del Frente Sandinista. En 2006, Daniel Ortega volvió a la presidencia con el 37.99 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales y ha sido reelecto en otras dos ocasiones, en 2011 y 2016.

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La poeta Gioconda Belli dijo: “Tenemos el cordón umbilical a la idea de la revolución. Esa ya no está, pero sí están con nosotros sus ideales”. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Yo coincido con Gioconda. Yo escribí eso en el libro “Adiós, muchachos”. Los ideales no terminan; lo que pasa es la vida. Uno envejece y los ideales uno tiene que mirar hacia atrás para verlos. Lo que conservo cimentado en esos ideales es mi actitud crítica frente a lo que veo porque tampoco es que ahora voy a decir “no, ahora yo soy solo escritor y me olvidé de la realidad de mi país o de América Latina”. Al contrario, mantengo la persiana abierta. Me asomo por la ventana, veo lo que ocurre y hablo sobre lo que ocurre. Para eso tengo el espacio de mis artículos de prensa, las entrevistas y eso es aparte de mi oficio de escritor, pero va junto. Porque junto al oficio de escritor, tengo mi oficio de ciudadano.

En su última novela “Ya nadie llora por mí”, se habla un poco sobre el rol de la Iglesia en la revolución sandinista. Como ciudadano, ¿cuál es su lectura de la Iglesia en la Nicaragua actual?
La Iglesia en Nicaragua sigue teniendo una posición muy independiente. La mayoría de los obispos tiene una posición muy crítica y hay una lucha entre la posición moral de la Iglesia y lo que el Gobierno considera su propia política. Hay obispos que alzan más su voz que otros. Hay, pienso yo, una ofensiva del Gobierno para tratar de sonsacar obispos. Una lucha por el poder… es decir, cuando el poder quiere tenerlo todo, entonces se mete con todo.

El protagonista de su nueva novela, el inspector Dolores Morales, es alguien también crítico con quienes ocupan el poder.
Sí, porque él es mi alter ego a pesar de que el inspector Morales era más joven que yo cuando la revolución. Fue un combatiente guerrillero, yo no lo fui. Él peleó en el frente sur. Perdió una pierna. Tiene que aguantar toda su vida una prótesis. Es un hombre que viene de un estrato muy humilde de la sociedad, su abuela vendía carne en el mercado, pero él tenía ideales. Quería un mundo mejor, distinto al que representaba la dictadura somocista, y con el paso del tiempo y la caída de la revolución, él guarda esa nostalgia. Envuelve en su nostalgia ese viejo ideal que no abandona. Y lo que hace es transformarlo en humor negro.

Un eje clarísimo de la novela y sus personajes es el de interpelar al poder.
Una novela siempre viene desde la profundidad crítica, aunque el escritor no lo quiera o no sea ese su propósito. Porque cuando uno tiene el propósito de denunciar, de acusar, entonces se está equivocando de vehículo. Debería usar mejor el discurso, el panfleto, el manifiesto. La novela es un campo complejo donde uno le tiene que dar la voz a todo el mundo. Y los personajes tienen que estar en contradicción porque si no, no hay novela, no hay relato.

Los relatos paralelos, donde todo mundo piensa igual, no son atractivos. Los relatos siempre son infelices. Si se fija bien, cuando los cuentos terminan dicen “y vivieron felices para siempre… eso ya nadie lo cuenta. A nadie le interesa la felicidad. Interesa el conflicto, la contradicción y por lo tanto, si el lector encuentra que hay una visión crítica y que identifica los colores de esa ciudad como él piensa que son, pues excelente, se ha establecido esa comunicación crítica entre escritor y autor. Y si el lector no es nicaragüense e identifica su propia sociedad con lo que la novela dice, pues mayor triunfo del escritor porque está dándole perspectiva universal a una situación que no vive solo Nicaragua. Esto de la corrupción entre la oscuridad y el poder desgraciadamente es un mal de América Latina.

En su novela aborda temas como el aborto y las problemáticas de la comunidad gay ¿Cómo decide abordar temas tan actuales y necesarios de discutir?
Esta novela es absolutamente contemporánea, tanto que en la medida que la iba escribiendo, el tiempo iba pasando y si me levantaba de la máquina porque me iba de viaje y volvía, ya la novela había envejecido en cuanto a esa pretensión mía de que tenía que estar al día. Y si una película se está pasando en un cine, yo tenía que cambiar la película para que fuera más contemporánea. Los asuntos que están en la contemporaneidad hoy tienen que estar allí porque son parte del conflicto. Si los personajes entran en conflicto, entran en conflicto con las características de la sociedad. Religión, sexo, aborto, la política sobre los gays, todo eso está de por medio y (también) el abuso sexual.

Imagino que cuando usted empezó a escribir esta novela en 2013 muy pocos preveían que para 2017 se iba a desatar la ola de denuncias contra el acoso y abuso sexual que se ha visto en la actualidad.
Sí, cuando la novela se publicó todavía no había comenzado esa ola… pero es como un globo que solo necesitaba un pinchazo. Eso estaba ahí cargando la atmósfera y, en determinado momento, la valentía de una sola persona arrastra a otros. Porque siempre ha sido un estigma para una mujer decir “fui violada, fui acosada, abusada, a cambio de que me den un papel en el cine”. Que es lo mismo a decir a “cambio de que me den un trabajo”. ¿Cuántas veces no ocurre que una mujer se presenta a solicitar un trabajo y entonces el favor que le exigen a cambio es el sexual? Me parece que estamos viviendo un momento muy trascendental. Ojalá después de esta ola universal de denuncias, las cosas no volverán a ser las mismas.

¿Usted cree que se está haciendo lo suficiente para contar Nicaragua?
Sí, yo creo que ahora hay más narradores que antes porque hemos sido un país de poetas. En Nicaragua se es poeta mientras uno no pruebe lo contrario. Pero ahora hay más narradores, sobre todo entre los jóvenes, después de la generación que nació en los años ochenta, hay una expansión de la narración. Y eso todavía se está consolidando, vamos a ver más frutos. Me parece que está ocurriendo también en el resto de Centroamérica.

¿Cuál es su balance de estos años haciendo el festival Centroamérica Cuenta?
Lo hemos logrado consolidar. Este año vamos ya viento en popa, lo abrimos en la tercera semana de mayo. Tenemos una lista muy calificada de invitados. Más de 70 invitados que vienen de muchas partes: de México, de Italia, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Francia, Inglaterra y, por supuesto, de todos los países centroamericanos.

El festival tiene patrocinio de la empresa privada. ¿Hay algún apoyo del Estado nicaragüense?
No, ni pensarlo, no, no… con que nos lo dejen hacer, suficiente. Pero la empresa privada cada vez nos apoya más. Y entidades internacionales, fundaciones, gobiernos. Tenemos el apoyo del Gobierno de Francia, de España, de Alemania, de Brasil, de Colombia. Entonces… tenemos respaldo.

Sergio Ramírez

Jóvenes que desafían la exclusión

Por todo el país. En El Salvador existen 16 centros Municipales de Formación Profesional (FÓRMATE).

Isaac Martínez tenía 14 años cuando la zona en la que vive se llenó de miedo. Después vino la huida. Él reside en un área que durante 2015 fue noticia por los desplazamientos internos que provocaron las pandillas con base en amenazas y sangre. En enero de ese año, una residente del cantón El Callejón, de Zacatecoluca, fue asesinada con 28 impactos de bala. Hubo quienes dijeron que el asesinato ocurrió porque la víctima se había mudado y provenía de un área donde operaba una pandilla contraria.

Un día después de ese homicidio, otro hombre de la zona fue asesinado frente a sus hijos. Ante la violencia y los rumores de nuevas amenazas, algunos vecinos de los cantones La Joya y El Callejón dejaron sus hogares y abandonaron sus pertenencias para salvar la vida. El miedo era tal que la escuela del lugar cerró porque dejó de recibir alumnos. Los portones del centro escolar permanecieron cerrados durante más de un año.

Cuando a Isaac se le pregunta sobre la violencia de la zona, él se limita a contestar que “sí estuvo fluido antes, pero ahora, gracias a Dios, no”. Él es un estudiante de 17 años del curso de pastelería del Centro Municipal de Formación Profesional de Zacatecoluca, mejor conocido como FÓRMATE.

El curso al que asiste ha sido diseñado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la municipalidad. Aquí desarrollan capacitaciones para jóvenes que han crecido en entornos donde la desigualdad y la violencia han estado a la orden del día.

La actividad de la clase de hoy es aprender a hacer un pan con forma de lagarto. Para que el pan tenga una apariencia más realista, Isaac toma una tijera y hace cortes sobre la masa tratando de imitar la textura de la piel del reptil. Sus compañeras, divertidas, se ríen de la forma que va tomando el pan.

El salón donde se imparte la clase es un cuarto amplio en el que 21 jóvenes aprenden a hornear. Isaac ya tiene práctica en esta actividad. Él trabaja en una panadería desde que tenía 12 años. En El Salvador el trabajo infantil tiene el rostro de un niño del campo. Hace dos años se contabilizó que existían al menos 131,904 niños de cinco a 17 años trabajando. De esa cifra, la mayoría pertenecen al sexo masculino y son de la zona rural.

Este día, como todos los anteriores desde hace años, Isaac se levantó a las 3:30 de la mañana, cargó el pan hacia la camioneta del negocio, llegó al centro del municipio y empezó a pedalear una bicicleta para repartir pan francés por el casco urbano. A las cuatro de la tarde debe volver al negocio y empezar a hacer pan.

Isaac ve su trabajo como un motivo de satisfacción. Gracias a su esfuerzo y a la ayuda de su abuelo, cuenta que ya logró construir su propia casa en un terreno familiar. “Varios me han preguntado si ya me acompañé, pero no. Uno decide ya vivir apartado. Y un primo que es albañil me dio la idea. Levantamos (la casa) y ahí está. No es la gran cosa, pero es suficiente para alguien como yo. Ya tengo equipo de sonido y la juguetera. Eso de mi trabajo”, cuenta sonriente y orgulloso.

Isaac estudia este curso porque su familia tiene un sueño depositado en él. Quieren poner una panadería propia y esperan delegarle una de las mayores responsabilidades. Quieren que él sea el panificador.

Variedad de cursos. Las capacitaciones pueden ser de tecnología, costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos.

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UNA RESPUESTA A LA VIOLENCIA

Joven

En El Salvador hay 16 centros Municipales de Formación Profesional. Estos centros se instalan como parte del Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia de USAID. Los cursos que imparten son variados. Hay de costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos. Además, brindan clases de tecnología impartidas por Microsoft Imagine Academy.

Estos centros actúan en coordinación con las alcaldías de municipios que han sido identificados como focos de violencia. Para asistir a los cursos, basta con ser un joven menor de 29 años y comprometerse a asistir a todas las clases. Los cursos tienen, en promedio, una duración de 15 días.

Además de la capacitación en el área de su preferencia, quienes se inscriben reciben clases de emprendimiento. La idea es mostrarles a residentes de comunidades acechadas por la violencia que ante la falta de oportunidades, es posible crear las propias.

Hasta la fecha, de acuerdo con información de USAID, hay 3,034 graduados de cursos certificados por INSAFORP y 1,761 jóvenes que han completado cursos con Microsoft Imagine Academy.
La beca del curso cubre solamente los materiales y las clases. Quienes asisten a las clases deben gastar en transporte y alimentación diaria, lo que implica una inversión grande para quienes no tienen ingresos económicos.

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Gratuidad. Los interesados en los cursos no deben pagar nada por las clases. Los gastos en los que los participantes pueden incurrir son los relativos a su propia alimentación y viáticos.

CUANDO ESTUDIAR ES PRIVILEGIO

En 2015, Santa Cruz Michapa fue clasificado como uno de los municipios más violentos del país. Ese año se registraron 36 homicidios en ese espacio de solo 28 kilómetros cuadrados.

Para entonces, Juan Carlos Sánchez ya se despertaba a las 2 de la mañana para ir a trabajar. Él se había propuesto terminar su bachillerato. Eso no implicaba solo estudiar y hacer sus tareas. Para financiar sus estudios, tenía que levantarse de madrugada, ir a vender al mercado Central de San Salvador, volver por la noche, hacer tareas y presentarlas durante el fin de semana a sus profesores de educación a distancia.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio.

En promedio, los salvadoreños tienen 6.8 años de estudio. Y lo más común es que las personas que viven en el campo solo tengan 5 años de escolaridad. Además, de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), solo el 13.5 % de la población ocupada en el país tiene estudios universitarios.
Durante la clase de este jueves, tiene que aprender a hacer los cortes correctos de la carne, preparar las verduras y los acompañamientos de un burrito mexicano. Estas clases son un respiro de su vida diaria, donde debe enfocarse en vender su producto para volver con algo de dinero a su casa. Él pertenece a un sector de la población cuyo trabajo está cimentado en la informalidad. En 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que el 66 % de los trabajadores salvadoreños pertenecían al sector informal, sin prestaciones de ley ni planes de ahorro para la vejez.

Aunque la ganancia que Juan Carlos obtiene vendiendo frutas y verduras no es mucha, ha sido lo suficiente para sostenerse a sí mismo, ayudar en su casa y financiar su educación media. “Con mi venta no saco ni lo del mínimo porque saco poquito. Solo voy pasando día tras día, pero lo del gasto diario. No voy sacando de decir que me va a quedar más para ahorrar”, lamenta.

Puede parecer poco, pero la idea de ganar el salario mínimo, es decir $304, lo motiva a inscribirse en cursos especializados. Con ese dinero ya podría ahorrar para pagarse una carrera universitaria. Quiere ser profesor, pero sabe que aún debe esperar. Antes de poder inscribirse en una universidad desea tener un empleo formal: “Quiero ser una persona preparada. Porque sí soñaba con llegar a la universidad. Yo hubiera querido tener esa oportunidad”, dice antes de volver a cocinar.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio”.

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FORMARSE PARA ROMPER CICLOS

El calor de este viernes por la mañana en Zacatecoluca es desesperante, pero eso no parece distraer a Maricela Jovel, una mujer de 28 años que cose un velo. Alrededor de ella, otras mujeres le hacen los últimos ajustes a un corsé y a una falda blanca. Juntas están haciendo un vestido de novia.

Maricela es estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Lleva el pelo recogido, jeans y una camisa roja de manga corta. Trabaja en silencio. Para ella, llegar a este salón no ha sido simple. Maricela vive en una comunidad alejada del casco urbano de Zacatecoluca y, además, es madre de tres niños de cuatro, seis y nueve años.

A los 19 tuvo a su primer hijo y se acompañó. Ahora ha vuelto con sus niños a la casa de sus padres y se ha propuesto algo: ser independiente económicamente. Para ello vende productos de belleza a través de revistas y, cuando tiene tiempo, cultiva pipianes en su comunidad para luego venderlos. “Voy agarrando venta de cualquier cosa para poder salir adelante, pero eso no es suficiente porque cuesta hacerlo y no es seguro que vaya a tener ganancia”, cuenta bajo la sombra de un árbol.

Este espacio de capacitación es un oasis para comunidades donde la seguridad, la educación y el acceso a un empleo digno son posibilidades remotas. Por ejemplo, de los 64 centros educativos que hay en Zacatecoluca, solo ocho brindan clases de bachillerato. Y de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación, el 67 % de las escuelas del municipio ven afectada su seguridad por las pandillas que rondan sus comunidades.

Cuando Maricela era adolescente, dejó de estudiar porque sus padres ya no podían seguir pagando sus estudios. Ahora, ya adulta y con una familia que alimentar, ha emprendido la misión de educarse. “Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona.

Durante las últimas semanas ha estado en clases de costura desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, los sábados estudia segundo año de bachillerato a distancia.

Para venir acá gasta, en promedio, $3 de pasaje diarios. Cuando se siente muy cansada, paga más porque contrata una moto para que la lleve desde donde la deja el bus hasta su casa, en la comunidad San José Las Flores, del cantón Tierra Blanca. Pero el dinero no sobra y en la mayoría de ocasiones, prefiere caminar 1 hora entre veredas y ahorrar un poco de dinero.

Para Maricela el curso de confección representa una posibilidad. “La esperanza es que por medio del taller yo aprenda algo y eso me sirva para trabajar”, dice mientras piensa en sus hijos. Luego explica sus razones: “Si yo me quedo sin estudiar, no hay ninguna posibilidad de que yo les pueda dar estudio a ellos, no hay esperanzas de un empleo. Y si no tengo empleo, no tengo esperanzas de sacarlos adelante”.

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EL ARTE CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”, reza un cartel dentro de un salón de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Apopa. Los músicos practican dentro del Centro Municipal de Prevención de la Violencia.

Si se escribe “Apopa” en un buscador de internet, los primeros resultados que se obtienen son sobre un joven asesinado en la cancha de fútbol, sobre una familia masacrada o la noticia de una mujer que planeaba entregar una niña de 12 años a pandilleros para que la violaran. Esas historias sucedieron en este municipio solo en marzo.

Ante esta realidad, el arte se presenta para los jóvenes de Apopa como una forma de demostrar que existe talento y esfuerzo más allá de las cifras de violencia. Ellos practican para formar una orquesta de la cual su ciudad se sienta orgullosa.

A las 2:35 de la tarde hay 16 niños afinando sus violines y cellos en un salón. Al lado hay tres jóvenes practicando con guitarras. En otro salón hay tres muchachos haciendo sonar sus trompetas y en el cuarto salón, un grupo conformado por niños y mujeres jóvenes aprende a leer solfeo.

Idealmente los salones de clase deberían ser a prueba de sonido, pero los de Apopa tienen la estructura de un salón regular de clases. Los jóvenes y maestros de este centro deben hacer un esfuerzo doble para desarrollar la lección. Además de concentrarse en su propia clase, deben tratar de ignorar el ruido que proviene de las prácticas de los demás salones.

Este espacio antes era un colegio y luego fue una sede del Seguro Social. La alcaldía lo alquiló desde julio del año pasado y se encarga de pagarle a los maestros de música y al resto de personal. Así lo explica Juan Carlos Soriano, un técnico del Centro Municipal.

Orquestas filarmónicas. A través de la práctica en grupo de la música, se busca que los jóvenes de ciertos municipios logren formar músicos y recuperar el orgullo local.

Una hora después hay un poco de silencio. La orquesta está conformada por 96 integrantes, pero no todos se han presentado ahora. Alrededor de 40 jóvenes comienzan a preparar las sillas para realizar el ensamble en el patio del lugar de ensayos. Adelante se sientan violinistas y los percusionistas atrás.

De acuerdo con sus instrumentos, los grupos reciben clases por separado, pero la orquesta practica junta los jueves. Algunos padres, orgullosos, llegan este día a escuchar a sus hijos y se sientan frente a ellos en unas sillas de plástico. Los jóvenes inician la práctica grupal. Tocan el “Himno a la alegría” y después su propia versión de una cumbia popular.

“Tienen que entenderse. Tienen que escucharse a ustedes mismos y a sus compañeros. Es más fácil ser solista. Lo difícil de tocar como orquesta es el acople”, les dice Carlos Durán, director de la orquesta. La idea es que a través de la música los jóvenes refuercen valores como la disciplina y reconozcan la importancia de escuchar a los demás.

Como esta, hay otras 16 orquestas con 1,400 beneficiarios a escala nacional. Wendy Henríquez y Melvin Cortez pertenecen a la Orquesta Filarmónica de Colón. Los dos tienen 18 años y ya habían tenido experiencias previas en el mundo de la música. Pero esta es la primera vez que tienen la oportunidad de formarse musicalmente y de manera estable dentro de su municipio, también marcado por la violencia.

Wendy, quien toca el fagot, está consciente de eso. “La gente solo cuenta las cosas malas que pasan acá. En cambio, de ciertos proyectos no se sabe”, se queja. Melvin también reconoce que solo por vivir en esa zona es probable que alguien intente poner la mancha de la violencia sobre su nombre, pero él explica: “Me siento bien en mi consciencia porque yo ando haciendo cosas buenas”.

Los dos sobresalen en el grupo por la dedicación con la que tocan. Melvin toca el corno francés y quiere dedicarse a la música profesionalmente. Mientras ensaya, le ayuda a otros niños pequeños que comienzan su formación. Él asegura que quiere estudiar música fuera del país para luego volver y enseñarle a más personas: “Quisiera hacer lo mismo que hicieron conmigo. Apoyar en la música. Hacer eso con muchos jóvenes que ahorita están niños”.

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EL CAMBIO ES GENERACIONAL

Entre los callejones del mercado Central, las ventas y los gritos de los vendedores anunciando verduras está Juan Carlos este martes de abril. Apenas son las 8 de la mañana cuando ya lleva horas intentando sacar alguna ganancia que le permita pagar los gastos de su casa.

“Dentro del mercado estuvo superpeligroso porque uno no se podía andar moviendo de un lado para otro porque ya decían que uno andaba viendo personas que no debía. Ahorita, gracias a Dios, ha disminuido. Se ha calmado bastante”, explicó el joven de Santa Cruz Michapa unos días antes.

Hoy Juan Carlos lleva una camiseta roja y las manos llenas de anillos plateados. Cuenta que hace un par de semanas se graduó de dos cursos de FÓRMATE. Además de estudiar el curso de comida mexicana, también participó en otro de comida china. Ahora guarda los diplomas que le entregaron. Con eso puede dar fe de que ha seguido estudiando.

No ha perdido el sueño de estudiar en la universidad. Sabe que de él depende no solo su posibilidad de tener estudios formales, sino la de alguien más. Tiene un sobrino. “Desde que él nació, la responsabilidad cayó en mí porque solo yo era el que estaba trabajando. Cuando puedo, le compro las cosas que le piden en la escuela. Quisiera darle una mejor vida de la que yo he tenido”, dice.

“Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona Maricela, una estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Además de aprender el oficio de la costura, se encuentra estudiando segundo año de bachillerato a distancia.

Enseñanza de la música.

Fernanda Melchor: “El acto contestatario es mirar al muerto”

Una voz destacada. Fernanda Melchor tiene 35 años y ya figura entre las listas de los mejores escritores del México contemporáneo.
Obra. Ha publicado tres libros. El primero es un libro de crónicas titulado “Aquí no es Miami”. Tiene dos novelas: “Falsa liebre” y “Temporada de huracanes”.

“Soler estaba desnudo, excepto por un calzón color rojo, y un pantalón que, amarrado a sus hombros, le cubría la cara. Fue entonces cuando Bulmaro Avendaño, hijastro de Ana María, le roció gasolina en la cabeza y lo prendió con un cerillo. Rodolfo Soler gritó por lo que pareció un largo rato, segundos o minutos, antes de caer con el cabello y el rostro chamuscados”.

La historia, escrita por Fernanda Melchor, narra la muerte de Rodolfo Soler, un hombre que intentó violar a una mujer en algún río de Veracruz. Cuando la mujer puso resistencia, Soler la golpeó y asfixió. Los vecinos se dieron cuenta por los gritos y encontraron al victimario aún sosteniendo por los cabellos a la mujer ya muerta. Soler era un hombre problemático entre los vecinos. Era ladrón, y el pueblo, harto, decidió hacer justicia por su propia cuenta. Lo amarraron a un árbol y lo quemaron.

Esa historia, ocurrida en 1996, la escribió Fernanda Melchor cuando tenía 19 años. Así empezó su carrera formal en el mundo de las letras. Con ese texto ganó, incluso, un premio nacional. Han pasado 16 años desde que Melchor investigó esa historia, pero las otras que ha ido narrando no se han vuelto menos cruentas.

Melchor es periodista de profesión. Inició escribiendo crónicas de lo que pasaba en su estado natal, Veracruz, y luego dio el paso hacia la ficción. Hasta la fecha ha escrito dos novelas con base anclada en la realidad. Y aquella realidad que Melchor retrata es una muy parecida a la salvadoreña: la de pueblos de gente trabajadora, muy dada a la celebración, pero también muy violenta.

Esta es la primera vez que la escritora está en El Salvador. Ha venido al país para participar en un conversatorio sobre literatura y memoria organizado por el festival Centroamérica Cuenta. Desde el vestíbulo de un hotel en la capital, admite que en su carrera se ha interesado por contar lo que considera que son los claroscuros de la ciudad y sus personajes: “Lo que nos hace humanos no es nada más el heroísmo, la generosidad y el altruismo. Lo que nos hace humanos también es el rencor, la envidia y la venganza. Lo que pasa es que nuestra sociedad tiende a no querer verlas, pero son parte de nosotros”.

“Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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FERNANDA MELCHOR no siempre quiso ser escritora. Esta tarde de lunes de marzo cuenta que de pequeña quería ser investigadora como las que veía en la televisión. “Pero cuando hubo chance de elegir un oficio, pensé que el de periodista era lo más parecido a ser detective sin tener que andar cargando un arma, ¿no?”, cuenta entre risas.

La escritora tiene 35 años y en su hablar no hay gotas de superioridad. La crítica ha alabado su manera de escribir por tener un lenguaje muy cercano a la gente. También ha sido nombrada por revistas como GatoPardo y Letras Libres como una de las grandes escritoras contemporáneas. Aun así, ella se muestra muy sencilla a la hora de conversar sobre su trabajo.

Hace años quiso escribir para un periódico y duró ahí un mes. Ella cuenta que los editores le pedían que fuera a entrevistar a funcionarios y que dejara de escribir las noticias como si fueran cuentos. Entonces renunció y entre los 20 y los 28 años escribió crónicas.

“Veracruz, un estado que era supertranquilo, empezó a tener balaceras, empezaron a aparecer cadáveres mutilados. Lo que hice fue que entre 2002 y 2009 publiqué estas crónicas donde pude. Hasta que junté un libro y ese fue mi primer libro, que se llama ‘Aquí no es Miami’, que salió en 2013”.

“Aquí no es Miami” recién vino a las librerías de El Salvador. En él se narran historias propias del estado veracruzano y su puerto, pero no desde una perspectiva bucólica, “pues también la ciudad es luminosa y sombría”, dice Melchor.

A través de la crónica, Melchor quiso contar la vida de las personas comunes y sus golpes: “Si secuestran al hijo del gobernador, es noticia, pero si le pegan un susto a doña fulana, no. Yo quería contar historias simplemente porque eran buenas, no porque fueran noticiosas. Ese es mi eterno pleito con el diarismo. Necesitamos el periodismo inmediato, que denuncia, pero también necesitamos este otro tipo de narraciones que nos ayudan a entender a otro nivel quiénes somos”.

Más que un recuento de lo que sucede en el estado, la escritora se interesó por las causas que provocan que alguien cometa un delito. “Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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VERACRUZ es uno de los lugares más violentos de México: el año pasado se tuvo registro de 2,385 homicidios, de acuerdo con estadísticas oficiales del Gobierno. Es decir que hubo al menos seis asesinatos diarios solo en ese estado.

Durante los inicios de 2018 la cosa no pareció mejorar. De la violencia no solo impactan los números, sino las formas en las que ocurre. En los primeros 12 días de este año se encontraron nueve cabezas humanas en los cofres de dos taxis. Además, las imágenes que se retratan en los medios desconciertan: el 14 de enero se encontraron nueve cuerpos desmembrados y apilados dentro de una camioneta.

Este es el escenario desde el que Fernanda Melchor ha presentado a los protagonistas de sus historias. Uno que no suele ser muy optimista, pero que también es uno en el que se construye la vida diaria. “Veracruz es un lugar famoso porque ahí se va a vacacionar porque la gente es muy alegre, porque la comida es rica y porque hay carnaval. Quería contrastar esta imagen alegre con la cuestión de la violencia y lo siniestro”, explica.

Melchor asegura que es imposible que quienes se dedican a la literatura no escriban sobre la realidad que los rodea. “Tú eres hija de tu tiempo, te tocó vivir en una época muy particular. Hay gente como yo que nos gusta hablar del presente. Pero creo que aunque tú decidas ‘no voy a hablar de la violencia. Voy a hablar de personajes que viven en otro país’, incluso esa decisión es política. A lo mejor tiene que ver con el hartazgo de la violencia o tu distancia emocional que quieres poner”.

Ella admite que esa necesidad de escribir lo que sucede es una manera de resistir ante las cosas que se consideran inadmisibles. Aunque esto no signifique la posibilidad de que las cosas cambien para bien. “Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

La última novela que publicó, “Temporada de huracanes”, se basó en una historia que encontró en una nota roja o sensacionalista. Este tipo de periodismo es ampliamente criticado porque muestra escenas sangrientas y sin censura. Fernanda Melchor defiende la función de las notas rojas porque, a su juicio, dan una idea de las pasiones más oscuras entre las personas:

“Tú puedes agarrar grandes libros de la literatura, Shakespeare, Cervantes, los griegos, las grandes obras de la literatura pueden ser condensadas en una nota roja. ¿Por qué? Porque en la nota roja están las emociones que nos hacen humanos. Imagínate: “Mata a su papá y se casa con su mamá”, dice, haciendo referencia a la obra “Edipo Rey”.

La veracruzana considera que es necesario tomar conciencia de la muerte que rodea las sociedades violentas en lugar de asumirla con naturalidad: “A cómo está la situación en México, donde hay tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas fosas comunes y cadáveres, donde la muerte anda a sus anchas, yo creo que el acto contestatario es mirar al muerto porque ahora todo mundo se tapa los ojos para no ver”.

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“TEMPORADA DE HURACANES” (Literatura Random House, 2017) trata la historia de cómo un grupo de niños encuentra el cuerpo de una mujer flotando en un canal de riego. La víctima es “la bruja”, una mujer respetada y temida en el pueblo por sus oficios esotéricos.

La noticia que Melchor leyó explicaba que la bruja fue asesinada por su propio examante, quien “la había matado porque esta persona le había estado haciendo brujería para que regresara con ella. Y yo me puse a pensar ‘esto es muy veracruzano’. Cuando vemos una nota de nota roja que nos la ponen muy simple como ‘mató a su compadre porque lo vio feo’, tú dices ‘no, uno no mata a nadie porque lo vio feo’. Uno mata a la gente por mil y una cosas más profundas”.

Melchor pensó en escribir esta historia de la manera más periodística posible: ir al lugar, hablar con la gente e intentar descubrir las razones que habían motivado este asesinato. Pero su instinto le dijo que talvez esa no era la mejor manera de explicar lo que había sucedido. Además, Veracruz es un sitio peligroso para ejercer el periodismo. Las cifras lo demuestran: en los últimos siete años han sido asesinados 21 periodistas.

“En México matan a los periodistas, pero no matan a los escritores, y además, la ficción te protege”, considera Melchor. En lo que va del año, ya fueron asesinados tres periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. El reciente miércoles 21 de marzo el periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado en Veracruz.

“Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

Convencida de que la novela era el mejor género para contar la historia, la escritora se puso a trabajar. Dejó que los personajes le hablaran: “Yo me sentaba a escribir y haz de cuenta que yo era la secretaria del juzgado que le está tomando la declaración al asesino. Entonces la gente me contaba la historia y yo nada más tecleaba. Yo me sentía como una médium… empecé a escuchar estas voces. Ya sé que suena muy esquizofrénico”, acepta con un dejo de picardía.

Las referencias que Melchor hace al hablar de su proceso de escritura sorprenden de la misma forma que hacen que sea más fácil entenderla: “Fue un proceso de andar buscando una voz. La novela está escrita con esta voz que es una cosa que yo le llamo narrador Pazuzu. ¿Te acuerdas de la película ‘El exorcista’? El demonio se llamaba Pazuzu, pero Pazuzu está dentro de la niña, pero de repente se sale. El narrador que yo quería era uno que pudiera estar arriba describiendo todo, pero que de repente se metiera dentro de mí. Así fue como surgió la novela”.

El proceso de escuchar las voces del pueblo contándole sobre el asesinato y pasarlas al papel fue solo uno de los primeros pasos para llegar a construir esta novela que ha sido considerada una obra imprescindible de 2017. “Escribí muchísimo, como 200 páginas, y ya una vez que las tuve, me di cuenta de que eso no era la novela. Uno no se vuelve novelista cuando publica un libro. Uno se vuelve novelista cuando agarra esas 200 páginas que escribió y las bota a la basura porque dice: ‘Bueno, ya estoy más cerca, pero esto no es’”.

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“DICEN QUE EL CALOR ESTÁ VOLVIENDO LOCA A LA GENTE, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte. Que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia: decapitados, descuartizados, encobijados y embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades”, lee Fernanda Melchor sobre el escenario del Teatro Luis Poma.

Este martes 20 de marzo se realiza en San Salvador la primera actividad de Centroamérica Cuenta, el festival de literatura más grande de la región que desarrolla la mayoría de eventos en Managua. Melchor fue la invitada internacional para la inauguración. Esta noche está planeado un conversatorio entre ella y la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos.

Cada una lee un fragmento de sus obras. Melchor se para sobre las tablas del teatro y zapatea tímidamente con el pie izquierdo, como marcando el ritmo de su texto. “A mí me importa mucho que se escuche muy bien, leo mucho en voz alta lo que escribo porque no solo importa la historia, sino cómo la cuentas”, dijo un día antes.
El turno de Jorgelina Cerritos llega y ella lee otro fragmento de su obra. Esta vez es la voz de una niña gritándole a su padre que corra porque alguien lo persigue para matarlo: “Corre, papá, corre, que no te desangren la espalda”, exclama en un compás apresurado.

Los textos que se leen esta noche están marcados por una premisa de angustia. A las escritoras se les pregunta si la literatura es una respuesta ante la espiral de violencia que se vive en la sociedad veracruzana y salvadoreña. Melchor responde: “A mí lo que me interesa mucho es hablar del presente”. Y pone de ejemplo una pieza de la artista mexicana Teresa Margolles, quien recolectó el agua que se ocupó para lavar cuerpos (de asesinatos) “y trapeó así los pisos”. La pieza se llama: “¿De qué otra cosa podríamos hablar?”

“Tiembla”. Es el último libro en el que se publica un texto de Fernanda Melchor. En él, se recopilan las vivencias de 35 escritores sobre el terremoto del año pasado en México.

La marcha de las ausentes

Intervención. Sobre la base del Monumento a la Constitución se colocaron mariposas negras en representación de las mujeres asesinadas.

Larissa tenía 11 años cuando un vecino le tocó los senos que empezaban a asomarse por su pecho. Ella usaba una camisa con un estampado y su vecino, un hombre mayor, se acercó a ella con la excusa de tocar la tela. El hombre terminó manoseándola. Larissa se congeló. No supo qué hacer, pero supo que algo estaba mal. Esa vez aprendió que no estaba segura en su colonia, a metros de su casa.

Más de una década después, una mujer escucha la historia que Larissa cuenta y relata algo que la hizo sentir vulnerable cerca de su casa. Un hombre de la zona intentó meterla a la fuerza a un carro. Por anécdotas así, desde niñas aprendieron a evitar ciertas calles, ciertos vecinos y a apresurar el paso cuando están en la vía pública.

Estas historias se escuchan en el patio de un café de San Salvador. Este lunes 5 de marzo hay 14 mujeres reunidas en un círculo. Hay jóvenes y adultas, empleadas, artistas y universitarias.
“¿Quién nos convoca? Pues nosotras nos autoconvocamos”, dice Montserrat, una activista por los derechos de las mujeres con amplia trayectoria. El grupo se creó cuando en un chat, algunas de ellas plantearon el deseo de realizar una protesta nocturna. Que la actividad sea de noche tiene un motivo. Quieren caminar en la oscuridad para reclamar su derecho a movilizarse y no sentir miedo de que alguien las toque o las intente subir en un carro.

En 2016, la organización Small Arms Survey posicionó a El Salvador como el país más feminicida de América Latina. Y solo en los primeros meses de 2018, una mujer ha sido asesinada cada 19 horas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

“En la conmemoración del 8 de marzo no deberíamos hablar de violencia, sino de las conquistas de los derechos de nosotras, de los avances en salud y educación”, explica Enayda Argueta, investigadora social del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG) de la organización Háblame de Respeto. “Lo que pasa es que en nuestro país hemos conquistado unos derechos pero nos siguen matando”, continúa.

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LAS ORGANIZADORAS de este evento llamaron a sus amigas y conocidas y regaron la voz. Las invitaron a vestirse de luto y llevar flores y velas para una concentración en el redondel del Monumento a la Constitución, mejor conocido como La Chulona.

A las 6:50 de la noche del 7 de marzo, ya hay 50 mujeres reunidas en la rotonda. Conforme pasan los minutos, algunas de las organizadoras entregan unas mariposas negras de papel a las asistentes. Las mariposas tienen una cinta adhesiva. Luego se le explica al grupo que en algún momento de la noche esas mariposas simbolizarán a una asesinada.

“A pesar de que sentimos rabia por las mujeres que no están, lo que prima en nosotras es la alegría”, dice Vanessa Pocasangre a las 7 de la noche, antes de iniciar la marcha. Elena Salamanca, historiadora y otra de las planificadoras del evento, habla de la importancia de visibilizar el duelo en el espacio público. Lo de hacer duelo no es exageración. Frente a ella, el colectivo de mujeres transgénero ASPIDH-Arcoíris ha colocado una manta llena de nombres y fotos de sus compañeras trans asesinadas.

Diez minutos después ya hay un centenar de mujeres reunidas en el redondel. Incluso hay niñas vestidas con el uniforme del colegio. De pronto, comienza una música suave y una bailarina vestida de blanco realiza una danza. Se tira al suelo e intenta levantarse con movimientos cortados. En el piso también yace inmóvil otra mujer de vestido azul. Algunas poses se asemejan a una escena de homicidio: la mujer quieta, boca abajo, en medio de la gente. La mayoría de mujeres víctimas de homicidios ocurridos entre enero y octubre del año pasado fueron encontradas en la calle, de acuerdo con información del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG).

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios, porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”.

Performance. La bailarina Paola Lorenzana interpreta una pieza denunciando la violencia contra las mujeres en una marcha nocturna del 7 de marzo.

En medio del público, una actriz vestida de blanco empieza a leer una lista de casi 200 nombres. Esta lista fue un tema de discusión hace dos días. Quienes planificaron la protesta nocturna aseguran que se acercaron al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a solicitar una lista con nombres de las asesinadas durante el año pasado. Ellas sostienen que la respuesta que encontraron es que ese instituto no lleva ese registro. Séptimo Sentido consultó al respecto al instituto y, hasta el cierre de la nota, no obtuvo respuesta.

El primer nombre que se lee en esta lista, creada a partir de la revisión de noticias de periódicos, es Katya Miranda. Ella tenía nueve años cuando fue violada y asesinada en un viaje familiar a la playa en 1999. El principal sospechoso, su abuelo, fue absuelto de los cargos. Su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad de los delitos contra las niñas. Cuando su nombre se escucha en esta concentración, hay silencio. Hasta que Montserrat grita: “¡Ausente!”.

Así se marca la dinámica de la lectura. Por cada nombre de mujer asesinada, otras 100 responden “¡ausente!”, y la partida se hace palpable. Pasan los minutos, los nombres, las páginas y las lista de asesinadas no parece tener fin.

Sobrecogida por la cantidad de muertas, una joven de 22 años llora mientras sigue gritando por las ausentes. Rápido, se seca las lágrimas y sigue respondiendo a cada nombre. Por cada mujer mencionada, las manifestantes se acercan a la base del Monumento a la Constitución y pegan una mariposa negra sobre la pared. En cuestión de minutos la pared blanca es saturada por mariposas que conforman una gran mancha oscura.

Cuando la lista se termina, las manifestantes recogen del piso una manta que han pitando con tres palabras “Caminamos sin miedo”. Todas se forman detrás de ella y salen a la calle.

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Recorrido. Las mujeres que asistieron a la marcha “Caminamos sin miedo” realizaron un circuito cerrado de 3 kilómetros en el que se leyeron los nombres de decenas de mujeres asesinadas en los últimos años.

CADA 8 DE MARZO se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día sirve para conmemorar su lucha por salarios justos y condiciones de trabajo dignas. El año pasado, por primera vez, se realizó el Primer Paro Internacional de Mujeres. Este año se realizó por segunda vez una huelga internacional. Pero no todas pueden hacer huelga para exigir sus derechos.

Este miércoles 7 de marzo también marchan aquellas que no pueden hacerlo de día porque pueden ser amonestadas en sus trabajos. La marcha de ahora está enfocada en mujeres, aunque en El Salvador la gran mayoría de los asesinados son hombres.
En 2017 fueron asesinados 3,954 salvadoreños. Eso mantuvo a El Salvador como el país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. Las mujeres asesinadas fueron 469. La mayoría de ellas eran jóvenes.

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”, explica, a través del teléfono, Claudia Interiano, abogada experta en derechos humanos.

Para Interiano, es importante analizar los hechos de violencia desde sus causas: “Las situaciones de riesgo a las que se puede someter una mujer para que acaben con su vida son, por ejemplo, cuando se pone fin a una relación, un divorcio, al denunciar una situación de violencia y abuso sexual. Esas son las razones de riesgo por las que las matan. Y no son esas las razones por las que matan a los hombres”, comenta la experta.

Frecuencia. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los dos primeros meses de 2018 una mujer fue asesinada cada 19 horas.

A las 7:40 de la noche, la concentración sale del redondel hacia la calle San Antonio Abad. De inmediato, aparece una patrulla policial. Un agente, tomado por sorpresa, les pregunta el motivo de la marcha. Cuando alguien le responde que es una manifestación contra la violencia, el agente comunica a través de su radio que se encargará de darle seguimiento a la actividad.

Por unos minutos, la manifestación toma la forma de una procesión religiosa y solemne. Algunas llevan velas y flores en sus manos. Con un megáfono, lámpara y listado van leyendo nombres de mujeres ya asesinadas y de manera serena, se sigue respondiendo que están ausentes. Después, la tranquilidad de la marcha se rompe y algunas comienzan a gritar en coro: “No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

En octubre del año pasado, Vilma Pérez fue asesinada así: en la cara de la gente. Vilma salió con sus dos hijos hacia la subdelegación de Apopa para denunciar por maltrato intrafamiliar a su compañero de vida, José Menjívar. Él la mató antes. Le disparó en la calle, frente a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Menjívar huyó del lugar sin que nadie lo detuviera. Sigue prófugo.

Conforme la marcha avanza, más personas se unen a la manifestación. Hacia el final del grupo camina Frida tomada de la mano con su madre. Frida tiene siete años, estudia primer grado y a veces dice que quiere ser veterinaria. Hoy conoció a otra niña de su edad en la marcha y le ha tendido la mano para caminar junto a ella.

Natalia, la madre de Frida, dice que ha traído a su hija a la manifestación para que aprenda a luchar por ella misma, para que sepa que siempre es mejor denunciar las ofensas que guardar silencio.
El grupo llega hasta el redondel El Torogoz e inicia el camino de vuelta hacia el Monumento a la Constitución. Al llegar, quienes cargan flores y velas las colocan al pie de la base de La Chulona. Pronto se forma un altar para las asesinadas.

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8M. Concentración de mujeres en la alameda Roosevelt en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la marcha gritaban “Ni una menos, vivas nos queremos”.

IRENE DÍAZ ha descansado poco esta mañana del 8 de marzo. Ella tiene 37 años, es editora audiovisual y tiene una hija de 11 años. En 2017 participó en un proceso de formación para defender y conocer sus derechos. Desde entonces, empezó a platicar con más mujeres y a tener claro que había que defender hasta la memoria de quienes ya no viven.

Así llegó a Ni Una Menos El Salvador, un movimiento de sociedad civil conformado por 14 mujeres que se reúnen los sábados en asambleas y empiezan a discutir temas como el derecho a la tierra, a un salario justo y la seguridad.

Ni Una Menos es un movimiento que surgió en 2015 en Argentina para exigir un alto a los feminicidios. El caso que removió la indignación colectiva fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años golpeada hasta morir por su novio. Tras esa muerte, el movimiento logró concentrar a 300,000 personas. Entre ellas estaba Franchesca Mata, una abogada salvadoreña residente en Buenos Aires. Mata vino al país este año y empezó a convocar a mujeres a través de internet para formar la filial salvadoreña del movimiento.

Ellas no pertenecen a ninguna ONG ni tienen financiamiento de nadie. Tienen diversas profesiones y oficios y se reúnen para hablar sobre sus problemas y los de la sociedad. “Sabemos que somos nada dentro de las organizaciones”, comenta Franchesca Mata. Ella explica que lo que buscan es visibilizar la realidad a través de sus denuncias: “Ante la indignación, la acción. Estamos cansadas y salimos de la red social a conocernos”.

Irene Díaz participó en la marcha nocturna del 7 de marzo, y 12 horas después, en la mañana del Día Internacional de la Mujer, ya se encuentra en otra actividad. Ella y otras siete integrantes de Ni Una Menos El Salvador han llegado ante la Fiscalía General de la República en Santa Elena.

Pretenden colocar una pancarta en la fachada de la FGR. La manta tiene cruces pintadas y la leyenda: “469 mujeres asesinadas en 2017”. En la fachada de este edificio hay una especie de gruta en la que hay un ángel. Después de unos minutos, colocan la manta sobre la gruta.

De inmediato, aparece un policía. En su uniforme lleva el apellido Interiano, y a pesar de que en la acera solo hay mujeres, pregunta:

—Buenos días, ¿quién es el encargado de esto?

El policía les explica lo que deben hacer: “Me van a quitar de ahí la manta y la van a poner en esa pared, al lado de la escalera”. El policía hace referencia a un paredón que sirve de división entre los carriles de la calle frente a la sede fiscal.

La pancarta lleva menos de 5 minutos colocada sobre la gruta. Las integrantes de Ni Una Menos se muestran un poco reticentes. El policía les pide que la muevan, que en el lugar que él les indica, todo se verá “bonito”. Antes de quitar la tela que ellas han pintado, las mujeres le toman fotos. El policía les advierte que la Ley de Seguridad Pública establece que “es prohibido” tomarle fotos al edificio de la Fiscalía.

Hace dos años el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, montó una tarima con un equipo de sonido y movilizó a más de 1,000 personas para protestar contra el fiscal general. La concentración de entonces ocurrió en esta misma calle y frente a este mismo edificio público. En ese entonces, nadie fue desalojado.

Irene Díaz se muestra fastidiada por las indicaciones policiales. Ella dice que lo que buscan es hacer hincapié en que las autoridades estatales también tienen responsabilidad en las muertes de mujeres. El policía se apresura a responderle que sí, que él la comprende porque tiene estadísticas de “270 feminicidios”. Consultado sobre la fuente de su cifra, el policía responde que no está autorizado para dar estadísticas.
Las integrantes de Ni Una Menos obedecen al policía. Horas antes, en la calle San Antonio Abad, el grupo protestó por la desaparición de la agente policial Carla Ayala, quien este domingo cumple 73 días de desaparecida. Un policía la atacó con arma de fuego tras una fiesta navideña y huyó con su cadáver.

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UN PAR DE HORAS MÁS TARDE, EN LA ALAMEDA ROOSEVELT, EN EL PARQUE CUSCATLÁN, MILES DE MUJERES Y HOMBRES SE JUNTAN PARA INICIAR LA MARCHA OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EN ESTA PARTICIPAN ORGANIZACIONES FEMINISTAS, DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, MUJERES TRANS, UNIVERSITARIOS, ETC.
Esta marcha es distinta a la de la noche anterior. Es multitudinaria. Hay colores, música, baile y se dirige hacia la plaza Salvador del Mundo.

La marcha no despierta mucha simpatía entre los conductores y las personas que ven su tránsito afectado. Desde un bus de la ruta 30-B, un hombre ve a las asistentes y dice que estas son “viejas gritonas y sin marido”. En una intersección de la alameda Roosevelt, cuatro hombres y una mujer en motocicleta no quieren esperar a que termine de avanzar el flujo de personas. Hacen sonar los motores de sus motocicletas e insinúan avanzar entre las organizaciones. Un grupo de mujeres se coloca, desafiante, frente a ellos. Entonces los motociclistas retroceden en su estrategia para salir del tráfico y piden que, al menos, les dejen espacio para dar la vuelta y regresar por la calle que venían.

La marcha termina al mediodía. La mayoría de personas empieza a buscar una sombra después de estar de pie y bajo el sol por al menos tres horas. Irene Díaz ha realizado dos marchas en menos de 15 horas, pero no se muestra cansada. Va cantando y portando un cartel que dice “Soy la mujer de mi vida”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”.

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Estado implicado. En la marcha del 8 de marzo, cientos de personas exigieron que el caso de la policía desaparecida Carla Ayala no quede en la impunidad.

ANA RUTH RAMOS SOBRESALE entre las personas que buscan un espacio de césped para sentarse y descansar en el Salvador del Mundo. Ella es una mujer de 22 años con un hijo de tres y una bebé en brazos. Marchó en el bloque del Foro Nacional de Salud. Ana Ruth lleva un manto de tela blanca en la cabeza para cubrir su cabello. Ella se congrega en una iglesia cristiana y profética. Su hija descansa sobre una manta en la grama y su hijo corretea alrededor de ella.

Ana Ruth dice que quería estudiar y mejorar su vida. Ahora sus sueños están puestos en sus hijos. Como ella es una mujer religiosa, cuenta que a veces la critican por asistir a estos movimientos de mujeres. “Ya me han dicho varias veces que a nosotros que somos cristianos no nos conviene andar aquí, pero yo les digo que no ando haciendo nada malo”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”, explica vía telefónica el Dr. Manuel Sánchez, economista y experto en temas de desarrollo humano.

En El Salvador las mujeres tienen menos acceso a educación y salarios justos. Y esta no es una percepción, está probado estadísticamente. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo de la población femenina es de 12.5 %, mientras que la de hombres es del 8.8%, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Además de tener menor escolaridad, las salvadoreñas ganan menos que sus contrapartes masculinas. Un ciudadano que ha estudiado más de 13 años tiene, en promedio, un salario que sobrepasa los $600, mientras que el pago que recibe una mujer con el mismo nivel de educación es de $516.33, según la DIGESTYC.

Ana Ruth no tuvo oportunidad de estudiar. Mientras se come unas pupusas, cuenta que su madre murió cuando ella era pequeña y quedó sola con su padre, quien la maltrató. Por eso, aunque era menor de edad, dejó la casa de su papá para trabajar como niñera en San Salvador.

Cuando cumplió los 18 años se acompañó con un muchacho y dejó de trabajar para empezar a criar hijos propios. Hoy dice que marcha para protestar contra el maltrato: “A nosotras siempre nos faltan al respeto. Hay hombres que se quieren aprovechar de una o los mismos padres la quieren golpear, violar. Yo ya pasé por eso y no quisiera que las demás mujeres pasen lo mismo, porque ya sufrí”.

Al lado izquierdo de Ana Ruth, a solo unos metros de donde su hija duerme, está colocada una tarima desde la cual se saluda a los últimos bloques de hombres y mujeres que llegan al final de la marcha. Por una mañana, una calle de San Salvador fue el escenario para que más de 1,000 mujeres pudieran caminar sin miedo.

Los adultos mayores de un Estado negligente

Beneficiario. Humberto Torres tiene 82 años. A los 13 aprendió el oficio de sastre. Tiene hijos, pero viven en el exterior. Fue operado de los ojos y ya no pudo seguir trabajando.

María es persuasiva y coqueta. Se ríe mucho y sus ojos negros persiguen vivaces cualquier movimiento dentro de su cuarto. Sus amigas dicen que tiene 98 años y otros dicen que tiene 94. Ella no lo sabe precisar. Esta tarde lluviosa está acostada en una cama porque se rompió la cadera y está en recuperación. Cuando ve que un hombre de pelo entrecano entra a su dormitorio, pone en práctica su estrategia. Lo llama para que se acerque, lo toma de la mano, le sonríe y le pide una cosa: pollo frito.

La táctica es recurrente, cuentan. “La Mariyita”, como le dicen aquí, siempre quiere comer lo mismo. Y, aunque lo primero que encuentra ante sus súplicas es un no, el hombre cede y manda a alguien a comprar un pedazo de pollo a un negocio cercano. Él no es un familiar o amigo. Es Rizzieri Luzzi, el encargado del dormitorio público de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) de Santa Tecla.

María llegó a este lugar porque se quedó sola. La historia de vida que suele contar es así: Su esposo era soldado en Chalatenango. Ella trabajaba como niñera. Tenían tres hijos. Durante “la guerra de los ochenta” murieron sus hijos y su pareja. Dice que ellos nunca se hicieron una mala mirada y se quisieron “del alma”, que hoy ya se conforma porque ha gozado bastante en la vida.
Que los adultos mayores se queden sin casa o familia no es una situación inusual. De una muestra de 2,000 adultos consultados por el Gobierno, el 46 % respondió que vive solo o con amigos. El 83 % expresó no contar con vivienda propia.

La cifra de adultos mayores en el país alcanza los 808,000, lo que representa al 12.4 % de la población salvadoreña. Se cree que ese porcentaje crece 0.5 % anualmente. Y el grupo etario de adultos mayores que más ha crecido es el de quienes sobrepasan los 80 años. Además, hay cerca de 2,000 personas mayores de 100 años. Así lo asegura la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS).

A pesar de que en la actualidad El Salvador es un país joven, si las tendencias se cumplen, el escenario cambiará en los próximos años. La sociedad está envejeciendo. La SIS explica que actualmente hay un promedio de 16 personas jóvenes por cada adulto mayor, pero, de acuerdo con las estimaciones de la región, en 50 años la proporción será de dos jóvenes por cada persona de la tercera edad.

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Capacidad. La gran mayoría de los beneficiarios del dormitorio son hombres. El centro tiene espacio para 93 personas.

EL ACCESO A VIVIENDA DIGNA NO ESTÁ GARANTIZADO

La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, publicada en 2002, indica que la vivienda adecuada es un derecho fundamental de las personas. Y no solo eso, reconoce que en caso de desamparo o abandono, le corresponde al Estado la atención de adultos mayores.

Pero la realidad no coincide con el papel. En la práctica, los protagonistas de esta labor son las ONG, las fundaciones sin fines de lucro y las iglesias. Jennifer Soundy, titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, considera que la ley vigente es débil. Y que eso se pone en evidencia porque la ley “no establece mecanismos de sanción por incumplimiento de los derechos”.

Si se tiene conocimiento de un hogar de ancianos que no cumple con los requisitos de limpieza o cuidado adecuados, Soundy asegura que no existe una manera de que el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) pueda cerrarlo definitivamente.

“Muchos centros de atención se abrieron sin regulaciones y funcionan sin regulaciones, pero la Corte Suprema de Justicia es muy clara en decir que si se quiere sancionar, eso tiene que estar dicho. Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar de una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

A su juicio, uno de los logros más grandes del país en términos de legislación es la presentación de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor el año pasado. Sin embargo, por su naturaleza, su impacto es más reducido del que tendría una ley nacional y solo las instituciones que pertenecen al Órgano Ejecutivo son las responsables de aplicarla.

Pertenencias. Para mantener el orden, FUSATE brinda a sus beneficiarios un espacio limitado en el que pueden guardar su ropa y los recuerdos de toda una vida.

En 2016 se presentó un nuevo anteproyecto de ley para beneficiar a personas de la tercera edad ante la Asamblea Legislativa. La encargada de estudiarla es la comisión de la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Casi dos años después de haber sido presentada, la comisión no la ha aprobado. Que el estudio de esta ley va “caminando”, se limitó a expresar el diputado Rodolfo Parker, a través de una aplicación de mensajería móvil. Él es presidente de la comisión y afirmó que la ley se aprobará en la legislatura presente, pero hasta después de las elecciones de alcaldes y diputados.

En un escenario donde ni siquiera el marco legal que protege a los adultos mayores está claro, solucionar el tema de vivienda para ellos no parece ser prioridad. El Estado cuenta en San Salvador con el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, pero en ese espacio, asegura Rizzieri Luzzi, el administrador del dormitorio público de Santa Tecla, solo “llegan personas que ya no se pueden valer por sí mismas”.

La situación es diferente en este centro tecleño. Un ejemplo de ello es Baudilio Miranda, un beneficiario del lugar. Tiene 67 años y sobre el cuello lleva un juego de llaves de las puertas de este centro. Él hace trabajo voluntario en el dormitorio. Tiene un cuaderno donde, a diario, anota quién llega al lugar y el motivo de la visita. Sostiene que desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche está encargado del portón principal. Terminado su turno, procede a cobrarle $0.50 a los demás beneficiarios. Veinticinco centavos de dólar son por el derecho al uso de baños y los otros $0.25 corresponden al derecho de cama.

“FUSATE es una institución que vive con base en donaciones, huérfana del apoyo estatal”, afirma Luzzi. En este centro los adultos mayores pueden salir cuando lo deseen, siempre que sea de día. Entre ellos hay quienes todavía se encuentran hábiles para realizar una actividad que represente un ingreso económico. Y es que, en teoría, para poder quedarse en este lugar es necesario que las personas sean independientes.

El administrador de este centro asegura que, en realidad, no todos los ancianos pueden conseguir los $0.50 diarios y que, al contrario, la mayoría no los paga. Conseguir esa cantidad no es tarea sencilla en esta etapa especialmente vulnerable de la vida. Por ejemplo, hay un hombre que vende sorbetes en un carretón, pero no sin molestias. Usa unos guantes negros sobre las manos que empujan su venta para protegerse. La escena puede parecer extraña, hasta que él la explica: “El sol me molesta cuando me pega aquí, me salen ronchas”.

En su afán de conseguir monedas para el día a día, algunos venden agua en bolsa en el mercado municipal o en las calles aledañas. Otros piden dinero en la calle, unos comercian medicinas y hay hasta músicos que cobran por tocar canciones en una guitarra. Aunque este centro es ocupado por 93 personas, el administrador asegura que la cantidad de monedas que se recibe como contribución de los beneficiarios es mínima: “A veces son $5, a veces son $6”.

Rizzieri Luzzi asevera que ese dinero se ocupa como caja chica y sirve para pagar la factura del agua para este casi centenar de personas. El administrador recalca: “Aquí veo las necesidades del adulto mayor, que está abandonado. Aquí no existen entidades estatales que se dediquen a favor del adulto mayor”.

“Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

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SIN EDUCACIÓN, EL FUTURO SE NUBLA

“Ya vas, vas Barrabás, ya vas”, canta un hombre de cabello largo y blanco sobre una tarima. Una mujer con una camisa de estampado de tigre no puede contener la energía y se sube, de manera improvisada, a bailar junto al cantante esta canción de rock and roll. La música suena a todo volumen en el cuartel El Zapote, de San Jacinto. Sobre la tarima está la razón de este salto de euforia entre un grupo de señoras de la tercera edad. Luis López, conocido como “el Monseñor del Rock”, se agacha, toca una guitarra imaginaria, hace muecas rudas con la cara, mueve la cadera, levanta una pierna y recorre el escenario con sus mejores movimientos al estilo de Elvis Presley.

Este miniespectáculo de Luis López se realiza en el festival Acercando Generaciones, un evento de la SIS para celebrar el Mes del Adulto Mayor. Con solo tres canciones Luis López logra animar a su público. Cuando baja del escenario, algunas señoras llegan a saludarlo y a pedirle fotos. Mientras espera para irse del lugar, él comenta que la calidad de vida del adulto mayor “depende de cómo fue su vida cuando joven. Muchos tienen una vida holgada, pero la mayoría de adultos mayores yo creo que están desprotegidos porque no hay leyes que los protejan realmente. No hay instituciones que se preocupen por ellos”.

Reina. María cuenta que fue reina de la tercera edad hace algunos años. En el centro recibe visitas de iglesias y voluntarios que realizan manualidades o brindan plática y compañía a los adultos mayores.

A López se le pregunta si no es una contradicción decir que no hay instituciones que se preocupen por el adulto mayor cuando, precisamente, acaba de cantar en un evento dirigido a personas de la tercera edad. “El Monseñor del Rock” no duda en contestar.

“Este es un dulcito. ¿Cuántos adultos mayores hay en el país? Y mire cuántos hay aquí. Si es que el problema no es de darles un dulcito. El problema es de darles la oportunidad de ser productivos aunque estén viejos. Debería haber talleres vocacionales en todo el país. Y tampoco hablo de eventos. Estoy hablando de una oportunidad real de trabajo. Una oportunidad en la que el adulto mayor se pueda desarrollar hasta que muera”.

A solo unos metros del escenario camina Marta Jiménez, una mujer pensionada de 70 años. Se pasea entre las mesas que se han colocado en este evento dentro del cuartel. Dice que siempre busca mantenerse ocupada y aprender cosas nuevas.

Marta pide algunos folletos de las mesas de información de servicios en este evento y hay uno que le llama especialmente la atención. Es el que se refiere al bachillerato virtual. Cuenta que fue secretaria durante 30 años y que sabe manejar las máquinas de escribir y las computadoras, pero que su pensión no le alcanza para cubrir sus gastos y que consigue vivir con la ayuda que le dan sus hijos. Luego dice que hoy quisiera sacar el bachillerato e ir a la universidad porque nunca pudo conseguir su sueño de ser abogada especializada en derechos humanos.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas reveló que en El Salvador no existe movilidad social, es decir, que la mayoría de sus ciudadanos permanece en la situación económica de la familia en la que nacen. Romper los círculos de pobreza en cualquier etapa de la vida es una tarea difícil. La educación, por tradición, ha sido vista como la mejor herramienta para salir de esos círculos. Pero conseguirla a una edad avanzada, no es tarea sencilla.
El 31.9 % de los adultos mayores de El Salvador son analfabetas, de acuerdo con cifras oficiales. Y si la población de la tercera edad es de 808,000, eso significa que al menos 257,000 de ellos no saben leer ni escribir. Además, “entre las personas de 60 años y más, la tasa de analfabetismo es 11.7 puntos porcentuales mayor en mujeres que en hombres”.

Esa disparidad sirve para explicar por qué dentro de los círculos de alfabetización para adultos del Ministerio de Educación las mujeres doblan en cantidad a los hombres que se inscriben para aprender a leer y escribir en su tercera edad. En 2016 fueron 2,555 hombres y 4,797 mujeres. El año pasado la tendencia se mantuvo y fueron alfabetizados 2,853 adultos mayores hombres y 5,570 mujeres.

En cambio, la cantidad de adultos mayores que son voluntarios para alfabetizar es muy reducida. En todo el país, durante 2016 hubo 31 hombres mayores enseñando a leer y escribir y 29 mujeres. En 2017 la cifra se redujo aún más y solo fueron 24 hombres y 20 mujeres.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Los adultos mayores dentro de un sistema de trabajo formal y sus beneficios son minoría. Desde 2014, en promedio, son 27,000 los hombres mayores de 60 años que cotizan al régimen de salud del ISSS y la cifra de mujeres se queda cerca de los 10,000. La cotización de estas personas representó hasta septiembre del 2017 un 3.72 % de la cifra total.

El Programa de Pensión Básica Universal consiste en una ayuda económica para personas mayores de 70 años que no se encuentran pensionadas. De acuerdo con documentos del Gobierno, esta es entregada a 32,800 personas. El monto que los beneficiarios reciben es de $50. Pero esa cifra contrasta con el precio de la canasta básica que, hasta diciembre del año pasado costó $137.84 en la zona rural y $200.39 en la zona urbana.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos, la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Info
Educación y alfabetismo

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Asistencia estatal. La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor asegura que cuando la familia no se responsabilice de sus adultos mayores, el Estado debe garantizar su atención.

EL DERECHO AL BIENESTAR EMOCIONAL

Tener acceso a una pensión por jubilación también significa poder ser beneficiario de otros programas ocupacionales. Implica tener una mayor oportunidad de crear un círculo social amplio y de conseguir apoyo emocional fuera de la familia. Por ejemplo, el ISSS cuenta con siete centros de Atención de Día. Estos son espacios donde los adultos mayores se reúnen y toman clases de actividades como repujado, yoga, baile o telares. Algunos adultos pasan todo el día ahí y se reúnen con sus amigos antes de volver cada noche a sus casas.

El Centro de Atención de Día del ISSS de la colonia Layco, una casa a la que asistían cerca de 100 personas, se quemó a finales de enero. Cuando se visita este espacio, lo único que se encuentra es un portón cerrado y un encargado que cuenta que el incendio ocurrió un sábado -día en el que no había nadie– y que, probablemente, se debió a un cortocircuito.

Ahora los beneficiarios de ese centro fueron trasladados a la cuarta planta del Policlínico Zacamil, donde reciben sus talleres. A diferencia del Centro de Atención, los adultos mayores no pasan todo su día en talleres y platicando con sus amigos. Asisten a una clase que les interesa y regresan a su casa. El hospital les cede el espacio del auditorio y, si los adultos mayores quieren aprender algo, se organizan entre ellos mismos para conseguir maestros y sus propios materiales.

La socialización y que las personas se sientan parte de una comunidad es vital para la salud integral de los adultos mayores. El Ministerio de Salud registró que el año pasado atendió a 13,000 adultos mayores por ansiedad y a 7,000 por depresión. Ese número de atenciones incluso sobrepasa a las que fueron brindadas para tratar padecimientos como la demencia.

El bienestar emocional de las personas de la tercera edad es reconocido como una prioridad. La consulta de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor reveló que el principal derecho que los adultos mayores exigen, incluso antes que el acceso a una pensión y vivienda digna, es “el cuidado que deben recibir con amor y buen trato”.

Ingreso económico correcto

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EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA NO ES SUFICIENTE

Sin pensiones. Al menos el 80 % de los adultos mayores del país no tienen acceso a ningún tipo de pensión. Algunos se dedican a trabajos varios e informales para poder sobrevivir.

Ya que la mayoría de salvadoreños de la tercera edad no cuenta con Seguro Social, recibe sus atenciones médicas a través de las redes de establecimientos del Ministerio de Salud. La ley de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores reconoció hace 16 años que la atención médica geriátrica es un derecho fundamental de los adultos mayores; sin embargo, este no se cumple.

En El Salvador, una persona de edad avanzada y de recursos económicos limitados no puede recibir tratamiento especializado según su condición etaria. “El ministerio no cuenta con geriatras en sus estable cimientos, hay personal que ha sido preparado con diplomados y cursos en geriatría, pero no especialistas”, respondió la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del MINSAL a través de una solicitud de información pública.

En El Salvador sí hay geriatras en el ejercicio privado. Estos son médicos que han realizado sus estudios en el extranjero ya que la especialización no existe dentro del país.

Las principales causas de muerte de adultos mayores durante los últimos cuatro años han sido infarto, insuficiencia renal crónica y neumonía. Annette Chicas, médica general y estudiante de una maestría en gerontología en línea, explica que para el tratamiento médico de una persona de la tercera edad “se necesita un doctor especializado”. De acuerdo con la profesional, al no contar con esta atención, “muchas veces se retrasa el diagnóstico y esto entorpece el pronóstico”.

“Hemos tratado de meterlo en varias universidades, no ha habido respuesta”, dice Jennifer Soundy, la titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor de la SIS, y asegura que cuentan con los planes de estudio de una maestría en gerontología. Luego explica que la búsqueda de esa especialización es “un salto cualitativo que tiene que hacer el MINSAL. La SIS no puede asumir los roles de todos los demás ministerios”. Soundy comenta que el año pasado la institución en la que trabaja otorgó 42 becas para un diplomado en atención geriátrica, pero solo 35 profesionales lo completaron.

Soundy denuncia ciertas acciones dentro de los hospitales que, a su juicio, están normalizadas y son violentas para la población de adultos mayores. Habla sobre la sujeción, una técnica que consiste en amarrar a las personas a las camas: “Esta es una práctica hospitalaria terrible. La excusa que le van a dar todos es que es por tema de seguridad. Para que no se caiga de la cama, pero está comprobado que muchas veces la pita con la que amarra puede ahorcar a una persona, puede lesionarla, fracturarla. Es más peligroso el remedio que la enfermedad. Y muchos de estos temas de sujeción no están regulados, o sea, hasta el ordenanza puede atar”.

También considera que otras prácticas hospitalarias de rutina, como la sola entrega del alimento, son insuficientes ante las necesidades de la vejez: “Vaya un día a un hospital y pregunte si les dan de comer, porque esa no es la práctica. Si es alguien que no puede comer por él mismo, dejarle el plato ahí es igual que no darle de comer, ¿no?”.

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CUANDO NO HAY RED DE SEGURIDAD

Joselino Ayala tiene 61 años, una manta gruesa, una mochila y una botella con agua. Eso es lo único que posee. Él duerme en una calle del centro de Santa Tecla. Es de apariencia ruda y cabello enmarañado. Hoy tiene la mirada perdida y está acostado en el suelo con las manos cruzadas sobre el pecho. Le duele una muela. A diferencia de los hogares de ancianos donde reina la música, en la acera donde Joselino duerme solo se escucha el pasar de los buses y los camiones.

Joselino es serio, pero a los 10 minutos de plática, cuando se le pregunta cómo hace para conseguir comida, los ojos le empiezan a brillar. A los pocos segundos, sus ojos no pueden contener las lágrimas que empiezan a acumularse. Joselino sigue hablando. La voz no se le quiebra y mantiene un gesto estoico. “De todos modos, qué voy a hacer, así me toca”, dice.

Él narra que cuando era joven tuvo parejas, pero que nunca pudo tener hijos. Cuenta que desde hace un par de años, cuando murieron sus padres, quedó en la calle. Pero asegura que aquí, en la calle, no le pasa nada. En un par de minutos repite cuatro veces esa misma frase, casi como un mantra.
La población de adultos mayores no está exenta de los golpes, homicidios y violencia sexual que colman los noticieros de El Salvador. La Fiscalía General de la República registró que en 2017 fueron asesinadas 192 personas mayores de 60 años. Además, desde 2014 hasta mediados de diciembre, se tuvo conocimiento de 3,012 adultos mayores denunciando un hurto ante la Policía y 3,096 denunciando amenazas.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

En 2016, una decena de adultos mayores fue evaluada por el Instituto de Medicina Legal por sospechas de violencia sexual. En 2017 la cifra aumentó y fueron 22 las personas evaluadas por el mismo motivo. Las agresiones no paran ahí. Hace dos años esa misma institución evaluó a 641 personas de la tercera edad por maltrato físico y el año pasado la cifra subió hasta rozar los 700.
“Aunado al silencio que generalmente encubre los escenarios de violencia contra mayores, los mecanismos de protección resultan ineficientes, lentos y burocráticos para la protección efectiva”, también se lee en la política.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

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ENVEJECER COMO QUIEN RECOGE FLORES

“En nuestro país no hay conciencia de que va a llegar un día en que todo mundo envejece. Cuando era joven miraba a las personas mayores y pensaba que yo jamás iba a llegar a eso y… sucede”, narra Rizzieri Luzzi, el hombre de pelo entrecano y administrador del dormitorio público de FUSATE en Santa Tecla. A su juicio, faltan políticas que permitan visualizar a la senilidad como un período en el que se recogen los frutos sembrados de una vida entera.

“La vejez es una parte integral e importante de nuestro ciclo como seres humanos, la cual debe ser valorada, como todas las otras etapas de nuestras vidas. La vejez no debe ser sinónimo de pérdida de derechos, sino que debe ser sinónimo de respeto y sabiduría”, dijo Vanda Pignato en un evento realizado para los adultos mayores el 25 de enero de este año. A pesar de los reconocimientos institucionales, El Salvador aún tiene un largo recorrido para reivindicar a sus adultos mayores.

El Estado le ha fallado a sus ciudadanos y en una misma consulta realizada gubernamentalmente, las personas de la tercera edad manifestaron que las entidades a las que les tienen más confianza son las iglesias.

Una de las internas con edad más avanzada del dormitorio público de FUSATE, María, confía también en las iglesias. Estas son las que han procurado sus comidas en el dormitorio durante los últimos años. En este tipo de espacios la principal ayuda no es estatal, sino que proviene de la caridad.

María, quien alguna vez trabajó como niñera, ahora sobrevive gracias al cuidado de otros. Es necia y, así como pide pollo, a veces pide que le ayuden a levantarse y la dejen caminar aunque tiene la cadera quebrada. Y cuando nadie le ayuda porque eso contradice las indicaciones del doctor, se para ella sola e intenta caminar sosteniéndose entre camas y paredes.

Esta tarde lluviosa de febrero está acostada y tranquila en su cama. En su pared hay recortes de corazones rojos y ella está de buen humor. Cuenta que a veces mira en sueños a su cónyuge ya fallecido: “Pero a mi esposo lo revelo como que es un muchachito así… contento. ‘Mirá, amor –me dice–, no te aflijás. Nosotros estamos bien allá. Y dentro de poco vas a llegar vos’. Están cortando flores, flores así, los manojos. Viera qué bonito. Yo por eso no me aflijo”.

Sin vivienda. El 83 % de los adultos mayores consultados para la realización de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor dijo que no contaba con vivienda propia en la cual habitar.

El Calabozo: El retorno de una denuncia 26 años después

El Calabozo. Esta es la zona cercana al cantón Amatitán Abajo donde se ha construido un monumento para honrar a las víctimas de la masacre.
Amado Carrillo. Él denunció la masacre por primera vez en 1992. Sostiene ante los tribunales que su esposa y sus cuatro hijos fueron asesinados el 22 de agosto de 1982.

Amado Carrillo es un campesino de 78 años, de barba y cabello entrecano, del cantón Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta mañana de enero cuenta que se siente un poco mal, que tiene calentura. El malestar se le nota en el cuerpo, pero ha esperado este día durante más de 20 años, así que ha ignorado la fiebre y ha decidido presentarse a un terreno cercano a la zona conocida como El Calabozo.

A unos metros del río, Amado se encuentra con el juez de Primera Instancia de San Sebastián. El juez lo presenta como la persona que “nos va a ayudar a identificar el lugar de los hechos”.

Así, a las 11 de la mañana y bajo el sol se inicia una caminata en la que la vereda se vuelve estrecha para una hilera de 30 personas. El grupo está conformado por víctimas y familiares, vecinos, periodistas, defensores de derechos humanos y peritos de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Este día Amado y otros dos testigos han sido llamados a identificar los lugares en los que, de acuerdo con su denuncia interpuesta en 1992, ocurrió la masacre conocida como El Calabozo.

En agosto de 1982, cientos de familias del municipio de San Esteban Catarina fueron desplazadas forzosamente de sus hogares. Los residentes de la zona afirman que caminaban durante las noches para huir de los bombardeos militares que se realizaban durante esos días en contra de la guerrilla y la población civil. Hasta que en la mañana del 22 de agosto, cuando los campesinos descansaban a la orilla del río Amatitán, al menos 200 personas desarmadas fueron emboscadas por militares. La operación militar fue nombrada Teniente Coronel Mario Azenón Palma.

A los pocos minutos de haber iniciado la caminata para realizar la inspección, se llega al río. Frente a este se ha construido un monumento con los nombres de personas que murieron en la masacre. El monumento está compuesto por unas placas y unas paredes pequeñas para protegerlas.

Las placas se colocaron en el lugar en el que Amado perdió a su esposa y a cuatro hijos cuyas edades iban desde los 14 meses hasta los 14 años. La mayoría de los presentes en este trámite desconoce el paradero de las osamentas de sus familiares. Ellos cuentan que a varios cadáveres se los llevó la corriente del río porque cuando sucedió la masacre era invierno y llovía torrencialmente; otros, fueron comidos por animales.

En un espacio entre el río y el monumento a las víctimas, el juez comienza a interrogar a Amado. La entrevista no dura más de cinco minutos.

—Necesito que me cuente, enseñándome los lugares posibles que usted recuerde, por favor –le indica el juez a Amado.
—Lo que yo recuerdo no se olvida en la memoria. Aquí fue un lugar difícil, donde el Batallón Atlacatl de allá empezó a disparar –dice y señala a unos 10 metros de distancia, del otro lado del río.

El denunciante asegura que cuando fueron atacados, ya llevaban varios días huyendo de la represión militar en la zona. Cuando el juez le pregunta qué hacía tanta gente agrupada al lado del río, Amado se limita a contestar que “únicamente esperándola”. El juez se muestra confundido y vuelve a preguntar:

—Déjeme entender. Estas personas tenían tres días de estar aquí, ¿pero qué estaban haciendo? Usted me dice esperando, ¿esperando qué?
—Esperando la muerte –responde Amado– porque los perseguían a los niños y ancianos.

Más de 200. De acuerdo con los listados de familiares de víctimas de la masacre, los muertos y desaparecidos fueron entre 200 y 250 personas incluyendo a niños, mujeres y ancianos.

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UNA DENUNCIA INTERPUESTA EN 1992

Amado termina de brindar su declaración y el juez y peritos se dedican a escuchar el testimonio de otras dos personas. Este trámite no es una reconstrucción de los hechos, pero sirve para identificar los lugares donde ocurrió la masacre.

Si el caso avanza y se logra abrir un juicio, estos puntos serán importantes para determinar la veracidad o falsedad de los testimonios de los denunciantes. Por ello, los peritos se dedican a tomar nota de los espacios que los sobrevivientes les indican.

A partir de la declaración de Amado se identifican tres lugares. Del lado del monumento en honor de las víctimas quedó definido el lugar en el que los campesinos se encontraban antes de ser asesinados. Después se identificó el lugar desde el que se cree que militares dispararon contra los campesinos. Por último, un terreno cercano al río que se encuentra a varios metros de altura quedó establecido como el escondite en el que Amado se puso a salvo y desde el cual escuchó cómo mataron a su familia.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

La tercera persona que declara cuenta que él va a mostrar la tumba de sus familiares. Esta se encuentra al otro lado del río. Él asegura que ahí está enterrada “una parte de huesitos de mi familia. Una parte de los huesitos porque los zopes ya habían venido al lugar y era invierno”.

Cuando los tres testigos terminan de dar sus declaraciones, se procede a tomar fotografías de los sitios mencionados por ellos. El juez le comenta a los peritos: “Hay un indicio claro de que ocurrió el evento que han denunciado”.

Esta afirmación informal del juez llega más de un cuarto de siglo después de la denuncia de Amado. Él cuenta que un día por la tarde, después de que se firmaron los Acuerdos de Paz, unos amigos se acercaron a él para preguntarle si se animaba a ir al juzgado de San Sebastián a denunciar la masacre. Ya había pasado una década desde que había perdido a su familia, pero Amado no estaba seguro de que esa fuera una decisión segura. “Nos encontramos un poco pensativos porque no era fácil lo que había sucedido”, acepta.

De acuerdo con documentación oficial, la denuncia se interpuso en julio de 1992 y en ese año también se ordenó una primera inspección del lugar. Esas diligencias estuvieron a cargo de otro juez. En esa inspección se determinó que debido a las características del lugar era difícil encontrar vestigios de lo denunciado.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

El caso no avanzó y en 1999 fue archivado. Pero en 2006, el abogado David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y acusador particular, presentó una denuncia contra altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador “por la comisión de los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de la libertad en perjuicio de miles de personas de San Esteban Catarina”.

Morales solicitó el desarchivo del proceso penal, pero el tribunal de San Sebastián declaró que el desarchivo no podía proceder debido a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1993. Esos hechos quedaron registrados así en la documentación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la negativa de los tribunales locales para reactivar el caso, los denunciantes solicitaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y en noviembre de 2016, este organismo resolvió que “durante casi 24 años la actividad investigativa ha sido nula” y determinó que esa inactividad “implicó una desprotección para los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las víctimas”.

Nuevas generaciones. Ledy Rosales y Dayana Rosales son bisnieta y tataranieta de Cornelio Rosales, un anciano de 86 años que fue señalado como “extremista” para las fechas de la masacre de El Calabozo.

Además, la sala valoró que el argumento de la aplicación de la Ley de Amnistía no era válido porque al momento en el que el tribunal se negó a desarchivar el caso “la jurisprudencia constitucional ya había establecido que dicho beneficio no era aplicable en aquellos casos en los que se impidiera la protección y la garantía de los derechos de las víctimas o sus familiares; es decir, aquellos delitos cuya investigación persiguiera la reparación de un derecho fundamental”.
Como resultado del amparo, se ordenó que “esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad”. Por ese motivo, el tribunal de Primera Instancia de San Sebastián se vio obligado a retomar las labores de indagación.

Si en estas averiguaciones se considera que hay suficientes indicios para llevar el caso a juicio, este seguiría una modalidad parecida a la del juicio de la masacre de El Mozote, donde se aplican las leyes vigentes de la época en la que ocurrió la matanza. En el caso de El Calabozo, se utilizaría el Código Penal y Procesal Penal de 1973. Esa es la razón por la que el juez de Primera Instancia está presente en la inspección de lugares, pues el Código de 1973 lo reconoce como juez-investigador. Es decir que en esta etapa las averiguaciones están encabezadas por él y no por la Fiscalía General de la República.

El juez se acerca al río y las personas que han dado su declaración se colocan en los lugares donde quedaron los cadáveres de sus familiares para servir de referencia en las fotografías que se anexarán al caso. Amado camina un poco y se para justo donde él recuerda haber visto a los primeros soldados del Batallón Atlacatl listos para dispararle a la gente. A Amado aún le falta ser fotografiado en el tercer lugar que ayudó a identificar, pero su cuerpo no es tan ágil como lo era cuando ocurrió la masacre, y caminar hasta arriba de una cuesta, donde permaneció escondido en 1982, ahora es un reto. Antes de seguir, se sienta en un borde de cemento, respira despacio y admite lo evidente: “Algo mal me siento”.

El juez le explica que lo van a esperar, pero Amado se desespera al sentirse observado y saber que el trámite se demora por él. Se levanta de inmediato y empieza a caminar cuesta arriba.

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SOBREVIVIR A LA MASACRE

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Amado se pone la mano izquierda sobre la frente y baja la mirada mientras cuenta que un par de días después volvió a la zona de la matanza: “¡Ay!, a ver aquello. Gran desorden, los hombres que habían quedado los pusieron bocabajo… encima, como formando picardía… y cortaron ramas y les dieron fuego”. Cuando habla de los cadáveres, sus ojos se mueven por el suelo como buscándolos entre la tierra del suelo.

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Tras la masacre algunos de los sobrevivientes se incorporaron a las filas de la guerrilla. Uno de ellos es Marcial Bolaños, el actual alcalde de San Esteban Catarina. Él asegura que tenía 16 años cuando se salvó porque otra persona lo ayudó a enterrarse y le colocó piedras y hojas encima para que no fuera detectado. El narra que su padre también sobrevivió porque fue dado por muerto. “Mi papá sobrevivió con la misma sangre de Edgardo y de Elsa, mis hermanos, porque con esa misma sangre se le cubrió el rostro”, cuenta desde la oficina municipal. Él dice que se incorporó a la guerrilla después porque “¿qué más quedaba? Era más la irritación de la sangre”.

Bolaños se encarga de resaltar que la muerte de su madre y hermanos fue lo que lo impulsó a unirse a la guerrilla. Él no acepta el argumento de la época que decía que las personas que murieron en El Calabozo eran guerrilleras. “Imagínese usted, la última hermana que yo andaba chineando tenía ocho meses, ¿qué combatiente era ella? La otra hermana tenía tres, la otra cinco, el otro tenía siete años. ¿Qué guerrilleros iban a ser?”, pregunta exaltado.

Los hechos de El Calabozo están incluidos dentro del informe de la Comisión de la Verdad en el apartado de “Masacres de campesinos por la Fuerza Armada”. Los otros casos que acompañan esta sección son la masacre del Sumpul y la de El Mozote. El informe estableció que “el Gobierno informó al público que había sido un éxito que se había dado muerte a numerosos guerrilleros”, pero la comisión concluyó que existen pruebas suficientes de que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños que habían apresado sin resistencia”.

Alonso Rosales. El hijo de Cornelio Rosales asegura que su padre no fue guerrillero y que por lo tanto, se encontraba desarmado cuando fue capturado por soldados en 1982

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CUANDO UN CORTE DE CABELLO SIGNIFICA LIBERTAD

Amatitán. El río ha sido símbolo de vida. Ahí se divierten y hacen oficio los lugareños. En 1932 el agua del río se tiñó de rojo y arrastró los cadáveres de la masacre de El Calabozo, San Vicente.

Los días 23 y 24 de agosto de 1982, la prensa nacional retomó la versión oficial de los hechos y publicó textos relacionados con los acontecimientos que se vivieron en los cantones de San Esteban Catarina. Los titulares fueron: “Subversivos se entregan en San Vicente” y “FMLN sufre gran número de bajas”. Una nota de la época fue acompañada de una fotografía en la que se observa a siete campesinos capturados. En la fotografía resaltan un niño de 11 años sin camisa y un par de ancianos de más de 80 años descalzos. En la noticia se les identificó como “extremistas” y “terroristas”.

La figura que más sobresale en la fotografía, porque está al centro y por su altura, es la de Cornelio Rosales Rodríguez, un hombre de 83 años. Él mira hacia el frente con el ceño fruncido, tiene el cabello blanco despeinado y viste una camisa clara de botones.

Casi 36 años después de que se tomó esa fotografía, en esta tarde del último día de enero, una figura idéntica a la de Cornelio Rosales sobresale en la misa del cantón Amatitán Arriba. Es Alonso Rosales, hijo de Cornelio, un hombre de mirada clara y voz triste. Su caballo lo espera amarrado afuera de la iglesia. Cuando la misa de las 2 de la tarde termina, Alonso sale del templo y se sorprende cuando se le muestra la foto de su padre capturado. “Sí, es mi papá”, acepta.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

Alonso tiene 72 años y cuenta que salvó su vida en dicho operativo porque en lugar de tomar el camino hacia El Calabozo, su familia y él caminaron hacia otra zona conocida como Tortuguero. Pero al “salir a la calle del Tortuguero ahí estaban los soldados y empezaron a tirar luces de bengala, y ahí se me quedó mi papá perdido; y ahí lo capturaron”.

El recorte del periódico sostiene que el terrorista Cornelio Rosales tenía 83 años cuando fue capturado, pero Alonso cree que su padre tenía al menos tres años más. “Yo de mi papá volví a saber a los seis meses. A mi papá se lo llevaron al cuartel de San Vicente”.

Alonso asegura que a su padre lo detuvieron porque “los soldados decían que era guerrillero… un viejito de 86 años, ¿qué guerrillero iba a ser?” La carta de libertad para Cornelio vino meses después, cuando en el cuartel le iban a cortar el pelo. Ahí, mientras a Cornelio Rosales le hacían un corte, un peluquero que trabajaba para el ejército lo reconoció. Eran parientes lejanos y eso sirvió para poder recuperar la libertad.

“En el cuartel de San Vicente trabajaba un yerno de una sobrina de mi papá. Y ese yerno era peluquero. Así fue como lo sacaron de ahí a mi papá”, cuenta Alonso. Cuando se reencontraron hablaron sobre el trato que recibió mientras estaba detenido y “quizás cayó bien el viejito, porque era bien pasivo. No lo torturaron”, reconoce Alonso. Hablar de su papá lo emociona. Conversa pocos minutos fuera de la iglesia y luego se sube en su caballo rumbo a su casa.

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LOS RETOS DE UN CASO SIN CADÁVERES

Marcial Bolaños. El alcalde de San Esteban Catarina asegura que es sobreviviente de la masacre. Él cree que la justicia le ha dado una “respuesta confusa” a las víctimas y familiares.

“Al agua se le respeta”, dice el juez encargado de las primeras diligencias de este caso reactivado. La gente de Amatitán bien lo sabe. Este mismo río que ahora no es profundo y se observa de caudal reducido es el que se llevó los restos de sus familiares y vecinos en aquel invierno de 1982.

Y ese es uno de los principales retos que rodean al caso. Además de las trabas legales a las que se ha enfrentado durante 26 años, hay otros retos que se deben superar, si se quiere individualizar a los responsables de la matanza.

A pesar de los programas de reparación a víctimas y de las pedidas de perdón que se han hecho durante los últimos dos gobiernos del FMLN, el acceso a la información oficial sobre operativos militares durante la guerra, por tradición, ha sido denegado. Incluso en 2014, el Ministerio de la Defensa le prohibió la entrada a personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El IAIP buscaba documentos de planes militares y personas que participaron en violaciones a los derechos humanos. En abril del año pasado ese instituto aseguró que Defensa destruyó documentos relacionados con operativos militares.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

A pesar de las condiciones, en esa ocasión sí se logró encontrar “restos de algunas ropas, las cuales fueron señaladas por la señora Corina Roxana Aguilar Carrillo –testigo y ofendida– como las que utilizaba su madre el día que ocurrieron los hechos”. Pero hoy, varios lustros más tarde, la posibilidad de encontrar pruebas físicas de este tipo se ven limitadas.

Cerca de la 1 de la tarde, la inspección se traslada hacia otra zona. La hilera de personas que acompañan a las víctimas y a los funcionarios cruza el río Amatitán. Los lugareños cruzan el río de forma grácil a diferencia de otras personas que se deslizan entre las piedras y se mojan la ropa y los zapatos. Cuando Amado Carrillo ve que la gente no encuentra forma de cruzar al río, busca un tronco grande y lo coloca sobre las piedras para que el resto de gente pueda pasar.

A los pocos minutos se encuentra una tumba verde con tres cruces y dos coronas propias del día de muertos; una es amarilla y la otra es blanca. La persona que ha venido a mostrar esta ubicación repite lo que contó en su declaración un par de horas antes: “Estaban todos revueltos los huesos. No le puedo decir de quién eran propiamente”.

Ante esto, el juez del caso le comenta al personal de Fiscalía que lo acompaña que van a tener que solicitar la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense cuando se ordene la exhumación de estas víctimas. Este equipo trabajó también en las exhumaciones que se llevaron a cabo en la zona de la masacre de El Mozote.

El juez habla de ADN y de identificación de las personas, pero un comentario del personal de la FGR lo hace aterrizar. Mencionan la palabra presupuesto y también se habla de trabajar con limitaciones. El optimismo se retiene.

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EL DERECHO A LA VERDAD

En los últimos años la masacre de El Calabozo ha sido reconocida estatalmente y se han realizado actos simbólicos en aras de la reparación de las víctimas. A finales de 2016, la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al sitio donde ocurrieron los asesinatos. La representante de SECULTURA en el acto aseguró que la declaratoria se hacía en cumplimiento al Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Conflicto Armado.

También, en agosto de 2017 el Estado salvadoreño pidió perdón a los familiares. Los actos han tenido la aprobación de los lugareños, sin embargo, en los sobrevivientes prima un aire de desconfianza cuando se habla de la puesta en marcha de la justicia en tribunales.

En este lugar lo que más se exige es conocer la verdad y las motivaciones de estos operativos. La Sala de lo Constitucional resolvió hace más de un año que al conocer lo sucedido en estos hechos “se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad… para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

La idea de perdón en esta zona no es homogénea. Algunos sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas dicen que ya están listos para perdonar a quienes mataron a sus seres queridos. Otros no se sienten tan seguros de poder hacerlo. Pero en algo sí coinciden: necesitan que se haga un proceso judicial para identificar responsabilidades. Creen que eso le va a servir al país entero para poder escribir la historia de manera justa. Amado Carrillo, el campesino de barba y cabello entrecano, explica lo que busca conseguir desde hace 26 años, cuando interpuso la denuncia: “Aquí no es venganza, sino que son hechos que no se pueden quedar en el olvido”.

Monumento. En 2016 la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al espacio donde ocurrió la masacre de El Calabozo. Hasta la fecha nadie ha sido procesado por estas muertes.

Reponerse de la depresión 12-E siete años después

Vulnerabilidad. Las casas de la comunidad 30 de Abril están construidas con materiales que no los protegen de las inclemencias del clima.

“Gracias a Dios las pobrezas que sentíamos eran lo normal, porque sin dinero se sufre”, es lo único que responde Eloísa Salguero cuando se le pregunta en qué momento de su vida ha vivido mejor. Eloísa es una mujer morena, pequeña y de cabello blanco. Esta mañana está molesta porque el árbol de limón que sembró ya da frutos, pero no ha crecido lo suficiente para dar sombra. Lo mismo pasa con los almendros. Por eso, le apena no poder invitar a platicar bajo la sombra de algún árbol, sino a la sombra de la pequeña casa de lámina en la que vive con su hijo.
Eloísa sabe que la pobreza no solo se traduce en problemas consiguiendo dinero para la comida. En su caso, la pobreza ha implicado la posibilidad de enfrentarse contra la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía para poder ocupar la tierra en la que ahora vive. Y es que la comunidad 30 de Abril se formó cuando un grupo de ciudadanos se tomó un terreno propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 2012.
La usurpación de estas tierras no fue una decisión basada en el capricho. En octubre de 2011 no dejó de llover durante una semana por la depresión tropical 12-E. Durante esa tormenta llovió más de lo que se registró durante el huracán Mitch. Al menos 21 ríos se desbordaron y se contabilizó más de 30 muertos. Eloísa y su familia casi pierden la vida. Ella residía en las cercanías de un río que se desbordó y destruyó su antigua casa. Por eso se tomó una parte de las tierras para no vivir entre el peligro y el fango.
En la comunidad en la que ahora reside, la organización interna ha sido vital. Varios vecinos cuentan que durante los primeros días que llegaron a este terreno, la mayoría de familias dormía al aire libre, las personas no dejaban de toser por el polvo y pasaban frío durante toda la noche. Ahora, a través de su organización, la gran mayoría ya ha logrado conseguir las escrituras del espacio que habitan y construir sus casas de lámina.
Aquí se vive en los márgenes, pero sus habitantes hablan con esperanza del futuro. En él se imaginan calles asfaltadas, agua potable, alumbrado público y casas construidas con bloques de hormigón. La situación de vivienda de esta zona no es una anormalidad. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, al menos el 11 % de los hogares salvadoreños están construidos con lámina, bajareque o palma.

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LA TORMENTA QUE FORMÓ UNA COMUNIDAD

Vivienda. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, al menos el 11 % de hogares salvadoreños está construido con lámina, bajareque o palma.

Dolores es una mujer de 33 años dedicada al cuido de sus hijas y su comunidad. En octubre de 2011, ella vivía frente al río Los Patos con su esposo, sus hijas menores de 10 años y su madre, Eloísa. Su esposo trabajaba en el campo y además, estaba encargado de cuidar un terreno y sus propiedades. Como parte del trato, el dueño del terreno le dio permiso de usar un espacio en el que la familia podía vivir.
En El Salvador casi la mitad de familias no es propietaria de su vivienda. El 47.2 % de los hogares vive como inquilino, colono o en otra situación irregular, de acuerdo con la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
A pesar de no tener lujos, Dolores recuerda que en esa casa vivía tranquila. El sábado 15 de octubre de 2011 todo cambió. Durante la noche empezó a escuchar cómo caía la lluvia y pensó que era un aguacero más. Ella no supo que lo que se venía era una tormenta en la que caería más agua que durante el huracán Mitch. La zona del río Los Patos “es bien apartada, no teníamos ni televisor ni nada, no podíamos ver ningún noticiero”, cuenta hoy Dolores.
El río Los Patos dividía la casa de Dolores de la calle principal, donde pasaban los buses y carros. Para salir hacia la calle se utilizaba un puente, pero cerca de las 8 de la noche, este dejó de existir. Dolores pensó primero que se trataba de un rayo. Su esposo salió a ver y confirmó uno de sus más grandes miedos: el puente se cayó y la familia quedó aislada.
A los pocos minutos el nivel del agua del río subió hasta que empezó a inundar la casa. Dolores y Eloísa colocaron la ropa, los trastes y los guacales sobre las camas para que no se mojaran. De nada sirvió. A los minutos el nivel del agua subió tanto que levantó las camas. Los vecinos empezaron a llamar a Dolores y a su familia para que salieran de la casa, pero ya no había forma de cruzar el río y llegar a terreno seguro. La familia solo logró salir de la casa y colocarse en un espacio un poco más alto dentro del mismo terreno en el que vivían. Intentaron ponerse a salvo en lo que ellos describen como una “cuchera”.

La familia de Dolores pasó cinco meses intentando volver a reconstruir la vida en el mismo lugar que casi se las arrebata. No tenían a dónde más ir. Alquilar una casa no era una opción real. La lucha diaria era para reponer otras necesidades urgentes. “Acuérdese que mi esposo trabaja en el campo, entonces, ¿qué son $40 que gana? No le alcanza a veces ni para los alimentos a uno y ya para hacerse de trastes y de ropa, ya es bien difícil”, explica.

De tierra. Los vecinos se quejan del polvo al que se enfrentan a diario. Ninguna de sus calles principales está pavimentada. Lo mismo sucede con los canales para que corra el agua, la mayoría es de tierra.
Peligro para la salud. Una investigación de la Universidad de El Salvador apuntó que la comunidad es atravesada “por tuberías de captación de agua potable y por colectores de aguas

El dueño del terreno solía criar cerdos durante otros años y había construido una estructura metálica para que los animales se alimentaran. Cuando el agua subía y subía, los adultos pusieron una colchoneta sobre esa estructura de metal. Sobre la colchoneta colocaron a las niñas pequeñas y los adultos la mantuvieron sujetada toda la noche mientras rezaban para que el agua no siguiera subiendo. Si llovía más, creían que al menos las niñas tendrían la posibilidad de salvarse.
Ni Eloísa ni Dolores sabían nadar y el cuerpo se les llenó de miedo. La luz de los rayos que caían les servían para ver que ya no quedaba nada seco alrededor. El río se había desbordado completamente y el agua subió hasta cubrirles la cintura. Dolores dice que llamó por horas a la Policía para que su familia fuera rescatada, pero el rescate nunca ocurrió.
A la mañana siguiente, la familia vio que una refrigeradora flotaba. Esa refrigeradora no servía desde hace tiempo y la habían sacado al patio. Al esposo de Dolores se le ocurrió ocuparla como balsa para cruzar así el río desbordado. Ahí se transportaron Dolores, su madre y sus hijas. “Cuando ya me llevaban a mí, me dieron vuelta a medio camino en lo más hondo, pero rápido me agarraron y me sacaron”, cuenta Dolores entre risas nerviosas.
Cuando llegó a tierra segura, la familia de Dolores fue trasladada a un albergue. Ahí se encontró con más personas que pasaron por situaciones similares. Esta tormenta dejó al menos a 50 mil evacuados a escala nacional. Y cuando el sol volvió a salir, algunos de los afectados se enfrentaron con una nueva realidad: habían perdido sus hogares.
La familia de Dolores pasó cinco meses intentando volver a reconstruir la vida en el mismo lugar que casi se las arrebata. No tenían a dónde más ir. Alquilar una casa no era una opción real. La lucha diaria era para reponer otras necesidades urgentes. “Acuérdese que mi esposo trabaja en el campo, entonces, ¿qué son $40 que gana? No le alcanza a veces ni para los alimentos a uno, y ya para hacerse de trastes y de ropa, ya es bien difícil”, explica.
El 30 de abril de 2012, ella se enteró de que otras familias afectadas por la misma tormenta se tomaron unas tierras que no se inundaban y en las que no vivía nadie. Su familia llegó al terreno y trasladó algunas de las pocas cosas que lograron salvar del agua y del fango para empezar a construir una casa temporal con palos, láminas y pedazos de plástico.
Los residentes cuentan que cuando llegaron a estas tierras, la UMO se hizo presente. Ahí la comunidad dio su primera muestra de organización. De acuerdo con un empleado de la Alcaldía de Ciudad Arce, unos vecinos llamaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a través de mediación, sin violencia, 176 familias lograron quedarse en el terreno.

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LA CLAVE PARA CONSTRUIR: LA ORGANIZACIÓN
Dolores cuenta que en este terreno no había vegetación y “a veces pasaban tormentas y, como no había ningún árbol, nos rompían las carpetas, se llevaban las champitas y volvíamos a empezar de cero otra vez”. A pesar de esos problemas, preferían reconstruir a tener que vivir a la orilla del río.
Así vino la necesidad de organizarse formalmente. Se creó una directiva comunal y se empezaron a hacer gestiones para obtener los títulos de propiedad de esas tierras. A los pocos meses, “falleció la persona que estaba encargada, entonces nos reunimos con unas amigas ahí en mi casa y dijimos: ¿Y por qué no nos organizamos nosotras como mujeres?”, narra Dolores.
Ella se convirtió durante 2013 en la presidenta de la asociación de mujeres de la comunidad. Ya organizadas, las mujeres empezaron a enviar cartas a la alcaldía, a ciertas ONG, al Ministerio de Gobernación y al ISTA para conseguir ayuda y legalizar su situación de vivienda. La palabra se corrió pronto y en los siguientes meses llegaron a vivir a este sitio más personas hasta conformar hoy un grupo de 700 familias. Cinco años después de la tormenta, en diciembre de 2016, la mayoría de habitantes de la 30 de Abril recibió sus escrituras.
La organización de mujeres no solo tuvo incidencia consiguiendo las tierras, también fueron capacitadas por otras organizaciones para formar el Comité de Protección Civil Comunal. Además, se convirtieron en un enlace entre la alcaldía y los vecinos ante cualquier emergencia. En caso de que algo urgente suceda, Dolores guarda en su hogar un megáfono. Ella puede activar la alarma de ese aparato cuando quiera informar de una necesidad a la comunidad. Cuando la alarma suena, las personas organizadas saben que deben llegar a la casa de Dolores.

LA VULNERABILIDAD TAMBIÉN ES ECONÓMICA

Mayra es una mujer risueña, blanca y de plática tendida que acepta conversar debajo de un árbol frente a una cancha de fútbol. A los pocos minutos de charla, varios zompopos caen desde unas ramas y ella solo se los sacude y sigue hablando.
El esposo de Mayra trabaja en una fábrica. Ella es ama de casa y sale unos días a la semana a hacer trabajos domésticos en Santa Tecla para aportar dinero a su familia. Ella también fue afectada por la depresión 12-E. Era vecina de Dolores y pasó una parte de la noche, desde lejos, gritándole y buscando una respuesta o un grito que le confirmara que su amiga estaba bien.
“Mi casa era de lámina y madera sencilla, (con) palos que uno hallaba a la orilla del cerco y estaba medio encementada de abajo para no patear solo tierra”, cuenta Mayra mientras se sacude un par de insectos. En esta zona la mayoría de afectados durante la tormenta fueron personas de bajos ingresos económicos.
Mauricio Quijano es el director del Programa de Desarrollo Comunitario de la Fundación Cristosal e impulsa proyectos en este terreno. Es una de las personas que más conoce las condiciones de vida de los habitantes de este sitio. “La vivienda es precaria, las calles internas todavía se inundan cuando llueve, las nubes de polvo son exageradas, el calor es intenso y no hay mayor vegetación”, describe desde San Salvador.

“Si se da un desastre natural, se generan desplazamientos. ¿Por qué razón? Porque la población habita en zonas que son vulnerables. Pero ¿por qué habitan en zonas vulnerables? Probablemente por falta de oportunidades socioeconómicas no tienen acceso a un hogar en un lugar seguro”, explica Mauricio Quijano, director del Programa de Desarrollo Comunitario de la Fundación Cristosal.

Eloísa. Ella es una habitante de la comunidad 30 de Abril y ya obtuvo el título de propiedad de su terreno. Pertenece al Comité de Protección Civil Comunal.

Quijano entiende la vulnerabilidad de los salvadoreños ante fenómenos de la naturaleza como un tema atravesado por la clase social de las personas. El experto pone un ejemplo: “Si se da un desastre natural, se generan desplazamientos. ¿Por qué razón? Porque la población habita en zonas que son vulnerables. Pero, ¿por qué habitan en zonas vulnerables? Probablemente por falta de oportunidades socioeconómicas no tienen acceso a un hogar en un lugar seguro”.
En 2009, El Salvador fue nombrado el país con mayor vulnerabilidad ambiental en el mundo. De acuerdo con el Índice Global de Riesgo Climático, durante 2016, El Salvador se ubicó en la posición número 116.
Mayra cuenta que volvió a su antigua casa después de la tormenta. “Daba sentimiento ver que había gente que había perdido muchas cosas, guacales, ropa, gallinas, perritos, vacas”. Lo que le quedó de su casa estaba lleno de lodo. Pronto compró detergente y lejía para intentar salvar algunas pertenencias. Meses después, se trasladó hacia la comunidad con los mismos colchones que se habían llenado de agua sucia y lodo.
“Este tipo de desplazamientos que surgen por desastres naturales, falta de oportunidades socioeconómicas o incluso por la violencia están en todo el país”, asegura Mauricio Quijano.
Mayra dice que a la orilla del río Los Patos aún viven varias familias afectadas por la tormenta 12-E. Ella asegura que no han querido moverse hacia esta zona porque “no se acostumbran a la vida que uno puede tener aquí. No se acostumbran a que aquí se sufre”.
Los problemas al llegar al establecerse en este terreno fueron acumulándose. A las carencias de una vivienda digna, agua potable y electricidad para todos, se le suma la percepción de inseguridad que la comunidad representa para los vecinos de otras colonias cercanas. A unos metros de donde Mayra platica hay casas que ya no pertenecen a la 30 de Abril. Ahí, una mujer habla de lo peligrosos que son estos vecinos. Ella sospecha que ahí viven pandilleros.

Más de 700. Son las familias que han luchado por construir una vivienda digna en la comunidad 30 de Abril.

Los líderes comunitarios aseguran que este es un territorio por el cual se puede transitar con tranquilidad. En las casas no se observa ninguna pinta alusiva a pandillas.
Mauricio Quijano asegura que aquí se enfrentan a la discriminación porque viven en los márgenes. “Cuando vemos la pobreza, tendemos a asociarla con delincuencia, cuando no necesariamente es así”, afirma. El director del Programa de Desarrollo Comunitario de Cristosal subraya la necesidad de prevenir: “La comunidad 30 de Abril está llena de niños y niñas que dentro de cinco años serán adolescentes, y si se siguen enfrentando a problemas de exclusión, de pobreza, de precariedad, entonces estaríamos hablando de una población que está en riesgo, pero decir que una población está en riesgo no es equivalente a estigmatizarla”.

“En un banco presté unos $600, en otro $300, a modo de que por eso tengo esa champita levantada. Así, luchando. Pero estoy enjaranada en tres bancos. En uno pago $31.25. Este sábado que viene voy a pagar $44 y en el otro voy a pagar $62”, dice María antes de encender la plancha de tortillas”.

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Sobre las tierras. Adalberto Mejía, promotor social, asegura que la obtención de los títulos de propiedad representa “un triunfo en poco tiempo” para la comunidad. En la fotografía de arriba se observa a Mayra Argueta, y en la de abajo, a Dolores Mejía. Ambas son residentes de la 30 de Abril.

LAS CARENCIAS ACTUALES
Es un jueves de enero cerca del mediodía y María Rivera, de 57 años, recién se ha bañado para empezar su jornada haciendo tortillas. Tiene una cabellera larga y gris, y cuando habla junta las manos frente a su cara. Parece que reza, aunque en realidad habla de cuánto le debe a tres bancos distintos.
“En un banco presté unos $600, en otro $300, a modo de que por eso tengo esa champita levantada. Así, luchando. Pero estoy enjaranada en tres bancos. En uno pago $31.25. Este sábado que viene voy a pagar $44, y en el otro voy a pagar $62”, dice antes de encender la plancha de tortillas.
María no solo debe preocuparse por ella. Vive con su esposo y también tiene tres nietos a su cuido porque su hija trabaja en San Salvador. La hija le ayuda económicamente y la visita una vez a la semana. “Yo saco la comidita de acá –dice y señala el puesto de tortillas– de lo que yo voy vendiendo, voy comprando la comida y ya los que trabajan afuera, ya es para pagar el banco”.
Solamente en deudas a bancos María paga $137 al mes. Los préstamos los adquirió intentando construir su hogar. Por ejemplo, instalar la luz eléctrica le costó $400, asegura. Además, gasta $10 mensuales exclusivamente en conseguir agua para beber. El agua que ocupa para bañarse, lavar platos y lavar la ropa la obtiene de un pozo que los hombres de su familia cavaron durante una semana. Esa agua está contaminada porque a solo unos metros del pozo se encuentra la fosa séptica de la casa. Esta es la regla en la comunidad.
La presidenta de la asociación de mujeres cuenta que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha intentado llevar agua potable a la zona a través de cantarelas. A pesar de eso, casi nadie confía en que ese líquido sea de buena calidad. “Esa agua no sirve ni para las plantas”, dice una vecina de la zona. Por eso, la mayoría de habitantes depende de camiones que llenan un cántaro de agua a $0.25 o $0.30.
Los vecinos de este lugar han gestionado por su propia cuenta su acceso a servicios básicos. Y así como hicieron préstamos para alumbrar sus calles y casas, también arreglan, incluso, las calles.
Un día de noviembre del año pasado, la junta directiva y otras representantes de la asociación de mujeres se reunieron para recibir a un grupo de periodistas que visitaron la zona. Los vecinos aprovecharon la ocasión para discutir entre ellos una situación que estaba afectando a un buen número de personas: un vecino estaba tirando el agua de sus oficios hacia la calle, en lugar de mantenerla en la canaleta de su terreno. Esto provocó que la calle estuviera llena de charcos.
Ese mismo día por la tarde, algunas de las personas organizadas salieron a tirar tierra en los hoyos que se habían formado en las calles. Aquí, la exclusión se ha encargado de dejarles claro que, ante una necesidad, la respuesta inmediata está en sus propias manos.

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COMENZAR DE CERO
El 4 de enero fue un jueves con demasiado viento en la comunidad. Durante la mañana no hubo tregua y las ventiscas levantaban constantemente el polvo. Algunas vecinas optaron por sacar agua del pozo y mojar sus patios. Durante la tarde, el viento también fue parte del problema.
Cerca de la casa de Eloísa, la mujer morena que espera que sus árboles crezcan pronto para que le den sombra, un hogar perdió todas sus pertenencias materiales. Era una casa de lámina y carpeta donde residía una familia con una niña de tres años. Durante la tarde, la madre de la niña encendió su cocina de leña para cocer frijoles y una corriente de viento trasladó una chispa desde la cocina hasta el corredor donde la familia almacenaba leña seca. La leña agarró fuego y pronto la casa entera se empezó a quemar.
Si en la 30 de Abril hay problemas para conseguir el agua, no se puede pensar en hidrantes o en cisternas que se encuentren de inmediato para sofocar las llamas. Los vecinos intentaron apagar el fuego y en una foto tomada el día del incendio se les ve cargando agua en los recipientes metálicos que se usan para lavar el maíz. Una empresa de la zona también envió una pipa, pero la ayuda llegó muy tarde.
Al día siguiente, Dolores cuenta que entre los vecinos ya se organizaron para juntar ropa limpia y que los afectados puedan cambiarse durante los siguientes días. Ahora ellos están durmiendo en la casa de una vecina. Pronto intentarán reconstruir todo.

Sin agua potable. Los habitantes de la comunidad 30 de Abril compran agua potable a diferentes camiones. El agua de los pozos dentro de sus terrenos está contaminada, pero la usan para oficios

“Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”

María Isabel Rodríguez, asesora presidencial.

A María Isabel Rodríguez parece que nada la exaspera. Es miércoles y en San Salvador cae una tormenta que hace que las calles colapsen, pero ella desde su biblioteca habla con una serenidad que parece solo llegar con los años. Habla tranquila sobre su paso por el Ministerio de Salud y la situación actual de esa entidad. Platica con calma incluso cuando le toca responder sobre temas que parece que preferiría no mencionar, como los sobresueldos recibidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

Se sienta en una silla en la segunda planta de su casa y antes de comenzar a platicar, pide una disculpa. Dice que usualmente no hace esperar un mes y medio a una periodista que quiere entrevistarla, pero se enfermó de gripe y canceló muchos compromisos. “Desde que salí del ministerio tenía los planes de dedicarme a escribir de todo lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas”, cuenta desde su hogar. Actualmente es la asesora presidencial más longeva y se encarga de aconsejar al Gobierno en temas relacionados con la educación y la salud.

Fue la primera decana de su facultad, primera rectora de la Universidad Nacional y primera ministra de Salud, y afirma que los espacios de participación de mujeres en las esferas de decisión no han sido suficientes. “Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”, dice durante esta conversación en la que ofrece agua, jugo, café y quesadilla a sus visitantes. Es difícil imaginar que la mujer que habla con tanto sosiego, mientras afuera se cae el cielo, es la misma estudiante de medicina que repartió panfletos en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez. O que esta mujer que ahora tiene una oficina en Casa Presidencial es la misma que durante su juventud llegó a transportar municiones, mientras se preparaba la huelga de brazos caídos que terminó con la dictadura militar más larga de El Salvador. Pero ha pasado más de medio siglo desde entonces y ahora las cosas que defiende la exministra de Salud son otras.

Anteriormente dijo que si para 2014 no había un cambio notable en salud pública “se habría fracasado de manera rotunda”. Este año en el Hospital Rosales faltaban 70 medicamentos, si alguien necesitaba operarse, le pedían que llevara su propia medicina, y hasta las sábanas del hospital se tuvieron que ir a lavar al Hospital San Rafael. ¿Se logró ese cambio notable?

Mire, analicemos la situación en todo el país. Cuando uno analiza los cambios que ocurrieron por el incremento de cobertura de salud, el acercamiento del especialista, sobre todo el pediatra y obstetra, uno ve que son cambios sustanciales. Uno tiene cifras como mortalidad materna que disminuyó importantemente cuando se crearon los Hogares de Espera Materna y cuando se incrementó el número de partos atendidos en los hospitales. Todas esas son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo.

¿En qué se retrocedió?

Cuando ahora se ha hecho el escándalo de la falta de medicamentos. Para mí era un motivo de quitarme el sueño el hecho de que no se hubiera hecho la licitación a tiempo. Veo en lo que ha ocurrido ahora, que no hay esa responsabilidad de la gente que tiene que saber que si no se hacen las compras a tiempo, eso repercute en la vida de la gente.
La gente necesita sus medicamentos y tienen que ser oportunos y adecuados al momento. Pero si no los tiene, la vida de ellos está en peligro, como un paciente renal que tiene que interrumpir sus diálisis.

No es solo el dinero del que se dispone para los medicamentos, es la posibilidad, es la rapidez de la gestión. Uno tiene que revisar qué está pasando con las unidades que tienen que ver con la compra. ¿Están previniendo que eso ocurra? Yo no puedo salir a decir públicamente “mire, la razón es esta”, porque sería terrible que una persona que ha estado al frente del ministerio vaya a decirle a las autoridades actuales qué está pasando. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades el análisis de cuál es el mecanismo a través del que se llega a la obtención del medicamento y por qué hoy no se ha llegado a eso.

¿Usted cree que le hace falta autocrítica a este ministerio?

Fíjese que esa respuesta usted la tiene. Sí, yo creo que usted la tiene. Uno quisiera que una línea que consideró correcta en un determinado momento y que empezó a revivir buenos resultados, se continuara. Pero nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente. Esa es una de las principales situaciones en todos los organismos, llámense autónomas o públicas. Y la gran desgracia que yo me la voy a llevar a la tumba es que ese gran esfuerzo que uno hace o puede hacer en un determinado campo –en la Facultad de Medicina, en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud– que uno cree que llegó aquí y que necesitaba un poco de tiempo, tal vez, para llegar aquí; se paró o se fue para atrás.

Nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente.

Cuando usted estuvo en el ministerio criticó fuertemente el Sistema Nacional de Salud porque no se incluyó al sistema privado. ¿Mantiene esa crítica?

Yo creo que se necesita un cambio de estructura política de gobierno muy importante. El sistema privado debería ser objeto de una reorganización interna. No me interesa que desaparezca, pero que sea sometido a las mismas regulaciones, a la misma política de salud que desarrolla el sistema público.

¿Qué mejoraría eso?

Hay elementos que en este momento se están considerando en muchos países, incluso hasta la regulación de costo y cobros. Tampoco es justo que esté suelto el establecimiento de cuotas. El sistema privado debe ser sometido –y yo pienso que hay cosas del sistema privado buenas– en el mismo aspecto epidemiológico. Es indispensable que el sistema privado esté incorporado totalmente, que se reporten los casos de determinadas enfermedades, que se haga el control igual.

Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero pienso que sería muy bueno que el sistema fuera integral. Lo que quería hacer era eso, porque no podemos pensar en que se hizo todo público. Para eso necesitaríamos otro tipo de Estado y eso no era lo que se perseguía.

Creo que el Estado debe tener un control de lo que ocurre en medicamentos y en toda la parte contra epidemias. Falta una verdadera planificación conjunta.

Es indudable que hay una brecha enorme entre el sistema privado y el sistema público. ¿Qué falla? ¿A qué le seguimos atribuyendo esa brecha, siempre a la falta de presupuesto?

Hay un criterio que no lo promueve el Estado, y es un criterio de la gente: “Porque es público puedo hacer con él cualquier cosa”. Es decir, no cuidar las cosas. Si usted entra a algún lugar donde hay baños… hasta las cubiertas de las tazas se roban. El criterio de lo público y de lo que debe cuidarse todavía no ha entrado, en general, en el país.

En el trabajo, a veces es distinta la forma en que se trata a un paciente en enfermería a cómo se trata a esa misma persona (en el sistema privado). Nos lo han dicho médicos que tienen enfermeras que trabajan en lo público. Su actitud y su forma de trato al enfermo es absolutamente diferente. Allá es la “señora, pase adelante”, gran respeto…

¿Entonces es porque somos una sociedad hipócrita?

Bueno eso hay que estudiarlo porque es parte de la educación de la gente.

El año pasado estuvo en algo parecido a una crisis mediática cuando en un programa radial usted mencionó que recibió sobresueldos. ¿Esto le trajo problemas?

A mí me trajo problemas desde el punto de vista (de) que me empezaron a mover en esa situación. A mí no me causa problemas a nivel de gobierno ni nada. ¿Qué me podían decir? ¿Que me callara? Era a lo más que podían llegar. Pero si yo en un determinado momento he recibido, ha sido igual que lo reciben todos los ministros e igual que viene ocurriendo. Es la única ocasión en la que yo he recibido como ministra de salud. Lo estableció ARENA y siguió eso. ¿Por qué no se dio el paso de ponerle a los ministros el salario adecuado? Y, entonces, encontraron que la mejor solución era pagarle (los sobresueldos) para que no se diga que se le paga mucho, pero ¿por qué no? Si el salario debe ser adecuado a la función que desempeña la persona.

Yo creí que se iba a hacer la reforma en el sentido de que ese llamado complemento de salario, o sobresueldo, o lo que fuere, iba a ser incorporado oficialmente porque a uno le conviene. Eso es necesario que se haga. Yo no digo si es por ley o por qué, cuándo se estableció, no sé de cuándo viene, pero así se ha hecho.

¿Pidió que se diera ese cambio?
Yo lo dije ahí. Que había hablado con el tipo y yo le dije “pero ¿por qué esto?” Porque cuando yo iba a firmar un documento o cómo se iba a hacer ese proceso, yo creí que iba a Casa Presidencial a esa oficina a hacerlo, pero no se hizo y realmente nunca se ha hecho un esfuerzo de todos para que, así, tal vez hubiera sido más adecuado.

Empatía. Cuando la exministra recorre espacios públicos es común que la población
se le acerque a pedirle una fotografía o saludarla. En la fotografía aparece haciendo un
recorrido por las áreas de comida de una feria en 2012.

¿De todos los ministros?
Claro. Pero si yo lo dije lo tengo que sostener. Yo no lo voy a negar. No quise hacerle daño a ninguno de los compañeros. Yo nunca recibí órdenes de “no lo diga, esto es secreto”. Pero tampoco me hubiera gustado que me lo dijeran. Es una discusión política que debería de existir de lo que es el sistema de gobierno y cómo se maneja. Si los políticos, los que pelean tanto por la pureza del sistema, (son) muchos de los cuales llegan al Gobierno y los cobran.

Debería de haber un análisis: ¿Es ilegal que un ministro gane cinco mil dólares o tres mil dólares cuando hay consultores, o una cantidad de gente que gana más de eso? ¿Es lógico que un presidente gane menos que lo que está ganando un asesor? Entonces si eso es así, hagamos un presupuesto que coloque el valor justo del sistema que cada quien gana. Eso todavía no está claro en la vida de la nación: cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel. Porque se considera una cosa inadecuada un salario alto. Deben establecerse salarios adecuados a la función de la gente sin esperar que haya complementos de salario.

¿Eso usted ya lo sabía al asumir el ministerio?

No lo sabía al asumir el ministerio porque yo no pregunté cuánto me iban a pagar. Lo que es inadecuado es lo que después salió: que no solo se daban esos complementos de salario, sino que había personas que no tenían que ver con el Gobierno y que recibían aportes que no eran sueldos, eran como regalías. Eso se hizo público, porque incluso lo dijeron algunas gentes.

Otro tema que también la puso en controversia fue cuando usted se posicionó a favor de la reforma del Código Penal para aprobar cuatro causales de interrupción del embarazo. ¿Por qué es un tema médico?

¿Cómo voy a considerar yo que se ponga en el riesgo de morir a una madre con hijos por un embarazo absolutamente inviable? ¿Se acuerda del caso de Beatriz, la mujer que tenía un feto acéfalo? Eso es un crimen, si la criatura no iba a vivir. Cada hora de ese producto era una hora de la vida de la mujer que se estaba agravando. Exponer a la madre a ver a un producto de estos sin cerebro, sin cráneo, para despertar el instinto materno es una tortura.

Quienes están en contra de esta reforma mencionan que el daño de las mujeres que abortan es mayor porque adquieren un trauma psicológico tras abortar. ¿Esto es algo médico que haya visto en su carrera?

No.

A usted la acusan en redes sociales de ser una exministra abortista.
¿Ah, sí?

Sí.
Bueno, ese es el criterio de ellos, no es el mío. Yo creo que esa es una cosa que se debe ver con mucha seriedad.

¿En qué está trabajando ahora?

Qué divertido eso. Estoy trabajando en todo. Teóricamente estoy como asesora en salud y educación del presidente. Desde que salí del ministerio yo tenía los planes de dedicarme a escribir de todo de lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos aquí con mi asistente en muchos campos de la educación y la salud. Hay un día de la semana que en la tarde nos reunimos con el ministro de Educación y dos o tres personas que él ha escogido como asesores y trabajamos un poco adelantándonos a los problemas que se van a presentar.

Mi semana es un poco complicada. Mi mañana la dedico a Casa Presidencial. Allá tengo una oficinita. Allá se hacen las reuniones que se pueden hacer, pero algunas de grupo incluso las hacemos aquí porque tenemos las facilidades. Aquí no hay quien cierre las puertas.

¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación en planes de educación sexual?
Se está trabajando intensamente. Creo que cualquier trabajo de hoy todavía es débil, pero debe seguirse trabajando muy duramente.

¿La Iglesia también debería tener palabra en el campo de educación y salud sexual?
Claro que sí.

¿Por qué?
Porque la Iglesia está causando también una acción negativa, porque ellos no conciben la prevención del embarazo. Ellos llegan a interferir con esos programas.

Entonces, ¿me está hablando de invitarlos a discutir para que entiendan o para que ellos pongan las reglas?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario.

“Las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se les dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡Pero si es parte del servicio de salud!”

Hace unos días se mencionó en un evento de Naciones Unidas en El Salvador que en uno de cada cinco embarazos de adolescentes, la relación sexual había ocurrido con un familiar y a la fuerza.
Así es. Padre, padrastro, pariente, todos esos están en la lista. Bueno, pero ¿qué pasa con la niña adolescente? Hay una responsabilidad triple. La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, la responsabilidad es de la familia en buena parte. La responsabilidad es de la escuela. Los padres no quieren –sobre todo la madre– no quiere que se le dé educación en el campo de salud reproductiva a las niñas.

Que se le hable de lo que representa el condón es un escándalo, porque “le están abriendo los oídos a los niños y es una barbaridad, la niña no debe saber de eso”. Pero esa niña a la cual se le niega esa información, está llegando ya al hospital porque ya está embarazada. Los papás están soñando que la niña es ingenua e inocente, y hemos tenido casos en que, luego, la madre recibe la noticia de que la niña no solo está embarazad,a sino que es seropositiva. Según ella la niña no debía saber nada nunca de eso. Pero la niña ya ha pasado ignorando muchas cosas que tiene a la mano. Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se le dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡pero si es parte del servicio de salud!

Detalle. En todas sus apariciones públicas María Isabel Rodríguez se encarga de lucir elegante y ser puntual.

En los grupos feministas es reconocida como pionera, ¿usted se considera feminista?
Yo considero que algo he hecho, tal vez no todo lo que debería, en favor del crecimiento de la mujer y del reconocimiento que tenemos el mismo derecho que los hombres. Para mí es una pena que digan que soy la única mujer rectora de la Universidad de El Salvador. Me preocupa muchísimo eso y no tengo el porqué alegrarme. Al contrario, tendría que ponerme muy triste que no haya podido llegar otra mujer. Los grupos llamados progresistas, los grupos de la izquierda universitaria y demás deberían de responder por qué no ha sido posible que otra mujer llegue a la rectoría de la universidad, llegar a la punta es difícil.

Cuando usted entró al Ministerio de Salud con el gobierno de Mauricio Funes se señaló que había muy pocas mujeres en el Gabinete. ¿Cree en las cuotas de género?

Mi opinión en ese sentido es un tanto crítica. En ocasiones establecer la cuota es una cosa simbólica. Muy bien que se diga que van a subir el número de mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres suben? ¿Es una mujer bien preparada que va a contribuir? ¿Va realmente a ser una persona que va a influir en decisiones trascendentales?

Por ejemplo, en el caso de organismos internacionales, llegaban a mi oficina a buscar a unas de las funcionarias que trabajan conmigo para decirles “por favor, aplica a esta plaza”. Y la persona a la cual se le invitaba a entrar a la plaza decía: “Yo no lleno el perfil”. “Pero no importa. Lo que importa es la cuota que yo tengo que llenar porque si no, no puedo abrir el concurso”, respondían. Totalmente simbólico y la llenaban con gente que no llenaba los requisitos y ya sabían que no iban a salir electas.

La otra razón es que hay una serie de razonamientos que son ingratos en las selecciones para mujeres. Por ejemplo, cuando llega una mujer se toman argumentos como estos: “Está en edad de casarse. Va a resultar embarazada. Va a estar necesitando permisos de maternidad. No es conveniente”. Hemos tenido experiencias incluso de una persona que fue director de sanidad, que era el equivalente al Ministerio de Salud en El Salvador, que hacía que las mujeres firmaran su renuncia sin poner la fecha y en el caso de salir embarazadas, se hacía efectiva. Injusto, pero ocurría y a alto nivel.

¿Le tocó enfrentarse a eso?

Quizá nunca me vieron cara de que iba a ser madre, ja, ja. Como fui un poquito peleona desde el inicio, nunca me lo hicieron. Peleé esas situaciones porque las mujeres hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación. No se dice “no puede entrar aquí una mujer”. No, eso no, pero sí hay mecanismos.

A partir de la preparación de los discursos para las memorias anuales de la universidad y analizando las notas, se graduaban con mejores calificaciones las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí yo empecé a seguir a las personas que en la universidad están en posiciones importantes, que adquieren posiciones de docentes a partir del que es instructor, el que sube a la posición de profesor auxiliar, y ya se empieza a ver la diferencia. El número de mujeres empieza a disminuir y el número de hombres a crecer. Y eso sigue en forma piramidal hasta el momento de las posiciones directivas.

Usted creció en un matriarcado, ¿alguna vez le hizo falta una figura paterna?

A veces me han dicho que soy ingrata en ese sentido. Yo diría que no. No me hizo falta porque tuve unas mujeres que fueron madres y padres. Yo sabía que tenía un padre que era abogado, pero nunca se ocupó de llegar a la casa, realmente nunca me hizo falta.
Fui hija única, pero mis tías fueron capaces de hacer crecer sus hijos y educarlos sin mucho escándalo.

Usted se educó en la Facultad de Medicina cuando aún el general Maximiliano Hernández Martínez gobernaba, ¿cómo vivió la caída de Martínez?

Como éramos estudiantes, con mucha alegría, con mucha diversión, pero tal vez no midiendo las dimensiones del proceso. Quizá no teníamos la suficiente preparación política para medir hasta dónde se había llegado. Ya estábamos en la Facultad de Medicina y había caído Martínez, había caído Ubico en Guatemala, había caído Carías en Honduras. Vivíamos una época de gran celebración.

Usted ha dicho que uno de los más grandes dolores de su vida fue en el 1972 cuando un movimiento en el que estaba Schafik Hándal la expulsó de la universidad porque la tachaban de imperialista.

Yo termino mi decanato en el 71, la intervención es en el 72, pero esa época es muy confusa, muy convulsa. Entonces ese problema del imperialismo era una cosa muy tonta. Muy burda. Ese San Benito del imperialismo no me lo pude quitar durante mucho tiempo por el hecho de haber tenido relación con algunas fundaciones que nos ayudaron, incluso, para el desarrollo de la educación médica. Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado de la izquierda extrema salvadoreña que llegó al grado de que un dirigente llegara a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca y dijera: “Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista”.

¿Ese era Schafik Hándal?

No, no. Yo debo decirle que tengo el mayor de los respetos por Shafick. Él me respetó y me apoyó mucho cuando yo estaba en la UES. Al grado tal de que en el momento más difícil de mi vida como rectora, Schafik fue de las personas que me apoyaron y le dijeron a la gente el error en el que estaban al no aprobar el préstamo que hubiera representado el desarrollo universitario. El problema es que la vida de la universidad no solo ha estado expuesta a los golpes de afuera, sino a los de adentro. Los internos han sido terribles.

Después de ser decana usted comenzó a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tenía pasaporte diplomático, ¿venía a El Salvador durante la guerra?

Sí. No venía tan seguido porque estaba en ese programa tan fuerte, pero sí, vine. Había que pensar que en ese momento no era fácil, pero ya después de los Acuerdos de Paz consideré que se estaban dando las condiciones para venirse a El Salvador.

¿Estuvo alejada por completo del proceso de los Acuerdos de Paz?

No. Todo lo contrario. Yo creo que muchos de los organismos internacionales tienen una función dependiendo de su ideología, de su punto de vista, que no se conoce pero que es de apoyo.

¿Y cuál era esa función?
Quizás eso no vale la pena contarlo.

Cómo no, a mí sí me parece que vale la pena. Ya pasaron 25 años desde la firma de los Acuerdos.
Sí, pero… no es fácil traer a cuenta procesos y compromisos que se dieron y que la gente los mantuvo ocultos incluso hasta su muerte. No tiene uno derecho. A veces aquí en las conversaciones con los compañeros salen cosas que no deberían de salir, pero que las comentamos. Realmente la guerra es la guerra.

Usted ha visto cambiar El Salvador durante todos estos años, ¿por qué vale la pena quedarse?
¡Uy!, esa pregunta es una cosa terrible. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad por hacer crecer este país.