Por: Valeria Guzmán

La intención oficial era agilizar las exportaciones, que representan un importante ingreso para Uruguay. El narco, sin embargo, lo torció a su favor.

El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.

Desde organizar «baby showers» hasta hacerles entender a las madres que sus hijas sí están diciendo la verdad, que están siendo abusadas. La Unidad de Salud Mental del Hospital Nacional San Rafael se encarga, con sus limitados recursos, de brindar terapia a víctimas de violencia sexual. Las edades de los sobrevivientes del abuso van desde los dos años hasta la adultez. Y los agresores, explica una experta de la unidad, suelen estar cerca de casa.

Durante los últimos tres años, 2,656 niñas y mujeres fueron privadas de libertad en El Salvador, de acuerdo con denuncias hechas ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades no brindan información de cuántas han sido encontradas ni en qué estado, –con suerte– algunas son localizadas. Expertos en el tema aseguran que estas desapariciones son, en realidad, la alerta de un feminicidio. Así ocurrió en el caso de Karen Pérez, una niña de 12 años.

Dos mujeres, artistas y terapeutas, se han dedicado durante los últimos años a brindar terapia en El Salvador a través de métodos alternativos. Exploran la creatividad y la ternura como herramienta de cambio. Las dos se formaron en Europa e intentan impulsar diferentes opciones para tratar traumas y otras condiciones de salud. Una de ellas trabaja con animales en una granja; y la otra, con artes plásticas. Aquí cuentan cómo es posible aprender a superar fobias y recibir terapias al lado de caballos, burras y pinturas.

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.

Comprar casa propia es un privilegio tan grande que algunas personas se han organizado para construirlas con sus propias manos. Desde 2003, en El Salvador se ha empezado a gestar un movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. En el país solo el 53 % de los hogares son propietarios del terreno en el que se encuentra su casa. Por los altos niveles de inseguridad y violencia acceder a tierra en un lugar seguro y sin pandillas es una meta difícil de alcanzar para familias sin ingreso fijo.

Cuando una persona desaparece, su localización depende –casi en exclusiva– del ahínco con el que sus seres queridos presionen a las autoridades estatales y de la repercusión mediática del caso. En este reportaje, los familiares de las personas desaparecidas reclaman que las investigaciones no generan resultados; no los encuentran vivos ni muertos. A esa tragedia se le suma una discusión jurídica: en El Salvador solo están reguladas las desapariciones en las que tienen que ver cuerpos de seguridad como la Policía y el Ejército; el resto, no.

Publicado el 19 de agosto, este tema hizo volver los ojos hacia un drama casi diario. Las adolescentes siguen dando a luz y con ello se les recortan sus posibilidades de desarrollo económico, social y educativo.

Esta orquesta está formada por jóvenes que, antes de ser condenadas por algún tribunal salvadoreño, nunca tuvieron oportunidad de tener un instrumento musical en sus manos. El 5 de agosto de este año conocimos la historia de estas niñas a las que la música les marcó un nuevo camino.