El espejismo femenino del poder político

Representación. Del total de 84 diputados elegidos en las últimas elecciones, 27 son mujeres.

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno. Esa primera participación de los legisladores en la discusión de leyes es fundamental para la gobernabilidad del país.

En 2014 se estableció en la Ley de Partidos Políticos que cuando un partido se presente a elecciones, sus planillas de candidatos deben estar conformadas, al menos, con un 30 % de mujeres.

Un estudio del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) sostiene que la cuota de participación de mujeres como candidatas “no garantiza que esta se traduzca en un 30 % de participación política en cargos de decisión ocupados por mujeres; más bien, si esta no va aparejada por una buena posición dentro de las planillas y referida a cargos de mayor envergadura, la cuota pierde su total validez como acción positiva para las mujeres, tal y como ha sido concebida. ARENA y FMLN son un fiel reflejo de esto”.

Tras el cambio en la ley, durante las últimas elecciones de 2015, algunos pensaron que el número de diputadas subiría considerablemente. Pero solo hubo cuatro diputadas más de las que había antes de la reforma. En la legislatura actual, de un total de 84 diputados, hay 27 diputadas.

Una de esas 27 mujeres está reunida este martes de octubre en la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Cualquiera que no ponga detenida atención pensará que el grupo está conformado exclusivamente por hombres, aunque desde hace dos años hay una mujer, la diputada Hortensia López, del FMLN. A dos horas de haber iniciado la discusión sobre beneficios a familiares de policías asesinados, la legisladora no ha dicho una sola palabra.

Los roles de las mujeres dentro de la Asamblea

Las mujeres solo tienen la mayoría de representatividad en las comisiones que discuten temas que tradicionalmente se encargan a la mujer, como la familia, la niñez y la adolescencia, de acuerdo con cifras del Observatorio de Participación Política del Grupo Parlamentario de Mujeres. Los diputados, en cambio, tienen la mayoría de representatividad en las comisiones en las que se discuten temas sobre la tierra, el trabajo, la seguridad del país y las finanzas.

Cuando los partidos políticos conocen cuántos diputados les corresponden dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados electos presentan ante su partido las comisiones en las que les gustaría trabajar y, usualmente, el partido político los asigna a determinados grupos de trabajo. Es ahí cuando la proporción de mujeres en las comisiones se inclina hacia temas relacionados con el rol que se les ha asignado por tradición: el de cuido.

“Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso, entonces, hay un sistema de clasificación de las comisiones, que habla de comisiones reproductivas, productivas, de desarrollo y permanencia del sistema político. Ahí, sobre todo, hay hombres”, se recoge en un estudio de 2016 de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Con las siguientes elecciones en puerta, la mayoría de representantes de partidos políticos hablan con entusiasmo de que haya cada vez más mujeres ingresando a sus filas. Sin embargo, se reconoce que aún hace falta recorrer un largo camino para que las leyes del país se creen o modifiquen con una visión equitativa entre los dos sexos.

ARENA es mayoría en la Asamblea. Su electorado eligió a 24 hombres, y a 11 mujeres como diputadas. Un estudio del ISDEMU asegura que, si bien todos los partidos cumplieron la normativa de incluir al 30 % de mujeres en sus candidaturas, ARENA “se ubicó en el piso mínimo”. Mauricio Interiano, el presidente del partido, aseguró hace un par de meses que para esta siguiente elección el 50 % de candidatos a diputados propietarios y suplentes son mujeres.

San Salvador tiene derecho a 24 curules y, según las estadísticas en línea del observatorio, 10 están ocupadas por mujeres. El segundo departamento donde hay más participación es San Miguel, que cuenta con tres diputadas. En el resto de departamentos hay dos o una legisladora; en Morazán y La Unión, ninguna.

“Cuando entran mujeres a los estamentos políticos de poder muchas veces son repelidas, son marginadas, son apartadas, precisamente, porque los hombres todavía nos resistimos a que una mujer ocupe el puesto de un hombre”, reconoce el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, René Portillo Cuadra.

Los obstáculos partidarios y sociales

Nidia Díaz es diputada del FMLN y presidenta de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas. Cuando Díaz es cuestionada sobre por qué los aportes de las mujeres que han logrado llegar a la Asamblea se enfocan, primordialmente, en las comisiones de mujer, familia y niñez y no en temas de seguridad, financieros o de trabajo, ella admite que ese es todavía un reto: trabajar para que la participación sea efectiva de manera transversal.

El FMLN es uno de los partidos políticos que más ha defendido en público el establecimiento de cuotas mínimas para la participación de mujeres. En este partido la cantidad de diputadas y diputados es similar: 16 hombres y 15 mujeres. Ella asegura que en el futuro se buscará la paridad en cargos de elección popular. La paridad se da cuando hay un número igual de mujeres y hombres en los cargos políticos.

Francis Zablah, el diputado por La Libertad de GANA, asegura que como partido creen y confían en la capacidad de las mujeres no solo en el ámbito legislativo, sino en su poder de incidir en todos los campos de la sociedad. No obstante, en la bancada de 11 diputados a la que pertenece no hay una sola legisladora propietaria.

Hay quienes aseguran que el hecho de que haya menos mujeres participando en la política se debe a que no han estado interesadas en trabajar desde este campo. El diputado de La Libertad por ARENA, Ricardo Velásquez Parker, es uno de ellos. Él considera que lo que ha condicionado el acceso de las mujeres a estos puestos de poder es “que ha existido una falta de vocación o involucramiento de algunas mujeres en la política”.

Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso”.

La presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita Rodríguez, está en contra de esa idea. “No es que falte vocación. Por los mismos roles que la sociedad le asigna a las mujeres, se ven imposibilitadas. Lo digo francamente: cuando la persona que me ayuda en la casa en los quehaceres domésticos no está, estoy en una comisión, pero estoy recordando que no hay quien vaya al supermercado a comprar. Los roles de asignarles el trabajo privado a las mujeres son los que le imposibilitan acceder a tener una vida activa plena en el ámbito público”, asegura la efemelenista.

Toda desigualdad tiene raíces. La participación de las mujeres en el campo laboral está también condicionada por el acceso a la educación que tienen de niñas y adolescentes. La Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2016 reveló que en las mujeres la tasa de analfabetismo es de 12.5 %, mientras que en los hombres es de 8.8 %.

La disparidad no solo es en la educación, también se traduce en los salarios. Un hombre que ha estudiado de 10 a 12 años, en promedio, gana $344.51 y una mujer que ha estudiado la misma cantidad de tiempo, gana $280.44. Lo mismo pasa con quienes han iniciado estudios superiores, el salario de hombres que han cursado más de 13 años de estudio sobrepasa los $600. Una mujer en esa misma categoría de escolaridad, gana $516.33.

Además, las jóvenes en edad educativa se enfrentan a otro tipo de problemáticas. Una de esas es el embarazo a temprana edad. En el estudio “Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos”, publicado en 2016, se reconoce que los embarazos tempranos también se traducen en menores oportunidades de educación para las niñas y jóvenes. Tres de cada cuatro adolescentes que tienen hijos a edad temprana no vuelven a estudiar. Al cabo de dos años, casi el 30 % de ellas ya tienen otro hijo y se ven relegadas a tareas domésticas. Es decir, su vida es condicionada al ámbito privado.

Identificar las cargas extras dentro del hogar que condicionan el acceso al trabajo no es una cuestión relacionada con la ideología política de las funcionarias. Las mujeres, por tradición, han sido relegadas al trabajo del hogar. La diputada arenera Paty Valdivieso asegura que aunque se trabaje en el ámbito público, no se deja de asumir la mayor carga de trabajo relativa al cuido familiar. Fuera del edificio del COENA, ella cuenta que “como mujeres a veces tenemos en la casa muchas más responsabilidades que los hombres. Nosotras llegamos de trabajar y vamos a trabajar”.

Comisión de familia. La mayoría de este grupo está conformada por mujeres. En cambio, en la comisión financiera y agropecuaria, la representación femenina es mínima.

Los primeros votos

En octubre de 1930 el ministro de Gobernación Manuel Mendoza tuvo que emitir una respuesta hacia una solicitud extraña que llegó a su despacho. La solicitud era extraña porque era la primera vez que una mujer se atrevía a pedir algo de ese calibre ante las autoridades salvadoreñas.

Prudencia Ayala, quien se desempeñaba como escritora, solicitó ser inscrita en el Libro de Registro de Ciudadanos para luego poder ser inscrita como candidata presidencial. El 29 de octubre de 1930 el mismo ministro de Gobernación respondió que no se le podía reconocer como ciudadana porque “no obstante, lo mucho que se ha legislado a su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica de inferioridad al hombre”.

Esa petición denegada abrió el debate para que nueve años después, en 1939, las mujeres adquirieran el derecho al voto bajo ciertas condiciones. La Ley Reglamentaria de Elecciones de 1939 estableció que las mujeres tenían que estar casadas, haber terminado el sexto grado y ser mayores de 25 años para poder votar en las elecciones. En cambio, si la mujer era soltera solo podía votar si había terminado sexto grado y a partir del día en el que cumplía los 30 años. El estado civil de los hombres que querían votar no importaba, tampoco importaba si habían terminado la educación primaria. Solo necesitaban ser mayores de 18 años y saber leer y escribir.

Fue hasta la reforma constitucional de 1950 que las mujeres adquirieron los derechos políticos plenos; y se tuvo que esperar más de un lustro para que a la casa legislativa llegaran las primeras mujeres con poder político para crear y modificar leyes. Fue en 1956 cuando por primera vez se eligió a tres diputadas. Una de las electas fue María Isabel Rodríguez, la exministra de Salud del gobierno de Mauricio Funes.

Los cambios para que las mujeres tengan voz política no han sido orgánicos. Han estado marcados por la presión de grupos para ganarse espacios. Ese derecho “no ha sido ninguna regalía, es producto del trabajo sistemático de conciencia”, reconoce el diputado Portillo Cuadra.

No fue hasta hace 67 años que hombres y mujeres fueron reconocidos con los mismos derechos electorales. Durante estas décadas solo tres mujeres han logrado llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa y ninguna se ha vuelto a lanzar explícitamente como candidata a la presidencia del país.

¿Existe la violencia política contra mujeres?

Comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Esta es una de las comisiones donde hay menos representatividad de mujeres. Solo una diputada.

En la actualidad no hay ninguna mujer dirigiendo en primera plana un partido político. Alba Cortez, presidenta de la Asociación de Unión de Mujeres Abogadas de El Salvador (UDEMAS), considera que incluso en estos ámbitos de poder algunas mujeres siguen siendo tratadas como “subordinadas y en un plano de domesticidad”.

La abogada explica, desde su oficina en San Salvador, que en los últimos meses ha asesorado a seis mujeres de diferentes partidos que la han buscado para pedirle consejo sobre cómo proceder por casos de violencia política.

Cortez define la violencia política contra la mujer como lo que sucede cuando el sexo femenino ve restringido, negado o anulado un derecho político. Puede ocurrir internamente en los partidos, en las alcaldías y en otros espacios de participación ciudadana. La experta sostiene que hay tres ejes en los que se cimenta la violencia política contra las mujeres: se enuncia una inferioridad intelectual, moral y biológica.

Cortez se reserva los nombres de las mujeres que ha asesorado y de los señalados en los casos de violencia política, pero cuenta algunas situaciones que van desde alcaldes que no permiten que una concejala se exprese en público, hasta funcionarios que prohíben que el resto de trabajadores le hable a una empleada en específico.

Cuando a la efemelenista Nidia Díaz se le pregunta en un pasillo de la Asamblea si en este espacio persisten visiones machistas sobre las mujeres, ella no vacila en responder que sí. Pero, lo identifica como un patrón general de sociedad: “Esto es estructural”.

Un informe de ONU Mujeres y del ISDEMU sostiene que la violencia política contra mujeres se traduce a veces en desestimación, ridiculización y descalificación pública, agresiones verbales y negación de información.

“Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

“La fidelidad partidaria es una herramienta de chantaje eficaz para inhibir la denuncia de situaciones de violencia política que las mujeres sufren y en algunos casos advierten y quieren denunciar”, afirma dicho estudio. Esa frase coincide con un caso que Cortez afirma haber asesorado. El caso es de una diputada que quería denunciar a un político por comentarios inapropiados de tono sexual. Sin embargo, dice Cortez, el partido le recomendó a la ofendida no denunciar porque se acerca el periodo electoral y esa denuncia dañaría la imagen del político.

El informe de ONU Mujeres titulado “Hostilidad y violencia política”, recoge casos de violencia contra líderes municipales que van desde el acoso laboral hasta el sexual. El estudio afirma que “pese a las vivencias de hostilidad y violencia política por parte de algunas entrevistadas, consideran que su posición prioritaria como militantes partidarias implica tal nivel de compromiso (que) les impide avanzar en la denuncia de las situaciones enfrentadas”.

Roles tradicionales. Las comisiones en las que trabajan más mujeres son las relacionadas al cuido de la mujer, familia, adulto mayor y personas con discapacidad.

“Hay mujeres que tienen la capacidad, pero tienen miedo de hablar por afectar al partido, pero ¿dónde queda tu integridad, tu derecho legítimo de exigir que se te respete?”, se pregunta Gabriela Trigueros desde su escritorio en la colonia Escalón.

Trigueros cobró notoriedad a mediados de este año, cuando Johnny Wright la propuso como su candidata suplente para las elecciones de 2018. El COENA decidió asignarla a otro diputado, por lo que Wright se manifestó en contra de la decisión tomada por su partido. Días después se creó un blog en internet donde se escribió que Trigueros era “la traidora” detrás de Wright y era un “cáncer”.

“No era una argumentación contra mis ideas o contra nuestro proyecto político, sino que era insinuar que personalmente me meto con gente de otros partidos políticos. Es atacar directamente la reputación como mujer”, sostiene Trigueros. Eduardo Barrientos, fundador de ARENA y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), compartió ese contenido en sus redes sociales, por lo que Trigueros lo denunció ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA. El tribunal sancionó con una amonestación verbal a Barrientos y le exigió una disculpa por escrito para Trigueros.

El FMLN tampoco está exento de casos en los que se discute el respeto hacia las mujeres. La reciente expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido efemelenista se dio enmarcada en una denuncia de una síndica que lo acusó de haberla violentado de forma verbal durante una sesión del concejo.

La abogada experta en materia de violencia de género, Cortez, considera que la discusión de estos casos es positiva, porque “si estos actos se toleran y no se sancionan, fomenta el mensaje de impunidad y de tolerancia a la violencia”.

Las reformas legales

Fernando Beltranena es un diputado guatemalteco de bigote espeso. Últimamente se caracteriza por vestir con un corbatín en lugar de corbata y este miércoles 18 de octubre causó especial indignación en las redes sociales y en las aceras del Congreso.

El miércoles la comisión de asuntos electorales guatemalteca retomó una discusión: las ventajas y desventajas de establecer la paridad en el congreso. Mientras Beltranena exponía sus argumentos en contra de esta propuesta, llamó a las mujeres un “accidente biológico”.

“El parámetro para acceder a la política debe ser mérito y no simplemente por haber nacido con un accidente biológico de mujer”, dijo. Ante la indignación de varias mujeres que se manifestaron en contra de sus comentarios, Beltranena expresó que hubo una interpretación malintencionada de su comentario y que no cree haber ofendido a nadie.

La baja participación de mujeres en la política no es un problema exclusivo de El Salvador, es mundial. Un informe de 2017 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) afirma que el porcentaje de participación de mujeres en los parlamentos americanos es de 28.2 %. La cifra contrasta con el nivel de participación de las mujeres en los parlamentos asiáticos que llega solo al 19.7 %.

La participación de las mujeres en la política salvadoreña ha sido reforzada por decreto. Algunas personas no están de acuerdo con que se obligue a los partidos políticos a contar con un mínimo de participación femenina, pero esa reglamentación es una tendencia mundial. En teoría, se ejecuta para evitar, de cierta manera, la exclusión y marginalización en esos espacios de tradición masculina.

La adhesión de El Salvador a convenios internacionales hizo que en 2014 se reformara la Ley de Partidos Políticos, y el Tribunal Supremo Electoral estableció que los partidos deben presentar sus planillas conformadas, al menos, en 30 % por mujeres.

Comisión de defensa. En las comisiones de trabajo destinadas a la discusión de seguridad y defensa nacional la cantidad de mujeres es baja.

Uno de los beneficios que plantean los que están a favor de este tipo de reformas está relacionado con el tema de identificación. Así lo explica Silvia Juárez, abogada de ORMUSA: “Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

Un camino convertido en pared

Hace tres años, cuando se estableció la cuota de participación por género, se creyó que esta sería entendida como una base a partir de la cual los partidos políticos propondrían a más y más mujeres. En ORMUSA temen que la cuota se ha entendido como el límite de la participación.
“(La cuota) se dio como un estímulo de avance. Pero, realmente, nos sirvió como una pared que bloquea que haya más mujeres en esas posiciones”, asegura la abogada Silvia Juárez. Y agrega: “Los partidos la cubren, pero la cumplen a raya”.

Para la presidenta de UDEMAS, esa cuota ha servido para evidenciar los problemas que suelen darse cuando las candidatas lanzan sus campañas o realizan sus labores: “¿Por qué ahora es tan visible la violencia contra las mujeres? —pregunta de forma retórica desde su oficina— porque ahora se les ha obligado la cuota de participación política”.

Presidenta. Margarita Rodríguez preside desde este año el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.

Mientras algunos diputados y diputadas de distintos partidos políticos reconocen a la cuota de participación de las mujeres como un buen primer paso, el diputado de La Libertad, Ricardo Velásquez Parker, se manifiesta en contra de este tipo de medidas.

“Yo quisiera cuota para calvos, fíjese, pero no contamos con el apoyo de la ciudadanía. Chiste aparte, a mí no me gustan las cuotas, ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para qué sé yo… heterosexuales. El día que abramos la puerta para las cuotas por unos, abramoslas por todos y entonces el chiste ya vale, yo también quiero cuota para calvos”, responde el legislador.

Y a pesar de que este parece ser un tema que solo se discute entre foros de mujeres, los organismos internacionales, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ya han empezado a dar luces de la necesidad de encontrar aliados masculinos en la búsqueda de equidad en la democracia. El IDEA sostiene que la “resistencia de los hombres a la participación de las mujeres es un factor clave que dirige la exclusión política de las mujeres. Un mayor equilibrio de género aumenta la probabilidad de que los debates políticos y las reformas políticas identifiquen y aborden problemas nuevos y descuidados por igual, permitiendo que las sociedades, hombres y mujeres, prosperen”.

Los medicamentos que no curan, pero se venden

Medicamentos falsos. Estos productos irregulares fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en 2015.

El kit valía $25 y prometía curar un sinfín de molestias: desde los dolores en la parte baja de la espalda hasta el mal aliento. Era una de esas medicinas que se conocen como “medicamentos milagro”.

El vendedor del kit reunió a los maestros de una escuela de La Libertad y los sorprendió. El llamado “kit renal de desintoxicación integral” estaba compuesto por cuatro frascos de 30 tabletas cada uno. Los frascos tenían productos llamados riñoclean, gastriclean, higaclean y coloclean. El comerciante aseguró que esto servía para limpiar los riñones, uréteres y vejiga, para la pérdida de peso, para la colitis y ayudaba para tener sana, incluso, la próstata.

Convencidos por la gran cantidad de beneficios que les aseguraban, algunos maestros pagaron el medicamento inmediatamente y decidieron, sin ninguna consulta médica, que lo que necesitaban sus cuerpos era desintoxicarse. La ilusión por este producto fue tal que otros maestros pidieron las pastillas fiadas.

Las pastillas no contaban con ningún registro sanitario. Es decir, no tenían permiso para ser comercializadas y no había forma de garantizar que no estuvieran contaminadas o fueran, en verdad, lo que decían ser. Debían confiar únicamente en la palabra del vendedor.

En junio de 2017, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) emitió una alerta que prohibía la utilización de estas tabletas. Ese mes, cuando el vendedor volvió a la escuela a cobrar el dinero que se le había quedado debiendo, se encontró con la negativa de algunos docentes a pagar. Algunos le devolvieron los frascos. Otros, decidieron confiar a ciegas y consumir el producto, aunque no tuviera los permisos correspondientes.

La elaboración y comercio indebido de medicamentos es común en El Salvador. Tan común que la DNM recibe 300 denuncias al año por problemas de calidad de las medicinas. Vicente Coto, el director de dicha entidad, asegura que el problema es grande. Algunos no cuentan con registro sanitario porque son falsificados. Se venden como una cosa, pero en realidad son botes rellenos de otras sustancias. Hay estudios, afirma Coto, que permiten pensar que en países de renta media baja como El Salvador, el 50 % de los medicamentos que se venden son falsificados.

Operativo. Escena de un allanamiento a una bodega en el centro de San Salvador donde se almacenaba medicina vencida y sin registro sanitario, en junio de este año.

Pomadas a dólar, pastillas a $0.15

Con $2.45 en el Centro Histórico de San Salvador se pueden comprar pastillas para el dolor muscular, una pomada para infecciones y una pasta verde con olor a menta conocida como “mariguanol”. No hay que caminar mucho. Es posible encontrar todos estos remedios en diferentes puestos en la calle Rubén Darío.

El producto estrella de este lunes de septiembre es una pomada antibiótica y antiinflamatoria que se vende por $1, aunque en su caja esté marcada que cuesta $8.33. La llevan en la mano al menos una decena de vendedores, junto a pastas de dientes y toallas sanitarias. Es la cachada del día. En estas calles otra venta común es el “mariguanol”, que es vendido por $1. El bote transparente y de tapón verde no tiene registro sanitario, no está sellado y brinda alivio rápido, según dice la calcomanía del envase, a la artritis, los golpes, el dolor de espalda, el dolor de nuca, el dolor de cabeza, el reumatismo y la inflamación.

“Esas medicinas son buenas, lo que pasa es que son marca furgón”, dice un joven veinteañero, estudiante de Ingeniería en Hardware, acostumbrado a comprar fármacos en la calle. El problema no es solo que los medicamentos sean legales o ilegales. Para que estos puedan ser despachados y el comprador tenga la seguridad de que son confiables, no basta con ver su registro sanitario y la fecha de vencimiento. También se debe tomar en cuenta la cadena de custodia y dónde han estado almacenados.

Aunque una gran cantidad de los medicamentos que se venden en el centro de San Salvador especifican en su empaque que la venta se realiza “con receta médica”, en el comercio de la calle, no se necesita mostrar ningún papel.

“Cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Este día ha llovido desde la mañana y una mujer se protege de la lluvia bajo una sombrilla. Frente a ella hay un canasto lleno de medicinas cubierto con un plástico transparente sobre el cual han caído las gotas de agua. Entre el ruido de la música y los televisores, ella ofrece pastillas a $0.15.

Esta práctica, tan diaria y cotidiana, constituye un delito. El artículo 273 del Código Penal lo identifica como despacho o comercio indebido de medicinas. La ley sostiene que pueden enfrentar prisión de uno a tres años quienes comercien con “medicamentos no autorizados, deteriorados o caducados”, o aquellas personas que no cumplen con las “exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad, conservación o eficacia”.

Quien compra medicina en la calle, “está botando su dinero”, asegura Remberto Mixco, coordinador de Farmacia Hospitalaria de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Las condiciones de la calle no son propicias para conservarlos, aunque estos hayan sido elaborados en un buen laboratorio. Para eso hay una lógica científica. Mixco lo explica así: “Si el fabricante dice que se deben almacenar los medicamentos a no más de 28 grados centígrados y usted lo carga en una canasta, ¿qué temperatura alcanzará ese canasto al mediodía? El medicamento comienza a descomponerse, a arruinarse porque esos elementos empiezan a reaccionar frente al calor. Cuando llega a comprar esa medicina ya no le va a dar resultados, peor aún, le puede hacer daño”.

El medicamento sin registro también llega a las clínicas

Así como el medicamento sin registro llega a las escuelas, a las calles y a los buses, este también se vende en clínicas. Eso fue lo que aseguró la Fiscalía que sucedía en la clínica Dr. Zelaya, ubicada en la colonia Escalón.

Este lugar fue allanado el miércoles 27 de septiembre y sigue funcionando con normalidad. La clínica suele estar llena de clientes que buscan un servicio de medicina biológica o natural. De acuerdo con su página web, aquí se brindan servicios “con un enfoque diferente de la medicina tradicional”.

Del ISSS. En el allanamiento a una bodega del Centro Histórico se encontró también medicamento del Seguro Social.

Hace 11 días, cuando este local fue allanado, personas que trabajan en los locales que rodean la clínica salieron a observar la actividad inusual. Había fiscales, policías y periodistas en una calle que no suele ser foco de las noticias. Pocos parecían entender qué pasaba y por qué la clínica de un médico reconocido en una zona privilegiada de la capital estaba siendo intervenida.

Cerca de las 10 de la mañana el director de Intereses del Estado de la FGR, Mario Salazar, explicó el caso: “Los medicamentos que ellos manifestaban ser para la chikunguña son como un aceite que los médicos usan para calibrar (equipos). Estos medicamentos no contaban con la autorización de la DNM para ser comercializados”. Además, sostuvo Salazar, se giraron órdenes de captura contra oficiales y agentes aduaneros que, de acuerdo con sus investigaciones, falsificaron “facturas, sellos y firmas para la importación de este medicamento”.

El caso inició cuando en 2014, hace más de tres años, la DNM denunció el caso a la Fiscalía tras descubrir que en medios de comunicación se anunciaba la venta de un producto que ofrecía curar la fiebre chikunguña. La clínica que los anunciaba estaba ubicada en Santa Tecla y se encontró que obtenía estos productos de la Droguería Darío. Esta droguería, de acuerdo con un policía dentro del allanamiento, está conectada a través de una puerta con la clínica Dr. Zelaya.

Las investigaciones judiciales de este caso llevan un ritmo pausado, así lo sostiene Vicente Coto desde su oficina en Ciudad Merliot. “La FGR acaba de judicializar un caso que nosotros lo concluimos en 2014. A mi juicio es un proceso que va lento”, dice. La versión oficial sostiene que en esta droguería los inspectores de la DNM encontraron facturas con sello y firma falsa de importación de las sustancias, facturas de venta a otras clínicas y 198 medicamentos sin registro sanitario. El médico Pedro Zelaya niega que eso sea verídico.

“No es justo lo que le están haciendo al doctor, lo están poniendo como que es un ladrón y no es así”, asegura una empresaria que importa productos médicos y afirma conocer al señalado. Las opiniones respecto de Zelaya son variadas y opuestas. En las redes sociales de la clínica hay quienes le agradecen porque con sus métodos los ha sanado y hay otras personas que se quejan de la supuesta falta de profesionalismo.

Cinco días después del allanamiento se realizó la primera audiencia sobre este caso y pasó al proceso de instrucción, donde los fiscales deberán recabar pruebas que sostengan lo que ya han argumentado. Los señalados enfrentarán el proceso en libertad, incluido el doctor Pedro Zelaya. Él afirma que todo se trata de un malentendido entre la DNM y el tipo de medicina que en este lugar se practica.

“Nosotros nos dedicamos a una rama de la medicina que es la medicina alternativa. Es un ente que no es regido en el país porque el Consejo Superior de Salud Pública no tiene todavía un reglamento que ampare este tipo de medicinas. Creo que es una confusión la que ha habido”, dice el médico con seguridad desde su clínica. Luego explica que en este consultorio solo el 2 % de los tratamientos están compuestos por medicamentos y el 98 % restante se realiza a partir de “nutrientes, vitaminas, medicamentos naturales”.

Zelaya declara que entre la clínica y la FGR lo que hay es una situación mal comprendida. “El conflicto nace con unos productos que se utilizan para el análisis de estrés oxidativo, que ese es un producto como el calcio, la vitamina C, que el fabricante los pone como reactivos de laboratorio o medicamentos para ionización. Entonces, la DNM determina que estos no son medicamentos y entonces viene toda la situación”, argumenta.

Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

Zelaya sostiene que su clínica nunca promocionó dichos productos como la cura del chikunguña y que quien hizo tal aseveración fue un médico de una clínica en Santa Tecla. El Código de Salud señala como una infracción contra la salud “hacer falsa propaganda sobre las cualidades de los alimentos o productos y que induzcan a error o engaño al público”.

El experto en fármacos, Remberto Mixco, asegura, desde su oficina en la Universidad de El Salvador, que “cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Al médico Zelaya también se le consulta sobre por qué 198 medicamentos que se vendían en la Droguería Darío, (negocio que él identifica como “empresa hermana” de la clínica) no tenían registro sanitario. El doctor afirma que hay algunos productos que “no necesitan registro porque son productos naturales. Necesitan registro como vitaminas y nutrientes, entonces la confusión se genera porque esas vitaminas nosotros en el país no tenemos registro de productos naturales hasta 2016”.

Una profesional responsable de algunas casas farmacéuticas en El Salvador, que pidió el anonimato, asegura que logró registrar medicamentos naturales que se importaban de Alemania desde los años noventa.

“Yo no sé los productos que él tenía, pero sí, los naturales ya se registraban. No teníamos una normativa, pero sí ya era una obligación que para comercializarse tenían que tener un registro. En los años noventa, nos tardábamos como cinco años en conseguir el registro. Sí existe una regulación, no sé a él quién lo asesoró”, sostiene la experta.

El Salvador, junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprobó hace cuatro años el reglamento técnico para el registro sanitario de productos naturales medicinales para uso humano. Ese reglamento fue firmado por los cinco países en mayo y entró en vigencia en noviembre de 2013.

Paso a paso: ¿Qué pasa tras una denuncia?

Exportación ilegal. El representante de la Dirección Nacional de Medicamentos, Vicente Coto, explica cómo algunas personas comercian con medicamento falsificado hacia Estados Unidos.

Domingo L. estudió hasta noveno grado. Para 2014 tenía ingresos mensuales de $2,000 como comerciante de medicina. La clave de su éxito como comerciante había sido que él mismo, en su casa, creaba medicamentos. Elaboraba Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso.

La DNM recibió una denuncia que decía que en el mercado Central de San Salvador se vendía medicina sin registro sanitario. La entidad realizó una inspección y encontró que en los pabellones 4 y 5 del mercado se vendían medicamentos ilegales. Los inspectores compraron Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso para hacerle estudios a las sustancias. La investigación siguió, se identificó a los vendedores y se descubrió que el producto era elaborado y distribuido en un inmueble de Zaragoza por Domingo L, quien también era el dueño de la casa que funcionaba como laboratorio.

Cuando se revisó ese lugar se encontró una escena opuesta a los controles de limpieza y buenas prácticas de manufactura: “Las condiciones higiénicas de las instalaciones donde se procesa el medicamento son deplorables (…) incluso existen servicios sanitarios en los espacios donde se manufactura”, se puede leer en el expediente judicial del caso.

Domingo L. fue encontrado culpable de “despacho o comercio indebido de medicinas”. La pena que se le impuso fue de dos años y esta se cambió por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública. Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

En El Salvador hay 33 laboratorios autorizados para producir medicinas, y para todo el país hay 50 inspectores que se encargan de verificar que los productos que los salvadoreños consumen sean seguros. En teoría, estos laboratorios reciben una visita de inspección anual. De acuerdo con la memoria de labores de la DNM, de junio de 2016 a mayo de 2017, se realizaron 27 inspecciones de buenas prácticas de manufacturas a laboratorios farmacéuticos y tres a laboratorios naturales artesanales.

Cuando un ciudadano interpone una denuncia en la DNM, esta institución realiza un proceso administrativo interno. Por ejemplo, entre junio del año pasado y mayo de este año se canceló el registro sanitario de 506 productos.

Si lo que se encuentra en la inspección constituye un delito, como en el caso de la medicina contaminada con coliformes fecales, este se refiere a la Fiscalía. Si también se identifica que médicos o farmacéuticos actuaron con falta de profesionalismo, el expediente también es referido hacia la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y al Consejo Superior de Salud Pública.

Vicente Coto, director de la DNM, asegura que consumir este tipo de productos “es una ruleta rusa”, ya que este tipo de medicamentos “no son inofensivos, le pueden producir hasta la muerte”.

Las ventas irregulares de medicamentos siguen

Sin registro. Los medicamentos que no han sido autorizados por la DNM pueden estar contaminados con hongos, bacterias y hasta coliformes fecales por el nulo control que se tiene a la hora de elaborarlos.

“Venimos de un mercado completamente irregulado y el régimen sancionatorio de la ley ha permitido ir ordenando el mercado”, dice Coto. Afuera de su oficina, la representante de una empresa familiar espera realizar trámites y se queja de los precios que debe pagar para poder importar productos médicos y comercializarlos.

A la empresaria el proceso le parece largo, caro y burocrático. Hay quienes deciden saltarse estos pasos; y no son pocos. En 2014 la DNM encontró 800 productos falsificados que eran llevados en equipaje de mano hacia el extranjero. Las personas que los intentaron transportar aseguraron que más de la mitad de estas sustancias habían sido compradas en Santa Rosa Lima, lo que hace pensar a las autoridades que venían de Guatemala u Honduras. Coto acepta que no se logró identificar de dónde provenía el medicamento y que, probablemente, había más de lo que pudieron encontrar.

No es posible conocer con seguridad la magnitud del problema de elaboración y comercio irregular de medicamentos y estos se siguen comerciando sin que las autoridades puedan detener su consumo.

De vuelta al centro, el sol ha comenzado a salir después de un día de lluvia. La mujer que vende medicina en su canasto tapado con plástico cuenta monedas para dar el cambio de tres pastillas y las entrega en una bolsa plástica transparente con un nudo. Nadie puede garantizar que estas pastillas sean de buena calidad o que, al menos, no estén vencidas. Ya que las pastillas son cortadas individualmente, no se puede leer la fecha de manufactura o vencimiento.

Medicamentos sin registro.

Además de pastillas para dolores musculares, de cabeza y para la diarrea, ella también vende tabletas destinadas a controlar la ansiedad moderada de las personas. Este producto no es de venta controlada, pero su uso está restringido en mujeres embarazadas por su posible relación con el nacimiento de bebés con paladar hendido. Además, entre las indicaciones sobre cómo debe mantenerse almacenado el principio activo de este medicamento, se especifica que debe almacenarse alejado del exceso de calor y humedad, las dos cosas que más abundan en el Centro Histórico. La vendedora, sin ninguna precaución de por medio, ofrece la medicina a la mujer que pregunta por las pastillas: “Son para dormir. Cora vale cada una”.

“Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar”

Director. Roberto Salomón en las butacas del Teatro Luis Poma, espacio que dirige desde hace 15 años.

El plan era distinto. Roberto Salomón nació en una familia judía en El Salvador y su padre, un comerciante, creía que él, único varón de sus tres hijos, sería quien heredaría los negocios familiares. Él representaba a la nueva generación de empresarios de la familia, pero Roberto Salomón le apostó a un oficio que lo haría perder dinero: el teatro.

Antes de cumplir los 20 años supo que se dedicaría al arte. Empezó su formación en Estados Unidos y cuando volvió al país, a sus 24 años, el ministro de Educación Wálter Béneke le ofreció ser parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes en 1968. Durante las mañanas los estudiantes recibían sus clases académicas y por la tarde asistían a las prácticas de su especialidad en teatro, música o pintura. El proyecto terminó en 1997, cuando se graduó la última promoción de dicho bachillerato.

Bajo ese programa se educaron algunos de los principales actores y actrices que siguen llenando salas hasta la fecha. Pero el Bachillerato en Artes, de donde salieron varios rebeldes de la época, y su proyecto Actoteatro –una sala de teatro independiente– no eran bien vistos por la Guardia ni la Policía Nacional. En 1980, él y sus socios decidieron irse del país tras ser amenazados de muerte.

Han pasado casi cuatro décadas desde que alguien en el poder le ordenó dejar de molestar con su trabajo. Pero eso no significa que, a juicio de Salomón, el teatro haya sido reconocido como un oficio legítimo. “Tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura”, dice desde las butacas del espacio que dirige, el Teatro Luis Poma. En medio del silencio de esta sala de teatro vacía sostiene con voz baja que su generación estaba segura de que era posible cambiar al mundo, y que hoy, en una época donde todo parece estar en crisis, le sorprende que haya quienes aún siguen creyendo que ese plan es posible.

Usted ha dicho que el teatro está en crisis desde hace miles de años, ¿por qué alguien como usted, que podría haber tenido su vida resuelta, decidió entrar a ese mundo de crisis?
Cuando uno sufre golpes muy fuertes en la niñez, la ficción es una tabla de salvación y el teatro es una ficción. La niñez golpeada necesita de juegos. Esa resiliencia para mí fue el teatro.

Cuando usted tenía 24 años fue parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes. Además del apoyo del ministro de Educación Wálter Béneke, ¿cuáles eran las condiciones que hacían posible el proyecto?
Escoger muy bien a la gente que iba a hacerlo. Estaba Magda Aguilar como directora, Roberto Huezo y Roberto Galicia en artes plásticas y yo en teatro. Era un equipo bueno.

No era que el país estuviera en una época de florecimiento.
No, para nada. Era uno de los momentos más críticos entre ANDES y el Gobierno.

Después de la caída de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, siguieron otros gobiernos de corte cívico militar en los que se lograron avances económicos a escala estatal, pero aumentaron la represión hacia los ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de Óscar Osorio (1950-1956), a pesar de ser liderado por un militar, se reconoce como uno de impulso a las artes. Durante ese periodo se becó a artistas para que estudiaran en el exterior. El Bachillerato en Artes se creó en el gobierno de Fidel Sánchez Hernández, quien fue presidente de 1967 a 1972, periodo en el que estaba activa la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), en la cual se aglutinaron grupos paramilitares que solían reprimir a la población.

Como actor. Roberto Salomón en 1975 mientras actuaba como el personaje de Creonte.

Parece que la lógica iba hacia un lado y este proyecto…
Es que es totalmente ilógico. Tuvimos 60 años de dictadura militar, ¿cuándo fue la mejor época de los programas culturales? Durante el periodo de Osorio. ¿Quién creó el Banco Central? Martínez. Hay una serie de contradicciones. Cuando nosotros estrenamos “Marat Sade” aquí el 13 de julio de 1970, estaba el presidente Fidel Sánchez Hernández sentado ahí. Y estábamos cantando “los generales a las farolas”.

La Policía Nacional los acusaba de crear una cuna de guerrilleros. ¿Alguna vez sintió una especie de culpa por este motivo?
Culpa, no. Si nosotros queríamos cambiar el mundo.

¿Cómo reaccionaba ante estas fuerzas policiales que sí buscaban culparlos a ustedes?
Nosotros teníamos un mandato del ministro de Educación de enseñarle a la gente a pensar. Entonces, después venía la Policía, la Guardia a llevarse a nuestros alumnos porque pensaban. ¡Porque los gobiernos no quieren gente que piense! Ningún gobierno quiere gente que piense.

¿Ahora tampoco?
¿Ahorita? ja, ja. Perdón, ¿qué porcentaje del gobierno va a educación? ¿Dónde están los proyectos de educación? Se lo dije al presidente en mi discurso de cuando me dieron el Premio Nacional de Cultura. Le dije: los problemas de El Salvador son tres, el primero es educación, el segundo es educación y el tercero es educación.

Si el Bachillerato en Artes se hizo posible en esas condiciones militares, ¿cree que las condiciones actuales son más favorables?
Es que los años sesenta eran la era del hippismo. Nosotros creíamos que podíamos cambiar el mundo. Ahorita nadie cree que puede cambiar el mundo con realidades como la que tenemos aquí en el país y realidades como (las que) se ven en el resto del mundo.
Ahora no es una época en la que hay proyectos. Yo admiro a algunos “millennials” que siguen con un optimismo tremendo, porque no hay proyectos de sociedad. Si uno tiene un medio dedo de frente, ya no le cree a nadie.

¿Cree que ese desencanto imposibilita que se armen proyectos así de fuertes como el Bachillerato en Artes ahora mismo?
Aquí, en el Teatro Luis Poma, estamos en un proyecto fuerte como país.

Hablo desde un impulso estatal.
¿Del Gobierno? No, es que tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura. Punto.

Decía que para la obra “Marat Sade” estaba Fidel Sánchez Hernández entre el público, ¿recuerda ver a algún funcionario aquí en los últimos años?
Asiduo no. Han venido de vez en cuando. Cuando hicimos las lecturas de las 24 horas del “Quijote”, vino Gerson Martínez, vino Ana Vilma Escobar, vinieron a leer. Pero no, venir asiduamente al teatro, no.

¿Eso puede servir como un termómetro?
Yo creo que la mayoría de la gente que tiene un poco de poder piensa que el arte es superfluo; así como los arquitectos son superfluos y, por eso, se ven una cantidad de horrores en San Salvador de ingenieros que piensan que no necesitan arquitectos, porque saben construir. Un ingeniero civil sabe construir, pero no necesariamente sabe diseñar. Hay gente que sabe hablar, pero no necesariamente sabe pensar.

Antes de dirigir el Teatro Luis Poma, Roberto Salomón creó Actoteatro junto a otros artistas. Ahí gestionaban obras teatrales, talleres y exposiciones. Además, el espacio tenía una librería y un restaurante. Salomón abandonó el país en 1980, tras recibir una amenaza vía telefónica. En el libro biográfico de Roberto Salomón, ese incidente se ha descrito así: “El mensaje decía algo parecido a ‘cierren esa mierda o los vamos a quemar’ (…) Tilly Shulz (una de sus socias) le pidió cita al futuro general Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional en ese entonces, (…) Sí, le dijo el militar, eso viene de nosotros y es porque ustedes tienen bailarinas comunistas en Actoteatro”.

Hablemos de la guerra. En su libro biográfico “Hippies de barranco” se lee que de los artistas que se fueron del país tras ser amenazados por su sala de teatro, Actoteatro, solo usted volvió. ¿En algún momento cuestionó el compromiso político de los que no volvieron?
Yo no cuestiono mucho lo que la otra gente hace. Cada quien tiene que construir su vida como mejor le parezca. Para mí siempre ha significado mucho más hacer teatro en El Salvador que hacerlo en otra parte. ¿Por qué? No te podría decir porque he tenido éxito en Estados Unidos, en Europa.

Cuando usted volvió tras estar exiliado, ¿se cuestionó si tenía sentido seguir haciendo esto?
Yo estaba dando clases en la Escuela Superior de Arte Dramático de Ginebra y mucha gente que me ve dice: “Y si a usted le iba tan bien allá, ¿por qué se viene aquí?” Para mí es un desprecio, una autoestima terrible. Pues yo vengo aquí porque para mí es más importante El Salvador que cualquier otra cosa.

Imagino que cuando responde eso encuentra caras de sorpresa.
Uno se acostumbra desde niño a que le digan que uno es burro por ser distinto. Si cuando me nombraron en el salón de la fama de la Escuela Americana, donde estudié, empecé mi discurso diciendo: no sé si a ustedes les parece raro, pero a mí sí me parece raro que alguien que fue expulsado tres veces de esta escuela hoy sea nombrado al salón de la fama. Al día siguiente estoy en el súper y un niño como de 12 años dice: “Mami, ese es el señor que expulsaron del colegio”.

¿Por qué lo expulsaron?
Por mal portado, por hiperactivo, por fumar en los terrenos del colegio. Siempre he sido hiperactivo. Ahorita estoy ensayando una obra y estoy en el casting de dos obras.

Visión. Salomón asegura que tiene ya agendados cuáles espectáculos se presentarán en el teatro hasta octubre del 2018.

¿El teatro puede ser indiferente ante los conflictos armados?
El teatro no es indiferente a nada. Yo nunca he hecho teatro comercial, es decir, teatro para ganar plata. Si viene público y la taquilla sale bien, pues enhorabuena, pero el objetivo no es la taquilla. El objetivo es hacer algo que comunique algo sobre la sociedad, eso incluso en las obras más cómicas.

Y si el objetivo fuera hacer dinero, ¿de cuánto sería la entrada?
Por lo menos $25 dólares.

¿Vendría alguien?
Para mí el patrocinio de la Fundación Poma en este teatro es de vital importancia. Era una de las condiciones por las cuales yo acepté este trabajo, porque no quiero hacer teatro para la gente que puede viajar y que, cuando viaja, no va al teatro. Son casos perdidos. El hecho de que este teatro exista ya es un milagro. El centro comercial creció alrededor del teatro y muy bien lo hubieran podido botar. Hay mucha gente que piensa en términos de negocio que le parece que lo que está haciendo la Fundación Poma es, en el mejor de los casos, una estupidez.

Jacinta Escudos escribió hace poco que muy bien por el apoyo al arte desde el público, pero que los artistas no pueden vivir solo de aplausos.
O me retuerzo cada vez que oigo a algunos actores decir al público “gracias por apoyarnos”. Eso no es cierto. ¿Cómo que el público nos está apoyando? Nosotros le estamos dando algo al público. Como dice Shakespeare, le estamos dando un espejo ante la naturaleza humana.

Pero, ¿cómo hacer que este trabajo sea sostenible para los actores y que no se convierta en una especie de mercancía?
Poco a poco. Con cierta ideología. Aquí jamás se ha hecho una obra comercial. Hay gente que dice que “El cavernícola” es comercial porque tiene éxito. “El cavernícola” es una reflexión sobre la sociedad que está hecha en un modo cómico. Teatro comercial es vestir medio chulonas a chicas bonitas, hacerlas desfilar en el escenario haciendo comedias totalmente estúpidas. En Guatemala y en Costa Rica sí se ha hecho teatro así porque solo así pudieron sobrevivir los teatros.

¿Cree que el Teatro Luis Poma ya alcanzó la madurez necesaria para sobrevivir sin usted?
No creo que las personas sean irremplazables. Si caigo muerto el día de mañana no veo por qué no va a seguir el proyecto mientras la gente quiera que siga.

Hace unos años, una artista decía, después de una presentación en la pequeña sala del Teatro Nacional, que entendía, aunque no compartía, que no se apoyara a las artes en un país con necesidades básicas que no están satisfechas.
No estoy de acuerdo. Las artes son esenciales y lo que pasa en el Teatro Nacional es que no ha construido un público. Esta obra de Alejandra Nolasco, “Los ausentes”, que se está presentando ahorita aquí, si la hubiéramos presentado hace 10 años no viene nadie, pero anoche 140 personas (vinieron) para ver una obra que habla de una cosa terrible y la gente sale llorando. Hemos construido ese público.

¿Y cómo conciliar al teatro como un derecho tan básico como la educación y la salud en este país que le desaparece hijos a las madres cuando no pueden pagar extorsiones de $60?
No es el trabajo del artista. Es el trabajo del Gobierno, del Estado. Pero los gobiernos de derecha siempre pensaron que el arte podía ser una cosa bonita, pero que los artistas son marginales, que pobrecitos, que son locos.

¿Eso lo intuyó o se lo dijeron alguna vez?
Toda la vida me han dicho. En el mejor de los casos para la gente de derecha yo soy un bruto. Ahora no, verdad, porque hay un cierto reconocimiento, pero cuando nosotros empezamos a hacer teatro aquí, no había ninguno. Y hay cierto sector de la izquierda que sigue pensando que el arte es elitista.
Entonces algunos lo llaman burgués y otros, revolucionario.
Así es.

¿No le importa ubicarse en ningún lado de ese espectro?
En lo absoluto. Es que la gente puede pensar lo que quiera, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo.

En 1997 usted dirigió y presentó “Sueño de una noche de verano”, en el Teatro Nacional. El presupuesto era de $10 mil del Gobierno suizo, $10 mil de CONCULTURA, $10 mil de butacas y otros miles de parte de la empresa privada. ¿Usted ha visto que se vuelva a montar una obra donde se mezcle tanta inversión?
No, es que las cosas solo funcionan en equipo. Eso lo logramos porque Roberto Galicia estaba en CONCULTURA y Ana Vilma de Choussy estaba en el Patronato. Entre los tres logramos. Yo logré lo del Gobierno suizo y Ana Vilma logró bancos y Roberto Galicia logró lo de CONCULTURA. Fue un voto a ciegas.

Trayectoria. Son 50 años de una vida dedicada al teatro. Ha trabajado como docente, traductor, director, actor y gestor cultural.

¿O sea que han pasado 20 años desde un riesgo de montaje tan grande?
Sí.

Para algunos, “Sueño de una noche de verano” era un ejemplo de lo que podría ser el teatro después de la guerra.
Claro. Había varias cosas: una era mostrar que el Bachillerato en Artes había servido de mucho y que había sido un error cerrarlo. Dos, mostrar lo que era posible hacer con la maquinaria del Teatro Nacional, porque ahora usted ve cosas en el Teatro Nacional que para qué le cuento, eso podría igual estar en el auditorio de cualquier escuelita que tenga un escenario. Está sobreequipado para el uso que se le da, pero esa es una elección que hace el Gobierno. La inacción es una decisión. También con esa obra quería manifestar la necesidad que había de una escuela y marcar un futuro para el teatro en El Salvador, pero ese futuro no se dio.

¿Por qué?
Y yo qué sé.

¿Pero por qué dice que no se dio?
Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar. Los que tienen que pavimentar son otros.

¿Se basa en el tipo de propuestas que hay, en el número de grupos que hay?
El único espacio que se maneja como teatro aquí en El Salvador es el Luis Poma. Porque aquí tú vienes con un espectáculo y tienes varios días para montar tu obra. Tú vas al Teatro Nacional y, si hay alguna orden superior que viene que te quitan la sala, te la quitan. Además, si el equipo técnico no tiene ganas de trabajar, pues no te van a trabajar. Lo único que hacen bien en el Teatro Nacional es el aspecto de limpieza y mantenimiento, los felicito por eso, porque no han dejado que se caiga.

El Teatro Nacional fue creado en 1917. Roberto Salomón fue su director y lideró la remodelación de ese espacio en 1975. Según ha declarado el artista, ese espacio necesitaba ser salvado. El edificio ya había servido como juzgado, alcaldía, policía municipal, radio y sala de cine. Una reseña de la Secretaría de Cultura (SECULTURA) afirma que para entonces incluso se alquilaban cuartos por hora dentro del teatro. En dos años se remodeló y fue reinaugurado en 1978. Tras el terremoto de 2001 permaneció cerrado hasta 2008. Su actual director es Tito Murcia y, de acuerdo con SECULTURA, ese espacio recibe a 4 mil visitantes por mes.

A Tito Murcia yo lo he oído decir que él no tiene ningún poder de decisión en el teatro, ¿entonces para qué es director? Lo ha dicho en una reunión oficial en la que estaban varios directores de distintos teatros. Está grabado. Tito Murcia puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no tiene el apoyo… el apoyo solo puede venir de arriba.

Hablemos de 2014 y su Premio Nacional de Cultura…
Me sorprendió recibirlo.

¿Por qué?
Yo incluso me negué a ser jurado de un Premio Nacional de Cultura y dije: no me parece que está claramente definido. ¿Se está premiando trayectoria, excelencia, logros, insistencia o se está premiando perdurar? Eso es bien difícil, sobre todo cuando solo hay un premio. Tenemos muchos problemas que vienen del hecho de que no hay una diversidad. El Premio Nacional de Cultura, como es el único premio, también quiere abarcarlo todo y no se puede.

Cuando me lo dieron a mí, muy bien se lo podían dar a Jorgelina Cerritos. Si se acababa de ganar el Premio Casa de las Américas. Vaya, pero se le da de dramaturgia, entonces es el premio nacional de dramaturgia.

Con el premio nacional de música, fue muy discutido eso de Yolocamba Ita. Fui a una reunión y dije “quiero que quede escrito, por favor, y me mandan una copia, de por qué yo no voy a participar en este jurado: es porque no me parece que las bases están claras. ¿Es para música popular, para composición, para trayectoria, para tradición?” Jamás recibí el escrito ese. No podés poner a los Hermanos Flores, Yolocamba Ita, a Elizabeth Trabanino y a Eduardo Fuentes, que son todos músicos, pero no los podés poner en un mismo canasto. Es como decir “¿cuál te gusta más: la guayaba o la carne?” Es totalmente absurdo.

Del recuerdo. En la fotografía aparecen junto al director los artistas Juan Barrera, Naara Salomón e Isabel Dada.

¿Hubo gente que coincidió con usted en esos puntos?
Sí, coincidieron varios, pero se quedaron.

En su discurso de aceptación del premio usted dijo que mientras más cambian las cosas en este país, más siguen iguales. Suena desencantado.
No, yo creo en la frase que Roberto Galicia dice: “Somos los mismos dándole la vuelta a la rueda de caballitos”. Aquí se dice que cambian muchas cosas, pero la verdad es que las cosas siempre siguen iguales. ¿Cómo usted se imagina que pueden haber escándalos tan grandes como los que hay en la Asamblea y que la gente no tenga que renunciar? Es que los escándalos son como agua que le cae en la espalda al pato, se sacuden y siguen caminando como patos.

Si usted pudiera hacer lo que fuera por el teatro en este país, ¿qué haría?
La formación estética desde la primera infancia. La educación artística desde el kínder hasta el bachillerato, financiar que compañías de teatro –porque además en El Salvador hay una cantidad de buenos actores– hagan giras por todas las casas de la cultura, equipar las casas de la cultura…

¿Usted cree que estamos dando algún paso hacia esas direcciones?
No.

¿Ninguno?
No, ja, ja.

¿Entonces cómo se podrían articular estos proyectos?
A mí me llamó el ministro de Educación para que yo diera clases a maestros los sábados durante dos años para que ellos pudieran enseñar teatro. Yo le pregunté si eso era voluntario o se les va a pagar, y me respondieron que era voluntario.

Explíqueme ¿por qué un maestro que está toda la semana lidiando con maras, lidiando con gente que no está interesada en asistir a sus clases, que nunca se ha interesado por el arte, que nunca han estado expuestas al arte, por qué van a querer encima venir a aportar sus sábados para eso? “Es que es obligatorio”. Ah, entonces, ¿no sería mejor en vez de que ellos fueran los que van a esas clases de teatro en el futuro, darle equivalencias a tanto artista apasionado que hay en El Salvador y darle un entrenamiento? “Ay, pero eso cuesta dinero”. Es que todo cuesta dinero, pero cuando viene el arte, entonces no hay, pero para Seguridad, para Defensa, para esto, para lo otro… es como cuando viene alguien con un café de $4 y viene a la boletería y dice: ¡Uy, qué caro!, $3.

Vestuario. Detrás del escenario del Luis Poma se encuentra un espacio donde se guarda escenografía y vestuario de obras pasadas. También hay entre la ropa atuendos que algunas personas donan para que el teatro disponga de ellos en caso de necesitarlos.

Las barreras que aíslan al presidente

No pasan. Las marchas que pretenden llegar hasta Casa Presidencial encuentran su paso cerrado con estas barreras de alambre y metal que coloca la UMO.

“La lucha que viene por la defensa del agua requerirá de mucha lucha y movilizaciones por parte de las comunidades”, dijo en 2007 el entonces diputado Salvador Sánchez Cerén en un foro. Así lo registró una nota del periódico CoLatino. En una década muchas cosas cambian y en abril de este año, mientras el presidente Sánchez Cerén inauguró unos pozos en Apopa, expresó su deseo de que las manifestaciones exigiendo el derecho al agua pararan: “Espero ya no tengan necesidad de ir a bloquear la carretera Troncal del Norte”, les dijo a los vecinos.

El presidente no es ajeno a las marchas ni concentraciones en la calle. De ser comandante de la guerrilla y liderar batallas contra el Ejército durante la guerra civil pasó a ser un político que exigió respuesta a sus peticiones en la calle. Él protestó en la vía pública contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, contra la guerra en Irak, contra la privatización de la salud pública y contra de la toma de posesión de la presidencia de Elías Antonio Saca.

Ahora, Sánchez Cerén, quien solía verse en las calles defendiendo su agenda política, dirige una Casa Presidencial que ha creado un instructivo de seguridad para sus instalaciones que plantea la posibilidad de matar a un manifestante como un escenario posible si lo consideran una amenaza. Aunque no se ha conocido de ninguna ocasión en que la vida del presidente haya sido puesta en riesgo en una protesta, ese instructivo de seguridad plantea un escenario donde es viable el uso de la fuerza letal.

El documento en cuestión es el instructivo 001-2015 y se refiere exclusivamente a medidas de seguridad para proteger al personal y a las instalaciones de CAPRES. Pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y le da órdenes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y establece la restricción del ingreso de prensa a Casa Presidencial.

Las marchas sirven para comunicar un mensaje y exigir una respuesta. A inicios del siglo pasado un grupo de mujeres en Estados Unidos se mantuvo fuera de la Casa Blanca para exigir su derecho a votar. Durante 2015, en Guatemala, las concentraciones de miles de personas frente al Palacio Nacional lograron la renuncia de los líderes de su gobierno y la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la Casa Rosada, sigue siendo el lugar de protesta política por excelencia. En El Salvador no es posible que los manifestantes se acerquen al exterior de su Casa Presidencial a expresar sus descontentos. Varias calles antes suelen ser recibidos por un pelotón de la UMO que bloquea el paso de cualquier protesta.

De acuerdo al Instructivo 001-2015. El documento le brinda directrices a los agentes de la UMO sobre cómo reaccionar ante distintas manifestaciones de la población civil.

El instructivo 001-2015-CI/D-II/EMP

El instructivo consta de siete páginas, y en la parte superior de sus hojas se ha escrito la palabra “confidencial”. Esta revista obtuvo una copia a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Tiene fecha de creación de julio de 2015, lo que significa que en enero de 2016 ya estaba vigente, pero no fue puesto en práctica. Ese mes cientos de policías marcharon hacia CAPRES para exigir un aumento salarial. De manera inusual, no fueron detenidos por los agentes de la UMO y lograron llegar hasta la entrada de la casa de gobierno a pedir respuesta a sus demandas. Esa es la única ocasión en los últimos años en que un grupo de manifestantes que podría volverse violento ha logrado tocar los portones de Casa Presidencial.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más”, asegura el ex agente policial Marvin Reyes.

En este año los medios de comunicación también han registrado las protestas de sindicatos de salud, personal del Ministerio Educación, excombatientes de la Fuerza Armada y exguerrilleros que han intentado fijar en CAPRES el destino final de su manifestación. El denominador común entre ellas es el bloqueo.

Las barreras están por todos lados. Se ocupan para cerrar el paso, son metálicas y están construidas con pedazos de hierros y alambres. Están en la acera de un desvío del bulevar Monseñor Romero, en la Plaza del Soldado, cerca del parque de Pelota, a metros de la Basílica de Guadalupe y cerca del redondel Italia.

Casa Presidencial pretende mantenerse aislada de las protestas de sus ciudadanos. Sus aceras están llenas de basura. Botellas de agua, bolsas plásticas y envoltorios de comida chatarra son parte de su alfombra. En este lugar es donde, de acuerdo con el instructivo 001-2015, solo es posible transitar mientras se es grabado con una cámara de videovigilancia, pero no está permitido instalar ninguna protesta pacífica.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial considera que pueden ocurrir nueve tipo de manifestaciones. Estas pueden ser individuales o de grandes proporciones. Pueden tener un tono pacífico o violento y se ha especificado cómo se debe reaccionar ante ellas dependiendo del lugar del que provengan.

El documento no explica, por ejemplo, de cuántas personas tiene que estar conformada una protesta para que esta se considere una manifestación de “grandes proporciones”. Las clasificaciones de protestas en este instructivo pueden ser ambiguas y carecen de definiciones para cada tipo de manifestación. La abogada Eva López, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) se pregunta desde su oficina en San Salvador: “¿Quién decide qué tipo de protesta es la tuya? Cuando no hay normas claras, de repente te podrían decir que si vas gritando en la calle es una protesta violenta”.

Casa Presidencial, a través de su coordinador de prensa, se negó a discutir el contenido de dicho protocolo de actuación argumentando que es un tema de seguridad con asuntos secretos.

En coordinación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública asegura que la relación de fuerzas policiales y fuerzas militares solo es de coordinación y no de dependencia.

La necesidad de protestar

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial. Detrás del agente que habla hay otros dos que escuchan la plática. Los tres se encuentran ubicados en una esquina cercana a CAPRES y acaban de disipar una manifestación que, este 24 de agosto, se dirigía hacia este lugar. Ya no hay amenaza de que la protesta intente avanzar en este sentido y se dedican a observar el tráfico de la ciudad bajo el sol de mediodía.

Este año, tras el incendio de un edificio del Ministerio de Hacienda, el presidente de la república Salvador Sánchez Cerén condecoró a los bomberos y a otros grupos de rescate que ayudaron a evacuar a los trabajadores del edificio. Pero, solo un par de años antes, cuando los bomberos realizaron una marcha hacia CAPRES en la que solicitaron un aumento del presupuesto, fueron recibidos por un pelotón de la UMO.

Erick Portillo es un bombero voluntario desde hace 9 años. Él participó en dicha marcha y asegura que “nada nos costaba convertirla en violenta, tanto equipo de protección llevaban ellos como nosotros”. Al llegar a unos metros de la barricada, los bomberos decidieron hincarse ante los agentes en son de paz. “Los de la UMO nos dijeron que tenían orden de no dejarnos pasar pero que nos entendían la situación”, explica Portillo.

Los bomberos se hicieron a un lado de la calle y el tráfico se reactivó por la calle Manuel Enrique Araujo. “Después de unas dos horas entró un representante del sindicato a hablar con un representante de Casa Presidencial pero al final fue en vano”, asegura el bombero. “Es una cuestión de tramitología nada más, creo que CAPRES ya se acostumbró a este tipo de eventos y ya entendieron que al recibir una comisión se calman las aguas, por lo menos de una manera paleativa”, reflexiona Portillo.

Esa especie de procedimientos por tramitología es similar a lo que describe Stanley Quinteros, del sindicato de empleados judiciales. Él afirma que a inicios de este año realizaron una marcha hacia Casa Presidencial en la que no obtuvieron respuesta de ningún funcionario a sus peticiones: “Solo fuimos atendidos en la ventanilla de recepción de documentos”, dice.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más- asegura el ex agente policial Marvin Reyes- la gente quiere que lo reciba alguien de peso que les va a resolver, pero mandan una patrulla, van a dejar el documento a la ventanilla, lo mandan de regreso y que le vaya bien, váyase a su casa”.

Contra los impuestos. En noviembre de 2001 Salvador Sánchez Cerén y Salvador Arias encabezaron una marcha de protesta contra el incremento de los impuestos.

Cuando la protesta es individual

“Me dicen que nadie puede protestar en esa acera porque estoy en Casa Presidencial y el presidente corre peligro si yo estoy ahí. Que me mueva porque si no le van a poner corriente al muro”, dice Bessy Ríos en un café que se encuentra a diez minutos en auto de la oficina del presidente Salvador Sánchez Cerén. Ríos es una abogada activista de derechos humanos. El 29 de junio del 2016 escribió con plumones sobre una cartulina “no al aumento del 13% a la energía”, fue a dejar a sus hijos al colegio y llegó a Casa Presidencial. Cuenta que eran las seis y media de la mañana cuando llegó -sola- a expresar descontento por un decreto ejecutivo que supondría un aumento en las facturas de energía eléctrica.

La activista relata que a menos de 10 minutos de haber llegado a la acera de CAPRES un pelotón de la UMO le pidió que se retirara. Ella se rehusó. Ríos asegura que fue trasladada, en contra de su voluntad, entre ocho agentes de la UMO hacia el otro lado de la calle. Consideró que recibió maltrato por parte del personal de seguridad de Casa Presidencial y pidió los videos de las cámaras del exterior para probarlo. La casa de gobierno negó la existencia de dichos videos y respondió que el accionar de sus agentes había sido de acuerdo a su protocolo de seguridad, es decir, de acuerdo al instructivo 001-2015-CI/D-II del EMP.

El instructivo indica que cuando hay una manifestación individual los agentes de seguridad deben procurar que no se afecte el tránsito de los peatones por la zona y para ello, deben remover a cualquier persona que permanezca fuera de Casa Presidencial. También establece que después de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deben realizar un informe de lo sucedido. Los informes de eventos de este tipo son información reservada.

Además de servir para justificar el desalojo de los ciudadanos que se manifiesten en las aceras, ese documento también sirve para que fuerzas militares decidan si un medio de comunicación puede o no puede entrar a Casa Presidencial. “Cuando los manifestantes convoquen a los medios para que les den cobertura a sus actividades, no se permitirá el ingreso de medios a las instalaciones de CAPRES”, se lee. Lo escrito no especifica durante cuánto tiempo se prohibirá el ingreso de los periodistas ni por qué una figura militar es la que decide sobre el acceso de la prensa a las oficinas de Casa Presidencial.

¿Por qué cuesta salir a la calle?

En abril de 2015 miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. La plaza se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura. Allí, con miles de carteles, batucadas, comunidad indígena, ladinos, mujeres y hombres exigieron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti tras conocerse su implicación en un caso de corrupción.

Las manifestaciones fueron pacíficas, multitudinarias y lograron su objetivo. No se conoció de ningún disturbio que pusiera en peligro la vida de las personas que llegaron a protestar contra los líderes de su gobierno.

En Guatemala “los partidos políticos no tuvieron nada que ver (en la protesta), aquí en El Salvador, desafortunadamente, los dos grandes partidos controlan las movilizaciones a través de sus estructuras directas partidarias o de sus organizaciones aliadas”, considera Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Él asegura que la ausencia de partidos políticos a la hora de convocar manifestaciones es una de las cosas que distingue la participación política de la ciudadanía guatemalteca a la hora de protestar en la calle. Sostiene que él se encontraba en Guatemala para el momento de las movilizaciones en 2015 y que la composición social de quienes se manifestaban era de “profesionales, universitarios y pequeños empresarios”.

A su juicio, en El Salvador aún se tiene la imagen de que salir a manifestarse es “salir a una batalla campal. Ha quedado así en la memoria colectiva de la ciudadanía”.

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial.

El instructivo 001-2015 de CAPRES muestra cómo el Estado se prepara para combatir las manifestaciones. El documento plantea que el lugar en el que se pueden hacer protestas pacíficas es la plaza José Gustavo Guerrero, sin embargo, cuando las manifestaciones se dirigen en ese rumbo, son bloqueadas antes de llegar a ese sitio.

De ese mismo lugar fueron desalojados alrededor de 15 jóvenes que hace cinco años se manifestaban. Así lo explica el estudiante de Derecho Gabriel Gasteazoro. En 2012 Gasteazoro acababa de cumplir la mayoría de edad y se unió a otra decena de jóvenes que protestaban en la plaza José Gustavo Guerrero con el movimiento Yo me visto de blanco.

Los jóvenes pedían que se respetaran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para ello, se reunieron en esa plaza y llevaron una copia gigante de la Constitución. Gasteazoro asegura que la Unidad de Mantenimiento del Orden intervino y los presionó para que se retiraran del lugar a pesar de manifestarse pacíficamente. “Aunque éramos solo 15 jóvenes con una Constitución gigante y cartulinas. Fue algo ridículo”, dice.

Bloqueo. De acuerdo con el instructivo, cuando las manifestaciones sean de carácter político, la UMO debe denerlas a la altura del parque de Pelota.

Los archivos fugaces de la seguridad

Sobre la entrada de Casa Presidencial de la calle Manuel Enrique Araujo hay cuatro cámaras de videovigilancia. Bessy Ríos se sentó cerca de una de ellas y asegura que, por lo que observó, estaba siendo grabada. Un día después de ser desalojada de la acera de CAPRES pidió, acompañada por la Fundación DTJ, una copia de los videos de seguridad.

El 7 de diciembre de 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) celebró una audiencia en la que se demandó a Casa Presidencial por no entregar los videos solicitados. Luis Portillo, el abogado representante de CAPRES explicó que “esa copia del video, primero no grabó a la señora , segundo, al no haberse reportado un incidente relevante, tampoco se ha guardado copia dentro de la Presidencia”.

El argumento de CAPRES para decir que no existe video se basó en explicar que la activista se encontraba debajo de la cámara, y que en ese ángulo la cámara no pudo haberla grabado. Sin embargo, al iniciar la audiencia, Portillo entregó al IAIP un escrito donde indicaba que la cámara tenía una capacidad de rotación de 360 grados.

Además, explicó el representante de Casa Presidencial, los videos de seguridad de esas cámaras se borran cada cinco días. Y a pesar de que fueron solicitados al día siguiente de la protesta individual, los archivos no fueron protegidos.

¿Quién manda?: La discusión de los militares y la Policía

El documento está firmado por dos coroneles del Estado Mayor Presidencial. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada establece que esa es la instancia encargada de brindarle seguridad y asistencia al presidente de la república y, de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo, le corresponde establecer los servicios militares de seguridad correspondientes al presidente. Sin embargo, no se menciona nada sobre girar órdenes a dependencias policiales.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial especifica qué procedimientos deberán realizar los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden, lo cual abre una discusión que se remonta hasta los Acuerdos de Paz.

En 1990, tras una década de enfrentamiento armado, los líderes de los movimientos guerrilleros del FMLN y el Gobierno se sentaron a discutir condiciones para cesar la guerra civil. Algunos firmantes de la paz han descrito que restarle poder político a la Fuerza Armada fue la jugada más arriesgada de la negociación. Tras la firma de los acuerdos se creó la Policía Nacional Civil y en la Constitución de la República quedó marcada una división explícita entre PNC y Ejército.

“La Policía Nacional Civil (…) será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada”, dice el artículo 159 de la Constitución. Ese artículo es en el que se basa Eva López, de DTJ, para argumentar que, a su juicio, el instructivo plantea una situación irregular: “A lo largo de todo eso te dice cómo va a actuar la UMO, pero las órdenes que en todo momento se le dan son del EMP y hay una incompatibilidad constitucional que te dice que eso no podría ocurrir”.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, no comparte esa idea. “No, mire, es más una cuestión de coordinación. La Policía o la UMO no están orgánicamente dependiendo de otra institución diferente, pero el trabajo se hace en apoyo”, responde cuando se le cuestiona sobre la relación de fuerzas civiles y militares en Casa Presidencial.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

Aunque el ministro Ramírez Landaverde asegura que la relación que queda plasmada en el instructivo entre EMP y Policías es solo de coordinación, en la Fundación DTJ se encargan de recalcar la necesidad de dividir las órdenes por institución específica. “En nuestro contexto histórico este fue un argumento para generar paz –asegura López– argumentar que es algo operativo lo que hace es no reconocer el origen histórico de esto. Cualquier instructivo tiene que respetar esos contextos históricos que nosotros vivimos”.

Con púas. Las barreras que se usan para detener el paso de las marchas están hechas de alambre y metal. Aun cuando no hay protestas estas se mantienen en las calles cercanas a CAPRES como medida de seguridad.

La posibilidad de matar en una protesta

“El uso de la fuerza letal será el último recurso y solo se realizará excepcionalmente en el caso de que exista amenaza directa sobre personal o medios de CAPRES”, indica el instructivo de seguridad de la casa de gobierno. A pesar de plantear la posibilidad de matar a manifestantes en situaciones amenazantes, el documento no define cuáles son los “medios” referidos.

“El derecho penal reconoce que si se pone en riesgo tu vida, podés por legítima defensa o por otras causales, usar fuerza en contra. En la misma medida que es la amenaza podés resistir. (Pero) los medios de CAPRES no queda claro qué significa, podrían ser instalaciones, podría ser que ellos creen que si rompés una ventana, podrían usar ellos fuerza letal para defenderla”, plantea la abogada de DTJ, Eva López.

Esta revista solicitó, a través del coordinador de prensa de Casa Presidencial, una entrevista con el jefe del Estado Mayor Presidencial para consultar dudas que quedan al leer el instructivo, pero se obtuvo una respuesta negativa. También se solicitó, a través de correo electrónico, al director de Comunicaciones del Ministerio de l Defensa, una entrevista con uno de los coroneles que firmaron el documento. No se obtuvo respuesta.

“Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

“Ese tipo de lenguaje que no está determinado llena a la gente de incertezas jurídicas. No sabés cómo proceder, no sabés cuándo tu vida va a correr riesgo”, sostiene López.
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos es más contundente a la hora de analizar cómo se plantea el uso de la fuerza letal: “Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

A pesar de los vacíos que encuentra en el instructivo, Ulloa considera que el documento representa “un buen esfuerzo, pero que necesita ajustes para conseguir los objetivos”. Luego plantea la necesidad de impulsar desde el Estado medidas que permitan “un equilibrio justo entre permitirle a los que están descontentos el espacio público, pero a la vez garantizarle a la otra parte de la población su derecho a la movilidad, a llegar al trabajo a tiempo, etc”.

Por ahora, algunos de los que se han manifestado consideran que las movilizaciones sociales tienen poco impacto en un gobierno que se rehúsa a escuchar sus peticiones. Dos años después de solicitar un aumento de presupuesto y durante un receso de su trabajo, el bombero Érick Portillo, afirma que en Casa Presidencial la respuesta que tuvieron fue “una intervención en crisis con una promesa de gestionar la solución de los problemas que llegan a manifestarse, pero al final no sucede absolutamente nada, nada de nada”.

Y a pesar de que el instructivo plantea que ante las manifestaciones una comisión de Casa Presidencial debe salir a recibir documentación con las demandas de los manifestantes, en el caso de Ríos, ella asegura que el diálogo no se le planteó como posibilidad. Mientras el mediodía se acerca reflexiona: “A este país le costó 12 años de guerra y como 50 de represión el poder tener la libertad que ahora tenemos de pararnos en cualquier lugar y decirle al presidente que no estamos de acuerdo en lo que está haciendo. No podemos retroceder”.

Antes de ser gobierno. Diputados del FMLN encabezaron una protesta en la autopista al aeropuerto. En 2006 protestaban por el alto costo de la vida, el incremento al pasaje, agua y energía eléctrica.

Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

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“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

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Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

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Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

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Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

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El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

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“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

Una canasta contra la desigualdad

Siembra. Ana Andrade, productora de la Canasta Campesina, muestra sus plantas de chile. Las sembró en septiembre pasado y aún corta entre 50 y 100 cada semana.

Ana Andrade es una mujer con la piel quemada por el sol y una voz firme y dulce. Ahora camina entre los terrenos que rodean su casa, pero hace unos años caminaba cuatro horas diarias entre las milpas de Comasagua, en La Libertad. Dos horas de ida y otras dos para regresar a su casa. A ella no le molestaba la caminata. El problema era el peso que transportaba a diario bajo el sol de mediodía. Sobre los hombros cargaba a su hijo y sobre la espalda, una mochila llena de frescos, tortillas y el con qué para que almorzara su esposo y los mozos de la milpa familiar.

Ana Andrade. Esta productora ha ganado autonomía al cultivar y vender berenjenas, zanahorias,
chiles, lechugas, tomates y apio en la parcela que rodea su casa en la comunidad El Cortez.

“A veces me iba a las 10 de la mañana. Iba lejos a dejar la comida, caminando en medio de todas estas milpas”, cuenta Ana desde su casa rodeada por vegetación en el cantón El Faro. Así transcurría su vida: moliendo maíz, haciendo tortillas, cargando el almuerzo y cruzando los dedos para que la cosecha del año no se perdiera. Su esposo, Ángel, hacía préstamos de hasta mil dólares para poder sembrar la milpa y el frijolar. La deuda estaba asegurada, la ganancia, no. “Un año fue tan doloroso que todo el maíz se fue… fue tristeza ver las milpas. Eran 3 manzanas y quedamos con un saco que costaba entonces como $17”, cuenta hoy en medio de unas plantas de berenjenas que ella misma sembró.

Cuando ella tenía dinero era porque su esposo le daba o porque lograba vender algunas gallinas. “De andar pidiendo, gracias a Dios, hoy ya tengo mi trabajo”, cuenta. Con la venta de verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que siembra en los terrenos que rodean su casa ha logrado conseguir un ingreso mensual de $400. Y el rol ha cambiado. Ahora es ella quien a veces le da dinero a su esposo “para que se motive con el mozo” y ellos chapoden el huerto que Ana sembró. Ya no tiene que cargar almuerzos hacia ninguna parte.

Ella es una de las 72 productoras de la Canasta Campesina, un proyecto de una cooperativa agropecuaria que les ha presentado a mujeres de la zona rural la posibilidad de ser económicamente independientes.

El proyecto ha sido diseñado específicamente para mejorar el desarrollo de campesinas de todas las edades y hombres menores de 27 años. El 80 % de los beneficiarios directos son mujeres y el 20 %, hombres jóvenes. Johanna Arenívar, la técnica de comercialización y organización de la cooperativa, ha sido testigo del cambio que las mujeres atraviesan cuando una oportunidad de trabajo justo se les acerca. “Solo eran mujeres de cocinar, cuidar a los niños y esperar lo que el esposo le podía dar”, relata. Ahora, cuenta Arenívar, algunas de estas mujeres se han convertido en jefas de hogar.

¿Qué contiene una canasta campesina?

 

Precio favorable. Los productores de la Canasta Campesina parten de la premisa de lo justo y solidario.
En algunos cantones es posible comprar una bolsa de 10 o 12 chiles verdes por $1.

Una canasta campesina puede incluir tomates, chiles verdes, rábanos, frijoles, cebollines, berenjenas, aguacates, limones, maracuyá, naranjas, zanahorias y mangos. Todos orgánicos, es decir, sin haber sido cultivados con químicos. A eso se le suman hierbas aromáticas como romero y apio. Y, si se tiene suerte y hay producción, el consumidor que compre la canasta puede recibir por el mismo precio unos huevos de gallina india y hasta tabletas de chocolate artesanal.

Buscan construir un modelo de intercambio justo. Así lo explica Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Los productores de Comasagua siembran para alimentarse a sí mismos y para comerciar en un mercado creciente: el orgánico. Consumir estos productos significa comer frutas y verduras que no han sido expuestas a pesticidas, herbicidas, ni fertilizantes artificiales.

Las canastas se venden en diferentes puntos de San Salvador y se entregan cada 15 días. Los consumidores pueden decidir entre comprar una de 12 productos de $10, $15 o $20. Todos los paquetes de hortalizas llevan las mismas hortalizas. Lo que varía, según el precio, es la cantidad.

La clave, además de eliminar a intermediarios que compren a precio bajo los productos, radica en que los campesinos producen solo lo que van a vender. Eliminan las pérdidas y cultivan según la demanda. Por eso su sistema de venta es planificado.

Alguien que quiere adquirir la canasta debe anotarse en una lista y comprometerse a comprarla durante tres o seis meses. La garantía de los productores es que los consumidores pagan de manera adelantada la mitad del producto; con base en eso se planea la siembra.

Si una persona se inscribe para comprar la canasta de $10 por tres meses, deberá pagar $30 antes de recibir los primeros productos. A eso se le suma el precio de un canasto. Cada vez que el nuevo consumidor vaya por sus productos frescos, deberá llevarlo vacío y le entregarán uno lleno de productos cortados el día anterior.

Quienes más consumen los productos son extranjeros, aunque cada vez se hace más grande el sector de la población salvadoreña que ha decidido completar con estos su dieta. Algunos los compran para apoyar una transacción justa con los campesinos que trabajan la tierra; otros, por los beneficios de una alimentación saludable.

Trabajar la tierra y recibir un pago digno. “Nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Aunque sí, hay unos compañeros –más que todo señores– que dicen que mejor nos vayamos a la ciudad a buscar trabajo de policía. Hay rechazo al campo, de decir ‘no vivás aquí’ porque hay una ilusión de que van a salir a la ciudad y van a encontrar trabajo. Pero allá todo es correr, es contaminación”. El que habla con distancia de la ciudad es Éver Valles, el presidente de la cooperativa la Canasta Campesina.

En El Salvador ser campesino es tener menos ingresos económicos. En la zona urbana el promedio de ingresos de un hogar es $646.99, mientras que en las zonas rurales, el ingreso es de $368.81. Así quedó recogido en la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples de 2016 (EHPM).

Ser campesino también es tener que salir de las comunidades para educarse. Hay “brechas en términos de área geográfica de residencia”, asegura esa misma investigación. En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 6.9 %, mientras que en lo rural es del 17.3 %. Y las diferencias no solo ocurren entre la zona urbana y rural, también están marcadas por el género de las personas. Mientras en los hombres existe una tasa de analfabetismo del 8.8 %, en las mujeres ese porcentaje sube hasta el 12.5 %. No es difícil imaginar por qué el proyecto de la Canasta Campesina está dirigido, en su mayoría, a mujeres de la zona rural, un sector demográfico en condiciones de desventaja.

El inicio de este proyecto puede ubicarse en un fenómeno natural. En 2009 el huracán Ida dañó Comasagua y una organización internacional, el Socorro Popular Francés, implementó programas de huertos caseros para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona. Poco a poco el proyecto se fue transformando hasta que la Canasta Campesina empezó a ser comercializada en 2013.

La cooperativa se legalizó hace cuatro años y, desde entonces, ha logrado generar empleo, producir 400 canastas mensuales y generar autonomía entre las trabajadoras de la tierra.

Éver, el joven que habla con orgullo sobre ser campesino, tiene 25 años. Hace unos años, cuando terminó de estudiar bachillerato, se fue a trabajar a una finca en Santa Tecla. Ahí laboró como escribiente y llegó a ganar $110 por quincena. Dejó de trabajar en esa finca y regresó a su casa. Ahí fue cuando su madre lo invitó a las reuniones que tenía con otras mujeres y que representaron el inicio de la Cooperativa de la Canasta Campesina. Poco a poco se fue ganando la confianza de las demás mujeres y, cuando hubo que elegir a un presidente de la cooperativa, él fue electo. Lleva cuatro años en el cargo y asegura que cultivar la tierra es un honor cuando el dinero que se recibe es equiparable con el trabajo que se hace.

La cooperativa calcula que, en promedio, cada productor tiene ingresos mensuales de $350. La cifra duplica lo que se está ganando en promedio a escala nacional por trabajar la tierra: $147, de acuerdo con la EHPM 2016.

Además de tener ingresos económicos fijos, sembrar nuevos productos contribuye a la salud de las familias campesinas. “Con la canasta aprendimos a comer. Antes solo frijol y huevo… cuando había. Hoy comemos hasta productos que en restaurantes son carísimos, como la arúgula. Y nuestros productos no están envenenados”, asegura Éver.

En total $138 cuesta la canasta básica alimentaria en las zonas rurales del país para una familia promedio de cuatro personas. Así lo recogen las estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Pero dentro de las casas de las familias productoras, los gastos se reducen y el dinero se puede utilizar para pagar otros servicios básicos. Así lo cuenta Ana Andrade, la mujer que dejó de cargar almuerzos sobre sus hombros y se dedicó a sembrar hortalizas: “Antes se iba a Comasagua a comprar la cebolla, el chile y todo eso. Ahora se ahorra. Solo se compra el jabón, el azúcar, el tambo de gas y el pago de luz”.

Aunque los ingresos por productor dentro del programa de la Canasta Campesina distan de acercarlos a la riqueza, sí ayudan a la economía familiar en un municipio donde el 60.2 % de sus habitantes vive en la pobreza.

El armado de la canasta

Mujeres empoderadas

Es un lunes caluroso de julio y la discusión de hoy es por guineos. Dentro de un salón con plásticos celestes que cubren las paredes de láminas, hay un grupo de mujeres y un hombre que habla sobre la necesidad de entregar productos con proporciones similares. Piden que cuando se entreguen bananos para la canasta campesina, la cantidad sea similar entre guineos majonchos y guineos de seda porque el sabor de las dos clases es diferente.

La cooperativa tiene dos cuartos que funcionan como base de operaciones. Uno es la oficina administrativa y este otro, el celeste, es el lugar de reuniones y donde se arman las canastas. Los dos espacios están ubicados en el centro de Comasagua.

En la oficina trabajan cinco personas: la técnica de comercialización, dos técnicos en agricultura, un gestor contable y un asistente administrativo. Sus salarios aún son pagados por el Socorro Popular Francés, pero la idea de la cooperativa es crecer tanto que, al llegar a posicionar 600 canastas en el mercado (200 más de las que actualmente venden), puedan absorber ellos mismos los egresos de los sueldos.

Este día se discute sobre guineos majonchos y guineos de seda porque es la reunión del comité de producción y comercialización municipal. La reunión se hace todos los lunes y en ella se le pide a los representantes de cada comunidad la cantidad de hortalizas que deberán entregar dentro de dos días.

Es un salón lleno de mujeres porque los productos se comercializan en 11 comunidades, y nueve de esas comunidades tienen por líder a una mujer. Afanadas, escriben en una libreta los pedidos que tendrán que hacerles a sus vecinos. Todas son morenas y visten sencillo. Ninguna parece abstraída de la reunión. Todas opinan, preguntan, se ríen, anotan. Al lado también tienen una calculadora y ahí hacen cuentas de cuántos tomates, chiles y berenjenas son necesarios para lograr llenar las canastas de esta semana.

Al finalizar la reunión todas las líderes de comunidad firman la lista de asistencia y pasan hacia la oficina de la cooperativa. Ahí se les entrega un cheque por las hortalizas que su comunidad entregó en días anteriores y regresan a sus comunidades para pagarle a sus vecinos.

El miércoles por la mañana un camión recoge los productos. En este se transporta Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Él recolecta las verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que llevará a San Salvador. Cuando se recogen los productos, le entrega un recibo a cada productor. Esa es la constancia con la que luego podrán exigir su pago.

El mismo miércoles por la tarde, las canastas se organizan en el salón celeste de la cooperativa. Sobre una mesa y sobre estantes metálicos se colocan y se empiezan a llenar de frutas y verduras de manera que no se aplasten entre sí. Al terminar de colocar todo, el canasto es cubierto con una tela blanca que protege a las frutas y verduras de insectos, pero permite que estas respiren y lleguen frescas a los puntos de venta en San Salvador.

Un día después, el jueves por la mañana, un pick up sale desde Comasagua y baja por una calle llena de curvas pronunciadas hasta San Salvador. Los productos se entregan en lugares como el Liceo Francés, la Embajada de Francia, la Embajada de España y tiendas de productos orgánicos.

Los productores están comprometidos a vender la cantidad de hortalizas acordadas en el plan de siembra a la cooperativa, pero no están amarrados a comercializar solo con esta organización. Por ejemplo, si alguien calculó mal o produjo más de lo que estaba estipulado en el plan comunitario, todavía tiene una oportunidad de vender sus productos en mercaditos que la cooperativa realiza en algunas empresas o ministerios. Ahí las frutas y verduras se venden de manera separada y no en canasta.

Incluso, pueden vender las hortalizas entre vecinos. Por ejemplo, una productora de Comasagua vende 10 chiles verdes por $1 a sus vecinos. Los precios difieren de manera marcada de los de las cadenas de supermercados. El precio actual de un chile verde –cultivado con agroquímicos– en un supermercado llega a $0.45.

Plantinero. En este espacio se siembran las semillas y se les da especial atención antes de trasplantarlas a la tierra.

Mujeres empoderadas

El impacto de este proyecto es local. Al eliminar al intermediario, los ingresos son para Comasagua y sus habitantes. De acuerdo con un informe realizado por la Universidad Luterana, el 90 % de los ingresos del programa es destinado para los productores y solo el 10 % se utiliza para costos operativos. Por ello, los invernaderos o algunos implementos que usan los campesinos para sembrar le pertenecen a la cooperativa y, cuando se arruinan, esta es la que corre con los gastos de reparación.

El impacto del proyecto no es solo monetario. Se transforma en poder de decisión y en capacidad de liderazgo. Hay mujeres que aprendieron a firmar y solicitaron su Documento Único de Identidad porque querían tener la oportunidad de formar parte de la junta directiva de la cooperativa.

En la zona rural del país, la agricultura es la principal actividad económica. Y si bien el promedio nacional de salarios mensuales por agricultura es de $147, específicamente el ingreso de las mujeres que se dedican a este mismo rubro es ligeramente menor: $143.44.

Johanna Arenívar cuenta que cuando inició el proyecto las mujeres llegaban a firmar los documentos, pero le pedían al equipo técnico que le explicara a su esposo de qué iba el asunto. Ahora “es un cambio total en las mujeres”, afirma.

Luego pone otros ejemplos, como mujeres que lograron pagar la conexión de energía eléctrica para sus casas, o que ahora sí pueden darle dinero para el pasaje a sus hijos para que viajen a estudiar. También relata historias de otras campesinas que tenían quejas de salud y que, en confianza, le han contado que solo ahora que tienen su propio dinero pueden pagarse exámenes médicos.

El conocimiento y el dinero se transforman en poder. Y eso se puede sentir en esta pequeña comunidad de mujeres campesinas que hablan con seguridad mientras utilizan términos técnicos de agricultura y sostenibilidad. Arenívar resume el impacto de manera simple: “Se ven cambios que ellas han tenido en la forma de expresarse y en la forma de tener decisiones en su familia”.

Variedad. Aunque todas las canastas tengan dentro los mismos productos,
el consumidor puede elegir comprar una de $10, $15 o $20, dependiendo el tamaño.

Las amenazas a la agricultura

Una de las mujeres campesinas que ha asistido a la reunión de productores de este lunes se acerca a Arenívar después de la reunión de producción y, con toda propiedad, empieza a hablar sobre el proceso para crear el líquido con el que rocían sus plantas en lugar de agroquímicos: “No tengo microorganismo activado, solo el sólido. Si no tengo el activado no puedo hacer nada”, le explica con naturalidad.

Quien habla es Emilia Alfaro de la comunidad La Dalia de Comasagua. Ella, como el resto de productores de la zona, conoce a pie de letra qué procesos debe cumplir para realizar una siembra orgánica.

Cosechar productos orgánicos requiere más trabajo. En lugar de comprar los agroquímicos para cultivar, ellos mismos deben crear sus fertilizantes. Para eso, los productores caminan hasta terrenos en los que no se ha sembrado nada con químicos durante al menos los últimos 25 años y ahí recogen parte de la naturaleza que se encuentra en el suelo como hojarascas de bambú, afrecho de zompopos y hojas con microorganismos. Con eso se llena por completo un barril de 200 litros. Ese es el microorganismo sólido.

Pero esa mezcla de tierra, hojas y materia viva no es la que se aplica directamente en los huertos. Veintidós libras de microorganismo sólido se mezclan en otro barril con agua y melaza. Ahí se crea el microorganismo activado del que hablaba Emilia. Eso se coloca en la bomba y se aplica sobre lo sembrado para ayudar a que las plantas absorban los nutrientes de la tierra.

Se puede evitar el uso de químicos, pero –al menos desde este rincón del país– no se puede evitar el cambio climático. Y esa es una de las cuestiones que tiene preocupados a los productores de esta canasta. Por ejemplo, las altas temperaturas que se están alcanzando aún en esta época lluviosa.

Gabriel Valles es un veinteañero que colabora en el trabajo de la tierra con su madre, Ana Andrade. Desde un plantinero que está ubicado en el terreno de su familia, explica los retos a los que se están enfrentando para lograr cultivar las hortalizas. El plantinero es un cobertizo con láminas transparentes y redes a los lados para evitar que entren los insectos. Son las 11 de la mañana y dentro de este espacio, que es el que se usa para lograr que las semillas se desarrollen, la temperatura es de 38 °C.

El problema, cuenta Gabriel, es que el tomate no se está desarrollando porque el clima de hoy es difícil de prever. En esta zona verde y montañosa, la temperatura por las madrugadas baja de 20 °C y al mediodía alcanza los 45 °C. Cuando hace demasiado calor, la flor del tomate se quema y no puede dar paso al fruto.

La misma organización cuenta con un diagnóstico que realizaron sobre su proyecto de la canasta. Entre las debilidades del proyecto mencionan factores que están fuera de su alcance. Los problemas van desde la falta de agua hasta las plagas. Ninguna de estas situaciones ha sido crítica, pero habla de la vulnerabilidad de este trabajo, en el que, a pesar de la organización, hay amenazas de las que no se pueden proteger.

 

De Comasagua a las embajadas

La venta. Productores de las hortalizas entregan sus hortalizas recién cortadas a sus clientes
en diferentes puntos de San Salvador cada 15 días.

Este jueves ha sido el turno de entregar los productos de Beatriz Azucena y Marvin Molina. Entre los dos bajan las canastas y las colocan en la entrada de The Green Corner, una tienda de productos orgánicos ubicada en San Benito, una zona exclusiva de San Salvador. Este es uno de la veintena de puntos en los que se entregan cada 15 días los productos recién cortados.

Beatriz solía trabajar haciendo oficios varios en casas ajenas. Ahora le dedica en promedio tres horas diarias al trabajo en su huerto y, debido a que la tierra de la que dispone es limitada, puede sembrar poco y está teniendo ingresos mensuales de $130. Es poco dinero al mes, pero al menos no tiene que hacer oficios para otras personas. “Esto es más bonito. Uno va a trabajar a la hora que quiere”, cuenta antes de ir a entregar a pie un pedido a la Embajada de España, dos cuadras abajo de esta tienda.

Entre el listado de personas que recogerán sus hortalizas, los que predominan son los apellidos extranjeros. Los productores y consumidores no solo están distantes geográficamente, sino que las condiciones de vida del campesino y las del consumidor que vive en San Salvador son profundamente desiguales. La canasta se presenta como esa conexión entre dos mundos que se necesitan mutuamente por salud y por economía.

“La idea es contribuir a una economía más justa. Aquí no se apuesta políticamente a la agricultura porque se ve como algo atrasado”, dice Benjamín Schwab, originario de Alemania y residente en El Salvador. Él es uno de los 35 consumidores que tienen a su nombre una canasta este jueves. “Comprar en las grandes cadenas de supermercado es apoyar un sistema dominante en el que no se genera empleo. Aquí directamente se apoya a los productores para ayudarlos a salir de la pobreza”, explica Schwab, quien reconoce que otro de los beneficios de este proyecto es que los precios fijos son garantizados.

En la Canasta Campesina los precios cambian anualmente. Eso juega como un arma de doble filo, como lo explica la técnica en comercialización de la cooperativa, Johanna Arenívar: “Aquí una cajilla de tomate cuesta $15. Afuera está a $40. Pero en diciembre del año pasado llegó a $5”. Y en ese momento, aunque el precio del mercado era $10 más bajo, la cooperativa mantuvo sus precios.

En San Salvador, la dueña de The Green Corner afirma que los productos orgánicos están teniendo una mayor demanda en el país porque las personas lo están entendiendo como un método de prevención de enfermedades más que una dieta. En este local, lleno de otros productos con etiquetas que pregonan ser orgánicos, es posible encontrar pequeñas botellas de refrescos naturales que cuestan casi $5.

En el caso de la Canasta Campesina, la tienda solo sirve como nexo entre los productores y los consumidores. La tienda es el lugar de descarga del producto y no obtienen ganancia de las hortalizas de Comasagua.

Ya sea por salud, por apoyar a los campesinos a salir de la pobreza o por la creencia de que a través de estos productos se logra crear un modelo de consumo más justo, la demanda de la canasta está creciendo. Y aunque los motivos de la compra variados, la repercusión en Comasagua suele ser la misma: la independencia que se cosecha en la tierra. O, como una empleada de la cooperativa lo ha comprobado, la oportunidad de desarrollo para las campesinas, un sector de la población tradicionalmente relegado en el campo: “Hay mujeres que están solas y con esto se han vuelto independientes. Se cuidan”.

Tiendas especializadas. El consumo de productos orgánicos crece. En la foto, una tienda exclusiva para productos locales y extranjeros que se cultivan y empacan sin uso de químicos o preservantes.

Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación

María Isabel Rodríguez, asesora presidencial.

A María Isabel Rodríguez parece que nada la exaspera. Es miércoles y en San Salvador cae una tormenta que hace que las calles colapsen, pero ella desde su biblioteca habla con una serenidad que parece solo llegar con los años. Habla tranquila sobre su paso por el Ministerio de Salud y la situación actual de esa entidad. Platica con calma incluso cuando le toca responder sobre temas que parece que preferiría no mencionar, como los sobresueldos recibidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

Se sienta en una silla en la segunda planta de su casa y antes de comenzar a platicar, pide una disculpa. Dice que usualmente no hace esperar un mes y medio a una periodista que quiere entrevistarla, pero se enfermó de gripe y canceló muchos compromisos. “Desde que salí del ministerio tenía los planes de dedicarme a escribir de todo lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas”, cuenta desde su hogar. Actualmente es la asesora presidencial más longeva y se encarga de aconsejar al Gobierno en temas relacionados con la educación y la salud.

Fue la primera decana de su facultad, primera rectora de la Universidad Nacional y primera ministra de Salud, y afirma que los espacios de participación de mujeres en las esferas de decisión no han sido suficientes. “Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”, dice durante esta conversación en la que ofrece agua, jugo, café y quesadilla a sus visitantes. Es difícil imaginar que la mujer que habla con tanto sosiego, mientras afuera se cae el cielo, es la misma estudiante de medicina que repartió panfletos en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez. O que esta mujer que ahora tiene una oficina en Casa Presidencial es la misma que durante su juventud llegó a transportar municiones, mientras se preparaba la huelga de brazos caídos que terminó con la dictadura militar más larga de El Salvador. Pero ha pasado más de medio siglo desde entonces y ahora las cosas que defiende la exministra de Salud son otras.

“Son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo”

Anteriormente dijo que si para 2014 no había un cambio notable en salud pública “se habría fracasado de manera rotunda”. Este año en el Hospital Rosales faltaban 70 medicamentos, si alguien necesitaba operarse, le pedían que llevara su propia medicina, y hasta las sábanas del hospital se tuvieron que ir a lavar al Hospital San Rafael. ¿Se logró ese cambio notable?

Mire, analicemos la situación en todo el país. Cuando uno analiza los cambios que ocurrieron por el incremento de cobertura de salud, el acercamiento del especialista, sobre todo el pediatra y obstetra, uno ve que son cambios sustanciales. Uno tiene cifras como mortalidad materna que disminuyó importantemente cuando se crearon los Hogares de Espera Materna y cuando se incrementó el número de partos atendidos en los hospitales. Todas esas son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo.

¿En qué se retrocedió?

Cuando ahora se ha hecho el escándalo de la falta de medicamentos. Para mí era un motivo de quitarme el sueño el hecho de que no se hubiera hecho la licitación a tiempo. Veo en lo que ha ocurrido ahora, que no hay esa responsabilidad de la gente que tiene que saber que si no se hacen las compras a tiempo, eso repercute en la vida de la gente.
La gente necesita sus medicamentos y tienen que ser oportunos y adecuados al momento. Pero si no los tiene, la vida de ellos está en peligro, como un paciente renal que tiene que interrumpir sus diálisis.

No es solo el dinero del que se dispone para los medicamentos, es la posibilidad, es la rapidez de la gestión. Uno tiene que revisar qué está pasando con las unidades que tienen que ver con la compra. ¿Están previniendo que eso ocurra? Yo no puedo salir a decir públicamente “mire, la razón es esta”, porque sería terrible que una persona que ha estado al frente del ministerio vaya a decirle a las autoridades actuales qué está pasando. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades el análisis de cuál es el mecanismo a través del que se llega a la obtención del medicamento y por qué hoy no se ha llegado a eso.

¿Usted cree que le hace falta autocrítica a este ministerio?

Fíjese que esa respuesta usted la tiene. Sí, yo creo que usted la tiene. Uno quisiera que una línea que consideró correcta en un determinado momento y que empezó a revivir buenos resultados, se continuara. Pero nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente. Esa es una de las principales situaciones en todos los organismos, llámense autónomas o públicas. Y la gran desgracia que yo me la voy a llevar a la tumba es que ese gran esfuerzo que uno hace o puede hacer en un determinado campo –en la Facultad de Medicina, en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud– que uno cree que llegó aquí y que necesitaba un poco de tiempo, tal vez, para llegar aquí; se paró o se fue para atrás.

Cuando usted estuvo en el ministerio criticó fuertemente el Sistema Nacional de Salud porque no se incluyó al sistema privado. ¿Mantiene esa crítica?

Yo creo que se necesita un cambio de estructura política de gobierno muy importante. El sistema privado debería ser objeto de una reorganización interna. No me interesa que desaparezca, pero que sea sometido a las mismas regulaciones, a la misma política de salud que desarrolla el sistema público.

¿Qué mejoraría eso?

Hay elementos que en este momento se están considerando en muchos países, incluso hasta la regulación de costo y cobros. Tampoco es justo que esté suelto el establecimiento de cuotas. El sistema privado debe ser sometido –y yo pienso que hay cosas del sistema privado buenas– en el mismo aspecto epidemiológico. Es indispensable que el sistema privado esté incorporado totalmente, que se reporten los casos de determinadas enfermedades, que se haga el control igual.

Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero pienso que sería muy bueno que el sistema fuera integral. Lo que quería hacer era eso, porque no podemos pensar en que se hizo todo público. Para eso necesitaríamos otro tipo de Estado y eso no era lo que se perseguía.

Creo que el Estado debe tener un control de lo que ocurre en medicamentos y en toda la parte contra epidemias. Falta una verdadera planificación conjunta.

Es indudable que hay una brecha enorme entre el sistema privado y el sistema público. ¿Qué falla? ¿A qué le seguimos atribuyendo esa brecha, siempre a la falta de presupuesto?

Hay un criterio que no lo promueve el Estado, y es un criterio de la gente: “Porque es público puedo hacer con él cualquier cosa”. Es decir, no cuidar las cosas. Si usted entra a algún lugar donde hay baños… hasta las cubiertas de las tazas se roban. El criterio de lo público y de lo que debe cuidarse todavía no ha entrado, en general, en el país.

En el trabajo, a veces es distinta la forma en que se trata a un paciente en enfermería a cómo se trata a esa misma persona (en el sistema privado). Nos lo han dicho médicos que tienen enfermeras que trabajan en lo público. Su actitud y su forma de trato al enfermo es absolutamente diferente. Allá es la “señora, pase adelante”, gran respeto…

¿Entonces es porque somos una sociedad hipócrita?

Bueno eso hay que estudiarlo porque es parte de la educación de la gente.

El año pasado estuvo en algo parecido a una crisis mediática cuando en un programa radial usted mencionó que recibió sobresueldos. ¿Esto le trajo problemas?

A mí me trajo problemas desde el punto de vista (de) que me empezaron a mover en esa situación. A mí no me causa problemas a nivel de gobierno ni nada. ¿Qué me podían decir? ¿Que me callara? Era a lo más que podían llegar. Pero si yo en un determinado momento he recibido, ha sido igual que lo reciben todos los ministros e igual que viene ocurriendo. Es la única ocasión en la que yo he recibido como ministra de salud. Lo estableció ARENA y siguió eso. ¿Por qué no se dio el paso de ponerle a los ministros el salario adecuado? Y, entonces, encontraron que la mejor solución era pagarle (los sobresueldos) para que no se diga que se le paga mucho, pero ¿por qué no? Si el salario debe ser adecuado a la función que desempeña la persona.

Yo creí que se iba a hacer la reforma en el sentido de que ese llamado complemento de salario, o sobresueldo, o lo que fuere, iba a ser incorporado oficialmente porque a uno le conviene. Eso es necesario que se haga. Yo no digo si es por ley o por qué, cuándo se estableció, no sé de cuándo viene, pero así se ha hecho.

¿Pidió que se diera ese cambio?
Yo lo dije ahí. Que había hablado con el tipo y yo le dije “pero ¿por qué esto?” Porque cuando yo iba a firmar un documento o cómo se iba a hacer ese proceso, yo creí que iba a Casa Presidencial a esa oficina a hacerlo, pero no se hizo y realmente nunca se ha hecho un esfuerzo de todos para que, así, tal vez hubiera sido más adecuado.

Empatía. Cuando la exministra recorre espacios públicos es común que la población
se le acerque a pedirle una fotografía o saludarla. En la fotografía aparece haciendo un
recorrido por las áreas de comida de una feria en 2012.

¿De todos los ministros?
Claro. Pero si yo lo dije lo tengo que sostener. Yo no lo voy a negar. No quise hacerle daño a ninguno de los compañeros. Yo nunca recibí órdenes de “no lo diga, esto es secreto”. Pero tampoco me hubiera gustado que me lo dijeran. Es una discusión política que debería de existir de lo que es el sistema de gobierno y cómo se maneja. Si los políticos, los que pelean tanto por la pureza del sistema, (son) muchos de los cuales llegan al Gobierno y los cobran.

Debería de haber un análisis: ¿Es ilegal que un ministro gane cinco mil dólares o tres mil dólares cuando hay consultores, o una cantidad de gente que gana más de eso? ¿Es lógico que un presidente gane menos que lo que está ganando un asesor? Entonces si eso es así, hagamos un presupuesto que coloque el valor justo del sistema que cada quien gana. Eso todavía no está claro en la vida de la nación: cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel. Porque se considera una cosa inadecuada un salario alto. Deben establecerse salarios adecuados a la función de la gente sin esperar que haya complementos de salario.

¿Eso usted ya lo sabía al asumir el ministerio?

No lo sabía al asumir el ministerio porque yo no pregunté cuánto me iban a pagar. Lo que es inadecuado es lo que después salió: que no solo se daban esos complementos de salario, sino que había personas que no tenían que ver con el Gobierno y que recibían aportes que no eran sueldos, eran como regalías. Eso se hizo público, porque incluso lo dijeron algunas gentes.

Otro tema que también la puso en controversia fue cuando usted se posicionó a favor de la reforma del Código Penal para aprobar cuatro causales de interrupción del embarazo. ¿Por qué es un tema médico?

¿Cómo voy a considerar yo que se ponga en el riesgo de morir a una madre con hijos por un embarazo absolutamente inviable? ¿Se acuerda del caso de Beatriz, la mujer que tenía un feto acéfalo? Eso es un crimen, si la criatura no iba a vivir. Cada hora de ese producto era una hora de la vida de la mujer que se estaba agravando. Exponer a la madre a ver a un producto de estos sin cerebro, sin cráneo, para despertar el instinto materno es una tortura.

Quienes están en contra de esta reforma mencionan que el daño de las mujeres que abortan es mayor porque adquieren un trauma psicológico tras abortar. ¿Esto es algo médico que haya visto en su carrera?

No.

A usted la acusan en redes sociales de ser una exministra abortista.
¿Ah, sí?

Sí.
Bueno, ese es el criterio de ellos, no es el mío. Yo creo que esa es una cosa que se debe ver con mucha seriedad.

¿En qué está trabajando ahora?

Qué divertido eso. Estoy trabajando en todo. Teóricamente estoy como asesora en salud y educación del presidente. Desde que salí del ministerio yo tenía los planes de dedicarme a escribir de todo de lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos aquí con mi asistente en muchos campos de la educación y la salud. Hay un día de la semana que en la tarde nos reunimos con el ministro de Educación y dos o tres personas que él ha escogido como asesores y trabajamos un poco adelantándonos a los problemas que se van a presentar.

Mi semana es un poco complicada. Mi mañana la dedico a Casa Presidencial. Allá tengo una oficinita. Allá se hacen las reuniones que se pueden hacer, pero algunas de grupo incluso las hacemos aquí porque tenemos las facilidades. Aquí no hay quien cierre las puertas.

¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación en planes de educación sexual?
Se está trabajando intensamente. Creo que cualquier trabajo de hoy todavía es débil, pero debe seguirse trabajando muy duramente.

¿La Iglesia también debería tener palabra en el campo de educación y salud sexual?
Claro que sí.

¿Por qué?
Porque la Iglesia está causando también una acción negativa, porque ellos no conciben la prevención del embarazo. Ellos llegan a interferir con esos programas.

Entonces, ¿me está hablando de invitarlos a discutir para que entiendan o para que ellos pongan las reglas?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario.

“Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se les dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡Pero si es parte del servicio de salud!”

Hace unos días se mencionó en un evento de Naciones Unidas en El Salvador que en uno de cada cinco embarazos de adolescentes, la relación sexual había ocurrido con un familiar y a la fuerza.
Así es. Padre, padrastro, pariente, todos esos están en la lista. Bueno, pero ¿qué pasa con la niña adolescente? Hay una responsabilidad triple. La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, la responsabilidad es de la familia en buena parte. La responsabilidad es de la escuela. Los padres no quieren –sobre todo la madre– no quiere que se le dé educación en el campo de salud reproductiva a las niñas.

Que se le hable de lo que representa el condón es un escándalo, porque “le están abriendo los oídos a los niños y es una barbaridad, la niña no debe saber de eso”. Pero esa niña a la cual se le niega esa información, está llegando ya al hospital porque ya está embarazada. Los papás están soñando que la niña es ingenua e inocente, y hemos tenido casos en que, luego, la madre recibe la noticia de que la niña no solo está embarazad,a sino que es seropositiva. Según ella la niña no debía saber nada nunca de eso. Pero la niña ya ha pasado ignorando muchas cosas que tiene a la mano. Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se le dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡pero si es parte del servicio de salud!

Detalle. En todas sus apariciones públicas María Isabel Rodríguez se encarga de lucir elegante y ser puntual.

En los grupos feministas es reconocida como pionera, ¿usted se considera feminista?
Yo considero que algo he hecho, tal vez no todo lo que debería, en favor del crecimiento de la mujer y del reconocimiento que tenemos el mismo derecho que los hombres. Para mí es una pena que digan que soy la única mujer rectora de la Universidad de El Salvador. Me preocupa muchísimo eso y no tengo el porqué alegrarme. Al contrario, tendría que ponerme muy triste que no haya podido llegar otra mujer. Los grupos llamados progresistas, los grupos de la izquierda universitaria y demás deberían de responder por qué no ha sido posible que otra mujer llegue a la rectoría de la universidad, llegar a la punta es difícil.

Cuando usted entró al Ministerio de Salud con el gobierno de Mauricio Funes se señaló que había muy pocas mujeres en el Gabinete. ¿Cree en las cuotas de género?

Mi opinión en ese sentido es un tanto crítica. En ocasiones establecer la cuota es una cosa simbólica. Muy bien que se diga que van a subir el número de mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres suben? ¿Es una mujer bien preparada que va a contribuir? ¿Va realmente a ser una persona que va a influir en decisiones trascendentales?

Por ejemplo, en el caso de organismos internacionales, llegaban a mi oficina a buscar a unas de las funcionarias que trabajan conmigo para decirles “por favor, aplica a esta plaza”. Y la persona a la cual se le invitaba a entrar a la plaza decía: “Yo no lleno el perfil”. “Pero no importa. Lo que importa es la cuota que yo tengo que llenar porque si no, no puedo abrir el concurso”, respondían. Totalmente simbólico y la llenaban con gente que no llenaba los requisitos y ya sabían que no iban a salir electas.

La otra razón es que hay una serie de razonamientos que son ingratos en las selecciones para mujeres. Por ejemplo, cuando llega una mujer se toman argumentos como estos: “Está en edad de casarse. Va a resultar embarazada. Va a estar necesitando permisos de maternidad. No es conveniente”. Hemos tenido experiencias incluso de una persona que fue director de sanidad, que era el equivalente al Ministerio de Salud en El Salvador, que hacía que las mujeres firmaran su renuncia sin poner la fecha y en el caso de salir embarazadas, se hacía efectiva. Injusto, pero ocurría y a alto nivel.

“Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado, de la izquierda extrema salvadoreña, que llegó al grado de que un dirigente que llegó a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca dijo: ‘Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista’.”

¿Le tocó enfrentarse a eso?

Quizá nunca me vieron cara de que iba a ser madre, ja, ja. Como fui un poquito peleona desde el inicio, nunca me lo hicieron. Peleé esas situaciones porque las mujeres hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación. No se dice “no puede entrar aquí una mujer”. No, eso no, pero sí hay mecanismos.

A partir de la preparación de los discursos para las memorias anuales de la universidad y analizando las notas, se graduaban con mejores calificaciones las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí yo empecé a seguir a las personas que en la universidad están en posiciones importantes, que adquieren posiciones de docentes a partir del que es instructor, el que sube a la posición de profesor auxiliar, y ya se empieza a ver la diferencia. El número de mujeres empieza a disminuir y el número de hombres a crecer. Y eso sigue en forma piramidal hasta el momento de las posiciones directivas.

Usted creció en un matriarcado, ¿alguna vez le hizo falta una figura paterna?

A veces me han dicho que soy ingrata en ese sentido. Yo diría que no. No me hizo falta porque tuve unas mujeres que fueron madres y padres. Yo sabía que tenía un padre que era abogado, pero nunca se ocupó de llegar a la casa, realmente nunca me hizo falta.
Fui hija única, pero mis tías fueron capaces de hacer crecer sus hijos y educarlos sin mucho escándalo.

Usted se educó en la Facultad de Medicina cuando aún el general Maximiliano Hernández Martínez gobernaba, ¿cómo vivió la caída de Martínez?

Como éramos estudiantes, con mucha alegría, con mucha diversión, pero tal vez no midiendo las dimensiones del proceso. Quizá no teníamos la suficiente preparación política para medir hasta dónde se había llegado. Ya estábamos en la Facultad de Medicina y había caído Martínez, había caído Ubico en Guatemala, había caído Carías en Honduras. Vivíamos una época de gran celebración.

Usted ha dicho que uno de los más grandes dolores de su vida fue en el 72 cuando un movimiento en el que estaba Schafik Hándal la expulsó de la universidad porque la tachaban de imperialista.

Yo termino mi decanato en el 71, la intervención es en el 72, pero esa época es muy confusa, muy convulsa. Entonces ese problema del imperialismo era una cosa muy tonta. Muy burda. Ese San Benito del imperialismo no me lo pude quitar durante mucho tiempo por el hecho de haber tenido relación con algunas fundaciones que nos ayudaron, incluso, para el desarrollo de la educación médica. Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado de la izquierda extrema salvadoreña que llegó al grado de que un dirigente llegara a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca y dijera: “Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista”.

¿Ese era Schafik Hándal?
No, no. Yo debo decirle que tengo el mayor de los respetos por Shafick. Él me respetó y me apoyó mucho cuando yo estaba en la UES. Al grado tal de que en el momento más difícil de mi vida como rectora, Schafik fue de las personas que me apoyaron y le dijeron a la gente el error en el que estaban al no aprobar el préstamo que hubiera representado el desarrollo universitario. El problema es que la vida de la universidad no solo ha estado expuesta a los golpes de afuera, sino a los de adentro. Los internos han sido terribles.

Después de ser decana usted comenzó a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tenía pasaporte diplomático, ¿venía a El Salvador durante la guerra?

Sí. No venía tan seguido porque estaba en ese programa tan fuerte, pero sí, vine. Había que pensar que en ese momento no era fácil, pero ya después de los Acuerdos de Paz consideré que se estaban dando las condiciones para venirse a El Salvador.

¿Estuvo alejada por completo del proceso de los Acuerdos de Paz?

No. Todo lo contrario. Yo creo que muchos de los organismos internacionales tienen una función dependiendo de su ideología, de su punto de vista, que no se conoce pero que es de apoyo.

¿Y cuál era esa función?
Quizás eso no vale la pena contarlo.

Cómo no, a mí sí me parece que vale la pena. Ya pasaron 25 años desde la firma de los Acuerdos.
Sí, pero… no es fácil traer a cuenta procesos y compromisos que se dieron y que la gente los mantuvo ocultos incluso hasta su muerte. No tiene uno derecho. A veces aquí en las conversaciones con los compañeros salen cosas que no deberían de salir, pero que las comentamos. Realmente la guerra es la guerra.

Usted ha visto cambiar El Salvador durante todos estos años, ¿por qué vale la pena quedarse?
¡Uy!, esa pregunta es una cosa terrible. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad por hacer crecer este país.

 

22 centavos por cada tiempo de comida

Expedientes. Del año 2013 a 2016, existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes.

22 centavos de dólar por cada tiempo de comida. Esa es la cuota que Jorge le debe pagar a María, su expareja, para la manutención de su hijo de cuatro años. Según la cifra establecida en la Procuraduría General de la República (PGR), María debe poder alimentar a su hijo con $0.66 diarios, es decir, con $20 mensuales.

María tenía un empleo formal hasta hace una semana. Con ese salario intentaba cubrir las necesidades básicas de su hijo, pero los dueños cerraron la farmacia en la que ella trabajaba y la necesidad de una cuota alimenticia más alta para el menor se hizo más evidente.

Ella sabe trabajar desde niña. Su madre tiene una venta de comida en un municipio de Sonsonate y ahí conoció cómo es vivir el cansancio de los adultos. Mientras crecía ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, a preparar la comida y a vender frente al mercado.

La escuela fue la diferencia. Fue casi un descanso. Formó un grupo de amigas y se enamoró por primera vez. Cuando cumplió 15 años conoció a Jorge, su compañero de clases, y él le pidió que fuera su novia. Ella aceptó y dos años después quedó embarazada. Él vivía con su madre y María pensó que lo mejor era mudarse con ellos. Creyó que ahí viviría mejor y más tranquila. Tres años después, salió de esa casa con moretones en la cara.

“Nos separamos por el problema”, dice hoy que tiene 22 años. El problema fue que su expareja la golpeó en 2015. María regresó llorando a la casa de sus padres y denunció a Jorge. Un juzgado emitió una orden de restricción en la que se prohibía que Jorge se le acercara durante seis meses. A pesar de que él demostró ser violento, ella dice que ya no pidió que se renovara la orden de restricción “para no tener más problemas”.

María cuenta desde su casa materna que después de la golpiza le pidió a su madre que la acompañara a la sede sonsonateca de la PGR. Ahí solicitó ayuda para fijar un monto para alimentos.

“En la procuraduría me dijeron que como él solo estudiaba y no trabajaba, no tenía de dónde sacar dinero. Dijeron que solo $20 me podía dar porque era lo que podía ir recolectando de lo que supuestamente le da la mamá para la semana”, recuerda María.

En mayo la canasta básica por familia urbana costó $195.20, de acuerdo con cifras gubernamentales. El cálculo de canasta por familia se hace con base en un supuesto de 3.73 personas por familia. La cuota alimenticia que se le fijó a Jorge solo cubre un 10 % de dicha canasta.

Ahora Jorge ya cumplió 22 años y se encuentra estudiando una licenciatura. Pero aunque hayan pasado dos años desde la demanda, la cuota alimenticia que está obligado a darle a su hijo sigue siendo la misma: $0.66 diarios.

Asesoría. En este salón los usuarios de la Unidad de Familia de la PGR se reúnen con asesores legales para evaluar sus casos.

El promedio mensual de cuotas alimenticias que ingresaron a la procuraduría a escala nacional fue de dos millones de dólares entre enero y mayo de este año. Dos millones suena a mucho, pero los beneficiarios son 28,520 menores y cuando la cifra se divide entre ellos, se alcanza una media de $76 mensuales. O sea, $0.84 por cada tiempo de comida.

Gloria espera que la cifra que se logre fijar con el padre de su hija de siete años sea más alta que el promedio. Es una mujer de 28 años, de pelo rubio y labial fucsia. Cuando habla mira a los ojos de quien la escucha y no titubea. Ha venido este martes 4 de julio a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia a demandar a su expareja y ha pensado solicitar $100.

La menor estudia en un colegio privado de San Salvador donde cobran $25 mensuales. A ese gasto le debe sumar el de útiles escolares, uniforme, transporte y alimentación. La niña y el padre no se ven y ella explica que desde que se separaron no ha recibido apoyo paterno.

“Yo soy independiente. Nunca le había pedido nada, pero pasó el tiempo y dije: ‘Bueno, y ¿por qué dejarlo que esté sin responsabilidad?’”, dice Gloria.
Ella sabe que no hay respuesta para su pregunta y se muestra segura mientras espera sentada sobre unas sillas azules frente a los asesores legales de la PGR.

Por ahora lo único que teme es que el estilo de vida de su expareja no le permita alcanzar una cuota que sirva para compartir con equidad los gastos de la menor.

—Él no trabaja. Supuestamente lo tienen que evaluar y que no sé qué –dice Gloria como fastidiada mientras espera que la atiendan.
—¿De qué vive él?
—Solo de remesas. Por eso es que ni piensa en trabajar –responde antes de brindar sus datos frente a un escritorio.

Cuando Gloria entró a este edificio le dieron un número y así pasó al escritorio de un asesor jurídico a explicar su situación. El proceso de espera es similar al de los bancos. Y a pesar de que aquí también se discute en términos económicos, las historias que se escuchan en este lugar son íntimas y hablan de un país que descuida a sus propios hijos.

Gloria se suma a las 1,276 madres que hasta abril de este año demandaron a los padres de sus hijos por alimentos. El año pasado fueron 5,819 las mujeres que hicieron lo mismo.

Para iniciar el proceso ha traído la partida de nacimiento de su hija, su DUI y una dirección donde se puede contactar a su expareja. Con esa dirección se localizará al demandado y le enviarán una notificación. En ese papel se indicará la fecha y hora a las que será convocado para una audiencia conciliatoria. Usualmente, los procesos de este tipo toman dos meses para resolverse.

El día en que los dos vengan pasarán a una oficina llena de cubículos. Se sentarán al lado y frente a un empleado público tendrán que intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero que le corresponde dar al demandado. La audiencia puede terminar de dos formas: que se llegue a un monto por mutuo acuerdo o por “resolución”.

“La resolución ya no es voluntaria. Es impositiva”, explica un asesor legal de la institución. Cuando ni la madre ni el padre logran conciliar sobre la cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo en común, la procuraduría es quien decide. Y para eso pide pruebas de gastos de las dos partes y en ocho días hábiles comunica la cantidad.

Noel Galicia, asistente legal de la Coordinación Nacional de Familia, asegura desde su escritorio en el séptimo piso de la PGR que en esta institución no se están fijando aportaciones tan mínimas como de $20.

“La cuota alimenticia se fija con base en necesidades y a capacidades económicas”, sostiene. Él se empeña en afirmar que los montos que resultan extremadamente bajos son porque madre y padre así lo acuerdan.

“Nosotros no estamos avalando en ningún momento ese tipo de cantidades. No es posible que un niño y una niña pueda mantenerse ni siquiera con $20 o $25”, afirma Galicia. El asesor comenta que la media es de $50 y “se logra en gran parte a través de la conciliación”.

Sin embargo, otra empleada de este lugar confirma que, como sucede con los trabajadores informales, hay cuotas alimenticias que se fijan y son de solo $15 mensuales por cada hijo. Dicho de otra manera: $0.50 al día.

—Yo he sido irresponsable. Son cosas que se han salido del huacal –dice Erick, quien debe cerca de $1,500 a la madre de su hijo.

28,000. La PGR afirma que son 28,000 niños y adolescentes los beneficiados a partir de las cuotas alimenticias que en la institución se fijan.

Erick es un hombre fornido y de piel clara. La naturalidad con la que dice que ha sido un padre irresponsable sorprende a quienes lo escuchan. Ha venido a dejar a su hijo en la ludoteca de la Unidad de Familia a las 9 de la mañana. El salón está lleno de juegos de mesa, muñecas y animales pintados en las paredes. Es un lugar diseñado para que los niños esperen a sus padres mientras ellos deciden parte de su futuro frente a un funcionario.

Erick hala una de las sillas bajas de niños y se sienta en ella para explicar la situación que, según él, ha influido para que haya pasado un año sin que le brinde dinero a su hijo de seis años. El niño se mantiene a su lado y juega con hormigas de plástico. Está abstraído y parece no escuchar nada de lo que dice su papá.

Erick debía depositar $125 mensuales para la alimentación de su hijo. El problema –sostiene– fue que se vio obligado a renunciar a su trabajo por presión de pandilleros. Dice que también era el dueño de una pupusería, pero que la pandilla de la zona le empezó a exigir una extorsión mensual de $500. Él asegura que pagó $200 hasta que le llamaron desde un penal para exigirle más dinero. Entonces –relata– cerró el negocio y se quedó sin fuente de ingresos.

“Yo tengo los reportes de la Policía de parte del trabajo y de parte del negocio”, dice como intentando convencer a quienes lo escuchan. Afuera lo espera la madre del niño antes de entrar a la audiencia.
Que haya una cifra fijada legalmente no es garantía de que los menores se vean beneficiados. El dinero puede ser descontado en planilla como se hace con un préstamo o los demandados pueden ir a la PGR a pagarla de forma personal. Pero se ha comprobado que ninguna de las modalidades asegura que el dinero llegue de mes a mes.

Solo la mora de padres irresponsables de este año sobrepasa el medio millón de dólares. “El monto que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los padres del 1.º de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15”, afirma la PGR. Por otro lado, la mora de las madres demandadas por los padres durante el mismo período es de $8,490.43.

Ser irresponsable con los hijos es un delito. Y puede incluso llevar a la cárcel. Además de no poder salir del país, ni renovar licencia, se puede abrir un proceso judicial en contra del demandado.
En 2015 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un padre de familia por encontrarlo culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El juzgado logró comprobar que la madre y sus hijos sobrevivían en “condiciones de vida de precariedad”, y el padre –con el incumplimiento del pago– había causado “daños morales y patrimoniales a los menores”.

Audiencia conciliatoria. En esta etapa, las partes demandada y demandante se reúnen con un empleado público para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimenticia.

La pena de ese delito es de uno a tres años de prisión. Así, el tribunal condenó al padre irresponsable a 24 fines de semana de arresto. El juez Antonio Durán explica que en “en estos casos el condenado debe presentarse al penal desde las 7 de la mañana del sábado hasta la noche del domingo”. Además, esta pena no lo exime de su obligación de pagar alimentos.

Erick se ha presentado a esta cita para que su caso de mora no llegue a judicializarse. La madre del niño lo demandó otra vez. “Yo saqué el estado de cuenta. Y salió alta la mora”, explica la mujer con una voz cansada. Ella no es la única. Solo en los primeros cuatro meses del presente año, 875 mujeres demandaron a sus exparejas ante la PGR por esa misma razón.

Erick, porque así lo establece la ley, tendrá que darle dinero a su hijo hasta que cumpla los 18 años. Pero su responsabilidad no termina ahí. Si su hijo se mantiene estudiando después de haber cumplido la mayoría de edad, tiene buenas calificaciones y no se casa ni forma su propia familia, seguirá teniendo derecho a la cuota alimenticia hasta que se convierta en profesional.

Para Erick la urgencia actual es resolver la mora que mantiene con la madre del menor. Se levanta de las sillas pequeñas y se dirige a esperar audiencia junto con su expareja. Antes de salir, le hace un pedido a su hijo: “Jugá con los niños”, y señala a otros menores que juegan, entre risas. Pero el niño está desganado. Ve cómo su padre sale de la ludoteca y le responde que sí, pero sigue jugando solo con sus hormigas de plástico.

—¡Me encachimba, me encachimba! ¡Lo detesto! –dice una mujer mientras acelera el paso y sale de la Unidad de Control de Fondos a Terceros de la PGR. En este salón es donde se puede verificar si los padres ya depositaron el dinero o no.

La mujer, enojada, sale rápidamente y detrás de ella una joven con sus mismos rasgos camina con decepción.

—Ni modo, es lo único que la adolescente dice.

Ludoteca. En este espacio se calcula que cerca de 30 niños juegan a diario mientras sus padres resuelven asuntos legales como custodia, regímenes de visita y alimentación.

Conforme el día avanza, este edificio institucional se va llenando en su mayoría de mujeres. Aquí no solo se resuelven temas relacionados con las cuotas de alimentación, también se llevan procesos de reconocimientos de hijos, divorcios y cambios de nombre.

El problema de la fijación e incumplimiento del pago de alimentación no es solo de padres. También hay madres demandadas. En los primeros cuatro meses de este año, 15 hombres denunciaron a madres de familia para fijar una cifra en concepto de alimentos.

El año pasado fueron 1,226 los padres que demandaron a las madres de sus hijos por temas relacionados con el sustento de los menores, ya sea pidiendo un aumento, una disminución de cuota o porque las madres no cumplieron su deber.

“Le hacemos un llamado a los padres que tienen ese rol de padre y madre para que se acerquen a la procuraduría. Las cuotas no son para ellos, y no por esa cultura machista van a dejar de pedirla”, comenta Noel Galicia, asesor legal de la PGR.

En la procuraduría está claro que la mayoría de casos de abandono de los hijos se dan por parte del padre, pero también saben que existen casos, la minoría, en los que son los hombres quienes deben hacerse caso del cuido de los hijos. El asesor considera que el machismo del país influye en que esos pocos padres no se animen a demandar a las mujeres por miedo a que se cuestione su masculinidad.

El año pasado 176 padres de familia demandaron a las madres por alimentos por primera vez. De cada 100 personas que demandan a sus exparejas, solo tres son hombres.

Ese mismo año, 586 madres estaban registradas en la PGR como alimentantes. Y el monto total de sus aportaciones fue de $456,260.35. En promedio, la cuota entregada por mujeres es de $64.

De los 15 hombres que demandaron a madres los primeros cuatro meses de este año, dos dijeron que sus exparejas residen en el exterior. Cuando el padre o madre vive en el extranjero, el monto que reciben los menores es más alto que el promedio nacional.

Hasta mayo de este año 821 niños recibieron cuotas desde el extranjero. El efectivo lo enviaron 636 padres y madres. La PGR no cuenta con estadísticas actualizadas hasta el mes de junio, pero hasta el “31 de mayo del año 2017 (la cuota del extranjero) ascendió a $479,789.03”, respondió la institución en un escrito.

Cada mes ingresaron alrededor de $95,000 a El Salvador para alimentar a menores de edad. Dividido entre la cantidad de niños, la suma promedio que brindan los padres y madres en el exterior es de $116.

Incumplimiento de pago. Si los demandados se rehusan a cancelar las cuotas establecidas, no pueden salir del país, sacar licencia de conducir ni ser sujetos de crédito.

Con $0.66 centavos se pueden comprar pocas cosas. María, la joven de Sonsonate que cría a su hijo pequeño, lo sabe bien. En el supermercado de su municipio, con esas monedas se puede comprar un paquete de cuatro sabrosadores de carne, o chicles o un yogur pequeño. Si se propusiera comprar a diario la comida de su hijo con lo que recibe de cuota alimenticia, lo más que podría comprar en esta tienda sería una libra de arroz de $0.62. Nada más.

Cuando se le pregunta si ha considerado pedir que se revise su caso, ella responde de forma pesimista. “Lo he pensado, pero para no tener más problemas no he querido ir. Me van a decir que no”.

La procuraduría cuenta con un Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas alimenticias, pero María no cree que pueda salir favorecida en ese proceso. Una cosa la desanima: el contexto actual de Jorge es igual al que tenía cuando fue demandado en 2015. Sigue estudiando una licenciatura y sigue sin trabajar.

—A él le vale chonga –dice María. El pisto que da, me lo da su mamá –se queja.
Jorge visita al hijo en común constantemente. Ella cuenta que mantienen una relación normal. Le huye a la confrontación, pero sabe que carga la parte más pesada de la crianza. Ella también quería estudiar en la misma universidad que Jorge, pero no tenía los $50 mensuales que se deben pagar ahí. Tiene otros gastos prioritarios.

“En el súper gasto casi $50 y solo me dura 15 días. Le compro la leche, pámperes, jugo, galletas, gelatinas…”, María enumera la lista de compras para su hijo y agrega unos gastos imprevistos que desde lejos parecen mínimos, pero que en la economía diaria hacen la diferencia. “Ayer en la mañana, en un ratito… en cuestión de media hora, gasté casi tres coras comprándole una gelatina y un fresco”. Por ahora ella ha vuelto al negocio que conoce desde pequeña: ayuda en el puesto de su madre a preparar comida y vende frente al mercado.

*Algunos nombres han sido cambiados a solicitud de las familias.

Retroactividad. Las cuotas alimenticias solo se exigen desde el momento en el que se interpone la demanda. No pueden ser retroactivas desde que el menor nació.

La masacre de la que no hay registro

Sagrado. Esta placa se encuentra en El Llanito, un lugar sagrado para la comunidad indígena de Izalco. Se cree que aquí se encuentran los restos de muchas de las víctimas de la masacre de 1932.

A María Cruz Pérez le mataron a tres de sus familiares entre enero y febrero de 1932. Tuvo que esperar dos meses, hasta que el martes 5 de abril de ese año, a las 11 de la mañana, llegó a la Alcaldía de Izalco a decir algo que nadie más se había atrevido a declarar ante las autoridades locales. Dio los datos para crear el acta de defunción de su esposo Felipe Tiguin y de sus cuñados José y Andrés, muertos en medio de la persecución indígena. Los tres eran jornaleros.

Tesoros. Los dos libros más preciados de Benjamín Arucha en el archivo
de la Alcaldía de Izalco son el de las actas de defunciones y
el de las actas municipales, ambos de 1932.

“Felipe Tiguin, varón indígena de 30 años de edad falleció el 29 de enero pasado en el barrio Dolores de esta ciudad, murió trágicamente sin asistencia médica”, reza una de las actas. María Cruz Pérez declaró, pero no firmó ninguna acta. No sabía leer ni escribir.

Los tres parientes de María Cruz Pérez fueron los primeros indígenas cuyas muertes trágicas se registraron en la Alcaldía de Izalco. Fueron de los pocos indígenas asesinados de ese municipio de los cuales quedó constancia. Ninguno de los empleados actuales de la alcaldía se explica cómo, en unos tiempos en los que se perseguía a los indígenas hasta la muerte, esa mujer se atrevió para romper el anonimato oficial en el que habían quedado esos difuntos y pedir que sus nombres y fechas de muerte quedaran por escrito.

María fue la primera viuda en declarar que su esposo indígena había muerto tras los sucesos de 1932. Entre abril y agosto de ese año, otras personas, en su mayoría mujeres, hicieron lo mismo. Se acercaron a la alcaldía para sacar el acta de defunción de sus familiares fallecidos durante las semanas en las que se llevó a cabo la matanza campesina más grande del siglo XX en el occidente del país.

Estos datos están en el libro de actas de defunciones de 1932 que resguarda el archivo de la Alcaldía Municipal de Izalco hasta el día de hoy. Además de ese libro remendado y manchado, que tiene páginas llenas de cinta adhesiva, hay también otros documentos que dan cuenta de la masacre.

Las condiciones del archivo no son las más favorables ni ayudan a preservar sus documentos. A pesar de que estos dan cuenta del inicio del Martinato, de la crisis étnica de El Salvador y del accionar de un presidente derrocado, la documentación se mantiene en un espacio que no cumple con las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Esos archivos dan pistas sobre el calibre de la masacre indígena en Izalco y de cómo la municipalidad de hace 85 años se encargó de sepultar no solo cadáveres, sino las oportunidades de una raza entera.

Los muertos oficiales de 1932

Documentos. Esta es una de las actas que María Cruz Pérez se animó
a tramitar tras la muerte violenta de tres de sus familiares,
en el Izalco de 1932.

El libro de actas de defunciones izalqueñas de 1932 recoge que ese año en el municipio murieron 439 personas por diferentes causas. Solo 24 de esas muertes, de acuerdo con el registro, fueron violentas. La documentación local dice que la mayoría de personas fallecieron a causa de enfermedades como fiebre, indigestión, paludismo, bronquitis, lombrices y cólicos en el estómago. Investigaciones posteriores demuestran que esa versión oficial es una manipulación de la historia y la negación de un genocidio.

La alcaldía izalqueña cerró enero con actas de defunción de 34 personas. Eso a pesar de que en ese mes las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, según historiadores. De los 34 fallecidos que la comuna contabilizó al cierre del mes, solo se escribió de la muerte violenta de una persona.

“Salvador Angulo, varón ladino de 17 años de edad, soltero, panadero, falleció el 11 del corriente a las diez horas a consecuencia de una lesión que se causó con arma de fuego en la sien derecha”, se lee en el acta número 13.

“Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5,000 y 35,000”, escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia (enero-diciembre 2004). Algo se tiene claro: los asesinatos sobrepasaron el millar de personas en las poblaciones de Tacuba, Ahuachapán, Sonzacate, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Colón e Izalco.

La historia de la masacre de miles de indígenas comenzó la medianoche del 22 de enero, cuando cientos de jornaleros (en su mayoría indígenas) se armaron con machetes y se abalanzaron contra haciendas de terratenientes y cuarteles al occidente del país. La insurrección campesina, harta de las profundas desigualdades económicas, demandaba mayor acceso a la tierra.

La respuesta del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue brutal. Para someter a los rebeldes, ordenó asesinar a todo aquel que pareciera indígena. “Uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina”, llama a este suceso el investigador Erik Ching.

Por dicha represión, que se extendió semanas después del asalto a cuarteles, es que nadie en la Alcaldía de Izalco puede explicar cómo esa mujer, María Cruz Pérez, tuvo el valor de declarar la muerte de su esposo y cuñados en abril del mismo año.

El libro de defunciones de 1932 de Izalco permite establecer la existencia de un subregistro de asesinados. Las actas sostienen que en el transcurso de todo ese año, solo 24 personas murieron de forma violenta en este municipio. Al menos 21 de esas muertes sucedieron a finales de enero e inicios de febrero. No es casualidad que la mayoría de muertes violentas coincidan en fecha. Ese fue el periodo en el que se ha documentado la persecución contra los indígenas. De esos 21 difuntos, solo cuatro eran ladinos.

Para entonces en la alcaldía se hacía un consolidado de muertes al final de cada mes. Con caligrafía de carta se escribía en una columna las causas del deceso de los fallecidos. A partir de la declaración de María Cruz Pérez, ese año se agregó otra categoría entre las causas de muertes. De un listado de padecimientos como paludismo, bronquitis e indigestión, otra palabra salta a la vista: “trágica”.

Esa palabra, según Benjamín Arucha, el encargado actual del archivo de la comuna, sirvió para identificar a los asesinados por sospechas de ser comunistas. Para él, la prueba es que ese término se ocupó en documentación oficial como la causa de muerte de uno de los líderes del levantamiento campesino: Feliciano Ama.

Ama era un jornalero. Se casó con la hija del cacique Patricio Shupan y de él heredó su influencia en la comunidad indígena. Su acta de defunción dice que fue ahorcado en público el 28 de enero y la tradición oral registra que su cadáver se dejó colgado varios días para que sirviera como advertencia. Nadie más debía rebelarse si no quería terminar de esa forma. Y a pesar de que la mayoría del pueblo sabía que esa persona estaba muerta, el primero de junio de 1932, Josefa Shupan, la hija del antiguo cacique, llegó a las 8 de la mañana a la alcaldía para crear el acta de defunción de su esposo.

El acta de defunción de Ama se encuentra en una página amarillenta y marcada con un post-it azul que alguien pegó para encontrar el escrito más rápidamente. Ahí se lee “José Feliciano Ama, varón indígena de 55 años de edad, casado con Josefa Shupan, sobreviviente de este origen y vecindario, jornalero, originario y vecino de esta ciudad, murió el 28 de enero del corriente año trágicamente a las 15 horas en el barrio Asunción de esta misma”.

Ochenta y cinco años después, frente a estas páginas históricas, el encargado del archivo de Izalco y guardián de estos documentos afirma que conoce a algunos descendientes de los indígenas que aparecen en ese libro por haber tenido una “muerte trágica”. Después de revisar los archivos, hace un comentario sarcástico, una denuncia tímida: “La palabra trágica es común y es raro que tanta gente se haya muerto trágicamente”.

Historia. Benjamín Arucha es quien está a cargo del archivo de la Alcaldía de Izalco. No cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los requisitos para preservarlos.

El archivo, patrimonio de la Alcaldía de Izalco

Sin huella. Los archivos dan cuenta de los esfuerzos por no
dejar registro escrito de lo que sucedió a finales de enero de 1932.

Benjamín Arucha es un hombre pequeño y moreno. Dice que estudió hasta bachillerato, luego trabajó como administrador en el mercado municipal y ahora se encarga de clasificar, restaurar, ordenar y resguardar el archivo de Izalco. Es de apellido, rasgos y familia indígena. Entre miles de libros, encontró en 2003 la documentación oficial del intento estatal por hacer que personas como él desaparecieran hace 85 años.

Por eso no pudo evitar sorprenderse cuando se topó con agradecimientos oficiales de Izalco hacia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, “por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas”.

Los dos libros más preciados de Benjamín que pertenecen al archivo izalqueño son el de acta de defunciones de 1932 y las actas municipales de ese mismo año. Dice que, entre sus ocupaciones, a veces saca tiempo para sacudir el polvo que se posa sobre esos documentos con el paso de los meses. El valor que les da a los archivos no es en vano o por capricho. De acuerdo con el historiador Roberto Turcios, registros como estos sirven para construir la memoria de un país.

“Además de ayudar a construir la memoria histórica, son fundamentales para las investigaciones históricas”, dice. Turcios opina que esta clase de archivos constituyen una “huella de lo que pasó, pero no hay información fidedigna. Hay, clarisímamente, un subregistro”, explica.

El investigador Óscar Meléndez es uno de los autores que más ha investigado ese subregistro. Él se dio a la tarea de revisar el “Anuario Estadístico” de los años en los que el general Hernández Martínez gobernó y encontró que, según las cifras estatales, en 1932 solo 1,081 ciudadanos fallecieron por muerte violenta.

“Un análisis acucioso de las estadísticas gubernamentales podría llevar a concluir que no fueron exactas o que fueron parcializadas, debido a que, por ejemplo, hacia 1932 no se contabilizan las muertes causadas durante la matanza; las que en las últimas investigaciones se cuentan por varios miles”, escribió el autor en su investigación “Homicidio, justicia y práctica durante el Martinato”, de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte.

Los dos libros que Benjamín considera joyas históricas no se encuentran en el archivo central de la alcaldía izalqueña. “A partir de 2003 empecé a leer estos archivos y les he guardado el interés –cuenta– los he guardado por un lado y por el otro, porque la gente los trata mal”.

El maltrato se observa en las páginas rotas con bordes doblados y las pastas deshilachadas. Estas actas son más que meros registros. Son los únicos documentos oficiales de Izalco que dan cuenta de una de las masacres más grandes del occidente de El Salvador. Ayudan a explicar por qué la comunidad indígena de hoy vive marginada, despojada de tierras, costumbres y hasta de su propia historia.

“El acta de defunción de Feliciano Ama no la he visto, para serle sincera”, confiesa Betty Pérez, la coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Ese consejo fue creado en 1992 y agrupa a 23 organizaciones de pueblos originarios. Betty Pérez tiene cinco años de ser su coordinadora nacional y afirma que no conoce “muchos documentos oficiales” sobre la matanza de 1932. Por décadas las organizaciones indígenas, comenta Pérez, se han dedicado a entrevistar a sus ancianos para poder reconstruir su propia memoria.

Esos libros históricos que podrían ayudar en la reconstrucción de memoria se guardan en espacios separados. El encargado del archivo llegó a la conclusión de que el cuarto del archivo central no era lo suficientemente grande para toda la documentación de la comuna y se realizaron algunas mudanzas.

El libro de actas de defunciones se resguarda en la oficina de registro del Estado Familiar de la alcaldía. Ese es un cuarto que tiene estantes rozando una pared lateral en los que se mantienen las actas de nacimiento y defunciones de miles de personas. Ese cuarto está abierto al público, pues ahí algunos funcionarios tienen sus escritorios y atienden a usuarios. Ahí, como si fuera un nombre más, se encuentra el acta de defunción de Feliciano Ama, quien se convirtió en insignia de la lucha campesina.

El otro libro que más valora Benjamín –el de actas municipales en el que la alcaldía le agradeció al presidente Hernández Martínez por haber mandado a sus tropas a matar indígenas– se resguarda en una casa anexa a las oficinas centrales de la alcaldía. Al fondo de esa casa hay un cuarto de 19 metros cuadrados. Ahí se le autorizó a Benjamín para trasladar algunos documentos. A pesar de tener estantería nueva, es un “área que no es correcta ni cumple los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ya no tengo la saturación de documentos”, explica el encargado.

En este anexo Benjamín ha colocado actas del siglo XIX que él mismo ha intentado restaurar. Las portadas y contraportadas de algunos libros son cajas de cartón que ha recortado y añadido a las páginas en una especie de empastado artesanal.

Esta es una ciudad donde lo frágiles que pueden ser los libros en los que se esconde la historia se pone en evidencia. A finales de diciembre del año pasado y antes de hacer la mudanza de cientos de libros hacia este cuarto, Benjamín empezó a ordenar los documentos del archivo central según unos lineamientos que el IAIP le brindó. Tuvo que reclasificar algunas cosas y mover algunos muebles del archivo central de la alcaldía.

El 22 de diciembre él fue a pasar consulta al Seguro Social. Cuando volvió a su archivo, se encontró con una sorpresa. Calcula que eso de las 10 de la mañana, a un estante se le “dobló una pata” y cayó sobre otro. Con el otro mueble pasó igual y el archivo “se vino todo abajo como si era juego de dominó. Todo, todo cayó en el suelo”. Pero, cuando se le pregunta si estos libros de 1932, los que cuentan la historia de una herida profunda, también terminaron en el suelo, él asegura que no. Que estos documentos estaban en un estante al fondo que, como la comunidad indígena, resistió ante la debacle.

La alcaldía le agradece al dictador y sepulta al indígena

El lunes 25 de enero de 1932, el consejo municipal de Izalco (llamado entonces corporación municipal) se reunió y nombró un alcalde transitorio. Diversos investigadores han calculado que en el levantamiento indígena los campesinos mataron entre 50 y 100 personas. El alcalde de Izalco, Miguel Call, fue uno de los asesinados. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por “lesiones sin asistencia médica” el 23 de enero de 1932.

El lunes, la ciudad llevaba dos días sin líder en la comuna. A pesar de que fue la primera reunión extraordinaria de la alcaldía que se sostuvo tras el levantamiento campesino, este tema fue omitido y solo se mencionaron por escrito “los acontecimientos ocurridos”.

“Con motivo de los acontecimientos ocurridos en esta ciudad y habiendo muerto trágicamente el señor alcalde propietario don Miguel Call, (se) acuerda: depositar la alcaldía en el regidor primero don Juan Rivera Menéndez”, se puede leer en el acta. Las investigaciones posteriores dictan que en esa fecha la cacería contra miles de indígenas ya había comenzado. Pero ese día la alcaldía nombró a una comisión formada por tres personas solo “para que pase a la casa de la familia doliente (alcalde) a hacerle presente nuestro profundo pesar”.

La información se lee en el libro de actas municipales de Izalco, un libro con pasta verde oscuro y sucio con bordes dañados por el uso y paso del tiempo. Algunas de sus páginas están subrayadas con lápiz y la portada está manchada con plumón azul y rojo. Este libro habla de la crueldad con la que la esfera ladina y poderosa de la ciudad interpretó la matanza.

El levantamiento tuvo un efecto adverso al que se planteaba. En lugar de más libertades, la alcaldía estableció medidas severas contra los indígenas. El 3 de febrero la municipalidad acordó un reglamento de aguas para regar las tierras del municipio en el marco de su “deber primordial de velar por los intereses del conglomerado social”.

Los indígenas fueron vistos como un obstáculo para fomentar la agricultura. De acuerdo con esta acta, la agricultura experimentaba problemas por estar “tropezando con muchas dificultades en los riegos de terrenos que han permanecido en poder de la clase indígena, quienes siempre han puesto obstáculos injustificables al elemento ladino que se dedica a la siembra de cereales en la estación seca”.

El nuevo reglamento de aguas estableció cuánto se debía pagar por el agua recibida e hizo una aclaración: La “municipalidad (…) acuerda que desde esta fecha en adelante quedará el servicio de las aguas de riego de terrenos a cargo de esta corporación, no reconociendo ningún derecho que los indígenas pretendan tener por no estar reglamentado conforme a la ley”.

A partir de estos documentos es posible establecer que no solo la vida de los indígenas fue arrebatada. Los documentos hablan del despojo de vida y agua para la clase indígena. Pero eso no les fue suficiente. Una semana había pasado desde el levantamiento campesino cuando las autoridades municipales, según registros, decidieron que intentarían arrebatarle las imágenes de santos a las cofradías de los indígenas.

“Siendo muchas las cofradías de imágenes entre la clase indígena que acaparados por ellos mismos hacen sus grandes reuniones (…) se ha tomado de la determinación siguiente: que se pida autorización del señor gobernador político departamental para recoger todas las imágenes existentes entre los indígenas para colocarlas en el templo. En la actualidad las imágenes siguen como patrimonio en las familias indígenas. Es herencia y forma de organización de un pasado que intentó ser anulado.

El 6 de febrero de 1932, los integrantes de la corporación municipal de Izalco no se preocuparon por contar los cadáveres que quedaron en el pueblo o relatar cómo campesinos que no tuvieron nada que ver en la revuelta rebelde fueron asesinados. Ese día, la corporación se reunió para felicitar “al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el justo y merecido reconocimiento que la honorable Asamblea Nacional Legislativa ha hecho de su gobierno que él dignamente preside y al mismo tiempo le ofrecemos nuestra adhesión y simpatía”.

Maximiliano Hernández Martínez gobernó el país durante 13 años y llegó a la presidencia tras un golpe de Estado. Izalco se preocupó por dejar constancia de su apoyo a la presidencia.

Así, la adhesión de las autoridades locales hacia el presidente se puso en evidencia en otro párrafo de la misma acta: “Esta corporación en nombre del mismo pueblo izalqueño y el suyo propio rinde sus más expresivos agradecimientos al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas que estaban en su obra destructora sembrando el terror en toda forma entre la gente honrada y pacífica de la ciudad. Dichas tropas al mando de sus dignos jefes oficiales procedieron con mucho tino para recuperar la plaza y no tardaron mucho tiempo en lograrlo sin tener que lamentar ni una baja y de no haber procedido así con tanto tino y valentía a esta hora la ciudad entera hubiera perecido bajo el terror de las hordas comunistas”.

Las actas municipales cuentan la historia de los ladinos, pero omiten mencionar la cantidad de bajas de los indígenas o de los que fueron calificados como comunistas. En su libro “Democracias y tiranías del Caribe en 1940”, el periodista de la revista Time, William Kerhn, quien cubrió el conflicto político de El Salvador en la década de los cuarenta, menciona una entrevista al general Hernández Martínez en la que el mandatario “insistió en que el ejército había matado solamente dos mil campesinos”.

Dilema. El IAIP ha hecho llegar instrucciones de cómo se deben
almacenar los documentos para poder mantenerlos en buen estado por más
tiempo, pero la alcaldía no cuenta con suficientes recursos
para adquirir lo necesario.

Las recomendaciones del IAIP se estrellan en la realidad

“El nivel de avance de la gestión documental y de la protección de documentos en este municipio no es sobresaliente. Las condiciones del archivo no son las más favorables”, sostiene René Valiente, jefe de la Unidad de Fiscalización del IAIP.

Al igual que el historiador Turcios, el funcionario del IAIP sostiene que la importancia de estas páginas radica en que son un insumo para investigar “las reacciones de la época y ver cuáles fueron las condiciones previas a lo sucedido en 1932”. Además, sirven para entender “uno de los hechos históricos más relevantes después de la época colonial, un capítulo que no ha sido cerrado”.

En el plano de lo ideal, la municipalidad de Izalco debería tener control sobre la ventilación de su archivo, la humedad del aire, la iluminación y control de la temperatura para evitar que los documentos se desgasten más. Sin embargo, las recomendaciones del instituto chocan con la realidad presupuestaria de la alcaldía, en la que ningún salón tiene la tecnología necesaria para poder asegurarlos de manera ejemplar.

Las recomendaciones del instituto no abarcan solo lo que debe hacerse para preservar documentos históricos, también dan una guía sobre cómo deben crearse los nuevos documentos de la alcaldía para que resistan el paso del tiempo.

El 9 de junio, Día Internacional del Archivo, el IAIP le entregó a una comitiva de la alcaldía una caja que contiene ejemplos del material con el que deben crear sus documentos. De acuerdo con el instituto, la papelería oficial de las alcaldías debe crearse en hojas libres de ácido en lugar de papel bond.

La caja también incluye una muestra de varios clips y fasteners de plástico que podrían usarse para descartar los metálicos. Estos materiales terminan oxidándose y manchando las páginas. Benjamín duda de la posibilidad de poner en marcha el uso de estos insumos porque implica un mayor gasto. “Esto es más caro. Está difícil porque en algunas jefaturas hay quejas de que no hay presupuesto y no le dan importancia a esto también. Solo hemos hecho un poquito de lo que está sugerido”, explica.

En decadencia. Algunos documentos han sido reparados con cartón y
cinta adhesiva. No hay, ni en esta alcaldía ni en el país, un esfuerzo
integral por mantener en buenas condiciones los documentos históricos.

Tras unas visitas a las municipalidades, el IAIP dará a finales de este mes una calificación a los archivos de algunas alcaldías. A partir de ahí emitirá más recomendaciones y una hoja de ruta para el resguardo de los documentos. Pero, al final, reconoce René Valiente, el instituto solo tiene un programa de acompañamiento y el cuido de los documentos “requiere, sin duda, de la voluntad política de parte de la municipalidad”.

El problema de bajos presupuestos para la gestión de archivos no sucede solo en alcaldías y pueblos pequeños. Ocurre en el mismo Archivo General de la Nación. José Amaya, técnico restaurador de documentos históricos, explica desde el Palacio Nacional de San Salvador que varias veces en su trabajo, en lugar de usar un papel japonés especial para pegar hojas que se han roto en documentos oficiales, se han ocupado tiras de papel “de pupusería”. Luego, Amaya muestra unas hojas de ese papel semitransparente que ocupa para unir pedazos de páginas rotas o rasgadas. En Izalco, eso se resuelve con cinta adhesiva.

Símbolo. En El Llanito es en donde cada año
se hacen los actos de conmemoración de la masacre.
Se ha identificado la zona con esta placa y una gruta.

85 años después de la masacre indígena, otra mujer que no sabe leer –como la primera en declarar la muerte de sus parientes indígenas en 1932– llega este lunes de junio la alcaldía.

Con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar, la mujer de 40 años le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y está enferma de gravedad. Está preocupada porque tiene una sospecha: teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta:

—¿Va que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción?– pregunta con semblante serio.
—No– responde Benjamín Arucha.
—Vaya– dice, ya tranquila, la mujer y luego sonríe, casi avergonzada– ¡y la gente que le mete miedo a uno!

Benjamín le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento o el Documento Único de Identidad de su madre no es una falta grave y que, si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y resolverán el papeleo para crear el acta de defunción. Hay algunas preocupaciones que no tienen caducidad.

Después de atender a la mujer, Benjamín parece contrariado por su pueblo. Habla de lo poco que conocen los habitantes de este municipio sobre los acontecimientos que mancharon de sangre sus calles principales. “Me da cólera –dice sobresaltado–, los izalqueños no nos interesamos por nuestra historia”. Mientras habla, pone cara seria y da golpes sobre la mesa con su mano izquierda y derecha en una coreografía improvisada por la indignación.

El etnocidio comandado por Maximiliano Hernández Martínez logró su cometido en el occidente del país. En 1930, Izalco tenía 19 mil habitantes. Dos mil sabían leer y 17 mil eran analfabetas. Era una de las zonas del país con mayor presencia indígena y donde la figura del cacique estaba acompañada de poder. En 2007, el municipio contaba con 79,959 habitantes y el rechazo a lo indígena se asimiló de tal manera que, en el último censo poblacional, solo 154 izalqueños se identificaron a sí mismos como nahua-pipiles.

En “Historia Mínima”, un libro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se asegura que “no existe manera de determinar el número de personas muertas (en la masacre del 32). Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto”. No obstante, los archivos de la Alcaldía de Izalco sí hablan sobre la frialdad con la que se documentó un hecho que intentó sepultar la identidad originaria de todo un pueblo.

 

La clínica de la nicotina

Terapia de grupo. Pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco del ISSS se informan sobre los químicos del tabaco.

—¿Para qué les voy a mentir? Yo aquí ando mis cigarros –dice Stanley mientras se toca la bolsa derecha del pantalón.

Tiene 49 años, aprendió a fumar a los 11 y ha llegado a fumar más de 60 cigarros al día. Ahora quiere dejarlos pero no ha sido capaz de llegar sin ellos a esta, su primera sesión de terapia. Se presenta y un grupo escucha su testimonio en el auditorio de especialidades del Seguro Social.

—¡Bótelos! –le grita alguien desde el fondo del salón. Stanley no responde.
—A pues, repártalos –le ordena un anciano.
—Denos cigarros a nosotros. Denos uno a cada uno –dice otro hombre del salón.

Stanley se mantiene serio. Parece no entender muy bien qué pasa ni por qué un grupo de personas que ha dejado de fumar le pide compartir su vicio. Algunos comienzan a reírse y le explican que si él les entrega sus cigarros, ellos pueden tirarlos por la ventana.

Este jueves 1.º de junio, 14 personas adictas a la nicotina se han anotado en la lista de asistencia de la terapia. Todos pertenecen a la Clínica de Cesación de Tabaco del ISSS. La clínica fue creada hace 25 años. En ella tratan al tabaquismo como una enfermedad y a los pacientes se les brinda acompañamiento psicológico y medicamento para que dejen de consumir su droga: la nicotina.

En esas más de dos décadas, la médica fundadora ha visto pasar (y morir) a pacientes con cáncer, enfermedades coronarias y problemas respiratorios crónicos. Aquí se reúnen los que todavía no están desahuciados. Los que aún tienen una oportunidad para abandonar el tabaco antes de que los mate.

Entre los asistentes de hoy hay un hombre de 40 años que acaba de sobrevivir a un ataque cardíaco provocado por su vicio. Fumar mata a 20 hombres cada semana en El Salvador. Así lo afirma el Atlas del Tabaco de la Asociación Americana del Cáncer y la Fundación Mundial del Pulmón. Estos datos indican que, en promedio, cada día tres salvadoreños mueren por el cigarro.

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Tratamiento. Los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco reciben un sustituto de nicotina en espray que les ayuda a superar la ansiedad de fumar.

La terapia grupal se realiza todos los lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana en un auditorio en el sexto piso. Liliana Choto de Parada es la fundadora de la Clínica de Cesación del Tabaco y está cansada porque subió por las gradas hasta acá. Ella dice que los elevadores le producen claustrofobia. Ingresa al auditorio donde ya la esperan sus pacientes y empieza a toser. Uno de los que esperan, como quien devuelve un regaño, le dice entre risas que deje de fumar para que se le quite esa tos.

La médica no fuma, aunque un par de días atrás ha aceptado que, cuando era joven, sí probó los cigarros: “Yo fumé en mi época de juventud. ¿Cómo no íbamos a fumar si en los 70 todo mundo fumaba? Ahí no había restricciones”. Cuando era joven no había restricciones, pero en la década pasada ella fue una de las personas que tuvieron mayor incidencia para que en 2011 se aprobara la Ley para el Control del Tabaco. Por su trabajo ha sido nombrada Heroína de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Choto de Parada es neumóloga del Seguro Social. Regresó de México en 1991 con una subespecialización en cesación del tabaco y para 1992 ya había instalado su primera clínica en la Unidad Médica Atlacatl.

Dice que su vocación nació cuando vio la muerte que provoca el tabaco. “Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

La dinámica de la sesión de terapia es sencilla. La doctora da la bienvenida y pregunta si alguien quiere dar su testimonio. En el salón hay personas que han dejado de fumar hace ocho años, otros hace dos meses y otros que solo llevan una hora sin nicotina.

“Hace 14 días que no fumo”, dice Juan Solórzano, un hombre de 61 años. Él celebra su logro y habla de su vicio con distancia, como si hubiera dejado de fumar hace 40 años. Mientras da su testimonio, la doctora Choto de Parada proyecta una presentación de Power Point en la pared detrás de él.

Una de las diapositivas es una foto de 2008 en la que aparece al centro el expresidente Antonio Saca acompañado por Choto de Parada y otros doctores. La médica asegura que la fotografía fue tomada en Casa Presidencial. Esa vez –cuenta sin que la escuchen los pacientes– le pidió al expresidente que interfiriera para que El Salvador ratificara un convenio internacional que implicaba un mayor control de los cigarrillos. “Él dijo que ese tipo de acuerdos no le convenían al país. Y ahí salimos todos con la cabeza gacha”, afirma Choto de Parada.

“Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

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La sesión sigue su curso. “Mi problema son las emociones”, dice Érick para explicar su adicción. Su nombre es otro pero pide que no se revele porque también pertenece a un grupo de alcohólicos anónimos. Es un hombre alto y moreno de 52 años que fumó durante casi cuatro décadas.
Cuenta que empezó a consumir drogas a los 11 años. Dice que fue adicto al alcohol, a la marihuana, al crack y la cocaína, pero que ninguna sustancia fue tan difícil de dejar como la nicotina.

Pero el problema son las emociones, repite Érick. Aquellas que quiere callar o exaltar con las drogas. “La abstinencia es yuca”, afirma, y el resto asiente. Cuando una persona deja de fumar, puede experimentar ansiedad, nerviosismo, problemas para concentrarse, cambios de humor abruptos, sudoración de manos, insomnio y cambios en el apetito.

En la clínica controlan la abstinencia dando dosis bajas de nicotina vía spray nasal. Choto de Parada lo explica así: “Cada cigarrillo tiene entre 10 y 12 miligramos de nicotina y estos medicamentos en spray tienen microgramos. Se les pone en cada fosa nasal y ahí esa pequeñita dosis de nicotina se absorbe y se calma la ansiedad de fumar”.

La cobertura total de la terapia de sustitución de nicotina no es la regla en la región. De un total de 35 países que la OPS estudió en 2014, solo seis países cubrían para entonces los costos de dicha terapia: Brasil, Panamá, Surinam, Uruguay, Venezuela y El Salvador.

Érick cuenta que hasta hace dos años, cuando todavía no había dejado de fumar, su compañera de vida lo regañaba. Ella no toleraba el humo. La OMS sostiene que el tabaquismo mata anualmente a 7 millones de personas en el mundo y alrededor de 890,000 de esos fallecidos son personas expuestas al humo de tabaco ajeno.

De eso también entiende Toño, un hombre de la tercera edad que dejó de fumar hace seis años, pero sigue asistiendo al grupo, como quien teme recaer. Toño fumó por cuatro décadas. Así lo contó un par de días antes a esta sesión. Cuando él cumplió 42 años perdió la dentadura completa. Su trayectoria como fumador le dejó la pérdida de los dientes, un colchón quemado de la vez que se durmió con el cigarrillo encendido, dos quemadas a su perro y, lo que más le duele, el hecho de que su hija de 17 años y su esposa desarrollaron asma y no respiran bien: “Mi hija me ataca, me dice que por fumar la dejé dañada”.

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Exfumador. Un paciente da su testimonio frente a otras personas que luchan contra su adicción a la nicotina. El hombre de la foto llevaba 16 días sin fumar. “A lo macho, ya no fumo”, dijo.

A las 9 de la mañana y después de oír los problemas y las culpas que algunos exfumadores cargan consigo, el auditorio del ISSS se vuelve un lugar más sombrío. Es la hora del receso y algunos se levantan y caminan hacia una mesa al fondo del salón donde se sirven café y pan dulce. El hombre que recién sale de una crisis por paro cardíaco se va de la sesión y no regresa más. Otro paciente, nuevo también, muerde un palillo blanco de los que se usan para mover el azúcar cuando se endulza el café. Cuando habla, sostiene el palillo en la mano como se sujeta un cigarro. Él ha fumado durante 27 años y aún no ha parado. A diario consume 20 cigarros. “Hoy fumé dos y ya estoy con el deseo de salir a fumar”, dice. Todo el receso se mantiene sentado.

Después de unos minutos, la psicóloga del grupo, Yanet Portillo, toca una campana similar a la que cuelga de los carretones de venta de helados. Los asistentes siguen platicando entre ellos como niños en recreo. Portillo sigue tocando la campana hasta que los pacientes –en su mayoría hombres de la tercera edad– le hacen caso y se sientan.

Es el turno de la única fumadora que ha asistido a la reunión. Es alta, delgada, usa un vestido largo, collar y aretes. Está bien maquillada y tiene el cabello recogido. No es coincidencia que solo haya una mujer fumadora en este salón. El consumo del cigarrillo está marcado por el sexo. El Atlas del Tabaco indica que en El Salvador 62,000 mujeres fuman a diario, mientras que la cifra de hombres fumadores asciende a los 370,000.
La mujer de apariencia elegante dice apenada que hoy no quería hablar, pero que la psicóloga la convenció.

“No quería pasar acá y decir que he recaído”, confiesa. Luego relata que ha sido fumadora por 23 años. Vino a la Clínica de Cesación del Tabaco por primera vez hace seis meses, pero ahora está pasando por problemas y ha vuelto a fumar. Cálculos de la Clínica de Cesación del Tabaco indican que el 28% de sus pacientes recae al mes de asistir al proceso y que la cifra de recaída aumenta al 35 % o al 40 % al año.

Un hombre gordo sentado en las primeras filas la interrumpe. En su voz hay un tono paternal. “¡No compre cigarros! Métaselo en la cabeza”, le dice. El hombre frunce el ceño y junta los dedos de las manos para colocarlos sobre su frente dándose golpes pequeños: “¡No compre! Métase eso en la cabeza”.

El artículo 9 de Ley para el Control del Tabaco establece que está prohibida la venta de cigarros por unidades. Esta medida tiene como objetivo reducir el consumo de tabaco haciendo más difícil su adquisición. Si la ley se cumpliera, las personas que los venden serían multadas con $57. Si la ley se cumpliera, los negocios que están a 3 minutos de esta terapia con canastos llenos de cajetillas en la acera del Hospital de Especialidades serían multados. Ahí se compra un cigarrillo por $0.25.

Otro paciente parece estar más conmovido por la historia de recaída de la mujer. “Licenciada, ¿por qué no le da un spray?”, le pregunta a la psicóloga. La psicóloga responde que la mujer dejó de llegar a la clínica, por eso no tiene ahora mismo un sustituto de la nicotina que la ayude a superar la ansiedad para fumar. Luego, le señala a la paciente: “Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoce el proceso para dejar de fumar”. La mujer, mitad apenada y mitad reanimada, hace una mueca de sonrisa y respira profundo.

***

Gasto estatal. De acuerdo con cifras de FOSALUD, El Salvador destina $53 millones para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco.

Entre testimonios de las personas que han dejado de fumar y otras que aún luchan contra sus propios deseos, las 2 horas de la sesión pasan rápido. Una trabajadora social que se sienta al fondo del salón empieza a revisar papeles. Para estar acá, algunos de los pacientes piden permiso en sus trabajos y la clínica les da una constancia.

La psicóloga de la clínica se encarga de que la última parte de la terapia grupal sea un resumen de instrucciones para los pacientes nuevos: deben fijar un día de la siguiente semana para dejar de fumar y comprar solo los cigarros necesarios para llegar hasta ese día. Deben llegar el siguiente lunes con 24 horas de abstinencia para conocer cómo reacciona su cuerpo ante la ausencia de nicotina y saber qué medicinas debe recetarles la neumóloga.

Las cifras estatales confirman esa sentencia. El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) sostiene en su página web que “se estima un gasto de más de $53 millones anuales para la atención de algunas enfermedades respiratorias asociadas al consumo y la exposición de humo de tabaco”. Ahí mismo se afirma que la recaudación de impuestos del tabaco en 2016 fue de $ 28.1 millones.

La OMS sugiere que para reducir el consumo de tabaco, el impuesto de los cigarros debe aumentarse hasta el 70%. En El Salvador ese impuesto ronda 52 %, de acuerdo con el Informe sobre el Control de Tabaco de la Región de las Américas.

Mientras se llega la hora de salida, los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco escuchan las instrucciones de la psicóloga Portillo. Aunque para la mayoría es un discurso que se repite, la miran y escuchan atentos. Portillo les dice que, además de desarrollar problemas en los pulmones, es probable que también tengan problemas de vista y audición. A veces algún fumador o exfumador interviene para dar un ejemplo o asentir.

En este salón todos hablan como si las cosas se dijeran por primera vez, con esmero y determinación en cada palabra, como si en lugar de convencer a los demás, buscaran convencerse otro día a ellos mismos.