20,000 embarazos adolescentes: una plática pendiente

Prevención

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, siguió asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de agosto, cambió horas en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice hoy, cinco años después.

En 2017, el embarazo adolescente fue causa de deserción en 238 centros escolares, de acuerdo con los datos del Observatorio del Ministerio de Educación. El silencio, en términos de educación sexual, no ha sido efectivo para evitar los embarazos precoces. Solo el año pasado 19,236 niñas y adolescentes se inscribieron a controles prenatales en el sistema de salud público. Las edades de esas madres jóvenes iban desde los nueve hasta los 19 años.

A pesar de que la cifra de embarazos adolescentes es alta, el Ministerio de Educación no ha logrado establecer un mecanismo para medir la magnitud del problema. “Hay que tener en cuenta que en los centros escolares hay un gran subregistro sobre el tema de deserción por embarazo. La mayoría se va y a veces no sabemos que están embarazadas”, dice una funcionaria de ese ministerio, desde su oficina en el centro de San Salvador.

“El Órgano Ejecutivo, en el ramo de Educación, deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de los niños y adolescentes”, mandata el artículo 32 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA). Y aunque la orden de la ley es clara, está lejos de ser una realidad para la mayoría de estudiantes del sistema público de educación.

Hasta el final del año lectivo 2017, solo el 27 % de escuelas contaba con planes de educación sexual. Y ni siquiera los profesores de las escuelas están capacitados por el ministerio para brindar formación en estos temas: de todo el plantel docente a escala nacional, solo el 7.8 % ha completado un curso básico en educación integral de la sexualidad.

Más casos. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos en niñas y adolescentes se tuvo, de acuerdo con un estudio publicado en 2015.

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NI EN LA ESCUELA NI EN LA CASA
“Todos los niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre”, dice también la LEPINA. Ese derecho no es una realidad para un gran número de adolescentes, como Celia.

Ella estudió en el sistema público desde que iba al kínder. Es de un pueblo del occidente del país y creció rodeada de primos, tíos y clientes del pequeño puesto de comida de su mamá. Ayudó desde niña en el negocio familiar y, además, en el cuido de sus dos hermanas menores.

A pesar de que su hogar siempre estaba lleno de ruidos y tránsito de gente, ella cuenta que nunca escuchó que le hablaran de relaciones sexuales y de cómo protegerse de un embarazo o de una enfermedad sexual. No tuvo orientación en su centro escolar ni en su hogar, y ahora cree que quizá, de recibir algún tipo de formación, su historia habría sido diferente: “A la escuela nunca llegó una enfermera a explicar cómo planificar. Yo creo que si uno tuviera más información de eso, habría más cuidado en todo”, dice.

Los embarazos adolescentes en El Salvador no escasean. En promedio, 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas cada día en 2015, es decir, un embarazo de menores cada 21 minutos. Así se registró en el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos de niñas y adolescentes se tuvo. Por el contrario, en los municipios de San Antonio Los Ranchos y El Carrizal, en Chalatenango, no se registró ninguna menor embarazada durante el tiempo en el que se realizó el estudio.

Como Celia no pudo reincorporarse al sistema regular de clases, se integró al sistema de educación flexible. Así empezó a ir a clases solo los domingos. El bebé no paraba de llorar cuando se separaba de su mamá y algún familiar terminaba llevando al niño a las clases para que le diera pecho. Aun con el bebé en brazos, logró graduarse de bachiller. El papá de su hijo, quien antes fue su compañero de escuela, siguió estudiando con regularidad y en la universidad. Celia no.

“El embarazo adolescente implica la pérdida de oportunidades educativas, es una limitante para que las adolescentes puedan desarrollar su potencial como agentes productivos y sociales, y es un factor condicionante de la perpetuación de la pobreza”, sostiene un informe del año pasado del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Que las adolescentes se mantengan en la escuela es prioritario para romper círculos de pobreza. Pero, a veces, las trabas las colocan las personas que, en el mejor de los casos, deben ir abriendo camino. Por ejemplo, en algunos colegios y escuelas se tiende a “esconder” a la adolescente embarazada y se expulsa, explican en el MINED. Así que dicho ministerio cambió la Ley General de Educación en 2011 para especificar que es “falta muy grave” discriminar a una estudiante embarazada o lactante.

A pesar de que la LEPINA brinda a los padres el derecho primario de educar a sus hijos en sexualidad, eso no se cumple en todos los casos. “Ni mi papi ni mi mami hablaron de eso conmigo”, dice ahora Celia, cuando ya su hijo ha ingresado al mismo sistema de educación pública que fue insuficiente para ella.

Enseñanza. El objetivo del programa que tiene el MINED es comenzar en parvularia a decirle a los niños cómo funciona su cuerpo y cómo son las relaciones adecuadas con otras personas.

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¿CÓMO INTENTA ASUMIR EL ESTADO?
En 2008, El Salvador firmó un pacto llamado “Prevenir con educación”. Entonces, los ministros de Educación y de Salud en Latinoamérica y el Caribe acordaron que la prevención era el camino que se tomaría ante el avance de la transmisión del VIH.

Así, se asumió el compromiso de “fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad”. Ese pacto marcó también el enfoque que esa prevención debía tener en las escuelas públicas. “Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género”, se puede leer en el documento.

Así, se inició de un proceso de actualización del currículo nacional de clases y se creó el Programa de Educación Integral de la Sexualidad, (mejor conocido como EIS), de acuerdo con Yeni Rivas, oficial de Género del MINED. Rivas es titular de la unidad que tiene por función velar que se cumplan criterios de equidad en el ministerio y, además, trabajar en temas relativos a la enseñanza de la sana sexualidad.

La EIS está diseñada para ser un eje transversal de otros temas que ya se aprenden en la escuela. Este incluye hablar de relaciones interpersonales sanas, explicar temas de autoestima, autocuido y el respeto por el propio cuerpo. “Tenemos que tener claro que la educación integral de la sexualidad no es hablar de cosas eróticas. Cuando se empieza a hablar de la EIS, se habla del tema emocional, del tema cognitivo y se tiene que hablar del tema biológico porque es parte de la sexualidad”, comienza por explicar Rivas.

Ella sostiene que es posible educar en estos temas desde temprana edad: “¿Cómo se puede enseñar EIS para parvularia? Usted a sus niños les tiene que enseñar que tienen órganos, ahí empieza el conocimiento de su cuerpo, en llamar a su cuerpo por el nombre”.

La oficial de Género asegura que con estos temas es posible afectar positivamente al niño y adolescente. Así, según Rivas, el niño aprende que su cuerpo es íntimo y nadie debe tocarlo si él no lo desea. Y además, conoce los cambios que suceden o sucederán en su cuerpo.

En El Salvador hay más de 45,000 profesores en centros escolares, y el Ministerio de Educación solo ha podido formar a 3,571 docentes en un curso básico de sexualidad. La cifra es baja, considerando que los cambios curriculares no pueden ponerse en práctica y presentarse al adolescente si los maestros no entienden los temas. Esos más de 3,000 profesores fueron formados en un curso de 200 horas presenciales entre 2013 y 2016, asegura el ministerio.

Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

Los temas que la EIS plantea son necesarios para estudiantes, pero al socializarlos con los maestros, las autoridades del MINED se dieron cuenta de que, en algunos casos, ni siquiera los docentes tenían conocimientos básicos de anatomía. “Es duro que un docente no sepa que hay órganos genitales internos y externos”, admite Rivas.

Quienes han sido formados solo representan un 7.8 % del total del plantel a escala nacional. Además, el ministerio ha creado planes para educar en el tema a los padres de familia, pero el avance aún es limitado. Y a pesar de que el 58.9 % de las escuelas afirma que conoce sobre la actualización del currículo de educación que incluye temas de sexualidad, solo 27 de cada 100 centros escolares cuenta con planes o programas de este tipo.

“¿Cómo ampliamos la educación integral de la sexualidad a escala nacional?”, pregunta Rivas, y ella misma se responde con una negativa: “No hay presupuesto. Si hubiera una ley, talvez hubiera una designación presupuestaria al tema”, comenta.

Hace más de un mes, un grupo de mujeres presentó un anteproyecto de Ley en Afectividad y Sexualidad Responsable a la Asamblea Legislativa. La propuesta tenía cuatro páginas y planteaba que todas las escuelas deberían estar obligadas por ley a brindar un programa de este tipo. En el anteproyecto, la educación en afectividad y sexualidad responsable fue definida como “la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que, bajo un marco de respeto a los derechos humanos, priorice la eliminación de la cultura de la violencia”.

Dicha propuesta no presentaba los contenidos a enseñar, sino que sugería que se creara una comisión especial conformada por el Ministerio de Salud, el de Educación, la Secretaria de Inclusión Social y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y que esas instituciones definieran las temáticas que estudiarían los niños desde primer grado hasta bachillerato.

A pesar de que en un inicio el anteproyecto tuvo el apoyo de algunos diputados de ARENA, GANA y PDC, el día que fue presentado ante la comisión de cultura y educación, fue archivado de inmediato. No se discutió su contenido ni las motivaciones de las personas que lo respaldaron.

El anteproyecto de ley y el programa actual de la EIS –que aún no es implementado en la gran mayoría de escuelas– coinciden en la necesidad de construir inteligencia emocional en los adolescentes antes de que se encuentren sorprendidos por los cambios hormonales de su cuerpo.

Para explicarlo, Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

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UNA DEUDA HISTÓRICA
Intentar educar en sexualidad no es algo nuevo. El recorrido viene desde, al menos, hace 20 años. Hace casi dos décadas se intentó hacer circular por las escuelas los libros titulados “De adolescentes para adolescentes, manual de la salud sexual y reproductiva”.

La idea de la creación de estos manuales surgió en 1997 tras un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que evidenció las carencias de información para menores en este tema. El proyecto fue respaldado por el MINSAL y se pensó como un documento que le hablara directamente a los jóvenes. Pero al ser los primeros de su tipo, los manuales fueron controversiales desde su realización hasta su lanzamiento.

“‘¿Y si para representar los órganos sexuales, en vez de dibujar un pene, dibujamos un pepino?’, dijo la doctora, y se armó esta discusión solo para saber si podíamos hacer una ilustración de un pene o no en un libro de educación sexual”, cuenta, desde una cafetería, Otto Meza. Él es uno de los ilustradores que hace 20 años fueron los encargados de hacer los dibujos de estos manuales. Esta tarde, él asegura que los dibujos que hacía se sometían a discusión con el Ministerio de Salud y que dos décadas después aún puede recordar los comentarios de algunos profesionales de la medicina.

Al final, Otto Meza sí fue autorizado para dibujar órganos genitales. Ese manual estaba dividido en tres grandes áreas que intentaban explicar a los jóvenes qué significaba el afecto y el consentimiento.

La primera área estaba titulada “Adolescencia”, y ahí se explicaba en qué consiste esa etapa de la vida y los roles del joven en la sociedad. En la segunda parte, llamada “Sexualidad”, se abordaban temas como “¿Qué nos puede pasar si tenemos relaciones sexuales sin estar preparados?”, y se enunciaban diferentes orientaciones sexuales. En la última parte del libro, referente a salud sexual y reproductiva, se describía cómo se desarrolla un embarazo, métodos anticonceptivos y se ilustraban los diferentes tipos de enfermedades sexuales que existen. Los manuales fueron retirados en julio de 2000. Habían sido impresos solo siete meses antes.

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SI LA ESCUELA NO LO HACE, ¿QUIÉN EDUCA EN SEXUALIDAD?
“En las redes sociales, más que todo”, responde Kenia Mena, de 16 años, cuando se le pregunta dónde aprenden sus amigos sobre sexualidad. Kenia estudia en un colegio privado católico, viene de una familia con padres profesionales y dice que en su casa siempre le han dicho que si empieza su vida sexual, debe ser cuando ella “ya esté estable” en su relación, y que si en algún momento lo quisiera probar, se tiene “que proteger”.

Kenia ha tomado el consejo y dice que se siente en la confianza de preguntarle algunas cosas de su cuerpo a sus padres. Los dos son psicólogos y comprenden que no hablar del tema sexual con su hija puede tener efectos contraproducentes. Kenia asegura que tiene amigos a los que sus padres les han prohibido hablar de orientación sexual y eso hace que esas realidades sean percibidas como algo malo o tabú.

Si en la casa de los adolescentes algunos temas están vetados de ser discutidos y en las escuelas ni los mismos maestros se encuentran formados, los esfuerzos de orientar en sexualidad se ven relegados a organizaciones no estatales o a iniciativas personales. Por ejemplo, varios estudiantes graduados de un centro escolar católico de Santa Tecla aún recuerdan a una maestra que cierra puertas y ventanas de los salones para explicar formas de prevenir embarazos sin que la monja directora se entere, es decir, a escondidas.

Y, a veces, la información viene de grupos inesperados. Por ejemplo, Kenia se congrega en un grupo de jóvenes católico liderado por laicos. “Es un movimiento religioso, pero es de un grupo limitado… solo van los que quieren. Ahí sí me enseñaron cómo se pone un condón, en una zanahoria”, afirma, sin risa ni morbo.

El Salvador tiene una estrategia nacional de prevención de embarazos adolescentes que fue lanzada el año pasado y espera reducir drásticamente el número de madres precoces durante los próximos 10 años. Uno de los pilares en los que se pretende ejecutar esta estrategia es la educación. En ese documento se puede leer que la diferencia entre las niñas y adolescentes que terminan embarazadas y las que no “radica en la medida en que las personas adolescentes y jóvenes confronten la exposición sexual con información científica y veraz, acorde a su edad y cultura, de tal manera que puedan ejercer una decisión responsable”.

Deserción. Quienes más oportunidades pierden con un embarazo precoz son las niñas, pocas regresan tras el parto a retomar sus estudios.

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

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¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

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EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

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LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.

La marcha de las ausentes

Intervención. Sobre la base del Monumento a la Constitución se colocaron mariposas negras en representación de las mujeres asesinadas.

Larissa tenía 11 años cuando un vecino le tocó los senos que empezaban a asomarse por su pecho. Ella usaba una camisa con un estampado y su vecino, un hombre mayor, se acercó a ella con la excusa de tocar la tela. El hombre terminó manoseándola. Larissa se congeló. No supo qué hacer, pero supo que algo estaba mal. Esa vez aprendió que no estaba segura en su colonia, a metros de su casa.

Más de una década después, una mujer escucha la historia que Larissa cuenta y relata algo que la hizo sentir vulnerable cerca de su casa. Un hombre de la zona intentó meterla a la fuerza a un carro. Por anécdotas así, desde niñas aprendieron a evitar ciertas calles, ciertos vecinos y a apresurar el paso cuando están en la vía pública.

Estas historias se escuchan en el patio de un café de San Salvador. Este lunes 5 de marzo hay 14 mujeres reunidas en un círculo. Hay jóvenes y adultas, empleadas, artistas y universitarias.
“¿Quién nos convoca? Pues nosotras nos autoconvocamos”, dice Montserrat, una activista por los derechos de las mujeres con amplia trayectoria. El grupo se creó cuando en un chat, algunas de ellas plantearon el deseo de realizar una protesta nocturna. Que la actividad sea de noche tiene un motivo. Quieren caminar en la oscuridad para reclamar su derecho a movilizarse y no sentir miedo de que alguien las toque o las intente subir en un carro.

En 2016, la organización Small Arms Survey posicionó a El Salvador como el país más feminicida de América Latina. Y solo en los primeros meses de 2018, una mujer ha sido asesinada cada 19 horas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

“En la conmemoración del 8 de marzo no deberíamos hablar de violencia, sino de las conquistas de los derechos de nosotras, de los avances en salud y educación”, explica Enayda Argueta, investigadora social del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG) de la organización Háblame de Respeto. “Lo que pasa es que en nuestro país hemos conquistado unos derechos pero nos siguen matando”, continúa.

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LAS ORGANIZADORAS de este evento llamaron a sus amigas y conocidas y regaron la voz. Las invitaron a vestirse de luto y llevar flores y velas para una concentración en el redondel del Monumento a la Constitución, mejor conocido como La Chulona.

A las 6:50 de la noche del 7 de marzo, ya hay 50 mujeres reunidas en la rotonda. Conforme pasan los minutos, algunas de las organizadoras entregan unas mariposas negras de papel a las asistentes. Las mariposas tienen una cinta adhesiva. Luego se le explica al grupo que en algún momento de la noche esas mariposas simbolizarán a una asesinada.

“A pesar de que sentimos rabia por las mujeres que no están, lo que prima en nosotras es la alegría”, dice Vanessa Pocasangre a las 7 de la noche, antes de iniciar la marcha. Elena Salamanca, historiadora y otra de las planificadoras del evento, habla de la importancia de visibilizar el duelo en el espacio público. Lo de hacer duelo no es exageración. Frente a ella, el colectivo de mujeres transgénero ASPIDH-Arcoíris ha colocado una manta llena de nombres y fotos de sus compañeras trans asesinadas.

Diez minutos después ya hay un centenar de mujeres reunidas en el redondel. Incluso hay niñas vestidas con el uniforme del colegio. De pronto, comienza una música suave y una bailarina vestida de blanco realiza una danza. Se tira al suelo e intenta levantarse con movimientos cortados. En el piso también yace inmóvil otra mujer de vestido azul. Algunas poses se asemejan a una escena de homicidio: la mujer quieta, boca abajo, en medio de la gente. La mayoría de mujeres víctimas de homicidios ocurridos entre enero y octubre del año pasado fueron encontradas en la calle, de acuerdo con información del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG).

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios, porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”.

Performance. La bailarina Paola Lorenzana interpreta una pieza denunciando la violencia contra las mujeres en una marcha nocturna del 7 de marzo.

En medio del público, una actriz vestida de blanco empieza a leer una lista de casi 200 nombres. Esta lista fue un tema de discusión hace dos días. Quienes planificaron la protesta nocturna aseguran que se acercaron al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a solicitar una lista con nombres de las asesinadas durante el año pasado. Ellas sostienen que la respuesta que encontraron es que ese instituto no lleva ese registro. Séptimo Sentido consultó al respecto al instituto y, hasta el cierre de la nota, no obtuvo respuesta.

El primer nombre que se lee en esta lista, creada a partir de la revisión de noticias de periódicos, es Katya Miranda. Ella tenía nueve años cuando fue violada y asesinada en un viaje familiar a la playa en 1999. El principal sospechoso, su abuelo, fue absuelto de los cargos. Su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad de los delitos contra las niñas. Cuando su nombre se escucha en esta concentración, hay silencio. Hasta que Montserrat grita: “¡Ausente!”.

Así se marca la dinámica de la lectura. Por cada nombre de mujer asesinada, otras 100 responden “¡ausente!”, y la partida se hace palpable. Pasan los minutos, los nombres, las páginas y las lista de asesinadas no parece tener fin.

Sobrecogida por la cantidad de muertas, una joven de 22 años llora mientras sigue gritando por las ausentes. Rápido, se seca las lágrimas y sigue respondiendo a cada nombre. Por cada mujer mencionada, las manifestantes se acercan a la base del Monumento a la Constitución y pegan una mariposa negra sobre la pared. En cuestión de minutos la pared blanca es saturada por mariposas que conforman una gran mancha oscura.

Cuando la lista se termina, las manifestantes recogen del piso una manta que han pitando con tres palabras “Caminamos sin miedo”. Todas se forman detrás de ella y salen a la calle.

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Recorrido. Las mujeres que asistieron a la marcha “Caminamos sin miedo” realizaron un circuito cerrado de 3 kilómetros en el que se leyeron los nombres de decenas de mujeres asesinadas en los últimos años.

CADA 8 DE MARZO se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día sirve para conmemorar su lucha por salarios justos y condiciones de trabajo dignas. El año pasado, por primera vez, se realizó el Primer Paro Internacional de Mujeres. Este año se realizó por segunda vez una huelga internacional. Pero no todas pueden hacer huelga para exigir sus derechos.

Este miércoles 7 de marzo también marchan aquellas que no pueden hacerlo de día porque pueden ser amonestadas en sus trabajos. La marcha de ahora está enfocada en mujeres, aunque en El Salvador la gran mayoría de los asesinados son hombres.
En 2017 fueron asesinados 3,954 salvadoreños. Eso mantuvo a El Salvador como el país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. Las mujeres asesinadas fueron 469. La mayoría de ellas eran jóvenes.

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”, explica, a través del teléfono, Claudia Interiano, abogada experta en derechos humanos.

Para Interiano, es importante analizar los hechos de violencia desde sus causas: “Las situaciones de riesgo a las que se puede someter una mujer para que acaben con su vida son, por ejemplo, cuando se pone fin a una relación, un divorcio, al denunciar una situación de violencia y abuso sexual. Esas son las razones de riesgo por las que las matan. Y no son esas las razones por las que matan a los hombres”, comenta la experta.

Frecuencia. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los dos primeros meses de 2018 una mujer fue asesinada cada 19 horas.

A las 7:40 de la noche, la concentración sale del redondel hacia la calle San Antonio Abad. De inmediato, aparece una patrulla policial. Un agente, tomado por sorpresa, les pregunta el motivo de la marcha. Cuando alguien le responde que es una manifestación contra la violencia, el agente comunica a través de su radio que se encargará de darle seguimiento a la actividad.

Por unos minutos, la manifestación toma la forma de una procesión religiosa y solemne. Algunas llevan velas y flores en sus manos. Con un megáfono, lámpara y listado van leyendo nombres de mujeres ya asesinadas y de manera serena, se sigue respondiendo que están ausentes. Después, la tranquilidad de la marcha se rompe y algunas comienzan a gritar en coro: “No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

En octubre del año pasado, Vilma Pérez fue asesinada así: en la cara de la gente. Vilma salió con sus dos hijos hacia la subdelegación de Apopa para denunciar por maltrato intrafamiliar a su compañero de vida, José Menjívar. Él la mató antes. Le disparó en la calle, frente a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Menjívar huyó del lugar sin que nadie lo detuviera. Sigue prófugo.

Conforme la marcha avanza, más personas se unen a la manifestación. Hacia el final del grupo camina Frida tomada de la mano con su madre. Frida tiene siete años, estudia primer grado y a veces dice que quiere ser veterinaria. Hoy conoció a otra niña de su edad en la marcha y le ha tendido la mano para caminar junto a ella.

Natalia, la madre de Frida, dice que ha traído a su hija a la manifestación para que aprenda a luchar por ella misma, para que sepa que siempre es mejor denunciar las ofensas que guardar silencio.
El grupo llega hasta el redondel El Torogoz e inicia el camino de vuelta hacia el Monumento a la Constitución. Al llegar, quienes cargan flores y velas las colocan al pie de la base de La Chulona. Pronto se forma un altar para las asesinadas.

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8M. Concentración de mujeres en la alameda Roosevelt en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la marcha gritaban “Ni una menos, vivas nos queremos”.

IRENE DÍAZ ha descansado poco esta mañana del 8 de marzo. Ella tiene 37 años, es editora audiovisual y tiene una hija de 11 años. En 2017 participó en un proceso de formación para defender y conocer sus derechos. Desde entonces, empezó a platicar con más mujeres y a tener claro que había que defender hasta la memoria de quienes ya no viven.

Así llegó a Ni Una Menos El Salvador, un movimiento de sociedad civil conformado por 14 mujeres que se reúnen los sábados en asambleas y empiezan a discutir temas como el derecho a la tierra, a un salario justo y la seguridad.

Ni Una Menos es un movimiento que surgió en 2015 en Argentina para exigir un alto a los feminicidios. El caso que removió la indignación colectiva fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años golpeada hasta morir por su novio. Tras esa muerte, el movimiento logró concentrar a 300,000 personas. Entre ellas estaba Franchesca Mata, una abogada salvadoreña residente en Buenos Aires. Mata vino al país este año y empezó a convocar a mujeres a través de internet para formar la filial salvadoreña del movimiento.

Ellas no pertenecen a ninguna ONG ni tienen financiamiento de nadie. Tienen diversas profesiones y oficios y se reúnen para hablar sobre sus problemas y los de la sociedad. “Sabemos que somos nada dentro de las organizaciones”, comenta Franchesca Mata. Ella explica que lo que buscan es visibilizar la realidad a través de sus denuncias: “Ante la indignación, la acción. Estamos cansadas y salimos de la red social a conocernos”.

Irene Díaz participó en la marcha nocturna del 7 de marzo, y 12 horas después, en la mañana del Día Internacional de la Mujer, ya se encuentra en otra actividad. Ella y otras siete integrantes de Ni Una Menos El Salvador han llegado ante la Fiscalía General de la República en Santa Elena.

Pretenden colocar una pancarta en la fachada de la FGR. La manta tiene cruces pintadas y la leyenda: “469 mujeres asesinadas en 2017”. En la fachada de este edificio hay una especie de gruta en la que hay un ángel. Después de unos minutos, colocan la manta sobre la gruta.

De inmediato, aparece un policía. En su uniforme lleva el apellido Interiano, y a pesar de que en la acera solo hay mujeres, pregunta:

—Buenos días, ¿quién es el encargado de esto?

El policía les explica lo que deben hacer: “Me van a quitar de ahí la manta y la van a poner en esa pared, al lado de la escalera”. El policía hace referencia a un paredón que sirve de división entre los carriles de la calle frente a la sede fiscal.

La pancarta lleva menos de 5 minutos colocada sobre la gruta. Las integrantes de Ni Una Menos se muestran un poco reticentes. El policía les pide que la muevan, que en el lugar que él les indica, todo se verá “bonito”. Antes de quitar la tela que ellas han pintado, las mujeres le toman fotos. El policía les advierte que la Ley de Seguridad Pública establece que “es prohibido” tomarle fotos al edificio de la Fiscalía.

Hace dos años el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, montó una tarima con un equipo de sonido y movilizó a más de 1,000 personas para protestar contra el fiscal general. La concentración de entonces ocurrió en esta misma calle y frente a este mismo edificio público. En ese entonces, nadie fue desalojado.

Irene Díaz se muestra fastidiada por las indicaciones policiales. Ella dice que lo que buscan es hacer hincapié en que las autoridades estatales también tienen responsabilidad en las muertes de mujeres. El policía se apresura a responderle que sí, que él la comprende porque tiene estadísticas de “270 feminicidios”. Consultado sobre la fuente de su cifra, el policía responde que no está autorizado para dar estadísticas.
Las integrantes de Ni Una Menos obedecen al policía. Horas antes, en la calle San Antonio Abad, el grupo protestó por la desaparición de la agente policial Carla Ayala, quien este domingo cumple 73 días de desaparecida. Un policía la atacó con arma de fuego tras una fiesta navideña y huyó con su cadáver.

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UN PAR DE HORAS MÁS TARDE, EN LA ALAMEDA ROOSEVELT, EN EL PARQUE CUSCATLÁN, MILES DE MUJERES Y HOMBRES SE JUNTAN PARA INICIAR LA MARCHA OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EN ESTA PARTICIPAN ORGANIZACIONES FEMINISTAS, DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, MUJERES TRANS, UNIVERSITARIOS, ETC.
Esta marcha es distinta a la de la noche anterior. Es multitudinaria. Hay colores, música, baile y se dirige hacia la plaza Salvador del Mundo.

La marcha no despierta mucha simpatía entre los conductores y las personas que ven su tránsito afectado. Desde un bus de la ruta 30-B, un hombre ve a las asistentes y dice que estas son “viejas gritonas y sin marido”. En una intersección de la alameda Roosevelt, cuatro hombres y una mujer en motocicleta no quieren esperar a que termine de avanzar el flujo de personas. Hacen sonar los motores de sus motocicletas e insinúan avanzar entre las organizaciones. Un grupo de mujeres se coloca, desafiante, frente a ellos. Entonces los motociclistas retroceden en su estrategia para salir del tráfico y piden que, al menos, les dejen espacio para dar la vuelta y regresar por la calle que venían.

La marcha termina al mediodía. La mayoría de personas empieza a buscar una sombra después de estar de pie y bajo el sol por al menos tres horas. Irene Díaz ha realizado dos marchas en menos de 15 horas, pero no se muestra cansada. Va cantando y portando un cartel que dice “Soy la mujer de mi vida”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”.

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Estado implicado. En la marcha del 8 de marzo, cientos de personas exigieron que el caso de la policía desaparecida Carla Ayala no quede en la impunidad.

ANA RUTH RAMOS SOBRESALE entre las personas que buscan un espacio de césped para sentarse y descansar en el Salvador del Mundo. Ella es una mujer de 22 años con un hijo de tres y una bebé en brazos. Marchó en el bloque del Foro Nacional de Salud. Ana Ruth lleva un manto de tela blanca en la cabeza para cubrir su cabello. Ella se congrega en una iglesia cristiana y profética. Su hija descansa sobre una manta en la grama y su hijo corretea alrededor de ella.

Ana Ruth dice que quería estudiar y mejorar su vida. Ahora sus sueños están puestos en sus hijos. Como ella es una mujer religiosa, cuenta que a veces la critican por asistir a estos movimientos de mujeres. “Ya me han dicho varias veces que a nosotros que somos cristianos no nos conviene andar aquí, pero yo les digo que no ando haciendo nada malo”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”, explica vía telefónica el Dr. Manuel Sánchez, economista y experto en temas de desarrollo humano.

En El Salvador las mujeres tienen menos acceso a educación y salarios justos. Y esta no es una percepción, está probado estadísticamente. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo de la población femenina es de 12.5 %, mientras que la de hombres es del 8.8%, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Además de tener menor escolaridad, las salvadoreñas ganan menos que sus contrapartes masculinas. Un ciudadano que ha estudiado más de 13 años tiene, en promedio, un salario que sobrepasa los $600, mientras que el pago que recibe una mujer con el mismo nivel de educación es de $516.33, según la DIGESTYC.

Ana Ruth no tuvo oportunidad de estudiar. Mientras se come unas pupusas, cuenta que su madre murió cuando ella era pequeña y quedó sola con su padre, quien la maltrató. Por eso, aunque era menor de edad, dejó la casa de su papá para trabajar como niñera en San Salvador.

Cuando cumplió los 18 años se acompañó con un muchacho y dejó de trabajar para empezar a criar hijos propios. Hoy dice que marcha para protestar contra el maltrato: “A nosotras siempre nos faltan al respeto. Hay hombres que se quieren aprovechar de una o los mismos padres la quieren golpear, violar. Yo ya pasé por eso y no quisiera que las demás mujeres pasen lo mismo, porque ya sufrí”.

Al lado izquierdo de Ana Ruth, a solo unos metros de donde su hija duerme, está colocada una tarima desde la cual se saluda a los últimos bloques de hombres y mujeres que llegan al final de la marcha. Por una mañana, una calle de San Salvador fue el escenario para que más de 1,000 mujeres pudieran caminar sin miedo.

“La declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa”

Iván Velásquez – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Iván Velásquez es un hombre que no camina solo por los pasillos de este hotel de San Salvador. Tampoco lo dejan solo cuando brinda una entrevista, o cuando alguien le pide tomarse una foto con él. A su lado, siempre se mantiene un dispositivo de seguridad.

Desde 2013 fue puesto al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esa oficina ha llevado a cabo investigaciones que han revelado los entramados de corrupción e impunidad presentes hasta en la presidencia. Por ello, en 2015, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron señalados por defraudación aduanera, y Pérez Molina se vio obligado a renunciar a la presidencia. La dupla presidencial se encuentra en prisión actualmente.

La CICIG, acompañada por el Ministerio Público, también ha escudriñado dentro del sistema judicial y electoral y ha descubierto redes ilegales de repartición del poder. Además, a inicios del año pasado, la comisión señaló al hermano y al hijo del actual presidente, Jimmy Morales, por participar en un fraude. Meses después, se solicitó un antejuicio al presidente por sospechas de financiamiento ilícito electoral. Para esa fecha, Morales, quien en 2015 decía apoyar a la CICIG, tardó solo dos días en declarar al comisionado “persona non grata”.

Este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo no de sustitución de autoridades nacionales.

Un año después, a finales de este agosto, Jimmy Morales, apareció en los televisores guatemaltecos diciendo que se cancelaba la CICIG. Es decir, no renovará su mandato en el país y bajo esta lógica, la comisión funcionará hasta septiembre 2019. La escena fue un tanto extraña: Detrás de él, decenas de militares formaron un bloque que funcionaba como fondo para el discurso. En los días siguientes, Velásquez hizo un viaje de trabajo a Estados Unidos. Allá se enteró de una noticia: El presidente Morales prohibió su entrada a Guatemala por razones de “orden y seguridad nacional”.

Así, Velásquez está este viernes a solo cinco horas de la oficina que, en teoría, debería estar presidiendo en persona, pero a la cual no puede presentarse. Ha venido a El Salvador a participar en un foro de la Semana de la Transparencia. Tras su intervención, acepta responder una ronda de preguntas de periodistas salvadoreños. Luego, habla en exclusiva con esta revista después de un periodo de silencio con medios centroamericanos.

Aquí explica que la CICIG seguirá funcionando con la figura de un comisionado adjunto, mientras su situación no se resuelva. Admite que la sola presencia de la CICIG en Guatemala no garantiza la lucha contra la impunidad en un país en el que se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, al menos, “por 10”.

En El Salvador se ha planteado la idea de una CICIES. ¿Qué tan necesario es el espaldarazo presidencial para replicar el modelo?

La decisión presidencial es fundamental porque esto significa el acuerdo de un Estado con el organismo internacional que se considere. Naciones Unidas en el caso de Guatemala o la Organización de Estados Americanos en el caso de Honduras. Otra cosa es la discusión interna que se genera para que el Gobierno llegue a hacer una solicitud de esta naturaleza.

Ahora usted mencionaba que quienes se oponen a la idea del modelo quieren seguir gozando de impunidad. Aquí se le ha llamado golpistas a las personas que proponen una réplica.

Creo que siempre hay que examinar las condiciones propias del país que quisiera tener una cooperación de esta naturaleza. No sería trasplantar el acuerdo que constituyó la CICIG, traerlo acá y cambiarle simplemente el nombre y los firmantes porque todo es según las realidades nacionales. Lo que creo es que este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo, no de sustitución de autoridades nacionales. Mientras la investigación y la persecución penal estén en cabeza del Ministerio Público (MP), sea el MP el que toma la decisión de judicializar los casos, las contribuciones que se hacen no implican injerir en los asuntos internos del país.

Algunos afirman que la CICIG afecta la estabilidad política, que repele inversores y que ha afectado a la economía de Guatemala. ¿Qué intuye detrás de esos discursos?

Lo que hay es una forma de defenderse para evitar que la lucha contra la corrupción se continúe y se profundice. No se puede señalar a la lucha contra la corrupción de desestabilizadora… bueno, desestabiliza un estado anormal de cosas, pero lo que pretende es la estabilidad real. No se le podría reprochar que afecte la economía o que reduzca la inversión, a menos que se esté pensando en una inversión basada en la corrupción. Cuando se cuestionan esas investigaciones lo que se está diciendo es que se quiere seguridad, tranquilidad para la inversión corrupta.

En 2016 usted planteaba la posibilidad de un organismo transnacional para atacar los crímenes transnacionales, como la trata de personas y narcotráfico. Dos años después, ¿qué posibilidad ve de organizar algo así?

Creo que siempre es posible, porque la responsabilidad fundamental (sería) de las fiscalías generales de cada uno de los países que participaran en un proyecto de esta naturaleza. Que haya otros organismos de cooperación como el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en Honduras o de la CICIG en Guatemala, es un plus. Pero lo fundamental es que los organismos nacionales lleguen a esa actividad conjunta a generar grupos de trabajo transnacionales que les permita una mayor fluidez sobre todo en el tema probatorio, en aquello que requeriría asistencia judicial que tradicionalmente es como tan engorrosa y demorada.

Empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

No se renovará el mandato de la CICIG en 2019, ¿no le parece que esto va en detrimento de la creación de un organismo transnacional?

No significaría que con eso la idea queda suprimida. No. Inclusive, aún si no existiera la CICIG, es posible que se utilice un mecanismo de esta naturaleza de cooperación entre los países para conformar un grupo conjunto de investigación en temas que afecten a los tres países.

Iván Velásquez

¿Hay manera de trabajar si no se llegara a tener una Fiscalía eficiente?

Es, realmente, más difícil. No digamos que es imposible. Porque nosotros, además, no trabajamos exclusivamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Es nuestra principal contraparte y la contraparte natural de la CICIG, pero también trabajamos con fiscalías de delitos económicos, anticorrupción, de lavado de activos o fiscalía de delitos electorales.

El acuerdo Fiscalía-CICIG que dio origen a la FECI permite una colaboración, un aporte también de la CICIG en cuanto a la escogencia de los fiscales y funcionarios de la FECI, porque se requiere que exista una gran confianza en esos fiscales. De manera que podamos nosotros examinar respecto de su trayectoria y de su honorabilidad para ser contrapartes nuestras. Entonces, el que no exista una fiscalía especial no impide el trabajo conjunto con el Ministerio Público, pero sí es mucho más conveniente que esta fiscalía especial exista.

Se ha hablado sobre una nueva Fiscalía Transnacional. Hay una investigación periodística que plantea que la nueva fiscal, Consuelo Porras, está –de alguna manera– compitiendo por casos. ¿Podría comentarme algo al respecto?

Por lo que yo entiendo, lo que ha dicho la fiscal general, la Fiscalía Transnacional estaría conformada por el MP guatemalteco con el apoyo de agencias de Estados Unidos y estaría la participación, –no sé cuál es el avance de eso porque nosotros no tenemos ninguna intervención– también de otros países de la región, probablemente de los países del Triángulo Norte que lleguen a acuerdo de esa naturaleza, pero su finalidad principal tiene que ver, en lo que yo entiendo, con el narcotráfico y fenómenos anexos al narcotráfico. Es decir, no investigaría en temas de violación de derechos humanos o de corrupción, no sería una Fiscalía Transnacional para investigar toda clase de delitos.

Se ha manejado, de manera informal, que sería la respuesta del Ministerio Público a la cancelación de la CICIG.

En realidad, la idea de la Fiscalía Transnacional la ha planteado esta fiscal general antes de la decisión del presidente Morales de que la CICIG no continuara. Por eso entiendo que no es ni una competencia ni una sustitución de la CICIG, sino que es otro mecanismo de cooperación internacional y en este caso solo de Estados Unidos, pero para los delitos en los que, también por su naturaleza, Estados Unidos tiene interés en que sean reprimidos como estos vinculados con el narcotráfico.

En su reciente informe de rendición de cuentas decía que los grupos de poder se van radicalizando, ¿qué síntomas de esa radicalización ve en Guatemala?

Afortunadamente la situación en el país ahora solo está en campañas de difamación o en decisiones gubernamentales, como esta de no renovar o revocar visas. Pero ninguna acción de violencia desde ningún sector, de ninguna naturaleza, en contra de ningún funcionario de la comisión, como se vivió en Colombia especialmente entre 1997 y 1999, que hubo una racha de investigadores de la Fiscalía que fueron asesinados cuando yo estuve como director regional de Fiscalías de Medellín. Una situación similar no la he advertido todavía en Guatemala y esperamos que no vaya a suceder.

La radicalización a la que nos referimos es que asumieron un papel de franca confrontación con la lucha contra la corrupción. Algunos se vincularon, inclusive, a campañas de difamación. Hay una estructura muy bien montada de noticias falsas, de difamación, que también realizan actos de lobby, como lo reveló recientemente Nómada con una entrevista de uno de los encargados de aglutinar empresarios para pagar a lobbistas en Estados Unidos.

Antes, cuando la lucha contra la corrupción no llegaba hasta esos sectores, ellos mismos apoyaron todo el trabajo que se hacía. Se sumaron al paro nacional que hubo el 27 de agosto de 2015 para exigir la renuncia del presidente Pérez Molina. Pero ya después de mediados de 2016, que empezaron a verse vinculados, sobre todo a partir de un caso que llamamos “cooptación del Estado”, empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

La CICIG ha realizado investigaciones que involucran al círculo familiar del presidente Jimmy Morales. En el pasado, él decía apoyar a la CICIG y planteó renovar su mandato hasta 2021. ¿Cómo recibieron dentro de la comisión estos discursos?

Cuando el presidente Jimmy Morales fue elegido y solicitó la renovación 2017-2019, con una anticipación de un año y medio, ahí fue que él anunció al secretario general de Naciones Unidas su voluntad de pedir la extensión 2019-2021, lo cual haría en el momento oportuno. Pero después de todo lo que resultó, de tantos afectados con las investigaciones… el propio presidente Morales en las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, pues cambió su posición frente a la CICIG. Hay una franca oposición a la CICIG desde, por lo menos, principios de 2017 que se manifestó mucho más el 27 de agosto de 2017, cuando me declara persona non grata y ahora ya como que absolutamente definitiva con esto del 31 de agosto de comunicar que no iba a renovar.

¿Cómo se vivió tras bastidores esto desde 2017 hasta 2018? ¿Se empezó a delegar el liderazgo de algunas cosas?

Pues la declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa. Entonces, cuando ya se produce la decisión de la Corte de Constitucionalidad ya significaba que todo tenía que orientarse de acuerdo con esas directrices en una discusión del Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Y era lo que se venía desarrollando y esperábamos que llegara a una conclusión. No estaba dentro de lo previsto que, saliendo del país se prohibiera mi ingreso.

¿Habría alguna manera de procesar por desobediencia a la Corte de Constitucionalidad a los representantes del Gobierno?

Esa es una discusión que está planteada actualmente en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales, el vicepresidente Cabrera, la canciller, han dicho públicamente que no se permitirá mi ingreso al país. Y ahora está en la discusión si esas manifestaciones constituyen un desacato.

Además, Guatemala ya tiene casos en el pasado de destitución por desobediencia.

Sí.

El 70% estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10% estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara, y la otra franja del 20% es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

¿Es posible que la CICIG logre dejar algo cimentado que evite la corrupción para septiembre de 2019?

No. Es que ni siquiera con la presencia de la CICIG se podría decir que eso solo basta para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Pero es un actor que influye.

Sí, es un actor que influye. Que puede lograr que se genere mayor independencia en el Ministerio Público y en el organismo judicial, pero lo que se requiere para una lucha efectiva contra la corrupción es que haya independencia de los órganos del sistema de justicia y una fortaleza de tal naturaleza que exista capacidad de respuesta de esos órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público y el organismo judicial. Para que haya una respuesta cierta contra la impunidad se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, no sé por cuánto, por 10.

Y Guatemala tiene un gran porcentaje del territorio sin oficinas fiscales.

En este momento es cerca del 90 %. De 340 municipios hay fiscalía en 39, tal vez. La fiscal general actual ha dicho que uno de sus programas, y que va a realizar este año, es crear 25 fiscalías más. Lo que Guatemala requiere es que haya una capacidad, por lo menos, de la mitad de los municipios con presencia del Ministerio Público.

Dentro del accionar de la CICIG, ¿qué ha probado ser lo más complicado de establecer: las investigaciones o la propuesta de políticas públicas para evitar que se vuelvan a instalar mecanismos de corrupción?

En los últimos años lo más difícil ha sido la adopción de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales que se han propuesto. La experiencia con la reforma constitucional del sistema de justicia es una muy reveladora de cómo un gran proceso –que se adelantó con participación realmente amplia de la ciudadanía– finalmente se ha visto frustrado en el Congreso de la República.

Y esto implica que para 2019, que hay elección de nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, se vaya a utilizar el mismo mecanismo del que ya tenemos evidencia. Las comisiones de postulación son muy susceptibles de presiones de influencias e inclusive de sobornos. Como uno de los casos que tenemos actualmente con el Ministerio Público que denominamos “comisiones paralelas”. Y precisamente, por no haber reformado la Constitución en 2016, ahora Guatemala se va a ver abocada a un proceso en el que puede ocurrir lo mismo que ocurrió en 2014, que es lo que hemos ido encontrando evidencias: la influencia para que determinadas personas sean seleccionadas y no por sus méritos de idoneidad, capacidad y honorabilidad, sino precisamente por esas influencias; y luego cómo fue repartido entre el Partido Patriota y el Partido Líder el número de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones. Eso es algo que puede ocurrir también ahora en 2019.

¿Ha recibido amenazas o comunicaciones que no son a través de medios formales con el Gobierno?

No.

¿Usted maneja sus redes sociales?

Sí.

Ahí veo que le escriben amenazas todo el tiempo.

Sí, ahí leo algunas cosas.

En una entrevista se planteaba la posibilidad de que usted vuelva a Guatemala, en enero. Esto trajo amenazas en redes sociales, algunos dicen que lo van a quemar. ¿Cómo se plantea el futuro con la CICIG?

Una forma que ya fue sugerida por el secretario general de Naciones Unidas y, efectivamente, se ha venido desarrollando, es la designación de un comisionado adjunto que debe empezar a trabajar desde el mes de enero del próximo año. La presencia de esa comisionada o comisionado adjunto va a permitir desarrollar mucho más fácil, también, la dirección desde afuera. Lo que yo he dicho es: se debe garantizar una forma que impida que la CICIG se extinga lentamente.

¿Cómo va a ser la situación de la presencia mía? Esto es de acuerdo con las circunstancias, cómo se va desarrollando la situación en el país. Algunos quieren llamar, decía usted, por comentarios en redes sociales, a la confrontación. Hay un propósito de polarizar. Yo creo que la polarización es más artificial que real, cuando se piensa, por ejemplo, en esa encuesta de septiembre de este año, que el 70 % estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10 % estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara y la otra franja del 20 % es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

Veo que tiene fijado en Twitter una canción y frase que dice “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Sí. Eso lo puse en Guatemala.

¿Es una declaración de principios?

Es una declaración de principios. Sí, yo creo que en eso estamos. Estamos en el tema de las convicciones.

Iván Velásquez

Testimonios y huesos: las primeras pruebas de la masacre de El Calabozo

Fotografías de Ángel Gómez

Juana de Jesús ha llorado durante 36 años por el mismo motivo. Esta mañana de octubre se muestra parca. Es una mujer de 63 años que recibe a amigos y desconocidos en el patio de su casa. Hoy, en un terreno cercano se intentará desenterrar algo de los huesos de su mamá, su papá, una cuñada y sus hermanos.

En el patio se han colocado unas sillas plásticas azules y se forma un círculo con amigos, familiares y vecinos. Otros tres hermanos de Juana también están aquí. Y antes de empezar cualquier diligencia judicial, a las 10 de la mañana, adultos y niños se toman de las manos y rezan juntos.

Este 29 de octubre inicia la primera exhumación solicitada por la Fiscalía General de la República para investigar la masacre de El Calabozo. En este hecho se cree que fueron asesinadas al menos 200 personas, incluyendo niños. Para sobrevivir, Juana se escondió durante varios días en el monte. Escondida, alcanzó a escuchar la balacera.

Desde entonces, su voz se quiebra cuando habla del último momento en que vio a sus papás. El dolor de Juana no se ha quedado con ella. Una nieta joven toma la palabra en la rueda que se ha formado y se echa a llorar: “Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

A las 10:30 de la mañana, personal de la Fiscalía General de la República, policías, una antropóloga forense, un juez, empleados del Instituto de Medicina Legal y el abogado particular del caso se presentan en este patio. Llegan para explicar cómo se procederá a la extracción de los huesos. Hace 36 años un hermano de Juana enterró lo que quedó de su familia en secreto. Hoy, esos restos serán descubiertos.

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“A FRACASAR FUERON”

Juana vive en el cantón San Jerónimo de Santa Clara. El cantón es frontera con Amatitán Abajo, lugar donde se denuncia que ocurrieron la mayoría de asesinatos en la masacre. Cerca de su hogar pasa el caudal del río Amatitán. Su casa está en la zona rural y la mayor diversión de la zona es una cancha que durante las fiestas patronales se convierte en campo de ruedas.

Tras la explicación, un grupo de 40 personas –personal de instituciones estatales, defensores de derechos humanos y familiares– empieza una caminata de 15 minutos. Avanzan entre veredas que se ensanchan y reducen según la pendiente del terreno.

Juana no acompaña al grupo. Tiene un problema que le impide caminar del todo bien. Después de pasar tres cercos que dividen los terrenos, se llega a una tumba que tiene tres cruces pintadas de verde y adornada con flores plásticas rojas. Está rodeada por una milpa. Al lado pasa el agua de una quebrada. Este es el último paisaje que los padres de Juana vieron.

En comunidad. Antes de iniciar la exhumación, la familia Realegeño y algunos vecinos y amigos se reúnen para hacer una oración.

Ella tenía 27 años cuando la guerra civil la tocó directamente. “Yo pensé que la guerra iba a durar unas dos semanas”, admite ahora. Para 1982 ya tenía dos hijos: uno de siete meses y otro de cuatro años. Nunca fue a la escuela y en la casa de sus padres se ocupaba del oficio: hacer la comida para la familia y servirla. En agosto de ese año la vida paró.

“Uno tenía desconfianza de estar en la casa porque si lo hallaban, ahí lo mataban. Por eso fue que nosotros huimos”. Su familia se unió a los cientos de personas que intentaron escapar de los militares durante la noche del 21 de agosto del 82. Pero mientras ella avanzaba junto con el resto de gente, sintió una presión en el estómago. Dice que lo interpretó como una señal de alguna fuerza superior que le decía “ni un paso para delante, ni uno para atrás. Aquí quedate”. Así que se mantuvo quieta y llamó a sus papás. Ella calcula que eran las 11 de la noche.

—Papá, ¿y mi mamá?
—Ahí viene adelantito de vos. ¿Qué querés? ¿Hablar con ella?
—Sí, y también con usted, papi.

Juana empieza a revivir esa plática y entrelaza la mano izquierda con la derecha. Las coloca sobre su regazo, como quien no deja escapar algo delicado. Mientras huía, ella chineaba a su hijo de siete meses y su mamá llevaba al niño de cuatro años. Esa noche le pidió a su madre que le diera al niño mayor.

—Quiero merecer un favor. No sé qué me va a pasar. Pero siento en mi cuerpo algo. No sé qué me conviene. Por si acaso yo muero, quiero estar con mis hijos. Uno a cada lado.
—No te lo voy a conceder, hija. Te vas a llevar al chiquito porque le das pecho, pero a este no te lo llevas –cuenta Juana que le respondió su madre.
—Vaya, pues. Espero que se cuiden y cuídeme al niño también.

Esa fue la última plática que recuerda con ella: “A fracasar fueron. Más adelante estaba la emboscada de la Fuerza Armada”.

Según los testimonios, durante la madrugada del 22 de agosto llovió, y el río Amatitán creció. La corriente era fuerte y los campesinos estaban cansados. Cruzarlo no era la mejor decisión. En la mañana, cuando cientos de campesinos recuperaban fuerzas para seguir caminando, fuerzas militares los alcanzaron y les dispararon.

Intergeneracional. A pesar de que la masacre de El Calabozo no fue reconocida oficialmente cuando sucedió, los testimonios se han ido compartiendo entre hijos y nietos de los supervivientes.

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LA EXHUMACIÓN
La familia de Juana fue asesinada en este terreno cerca del río, de acuerdo con el testimonio. “Todos estaban así, como formando una corona”, explica la mujer. Esta es la segunda visita que se hace a este lugar en relación con el expediente judicial. Aunque la masacre fue denunciada en 1992, no fue indagada. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó que se investigara. Así, en enero de 2018 se hizo la identificación oficial de los lugares en los que los supervivientes aseguran que ocurrió la masacre. Fue entonces que se identificó esta tumba.

Al llegar, el juez del caso, Joaquín Bonilla, juramenta a la forense encargada de la exhumación:

—¿Acepta este cargo? –pregunta el juez.
—Acepto –responde la antropóloga Silvana Turner.
—¿Promete ejercer este cargo fiel y legalmente?
—Lo prometo.
—En este momento, queda nombrada como perito –finaliza Bonilla.

Silvana Turner es parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización fundada en los ochenta que ha trabajado para identificar a las víctimas de diversos crímenes alrededor del mundo. El EAAF no solo se dedica a sacar huesos. Los integrantes del equipo entrevistan a supervivientes o familiares, realizan la exhumación, analizan el material genético y, además, entregan los restos recuperados a sus familias. Su experiencia es amplia: durante más de 30 años, el EAAF ha trabajado en la identificación de víctimas de la dictadura argentina, en la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara, en Kosovo, Sudáfrica, en Guatemala y también en El Mozote, Morazán. La presencia de Silvana Turner le da solidez a la investigación.

Tras la juramentación de Turner, se procede a trabajar. Algunos lugareños ayudan a quitar la maleza con sus corvos y a limpiar el área de trabajo. A las 12:01 de la tarde, se empieza a martillar la plancha. Poco a poco, el cemento va cediendo y se van retirando los pedazos de ladrillo y concreto.

“Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

Mientras, Turner saca dos sillas plegables de su mochila y camina unos 5 metros hacia arriba de la tumba. Ahí, comienza a entrevistar a los hermanos de Juana. En la entrevista intenta conseguir información sobre señas específicas de las víctimas que permitan identificarlas. Luego, les pincha un dedo y se los aprieta de manera que la sangre sirva para manchar unos papeles que guarda y se utilizarán para comparar ADN.

La segunda persona a quien Turner entrevista es Fernando, hermano de Juana de Jesús. Es un hombre serio, con mirada desconfiada. “¿A su papá le faltaba algún diente? ¿No había ningún rasgo que recuerde? ¿Alguna característica?”, le pregunta la argentina a Fernando. El campesino lucha con su memoria y no recuerda algún detalle así de tajante. Lo mismo se le pregunta sobre su madre y sus hermanas. Luego, con serenidad, la antropóloga le pregunta por la ropa que sus familiares usaban antes de ser asesinados. Tampoco tiene mucha suerte.

“Yo hice la excavación pacha porque no andaba con qué hacerlo”, empieza a contar Fernando. Él volvió a unos días de la matanza y encontró a sus familiares en aquella forma de corona que Juana recuerda. Dice que también le dio sepultura a unos huesitos pequeños. Además, enterró el pantalón con las piernas de su papá y unas “cabecitas, pero no sabría decir de quién son porque estaban ya peladas”.

Tumba. La familia Realegeño construyó una tumba sobre el lugar en que quedaron los restos físicos de sus familiares. Cuando la tumba se destruyó, se conservaron las cruces.

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EN UN PARPADEO
Juana pasó tres noches escondida. Hasta que, según sus cálculos, al cuarto día, decidió volver a su casa. “Ya no aguantaba andar sin comer, sin tomar agua”, explica. Ya no podía darle pecho a su hijo de siete meses porque ya no tenía leche. “Si yo no me alimentaba, ¿qué iba a comer el niño?”, pregunta.

“La casa la encontré cerrada, como mi mamá la dejó”, dice. Ella sostiene que la Fuerza Armada no había salido de la zona. Por eso decidió comer en su casa, pero durante las noches, volvía a dormir con su hijo entre la vegetación.

Desde que supo que su familia había muerto, su mente empezó a engañarla. Por momentos, deseaba no parpadear. “Recién muertos, yo volteaba a ver para allá y bien miraba a mi papá con mi hermanito, mi niño, mis hermanas, mi mamá. Y cuando parpadeaba, se me perdían. Eso me pasaba en el día. El problema era que yo parpadeara. Los miraba y se me perdían”, cuenta.

En esos momentos, el dolor no amainaba para Juana, y pensó en el suicidio. “Me iba a matar porque me sentía sola. Mi papi había dejado unas pastillas para echarle al maíz, una de esas me iba a echar. Yo quería que terminara el dolor”, narra.

Los hermanos que han podido darle su declaración a Silvana Turner se salvaron porque no estaban en el cantón cuando ocurrió la masacre. Así lo comenta Juana. Gracias a su hermano Fernando y a un cuñado, ella es una de las pocas supervivientes que aseguran saber dónde están los restos de sus familiares:

“Vinieron a vigiar, a buscarlos. Los encontraron. Hicieron lo posible de quererlos enterrar, pero como les echaron ácido, cuando le agarraron el brazo a mi mami y a mi papi, ya las carnitas toditas se caían. Con el ácido, todos los cuerpos se ablandan. Así pasó con ellos, por eso es que no (soportaban) el mal olor. Me dijeron que iban a dejar que los huesitos se secaran porque no se soportaba el zumo de todos ellos. Cuando vinieron a querer enterrarlos, ya estaban solo los huesitos”.

Solo dos años después de esta masacre, en septiembre de 1984, el embajador de Estados Unidos en El Salvador confirmó al periódico The New York Times que el ejército salvadoreño poseía armas incendiarias de napalm. Esa sustancia fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por científicos de Harvard que trabajaban con el ejército estadounidense. En esos años, The New York Times también publicó que “el comandante de la fuerza aérea de El Salvador dijo que las armas incendiarias de napalm se habían usado contra las fuerzas guerrilleras”.

Tras la masacre, Juana se fue a vivir al refugio Fe y Esperanza, en San Salvador. “Allá me sentí un poco más ventaneada, más ocupada, porque allá había trabajo de hacer limpieza y hacíamos comida para todos, pero cuando iba a almorzar, ahí lloraba”. Antes, cuando Juana cocinaba, los primeros platos que servía eran el de su papá y el de su mamá.

Ella guarda entre sus pertenencias una foto amarillenta. Está con el pelo corto y entre sus brazos chinea a un niño que mira serio a la cámara. Ella hace una mueca similar a una sonrisa. La foto fue tomada en el refugio donde vivió por años hasta que pudo volver a las riberas del río y poner unas flores a su mamá, papá, sus dos hermanas, su cuñada y su hermano de 10 años.

Primeras pruebas. En la tumba se encontraron algunos huesos. El análisis genético determinará, probablemente, la identidad de las víctimas. Foto de Engracia Chavarría

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APARECEN ALGUNAS PRUEBAS
A la 1:38 de la tarde de este lunes de octubre, empieza a descubrirse un pedazo de tela en el terreno. Los forenses de Medicina Legal van sacando la tierra del área por capas ayudados de brochas y cubetas.

Dos minutos más tarde, un forense encuentra un hueso pequeño y se lo muestra a Turner. La antropóloga le explica que cuando encuentra algo en la tierra no lo tiene que levantar, tiene que exponerlo, es decir, apartar con la brocha lo que lo rodea para no modificar la posición de la pieza.

La tierra que se saca de esta área no se tira. Se mete en una cubeta y luego se zarandea. Pronto, Turner les hace una observación a los profesionales salvadoreños: “Están apareciendo huesos en la zarandeada. Esto significa que ustedes se los están pasando”.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner.

Turner mete los pequeños huesos dentro de una bolsa de papel. A este punto, las personas de la comunidad ya se han ido por su propia voluntad. Ninguna mujer de la familia se queda para ver si descubren o no los huesos de sus padres y hermanos. Pero una cosa es segura: el hijo de Juana –quien tenía cuatro años cuando la masacre ocurrió– no está aquí.

“Había gente bastante quemada. La mataron y le pusieron fuego. Había bastantes chupones de ceniza, y yo decía que a saber cuál de esos sería mi niño”, explica. Ella vivió en duelo por su hijo durante años, hasta que nueve años después, se reencontró con él. Juana no se explica por qué, pero los victimarios de sus padres no mataron a su hijo. Él creció en San Salvador.

Antes del atardecer, el trabajo del día se termina. Unos médicos forenses sostienen que se puede observar la parte de un cráneo. La indicación de Turner es que no se levante, pues falta apartar más tierra para analizar mejor del hueso. Los médicos forenses del IML comienzan a hacer una zanja porque es posible que llueva durante la noche y necesitan crear un camino para desviar el agua lluvia. Se coloca un plástico blanco sobre el área excavada. Antes de que el sol caiga, la gente empieza su camino de vuelta. Dos policías cuidan la tumba toda la noche.

Recuerdo. A la izquierda, Juana de Jesús sostiene a su hijo en el refugio donde vivió tras la masacre. A la derecha, su hermana Alicia. Ella murió a los 17 años, en la masacre.

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SOLO EL INICIO
Al principio se planteó que la exhumación duraría tres días, pero duró cuatro. El 1.º de noviembre se terminaron de sacar los últimos restos. Algunos testigos de la exhumación cuentan que, junto a los huesos, se encontró una cartera pequeña de mujer, un trapo que parece un pañuelo y una pequeña navaja similar a las que se usan para pelar naranjas. Entre los huesos no hay armas, pistolas o algo que denote que las personas estaban armadas.

Esta exhumación es parte de las primeras investigaciones relacionadas al caso que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián. El caso aún tiene más retos, como individualizar la acusación. Hasta ahora, explica el acusador particular del caso, David Morales, ha sido difícil tener acceso a documentos militares de la época para poder empezar a señalar responsabilidades específicas.

Además, “Silvana Turner no se pudo llevar los restos ni el ADN”, indica Irene Gómez, trabajadora de Cristosal, una organización que labora directamente con los supervivientes de la masacre y brinda apoyo jurídico. Ella sostiene que debido a que la exhumación se extendió un día más, hubo un atraso en el permiso final para sacar las muestras.

Los huesos ahora están siendo resguardados por Medicina Legal. El 6 de noviembre, el juez de Primera Instancia de San Sebastián giró un oficio en el que autorizó la salida de la muestra del país. Pero una gestión con la embajada argentina demoró. “Ahorita lo que ha quedado es que le manden (a Turner), a través de la valija diplomática, las muestras para hacer la respectiva evaluación”, argumenta Gómez.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner a través de un correo electrónico. A ella se le pregunta cuánto tiempo demora, usualmente, el análisis de las muestras. “No puedo dar mucha precisión, pero normalmente calculamos alrededor de dos meses mínimo desde el momento en que las muestras llegan a Argentina”, responde.

Mientras tanto, Juana sigue esperando que le devuelvan los restos. Ella planea hacer, por fin, una vigilia, un rezo y un entierro digno. No los va a enterrar en un cementerio, volverán al lugar en el que han permanecido por 36 años, cerca del río Amatitán. Mientras habla de esto, dos de sus nietas pequeñas juegan en el patio. Sonríen, tienen el pelo liso y castaño. Les encanta jugar en la tierra.

Técnica especializada. El personal del Instituto de Medicina Legal apartó con brochas y palas la tierra para descubrir los restos y no dañarlos.

Arriesgar la vida para ganarla

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas que trabajan fuera de oficina y en comunidades? La respuesta, para la lideresa sindical Sarahí Molina, es simple: “No es raro escuchar que trabajadores que distribuyen productos en las colonias han sido secuestrados por las pandillas. Y ya hay vendedores que han sido asesinados porque el patrón no paga la ‘renta’”, responde.

Molina es la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES). Este movimiento agrupa varias organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores a escala nacional. Ella opina que la violencia social de la que son víctimas algunos trabajadores en sus horarios laborales podrá verse disminuida cuando el Estado se fortalezca en el territorio y garantice la seguridad para toda la población. Esa medida, hoy por hoy, suena a una larga espera.

Mientras, algunos empleados de campo han ideado estrategias personales para disminuir el riesgo cuando trabajan. Y esas tácticas van desde pedir permiso antes de entrar a una colonia hasta aprender a negociar con calma para que un grupo de pandilleros no mate al colega.

Entre enero y octubre de este año se registraron 2,845 homicidios. Las autoridades han presentado esa cifra como un avance en la lucha contra la inseguridad y violencia porque, en teoría, ha ocurrido una reducción del 15.8 % de asesinatos, comparado con 2017. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha brindado datos que hacen que se cuestione la reducción.

La Fiscalía sostiene que las desapariciones han aumentado en El Salvador y, en promedio, se desconoce el paradero de 10 nuevas personas cada día. Solo en 2018 ya van más de 3,000 denuncias de este tipo.

“La situación de los trabajadores cada día va más precaria. Mientras el Estado no controle los territorios, esto va a seguir sucediendo. Por el desempleo que hay, mucha gente acepta un trabajo, a pesar de que sabe que va a exponer su vida”, dice, con pesar, Molina.

El Código de Trabajo establece que los empleadores deben propiciar un ambiente seguro para sus trabajadores, y el artículo 317 de esa legislación considera como accidente laboral todo aquel que sucede “a consecuencia de un delito, cuasidelito o falta, imputables al patrono, a un compañero de trabajo o a un tercero, cometido durante la ejecución de las labores”. Sin embargo, no hay un marco legal que proteja de manera especial a este tipo de trabajadores que se mueven entre comunidades.

“En la parte de la delincuencia, el patrono no tiene la posibilidad de garantizar condiciones específicas para sus trabajadores. Esa es una función del Estado”, asegura José Rodezno, experto en derecho laboral.

Rodezno se desempeñó como director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sostiene que las medidas que los empleadores pueden tomar para proteger a estos asalariados en el contexto de violencia actual no están reguladas en ningún sitio.

“A lo mucho que se podría llegar, estirando un poco el sentido de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, es a limitar el acceso de trabajadores a zonas de mucha criminalidad… pero algo que diga que usted tiene prohibido enviar a un trabajador a un área por su alto índice de criminalidad no existe”, asegura el abogado.

Mientras tanto, cientos de empleados continúan trabajando y combinando su labor con el miedo.

Estos son cuatro testimonios de trabajadores de campo. Ellos brindan su versión sobre cómo es salir a laborar. Ninguno de los entrevistados denunció estos hechos ante la Policía porque consideraron que una denuncia formal los pondría en mayor riesgo. Tres de ellos pidieron que sus nombres no fueran revelados.

Ilustración de Moris Aldana

La locación inadecuada

“Pues se me van de aquí a la mierda. Todos ustedes no tienen nada que hacer acá, saquen estas cámaras”, recuerda Carmen que le gritó un hombre armado mientras intentaba grabar un comercial en Mejicanos. Volvió a ver su alrededor y había otros dos hombres mostrando un arma de fuego.

Carmen es una productora audiovisual que trabaja para distintos clientes. Tiene 28 años y los últimos cinco los ha dedicado a coordinar grabaciones. Como si fuera algo normal, colecciona historias de cómo no le han permitido filmar en ciertas colonias, de tener que pedir permiso a una pandilla para poder elevar un dron o de escuchar disparos cercanos mientras se intenta filmar una entrevista.

El día que la sacaron de Mejicanos lo recuerda con más fuerza porque fue la primera vez que la amenazaron directamente con armas. El equipo técnico, los actores y ella habían llegado a grabar a una colonia que parecía tranquila. Carmen incluso asegura que coordinó con personal de la alcaldía para poder estar en el sitio. Entonces, cuenta, le dijeron que no se preocupara, que era una zona sana.

Esa idea se desvaneció cuando escuchó los gritos. “Toda la gente empezó a agarrar sus cosas y yo me quedé quieta. Después el hombre armado pasó frente a mí, empujándome, que qué esperaba. Teníamos los carros ahí cerquita de dónde íbamos a grabar, pero como nos echaron, empezamos a caminar sin destino”, cuenta. Al final, lograron entrar a una Casa de la Cultura. Ahí se refugiaron hasta que llegaron los agentes del CAM de la zona y los acompañaron a sacar los autos.

Carmen explica que es mejor trabajar en locaciones privadas en lugar de hacer tomas en lugares donde “ponés en riesgo miles de dólares y la vida”. Y es que esos espacios a los que ella se refiere no suelen ser gentiles con extraños. Para poner un ejemplo, cuenta que hace unos meses su jefa de entonces le pidió hacer tomas de dron en el reparto La Campanera, en Soyapango. La tarea era grabar una cárcava.

“Mi contacto en la zona me dijo ‘mire, no vayan a venir, mejor’. Y yo le dije a mi jefa: ‘Nos aconsejan no ir porque acaba de suceder un tiroteo con investigadores encubiertos’. Y mi jefa dijo: ‘Sí, pero necesitamos esas imágenes’. Ella insistía en que las necesitábamos, y yo pensaba ‘¿sí estás comprendiendo que acaban de dispararles?’. Ahí me molesté un montón porque fue (saber) que les interesa más que vayamos a hacer esas putas imágenes cuando está en riesgo nuestra vida”, narra, con frustración, la productora.

En esa ocasión, Carmen decidió no ir y enfrentar las posibles consecuencias. Pero, dice, no puede hacer eso cada vez que una locación es peligrosa. Quiere seguir trabajando en el mundo audiovisual, aunque eso implique correr cierto riesgo. Cuando entra a zonas inseguras, dice, ya le ha enviado las coordenadas de su ubicación a algún amigo a través de WhatsApp. La estrategia, que hasta ahora nunca ha sido necesario poner en marcha, es que si Carmen deja de responder durante media hora, el amigo debe llamar automáticamente a la empresa audiovisual para avisar que ella está en problemas.

Ilustración de Moris Aldana

Contra las púas por una carta

El problema de Édgar Escalante se agravó por su corte de cabello. Édgar es un trabajador de Correos de El Salvador, en la oficina de Santa Tecla. Es moreno y robusto. Rodeado de correspondencia, recuerda la vez en que dos pandilleros le hicieron entender que no era bienvenido en una colonia.
Eran las 11 de la mañana y Édgar estaba acompañado por otros dos carteros en la zona norponiente de La Libertad. Los tres entraron juntos y, pronto, les cuestionaron los motivos de su tránsito por el lugar.

“Primero nos hicieron la llamada de alto, que de dónde son, qué andan haciendo. Luego me dicen: ‘Mira, vos tenés plante de jura’. Y yo le digo que no, que mi corte de cabello así es”, relata el empleado de Correos. Después de eso, recibió su primer golpe en plena calle. “Nos quitaron nuestras pertenencias, se nos revisó el cuerpo y prácticamente quedamos en ropa interior. Fue frente a todo mundo”.

En este salón de correspondencia hace calor al mediodía y más carteros escuchan la historia de Édgar. A ninguno parece sorprenderlo: “Me pegaron la primera pechada y me toparon a un cerco de alambre de púas y, con cada empujón, imagínese lo que me pasaba en la espalda”. De acuerdo con su relato, sus compañeros también fueron empujados contra el cerco y los alambres se les incrustaron en la piel.

“Pasé como una semana con mis golpes”, dice. Una de las personas de esa zona, comenta, reconoció a uno de los carteros y le aseguró a quienes los golpeaban que sí, que ellos trabajaban repartiendo correspondencia. Ese comentario funcionó como salvoconducto. Los tres hombres se pusieron su ropa y salieron. El correo ha dejado de llegar a esa colonia.

Las cosas no parecen ser distintas para otros empleados de Correos. Otras tres personas que trabajan en la institución afirman conocer experiencias similares, en las que se les exige un pago para poder ingresar a dejar paquetes, en las que son perseguidos o en las que sus compañeros son expulsados de las comunidades a punta de pistola.

De estos hechos no hay denuncia. “Entonces es cuando le damos vida a la impunidad porque no podemos denunciar; si lo hacemos, ponemos en riesgo a los demás compañeros, porque nosotros andamos en la calle, damos la espalda a cada rato”, justifica Escalante.

En una pared de la oficina, unas tablas forman los cuadros que dividen la correspondencia por zona de distribución. “La institución, por ley y por normativas internacionales, tiene la obligación de servirle a la población. Los convenios obligan a hacer llegar la comunicación vía escrita a todos los rincones de la república. Es el derecho a estar conectado y comunicado con el mundo”, dice Escalante, orgulloso del trabajo que hace.

Luego aterriza a la realidad salvadoreña y muestra un cajón de madera en la esquina inferior derecha de la pared. “Este cajoncito son lugares a los que no vamos. Nosotros tenemos zonas de alto riesgo y esa correspondencia la ponemos a un lado”, explica. En este trabajo, adaptarse ha implicado idear maneras de contactar a los destinatarios de ciertas cartas y paquetes sin tratar directamente con ellos. “Se les llama por teléfono o se va a puntos de pick up o buses y ahí preguntamos si le pueden decir que tiene un paquete en Correos”. La idea es reducir el riesgo: “No queremos héroes ni queremos mártires”.

Ilustración de Moris Aldana

Desarrollo entre el conflicto

Virginia trabaja desde hace 13 años en proyectos de desarrollo con organizaciones locales e internacionales. Hace un año, cuenta desde una sala de reuniones, su carrera le presentó un reto desgarrador y contradictorio. Debía formar a las mujeres de una comunidad en prevención de violencia de género. Sin embargo, para conservar el permiso de la pandilla para dar la charla, debía acatar la regla básica de convivencia en esa comunidad de San Salvador: ver, oír y callar. Y lo que había que callar no era sencillo. Virginia sostiene que en esa comunidad, era de conocimiento general que un pandillero abusaba sexualmente de una niña de 12 años.

La primera vez que Virginia llegó a esa comunidad, no fue bienvenida. Un cabecilla de la pandilla, asegura, la sacó. “El líder comunal empezó a reclamar que quién era la coordinadora de esa charla, que quién me había autorizado. Me dijo que me fuera. Nos reunimos en otro lugar con los asistentes y pregunté qué pasó. Y resulta que el presidente de la junta directiva es líder de la pandilla”.

Para poder realizar su trabajo, Virginia tuvo que volver al lugar del cual la habían sacado y solicitar que el mismo sujeto la escuchara. “Lamentablemente, me tocó hacer negociación con este señor, presentarle a él el proyecto, explicarle de qué se trataba. El proyecto estaba enmarcado en prevención de violencia contra la mujer, pero yo no le dije que el tema era ese. Le dije que era promoción de derechos”, confiesa.

El líder le puso tres condiciones para poder impartir las charlas: “Me prohibió que llegara sin avisar, me prohibió que usara el término violencia y me prohibió que llegara con gente de la alcaldía”. Solo con ese aval solucionado pudo realizar sus capacitaciones en la comunidad.

“Lamento que vivamos en un país donde a muchos técnicos nos toque negociar con el crimen para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para comunidades completas”, dice con un atisbo de enojo en la voz.

En el transcurso de esas charlas fue que escuchó por primera vez sobre el caso de abuso sexual infantil que ocurría en la zona. “Si la niña se quejaba o lloraba, la sacaban desnuda a la calle”, recuerda.

Las experiencias laborales anteriores en proyectos de desarrollo comunitario no habían sido más esperanzadoras, acepta la experta. Luego pone de ejemplo el caso de un representante comunal que fue asesinado, en teoría, porque no colaboró con la pandilla local en un robo. También cuenta que promotores de salud con los que ella trabajaba han sido asesinados en los últimos años. Para Virginia, su trabajo parece estar ligado a la tragedia.

En otra ocasión, recuerda, estaba impartiendo una charla sobre salud sexual y reproductiva que tuvo que ser interrumpida por una balacera a pocos metros. “Uno de los jóvenes solo me dijo ‘agachémonos, que no nos vean en las ventanas’. Al final todos se quedaron en el piso y una de las ventanas estaba medio abierta. Cuando yo quise pararme para ir a cerrarla, logré ver que sacaron de una casa a un señor y lo estaban desnudando. Le quitaron toda la ropa, buscándole algún tatuaje”.

Mientras Virginia observaba por la ventana lo que sucedía afuera del aula, uno de los estudiantes le rogaba: “Apártese. No quiero que nos vayan a ver. Ellos me tienen prohibido participar en estos proyectos”.

Así, estos 13 años de experiencias entre balas, asesinatos de conocidos y amenazas le han valido a Virginia para caminar alerta. A pesar de que la naturaleza de algunos de sus trabajos le exigen llevar un diario de campo, ella solo toma notas de lo que ve en las comunidades hasta que se siente en un lugar seguro. Ahora estudia con más detalle la ruta a tomar dentro de las colonias para no mostrarse perdida, dice que jamás saca el teléfono de su bolso mientras trabaja y recuerda otra medida de seguridad importante que ha decidido para sus proyectos: para evitar confrontaciones, es mejor nunca coordinar seguridad con la Policía Nacional Civil (PNC).

Virginia ha decidido camuflar la mirada ante ciertas cosas: “Si veo una discusión, si veo armas, hago como que no me fijé”. Solo así ha logrado terminar los proyectos para los que las organizaciones la contratan.

Ilustración de Moris Aldana

El peligro del gas

Durante tres años, desde 2015, Jaime trabajó como motorista de una empresa repartidora de gas propano. En sus trayectos no solo se encargaba de llevar el producto, sino de cobrarlo. Usualmente lo acompañaba en su viaje un vigilante y los ayudantes. Parecía que todo estaba bien calculado para no correr ningún peligro a pesar de entrar a colonias con alto nivel de criminalidad, pero pronto se daría cuenta que no era así.

“Llega uno de mis ayudantes pálido y me dice: ‘Mirá, allá tienen los bichos en el pasaje a aquel’”. Jaime cuenta que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pandilla de la zona habían detenido al ayudante que entregaba los tambos de gas. El trabajador, de unos 22 años, era nuevo. Tenía una semana de haber empezado. Jaime le pidió al grupo que lo dejara ir, pero los muchachos respondieron que no.

Al ayudante le habían quitado la camisa, la cartera y hasta los zapatos, asegura Jaime. Preocupado, pidió que arreglaran la situación y la respuesta que recuerda haber recibido fue una muy simple: “O te vas sin él o no te vas”.

Jaime ya había visto noticias de otros repartidores de gas asesinados, incluso hoy todavía tiene en su celular la noticia del asesinato de otro vendedor de gas con quien tenía una amistad. Sabía que la amenaza era real. Se dio la vuelta y pidió a la vendedora de gas de la zona que intercediera. La señora llamó a alguien, que él asume era de la pandilla, y esa llamada fue suficiente para que el grupo accediera a negociar. “La onda está que nos das 80 bolas (dólares) y te damos tranquilo al bicho”, le respondieron.

Jaime no contaba con ese dinero de su propia bolsa. El dinero que tenía provenía de la venta de los tambos. Así que llamó a su jefe para explicarle que sacaría $80 de la ganancia del día.

“En esa situación, los jefes creen que uno es el que se presta o que uno lo hace por sacarle dinero a la empresa. Yo le llamé, y le dije: ‘Mire, aquí está este chamaco y lo tienen en un pasaje en la San Ramón y $80 quieren por dejarlo ir’”. Su jefe puso un poco de resistencia, asegura, y le pidió que negociara con la pandilla, que cómo era posible que quisieran más dinero si ya pagaban “renta”.

Jaime, exasperado, le dijo que mejor le entregaría el teléfono a los pandilleros para que negociaran con él a distancia. Él recuerda que, ante esa posibilidad, su jefe se negó y aceptó que se pagaran los $80.

Él sostiene que en los tres años que trabajó para la empresa repartidora de gas, fue constantemente amenazado, extorsionado y robado. “‘Al rato me van a matar, yo ya no voy a venir acá’, decía yo. Pero te ponés a pensar: tengo que pagar casa, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar recibos… y vos decidís que tenés que hacerle huevos. Al final, tenés que aprender a tratar con ellos. Yo tuve una de las rutas más cabronas. Pero ¿qué hacía? Pasaba en alguna tienda, compraba dos gaseosas y una caja de cigarros, y cuando ya veía que el bicho venía saliendo del pasaje, ya sacaba la soda y la caja de cigarros. Te los empezás a ganar”.

A finales del año pasado se cansó. No tenía otro trabajo, pero renunció. No podía seguir pensando que su vida corría peligro: “Me afectaba. Yo pensaba que en cualquier momento, alguien podía venir y, sin mediar palabra, me mataban y ya estuvo. Y en las noticias iba a salir ‘matan a repartidor de gas en tal colonia’. Parte sin novedad”.

Los hijos aún quieren huir

Sara

Sara habla con voz baja desde que el problema sucedió. A veces articula las palabras, pero de su garganta no sale ningún hilo de voz. Eso pasa cuando menciona el nombre de la pandilla que amenazó a su hijo y cuando acepta que sí, que aunque ya pasó un año, aún tiene miedo.

No se llama Sara, pero la condición para dar su testimonio fue que no se revele su nombre real ni su ubicación. El problema, como ella lo llama, fue un ultimátum a Carlos, su hijo menor. A raíz de eso, perdió su trabajo y la casa que se disponía a comprar. Ahora ha vuelto al pueblo del cual salió hace años buscando una mejor vida. Desde ahí intenta sobrevivir cosiendo, pero en la zona también hay pandilleros y su hijo ha tomado una decisión: el muchacho de 19 años migrará a un país que no conoce, donde una persona –a quien tampoco conoce personalmente– le ha ofrecido casa.

El caso de esta familia es uno de tantos que no han sido denunciados ante la Policía Nacional Civil (PNC) por temor a que se filtre información. Sara solo denunció su situación ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que, en los primeros seis meses de este año, recibió 85 denuncias de desplazamiento forzado. En esos casos, 263 personas huyeron de sus hogares.

Esa cifra, sin embargo, puede ser débil para representar la magnitud del problema. Por ejemplo, el Informe Global de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados calculó que 296,000 salvadoreños sufrieron desplazamiento debido a conflicto el año pasado.

Del fenómeno se tienen datos y cálculos, pero gubernamentalmente no se admite. La PDDH cita un estudio en el que se sostiene que el 4.9 % de los hogares salvadoreños cambiaron su lugar de residencia “como producto de la violencia e inseguridad pública” hace dos años. Beatriz Campos, la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de dicha institución, lo resume en pocas palabras: “Para el Gobierno, reconocer que hay desplazamiento por pandillas es como decir ‘bueno, no somos suficientes para controlar el territorio, ni siquiera eso’”.

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EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Carlos tenía 17 años, estudiaba bachillerato y tenía novia. Vivía en un municipio controlado por pandillas y, hasta entonces, no había tenido ningún problema con los pandilleros de su misma edad.

“Mi otro hijo me contó que Carlos tenía una novia. ‘Está bueno –dije yo–, está en la edad de tener novia’”, cuenta Sara, su madre. Hasta el año pasado, ella trabajaba en ventas de un negocio en San Salvador. Normalmente salía de su casa temprano y regresaba hasta pasadas las 7 de la noche. Con su trabajo, asegura, tenía ingresos de $500 mensuales.

Debido a la inseguridad de la zona, el alquiler de la casa era de $40, y la madre de familia había iniciado pláticas con la dueña para comprarla por $11,000. Sus dos hijos estudiaban bachillerato, ella descansaba los domingos y, a pesar de las pandillas en la colonia, la vida para los tres pintaba bien. “Tenía una vida bastante tranquila”, alcanza a decir antes de que se le corte la voz por el llanto.

Una noche de abril del año pasado, cuatro muchachos de la edad de sus hijos tocaron la puerta de su casa y exigieron entrar. Ella sabía que eran pandilleros. Entraron a la sala y no se fueron hasta media hora después.

Dijeron “que mi hijo andaba con la mujer de un marero… ella no se ve así, como que fuera de ellos, pero sí, quizá se relacionaba mucho con ellos. Se querían llevar a mi hijo. Yo me humillé. Negocié con ellos. Llegaron a una opción, gracias a Dios, de que teníamos que irnos o si no, lo iban a matar”, dice Sara.

A la mañana siguiente llovía, recuerda Sara. Se preparó como si fuera a trabajar, tomó su cartera y salió a las 5 de la mañana. A su lado venía Carlos, su hijo menor. Era su huida, pero no cargaba ninguna maleta. Querían aparentar normalidad. Sara subió a su hijo en un bus y le dio la instrucción de no bajarse hasta el final del recorrido. En el otro punto, la tía de Carlos lo esperó y lo acomodó en este pueblo en el que se reubicaron.

Sara llegó a su trabajo para decir que tenía que irse y volvió a su casa. Consiguió un camión y ahí metió unas camas, la ropa, la refrigeradora, la cocina, unos sillones, unos adornos y flores de plástico. Cuando ella abandonó la casa de San Salvador, cuenta, unos siete mareros de la Mara Salvatrucha estaban custodiando: “Ellos incluso hablaron con el motorista, que para dónde iba. Y él les dijo ‘va para unos pasajes más arriba’, pero era mentira. En la casa quedaron unas mesas, quedó una cama porque ya no cabía, ni modo”.

Sara se subió al camión y se propuso no volver a ese lugar. “Salimos por otra calle que siempre va a salir a la principal. Ellos están al tanto de todo lo que está pasando en la colonia. Yo sentía como que nos iban siguiendo”.

Cuando llegaron al pueblo, Sara sintió un poco de calma. Pero durante el primer mes, sus hijos decidieron encerrarse y no salir. La ilusión de encontrar la paz no ha sido duradera. Después de un año, Carlos busca huir de nuevo.

Iniciativa productiva. Sara ha sido apoyada por una organización para montar un negocio y poder tener un ingreso económico después del desplazamiento forzado.

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ORGANIZACIONES RESPONDEN ANTE UN ESTADO AUSENTE

“Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”, reconoce la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con cifras de la PDDH, desde enero hasta junio de 2018, la institución contabilizó 283 víctimas de desplazamiento forzado interno. Dentro de estas personas, el grupo que más fue desplazado fue el de mujeres adultas de 19 a 41 años. El departamento en el que más denuncias se recibieron fue San Salvador, con el 60 % del total de casos.

Sara contó su caso en la PDDH y ahí la refirieron a Cristosal. Esa organización cuenta con un programa piloto para apoyar negocios de víctimas de desplazamiento forzado. La idea es ayudar a que las personas desplazadas puedan desarrollar un sostén para integrarse a las comunidades de manera productiva.

Eloisa Lara, la coordinadora de este programa, explica que Cristosal apoya con capital semilla: “No tenemos un tiempo definido de apoyo. Medir soluciones duraderas no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana bajo todas las condiciones de violencia de El Salvador. Las soluciones duraderas son un proceso complejo y largo en el cual nosotros vamos acompañando a la familias por, al menos, un año”.

Sara recibió una máquina de coser y, como ya sabía usarla, le enseñó a su hijo mayor cómo hacer cojines para poder tener algún ingreso económico. Por ahora, el modelo de negocio no es suficiente para sostenerse. Por ejemplo, ahora tiene en su casa un encargo de 50 cojines celestes por los que tendrá $100 de ganancia. Ella y su hijo han trabajado un mes en ese encargo.

Sara y sus hijos huyeron de San Salvador hace un año, pero no han estado libres de la delincuencia. Además del desarraigo, el costo de la huida ha sido alto. “Voy a vender a los cantones y hace poco, en el bus, me robaron producto valorado como en $150”, cuenta. Y si el año pasado pagaba $40 de renta, el alquiler de la pequeña casa de un cuarto en la que ahora vive con sus hijos es de $110 al mes.

Cifras de la procuraduría indican que, de cada 100 personas que se encontraban trabajando al ser desplazadas, 42 se vieron obligadas a “dejar el empleo o la microempresa que tenían. Es decir, junto con la vivienda, abandonaron sus medios de vida y, como resultado, su condición económica empeoró”.

Además, el desplazamiento supuso que sus hijos dejaran de estudiar el bachillerato. El Observatorio 2017 del Ministerio de Educación reportó que, en al menos 683 centros escolares se registraron casos de estudiantes que dejaron de asistir a clases por la presencia de maras en la zona del centro de estudios.

Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”.

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CAMBIAR DE LUGAR NO ES SUFICIENTE

—¿Acá no hay problemas de pandillas? –se le pregunta a Sara en un día lluvioso.
—Fíjese que es lo mismo aquí. Carlos no salía, hasta hace poco. Pero pasó un mes en que solo en la casa pasaba, hasta que empezó a buscar trabajo porque hay que salir adelante. Tenemos presencia de pandilleros aquí cerca. Hace poco Carlos venía ya como a las 8 de la noche y ellos estaban fumando allá arriba. Lo pararon y le preguntaron que por qué no lo habían visto, y él les dijo que trabajaba en la alcaldía y le han dicho que lo van a investigar”.

Carlos dio esa respuesta porque logró ser aceptado como aprendiz en un taller de la alcaldía de ese pueblo. El muchacho no recibió amenaza, pero ese mensaje fue suficiente para que la familia se sienta vulnerable de nuevo.

“Ahí está que mi hijo me dice que se va a ir. Dice que ya no quiere estar acá. Tengo una amiga que tiene una hermana en el extranjero. Ella me lo va a recibir. Lo que más quisiera es que ellos estén bien. Poder sacarlos de acá y que ellos puedan tener libertad de decir ‘voy a ir aquí’, ‘voy a ir allá’, sin pensar que les puede pasar algo”, cuenta Sara con amargura.

“Las soluciones duraderas para personas desplazadas se alcanzan a través de su integración comunitaria”, asegura Mauricio Quijano, director de Desarrollo Comunitario de Cristosal.
Brindar “soluciones duraderas es responsabilidad del Estado. Tal responsabilidad se manifiesta a través de la presencia territorial de las instituciones estatales, proveyendo acceso a servicios. Restituir los derechos de las personas desplazadas en comunidades de acogida requiere de la promoción de ambientes favorables para el ejercicio de dichos derechos”. Un ambiente que aún no han encontrado ni Sara ni sus hijos.

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LA REUBICACIÓN QUE FALLÓ

En julio de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el problema del desplazamiento forzado interno existe ,y ordenó al Ejecutivo que hiciera lo mismo y tomara medidas de protección para las víctimas. Esta resolución de la sala se dio tras la solicitud de un amparo en el que 33 personas de un grupo familiar dijeron haber sido víctimas de un sinfín de tipos de violencia en El Salvador.

Un hombre, identificado con la clave Demandante 2, declaró ante la Corte que los miembros de su familia vivían en un área de Ciudad Delgado dominada por pandillas.
“En 2016, la cosa se puso caliente”, se escucha decir al hombre en un video. “Extorsionaron todos los negocios, mataron al que vendía tortillas en la comunidad. Mataron al hijo del señor que vendía gas y a su papá lo balacearon. A la señora del chalet de la tienda la balacearon. De ahí mataron a un sobrino de mi primo”.

Pérdida de trabajo. Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indica que el 42.5 % de los desplazados se vio obligado a dejar su empleo en el período de abril de 2016 a mayo de 2017.

Luego, la violencia lo tocó de manera directa. Dos de sus familiares pertenecen al ejército y una de sus hermanas fue violada junto con su hija de 12 años. Los pandilleros, de acuerdo con la declaración, amenazaron con matarlas si no entregaban a sus hermanos militares.

Con todo esto en la cabeza, el Demandante 2 decidió coordinar el traslado de su familia hacia Berlín, Usulután. “Un mes y medio después ya habíamos hecho el rancho de lámina”, se le escucha decir. Pero el lugar al que se desplazaron se convirtió en otra estación de su vía crucis.

En el video, el hombre explica que, llegado diciembre, la comunidad organizó una fiesta frente a la casa informal que recién había construido. “Estaban enfrente de nosotros las luces, la discomóvil, todo el show y la gente contenta. Todo bello. A las 10:30 fue el parón de luces y de sonido. Pum. Y el gran caos y la gritadera”.

El Demandante 2 asegura que policías llegaron y realizaron un operativo en busca de pandilleros. Luego, su madre salió a observar qué sucedía.

“Cuando mi mamá venía saliendo, se oyeron los disparos. Mi mamá gritó y yo le dije ‘no, tranquila, mamá, no me han baleado a mí’. ‘Hijo, me balearon’, me dijo. Yo la alumbre y cuando la vi, su pantaleta blanca estaba empapada de sangre. Mi hermano la agarró. Mi papá le daba boca a boca respiración. ‘¿Qué han hecho?’, le dije yo. En el baile pregunté quién disparó. ‘Los policías dispararon’, dijeron en la comunidad”.

Este caso que ilustró la violencia de El Salvador sirvió para que la Corte Suprema de Justicia se convirtiera hace solo cuatro meses en la segunda institución pública en reconocer este fenómeno.
“No se encuentra razón para dudar del declarante, pues no se ha aportado al proceso prueba que ponga en duda su credibilidad o la confiabilidad de la información que proporcionó”, razonó la Sala de lo Constitucional al respecto.

La sentencia indicó que “los integrantes de su grupo familiar han sido víctimas de desplazamiento forzado, en un primer momento, como consecuencia del acoso y de graves atentados que pandilleros del Barrio 18 efectuaron en su contra y, en un segundo momento, por un hecho de violencia no investigado ni esclarecido que involucró a agentes de la PNC y provocó el fallecimiento de la madre del demandante”.

Las personas identificadas como víctimas y demandantes en este amparo ya lograron irse de El Salvador. Su intento de reubicación dentro de su propio país terminó en un homicidio que aún no ha sido esclarecido.

La sala estableció que la Asamblea Legislativa había fallado al no actualizar normativa para la atención de estas víctimas, así como señaló fallas del sistema policial y fiscal. Además, ordenó que se tomen medidas para proteger urgentemente a las familias que huyen por la violencia.

En la práctica, las órdenes de la Corte son solo palabras sobre papel. La procuradora Beatriz Campos lo reconoce así: “Las ONG están supliendo, aunque no debería ser así. Y ahí nuestro principio se va un poco por la borda porque queremos que el Estado asuma, pero no tiene cómo, por más recomendaciones que se hagan y por más que la sentencia esté vigente”.

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UN PROBLEMA SIN ESTADÍSTICAS CLARAS

“Hay personas que dicen claramente que no quieren denunciar ante la PNC o la Fiscalía. Pero nosotros registramos el caso”, sostiene Campos. También otras organizaciones llevan sus propias estadísticas. De enero a septiembre, Cristosal ha registrado 115 casos de desplazamiento forzado. En promedio, 12 por mes. En el 68 % de los casos, las víctimas han decidido no interponer denuncia ante el Estado.

“Existen varios factores que no hacen posible en este momento un cálculo con alto nivel de precisión del número de desplazados. Dentro de ellos se destaca el carácter invisible del desplazamiento. La visibilidad podría significar ser detectados y ser de nuevo víctimas de la violencia”, se puede leer en un informe del año pasado de la Procuraduría.

Si no hay denuncia formal, ¿cómo se sabe que los casos son reales? Cuando esto se le cuestiona a la procuradora Beatriz Campos, ella responde que las personas que llegan a la procuraduría se presentan en situación límite y, en ocasiones, en crisis nerviosas. Ella recuerda que predominan los grupos familiares en los que hay jefa de hogar con hijos y nietos. “Cuando la gente viene, no creo que estén fingiendo ni estén haciendo ninguna especie de histrionismo. Vienen con sus cosas, vienen con su grupo familiar”.

De una muestra de 138 casos de desplazamientos estudiados por la procuraduría, las principales causas para desplazarse fueron las amenazas de muerte y el intento de homicidio. A pesar de que estas acciones constituyen delitos que pueden ser denunciados ante las autoridades, las personas entrevistadas por la institución revelaron los motivos principales por los que no denuncian: por miedo a represalias y por desconfianza en las instituciones.

La desconfianza no es gratuita. “La mayoría de estos casos son provocados por pandillas, pero hay cinco denuncias de este año en los cuales las causales de desplazamiento son provocadas por agentes policiales, o sea, es una violencia institucional”, señala Campos desde su oficina en una tercera planta de San Salvador.

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LA PARTIDA

A mediados de este octubre, miles de personas salieron juntas de Honduras con destino a Estados Unidos. Los medios han nombrado al grupo de personas que avanza a pie en la Caravana de Migrantes. Se calculan entre 3,000 y 7,000 personas las que se juntaron para realizar un éxodo masivo del país centroamericano. Una página de Facebook llamada El Salvador Emigra por un Futuro Mejor ha convocado a salvadoreños a salir en grupo hacia Estados Unidos este domingo por la mañana.

Irse lejos de El Salvador es también el deseo de algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas. Cristosal analizó 226 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2016 y marzo de este año. La conclusión a la que llegaron tras el estudio es tajante: “El 89 % de las familias que entre sus miembros tienen a un niño, adolescente o joven tiene la intención de migrar”.

Entre las instituciones estatales, este no es ningún secreto. Las víctimas de este problema no cuentan con medidas de protección suficientes y algunas se ven obligadas a tomar decisiones radicales, como la migración irregular. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó el año pasado que “el Estado mantiene un rol (marginal y) omitido y pasivo en la problemática del desplazamiento interno, a pesar de que la atención a las víctimas es responsabilidad prioritariamente de los Estados en donde ocurre”.

“Vámonos, mamá, hagamos vida en otro lado”, cuenta Sara que sus hijos le han dicho. La pequeña familia ha planificado que Carlos sea el primero en partir solo.

Medio de subsistencia. Sara espera, con la venta de su producto, recuperarse económicamente después de que su hijo fue amenazado de muerte.

“La gente quiere distorsionar a Monseñor Romero para legitimar su mundo”

José Jorge Simán Amigo de Monseñor Romero

Pepe Simán tiene 82 años y en los últimos días ha estado ansioso. Camina lento hacia su estudio, un salón lleno de libros, premios y tarjetas de cumpleaños. Ahí muestra algunos de sus escritos. Antes de sentarse a conversar, advierte algo: este miércoles no se dejará tomar fotografías. Ahora quiere platicar.

“Imagínese, yo era el turquito Simán que llegó a pedir trabajo a ADOC”, dice con humor. La figura de Pepe Simán es un tanto ecléctica. Estudió economía y filosofía. Cuando era joven, se salió del próspero negocio familiar y solicitó trabajo a una zapatería. Ahí creó el Departamento de Mercadeo. Fundó empresas, fue director de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y, además, se interesó por promover actos artísticos, hacer eventos musicales y traer cine a El Salvador. En esa vida tan variada que llevó, conoció a Monseñor Romero. Pero el primer encuentro de los dos fue una discusión.

En los años sesenta, José Jorge Simán fundó la Oficina Católica de Cine y realizaba cine foros. Cuando Romero fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador, los dos no coincidían en cuál debía ser la misión de esa oficina: ¿Debían formar al público o censurar las películas? A juicio de Simán, Monseñor Romero era entonces muy tradicional, y él, como otros católicos, no esperaba mucho del cura.

Décadas después, Pepe Simán sale de su estudio y camina hacia el fondo de su casa. Ahora no queda ni un solo reclamo al sacerdote del que una vez dudó. En la parte trasera de su casa hay un gran jardín con pasto y una pequeña cancha de básquetbol. En el corredor de enfrente hay orquídeas fucsia, una mesa de comedor, una hamaca, un radio y unos sillones. Desde acá se tiene una vista privilegiada de San Salvador, sus edificios y su catedral.

“Me dejó jodido porque uno debe transmitir honradamente lo que uno vivió”, le dice a una periodista 38 años después del homicidio de Óscar Arnulfo Romero. Así inicia esta plática que se divide en dos atardeceres de octubre. Simán dice que siente una gran responsabilidad y que intentará comunicar bien sus impresiones. En los últimos días ha tenido una agenda ocupada porque de la televisión y los periódicos no dejan de llamarle para entender de manera más íntima a su amigo, ese que este domingo cumple su primer día como santo de la Iglesia católica.

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LA DECEPCIÓN PERDIDA

“Vaya, Pepe, ahí está tu arzobispo”, cuenta José Simán que le dijeron sus amigos, en tono burlesco, a principios de 1977, cuando Óscar Arnulfo Romero fue puesto al frente de la arquidiócesis de San Salvador. Para completar la burla, un amigo le llevó hasta su casa la foto de monseñor que había salido en el periódico. Sus amigos sabían que él era alguien muy católico y también sabían que Romero no era santo de su devoción.

José Simán ya había discutido con Romero y la idea de que esa persona fuera ahora el líder de la arquidiócesis no le hizo mucha ilusión. En realidad, de Romero “todos los indicios” apuntaban a que el de este cura sería “un tipo de apostolado pacato, espiritualista y puritano, más inclinado a la componenda con los poderosos que a la solidaridad insobornable con los pobres”. Así escribió en 1980 el sacerdote español Ignacio Martín-Baró.

Simán esperaba que el siguiente arzobispo fuera monseñor Rivera y Damas, un religioso a quien sectores poderosos y conservadores tenían catalogado como “comunista”. Pero, al final, quien fue seleccionado fue justo el obispo auxiliar con el que se había enfrentado por un tema del cine.

Coleccionista. José Simán tiene muchas estampas, en medio de sus libros, en las que el rostro y las palabras de su amigo son los protagonistas.

Ahora, desde una silla y viendo a San Salvador, recuerda cuando aceptó que tendría que pedirle disculpas y ofrecerle su ayuda para trabajar. Se tragó los recelos y fue donde Monseñor Romero. Así iniciaron una amistad.

No pasó mucho tiempo hasta que Simán empezó a organizar desayunos y almuerzos para que Romero llegara a su casa. A veces hablaban de realidad nacional y discutían violaciones a los derechos humanos con otros religiosos y laicos. En otras ocasiones, preferían descansar.

En el diario personal de los últimos dos años de su vida, Romero mencionó 15 veces el nombre de Pepe Simán. En todas se refiere a él como un amigo, como alguien que le pide consejo, pero también como alguien con criterio importante para el arzobispo. “La cordialidad de este hogar, que me brinda mucha amistad, es para mí también un oasis en mi trabajo”, dijo Monseñor en la grabación de su diario el 31 de agosto de 1979.

Romero se convirtió en la voz de denuncia de los abusos de poder y, poco a poco, Simán fue comprendiendo que la figura de su amigo había trascendido fronteras. “Yo iba a otros países y me decían ¿qué tal el arzobispo Romero? La gente me preguntaba por Romero más que por El Salvador. Yo me quedaba asustado”.

Ay, don Pepe, dígale a sus amigos ricos que yo no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que aquí hay más pueblo.

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LO QUE ROMERO RETÓ

“Ay, don Pepe, dígale a sus amigos ricos que yo no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que aquí hay más pueblo”, le dijo un día Monseñor Romero a Simán. El empresario asegura que esa era una preocupación dentro de algunos grupos de poder económico de El Salvador. La Iglesia había estado, por tradición, cercana a ellos, y con Monseñor Romero las cosas eran distintas.

En 1977, el padre Rutilio Grande fue asesinado junto con otras dos personas. “Por primera vez en lo que luego habría de convertirse casi en rutina, Monseñor Romero acude a Aguilares a recoger los cadáveres de un sacerdote y dos cristianos asesinados como testigos de la fe. Con el padre Grande empieza su vía crucis arzobispal. ‘A mí me toca ir recogiendo cadáveres’, comentará después”, recogió Martín-Baró en su texto “Una voz para un pueblo pisoteado”.

El arzobispo se convirtió en una voz que, por ser conciliadora de los derechos humanos, se consideró combativa. Romero ofició tanto misas de empresarios asesinados como de campesinos. Se cuidó de que la Iglesia no fuera utilizada con fines partidarios, pero tampoco negó sus oficios. Una vez, recuerda José Simán, dijo Monseñor: “Alguna gente me ha llamado para que no diga la misa del padre Barrera porque andan diciendo que es comunista… No, yo la voy a decir, porque la Iglesia es madre de todos sus hijos”.

Simán hace una pausa y respira profundo: “Púchica, mirá, todavía casi se me salen las lágrimas cuando pienso en esos momentos”.Frente a unas orquídeas, Simán continúa narrando: “La gente quiere distorsionar a Monseñor para legitimar su mundo. Tenés el ejemplo de la guerrilla, agarraban cosas que él decía… no completas”. A juicio del amigo del mártir, el propio Romero fue consciente de cómo intentaban usarlo, no solo a él, sino a la Iglesia, como símbolo político.

Por eso cuenta que hace unos días, cuando se encontró con algunas personas del actual gobierno, les pidió que dejen de utilizar la figura de Monseñor como algo divisorio: “Dejen de estar hablando babosadas de Monseñor. Monseñor debería llevar a la unidad de los salvadoreños”.

—¿Monseñor alguna vez mencionó que sabía que algunos sectores querían utilizar su imagen?
—Por supuesto. Es que él repite varias veces que él no está con ningún lugar político, ningún partido. Yo no quiero juzgar. Me da tristeza que los salvadoreños, teniendo un santo que ha entregado su vida al servicio, que ha pensado en la gente, al que la gente le tiene devoción y amor, no lo celebremos porque hay gente que dice que era comunista. ¿Qué saben sobre qué es ser comunista?

Devoto. En su estudio, don Pepe Simán guarda con cariño ilustraciones y fotos con el ahora santo Óscar Arnulfo Romero.

Para el empresario, la idea que Romero proclamó era que El Salvador está lleno de gente pobre, y que esa gente pobre es tan importante como la gente con más dinero. Esto era algo refrescante de escuchar, pues José Simán se movía dentro de estos circuitos de poder. Desde su familia hasta sus amigos formaban parte de ellos.

—Usted ha dicho que su cercanía con Monseñor Romero causó cierta confrontación con los empresarios. ¿Cómo vivió eso familiarmente?
—Igualmente. Una vez llegué a la playa y me empezaron a vitorear “Romero, Romero”, riéndose de mí, pues. Decían: “Es que este Pepe no entiende, ese curita…”. La vida te va enseñando. No tenés que estar arriba, hay gente humilde que da 100 veces más de lo que uno da. Se entrega, no come. Eso es ser cristiano. Eso es respetar a las personas, y los salvadoreños somos personas, aunque no lo quieren entender. No somos robots, no somos máquinas, y nos deben tratar como personas.
—Cuando usted dice “no lo quieren entender”, ¿a quiénes se refiere?
—A la gente que critica a Monseñor Romero, lógicamente, porque si ellos quisieran entenderlo, comprenderían que deben tomar unas medidas para facilitar las cosas.

Ese distanciamiento que Pepe Simán hace de un sector empresarial no debe confundirse con una negación de esa parte fundamental de su vida: “Yo me siento orgulloso de ser empresario, pero sí me da rabia que me confundan con delincuentes porque, ¿qué sería este mundo sin empresarios? ¿Cómo intercambiaría la gente sus cosas? El problema que hay que pensar, al hablar de empresarios, es que pueden ser millonarios y tenerlo todo, pero ¿son personas?”.

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LAS PALABRAS DEL CÍRCULO DE ROMERO

“Lo que la gente no entiende es que él era muy humilde y hablaba en esa voz coloquial, pero ¿qué sucedía? Cuando agarraba el sermón, tenía una voz maravillosa. En lo personal era shhh, shhh, hablaba muy suave. Esta gente no entiende… para que me haya dicho en ese momento, aquí parado: mire, yo no tengo que ser obispo”, dice Pepe Simán, y señala hacia el corredor de enfrente.

El sol cae en esta tarde de miércoles y las nubes se tornan rosadas. Simán continúa su relato: conforme las tensiones políticas previas a la guerra aumentaban, había gente que acusaba a Monseñor Romero de buscar atención, mientras que el arzobispo, tranquilo, afirmaba que él no necesitaba un alto cargo, sino que se respetara a la gente. Hace 39 años, en una tarde de octubre como esta, Romero llegó a esta casa abrumado, como lo consigna en una entrada de su diario de 1979, solo cinco meses antes de que lo asesinaran.

“Esta mañana ha habido muchas visitas de sacerdotes y fieles en el arzobispado. Fui a almorzar a la casa de don Pepe Simán, ya bastante tarde, pues tuvimos que retardar por estas visitas y consultas. Me sentía muy abrumado por no encontrar comprensión en el ambiente acerca del momento político y de la actitud de la Iglesia”, quedó registrado.

Un día antes de eso, en su homilía, él había denunciado algunas promesas incumplidas de la junta de gobierno y había criticado la violencia de los grupos de extrema izquierda.

Por defensor. Monseñor Romero ha sido considerado el primer defensor de los derechos humanos en El Salvador. Sus homilías desafiaron un sistema de represión e injusticia contra la población civil.

Esta casa de la colonia Escalón poco a poco se convirtió en un lugar donde Monseñor Romero no solo se sentía tranquilo: también era seguro para discutir la situación del país. Simán recuerda algunos nombres de las personas que eran asiduas a estos encuentros: monseñor Rivera, monseñor Urioste, los sacerdotes Estrada y Moreno, César Jerez, Héctor Dada y, a veces, el ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez.

En alguna ocasión Pepe Simán fue una especie de puente para gente de cierto poder y con inquietudes de justicia que quería conocer a Monseñor Romero. Los cargos y la gente importante, recuerda, no desconcertaban al santo. En alguna ocasión, agrega, vino gente del extranjero a discutir algunos temas urgentes con el arzobispo, pero este no aparecía. Él pensó: “¿Dónde demonios se me ha ido a meter este?”. Salió a buscarlo porque quería iniciar la reunión, “y él, tranquilo, estaba orando en el santísimo”.

Los años en los que Monseñor Romero fue arzobispo estuvieron marcados por la intensificación de la represión contra fuerzas campesinas y la radicalización de movimientos de izquierda.“Las dimensiones de la represión constituyen un verdadero sufrimiento para Monseñor. Diariamente tiene que recibir en el arzobispado a decenas de gentes acosadas por la violencia de los cuerpos militares o paramilitares y que vienen a Monseñor para buscar protección y ayuda, para denunciar los atropellos y asesinatos, o simplemente para encontrar un poco de consuelo espiritual y humano. Monseñor a todos recibe y a todos atiende. Pero su voz profética se vuelve más y más colérica a medida que es alimentada por un mayor torrente de dolor y sangre popular”, escribió hace casi 40 años el intelectual y jesuita Ignacio Martín-Baró, quien también fue asesinado.

Simán cree que las homilías de Monseñor Romero eran tan escuchadas porque “daban ese sentido de esperanza, de servir a los demás, de ser hermano, de seguir a Jesús, amar a Dios y al prójimo… Monseñor Romero está presente, pero hay gente que lo distorsiona, que lo ataca, porque cuestiona cosas que no están correctas en el país. Esa es la razón (por la que en algunos sectores aún no es aceptado). Porque cuestionó cosas que no significaban amor al prójimo”.

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Monseñor Romero acude a Aguilares a recoger los cadáveres de un sacerdote y dos cristianos asesinados como testigos de la fe. Con el padre Grande empieza su vía crucis arzobispal. ‘A mí me toca ir recogiendo cadáveres’, comentará después”, recogió Martín-Baró en su texto “Una voz para un pueblo pisoteado”.

TRAS EL ASESINATO

En este contexto de violencia, amenazas y represión, Romero se rehusó a contratar algún servicio de seguridad armado:

—Me imagino que para el final de los setenta, la mayoría de empresarios andaban con seguridad privada…
—No necesariamente –responde.
—¿Usted tenía seguridad?
—No, nunca he tenido.
—Monseñor Romero tampoco tenía seguridad, y la rechazaba. Solo lo acompañaba su motorista.
—Sí, Monseñor tenía un motorista maravilloso, simpatiquísimo, buena gente.
—¿Usted no escuchaba que le dijeran que tenía que andar con alguien armado?
—Ah, sí, por supuesto. Pero él decía que no.
—¿Cuál era su opinión al respecto?
—¡Lo mismo! Era un hombre de Dios, no un militar, no un empresario.

Familia amiga. La casa de José Simán fue un espacio en el que Monseñor Romero no solo compartió momentos de fraternidad, sino que también realizó oficios religiosos.

Después de que Romero fue asesinado, el 24 de marzo de 1980, José Jorge Simán, tuvo que irse de El Salvador. Y no porque él lo quisiera. Se sintió amenazado.

Pepe Simán asegura que se fue del país tras escuchar un audio con la voz de Roberto d’Aubuisson en el que lo señalaba de tener contactos con comunistas en Cuba. D’Aubuisson fue diputado de la Asamblea Constituyente de 1982.

Para Simán, ese audio fue primordial para tomar la decisión de irse del país, mientras las cosas se calmaban.

“Lo de D’Aubuisson es claro. Yo oí una mención que él mandó donde mencionaba a Schafik Hándal y a mí como contacto en Cuba. Yo por eso decidí irme, pero creo que los cristianos tenemos que tender (a la) misericordia, la historia de la Iglesia no es guardar rencor”, sostiene.

Simán planeó irse de su país con su familia por tres meses, pero esos meses resultaron ser más de 10 años fuera. “Me fui porque mis hijos me llamaban y me decían ‘papi, hay tiros enfrente. Papi, hay balazos’. Fueron 14 años. Cuando ya estaba pensando en regresar, me tiraron una bomba aquí, en la casa, y me quedé en Carolina del Norte, y los cipotes empezaron a estudiar”. La noche cae sobre San Salvador y las luces de los edificios de enfrente se empiezan a encender.

Devoción. Teinta y ocho años después del asesinato de Monseñor Romero, José Simán se preparó para viajar a Roma a la canonización del primer santo salvadoreño.

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ROMERO, EL SANTO

El segundo día que Pepe Simán recibe a un par de periodistas en su casa va vestido con un traje color claro y está listo para las fotos. Camina hacia el patio y asegura: “Lo que me interesa es llevar el mensaje de que Monseñor Romero era amor”.
Luego, muestra algunos espacios de su casa donde el arzobispo más famoso de El Salvador realizó algún oficio religioso, donde comían y el lugar en el que platicaban.

Algunos cuadros han cambiado de lugar, pero los muebles y accesorios de la casa siguen siendo los mismos que se observan en algunas fotografías con Romero.
Simán posa para algunas fotos, habla de algunas de sus pinturas favoritas que cuelgan en su sala y se dirige de vuelta a su estudio.

Ahí, entre pilas de libros, guarda algunos pósteres de Monseñor Romero y una credencial con especial cuidado. Es el carnet que se colgó al cuello el día de la beatificación.
Hace tres años, solo tuvo que recorrer 14 minutos en carro para llegar al acto donde Óscar Arnulfo Romero fue nombrado beato.

Al momento de esta plática, solo falta una semana para uno de sus viajes más significativos y quizá, cansado, pregunta a los periodistas si ya entendieron cómo ve él a Monseñor. Se da por satisfecho con la respuesta afirmativa que recibe y vuelve a sus preparativos. El recorrido de este año toma más de 10 horas en avión. Es hacia Roma, para ver cómo la Iglesia católica proclama santo al hombre que fue su amigo.

Recuerdos. José Simán conserva con especial cariño las fotografías de los años en los que logró compartir algunos momentos con el arzobispo de San Salvador.

El limitado camino profesional de estudiantes con sordera

Estudiantes

En este salón de clases de la Universidad de El Salvador hay demasiado ruido. Los alumnos de primer año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no dejan de hablarse a gritos, las conversaciones del pasillo se cuelan en el aula y se escucha cómo retumban los sonidos de una obra de construcción que está afuera.

La catedrática de Psicología Pedagógica se ve alterada entre el bullicio, y para hacerle entender algo a Glenda, una de sus estudiantes, se le acerca y le habla al oído. Glenda la observa incrédula, hace una pausa y mira cómplice a su intérprete. Se ríe y los compañeros de clase que la rodean también se ríen. Ven a la maestra, despistada, en su intento por explicar algo a la alumna. A los pocos segundos la catedrática recuerda algo y se calla: Glenda es sorda.

Glenda Jorge tiene 19 años y quiere ser entrenadora en el Instituto Nacional de los Deportes. Para ello está estudiando la Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en educación física. Ella es una de los 20 estudiantes con sordera que cursan una carrera en la sede central de la Universidad Nacional.

Estudió bachillerato en una escuela pública para sordos y durante años nunca necesitó de intérprete para entender algo de sus clases. Todas sus materias eran impartidas en lengua de señas. Pero este año todo ha cambiado y se ha integrado al sistema de educación oyente. Aquí necesita que un intérprete asista con ella a todas sus clases y le explique toda la cátedra al mismo tiempo que el docente habla. A veces, se siente como una pérdida de independencia.

Desde un jardín de la Universidad de El Salvador expresa un poco de nostalgia por la comunidad que tenía en su centro de estudios anterior: “En la escuela Griselda Zeledón la relación era perfecta porque todas éramos personas sordas. Aquí en la UES es difícil. Primero sentía pena porque los demás estudiantes se me quedaban viendo”, expresa con las manos. Este es su segundo ciclo en la universidad y mientras signa estas oraciones, un grupo de jóvenes la observa a la distancia, todavía con curiosidad.

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SER SORDO EN LA ESCUELA PÚBLICA
Es el mediodía y un puñado de niños corre por el parqueo del Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón, en San Salvador. Todos son sordos pero ríen y gritan en el juego como lo haría cualquier grupo de niños oyentes.

Entre ese barullo, una maestra sorda intenta comunicarse con el papá de una de sus alumnas, pero él no domina el lenguaje de señas. Este mes se conmemora la independencia de la patria y la docente busca explicarle al padre de familia que la niña debe venir mañana con uniforme formal y peinada con dos colitas. Otra madre de familia, que sí signa, le interpreta la indicación al papá. Él, después de escuchar la oración en español, asiente y se va con su hija.

Así como para los oyentes que viven en El Salvador su primera lengua es el español, para los sordos, su primera lengua es la de señas. Se considera que los sordos que estudian acá son bilingües porque se enfrentan a un sistema educativo con dos idiomas a diario. Así, la clase se explica en lengua de señas y los conceptos se escriben en español.
Y aunque todos los estudiantes de este centro escolar reciben la explicación de las clases en lengua de señas, no todos los padres la conocen. Así lo reconoce Rosalba Cartagena, la madre de una estudiante no oyente de noveno grado.

Sin terminar. Este es el edificio donde reciben clases los estudiantes sordos de tercer ciclo y bachillerato del Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón. No cuenta con focos ni energía eléctrica.

“Cuando me dijeron que ella era sorda, yo sentí que el mundo se me cayó. Yo me limité a llorar y llorar. Uno piensa: ¿qué va a ser de mí con esta niña?” Luego, superó la conmoción inicial, se informó y decidió inscribir a su hija a la escuela nada más cumplió la edad necesaria. Ahora, la viene a dejar todos los días a clase y la espera sentada en una banca, excepto cuando la buscan para trabajar como intérprete en algunos eventos.

Su hija, Heysel, aún no se decide si estudiar matemáticas, contaduría o educación en la universidad. El sueño de Rosalba es que su hija sea profesional, pero a veces eso solo significa sacrificio. Viajan desde una zona rural y para venir a clases se tarda dos horas, combinando trayectos entre tres buses. Entre las dos gastan $3 en pasajes a diario, que se hacen unos $60 al mes.

El Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón es el único complejo educativo para sordos que abarca desde parvularia hasta bachillerato en la zona central. Se fundó hace casi 20 años con maestros que entonces no dominaban por completo la lengua de señas. Ahora sí lo hacen y tienen 141 estudiantes.

En 2017 el Observatorio de Centros Escolares del Ministerio de Educación registró que había 583 estudiantes con sordera cursando educación básica y media. Gricelda Zeledón, la profesional en honor de quien bautizaron una escuela, está convencida de que hay más infancia sorda en edad escolar que no es matriculada. “Posiblemente los padres desconocen que el sordo es educable. Por otro lado, las escuelas presentan deficiencias y los padres no ven avances significativos en sus hijos: habla y lectoescritura, por ejemplo”, expresa la experta en el tema de pedagogía.

En todo el país solo hay cinco centros escolares públicos exclusivos para sordos. Los demás están ubicados en San Miguel, Sonsonate, Santa Ana y Cuscatlán. A esta escuela de la zona central vienen a estudiar niños desde Chalatenango o San Vicente. En teoría, este centro debería estimular sus ganas de estudiar, pero a veces pasa lo contrario.

Estimaciones. Hay, al menos, 88,000 personas con discapacidad auditiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad presentada en 2016.

Por ejemplo, el edificio de tercer ciclo y bachillerato, donde estudia Heysel, no está terminado. Desde hace más de cuatro años la obra quedó en abandono, señala Saúl Castaneda, director del centro escolar. El edificio es gris, no tiene ventanas acabadas, solo agujeros en las paredes. Sobre estos, se han colocado unos barrotes de hierro que hacen las veces de balcón, pero no hay vidrios que impidan que se metan animales.

En este edificio tampoco hay focos, ni energía eléctrica –a excepción de unas conexiones hechizas para que maestros puedan conectar una computadora–. “No sé qué problema hubo entre la constructora”, dice Castaneda, quien afirma que un día simplemente se dejó de construir. Él dice que cuando llueve, los estudiantes deben moverse y estar sacando el agua que entra a los salones, por la falta de vidrios. Además, los maestros y estudiantes también se encargan de sacar murciélagos y palomas que, en repetidas ocasiones, eligen los salones como nido.

El presupuesto del único complejo educativo para sordos de la zona capitalina es de $5,000 anuales, de acuerdo con Castaneda. Él admite que la mayoría del tiempo logran hacer obras de infraestructura gracias a donaciones y a la mano de obra de los mismos estudiantes. “Todo lo que está acá, lo han hecho los alumnos: el portón, el lugar de estadía de los padres, los baños… con sus proyectos de soldadura”, dice mientras camina por los pasillos de su escuela.

En las áreas rurales del país, el acceso a la educación para sordos es aún más deficiente y escaso, aseguran tres profesores de esta escuela. La distancia entre la casa y el centro de estudios es un factor decisivo para la deserción escolar. Así lo afirma la maestra de Ciencias Sociales Berta Pascual: “No pueden venir por lo económico. Y los papás dicen ‘ay, no, para qué vas a ir a la escuela’”. Los $60 que Rosalba y Heysel deben gastar al mes para llegar a la escuela son una pequeña fortuna para quienes no tienen garantizado el acceso ni siquiera al salario mínimo.

Así como para los oyentes que viven en El Salvador su primera lengua es el español, para los sordos su primera lengua es la de señas. Cuando un sordo que sabe signar aprende a leer español, se vuelve bilingüe. Y aunque todos los estudiantes de este centro escolar reciben las clases en lengua de señas, no todos los padres la dominan.

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EL ROSTRO DE UNA CONDICIÓN
En el país se estiman –al menos– 88,000 personas con discapacidad auditiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad presentada en 2016 por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD). Gricelda Zeledón es una de ellas. Su nombre se escribe con ‘c’, aunque la escuela que se fundó hace dos décadas en su honor se escribe con ‘s’.

En realidad, Gricelda Zeledón no se confía mucho de las encuestas y las cifras que intentan cuantificar la comunidad de personas sordas a la que pertenece. Desde su casa cuenta: “Aquí vinieron encuestando una vez y me preguntaron si había una persona con discapacidad. ‘Sí, yo’, les dije. Y me preguntaron: ‘¿Usted qué tiene?’ Respondí que soy sorda. ‘Pero usted habla y no la puedo poner porque nos dijeron que debemos registrar a los sordomudos’”. Esta última palabra es considerada ofensiva, pues ellos sí pueden articular sonidos. Con terapia y práctica, incluso pueden llegar a hablar español como Gricelda.

Gricelda Zeledón es licenciada en Psicología y tiene 70 años. Domina el español escrito, leído y hablado y además lee el inglés. El de ella es un caso excepcional. Lee los labios y articula bien las palabras. Es posible tener una conversación con ella sin necesidad de intérprete. Se expresa de manera académica y ha dedicado su vida a educar sobre la importancia de que los sordos tengan espacios donde se profesionalicen e ingresen a una vida laboral como cualquier otra persona.

En 2015 fue reconocida por la Asamblea Legislativa como “Hija meritísima de El Salvador” y se le entregó un diploma que ahora está colgado en la sala de su casa. El motivo del reconocimiento fue “su lucha constante en la inclusión de las personas sordas en la sociedad, así como por su incansable esfuerzo por brindarles una educación de calidad”.

Fue madre soltera y cuenta que la sordera no fue una barrera para instruir bien a sus hijos. Dice que cuando estaban bebés, ella topaba la cuna a su cama. Cuando los bebés lloraban, la vibración del llanto la despertaba y ella podía cargarlos y ver qué pasaba. Sus dos hijos se formaron académicamente y ahora uno de ellos es un presentador de noticias en la televisión.

Gricelda puede ver el trabajo que uno de sus hijos realiza a diario, pero es difícil que tenga compresión inmediata de las noticias porque no se usan subtítulos ni tampoco se muestra en un cuadro a un intérprete. Los mensajes en lenguaje de señas en televisión solo se dan en algunas cápsulas informativas y en las cadenas oficiales del gobierno. La psicóloga cuenta que, con su hijo, sueñan cambiar eso y que a los sordos se les cumpla su derecho a estar informados.

Referente profesional. La psicóloga Gricelda Zeledón ha sido nombrada “Hija meritísima de El Salvador” por su trabajo en pro de la población sorda y su lengua.

La lengua de señas que se habla en esta casa, en los mensajes de gobierno y en las escuelas públicas es la Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA). Las señas cambian de significado de país en país y la LESSA es el idioma local de la comunidad sorda. Aún está en desarrollo. Además de esta lengua, en algunas academias privadas del país se enseña la Lengua de Signos Americana (ASL, en inglés). Esta es una más estandarizada internacionalmente.

En la comunidad de sordos la preferencia por una u otra lengua es un tema un poco espinoso de tratar. A pesar de que las dos lenguas se realizan con las manos, las dos son completamente distintas. Es como hablar francés y alemán. Desde una posición oficial, El Salvador está intentando hacer crecer y desarrollar la LESSA, pues además es un símbolo de identidad salvadoreña. En cambio, en otras academias se entrena a los estudiantes en ASL. El argumento es sencillo. El ASL, al ser signado también fuera de El Salvador, puede ayudar para abrir más puertas en el exterior.

Zeledón considera que hay una carga de malinchismo en el uso constante de la Lengua de Signos Americana, cuando hay un sistema propio y local, pero que lo más importante es que a los niños sordos se les enseñe su primera lengua de señas desde que nacen. Solo así se estimulan las inteligencias necesarias para que luego la niñez se pueda comunicar e ingresar a un sistema escolar.

“Hay tres niveles de lenguaje, familiar, académico y metalingüístico. La mayoría de sordos se quedan en el nivel familiar. Los sordos necesitan lengua de señas desde que nacen. Mi nieto tiene dos años y sabe señas y nadie le ha enseñado. Viene gente con sordera de visita a platicar y él, solo viendo, aprende”, comenta.

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LENGUA DE SIGNOS AMERICANA PARA IRSE DEL PAÍS
La Fundación Manos Mágicas es una academia privada donde se le brinda refuerzo escolar a niños y se les enseña a mayor profundidad la lengua de señas. La fortaleza de Fundación Manos Mágicas es la Lengua de Signos Americana.

Aquí imparte clases Rebeca Soundy, una docente sorda graduada de una universidad privada. Ella comprende de primera mano los problemas a los que se enfrentan los estudiantes con sordera en ambientes integrados con oyentes. Algunos niños que reciben refuerzos aquí asisten diariamente a colegios privados. Ahí estudian con un intérprete al lado del maestro y, generalmente, tienen un nivel de vida mejor que aquellos estudiantes que asisten a las cinco escuelas públicas para sordos.

Rebeca asegura que, en promedio, a un intérprete se le paga $300 mensuales para que asista a clases con el estudiante. Además de eso, las familias deben pagar la cuota del colegio. A eso se le suma el pago de estos refuerzos. Para el futuro, el plan que tiene esta fundación es desarrollar un programa de padrinos para que niños sordos de escuelas públicas puedan venir a recibir refuerzo académico sin pagar.

Cuando a Soundy se le consulta sobre la controversia de qué lengua de señas es la que debe ser enseñada en El Salvador, si la local o a la americana, ella responde que las dos sirven para motivos distintos. Por ejemplo, acá se brinda clases a personas sordas que provienen de colegios bilingües y les ayuda a perfeccionar la ASL. El objetivo de algunas de estas personas es estudiar o trabajar en el exterior, en países más inclusivos.

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NO ESCUCHAR EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
La UES tiene 177 años de haber sido fundada, pero solo hasta 2012 empezó a llevar un registro estadístico de estudiantes con discapacidad. Ese lento despertar, aunque tarde, ha logrado que se cree la Unidad de Atención Especial a Estudiantes con Discapacidad. Así lo explica Rosario Villalta, la coordinadora de dicha dependencia.

La unidad está ubicada en un pequeño salón dentro de la biblioteca central del recinto universitario. Es la encargada de brindar atención a 113 estudiantes con discapacidad. De estos, 25 son sordos y a cada uno se le asigna un intérprete pagado por la UES. De estos alumnos, 20 estudian en San Salvador y los otros cinco en las otras sedes departamentales.

Para atender a este más de centenar de personas y apoyarlos en su desarrollo, la unidad tiene solo a dos empleados. Ellos coordinan el trabajo y los horarios con la universidad y los intérpretes.

La mayoría de estudiantes con sordera se encuentran estudiando Humanidades, aunque hay algunos en Administración de Empresas e Ingeniería, sostiene Villalta. En los últimos cinco años, ocho personas sordas han egresado de su carrera universitaria. Sin embargo –dice la coordinadora– aún hay algunas carreras como Medicina en las que no hay ninguno con discapacidad auditiva.

Y es que a pesar de que a cada estudiante sordo se le asigna un intérprete, la verdadera clase la sigue impartiendo un catedrático que maneja un lenguaje distinto. A los sordos, las clases de la carrera llegan a través de sus intérpretes, lo cual es un reto para los jóvenes que trabajan con este rol, pues, en algunos casos específicos ellos también luchan para entender, en español, lo que se explica en la cátedra.

“Algunos licenciados sí entienden y respetan, pero hay otros profesores que no”, comenta Glenda Jorge, la estudiante de Educación Física. Ella recibe sus clases durante la mañana y viene de una familia de cinco hermanas donde tres son sordas. De las tres, solo ella estudia en la universidad. Sus otras dos hermanas, a pesar de ser mayores que ella, se han dedicado a trabajar.

El ciclo pasado inscribió la carga académica completa y este también. Su intérprete es un joven llamado Geovani, de 22 años. Él también es estudiante de la UES, pero cursa sus materias de otra carrera en la tarde. De alguna manera, se podría decir que cursa dos licenciaturas. Una como trabajador y otra como alumno.

Geovani aprendió lengua de señas hace cinco años, cuando conoció a otra persona sorda en un campamento. Después de ser testigo del aislamiento que provoca no compartir un lenguaje, se preocupó por asistir y pagar sus propios cursos. Luego, cuenta, fue voluntario de la Unidad de Atención a Estudiantes Discapacitados de la UES y así fue como se dio a conocer como intérprete.
Ahora la universidad le paga por sus servicios profesionales. Por su trabajo permanece todo el día en la universidad e incurre en gastos alimenticios a diario, pero el pago de su rol como intérprete lo recibe meses después, hasta el final de cada ciclo.

Séptimo Sentido intentó consultar con otras ocho universidades privadas sobre los apoyos que brindan para sus estudiantes sordos. Se obtuvo respuesta de tres centros de estudio superior. En la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, consideradas líderes en formación de economistas y comunicadores, no hay ningún estudiante con sordera inscrito. Por otro lado, la Universidad Don Bosco sí cuenta con un programa de formación en ASL para oyentes interesados. Actualmente en ese centro cursan una carrera dos estudiantes no oyentes: una alumna en Diseño Gráfico y otro estudiante en el técnico en Ingeniería Mecánica. Es decir, entre miles de futuros profesionales de esa casa de estudios, solo dos son sordos.

“Hay tres niveles de lenguaje, familiar, académico y metalingüístico. La mayoría de sordos se quedan en el nivel familiar. Los sordos necesitan lengua de señas desde que nacen. Mi nieto tiene dos años y sabe señas y nadie le ha enseñado. Viene gente con sordera de visita a platicar y él, solo viendo, aprende”, comenta Gricelda Zeledón.

Este martes 18 de septiembre, Glenda y Geovani atraviesan los pasillos del edificio de la Licenciatura en Educación Física, lleno de jóvenes con ropa deportiva. Glenda no es cohibida, sonríe amplio y tiene una relación de confianza con Geovani quien, durante el último año, se ha convertido en su puente con el mundo oyente y de cierta manera, su puente con la posibilidad de un título universitario.

Entran a un salón de clases y Glenda se sienta al frente. Geovani toma un pupitre y se coloca al lado de la catedrática. Cada vez que la docente habla, Geovani hace gestos con las manos y la cara. Además, Glenda tiene un compañero de carrera que también ya aprendió lengua de señas gracias a la amistad que han entablado. El silencio tiene sus ventajas. En un breve momento de aburrimiento de la clase, Glenda signa algo con Geovani y con su otro amigo, Moisés. Entre los tres sonríen y hacen miradas cómplices, pero nadie se entera de qué están hablando. La clase sigue con normalidad.

Glenda considera que en la universidad falta que los catedráticos realicen algunas “adaptaciones didácticas”. Su sueño es crear un “Consejo Profesional de Sordos” para discutir conceptos especializados según cada carrera universitaria. Porque, aunque los intérpretes sean buenos, hay conceptos técnicos que solo un especialista puede explicar bien.

El tema de la clase de ahora es el desarrollo infantil. “La infancia es el periodo de vida entre el nacimiento y el surgimiento del lenguaje, es decir, hasta los dos años”, se dice en la cátedra y luego se añade: “Los niños comienzan a hablar alrededor de los dos o tres años”.

Geovani le interpreta esto a Glenda, quien aún recibe malas miradas porque en esa primera infancia desarrolló un lenguaje no oral. Glenda comprende lo que se está diciendo, vuelve a ver la presentación que se proyecta en la pizarra y asiente con un gesto serio.

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DESPUÉS DEL TÍTULO
Cuando se conversa con sordos que son profesionales hay un punto de reclamo en común: Después de sobrepasar las barreras para formarse, nada se vuelve más fácil. Al contrario, a pesar de poseer un título universitario, nada les garantiza el acceso a un empleo digno y estable.

Por ejemplo, en el complejo Griselda Zeledón, hay maestros sordos que tienen trabajo, pero no un contrato de plaza. Se encuentran formando estudiantes pero su tiempo está contado pues solo están cubriendo interinatos. Al solo ser cinco escuelas a escala nacional para no oyentes, las ofertas laborales para docentes en lengua de señas no abundan. Ellos consideran que “con respeto a las personas oyentes, la persona sorda tiene su propia cultura y es el sordo quien debe impartir la lengua de señas”.

Rebeca Soundy, la maestra que da clases de refuerzo en Fundación Manos Mágicas, coincide en este punto. “La lengua de señas es parte de una cultura sorda. Vemos personas oyentes que andan dando clases de señas y no es bueno porque le quitan oportunidad laboral a otras personas. Los oyentes pueden ayudar a interpretar, pero ser maestros de lenguas de señas, no”.

La molestia se agrava con la falta de oportunidades laborales que, en general, viven las personas que presentan alguna discapacidad. Gricelda Zeledón se pregunta desde un sillón en su casa de San Salvador: “Yo conozco profesores sordos trabajando de meseros, volviendo a los oficios. ¿De qué sirve todo el sacrificio de los estudiantes universitarios? ¿Solo para que tengan un cartón?”.

Educación Superior. Glenda Jorge es estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la UES. Asiste a clases diariamente con un intérprete de lengua de señas.

“No puedo ir a la playa porque me siento culpable”

Hay quienes saben qué quieren hacer con sus vidas desde que son niños, y hay gente que no, como André Guttfreund. Nació de padres migrantes. Su mamá era rumana y su papá, alemán. Creció en San Salvador lleno de atenciones, pues su familia judía manejaba un negocio exitoso. Estudió en la Escuela Americana y su madre, decidida a que no fuera tan mimado, decidió enviarlo a estudiar al extranjero a los 13 años. Desde entonces, tuvo que aprender a ser independiente y entender qué significaba el privilegio con el que se crió en El Salvador.

Cuando fue la hora de estudiar en la universidad, André Guttfreund escogió Ciencias Políticas como carrera, pero no iba a las clases. Estaba más interesado en el activismo de los años sesenta. Después se inscribió en una licenciatura y maestría en teatro. Aunque le gustaba estar en el escenario, algo le hacía sentir que ese no era su lugar. Así que pensó estudiar Derecho. Estaba considerando un futuro como abogado cuando Wálter Béneke, quien entonces era el ministro de Educación, le llamó:

“He conseguido $16 millones para arrancar una televisión cultural educativa a escala nacional y tenemos dos canales. Ya es tiempo de que jóvenes como tú, a quienes el país le ha dado tanto a sus familias, le dediquen dos años a su país”, me dijo Wálter. Y yo tenía mis 22 años… entonces vine y le dije: “Wálter… yo no sé nada de televisión. He hecho teatro. Los equipos para televisión no los conozco”, y me dice: “No importa, lo que tengás que aprender, lo vas a aprender y, por lo menos, sé que no te vas a robar el pisto”.

Regresó a El Salvador y trabajó en Televisión Educativa. Ahí intentó aprender de cámaras y un poco de producción. Al mismo tiempo, siguió haciendo teatro. Esa combinación de labores, le valió un consejo que cambiaría su vida.

Un director famoso de cine italiano, Roberto Rossellini, vino a El Salvador para asesorar el proyecto de Televisión Educativa. Rossellini también fue al teatro y vio una obra que André se encontraba montando. Después de verla, el italiano le recomendó que mejor se dedicara al cine porque lo que él dirigía sobre el escenario se vería mejor en cámara. Así fue como llegó al American Film Institute y comenzó una carrera a la que le ha dedicado su vida.

Más de 40 años después de ese consejo, André va vestido de saco y camiseta en la mañana de este sábado. Son las 10 y ya salió a hacer los primeros mandados del día, hizo algunas compras y volvió a su casa listo para esta plática.

Cuenta que a él le sucedió lo improbable. La película que hizo como trabajo de graduación fue nominada directamente al Óscar, algo que muy pocos estudiantes de cine pueden decir. “Había un compañero mío, que era bastante hippie… pero rico. Él había hecho dos documentales y me dijo que quería que el trabajo de tesis lo hiciéramos juntos. Leímos un cuento por Joyce Carol Oates, nos pusimos en contacto con ella y esa es la película que nos ganó el Óscar. Nunca pensamos en premios”, comienza a narrar desde el patio de su casa en San Salvador.

¿Usted cree que el Óscar llegó demasiado pronto en su carrera?
Hay ventajas y desventajas. La ventaja era que, como ni mi compañero ni yo sabíamos negociar la industria, haber ganado el Óscar nos abrió las puertas para aprender qué es lo que funcionaba comercialmente. La película que habíamos hecho y el premio que ganamos no tenía nada que ver con la realidad de la industria. La categoría de cortometraje es la única donde la comercialidad no viene a la mente. Después de ganar el Óscar, quisimos hacer un largometraje de una de las novelas de Joyce Carol Oates y fuimos a los diferentes estudios y básicamente nos dijeron “ustedes están locos, solo porque esto les salió tan bien con este cortometraje, no quiere decir que no tienen que pensar en taquilla cuando nos traen algo para que lo hagamos por millones de dólares”. Ganar el Óscar se volvió un aprendizaje rápido y también muy efectivo en cómo sobrevivir en la industria.

En el 77, por un lado, usted estaba buscando construirse una carrera y para entonces ya estaba iniciando una debacle en la realidad de El Salvador, ¿cómo manejó esas dos cosas?
Vine una vez después del Óscar para compartir la película. Mis padres invitaron a todos, llenaron la sala de una de esas organizaciones como FUSADES y después de eso ya no se me permitió regresar por lo de los secuestros. Recibimos cartas, amenazas.

¿De quién provenían?
No se identificaron, pero tuvimos secuestros en la familia. Al primo de mi papá, que fue quien lo trajo a El Salvador, lo secuestraron y lo mataron. La familia de él no pagó lo que pidieron para liberarlo. Hasta cierto punto la gente que se lo llevó sentía que se le debía, entonces amenazaron a los socios porque había una “deuda pendiente” y entre eso, se le hizo mucho ruido a lo del Óscar y la gente que estaba aconsejando a mi padre dijo: “Absolutamente, que no venga André”.

También en Los Ángeles yo fui muy activo recaudando fondos para Rubén Zamora cuando él se lanzó para presidente. Eso no le gustó a ciertos excolegas míos de la Escuela Americana, que incluían a Fredy (Alberto) Cristiani y Bobby (Roberto) Murray, quien antes era muy pragmático, una persona con muy buena educación y se hizo más radical hacia la derecha. Entonces yo ya no tenía un grupo que me sostuviera o acogiera.

¿Ellos eran su grupo de amigos de la escuela?
Sí, sí, entonces yo hasta cierto punto me tuve que divorciar. Mis padres ya no podían quedarse aquí, tuvieron que irse a Guatemala. Ellos emigraron a Israel.

Usted se fue por primera vez a los 13 años. ¿Experimentó el desarraigo cuando vio la realidad de El Salvador o era difícil sentirlo porque estuvo fuera muy pronto?
Mi madre insistió que fuéramos a escuelas progresistas en el extranjero porque ella sabía que la manera en la que estaba estructurada la sociedad no era saludable. Hay demasiado que hacer, no puedo vacacionar. Con todo el trabajo que tenemos que no puedo ir a la playa, porque me siento culpable; porque uno ve a niños vendiendo collares y no están en la escuela. En Hawái pudiera acostarme en la playa, pero aquí, no. Y eso tiene que ver con una sociedad todavía injusta.

Así que después de trabajar profesional en Estados Unidos y en Europa –porque también dirigí televisión en España–, tuve un hijo, paré de trabajar 10 años para dedicarme a él porque ya no estábamos juntos con su mamá. Me dio mucho placer hacer los viajes de campo con mi hijo y participar en la escuela. Después regresé a trabajar y estaba de profesor, un día me vino una invitación para dar un taller en la Universidad Don Bosco. En 2007, creo. A mí me encantó esa idea, que finalmente iba a poder hacer algo con lo mío aquí. Vine y se me pidió que fuera parte del jurado para el Festival Ícaro. Y en ficción, las cosas que vi eran terribles. Te-rri-bles. Las actuaciones, la dirección, la edición… todo eso era malo. Y ahí me cayó el cinco y dije: ¿Y por qué estoy dando clases allá donde hay tanta gente que puede dar clases?

Me vine cuando estaba Héctor Samour y Astrid Bahamond en SECULTURA. Me trajeron para hacer una serie de mis talleres de ficción y ahí salieron unos cortitos y unos ejercicios que verdaderamente me emocionaron. Astrid y Héctor se portaron muy bien en el sentido de cumplir con la promesas que me hicieron para que viniera a dar esos talleres, y yo empecé a buscar a dónde podríamos encontrar algunos fonditos. En el contexto de eso vi “Cinema Libertad”. Me impresionó la habilidad de Arturo Menéndez con las cosas técnicas, pero no me gustó para nada porque era una imitación de un videoclip de rock, y Arturo me llamó y dijo que estaba muy dolido.

¿Cómo escuchó la crítica Arturo Menéndez?
Porque yo la dije en radio, entrevistas, en lo que sea. Le dije a él: lo que tenemos que hacer es juntarnos y hacer un proyecto que tenga mirada salvadoreña. Así hicimos “Malacrianza”. Luego llegó un momento donde Pablo Benítez, que es una persona muy comprometida con la gente del FMLN y que era la mano derecha de Gerson Martínez, me dijo: “Quiero que hable con Merlin Barrera (viceministra de Comercio e Industria) porque hay esta cosa de los Premios Pixels, pero nunca han dado los premios para audiovisuales”.

Eso fue hace tres, cuatro años. Merlin me dijo: “Yo nunca he visto nada que me diga que esto no es pasatiempo sino que es inversión”. Le enseñé “Cuentos que dan miedo” y “Malacrianza” y se volvió loca de entusiasmo. Al siguiente día me habló y me dijo: “Le he conseguido $750 mil. Usted me tiene que garantizar la calidad de lo que salga” y, entonces, yo le dije que con $750 mil, “tenemos a la gente para esos proyectos que sí lo puede hacer bien, yo me responsabilizo”.

Un mes más tarde, Merlin me habla que me ha conseguido otro millón y yo le dije que no tenemos suficiente gente formada para poder manejar otro millón. Y me dijo “no, no vamos a desperdiciar ese dinero. Lo vamos a hacer de todas maneras”. Entonces yo le respondí: “Si la idea es de formar industria, los jurados internacionales no solo tienen que determinar cuáles son los mejores proyectos, sino que las habilidades de los grupos que lo van a ejecutar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para que, ya que no tenemos escuela de cine, aprovechemos esos presupuestos para identificar dónde necesitan asesorías, talleres, acompañamiento”. Y me dijeron que no porque no eran el Ministerio de Educación. Pero no podemos formar industria sin gente formada. Es ahí donde yo me salí.

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En la actualidad, el Premio Pixels es un concurso nacional del Ministerio de Economía que selecciona a proyectos innovadores de animaciones digitales, videojuegos y producciones audiovisuales. El premio consiste en dinero para convertir el proyecto en realidad. Usualmente, en las producciones audiovisuales, el financiamiento cubre solo una parte del costo real y los productores deben buscar más formas de financiamiento. El premio se entrega bajo la idea de consolidar industrias creativas.

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Cuando usted trabaja así, donde sirve como un engranaje entre la gente que está creando y la gente que tiene la posibilidad de financiar, ¿es trabajo ad honorem?
Es trabajo de asesor. Y en ese momento era trabajo ad honorem. Cuando me ofrecieron un puesto era para tratar de tenerme cerca… pero era un trabajo administrativo y de hacer informes, no era para mí.

Para realizar todo el trabajo que usted hace necesita recursos. ¿Cómo hace para vivir si la mayoría de sus proyectos son ad honorem?
Hay un lugar que me paga y es la Alcaldía de San Salvador, donde estoy como asesor, una categoría de contrato independiente. Ese dinero me permite pagarle a mi asistente y a mi motorista. Ese dinero lo uso para eso. El dinero que tengo para mí, lo acumulé por mi seguro social. De ahí sale lo que necesito pagar para mi seguro de salud y lo que uso todos los meses para poder costear mis cosas. Pero no gasto mucho. Estoy trabajando todo el tiempo.

¿Ahora se desligó de los Pixels?
Me desligué de estar dentro del Ministerio de Economía supervisando todos los Pixels. Me metí con proyectos individuales. Cualquiera que quiera mi asesoría con algo, bienvenido; pero me voy a meter como productor creativo en aquellos proyectos donde sé que los directores quieren mi aporte y donde sé que van a escuchar y no se van rebelar porque, de repente, tienen dinero y el ego es todo. Me metí en cuatro: “Volar”, “Cachada”, “El último toque”, y estoy ayudando a Julio López con “La batalla del volcán”… para el lunes tengo que hacer los subtítulos. Estoy de comodín para diferentes proyectos.

Cuando Nayib Bukele estaba montando su campaña para alcalde, le presenté cinco proyectos de cine y él me dijo que si yo estaba con él, que me prometía $350 mil al año para programas de cine de la alcaldía. De ahí salió el festival de cine y de ahí salió el FOMCASS, que lo vamos a hacer en 2019. También está el cine comunitario, y cine ambulante en las calles para gente que no tiene el lujo de ir a teatros. Afortunadamente, por primera vez, entra un partido de oposición al que instaló esto y, en vez de botar todo lo que hizo el pasado, Muyshondt nos llamó y nos dijo “queremos seguir con los programas porque eso es proyecto país y no partido”. Y se portó, en ese sentido, de una manera muy madura. Seguimos con eso.

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El Fondo Concursable para la Cultura y las Artes de San Salvador (FOMCASS) es un fondo capitalino de $125,000 que, en teoría, servirá para financiar movilidad de artistas a escala nacional o internacional, productos de artes escénicas y proyectos audiovisuales. De acuerdo con lo planificado, estos fondos debían haberse desembolsado ya para que los colectivos puedan financiar su obra y cumplir con un calendario, pero eso aún no ha sucedido.

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En términos de postura política, ¿no ha habido gente que ha intentado comprometerlo políticamente a usted?
Claro.

Por ejemplo, el alcalde capitalino anterior ¿no le pedía cierto nivel de propaganda o apoyo?
Mire, yo le hice un spot, pero en el spot dije “yo voy a respaldar lo que usted está respaldando porque para eso estoy aquí, pero no voy a decir ‘Nayib Bukele’, lo que voy a decir es ‘yo respaldo a los que entienden que el cine lo merece el talento salvadoreño’”. Eso fue lo que dije.

Entiendo que el dinero de FOMCASS para audiovisuales se iba a desembolsar este año, pero ahora se les dijo a los productores que hasta 2019, ¿por qué sucedió eso?
Cuando hay un cambio de gobierno hay un montón de relajo burocrático. Entonces, en lugar de hacerlo mal, yo llamé a todos los que estaban participando y transparentemente les dijimos.

¿No estaban ejecutando los proyectos aún?
No, lo único que habíamos hecho era declarar los ganadores. Porque ese proceso fue el que soñé para los Pixels: todo el proceso va a estar acompañado, incluyendo la adaptación de cuento a guion, todo lo de dirección de arte, cámara sonido, producción, edición.

Cuando usted regresó, ¿consideró el componente político de la elección de Mauricio Funes?
Cabal. “Ahora va a ser diferente”. También yo vine para respaldar al gobierno que prometió la diferencia. Vine a respaldar aquellos que decían que tenían al pueblo salvadoreño como su prioridad y que se iban a dedicar a destruir la corrupción y a crear empleos y reformar el Ministerio de Educación… y muy desafortunadamente aprendí que la mayoría de estos querían ser como los otros. El apoyo que recibí en el principio para lo que vine fue muy bueno, pero entre más tiempo estuve aquí, más cosas empezaron a pasar. Por ejemplo, en la campaña de Sánchez Cerén, me uní a las mesas de cultura y arte, horas y horas en esas mesas, haciendo propuestas.

En las discusiones de la Ley de Cultura se hablaba de dar seguro social a los artistas. Lo veo lejano.
Sí, bueno, es que… yo no tengo ninguna seguridad ahora de que lo que hemos logrado hasta ahora va a poder continuar, porque todo depende de quien gana en 2019 y de qué compromisos tiene.

La izquierda partidaria se identificó con los artistas y dijo que les darían prioridad. Recuerdo un evento en un hotel capitalino donde se hizo la presentación del eje cultural de la presidencia de Sánchez Cerén.
Cabal, cabal. Y yo me subí al escenario y di un discurso para Sánchez Cerén. Yo me presté para eso. Porque yo verdaderamente creía, yo pequé de ingenuo. Compré todas esas cosas, el sueño. “La cultura es la prioridad principal, el eje 9 es nuestra prioridad”… toda esa cosa. Y después resultó ser pura paja. Y con eso uno dice “vaya, me voy”, o uno empieza a identificar la gente con quien uno sí puede trabajar y se dedica a crear las alternativas que el Gobierno no está presentando.

Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos.

Y yo tengo la libertad de expresarme tal como lo siento. Cuando lo del Pixels se estaba manejando mal, yo también me expresé y para el siguiente Ministerio de Economía, tengo una presentación qué se hizo mal, cuánto dinero se desperdició. Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos. El hecho de que decidieron por ese ego de “no somos el Ministerio de Educación. Estamos aquí para formar industria”, sin reconocer que sin gente educada no podemos formar industria, me parece una soberbia, una arrogancia y una estupidez.

Que haya productos que no se presentaron es grave… pero ¿no es la mayoría?
La mayoría no sabemos todavía, porque no sé si algunos van a conseguir dinero de otro lado para poder terminar. La situación en que estamos ahorita es que, por lo menos, una ficción y un documental vayan a festivales buenos para que el resto del mundo diga “uy, qué bonito que en El Salvador se está haciendo cine”, porque solo así lo van a creer. Porque aún la gente sofisticada y educada necesita que el resto del mundo valide nuestras cosas; y dos, que se venda. Si uno se vende a Netflix o HBO es un logro porque eso le significa algo a la empresa privada.

El cine es carísimo y el país es paupérrimo. Hace un rato dijo que no podía ir a la playa porque hasta ahí ve niños trabajando. ¿Cómo se navega entre esa dicotomía? Hay quienes no entenderían por qué invertir $1 millón en la industria del cine en lugar de invertirlos en una escuela.

Tenemos mucho malinchismo, y ese malinchismo les hace creer que el cine es para México, para Argentina, para esos países. Niegan el talento de nuestra gente. También ignoran las realidades que han creado las industrias del cine en países como República Dominicana y Panamá. Que venga gente de Dominicana y nos diga cuánto contribuye el cine al PIB, cuántos empleos directos e indirectos genera y cuántos negocios se han beneficiado con la presencia de una industria, incluyendo extranjeros que vienen a filmar ahí. Y eso está dentro de un plan quinquenal que hemos diseñado para los partidos. A ver a quienes le interesa comprometerse por eso para 2019.