Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

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“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

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Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

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Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

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Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

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El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

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“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

Una canasta contra la desigualdad

Siembra. Ana Andrade, productora de la Canasta Campesina, muestra sus plantas de chile. Las sembró en septiembre pasado y aún corta entre 50 y 100 cada semana.

Ana Andrade es una mujer con la piel quemada por el sol y una voz firme y dulce. Ahora camina entre los terrenos que rodean su casa, pero hace unos años caminaba cuatro horas diarias entre las milpas de Comasagua, en La Libertad. Dos horas de ida y otras dos para regresar a su casa. A ella no le molestaba la caminata. El problema era el peso que transportaba a diario bajo el sol de mediodía. Sobre los hombros cargaba a su hijo y sobre la espalda, una mochila llena de frescos, tortillas y el con qué para que almorzara su esposo y los mozos de la milpa familiar.

Ana Andrade. Esta productora ha ganado autonomía al cultivar y vender berenjenas, zanahorias,
chiles, lechugas, tomates y apio en la parcela que rodea su casa en la comunidad El Cortez.

“A veces me iba a las 10 de la mañana. Iba lejos a dejar la comida, caminando en medio de todas estas milpas”, cuenta Ana desde su casa rodeada por vegetación en el cantón El Faro. Así transcurría su vida: moliendo maíz, haciendo tortillas, cargando el almuerzo y cruzando los dedos para que la cosecha del año no se perdiera. Su esposo, Ángel, hacía préstamos de hasta mil dólares para poder sembrar la milpa y el frijolar. La deuda estaba asegurada, la ganancia, no. “Un año fue tan doloroso que todo el maíz se fue… fue tristeza ver las milpas. Eran 3 manzanas y quedamos con un saco que costaba entonces como $17”, cuenta hoy en medio de unas plantas de berenjenas que ella misma sembró.

Cuando ella tenía dinero era porque su esposo le daba o porque lograba vender algunas gallinas. “De andar pidiendo, gracias a Dios, hoy ya tengo mi trabajo”, cuenta. Con la venta de verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que siembra en los terrenos que rodean su casa ha logrado conseguir un ingreso mensual de $400. Y el rol ha cambiado. Ahora es ella quien a veces le da dinero a su esposo “para que se motive con el mozo” y ellos chapoden el huerto que Ana sembró. Ya no tiene que cargar almuerzos hacia ninguna parte.

Ella es una de las 72 productoras de la Canasta Campesina, un proyecto de una cooperativa agropecuaria que les ha presentado a mujeres de la zona rural la posibilidad de ser económicamente independientes.

El proyecto ha sido diseñado específicamente para mejorar el desarrollo de campesinas de todas las edades y hombres menores de 27 años. El 80 % de los beneficiarios directos son mujeres y el 20 %, hombres jóvenes. Johanna Arenívar, la técnica de comercialización y organización de la cooperativa, ha sido testigo del cambio que las mujeres atraviesan cuando una oportunidad de trabajo justo se les acerca. “Solo eran mujeres de cocinar, cuidar a los niños y esperar lo que el esposo le podía dar”, relata. Ahora, cuenta Arenívar, algunas de estas mujeres se han convertido en jefas de hogar.

¿Qué contiene una canasta campesina?

 

Precio favorable. Los productores de la Canasta Campesina parten de la premisa de lo justo y solidario.
En algunos cantones es posible comprar una bolsa de 10 o 12 chiles verdes por $1.

Una canasta campesina puede incluir tomates, chiles verdes, rábanos, frijoles, cebollines, berenjenas, aguacates, limones, maracuyá, naranjas, zanahorias y mangos. Todos orgánicos, es decir, sin haber sido cultivados con químicos. A eso se le suman hierbas aromáticas como romero y apio. Y, si se tiene suerte y hay producción, el consumidor que compre la canasta puede recibir por el mismo precio unos huevos de gallina india y hasta tabletas de chocolate artesanal.

Buscan construir un modelo de intercambio justo. Así lo explica Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Los productores de Comasagua siembran para alimentarse a sí mismos y para comerciar en un mercado creciente: el orgánico. Consumir estos productos significa comer frutas y verduras que no han sido expuestas a pesticidas, herbicidas, ni fertilizantes artificiales.

Las canastas se venden en diferentes puntos de San Salvador y se entregan cada 15 días. Los consumidores pueden decidir entre comprar una de 12 productos de $10, $15 o $20. Todos los paquetes de hortalizas llevan las mismas hortalizas. Lo que varía, según el precio, es la cantidad.

La clave, además de eliminar a intermediarios que compren a precio bajo los productos, radica en que los campesinos producen solo lo que van a vender. Eliminan las pérdidas y cultivan según la demanda. Por eso su sistema de venta es planificado.

Alguien que quiere adquirir la canasta debe anotarse en una lista y comprometerse a comprarla durante tres o seis meses. La garantía de los productores es que los consumidores pagan de manera adelantada la mitad del producto; con base en eso se planea la siembra.

Si una persona se inscribe para comprar la canasta de $10 por tres meses, deberá pagar $30 antes de recibir los primeros productos. A eso se le suma el precio de un canasto. Cada vez que el nuevo consumidor vaya por sus productos frescos, deberá llevarlo vacío y le entregarán uno lleno de productos cortados el día anterior.

Quienes más consumen los productos son extranjeros, aunque cada vez se hace más grande el sector de la población salvadoreña que ha decidido completar con estos su dieta. Algunos los compran para apoyar una transacción justa con los campesinos que trabajan la tierra; otros, por los beneficios de una alimentación saludable.

Trabajar la tierra y recibir un pago digno. “Nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Aunque sí, hay unos compañeros –más que todo señores– que dicen que mejor nos vayamos a la ciudad a buscar trabajo de policía. Hay rechazo al campo, de decir ‘no vivás aquí’ porque hay una ilusión de que van a salir a la ciudad y van a encontrar trabajo. Pero allá todo es correr, es contaminación”. El que habla con distancia de la ciudad es Éver Valles, el presidente de la cooperativa la Canasta Campesina.

En El Salvador ser campesino es tener menos ingresos económicos. En la zona urbana el promedio de ingresos de un hogar es $646.99, mientras que en las zonas rurales, el ingreso es de $368.81. Así quedó recogido en la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples de 2016 (EHPM).

Ser campesino también es tener que salir de las comunidades para educarse. Hay “brechas en términos de área geográfica de residencia”, asegura esa misma investigación. En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 6.9 %, mientras que en lo rural es del 17.3 %. Y las diferencias no solo ocurren entre la zona urbana y rural, también están marcadas por el género de las personas. Mientras en los hombres existe una tasa de analfabetismo del 8.8 %, en las mujeres ese porcentaje sube hasta el 12.5 %. No es difícil imaginar por qué el proyecto de la Canasta Campesina está dirigido, en su mayoría, a mujeres de la zona rural, un sector demográfico en condiciones de desventaja.

El inicio de este proyecto puede ubicarse en un fenómeno natural. En 2009 el huracán Ida dañó Comasagua y una organización internacional, el Socorro Popular Francés, implementó programas de huertos caseros para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona. Poco a poco el proyecto se fue transformando hasta que la Canasta Campesina empezó a ser comercializada en 2013.

La cooperativa se legalizó hace cuatro años y, desde entonces, ha logrado generar empleo, producir 400 canastas mensuales y generar autonomía entre las trabajadoras de la tierra.

Éver, el joven que habla con orgullo sobre ser campesino, tiene 25 años. Hace unos años, cuando terminó de estudiar bachillerato, se fue a trabajar a una finca en Santa Tecla. Ahí laboró como escribiente y llegó a ganar $110 por quincena. Dejó de trabajar en esa finca y regresó a su casa. Ahí fue cuando su madre lo invitó a las reuniones que tenía con otras mujeres y que representaron el inicio de la Cooperativa de la Canasta Campesina. Poco a poco se fue ganando la confianza de las demás mujeres y, cuando hubo que elegir a un presidente de la cooperativa, él fue electo. Lleva cuatro años en el cargo y asegura que cultivar la tierra es un honor cuando el dinero que se recibe es equiparable con el trabajo que se hace.

La cooperativa calcula que, en promedio, cada productor tiene ingresos mensuales de $350. La cifra duplica lo que se está ganando en promedio a escala nacional por trabajar la tierra: $147, de acuerdo con la EHPM 2016.

Además de tener ingresos económicos fijos, sembrar nuevos productos contribuye a la salud de las familias campesinas. “Con la canasta aprendimos a comer. Antes solo frijol y huevo… cuando había. Hoy comemos hasta productos que en restaurantes son carísimos, como la arúgula. Y nuestros productos no están envenenados”, asegura Éver.

En total $138 cuesta la canasta básica alimentaria en las zonas rurales del país para una familia promedio de cuatro personas. Así lo recogen las estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Pero dentro de las casas de las familias productoras, los gastos se reducen y el dinero se puede utilizar para pagar otros servicios básicos. Así lo cuenta Ana Andrade, la mujer que dejó de cargar almuerzos sobre sus hombros y se dedicó a sembrar hortalizas: “Antes se iba a Comasagua a comprar la cebolla, el chile y todo eso. Ahora se ahorra. Solo se compra el jabón, el azúcar, el tambo de gas y el pago de luz”.

Aunque los ingresos por productor dentro del programa de la Canasta Campesina distan de acercarlos a la riqueza, sí ayudan a la economía familiar en un municipio donde el 60.2 % de sus habitantes vive en la pobreza.

El armado de la canasta

Mujeres empoderadas

Es un lunes caluroso de julio y la discusión de hoy es por guineos. Dentro de un salón con plásticos celestes que cubren las paredes de láminas, hay un grupo de mujeres y un hombre que habla sobre la necesidad de entregar productos con proporciones similares. Piden que cuando se entreguen bananos para la canasta campesina, la cantidad sea similar entre guineos majonchos y guineos de seda porque el sabor de las dos clases es diferente.

La cooperativa tiene dos cuartos que funcionan como base de operaciones. Uno es la oficina administrativa y este otro, el celeste, es el lugar de reuniones y donde se arman las canastas. Los dos espacios están ubicados en el centro de Comasagua.

En la oficina trabajan cinco personas: la técnica de comercialización, dos técnicos en agricultura, un gestor contable y un asistente administrativo. Sus salarios aún son pagados por el Socorro Popular Francés, pero la idea de la cooperativa es crecer tanto que, al llegar a posicionar 600 canastas en el mercado (200 más de las que actualmente venden), puedan absorber ellos mismos los egresos de los sueldos.

Este día se discute sobre guineos majonchos y guineos de seda porque es la reunión del comité de producción y comercialización municipal. La reunión se hace todos los lunes y en ella se le pide a los representantes de cada comunidad la cantidad de hortalizas que deberán entregar dentro de dos días.

Es un salón lleno de mujeres porque los productos se comercializan en 11 comunidades, y nueve de esas comunidades tienen por líder a una mujer. Afanadas, escriben en una libreta los pedidos que tendrán que hacerles a sus vecinos. Todas son morenas y visten sencillo. Ninguna parece abstraída de la reunión. Todas opinan, preguntan, se ríen, anotan. Al lado también tienen una calculadora y ahí hacen cuentas de cuántos tomates, chiles y berenjenas son necesarios para lograr llenar las canastas de esta semana.

Al finalizar la reunión todas las líderes de comunidad firman la lista de asistencia y pasan hacia la oficina de la cooperativa. Ahí se les entrega un cheque por las hortalizas que su comunidad entregó en días anteriores y regresan a sus comunidades para pagarle a sus vecinos.

El miércoles por la mañana un camión recoge los productos. En este se transporta Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Él recolecta las verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que llevará a San Salvador. Cuando se recogen los productos, le entrega un recibo a cada productor. Esa es la constancia con la que luego podrán exigir su pago.

El mismo miércoles por la tarde, las canastas se organizan en el salón celeste de la cooperativa. Sobre una mesa y sobre estantes metálicos se colocan y se empiezan a llenar de frutas y verduras de manera que no se aplasten entre sí. Al terminar de colocar todo, el canasto es cubierto con una tela blanca que protege a las frutas y verduras de insectos, pero permite que estas respiren y lleguen frescas a los puntos de venta en San Salvador.

Un día después, el jueves por la mañana, un pick up sale desde Comasagua y baja por una calle llena de curvas pronunciadas hasta San Salvador. Los productos se entregan en lugares como el Liceo Francés, la Embajada de Francia, la Embajada de España y tiendas de productos orgánicos.

Los productores están comprometidos a vender la cantidad de hortalizas acordadas en el plan de siembra a la cooperativa, pero no están amarrados a comercializar solo con esta organización. Por ejemplo, si alguien calculó mal o produjo más de lo que estaba estipulado en el plan comunitario, todavía tiene una oportunidad de vender sus productos en mercaditos que la cooperativa realiza en algunas empresas o ministerios. Ahí las frutas y verduras se venden de manera separada y no en canasta.

Incluso, pueden vender las hortalizas entre vecinos. Por ejemplo, una productora de Comasagua vende 10 chiles verdes por $1 a sus vecinos. Los precios difieren de manera marcada de los de las cadenas de supermercados. El precio actual de un chile verde –cultivado con agroquímicos– en un supermercado llega a $0.45.

Plantinero. En este espacio se siembran las semillas y se les da especial atención antes de trasplantarlas a la tierra.

Mujeres empoderadas

El impacto de este proyecto es local. Al eliminar al intermediario, los ingresos son para Comasagua y sus habitantes. De acuerdo con un informe realizado por la Universidad Luterana, el 90 % de los ingresos del programa es destinado para los productores y solo el 10 % se utiliza para costos operativos. Por ello, los invernaderos o algunos implementos que usan los campesinos para sembrar le pertenecen a la cooperativa y, cuando se arruinan, esta es la que corre con los gastos de reparación.

El impacto del proyecto no es solo monetario. Se transforma en poder de decisión y en capacidad de liderazgo. Hay mujeres que aprendieron a firmar y solicitaron su Documento Único de Identidad porque querían tener la oportunidad de formar parte de la junta directiva de la cooperativa.

En la zona rural del país, la agricultura es la principal actividad económica. Y si bien el promedio nacional de salarios mensuales por agricultura es de $147, específicamente el ingreso de las mujeres que se dedican a este mismo rubro es ligeramente menor: $143.44.

Johanna Arenívar cuenta que cuando inició el proyecto las mujeres llegaban a firmar los documentos, pero le pedían al equipo técnico que le explicara a su esposo de qué iba el asunto. Ahora “es un cambio total en las mujeres”, afirma.

Luego pone otros ejemplos, como mujeres que lograron pagar la conexión de energía eléctrica para sus casas, o que ahora sí pueden darle dinero para el pasaje a sus hijos para que viajen a estudiar. También relata historias de otras campesinas que tenían quejas de salud y que, en confianza, le han contado que solo ahora que tienen su propio dinero pueden pagarse exámenes médicos.

El conocimiento y el dinero se transforman en poder. Y eso se puede sentir en esta pequeña comunidad de mujeres campesinas que hablan con seguridad mientras utilizan términos técnicos de agricultura y sostenibilidad. Arenívar resume el impacto de manera simple: “Se ven cambios que ellas han tenido en la forma de expresarse y en la forma de tener decisiones en su familia”.

Variedad. Aunque todas las canastas tengan dentro los mismos productos,
el consumidor puede elegir comprar una de $10, $15 o $20, dependiendo el tamaño.

Las amenazas a la agricultura

Una de las mujeres campesinas que ha asistido a la reunión de productores de este lunes se acerca a Arenívar después de la reunión de producción y, con toda propiedad, empieza a hablar sobre el proceso para crear el líquido con el que rocían sus plantas en lugar de agroquímicos: “No tengo microorganismo activado, solo el sólido. Si no tengo el activado no puedo hacer nada”, le explica con naturalidad.

Quien habla es Emilia Alfaro de la comunidad La Dalia de Comasagua. Ella, como el resto de productores de la zona, conoce a pie de letra qué procesos debe cumplir para realizar una siembra orgánica.

Cosechar productos orgánicos requiere más trabajo. En lugar de comprar los agroquímicos para cultivar, ellos mismos deben crear sus fertilizantes. Para eso, los productores caminan hasta terrenos en los que no se ha sembrado nada con químicos durante al menos los últimos 25 años y ahí recogen parte de la naturaleza que se encuentra en el suelo como hojarascas de bambú, afrecho de zompopos y hojas con microorganismos. Con eso se llena por completo un barril de 200 litros. Ese es el microorganismo sólido.

Pero esa mezcla de tierra, hojas y materia viva no es la que se aplica directamente en los huertos. Veintidós libras de microorganismo sólido se mezclan en otro barril con agua y melaza. Ahí se crea el microorganismo activado del que hablaba Emilia. Eso se coloca en la bomba y se aplica sobre lo sembrado para ayudar a que las plantas absorban los nutrientes de la tierra.

Se puede evitar el uso de químicos, pero –al menos desde este rincón del país– no se puede evitar el cambio climático. Y esa es una de las cuestiones que tiene preocupados a los productores de esta canasta. Por ejemplo, las altas temperaturas que se están alcanzando aún en esta época lluviosa.

Gabriel Valles es un veinteañero que colabora en el trabajo de la tierra con su madre, Ana Andrade. Desde un plantinero que está ubicado en el terreno de su familia, explica los retos a los que se están enfrentando para lograr cultivar las hortalizas. El plantinero es un cobertizo con láminas transparentes y redes a los lados para evitar que entren los insectos. Son las 11 de la mañana y dentro de este espacio, que es el que se usa para lograr que las semillas se desarrollen, la temperatura es de 38 °C.

El problema, cuenta Gabriel, es que el tomate no se está desarrollando porque el clima de hoy es difícil de prever. En esta zona verde y montañosa, la temperatura por las madrugadas baja de 20 °C y al mediodía alcanza los 45 °C. Cuando hace demasiado calor, la flor del tomate se quema y no puede dar paso al fruto.

La misma organización cuenta con un diagnóstico que realizaron sobre su proyecto de la canasta. Entre las debilidades del proyecto mencionan factores que están fuera de su alcance. Los problemas van desde la falta de agua hasta las plagas. Ninguna de estas situaciones ha sido crítica, pero habla de la vulnerabilidad de este trabajo, en el que, a pesar de la organización, hay amenazas de las que no se pueden proteger.

 

De Comasagua a las embajadas

La venta. Productores de las hortalizas entregan sus hortalizas recién cortadas a sus clientes
en diferentes puntos de San Salvador cada 15 días.

Este jueves ha sido el turno de entregar los productos de Beatriz Azucena y Marvin Molina. Entre los dos bajan las canastas y las colocan en la entrada de The Green Corner, una tienda de productos orgánicos ubicada en San Benito, una zona exclusiva de San Salvador. Este es uno de la veintena de puntos en los que se entregan cada 15 días los productos recién cortados.

Beatriz solía trabajar haciendo oficios varios en casas ajenas. Ahora le dedica en promedio tres horas diarias al trabajo en su huerto y, debido a que la tierra de la que dispone es limitada, puede sembrar poco y está teniendo ingresos mensuales de $130. Es poco dinero al mes, pero al menos no tiene que hacer oficios para otras personas. “Esto es más bonito. Uno va a trabajar a la hora que quiere”, cuenta antes de ir a entregar a pie un pedido a la Embajada de España, dos cuadras abajo de esta tienda.

Entre el listado de personas que recogerán sus hortalizas, los que predominan son los apellidos extranjeros. Los productores y consumidores no solo están distantes geográficamente, sino que las condiciones de vida del campesino y las del consumidor que vive en San Salvador son profundamente desiguales. La canasta se presenta como esa conexión entre dos mundos que se necesitan mutuamente por salud y por economía.

“La idea es contribuir a una economía más justa. Aquí no se apuesta políticamente a la agricultura porque se ve como algo atrasado”, dice Benjamín Schwab, originario de Alemania y residente en El Salvador. Él es uno de los 35 consumidores que tienen a su nombre una canasta este jueves. “Comprar en las grandes cadenas de supermercado es apoyar un sistema dominante en el que no se genera empleo. Aquí directamente se apoya a los productores para ayudarlos a salir de la pobreza”, explica Schwab, quien reconoce que otro de los beneficios de este proyecto es que los precios fijos son garantizados.

En la Canasta Campesina los precios cambian anualmente. Eso juega como un arma de doble filo, como lo explica la técnica en comercialización de la cooperativa, Johanna Arenívar: “Aquí una cajilla de tomate cuesta $15. Afuera está a $40. Pero en diciembre del año pasado llegó a $5”. Y en ese momento, aunque el precio del mercado era $10 más bajo, la cooperativa mantuvo sus precios.

En San Salvador, la dueña de The Green Corner afirma que los productos orgánicos están teniendo una mayor demanda en el país porque las personas lo están entendiendo como un método de prevención de enfermedades más que una dieta. En este local, lleno de otros productos con etiquetas que pregonan ser orgánicos, es posible encontrar pequeñas botellas de refrescos naturales que cuestan casi $5.

En el caso de la Canasta Campesina, la tienda solo sirve como nexo entre los productores y los consumidores. La tienda es el lugar de descarga del producto y no obtienen ganancia de las hortalizas de Comasagua.

Ya sea por salud, por apoyar a los campesinos a salir de la pobreza o por la creencia de que a través de estos productos se logra crear un modelo de consumo más justo, la demanda de la canasta está creciendo. Y aunque los motivos de la compra variados, la repercusión en Comasagua suele ser la misma: la independencia que se cosecha en la tierra. O, como una empleada de la cooperativa lo ha comprobado, la oportunidad de desarrollo para las campesinas, un sector de la población tradicionalmente relegado en el campo: “Hay mujeres que están solas y con esto se han vuelto independientes. Se cuidan”.

Tiendas especializadas. El consumo de productos orgánicos crece. En la foto, una tienda exclusiva para productos locales y extranjeros que se cultivan y empacan sin uso de químicos o preservantes.

Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación

María Isabel Rodríguez, asesora presidencial.

A María Isabel Rodríguez parece que nada la exaspera. Es miércoles y en San Salvador cae una tormenta que hace que las calles colapsen, pero ella desde su biblioteca habla con una serenidad que parece solo llegar con los años. Habla tranquila sobre su paso por el Ministerio de Salud y la situación actual de esa entidad. Platica con calma incluso cuando le toca responder sobre temas que parece que preferiría no mencionar, como los sobresueldos recibidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

Se sienta en una silla en la segunda planta de su casa y antes de comenzar a platicar, pide una disculpa. Dice que usualmente no hace esperar un mes y medio a una periodista que quiere entrevistarla, pero se enfermó de gripe y canceló muchos compromisos. “Desde que salí del ministerio tenía los planes de dedicarme a escribir de todo lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas”, cuenta desde su hogar. Actualmente es la asesora presidencial más longeva y se encarga de aconsejar al Gobierno en temas relacionados con la educación y la salud.

Fue la primera decana de su facultad, primera rectora de la Universidad Nacional y primera ministra de Salud, y afirma que los espacios de participación de mujeres en las esferas de decisión no han sido suficientes. “Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”, dice durante esta conversación en la que ofrece agua, jugo, café y quesadilla a sus visitantes. Es difícil imaginar que la mujer que habla con tanto sosiego, mientras afuera se cae el cielo, es la misma estudiante de medicina que repartió panfletos en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez. O que esta mujer que ahora tiene una oficina en Casa Presidencial es la misma que durante su juventud llegó a transportar municiones, mientras se preparaba la huelga de brazos caídos que terminó con la dictadura militar más larga de El Salvador. Pero ha pasado más de medio siglo desde entonces y ahora las cosas que defiende la exministra de Salud son otras.

“Son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo”

Anteriormente dijo que si para 2014 no había un cambio notable en salud pública “se habría fracasado de manera rotunda”. Este año en el Hospital Rosales faltaban 70 medicamentos, si alguien necesitaba operarse, le pedían que llevara su propia medicina, y hasta las sábanas del hospital se tuvieron que ir a lavar al Hospital San Rafael. ¿Se logró ese cambio notable?

Mire, analicemos la situación en todo el país. Cuando uno analiza los cambios que ocurrieron por el incremento de cobertura de salud, el acercamiento del especialista, sobre todo el pediatra y obstetra, uno ve que son cambios sustanciales. Uno tiene cifras como mortalidad materna que disminuyó importantemente cuando se crearon los Hogares de Espera Materna y cuando se incrementó el número de partos atendidos en los hospitales. Todas esas son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo.

¿En qué se retrocedió?

Cuando ahora se ha hecho el escándalo de la falta de medicamentos. Para mí era un motivo de quitarme el sueño el hecho de que no se hubiera hecho la licitación a tiempo. Veo en lo que ha ocurrido ahora, que no hay esa responsabilidad de la gente que tiene que saber que si no se hacen las compras a tiempo, eso repercute en la vida de la gente.
La gente necesita sus medicamentos y tienen que ser oportunos y adecuados al momento. Pero si no los tiene, la vida de ellos está en peligro, como un paciente renal que tiene que interrumpir sus diálisis.

No es solo el dinero del que se dispone para los medicamentos, es la posibilidad, es la rapidez de la gestión. Uno tiene que revisar qué está pasando con las unidades que tienen que ver con la compra. ¿Están previniendo que eso ocurra? Yo no puedo salir a decir públicamente “mire, la razón es esta”, porque sería terrible que una persona que ha estado al frente del ministerio vaya a decirle a las autoridades actuales qué está pasando. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades el análisis de cuál es el mecanismo a través del que se llega a la obtención del medicamento y por qué hoy no se ha llegado a eso.

¿Usted cree que le hace falta autocrítica a este ministerio?

Fíjese que esa respuesta usted la tiene. Sí, yo creo que usted la tiene. Uno quisiera que una línea que consideró correcta en un determinado momento y que empezó a revivir buenos resultados, se continuara. Pero nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente. Esa es una de las principales situaciones en todos los organismos, llámense autónomas o públicas. Y la gran desgracia que yo me la voy a llevar a la tumba es que ese gran esfuerzo que uno hace o puede hacer en un determinado campo –en la Facultad de Medicina, en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud– que uno cree que llegó aquí y que necesitaba un poco de tiempo, tal vez, para llegar aquí; se paró o se fue para atrás.

Cuando usted estuvo en el ministerio criticó fuertemente el Sistema Nacional de Salud porque no se incluyó al sistema privado. ¿Mantiene esa crítica?

Yo creo que se necesita un cambio de estructura política de gobierno muy importante. El sistema privado debería ser objeto de una reorganización interna. No me interesa que desaparezca, pero que sea sometido a las mismas regulaciones, a la misma política de salud que desarrolla el sistema público.

¿Qué mejoraría eso?

Hay elementos que en este momento se están considerando en muchos países, incluso hasta la regulación de costo y cobros. Tampoco es justo que esté suelto el establecimiento de cuotas. El sistema privado debe ser sometido –y yo pienso que hay cosas del sistema privado buenas– en el mismo aspecto epidemiológico. Es indispensable que el sistema privado esté incorporado totalmente, que se reporten los casos de determinadas enfermedades, que se haga el control igual.

Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero pienso que sería muy bueno que el sistema fuera integral. Lo que quería hacer era eso, porque no podemos pensar en que se hizo todo público. Para eso necesitaríamos otro tipo de Estado y eso no era lo que se perseguía.

Creo que el Estado debe tener un control de lo que ocurre en medicamentos y en toda la parte contra epidemias. Falta una verdadera planificación conjunta.

Es indudable que hay una brecha enorme entre el sistema privado y el sistema público. ¿Qué falla? ¿A qué le seguimos atribuyendo esa brecha, siempre a la falta de presupuesto?

Hay un criterio que no lo promueve el Estado, y es un criterio de la gente: “Porque es público puedo hacer con él cualquier cosa”. Es decir, no cuidar las cosas. Si usted entra a algún lugar donde hay baños… hasta las cubiertas de las tazas se roban. El criterio de lo público y de lo que debe cuidarse todavía no ha entrado, en general, en el país.

En el trabajo, a veces es distinta la forma en que se trata a un paciente en enfermería a cómo se trata a esa misma persona (en el sistema privado). Nos lo han dicho médicos que tienen enfermeras que trabajan en lo público. Su actitud y su forma de trato al enfermo es absolutamente diferente. Allá es la “señora, pase adelante”, gran respeto…

¿Entonces es porque somos una sociedad hipócrita?

Bueno eso hay que estudiarlo porque es parte de la educación de la gente.

El año pasado estuvo en algo parecido a una crisis mediática cuando en un programa radial usted mencionó que recibió sobresueldos. ¿Esto le trajo problemas?

A mí me trajo problemas desde el punto de vista (de) que me empezaron a mover en esa situación. A mí no me causa problemas a nivel de gobierno ni nada. ¿Qué me podían decir? ¿Que me callara? Era a lo más que podían llegar. Pero si yo en un determinado momento he recibido, ha sido igual que lo reciben todos los ministros e igual que viene ocurriendo. Es la única ocasión en la que yo he recibido como ministra de salud. Lo estableció ARENA y siguió eso. ¿Por qué no se dio el paso de ponerle a los ministros el salario adecuado? Y, entonces, encontraron que la mejor solución era pagarle (los sobresueldos) para que no se diga que se le paga mucho, pero ¿por qué no? Si el salario debe ser adecuado a la función que desempeña la persona.

Yo creí que se iba a hacer la reforma en el sentido de que ese llamado complemento de salario, o sobresueldo, o lo que fuere, iba a ser incorporado oficialmente porque a uno le conviene. Eso es necesario que se haga. Yo no digo si es por ley o por qué, cuándo se estableció, no sé de cuándo viene, pero así se ha hecho.

¿Pidió que se diera ese cambio?
Yo lo dije ahí. Que había hablado con el tipo y yo le dije “pero ¿por qué esto?” Porque cuando yo iba a firmar un documento o cómo se iba a hacer ese proceso, yo creí que iba a Casa Presidencial a esa oficina a hacerlo, pero no se hizo y realmente nunca se ha hecho un esfuerzo de todos para que, así, tal vez hubiera sido más adecuado.

Empatía. Cuando la exministra recorre espacios públicos es común que la población
se le acerque a pedirle una fotografía o saludarla. En la fotografía aparece haciendo un
recorrido por las áreas de comida de una feria en 2012.

¿De todos los ministros?
Claro. Pero si yo lo dije lo tengo que sostener. Yo no lo voy a negar. No quise hacerle daño a ninguno de los compañeros. Yo nunca recibí órdenes de “no lo diga, esto es secreto”. Pero tampoco me hubiera gustado que me lo dijeran. Es una discusión política que debería de existir de lo que es el sistema de gobierno y cómo se maneja. Si los políticos, los que pelean tanto por la pureza del sistema, (son) muchos de los cuales llegan al Gobierno y los cobran.

Debería de haber un análisis: ¿Es ilegal que un ministro gane cinco mil dólares o tres mil dólares cuando hay consultores, o una cantidad de gente que gana más de eso? ¿Es lógico que un presidente gane menos que lo que está ganando un asesor? Entonces si eso es así, hagamos un presupuesto que coloque el valor justo del sistema que cada quien gana. Eso todavía no está claro en la vida de la nación: cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel. Porque se considera una cosa inadecuada un salario alto. Deben establecerse salarios adecuados a la función de la gente sin esperar que haya complementos de salario.

¿Eso usted ya lo sabía al asumir el ministerio?

No lo sabía al asumir el ministerio porque yo no pregunté cuánto me iban a pagar. Lo que es inadecuado es lo que después salió: que no solo se daban esos complementos de salario, sino que había personas que no tenían que ver con el Gobierno y que recibían aportes que no eran sueldos, eran como regalías. Eso se hizo público, porque incluso lo dijeron algunas gentes.

Otro tema que también la puso en controversia fue cuando usted se posicionó a favor de la reforma del Código Penal para aprobar cuatro causales de interrupción del embarazo. ¿Por qué es un tema médico?

¿Cómo voy a considerar yo que se ponga en el riesgo de morir a una madre con hijos por un embarazo absolutamente inviable? ¿Se acuerda del caso de Beatriz, la mujer que tenía un feto acéfalo? Eso es un crimen, si la criatura no iba a vivir. Cada hora de ese producto era una hora de la vida de la mujer que se estaba agravando. Exponer a la madre a ver a un producto de estos sin cerebro, sin cráneo, para despertar el instinto materno es una tortura.

Quienes están en contra de esta reforma mencionan que el daño de las mujeres que abortan es mayor porque adquieren un trauma psicológico tras abortar. ¿Esto es algo médico que haya visto en su carrera?

No.

A usted la acusan en redes sociales de ser una exministra abortista.
¿Ah, sí?

Sí.
Bueno, ese es el criterio de ellos, no es el mío. Yo creo que esa es una cosa que se debe ver con mucha seriedad.

¿En qué está trabajando ahora?

Qué divertido eso. Estoy trabajando en todo. Teóricamente estoy como asesora en salud y educación del presidente. Desde que salí del ministerio yo tenía los planes de dedicarme a escribir de todo de lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos aquí con mi asistente en muchos campos de la educación y la salud. Hay un día de la semana que en la tarde nos reunimos con el ministro de Educación y dos o tres personas que él ha escogido como asesores y trabajamos un poco adelantándonos a los problemas que se van a presentar.

Mi semana es un poco complicada. Mi mañana la dedico a Casa Presidencial. Allá tengo una oficinita. Allá se hacen las reuniones que se pueden hacer, pero algunas de grupo incluso las hacemos aquí porque tenemos las facilidades. Aquí no hay quien cierre las puertas.

¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación en planes de educación sexual?
Se está trabajando intensamente. Creo que cualquier trabajo de hoy todavía es débil, pero debe seguirse trabajando muy duramente.

¿La Iglesia también debería tener palabra en el campo de educación y salud sexual?
Claro que sí.

¿Por qué?
Porque la Iglesia está causando también una acción negativa, porque ellos no conciben la prevención del embarazo. Ellos llegan a interferir con esos programas.

Entonces, ¿me está hablando de invitarlos a discutir para que entiendan o para que ellos pongan las reglas?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario.

“Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se les dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡Pero si es parte del servicio de salud!”

Hace unos días se mencionó en un evento de Naciones Unidas en El Salvador que en uno de cada cinco embarazos de adolescentes, la relación sexual había ocurrido con un familiar y a la fuerza.
Así es. Padre, padrastro, pariente, todos esos están en la lista. Bueno, pero ¿qué pasa con la niña adolescente? Hay una responsabilidad triple. La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, la responsabilidad es de la familia en buena parte. La responsabilidad es de la escuela. Los padres no quieren –sobre todo la madre– no quiere que se le dé educación en el campo de salud reproductiva a las niñas.

Que se le hable de lo que representa el condón es un escándalo, porque “le están abriendo los oídos a los niños y es una barbaridad, la niña no debe saber de eso”. Pero esa niña a la cual se le niega esa información, está llegando ya al hospital porque ya está embarazada. Los papás están soñando que la niña es ingenua e inocente, y hemos tenido casos en que, luego, la madre recibe la noticia de que la niña no solo está embarazad,a sino que es seropositiva. Según ella la niña no debía saber nada nunca de eso. Pero la niña ya ha pasado ignorando muchas cosas que tiene a la mano. Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se le dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡pero si es parte del servicio de salud!

Detalle. En todas sus apariciones públicas María Isabel Rodríguez se encarga de lucir elegante y ser puntual.

En los grupos feministas es reconocida como pionera, ¿usted se considera feminista?
Yo considero que algo he hecho, tal vez no todo lo que debería, en favor del crecimiento de la mujer y del reconocimiento que tenemos el mismo derecho que los hombres. Para mí es una pena que digan que soy la única mujer rectora de la Universidad de El Salvador. Me preocupa muchísimo eso y no tengo el porqué alegrarme. Al contrario, tendría que ponerme muy triste que no haya podido llegar otra mujer. Los grupos llamados progresistas, los grupos de la izquierda universitaria y demás deberían de responder por qué no ha sido posible que otra mujer llegue a la rectoría de la universidad, llegar a la punta es difícil.

Cuando usted entró al Ministerio de Salud con el gobierno de Mauricio Funes se señaló que había muy pocas mujeres en el Gabinete. ¿Cree en las cuotas de género?

Mi opinión en ese sentido es un tanto crítica. En ocasiones establecer la cuota es una cosa simbólica. Muy bien que se diga que van a subir el número de mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres suben? ¿Es una mujer bien preparada que va a contribuir? ¿Va realmente a ser una persona que va a influir en decisiones trascendentales?

Por ejemplo, en el caso de organismos internacionales, llegaban a mi oficina a buscar a unas de las funcionarias que trabajan conmigo para decirles “por favor, aplica a esta plaza”. Y la persona a la cual se le invitaba a entrar a la plaza decía: “Yo no lleno el perfil”. “Pero no importa. Lo que importa es la cuota que yo tengo que llenar porque si no, no puedo abrir el concurso”, respondían. Totalmente simbólico y la llenaban con gente que no llenaba los requisitos y ya sabían que no iban a salir electas.

La otra razón es que hay una serie de razonamientos que son ingratos en las selecciones para mujeres. Por ejemplo, cuando llega una mujer se toman argumentos como estos: “Está en edad de casarse. Va a resultar embarazada. Va a estar necesitando permisos de maternidad. No es conveniente”. Hemos tenido experiencias incluso de una persona que fue director de sanidad, que era el equivalente al Ministerio de Salud en El Salvador, que hacía que las mujeres firmaran su renuncia sin poner la fecha y en el caso de salir embarazadas, se hacía efectiva. Injusto, pero ocurría y a alto nivel.

“Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado, de la izquierda extrema salvadoreña, que llegó al grado de que un dirigente que llegó a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca dijo: ‘Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista’.”

¿Le tocó enfrentarse a eso?

Quizá nunca me vieron cara de que iba a ser madre, ja, ja. Como fui un poquito peleona desde el inicio, nunca me lo hicieron. Peleé esas situaciones porque las mujeres hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación. No se dice “no puede entrar aquí una mujer”. No, eso no, pero sí hay mecanismos.

A partir de la preparación de los discursos para las memorias anuales de la universidad y analizando las notas, se graduaban con mejores calificaciones las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí yo empecé a seguir a las personas que en la universidad están en posiciones importantes, que adquieren posiciones de docentes a partir del que es instructor, el que sube a la posición de profesor auxiliar, y ya se empieza a ver la diferencia. El número de mujeres empieza a disminuir y el número de hombres a crecer. Y eso sigue en forma piramidal hasta el momento de las posiciones directivas.

Usted creció en un matriarcado, ¿alguna vez le hizo falta una figura paterna?

A veces me han dicho que soy ingrata en ese sentido. Yo diría que no. No me hizo falta porque tuve unas mujeres que fueron madres y padres. Yo sabía que tenía un padre que era abogado, pero nunca se ocupó de llegar a la casa, realmente nunca me hizo falta.
Fui hija única, pero mis tías fueron capaces de hacer crecer sus hijos y educarlos sin mucho escándalo.

Usted se educó en la Facultad de Medicina cuando aún el general Maximiliano Hernández Martínez gobernaba, ¿cómo vivió la caída de Martínez?

Como éramos estudiantes, con mucha alegría, con mucha diversión, pero tal vez no midiendo las dimensiones del proceso. Quizá no teníamos la suficiente preparación política para medir hasta dónde se había llegado. Ya estábamos en la Facultad de Medicina y había caído Martínez, había caído Ubico en Guatemala, había caído Carías en Honduras. Vivíamos una época de gran celebración.

Usted ha dicho que uno de los más grandes dolores de su vida fue en el 72 cuando un movimiento en el que estaba Schafik Hándal la expulsó de la universidad porque la tachaban de imperialista.

Yo termino mi decanato en el 71, la intervención es en el 72, pero esa época es muy confusa, muy convulsa. Entonces ese problema del imperialismo era una cosa muy tonta. Muy burda. Ese San Benito del imperialismo no me lo pude quitar durante mucho tiempo por el hecho de haber tenido relación con algunas fundaciones que nos ayudaron, incluso, para el desarrollo de la educación médica. Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado de la izquierda extrema salvadoreña que llegó al grado de que un dirigente llegara a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca y dijera: “Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista”.

¿Ese era Schafik Hándal?
No, no. Yo debo decirle que tengo el mayor de los respetos por Shafick. Él me respetó y me apoyó mucho cuando yo estaba en la UES. Al grado tal de que en el momento más difícil de mi vida como rectora, Schafik fue de las personas que me apoyaron y le dijeron a la gente el error en el que estaban al no aprobar el préstamo que hubiera representado el desarrollo universitario. El problema es que la vida de la universidad no solo ha estado expuesta a los golpes de afuera, sino a los de adentro. Los internos han sido terribles.

Después de ser decana usted comenzó a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tenía pasaporte diplomático, ¿venía a El Salvador durante la guerra?

Sí. No venía tan seguido porque estaba en ese programa tan fuerte, pero sí, vine. Había que pensar que en ese momento no era fácil, pero ya después de los Acuerdos de Paz consideré que se estaban dando las condiciones para venirse a El Salvador.

¿Estuvo alejada por completo del proceso de los Acuerdos de Paz?

No. Todo lo contrario. Yo creo que muchos de los organismos internacionales tienen una función dependiendo de su ideología, de su punto de vista, que no se conoce pero que es de apoyo.

¿Y cuál era esa función?
Quizás eso no vale la pena contarlo.

Cómo no, a mí sí me parece que vale la pena. Ya pasaron 25 años desde la firma de los Acuerdos.
Sí, pero… no es fácil traer a cuenta procesos y compromisos que se dieron y que la gente los mantuvo ocultos incluso hasta su muerte. No tiene uno derecho. A veces aquí en las conversaciones con los compañeros salen cosas que no deberían de salir, pero que las comentamos. Realmente la guerra es la guerra.

Usted ha visto cambiar El Salvador durante todos estos años, ¿por qué vale la pena quedarse?
¡Uy!, esa pregunta es una cosa terrible. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad por hacer crecer este país.

 

22 centavos por cada tiempo de comida

Expedientes. Del año 2013 a 2016, existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes.

22 centavos de dólar por cada tiempo de comida. Esa es la cuota que Jorge le debe pagar a María, su expareja, para la manutención de su hijo de cuatro años. Según la cifra establecida en la Procuraduría General de la República (PGR), María debe poder alimentar a su hijo con $0.66 diarios, es decir, con $20 mensuales.

María tenía un empleo formal hasta hace una semana. Con ese salario intentaba cubrir las necesidades básicas de su hijo, pero los dueños cerraron la farmacia en la que ella trabajaba y la necesidad de una cuota alimenticia más alta para el menor se hizo más evidente.

Ella sabe trabajar desde niña. Su madre tiene una venta de comida en un municipio de Sonsonate y ahí conoció cómo es vivir el cansancio de los adultos. Mientras crecía ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, a preparar la comida y a vender frente al mercado.

La escuela fue la diferencia. Fue casi un descanso. Formó un grupo de amigas y se enamoró por primera vez. Cuando cumplió 15 años conoció a Jorge, su compañero de clases, y él le pidió que fuera su novia. Ella aceptó y dos años después quedó embarazada. Él vivía con su madre y María pensó que lo mejor era mudarse con ellos. Creyó que ahí viviría mejor y más tranquila. Tres años después, salió de esa casa con moretones en la cara.

“Nos separamos por el problema”, dice hoy que tiene 22 años. El problema fue que su expareja la golpeó en 2015. María regresó llorando a la casa de sus padres y denunció a Jorge. Un juzgado emitió una orden de restricción en la que se prohibía que Jorge se le acercara durante seis meses. A pesar de que él demostró ser violento, ella dice que ya no pidió que se renovara la orden de restricción “para no tener más problemas”.

María cuenta desde su casa materna que después de la golpiza le pidió a su madre que la acompañara a la sede sonsonateca de la PGR. Ahí solicitó ayuda para fijar un monto para alimentos.

“En la procuraduría me dijeron que como él solo estudiaba y no trabajaba, no tenía de dónde sacar dinero. Dijeron que solo $20 me podía dar porque era lo que podía ir recolectando de lo que supuestamente le da la mamá para la semana”, recuerda María.

En mayo la canasta básica por familia urbana costó $195.20, de acuerdo con cifras gubernamentales. El cálculo de canasta por familia se hace con base en un supuesto de 3.73 personas por familia. La cuota alimenticia que se le fijó a Jorge solo cubre un 10 % de dicha canasta.

Ahora Jorge ya cumplió 22 años y se encuentra estudiando una licenciatura. Pero aunque hayan pasado dos años desde la demanda, la cuota alimenticia que está obligado a darle a su hijo sigue siendo la misma: $0.66 diarios.

Asesoría. En este salón los usuarios de la Unidad de Familia de la PGR se reúnen con asesores legales para evaluar sus casos.

El promedio mensual de cuotas alimenticias que ingresaron a la procuraduría a escala nacional fue de dos millones de dólares entre enero y mayo de este año. Dos millones suena a mucho, pero los beneficiarios son 28,520 menores y cuando la cifra se divide entre ellos, se alcanza una media de $76 mensuales. O sea, $0.84 por cada tiempo de comida.

Gloria espera que la cifra que se logre fijar con el padre de su hija de siete años sea más alta que el promedio. Es una mujer de 28 años, de pelo rubio y labial fucsia. Cuando habla mira a los ojos de quien la escucha y no titubea. Ha venido este martes 4 de julio a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia a demandar a su expareja y ha pensado solicitar $100.

La menor estudia en un colegio privado de San Salvador donde cobran $25 mensuales. A ese gasto le debe sumar el de útiles escolares, uniforme, transporte y alimentación. La niña y el padre no se ven y ella explica que desde que se separaron no ha recibido apoyo paterno.

“Yo soy independiente. Nunca le había pedido nada, pero pasó el tiempo y dije: ‘Bueno, y ¿por qué dejarlo que esté sin responsabilidad?’”, dice Gloria.
Ella sabe que no hay respuesta para su pregunta y se muestra segura mientras espera sentada sobre unas sillas azules frente a los asesores legales de la PGR.

Por ahora lo único que teme es que el estilo de vida de su expareja no le permita alcanzar una cuota que sirva para compartir con equidad los gastos de la menor.

—Él no trabaja. Supuestamente lo tienen que evaluar y que no sé qué –dice Gloria como fastidiada mientras espera que la atiendan.
—¿De qué vive él?
—Solo de remesas. Por eso es que ni piensa en trabajar –responde antes de brindar sus datos frente a un escritorio.

Cuando Gloria entró a este edificio le dieron un número y así pasó al escritorio de un asesor jurídico a explicar su situación. El proceso de espera es similar al de los bancos. Y a pesar de que aquí también se discute en términos económicos, las historias que se escuchan en este lugar son íntimas y hablan de un país que descuida a sus propios hijos.

Gloria se suma a las 1,276 madres que hasta abril de este año demandaron a los padres de sus hijos por alimentos. El año pasado fueron 5,819 las mujeres que hicieron lo mismo.

Para iniciar el proceso ha traído la partida de nacimiento de su hija, su DUI y una dirección donde se puede contactar a su expareja. Con esa dirección se localizará al demandado y le enviarán una notificación. En ese papel se indicará la fecha y hora a las que será convocado para una audiencia conciliatoria. Usualmente, los procesos de este tipo toman dos meses para resolverse.

El día en que los dos vengan pasarán a una oficina llena de cubículos. Se sentarán al lado y frente a un empleado público tendrán que intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero que le corresponde dar al demandado. La audiencia puede terminar de dos formas: que se llegue a un monto por mutuo acuerdo o por “resolución”.

“La resolución ya no es voluntaria. Es impositiva”, explica un asesor legal de la institución. Cuando ni la madre ni el padre logran conciliar sobre la cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo en común, la procuraduría es quien decide. Y para eso pide pruebas de gastos de las dos partes y en ocho días hábiles comunica la cantidad.

Noel Galicia, asistente legal de la Coordinación Nacional de Familia, asegura desde su escritorio en el séptimo piso de la PGR que en esta institución no se están fijando aportaciones tan mínimas como de $20.

“La cuota alimenticia se fija con base en necesidades y a capacidades económicas”, sostiene. Él se empeña en afirmar que los montos que resultan extremadamente bajos son porque madre y padre así lo acuerdan.

“Nosotros no estamos avalando en ningún momento ese tipo de cantidades. No es posible que un niño y una niña pueda mantenerse ni siquiera con $20 o $25”, afirma Galicia. El asesor comenta que la media es de $50 y “se logra en gran parte a través de la conciliación”.

Sin embargo, otra empleada de este lugar confirma que, como sucede con los trabajadores informales, hay cuotas alimenticias que se fijan y son de solo $15 mensuales por cada hijo. Dicho de otra manera: $0.50 al día.

—Yo he sido irresponsable. Son cosas que se han salido del huacal –dice Erick, quien debe cerca de $1,500 a la madre de su hijo.

28,000. La PGR afirma que son 28,000 niños y adolescentes los beneficiados a partir de las cuotas alimenticias que en la institución se fijan.

Erick es un hombre fornido y de piel clara. La naturalidad con la que dice que ha sido un padre irresponsable sorprende a quienes lo escuchan. Ha venido a dejar a su hijo en la ludoteca de la Unidad de Familia a las 9 de la mañana. El salón está lleno de juegos de mesa, muñecas y animales pintados en las paredes. Es un lugar diseñado para que los niños esperen a sus padres mientras ellos deciden parte de su futuro frente a un funcionario.

Erick hala una de las sillas bajas de niños y se sienta en ella para explicar la situación que, según él, ha influido para que haya pasado un año sin que le brinde dinero a su hijo de seis años. El niño se mantiene a su lado y juega con hormigas de plástico. Está abstraído y parece no escuchar nada de lo que dice su papá.

Erick debía depositar $125 mensuales para la alimentación de su hijo. El problema –sostiene– fue que se vio obligado a renunciar a su trabajo por presión de pandilleros. Dice que también era el dueño de una pupusería, pero que la pandilla de la zona le empezó a exigir una extorsión mensual de $500. Él asegura que pagó $200 hasta que le llamaron desde un penal para exigirle más dinero. Entonces –relata– cerró el negocio y se quedó sin fuente de ingresos.

“Yo tengo los reportes de la Policía de parte del trabajo y de parte del negocio”, dice como intentando convencer a quienes lo escuchan. Afuera lo espera la madre del niño antes de entrar a la audiencia.
Que haya una cifra fijada legalmente no es garantía de que los menores se vean beneficiados. El dinero puede ser descontado en planilla como se hace con un préstamo o los demandados pueden ir a la PGR a pagarla de forma personal. Pero se ha comprobado que ninguna de las modalidades asegura que el dinero llegue de mes a mes.

Solo la mora de padres irresponsables de este año sobrepasa el medio millón de dólares. “El monto que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los padres del 1.º de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15”, afirma la PGR. Por otro lado, la mora de las madres demandadas por los padres durante el mismo período es de $8,490.43.

Ser irresponsable con los hijos es un delito. Y puede incluso llevar a la cárcel. Además de no poder salir del país, ni renovar licencia, se puede abrir un proceso judicial en contra del demandado.
En 2015 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un padre de familia por encontrarlo culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El juzgado logró comprobar que la madre y sus hijos sobrevivían en “condiciones de vida de precariedad”, y el padre –con el incumplimiento del pago– había causado “daños morales y patrimoniales a los menores”.

Audiencia conciliatoria. En esta etapa, las partes demandada y demandante se reúnen con un empleado público para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimenticia.

La pena de ese delito es de uno a tres años de prisión. Así, el tribunal condenó al padre irresponsable a 24 fines de semana de arresto. El juez Antonio Durán explica que en “en estos casos el condenado debe presentarse al penal desde las 7 de la mañana del sábado hasta la noche del domingo”. Además, esta pena no lo exime de su obligación de pagar alimentos.

Erick se ha presentado a esta cita para que su caso de mora no llegue a judicializarse. La madre del niño lo demandó otra vez. “Yo saqué el estado de cuenta. Y salió alta la mora”, explica la mujer con una voz cansada. Ella no es la única. Solo en los primeros cuatro meses del presente año, 875 mujeres demandaron a sus exparejas ante la PGR por esa misma razón.

Erick, porque así lo establece la ley, tendrá que darle dinero a su hijo hasta que cumpla los 18 años. Pero su responsabilidad no termina ahí. Si su hijo se mantiene estudiando después de haber cumplido la mayoría de edad, tiene buenas calificaciones y no se casa ni forma su propia familia, seguirá teniendo derecho a la cuota alimenticia hasta que se convierta en profesional.

Para Erick la urgencia actual es resolver la mora que mantiene con la madre del menor. Se levanta de las sillas pequeñas y se dirige a esperar audiencia junto con su expareja. Antes de salir, le hace un pedido a su hijo: “Jugá con los niños”, y señala a otros menores que juegan, entre risas. Pero el niño está desganado. Ve cómo su padre sale de la ludoteca y le responde que sí, pero sigue jugando solo con sus hormigas de plástico.

—¡Me encachimba, me encachimba! ¡Lo detesto! –dice una mujer mientras acelera el paso y sale de la Unidad de Control de Fondos a Terceros de la PGR. En este salón es donde se puede verificar si los padres ya depositaron el dinero o no.

La mujer, enojada, sale rápidamente y detrás de ella una joven con sus mismos rasgos camina con decepción.

—Ni modo, es lo único que la adolescente dice.

Ludoteca. En este espacio se calcula que cerca de 30 niños juegan a diario mientras sus padres resuelven asuntos legales como custodia, regímenes de visita y alimentación.

Conforme el día avanza, este edificio institucional se va llenando en su mayoría de mujeres. Aquí no solo se resuelven temas relacionados con las cuotas de alimentación, también se llevan procesos de reconocimientos de hijos, divorcios y cambios de nombre.

El problema de la fijación e incumplimiento del pago de alimentación no es solo de padres. También hay madres demandadas. En los primeros cuatro meses de este año, 15 hombres denunciaron a madres de familia para fijar una cifra en concepto de alimentos.

El año pasado fueron 1,226 los padres que demandaron a las madres de sus hijos por temas relacionados con el sustento de los menores, ya sea pidiendo un aumento, una disminución de cuota o porque las madres no cumplieron su deber.

“Le hacemos un llamado a los padres que tienen ese rol de padre y madre para que se acerquen a la procuraduría. Las cuotas no son para ellos, y no por esa cultura machista van a dejar de pedirla”, comenta Noel Galicia, asesor legal de la PGR.

En la procuraduría está claro que la mayoría de casos de abandono de los hijos se dan por parte del padre, pero también saben que existen casos, la minoría, en los que son los hombres quienes deben hacerse caso del cuido de los hijos. El asesor considera que el machismo del país influye en que esos pocos padres no se animen a demandar a las mujeres por miedo a que se cuestione su masculinidad.

El año pasado 176 padres de familia demandaron a las madres por alimentos por primera vez. De cada 100 personas que demandan a sus exparejas, solo tres son hombres.

Ese mismo año, 586 madres estaban registradas en la PGR como alimentantes. Y el monto total de sus aportaciones fue de $456,260.35. En promedio, la cuota entregada por mujeres es de $64.

De los 15 hombres que demandaron a madres los primeros cuatro meses de este año, dos dijeron que sus exparejas residen en el exterior. Cuando el padre o madre vive en el extranjero, el monto que reciben los menores es más alto que el promedio nacional.

Hasta mayo de este año 821 niños recibieron cuotas desde el extranjero. El efectivo lo enviaron 636 padres y madres. La PGR no cuenta con estadísticas actualizadas hasta el mes de junio, pero hasta el “31 de mayo del año 2017 (la cuota del extranjero) ascendió a $479,789.03”, respondió la institución en un escrito.

Cada mes ingresaron alrededor de $95,000 a El Salvador para alimentar a menores de edad. Dividido entre la cantidad de niños, la suma promedio que brindan los padres y madres en el exterior es de $116.

Incumplimiento de pago. Si los demandados se rehusan a cancelar las cuotas establecidas, no pueden salir del país, sacar licencia de conducir ni ser sujetos de crédito.

Con $0.66 centavos se pueden comprar pocas cosas. María, la joven de Sonsonate que cría a su hijo pequeño, lo sabe bien. En el supermercado de su municipio, con esas monedas se puede comprar un paquete de cuatro sabrosadores de carne, o chicles o un yogur pequeño. Si se propusiera comprar a diario la comida de su hijo con lo que recibe de cuota alimenticia, lo más que podría comprar en esta tienda sería una libra de arroz de $0.62. Nada más.

Cuando se le pregunta si ha considerado pedir que se revise su caso, ella responde de forma pesimista. “Lo he pensado, pero para no tener más problemas no he querido ir. Me van a decir que no”.

La procuraduría cuenta con un Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas alimenticias, pero María no cree que pueda salir favorecida en ese proceso. Una cosa la desanima: el contexto actual de Jorge es igual al que tenía cuando fue demandado en 2015. Sigue estudiando una licenciatura y sigue sin trabajar.

—A él le vale chonga –dice María. El pisto que da, me lo da su mamá –se queja.
Jorge visita al hijo en común constantemente. Ella cuenta que mantienen una relación normal. Le huye a la confrontación, pero sabe que carga la parte más pesada de la crianza. Ella también quería estudiar en la misma universidad que Jorge, pero no tenía los $50 mensuales que se deben pagar ahí. Tiene otros gastos prioritarios.

“En el súper gasto casi $50 y solo me dura 15 días. Le compro la leche, pámperes, jugo, galletas, gelatinas…”, María enumera la lista de compras para su hijo y agrega unos gastos imprevistos que desde lejos parecen mínimos, pero que en la economía diaria hacen la diferencia. “Ayer en la mañana, en un ratito… en cuestión de media hora, gasté casi tres coras comprándole una gelatina y un fresco”. Por ahora ella ha vuelto al negocio que conoce desde pequeña: ayuda en el puesto de su madre a preparar comida y vende frente al mercado.

*Algunos nombres han sido cambiados a solicitud de las familias.

Retroactividad. Las cuotas alimenticias solo se exigen desde el momento en el que se interpone la demanda. No pueden ser retroactivas desde que el menor nació.

La masacre de la que no hay registro

Sagrado. Esta placa se encuentra en El Llanito, un lugar sagrado para la comunidad indígena de Izalco. Se cree que aquí se encuentran los restos de muchas de las víctimas de la masacre de 1932.

A María Cruz Pérez le mataron a tres de sus familiares entre enero y febrero de 1932. Tuvo que esperar dos meses, hasta que el martes 5 de abril de ese año, a las 11 de la mañana, llegó a la Alcaldía de Izalco a decir algo que nadie más se había atrevido a declarar ante las autoridades locales. Dio los datos para crear el acta de defunción de su esposo Felipe Tiguin y de sus cuñados José y Andrés, muertos en medio de la persecución indígena. Los tres eran jornaleros.

Tesoros. Los dos libros más preciados de Benjamín Arucha en el archivo
de la Alcaldía de Izalco son el de las actas de defunciones y
el de las actas municipales, ambos de 1932.

“Felipe Tiguin, varón indígena de 30 años de edad falleció el 29 de enero pasado en el barrio Dolores de esta ciudad, murió trágicamente sin asistencia médica”, reza una de las actas. María Cruz Pérez declaró, pero no firmó ninguna acta. No sabía leer ni escribir.

Los tres parientes de María Cruz Pérez fueron los primeros indígenas cuyas muertes trágicas se registraron en la Alcaldía de Izalco. Fueron de los pocos indígenas asesinados de ese municipio de los cuales quedó constancia. Ninguno de los empleados actuales de la alcaldía se explica cómo, en unos tiempos en los que se perseguía a los indígenas hasta la muerte, esa mujer se atrevió para romper el anonimato oficial en el que habían quedado esos difuntos y pedir que sus nombres y fechas de muerte quedaran por escrito.

María fue la primera viuda en declarar que su esposo indígena había muerto tras los sucesos de 1932. Entre abril y agosto de ese año, otras personas, en su mayoría mujeres, hicieron lo mismo. Se acercaron a la alcaldía para sacar el acta de defunción de sus familiares fallecidos durante las semanas en las que se llevó a cabo la matanza campesina más grande del siglo XX en el occidente del país.

Estos datos están en el libro de actas de defunciones de 1932 que resguarda el archivo de la Alcaldía Municipal de Izalco hasta el día de hoy. Además de ese libro remendado y manchado, que tiene páginas llenas de cinta adhesiva, hay también otros documentos que dan cuenta de la masacre.

Las condiciones del archivo no son las más favorables ni ayudan a preservar sus documentos. A pesar de que estos dan cuenta del inicio del Martinato, de la crisis étnica de El Salvador y del accionar de un presidente derrocado, la documentación se mantiene en un espacio que no cumple con las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Esos archivos dan pistas sobre el calibre de la masacre indígena en Izalco y de cómo la municipalidad de hace 85 años se encargó de sepultar no solo cadáveres, sino las oportunidades de una raza entera.

Los muertos oficiales de 1932

Documentos. Esta es una de las actas que María Cruz Pérez se animó
a tramitar tras la muerte violenta de tres de sus familiares,
en el Izalco de 1932.

El libro de actas de defunciones izalqueñas de 1932 recoge que ese año en el municipio murieron 439 personas por diferentes causas. Solo 24 de esas muertes, de acuerdo con el registro, fueron violentas. La documentación local dice que la mayoría de personas fallecieron a causa de enfermedades como fiebre, indigestión, paludismo, bronquitis, lombrices y cólicos en el estómago. Investigaciones posteriores demuestran que esa versión oficial es una manipulación de la historia y la negación de un genocidio.

La alcaldía izalqueña cerró enero con actas de defunción de 34 personas. Eso a pesar de que en ese mes las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, según historiadores. De los 34 fallecidos que la comuna contabilizó al cierre del mes, solo se escribió de la muerte violenta de una persona.

“Salvador Angulo, varón ladino de 17 años de edad, soltero, panadero, falleció el 11 del corriente a las diez horas a consecuencia de una lesión que se causó con arma de fuego en la sien derecha”, se lee en el acta número 13.

“Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5,000 y 35,000”, escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia (enero-diciembre 2004). Algo se tiene claro: los asesinatos sobrepasaron el millar de personas en las poblaciones de Tacuba, Ahuachapán, Sonzacate, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Colón e Izalco.

La historia de la masacre de miles de indígenas comenzó la medianoche del 22 de enero, cuando cientos de jornaleros (en su mayoría indígenas) se armaron con machetes y se abalanzaron contra haciendas de terratenientes y cuarteles al occidente del país. La insurrección campesina, harta de las profundas desigualdades económicas, demandaba mayor acceso a la tierra.

La respuesta del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue brutal. Para someter a los rebeldes, ordenó asesinar a todo aquel que pareciera indígena. “Uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina”, llama a este suceso el investigador Erik Ching.

Por dicha represión, que se extendió semanas después del asalto a cuarteles, es que nadie en la Alcaldía de Izalco puede explicar cómo esa mujer, María Cruz Pérez, tuvo el valor de declarar la muerte de su esposo y cuñados en abril del mismo año.

El libro de defunciones de 1932 de Izalco permite establecer la existencia de un subregistro de asesinados. Las actas sostienen que en el transcurso de todo ese año, solo 24 personas murieron de forma violenta en este municipio. Al menos 21 de esas muertes sucedieron a finales de enero e inicios de febrero. No es casualidad que la mayoría de muertes violentas coincidan en fecha. Ese fue el periodo en el que se ha documentado la persecución contra los indígenas. De esos 21 difuntos, solo cuatro eran ladinos.

Para entonces en la alcaldía se hacía un consolidado de muertes al final de cada mes. Con caligrafía de carta se escribía en una columna las causas del deceso de los fallecidos. A partir de la declaración de María Cruz Pérez, ese año se agregó otra categoría entre las causas de muertes. De un listado de padecimientos como paludismo, bronquitis e indigestión, otra palabra salta a la vista: “trágica”.

Esa palabra, según Benjamín Arucha, el encargado actual del archivo de la comuna, sirvió para identificar a los asesinados por sospechas de ser comunistas. Para él, la prueba es que ese término se ocupó en documentación oficial como la causa de muerte de uno de los líderes del levantamiento campesino: Feliciano Ama.

Ama era un jornalero. Se casó con la hija del cacique Patricio Shupan y de él heredó su influencia en la comunidad indígena. Su acta de defunción dice que fue ahorcado en público el 28 de enero y la tradición oral registra que su cadáver se dejó colgado varios días para que sirviera como advertencia. Nadie más debía rebelarse si no quería terminar de esa forma. Y a pesar de que la mayoría del pueblo sabía que esa persona estaba muerta, el primero de junio de 1932, Josefa Shupan, la hija del antiguo cacique, llegó a las 8 de la mañana a la alcaldía para crear el acta de defunción de su esposo.

El acta de defunción de Ama se encuentra en una página amarillenta y marcada con un post-it azul que alguien pegó para encontrar el escrito más rápidamente. Ahí se lee “José Feliciano Ama, varón indígena de 55 años de edad, casado con Josefa Shupan, sobreviviente de este origen y vecindario, jornalero, originario y vecino de esta ciudad, murió el 28 de enero del corriente año trágicamente a las 15 horas en el barrio Asunción de esta misma”.

Ochenta y cinco años después, frente a estas páginas históricas, el encargado del archivo de Izalco y guardián de estos documentos afirma que conoce a algunos descendientes de los indígenas que aparecen en ese libro por haber tenido una “muerte trágica”. Después de revisar los archivos, hace un comentario sarcástico, una denuncia tímida: “La palabra trágica es común y es raro que tanta gente se haya muerto trágicamente”.

Historia. Benjamín Arucha es quien está a cargo del archivo de la Alcaldía de Izalco. No cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los requisitos para preservarlos.

El archivo, patrimonio de la Alcaldía de Izalco

Sin huella. Los archivos dan cuenta de los esfuerzos por no
dejar registro escrito de lo que sucedió a finales de enero de 1932.

Benjamín Arucha es un hombre pequeño y moreno. Dice que estudió hasta bachillerato, luego trabajó como administrador en el mercado municipal y ahora se encarga de clasificar, restaurar, ordenar y resguardar el archivo de Izalco. Es de apellido, rasgos y familia indígena. Entre miles de libros, encontró en 2003 la documentación oficial del intento estatal por hacer que personas como él desaparecieran hace 85 años.

Por eso no pudo evitar sorprenderse cuando se topó con agradecimientos oficiales de Izalco hacia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, “por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas”.

Los dos libros más preciados de Benjamín que pertenecen al archivo izalqueño son el de acta de defunciones de 1932 y las actas municipales de ese mismo año. Dice que, entre sus ocupaciones, a veces saca tiempo para sacudir el polvo que se posa sobre esos documentos con el paso de los meses. El valor que les da a los archivos no es en vano o por capricho. De acuerdo con el historiador Roberto Turcios, registros como estos sirven para construir la memoria de un país.

“Además de ayudar a construir la memoria histórica, son fundamentales para las investigaciones históricas”, dice. Turcios opina que esta clase de archivos constituyen una “huella de lo que pasó, pero no hay información fidedigna. Hay, clarisímamente, un subregistro”, explica.

El investigador Óscar Meléndez es uno de los autores que más ha investigado ese subregistro. Él se dio a la tarea de revisar el “Anuario Estadístico” de los años en los que el general Hernández Martínez gobernó y encontró que, según las cifras estatales, en 1932 solo 1,081 ciudadanos fallecieron por muerte violenta.

“Un análisis acucioso de las estadísticas gubernamentales podría llevar a concluir que no fueron exactas o que fueron parcializadas, debido a que, por ejemplo, hacia 1932 no se contabilizan las muertes causadas durante la matanza; las que en las últimas investigaciones se cuentan por varios miles”, escribió el autor en su investigación “Homicidio, justicia y práctica durante el Martinato”, de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte.

Los dos libros que Benjamín considera joyas históricas no se encuentran en el archivo central de la alcaldía izalqueña. “A partir de 2003 empecé a leer estos archivos y les he guardado el interés –cuenta– los he guardado por un lado y por el otro, porque la gente los trata mal”.

El maltrato se observa en las páginas rotas con bordes doblados y las pastas deshilachadas. Estas actas son más que meros registros. Son los únicos documentos oficiales de Izalco que dan cuenta de una de las masacres más grandes del occidente de El Salvador. Ayudan a explicar por qué la comunidad indígena de hoy vive marginada, despojada de tierras, costumbres y hasta de su propia historia.

“El acta de defunción de Feliciano Ama no la he visto, para serle sincera”, confiesa Betty Pérez, la coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Ese consejo fue creado en 1992 y agrupa a 23 organizaciones de pueblos originarios. Betty Pérez tiene cinco años de ser su coordinadora nacional y afirma que no conoce “muchos documentos oficiales” sobre la matanza de 1932. Por décadas las organizaciones indígenas, comenta Pérez, se han dedicado a entrevistar a sus ancianos para poder reconstruir su propia memoria.

Esos libros históricos que podrían ayudar en la reconstrucción de memoria se guardan en espacios separados. El encargado del archivo llegó a la conclusión de que el cuarto del archivo central no era lo suficientemente grande para toda la documentación de la comuna y se realizaron algunas mudanzas.

El libro de actas de defunciones se resguarda en la oficina de registro del Estado Familiar de la alcaldía. Ese es un cuarto que tiene estantes rozando una pared lateral en los que se mantienen las actas de nacimiento y defunciones de miles de personas. Ese cuarto está abierto al público, pues ahí algunos funcionarios tienen sus escritorios y atienden a usuarios. Ahí, como si fuera un nombre más, se encuentra el acta de defunción de Feliciano Ama, quien se convirtió en insignia de la lucha campesina.

El otro libro que más valora Benjamín –el de actas municipales en el que la alcaldía le agradeció al presidente Hernández Martínez por haber mandado a sus tropas a matar indígenas– se resguarda en una casa anexa a las oficinas centrales de la alcaldía. Al fondo de esa casa hay un cuarto de 19 metros cuadrados. Ahí se le autorizó a Benjamín para trasladar algunos documentos. A pesar de tener estantería nueva, es un “área que no es correcta ni cumple los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ya no tengo la saturación de documentos”, explica el encargado.

En este anexo Benjamín ha colocado actas del siglo XIX que él mismo ha intentado restaurar. Las portadas y contraportadas de algunos libros son cajas de cartón que ha recortado y añadido a las páginas en una especie de empastado artesanal.

Esta es una ciudad donde lo frágiles que pueden ser los libros en los que se esconde la historia se pone en evidencia. A finales de diciembre del año pasado y antes de hacer la mudanza de cientos de libros hacia este cuarto, Benjamín empezó a ordenar los documentos del archivo central según unos lineamientos que el IAIP le brindó. Tuvo que reclasificar algunas cosas y mover algunos muebles del archivo central de la alcaldía.

El 22 de diciembre él fue a pasar consulta al Seguro Social. Cuando volvió a su archivo, se encontró con una sorpresa. Calcula que eso de las 10 de la mañana, a un estante se le “dobló una pata” y cayó sobre otro. Con el otro mueble pasó igual y el archivo “se vino todo abajo como si era juego de dominó. Todo, todo cayó en el suelo”. Pero, cuando se le pregunta si estos libros de 1932, los que cuentan la historia de una herida profunda, también terminaron en el suelo, él asegura que no. Que estos documentos estaban en un estante al fondo que, como la comunidad indígena, resistió ante la debacle.

La alcaldía le agradece al dictador y sepulta al indígena

El lunes 25 de enero de 1932, el consejo municipal de Izalco (llamado entonces corporación municipal) se reunió y nombró un alcalde transitorio. Diversos investigadores han calculado que en el levantamiento indígena los campesinos mataron entre 50 y 100 personas. El alcalde de Izalco, Miguel Call, fue uno de los asesinados. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por “lesiones sin asistencia médica” el 23 de enero de 1932.

El lunes, la ciudad llevaba dos días sin líder en la comuna. A pesar de que fue la primera reunión extraordinaria de la alcaldía que se sostuvo tras el levantamiento campesino, este tema fue omitido y solo se mencionaron por escrito “los acontecimientos ocurridos”.

“Con motivo de los acontecimientos ocurridos en esta ciudad y habiendo muerto trágicamente el señor alcalde propietario don Miguel Call, (se) acuerda: depositar la alcaldía en el regidor primero don Juan Rivera Menéndez”, se puede leer en el acta. Las investigaciones posteriores dictan que en esa fecha la cacería contra miles de indígenas ya había comenzado. Pero ese día la alcaldía nombró a una comisión formada por tres personas solo “para que pase a la casa de la familia doliente (alcalde) a hacerle presente nuestro profundo pesar”.

La información se lee en el libro de actas municipales de Izalco, un libro con pasta verde oscuro y sucio con bordes dañados por el uso y paso del tiempo. Algunas de sus páginas están subrayadas con lápiz y la portada está manchada con plumón azul y rojo. Este libro habla de la crueldad con la que la esfera ladina y poderosa de la ciudad interpretó la matanza.

El levantamiento tuvo un efecto adverso al que se planteaba. En lugar de más libertades, la alcaldía estableció medidas severas contra los indígenas. El 3 de febrero la municipalidad acordó un reglamento de aguas para regar las tierras del municipio en el marco de su “deber primordial de velar por los intereses del conglomerado social”.

Los indígenas fueron vistos como un obstáculo para fomentar la agricultura. De acuerdo con esta acta, la agricultura experimentaba problemas por estar “tropezando con muchas dificultades en los riegos de terrenos que han permanecido en poder de la clase indígena, quienes siempre han puesto obstáculos injustificables al elemento ladino que se dedica a la siembra de cereales en la estación seca”.

El nuevo reglamento de aguas estableció cuánto se debía pagar por el agua recibida e hizo una aclaración: La “municipalidad (…) acuerda que desde esta fecha en adelante quedará el servicio de las aguas de riego de terrenos a cargo de esta corporación, no reconociendo ningún derecho que los indígenas pretendan tener por no estar reglamentado conforme a la ley”.

A partir de estos documentos es posible establecer que no solo la vida de los indígenas fue arrebatada. Los documentos hablan del despojo de vida y agua para la clase indígena. Pero eso no les fue suficiente. Una semana había pasado desde el levantamiento campesino cuando las autoridades municipales, según registros, decidieron que intentarían arrebatarle las imágenes de santos a las cofradías de los indígenas.

“Siendo muchas las cofradías de imágenes entre la clase indígena que acaparados por ellos mismos hacen sus grandes reuniones (…) se ha tomado de la determinación siguiente: que se pida autorización del señor gobernador político departamental para recoger todas las imágenes existentes entre los indígenas para colocarlas en el templo. En la actualidad las imágenes siguen como patrimonio en las familias indígenas. Es herencia y forma de organización de un pasado que intentó ser anulado.

El 6 de febrero de 1932, los integrantes de la corporación municipal de Izalco no se preocuparon por contar los cadáveres que quedaron en el pueblo o relatar cómo campesinos que no tuvieron nada que ver en la revuelta rebelde fueron asesinados. Ese día, la corporación se reunió para felicitar “al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el justo y merecido reconocimiento que la honorable Asamblea Nacional Legislativa ha hecho de su gobierno que él dignamente preside y al mismo tiempo le ofrecemos nuestra adhesión y simpatía”.

Maximiliano Hernández Martínez gobernó el país durante 13 años y llegó a la presidencia tras un golpe de Estado. Izalco se preocupó por dejar constancia de su apoyo a la presidencia.

Así, la adhesión de las autoridades locales hacia el presidente se puso en evidencia en otro párrafo de la misma acta: “Esta corporación en nombre del mismo pueblo izalqueño y el suyo propio rinde sus más expresivos agradecimientos al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas que estaban en su obra destructora sembrando el terror en toda forma entre la gente honrada y pacífica de la ciudad. Dichas tropas al mando de sus dignos jefes oficiales procedieron con mucho tino para recuperar la plaza y no tardaron mucho tiempo en lograrlo sin tener que lamentar ni una baja y de no haber procedido así con tanto tino y valentía a esta hora la ciudad entera hubiera perecido bajo el terror de las hordas comunistas”.

Las actas municipales cuentan la historia de los ladinos, pero omiten mencionar la cantidad de bajas de los indígenas o de los que fueron calificados como comunistas. En su libro “Democracias y tiranías del Caribe en 1940”, el periodista de la revista Time, William Kerhn, quien cubrió el conflicto político de El Salvador en la década de los cuarenta, menciona una entrevista al general Hernández Martínez en la que el mandatario “insistió en que el ejército había matado solamente dos mil campesinos”.

Dilema. El IAIP ha hecho llegar instrucciones de cómo se deben
almacenar los documentos para poder mantenerlos en buen estado por más
tiempo, pero la alcaldía no cuenta con suficientes recursos
para adquirir lo necesario.

Las recomendaciones del IAIP se estrellan en la realidad

“El nivel de avance de la gestión documental y de la protección de documentos en este municipio no es sobresaliente. Las condiciones del archivo no son las más favorables”, sostiene René Valiente, jefe de la Unidad de Fiscalización del IAIP.

Al igual que el historiador Turcios, el funcionario del IAIP sostiene que la importancia de estas páginas radica en que son un insumo para investigar “las reacciones de la época y ver cuáles fueron las condiciones previas a lo sucedido en 1932”. Además, sirven para entender “uno de los hechos históricos más relevantes después de la época colonial, un capítulo que no ha sido cerrado”.

En el plano de lo ideal, la municipalidad de Izalco debería tener control sobre la ventilación de su archivo, la humedad del aire, la iluminación y control de la temperatura para evitar que los documentos se desgasten más. Sin embargo, las recomendaciones del instituto chocan con la realidad presupuestaria de la alcaldía, en la que ningún salón tiene la tecnología necesaria para poder asegurarlos de manera ejemplar.

Las recomendaciones del instituto no abarcan solo lo que debe hacerse para preservar documentos históricos, también dan una guía sobre cómo deben crearse los nuevos documentos de la alcaldía para que resistan el paso del tiempo.

El 9 de junio, Día Internacional del Archivo, el IAIP le entregó a una comitiva de la alcaldía una caja que contiene ejemplos del material con el que deben crear sus documentos. De acuerdo con el instituto, la papelería oficial de las alcaldías debe crearse en hojas libres de ácido en lugar de papel bond.

La caja también incluye una muestra de varios clips y fasteners de plástico que podrían usarse para descartar los metálicos. Estos materiales terminan oxidándose y manchando las páginas. Benjamín duda de la posibilidad de poner en marcha el uso de estos insumos porque implica un mayor gasto. “Esto es más caro. Está difícil porque en algunas jefaturas hay quejas de que no hay presupuesto y no le dan importancia a esto también. Solo hemos hecho un poquito de lo que está sugerido”, explica.

En decadencia. Algunos documentos han sido reparados con cartón y
cinta adhesiva. No hay, ni en esta alcaldía ni en el país, un esfuerzo
integral por mantener en buenas condiciones los documentos históricos.

Tras unas visitas a las municipalidades, el IAIP dará a finales de este mes una calificación a los archivos de algunas alcaldías. A partir de ahí emitirá más recomendaciones y una hoja de ruta para el resguardo de los documentos. Pero, al final, reconoce René Valiente, el instituto solo tiene un programa de acompañamiento y el cuido de los documentos “requiere, sin duda, de la voluntad política de parte de la municipalidad”.

El problema de bajos presupuestos para la gestión de archivos no sucede solo en alcaldías y pueblos pequeños. Ocurre en el mismo Archivo General de la Nación. José Amaya, técnico restaurador de documentos históricos, explica desde el Palacio Nacional de San Salvador que varias veces en su trabajo, en lugar de usar un papel japonés especial para pegar hojas que se han roto en documentos oficiales, se han ocupado tiras de papel “de pupusería”. Luego, Amaya muestra unas hojas de ese papel semitransparente que ocupa para unir pedazos de páginas rotas o rasgadas. En Izalco, eso se resuelve con cinta adhesiva.

Símbolo. En El Llanito es en donde cada año
se hacen los actos de conmemoración de la masacre.
Se ha identificado la zona con esta placa y una gruta.

85 años después de la masacre indígena, otra mujer que no sabe leer –como la primera en declarar la muerte de sus parientes indígenas en 1932– llega este lunes de junio la alcaldía.

Con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar, la mujer de 40 años le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y está enferma de gravedad. Está preocupada porque tiene una sospecha: teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta:

—¿Va que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción?– pregunta con semblante serio.
—No– responde Benjamín Arucha.
—Vaya– dice, ya tranquila, la mujer y luego sonríe, casi avergonzada– ¡y la gente que le mete miedo a uno!

Benjamín le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento o el Documento Único de Identidad de su madre no es una falta grave y que, si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y resolverán el papeleo para crear el acta de defunción. Hay algunas preocupaciones que no tienen caducidad.

Después de atender a la mujer, Benjamín parece contrariado por su pueblo. Habla de lo poco que conocen los habitantes de este municipio sobre los acontecimientos que mancharon de sangre sus calles principales. “Me da cólera –dice sobresaltado–, los izalqueños no nos interesamos por nuestra historia”. Mientras habla, pone cara seria y da golpes sobre la mesa con su mano izquierda y derecha en una coreografía improvisada por la indignación.

El etnocidio comandado por Maximiliano Hernández Martínez logró su cometido en el occidente del país. En 1930, Izalco tenía 19 mil habitantes. Dos mil sabían leer y 17 mil eran analfabetas. Era una de las zonas del país con mayor presencia indígena y donde la figura del cacique estaba acompañada de poder. En 2007, el municipio contaba con 79,959 habitantes y el rechazo a lo indígena se asimiló de tal manera que, en el último censo poblacional, solo 154 izalqueños se identificaron a sí mismos como nahua-pipiles.

En “Historia Mínima”, un libro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se asegura que “no existe manera de determinar el número de personas muertas (en la masacre del 32). Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto”. No obstante, los archivos de la Alcaldía de Izalco sí hablan sobre la frialdad con la que se documentó un hecho que intentó sepultar la identidad originaria de todo un pueblo.

 

La clínica de la nicotina

Terapia de grupo. Pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco del ISSS se informan sobre los químicos del tabaco.

—¿Para qué les voy a mentir? Yo aquí ando mis cigarros –dice Stanley mientras se toca la bolsa derecha del pantalón.

Tiene 49 años, aprendió a fumar a los 11 y ha llegado a fumar más de 60 cigarros al día. Ahora quiere dejarlos pero no ha sido capaz de llegar sin ellos a esta, su primera sesión de terapia. Se presenta y un grupo escucha su testimonio en el auditorio de especialidades del Seguro Social.

—¡Bótelos! –le grita alguien desde el fondo del salón. Stanley no responde.
—A pues, repártalos –le ordena un anciano.
—Denos cigarros a nosotros. Denos uno a cada uno –dice otro hombre del salón.

Stanley se mantiene serio. Parece no entender muy bien qué pasa ni por qué un grupo de personas que ha dejado de fumar le pide compartir su vicio. Algunos comienzan a reírse y le explican que si él les entrega sus cigarros, ellos pueden tirarlos por la ventana.

Este jueves 1.º de junio, 14 personas adictas a la nicotina se han anotado en la lista de asistencia de la terapia. Todos pertenecen a la Clínica de Cesación de Tabaco del ISSS. La clínica fue creada hace 25 años. En ella tratan al tabaquismo como una enfermedad y a los pacientes se les brinda acompañamiento psicológico y medicamento para que dejen de consumir su droga: la nicotina.

En esas más de dos décadas, la médica fundadora ha visto pasar (y morir) a pacientes con cáncer, enfermedades coronarias y problemas respiratorios crónicos. Aquí se reúnen los que todavía no están desahuciados. Los que aún tienen una oportunidad para abandonar el tabaco antes de que los mate.

Entre los asistentes de hoy hay un hombre de 40 años que acaba de sobrevivir a un ataque cardíaco provocado por su vicio. Fumar mata a 20 hombres cada semana en El Salvador. Así lo afirma el Atlas del Tabaco de la Asociación Americana del Cáncer y la Fundación Mundial del Pulmón. Estos datos indican que, en promedio, cada día tres salvadoreños mueren por el cigarro.

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Tratamiento. Los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco reciben un sustituto de nicotina en espray que les ayuda a superar la ansiedad de fumar.

La terapia grupal se realiza todos los lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana en un auditorio en el sexto piso. Liliana Choto de Parada es la fundadora de la Clínica de Cesación del Tabaco y está cansada porque subió por las gradas hasta acá. Ella dice que los elevadores le producen claustrofobia. Ingresa al auditorio donde ya la esperan sus pacientes y empieza a toser. Uno de los que esperan, como quien devuelve un regaño, le dice entre risas que deje de fumar para que se le quite esa tos.

La médica no fuma, aunque un par de días atrás ha aceptado que, cuando era joven, sí probó los cigarros: “Yo fumé en mi época de juventud. ¿Cómo no íbamos a fumar si en los 70 todo mundo fumaba? Ahí no había restricciones”. Cuando era joven no había restricciones, pero en la década pasada ella fue una de las personas que tuvieron mayor incidencia para que en 2011 se aprobara la Ley para el Control del Tabaco. Por su trabajo ha sido nombrada Heroína de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Choto de Parada es neumóloga del Seguro Social. Regresó de México en 1991 con una subespecialización en cesación del tabaco y para 1992 ya había instalado su primera clínica en la Unidad Médica Atlacatl.

Dice que su vocación nació cuando vio la muerte que provoca el tabaco. “Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

La dinámica de la sesión de terapia es sencilla. La doctora da la bienvenida y pregunta si alguien quiere dar su testimonio. En el salón hay personas que han dejado de fumar hace ocho años, otros hace dos meses y otros que solo llevan una hora sin nicotina.

“Hace 14 días que no fumo”, dice Juan Solórzano, un hombre de 61 años. Él celebra su logro y habla de su vicio con distancia, como si hubiera dejado de fumar hace 40 años. Mientras da su testimonio, la doctora Choto de Parada proyecta una presentación de Power Point en la pared detrás de él.

Una de las diapositivas es una foto de 2008 en la que aparece al centro el expresidente Antonio Saca acompañado por Choto de Parada y otros doctores. La médica asegura que la fotografía fue tomada en Casa Presidencial. Esa vez –cuenta sin que la escuchen los pacientes– le pidió al expresidente que interfiriera para que El Salvador ratificara un convenio internacional que implicaba un mayor control de los cigarrillos. “Él dijo que ese tipo de acuerdos no le convenían al país. Y ahí salimos todos con la cabeza gacha”, afirma Choto de Parada.

“Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

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La sesión sigue su curso. “Mi problema son las emociones”, dice Érick para explicar su adicción. Su nombre es otro pero pide que no se revele porque también pertenece a un grupo de alcohólicos anónimos. Es un hombre alto y moreno de 52 años que fumó durante casi cuatro décadas.
Cuenta que empezó a consumir drogas a los 11 años. Dice que fue adicto al alcohol, a la marihuana, al crack y la cocaína, pero que ninguna sustancia fue tan difícil de dejar como la nicotina.

Pero el problema son las emociones, repite Érick. Aquellas que quiere callar o exaltar con las drogas. “La abstinencia es yuca”, afirma, y el resto asiente. Cuando una persona deja de fumar, puede experimentar ansiedad, nerviosismo, problemas para concentrarse, cambios de humor abruptos, sudoración de manos, insomnio y cambios en el apetito.

En la clínica controlan la abstinencia dando dosis bajas de nicotina vía spray nasal. Choto de Parada lo explica así: “Cada cigarrillo tiene entre 10 y 12 miligramos de nicotina y estos medicamentos en spray tienen microgramos. Se les pone en cada fosa nasal y ahí esa pequeñita dosis de nicotina se absorbe y se calma la ansiedad de fumar”.

La cobertura total de la terapia de sustitución de nicotina no es la regla en la región. De un total de 35 países que la OPS estudió en 2014, solo seis países cubrían para entonces los costos de dicha terapia: Brasil, Panamá, Surinam, Uruguay, Venezuela y El Salvador.

Érick cuenta que hasta hace dos años, cuando todavía no había dejado de fumar, su compañera de vida lo regañaba. Ella no toleraba el humo. La OMS sostiene que el tabaquismo mata anualmente a 7 millones de personas en el mundo y alrededor de 890,000 de esos fallecidos son personas expuestas al humo de tabaco ajeno.

De eso también entiende Toño, un hombre de la tercera edad que dejó de fumar hace seis años, pero sigue asistiendo al grupo, como quien teme recaer. Toño fumó por cuatro décadas. Así lo contó un par de días antes a esta sesión. Cuando él cumplió 42 años perdió la dentadura completa. Su trayectoria como fumador le dejó la pérdida de los dientes, un colchón quemado de la vez que se durmió con el cigarrillo encendido, dos quemadas a su perro y, lo que más le duele, el hecho de que su hija de 17 años y su esposa desarrollaron asma y no respiran bien: “Mi hija me ataca, me dice que por fumar la dejé dañada”.

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Exfumador. Un paciente da su testimonio frente a otras personas que luchan contra su adicción a la nicotina. El hombre de la foto llevaba 16 días sin fumar. “A lo macho, ya no fumo”, dijo.

A las 9 de la mañana y después de oír los problemas y las culpas que algunos exfumadores cargan consigo, el auditorio del ISSS se vuelve un lugar más sombrío. Es la hora del receso y algunos se levantan y caminan hacia una mesa al fondo del salón donde se sirven café y pan dulce. El hombre que recién sale de una crisis por paro cardíaco se va de la sesión y no regresa más. Otro paciente, nuevo también, muerde un palillo blanco de los que se usan para mover el azúcar cuando se endulza el café. Cuando habla, sostiene el palillo en la mano como se sujeta un cigarro. Él ha fumado durante 27 años y aún no ha parado. A diario consume 20 cigarros. “Hoy fumé dos y ya estoy con el deseo de salir a fumar”, dice. Todo el receso se mantiene sentado.

Después de unos minutos, la psicóloga del grupo, Yanet Portillo, toca una campana similar a la que cuelga de los carretones de venta de helados. Los asistentes siguen platicando entre ellos como niños en recreo. Portillo sigue tocando la campana hasta que los pacientes –en su mayoría hombres de la tercera edad– le hacen caso y se sientan.

Es el turno de la única fumadora que ha asistido a la reunión. Es alta, delgada, usa un vestido largo, collar y aretes. Está bien maquillada y tiene el cabello recogido. No es coincidencia que solo haya una mujer fumadora en este salón. El consumo del cigarrillo está marcado por el sexo. El Atlas del Tabaco indica que en El Salvador 62,000 mujeres fuman a diario, mientras que la cifra de hombres fumadores asciende a los 370,000.
La mujer de apariencia elegante dice apenada que hoy no quería hablar, pero que la psicóloga la convenció.

“No quería pasar acá y decir que he recaído”, confiesa. Luego relata que ha sido fumadora por 23 años. Vino a la Clínica de Cesación del Tabaco por primera vez hace seis meses, pero ahora está pasando por problemas y ha vuelto a fumar. Cálculos de la Clínica de Cesación del Tabaco indican que el 28% de sus pacientes recae al mes de asistir al proceso y que la cifra de recaída aumenta al 35 % o al 40 % al año.

Un hombre gordo sentado en las primeras filas la interrumpe. En su voz hay un tono paternal. “¡No compre cigarros! Métaselo en la cabeza”, le dice. El hombre frunce el ceño y junta los dedos de las manos para colocarlos sobre su frente dándose golpes pequeños: “¡No compre! Métase eso en la cabeza”.

El artículo 9 de Ley para el Control del Tabaco establece que está prohibida la venta de cigarros por unidades. Esta medida tiene como objetivo reducir el consumo de tabaco haciendo más difícil su adquisición. Si la ley se cumpliera, las personas que los venden serían multadas con $57. Si la ley se cumpliera, los negocios que están a 3 minutos de esta terapia con canastos llenos de cajetillas en la acera del Hospital de Especialidades serían multados. Ahí se compra un cigarrillo por $0.25.

Otro paciente parece estar más conmovido por la historia de recaída de la mujer. “Licenciada, ¿por qué no le da un spray?”, le pregunta a la psicóloga. La psicóloga responde que la mujer dejó de llegar a la clínica, por eso no tiene ahora mismo un sustituto de la nicotina que la ayude a superar la ansiedad para fumar. Luego, le señala a la paciente: “Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoce el proceso para dejar de fumar”. La mujer, mitad apenada y mitad reanimada, hace una mueca de sonrisa y respira profundo.

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Gasto estatal. De acuerdo con cifras de FOSALUD, El Salvador destina $53 millones para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco.

Entre testimonios de las personas que han dejado de fumar y otras que aún luchan contra sus propios deseos, las 2 horas de la sesión pasan rápido. Una trabajadora social que se sienta al fondo del salón empieza a revisar papeles. Para estar acá, algunos de los pacientes piden permiso en sus trabajos y la clínica les da una constancia.

La psicóloga de la clínica se encarga de que la última parte de la terapia grupal sea un resumen de instrucciones para los pacientes nuevos: deben fijar un día de la siguiente semana para dejar de fumar y comprar solo los cigarros necesarios para llegar hasta ese día. Deben llegar el siguiente lunes con 24 horas de abstinencia para conocer cómo reacciona su cuerpo ante la ausencia de nicotina y saber qué medicinas debe recetarles la neumóloga.

Las cifras estatales confirman esa sentencia. El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) sostiene en su página web que “se estima un gasto de más de $53 millones anuales para la atención de algunas enfermedades respiratorias asociadas al consumo y la exposición de humo de tabaco”. Ahí mismo se afirma que la recaudación de impuestos del tabaco en 2016 fue de $ 28.1 millones.

La OMS sugiere que para reducir el consumo de tabaco, el impuesto de los cigarros debe aumentarse hasta el 70%. En El Salvador ese impuesto ronda 52 %, de acuerdo con el Informe sobre el Control de Tabaco de la Región de las Américas.

Mientras se llega la hora de salida, los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco escuchan las instrucciones de la psicóloga Portillo. Aunque para la mayoría es un discurso que se repite, la miran y escuchan atentos. Portillo les dice que, además de desarrollar problemas en los pulmones, es probable que también tengan problemas de vista y audición. A veces algún fumador o exfumador interviene para dar un ejemplo o asentir.

En este salón todos hablan como si las cosas se dijeran por primera vez, con esmero y determinación en cada palabra, como si en lugar de convencer a los demás, buscaran convencerse otro día a ellos mismos.

“Estaba seguro de que iba a morir pronto”

Es 1.º de abril y si todo hubiera ido según lo planeado por el ímpetu de la juventud, Miguel Huezo Mixco estaría en la celebración de los 47 años que han pasado desde la creación de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), uno de los cinco movimientos guerrilleros que conformaron al Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN). Pero desde hace más de 20 años Miguel está alejado de banderas y esta mañana de sábado recibe en la sala de su casa a un equipo de periodistas.

Antes de que inicie la entrevista, Miguel –de 62 años– cuenta acerca de un tatuaje que recién se retocó en el brazo derecho. En la muñeca izquierda, lleva tatuada una pluma. Vive con su pareja en una tranquila casa en la que se cuela el canto de los pájaros que parecen sacados de una grabación. Antes fue el encargado de propaganda de las FLP y su jefe directo fue el comandante Leonel, el ahora presidente Salvador Sánchez Cerén. Durante el conflicto armado, después de que su pareja de entonces murió, solicitó permiso para salir de la guerrilla y dedicarse a escribir. Leonel no se lo concedió: “Bueno si lo que querés es escribir, ¿por qué no sos capaz de hacerlo aquí?”, le retó.

El escritor dice que en el último par de años no ha podido descansar. Todo el tiempo libre lo usó para escribir “La casa de Moravia”, un libro que lo tiene nervioso y que ya está a la venta. La mayoría de su trabajo literario ha sido en la poesía, el ensayo y ha transitado incluso por el periodismo. Platica de su nueva novela y sus recuerdos viejos de tiempos de campamento, de poesía creada en la montaña y de dilemas morales. Al terminar la conversación, muestra el nombre de un chat donde están algunos de sus excompañeros de la radio oficial de las FPL, la radio Farabundo Martí. Una mezcla extraña entre nostalgia, épocas de revolución y grupos de WhatsApp.

En 2014, cuando presentó “Camino de hormigas”, dijo que esperaba tener aliento para escribir al menos una novela más. ¿Ahora renueva ese deseo o esperamos leerlo en otros géneros?

Estoy entusiasmado con la posibilidad de terminar un grupo de novelas que estén relacionadas, una trilogía. Esta es de alguna manera una continuación desde otra perspectiva de la novela anterior y tengo idea de poder hacer una tercera, pero para eso tengo que descansar un poco.

A “Camino de hormigas” se le llamó de varias maneras: “Una gran crónica”, “Una serie de relatos”, “Una novela”, ¿usted cree que este libro va a provocar una discusión similar sobre el género?

No lo sé. Lo que sí tiene de peculiar esta producción es que hago uso de algunos recursos que son para mí novedosos. Le solicité autorización a los tuiteros para que me permitieran publicar algunos tuits y también usar algunas imágenes que circulan en blogs como Tumblr o Instagram. También incorpora fuentes periodísticas reales para hablar de un caso específico en la segunda parte de la novela. Hay una mezcla de hechos históricos con fuentes periodísticas que son partes de la historia, que es una ficción. A ver cómo funciona.

El narrador en “Camino de hormigas” parte de sus propias experiencias en la guerra, ¿pasa algo similar en “La casa de Moravia”?

Es algo parecido. El personaje de “Camino de hormigas” aparece en medio de la trama de la novela. Algunos de los elementos de la vida de este personaje tienen que ver un poco, no tanto, con mi propia experiencia. Es por demás, uno muy difícilmente puede escaparse de sus propias experiencias, sobre todo cuando han sido tan intensas.

Si tuviera que hacer un cálculo matemático sobre qué tanto de su vida personal queda en esta novela, ¿cuánto sería?

Si le pusiéramos un porcentaje creo que andaríamos en un 15 % o 20 %. Creo que, a diferencia de “Camino de hormigas”, donde hay partes que podrían parecer casi testimoniales, esta novela incorpora muchos más elementos ficcionados.

Mi vida personal está volcada completamente en la novela en el sentido de que la producción de una novela te demanda un esfuerzo de vida permanente de pensamiento, a la hora del trabajo, en la noche, en los sueños, en las pesadillas está presente. En ese sentido, la novela sin duda que es una expresión de mi vida.

En entrevistas anteriores le preguntaban sobre si aparecía el presidente Sánchez Cerén en su novela…

No, no aparece. Buena parte de la novela (“La casa de Moravia”) se desarrolla entre Nicaragua y Costa Rica, aunque los personajes están en un hotel de mala muerte en la playa El Obispo, La Libertad. Es una road novel porque (un personaje) tiene que viajar haciendo contrabando entre Costa Rica y Nicaragua, pero no contrabandeando fierros, armas o tiros. Anda contrabandeando cosas que hacen falta en Nicaragua porque están padeciendo el bloqueo de Ronald Reagan en 1981. Él contrabandea papel higiénico, bolígrafos, cuadernos, cosas de utensilios básicos que hacen falta.

Usted fue un protagonista de la historia en los ochenta. ¿Cómo es ahora su relación con los demás protagonistas de la historia salvadoreña del conflicto armado?

Variada. Con algunas conservo una amistad entrañable. Diría que hay tres niveles de relación. El primero sería con los que ya no están. Con los que desaparecieron tengo una relación permanente de admiración, de respeto. Siempre están presentes.

Luego están con los que tengo una relación de mucha amistad porque nos tocó vivir momentos difíciles y esos momentos hacen que las personas establezcamos lazos profundos, y no solamente con personas que fueron parte de la guerrilla, sino personas que fueron parte de la población civil en las zonas de combate donde estábamos en medio o muy cerca de poblaciones campesinas… y otros con los cuales la vida nos puso en diferentes situaciones, tenemos algunas diferencias. No puedo decir que tenga enemigos ni nada semejante, pero ya no gravito en los espacios de los rituales propios de la cultura de la organización armada ni del partido.

¿Cuáles son esos espacios?

Este día, el 1.º de abril, es la celebración de la fundación de las FPL y hay actividades, hay invitaciones a convivios y todo eso. Yo no participo en nada de eso ya. Yo estoy desmarcado completamente de ello.

¿Le llegan las invitaciones?

Sí, sí, sí. Estoy en un grupo de WhatsApp con gente que estuvo ahí también y mandan cosas, pero estoy en ese grupo como estoy en otros también.

¿Hay un grupo de WhatsApp de las FPL?

Hay uno de gente que estuvo en la radio Farabundo Martí. Poco intervengo ahí, pero sí me entero de cosas porque ahí hay gente a la que yo le tengo mucho afecto y de la que quiero saber cómo están. En algunas cosas pensamos diferente, pero así es la vida, ¿no? No por eso vamos a ser enemigos, sino que simplemente cada quien mantiene su propio espacio y su distancia.

Y cuando yo le digo “Sánchez Cerén”, ¿se imagina al comandante o al presidente?

Sin duda que es el presidente del país.

Pero si cierra los ojos y le digo “Sánchez Cerén”, ¿lo ve en la montaña o lo ve dando un discurso?

Lo veo como presidente, porque en las montañas se llamaba de otro modo.

Leonel. Leonel y el nombre de él está asociado con su vida ya como un actor político importante del país. El otro nombre sí inmediatamente me remite a la persona que estuvo en el frente de guerra.

En la guerra usted le pidió salir para escribir, un permiso que le fue denegado ¿verdad?

Sí. ¿Eso está dicho en alguna entrevista?

Sí.

Ah, sí. Sí… y fue una lección maravillosa de vida. En ese momento probablemente yo estaba tan lastimado emocionalmente que si me hubieran dado permiso de salir a escribir, probablemente no hubiese vuelto a la guerra. Me dijo: “Bueno si lo que querés es escribir, ¿por qué no sos capaz de hacerlo aquí si tenés todas las condiciones para hacerlo? Todo está en tu cabeza. No le des la espalda a esto tampoco”. Y me pareció que me tocó un nervio importante y le dije “sí, tenés razón, me voy a quedar”.

¿Ese fue directamente el comandante Leonel, verdad?

Sí, directamente él fue. Yo no viví esos procesos como una persona que me sintiera perseguida por escribir ni nada semejante. Sino, más bien, yo estaba sometido a una disciplina que era necesaria. Ahí cada quien tiene que jugar a la parte que le toca y a veces renunciar a las cosas que apetecen porque estás metido en una causa que requiere que tengás una disciplina sostenida.

¿Ha habido un punto en la historia política del país donde usted haya empezado a ver un mayor apoyo hacia la literatura o no se ha dado ese giro?

No se ha dado ese giro. Sin duda esta es una opinión sesgada. Yo participé de un momento en el que hubo una especie de renacimiento de los esfuerzos culturales que fue recién pasada la guerra, cuando se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se pone al frente de él a una persona extraordinaria como Roberto Galicia y yo tengo la suerte de que él me lleve a trabajar con él a dirigir la editorial del Estado. En ese momento el país estaba en otras condiciones, no tenía el nivel de endeudamiento que tiene ahora. Estamos hablando de 1996 al 2000, aproximadamente, o más, 2004. Ahí fue cuando se hizo la colección de la Biblioteca Básica de Literatura, se hizo la Colección Orígenes, se hizo la Colección de Teatro. Fue un florecimiento, una apertura de aire fresco.

¿En los últimos dos gobiernos usted ha visto algo similar o alguna intención?

Ni en los dos últimos, ni en los tres últimos, ni en los cuatro últimos probablemente. La Dirección de Publicaciones ha entrado en una especie de crisis. El modelo de gestión de la editorial tiene que cambiar radicalmente.

¿Cómo es que usted logra publicar dos libros en 1988 en medio de la guerra?

Publico “El pozo del tirador” y también “Trespájaros de un tiro” y, al año siguiente, publico “Pájaro y volcán”. Los dos primeros en la Universidad de El Salvador y el segundo en la UCA Editores.

En 1988 estamos hablando de un año complicado, ¿cómo hacía para enviar los textos?

“El pozo del tirador” fue un libro que yo dejé hecho antes de irme a la guerrilla. El proceso de producción tomó bastante tiempo. En el caso de “Trespájaros de un tiro” es un libro que yo produje allá. Una guerra es un espacio y una condición que también está caracterizada por momentos de cierto ocio. No todo el tiempo estás enfrentando situaciones bélicas arriesgadas, sino que también en esas zonas se produce una vida cotidiana.

“Tres pájaros de un tiro” lo hice con el apoyo de una extranjera que estaba en la zona de Chalatenango, que tenía contacto con la UCA y me transmitió la idea. “Mirá, en la UCA tienen interés en publicar algo con la literatura que se está produciendo en el frente de guerra, no sé si te interesa”. Escribí a mucha gente que sabía que estaba escribiendo para comenzar a coleccionar eso. Fueron llegando los poemas a mis manos en mensajes, en papeles doblados y todo eso. Traté de buscar poesía que no fuera la más panfletaria, sino también la poesía que tenía que ver con los conflictos personales, las pérdidas, el romanticismo presente en las relaciones. Esa colección se convirtió en ese libro.

¿Cómo la envían a la UCA?

Había vasos comunicantes impresionantes por todo el país de todos los frentes de guerra. Me iban llegando los puchitos. Alguna gente mandó cosas que no recibí, seguramente. Hago dos copias, una la compilo y se la hago llegar a la editorial. La persona que apoyó esto fue el padre Ignacio Ellacuría.

En sus textos aparecen las mujeres como combatientes, como mujeres aguerridas, como amantes. La académica Jocelyn Viterna dice “la participación de las mujeres fue fundamental para el éxito del FMLN”, pero luego dice “la participación de las mujeres en promedio, benefició más al FMLN que a ellas”. ¿Cuál es su lectura de las tareas que realizaban las mujeres en los campamentos guerrilleros?

Bueno, ya casi no estamos hablando de literatura… Nos hemos salido un poco…

Sí, pero después podemos volver…

Okay, voy a tratar de hacerlo llegar a la literatura. Creo que el proceso del movimiento armado salvadoreño en algunas cosas fue de mucha innovación en las relaciones entre géneros y en otras fue también un reflejo de la sociedad en la que nació. Muchos de los roles de género se reproducen en el mundo de la guerrilla y otros cambian. La presencia de mujeres al frente de tropa o al frente de colectivos políticos importantes ocurre, pero era una proporción menor.En general las tareas que les eran otorgadas a las mujeres reproducían en buena manera los roles y estereotipos de género de la sociedad salvadoreña y los dominantes en general: cocineras, enfermeras, educadoras. Había hombres, pero la mayoría de las personas que hacían esto eran mujeres. En la cocina, sin embargo, es un espacio muy complejo. La cocina necesitaba un equipo de abastecimientos, las personas que se encargaban de ir a recoger maíz, frijoles, sal, azúcar, café, era un trabajo que le tocaba fundamentalmente a hombres. La recolección de leña era compartida por hombres y mujeres, pero la hendidura de leña con hacha era un trabajo que le correspondía a los hombres. La cocina no es solo la preparación de los alimentos.

Creo que hubo alguna desventaja de parte de las mujeres en la situación de guerra. No faltaron desde luego casos en los cuales hubo personas que trataban de aprovecharse de su posición para acercarse a ellas. Se dieron muchos casos de este tipo, sin duda, pero también se dieron casos en los cuales había una actitud bastante firme para tratar de que esas cosas, si eran conocidas, no se toleraran. Pero también hubo tolerancia en otros casos. En “Camino de hormigas”, una de las historias que yo cuento tiene que ver con una persona que es acusada de hacer uso de su poder para seducir a una muchacha, el conflicto se desarrolla en esa circunstancia.

Bueno, termina la guerra, usted se sale del partido y se va a Nueva York. Debió haber sido un cambio sorprendente. ¿En algún momento temió sentirse como traidor?

Quizás no. Estaba convencido de que ese momento para mí era un momento crucial en el que tenía que volver a la literatura.

Lo que más me afecta en ese momento no es lo que los demás te dicen como lo que te dice tu conciencia, porque después de haber estado tanto tiempo metido en eso uno no deja de sentir: ¿Estaré haciendo lo correcto? Hay un comisario interno que dentro de ti te está diciendo que le estás dando la espalda al pueblo para hacer un trabajo que es tuyo, literatura… que podría ser casi que un bien ostentoso.

¿Escribir era su prioridad?

Esa era una de mis dos prioridades.

¿Cuál era la otra?

Tomar distancia de un proceso en el cual yo sentía que había dado lo que me correspondía, un proceso en el cual sentía que comenzaban a emerger algunas diferencias.

En entrevistas con excombatientes es común que se mantengan con una actitud alerta. ¿Alguna vez la guerra abandona por completo el cuerpo?

No. Uno se va relajando, pero, para mí, el Día del Ejército o el Día de la Independencia, cuando ponen a volar los aviones Fouga o los A-37 y los helicópteros a hacer maniobra, es un día desagradable porque inmediatamente me trae la evocación de los momentos en que estábamos bajo un desembarco, que venían los bombardeos. Una situación de esas no te va a abandonar.

Claudia Cristiani dijo sobre “Camino de hormigas” que le parecía que era el comienzo del fin de la posguerra y que son las personas con un nivel de sensibilidad femenina las que están dispuestas a presentar una realidad sin vencedores ni vencidos. ¿Usted considera que existe esa sensibilidad femenina dentro de su literatura?

Tengo actitudes muy femeninas, pero tiene que ver con la estructura emocional que tiene cada uno de nosotros. Algunas veces en la guerrilla, bromeando, por mi amistad tan cercana con un compañero, insinuaban de que entre él y yo había una relación homosexual. Tengo mi parte femenina que está bastante más desarrollada, más de lo que normalmente se podría pensar para un hombre, y eso me halaga muchísimo porque una de las maravillas que tiene la mujer es la posibilidad de quebrarse, de romperse, de llorar, de enternecerse. Es una cosa que nos está negada culturalmente a los hombres.

Los roles masculinos te obligan a ser exitoso, a ser proveedor, una cosa de la que poco se habla. Esa representación de que el hombre no puede llorar, no puede romperse, no puede vaciarse, es algo que yo trato de permitírmelo. Cuando uno siente que se va a romper, tiene que romperse, y cuando uno tiene que llorar, llora. He dejado de leer poesía en público justamente por eso. Empiezo a leer mis poemas y siento que me voy a romper.

Usted ha increpado a otros escritores porque les falta “una pizca de vergüenza” a la hora de recordar la guerra. ¿Por qué intenta evitar la heroicidad en sus narraciones de guerra?

Creo que una de las cosas que nos está faltando como país para podernos reconciliar y construir un nuevo nosotros es despojarnos cada uno de sus triunfos.

Justamente lo digo sobre un libro extraordinario, “Los secretos de el paraíso”, el libro sobre el asalto al cuartel El Paraíso de este colega (Armando Salazar), una persona a la que yo le tengo mucho respeto. Lo que le faltaba ahí era pensar que no solamente estábamos demoliendo una estructura militar, sino también que estaba muriendo gente y que probablemente las madres o los hijos de estos soldados, si estaban en pobreza, posiblemente se sumergieron más en la pobreza o se vieron obligados a emigrar.

Tenemos que hacer como un twist mental al no presentar un discurso en el cual celebramos nuestras victorias para humillar al otro, al adversario que fue nuestro enemigo. Pero mientras tú sigas celebrando sin autocrítica los homicidios y el otro siga celebrando los homicidios que cometió, estamos muy lejos de encontrar el país que necesitamos.

Si yo le contara al Miguel de los ochenta que en 2017 se va a estar moviendo en un mundo de diplomacia, ¿qué cree que me respondería?

No te creería. Cuando entré a la guerra, estaba seguro de que iba a morir pronto. Era una cosa que la sentía segura. No era una persona que tenía formación militar ni nada de eso.

Leí que después de una caminata muy extenuante usted pensó en retirarse.

Sí y me pasó más de una vez. Esas cosas que decís “no voy a aguantar” y tratás de encontrar una coartada para sacarte, para liberarte. Esa vez dije “voy a romper los anteojos y ya con eso voy a poder salir”. Yo te respondería en aquel momento que no, no me veo yo metido dentro de 15 años en el mundo en el que ahora estoy. La idea que yo tenía del país que iba a surgir era una idea difusa, distinta. Uno de los sueños que yo tenía si la guerra termina y yo la sobrevivo era escribir, que era lo que más deseaba, y publicar libros.

Y sobre estas novelas que ha publicado, ¿qué es más difícil: entrar al bagaje de recuerdos o terminar de escribir y salir?

No, lo más difícil es editar la novela. Lo otro son cosas que de alguna manera vas encontrando.

Ja, ja, ¿no es un tránsito tortuoso?

No, es tortuoso en términos de proceso de creación porque comenzás a obsesionarte mucho con las cosas que estás haciendo. Luego la parte más, más, más difícil es justamente esta. Te lo confieso. Esta que estoy viviendo ahorita que la obra ya está publicada y te exponés.

Hay mucha gente que está celebrando la publicación del libro. No deja de ser un poco angustiante. Desde luego se agradece, pero es algo así como “¿Voy a defraudar?, ¿realmente este libro estará bien?”

Yo tenía muchísimas dudas con “Camino de hormigas”, tengo muchísimas dudas con este otro también. Es una experiencia completamente diferente de la producción de poesía, donde vos sabés que nadie va a entender nada –ja, ja–, que es una cosa que es un lenguaje muy críptico. Es un lenguaje que no te da ni siquiera oportunidad de conversar sobre ello. O sea: ¿conversar con un periodista sobre un libro de poesía? Es muy difícil… la narrativa te da esa posibilidad.

También te expone mucho más a preguntas. Expone personajes que se van a reconocer ahí, que están bien o mal retratados. A mucha gente no le gusta verse en los libros pintada como aparece. Me ha pasado con el libro anterior y va a pasar también con este.

¿Personas reales en las que usted se inspira y toma alguna parte y luego le dicen “no, pero yo no soy así”?

Sí.. sí, gente que se siente maltratada.

¿Pero es ficción al final?

Sí, pero ellos se reconocen ahí y dicen: “¿Por qué decís eso de mí?” Ja, ja.

¿Y qué responde usted?

Es ficción. Es complicado.

Usted dijo que “Camino de hormigas” probó suerte en siete editoriales y en cinco fue rechazada y en dos aceptada. ¿Cómo fue ese proceso con “La casa de Moravia”?

Fue diferente. En Alfaguara, después de “Camino de hormigas”, no quedaron tan desagradados aparentemente y me dijeron: bueno, ¿cuándo nos das otro libro? Lo ponen en programación y comienzan a meter un poco de presión. ¿Cómo vas con el libro? Mostranos algo. O, ¿cómo va el adelanto? Es una suerte que te digan dame otro libro… y me acaban de pedir otro ya.

 

Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger”.

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”

Dar a luz en una sociedad opaca

Dony no conoce San Salvador. Tiene una cabellera larga, 29 años de edad y 38 semanas de embarazo. “Algo raro habrán visto”, dice cuando ve caminar a dos policías armados en el pasillo de la unidad de salud de Coatepeque. Calcula que el pick up que la lleva de la clínica a su casa se tarda al menos 2 horas. Pero hoy, como en los 15 días anteriores, Dony no volverá al cantón Solimán con su hijo de cuatro años y su pareja. No hasta que nazca su segundo bebé, Sergio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la salud es integral y que abarca el bienestar mental y social de las personas. En Coatepeque, la tasa de hogares que vive en la pobreza es del 50.6% y los que viven en escasez extrema conforman el 23.8 % de la población, de acuerdo con el último mapa de pobreza del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Las estimaciones con las que se realizó ese mapa indicaron que alguien vivía en la pobreza extrema cuando sobrevivía diariamente con menos de $1.10 en la zona urbana y $0.71 en la zona rural. Durante 2015 el 18 % de los maestros del municipio fueron amenazados por las pandillas.

Dony ha tenido complicaciones en su embarazo por las que fue referida al Hogar de Espera Materna de Coatepeque, instalado dentro de la unidad de salud. El hogar tiene espacio para albergar hasta a ocho mujeres mientras les llega la fecha de parto. Llegan porque viven en lugares con difícil acceso o porque temen que suceda una emergencia.

El año pasado el país alcanzó la tasa de muertes maternas más baja en su historia. Estos espacios, de hecho, forman parte de las estrategias tomadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) para reducir las emergencias relacionadas con la gestación. Pero algunas emergencias e incluso muertes solo podrían reducirse si las mujeres vivieran en una sociedad sana y justa.

Dony ya quiere irse a su casa, pero no puede. Hace unas semanas “los mañosos desaparecieron” a uno de sus amigos más cercanos del cantón. Cuando lo encontraron, estaba casi muerto y aún no sale del hospital. Es lo último que le dijeron. Él vive cerca de su casa y “siempre que pasa algo cercano en el lugar de uno, uno siente”, cuenta. Dony se puso mal de salud al enterarse. “El niño dejó de moverse”, dice. Después de eso pasó cuatro días ingresada en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, más cerca de ese lugar y con calma, cuenta los 13 días que cree que faltan para que su hijo nazca.

—Yo sé el día exacto en el que mi bebé dejó de crecer –le dijo una paciente del Seguro Social a la ginecóloga Aleida Marroquín.

A pesar de que la doctora explicó las razones científicas por las que creía que el feto de la paciente no se desarrollaba bien, la mujer lo tenía claro: “El bebé dejó de crecer cuando mataron a alguien delante de mí en el bus”. Y aunque este argumento de la paciente no pueda ser tomado en cuenta de manera oficial, Marroquín asegura que los niveles de estrés a los que se someten algunas madres del país son suficientes para causar problemas de salud en el embarazo.

 

“Existe evidencia que confirma que las inequidades sociales generan un impacto en la mortalidad en los niños tan relevante como las causas biológicas”, afirma el Ministerio de Salud.

 

 

MARTA CAMPOS DE 29 ANOS QUIEN TUVO EL PRIMER NINO QUE NACIO A LAS 2:20AM Y SE LAMARA ANTHONY SANTIAGO CAMPOS
PRIMEROS BEBES NACIDOS LA MADRUGADA DE NAVIDAD DEL ANO 2015 EN EL HOSPITAL DE MATERNIDAD. 25122015.
FOTO LPG/JAVIER APARICIO

Así, la violencia, además de generar crímenes, trae consigo más consecuencias en la esfera sanitaria además de impactar en la economía. Un informe del Banco Mundial de 2015 indicó que el ingreso perdido por homicidios en El Salvador representa el 0.86 % del Producto Interno Bruto (PIB). Después de Honduras, el país es el segundo a escala latinoamericana que más ingresos pierde debido a los asesinatos.

La violencia acentúa la desigualdad económica y el acceso a bienestar de los salvadoreños. “La mortalidad materna es uno de los indicadores que mejor reflejan la inequidad social”, se puede leer en el informe de labores 2015-2016 del MINSAL.

La razón de mortalidad materna fue de 42.3 muertes por cada 100,000 nacidos en 2015. Y para 2016 fue de 27.4 puntos, de acuerdo con la Unidad de Atención Integral a la Mujer de ese ministerio. Estos números no deben entenderse como muertes directas de mujeres, sino como una tasa promedio que permite a los países comparar sus porcentajes de muertes maternas respecto a los nacimientos de cada nación.

Las muertes maternas se incluyen en los porcentajes de violencia feminicida del país. Son muertes que pueden reducirse cuando se aumenta el desarrollo y la educación de la sociedad. Cuarenta y ocho mujeres fallecieron en 2015 por alguna causa relacionada con la gestación, según el MINSAL. El año pasado fueron 31.

SOC01/HOSPITAL/PRIMER NIÑO
El primer niño del Hospital de Maternidad de San Salvador, nació el 25 de diciembre de 2004 a las 00:27 am. Es el hijo número 11 de María Melina Mena provenientes de El Paisnal, pesó 3860 gramos y midió 53 cm. Se encuentra en el área de neonatos delicados por presentar cansancio en la hora de parto que fue por cesárea. FOTO LPG/ALBERTO MORALES

De acuerdo con la OMS, en 1990 la razón de mortalidad materna de El Salvador era de 157 por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, bajarla a un promedio de 27.4 todavía no es suficiente.

 

Países desarrollados como Polonia previenen la muerte de sus madres y solo fallecen tres mujeres por cada 100,000 niños nacidos. Estimaciones de la OMS indican que países latinoamericanos como Chile y Costa Rica lograron reducir en 2015 ese indicador hasta 22 y 25 puntos.

Las inequidades sociales no solo afectan el número de mujeres muertas antes o durante labor de parto. También influyen directamente sobre el número de muertes de infantes. Hace dos años se registraron 1,218 muertes de menores de cinco años y 645 madres no pudieron cargar en brazos a sus hijos ni siquiera por 28 días.

De esos bebés, 182 fallecieron por haber nacido de forma prematura y 161 por malformaciones congénitas. Salud afirma que “existe evidencia que confirma que las inequidades sociales generan un impacto en la mortalidad en los niños tan relevante como las causas biológicas”. El ministerio celebra que se mueren menos madres, pero su último informe de labores revela que se mueren más niños.

En 2014 y 2015 murieron 729 y 754 niños menores de 28 días. El año antepasado también se confirmó un incremento en la tasa de mortalidad de los mayores de un mes y menores de un año. De 373 en 2014 se llegó a 412 fallecidos.

Los que se mueren son los hijos de las mujeres con menos educación. A mayor escolaridad de la madre, mayor será la esperanza de vida de su hijo. En 2015 la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años fue de siete por cada 1,000 cuando la madre había estudiado bachillerato. En cambio, la tasa de defunciones de niños con madres analfabetas fue de 33 sobre 1,000.

En el hogar de espera materna de Coatepeque, Guadalupe Romero, licenciada en Salud Materno Infantil, tiene una plática con Dony sobre alimentación. Dony extraña el sabor de la comida de su casa. Aquí, en el hogar, las futuras madres tienen un plan de alimentación saludable, pero para Dony, la comida es muy simple.

—Ella está bien pechita, casi ni come –dice a manera de reprenda la coordinadora.

—Nombre, mire, si no estoy pechita –contesta Dony ahogando las carcajadas y luego tocándose el enorme vientre de 38 semanas de embarazo.

Los hogares de espera materna funcionan de manera gratuita para las mujeres. Hay 21 a escala nacional, 19 están a cargo del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y de dos se encarga el MINSAL. Cada uno funciona con cuatro licenciadas en Atención Materno Infantil. El presupuesto anual de 19 casas de espera materna, incluyendo los salarios de las personas que brindan la atención más gastos de bienes y servicios, ronda los $781,000 anuales. Así lo estableció FOSALUD en 2015.

La Asamblea Legislativa ha gastado $27.9 millones en contratos de seguros médicos durante los últimos cinco años. Y solo el año pasado la Corte Suprema de Justicia adjudicó $6.1 millones para el seguro de sus magistrados, jueces y personal administrativo. Dentro de estos gastos, $387,500 fueron destinados para asegurar a 15 magistrados.

“Las señoras no tienen que esperar a que les den los dolores en sus comunidades”, explica Guadalupe Romero a un grupo de mujeres embarazadas que esperan para realizar su control prenatal en la clínica de Coatepeque. Cinco de ellas han venido solas a realizarse el chequeo y solo dos están acompañadas por su pareja.

En occidente hay cinco hogares de espera materna. En 2016 el hogar de Coatepeque tuvo 207 usuarias. La estrategia para garantizar que las mujeres como Dony tengan un parto seguro es hacer que ellas dejen sus hogares y el cuido de sus hijos y que se alojen en los hogares maternos.

Esta medida garantiza la atención hospitalaria del parto pero no cambia drásticamente el acceso a la salud de las mujeres. Cuando el embarazo termine, volverán a sus comunidades empobrecidas y lejanas con calles de tierra sobre las que ambulancias no pueden transitar.

Hace un par de años, Salud reportó que había dado 748,521 atenciones maternas. Estas incluyen la inscripción y los controles prenatales, lo que se traduce en 7.1 consultas por cada parto de 2015. Los controles son gratuitos para las usuarias, pero para familias como las de Dony, acceder a ellos en el centro de Coatepeque todavía desbalancea la economía familiar.

SALAS DE ATENCION DE CUIDADOS PREMATERNALES QUE SE POSEE EN LA UNIDAD DE SALUD DE COATEPEQUE FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

 

La pareja de Dony se dedica a la agricultura. Él siembra maíz, maicillo y frijol. Ella habla con orgullo de su hijo de cuatro años y dice que además de este que espera, quiere tener uno más, “aunque cuesta criarlos”.

Para viajar hasta Coatepeque, Dony calcula que camina unos 20 minutos hasta la vereda en la que pasa el único camión pick up que sale y entra a la comunidad una vez al día. El transporte sale del cantón a las 6:30 de la mañana y emprende su camino de regreso a las 11:30 de la mañana. Después de esa hora solo se puede llegar a pie. Ella cuenta que el camión cobra $4 por el viaje. Y si decide venir a los controles hasta aquí acompañada del padre de su hijo, gastarían $16 solamente en transporte.

Ana*, una señora de 40 años, ha entrado en labor de parto en un hospital privado de San Salvador. Está acompañada de su esposo. Sobre la cama hay una pelota grande de las que se ocupan en los gimnasios en la que la embarazada se apoya para encontrar posturas que le sean cómodas. Sobre una mesa pequeña hay bebidas hidratantes. Estos beneficios no son posibles en los hospitales nacionales.

LA DRA MARROQUIN ATENDIO EL PARTO DE ANTONIA REYES D EMARTINEZ, ESTA DR SE CARACTERIZA POR ATENDER A SUS PACIENTES COMO ELLOS QUIERAN TENER SU BEBE
FOTO LPG/ JOSUE GUEVARA

A la habitación del pequeño cuarto no entra luz natural. Adentro parece más tarde de lo que realmente es. Es mediodía pero Ana prefiere que las luces estén apagadas. La ginecóloga que la atiende, Aleida Marroquín, explica que eso es lo normal, que los humanos, como animales mamíferos, prefieren un sitio oscuro para dar a luz.

La doctora Aleida Marroquín impulsa en El Salvador la práctica del parto humanizado. Considera que cada mujer debe elegir la postura en la que quiere traer a su hijo al mundo.

 

“Se busca retornar a lo natural, fortalecer todo el proceso biológico y respetarlo”, explica. Así, sus pacientes a veces dan a luz sentadas, sobre las rodillas o de cuclillas. La mujer elige. El personal médico se adecua.

 

 

Marroquín tiene su propia clínica privada, pero antes trabajó en el sistema público. Prefiere su clínica porque puede darle atención personalizada a sus pacientes. Defiende que “la experiencia del parto es maravillosa” y que todas las mujeres deberían poder disfrutarla. La doctora considera que la postura horizontal de dar a luz, la usual en la red de hospitales nacionales, no es la más natural.

Elegir es difícil para un sector de la población debido a un sistema de salud que se basa en exclusiones sociales. El hospital donde Ana ingresó cobra $575 por un parto natural en una habitación económica, es decir, dos salarios mínimos del sector de comercio, servicios y maquilas, y casi tres salarios mínimos de las personas que se dedican a la recolección de algodón.

Los $575 solo incluyen el uso de las instalaciones y el equipamiento del hospital. Además, se suman los honorarios del médico que atiende el parto y el costo de medicamentos especiales que se lleguen a requerir. En cambio, una cesárea en ese hospital cuesta $1,175 más los gastos mencionados.

En 2015 el Sistema Nacional de Servicio de Salud registró que 105,000 bebés nacieron vivos; de estos, solo el 21 % nació en el Seguro Social.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la tasa ideal de cesáreas de un país debe rondar entre el 10 % y el 15 %. Sin embargo, el informe de labores 2015-2016 del MINSAL sostiene que en El Salvador el porcentaje dobla la cifra recomendada, llegando al 30%.

LA DRA MARROQUIN ATENDIO EL PARTO DE ANTONIA REYES D EMARTINEZ, ESTA DR SE CARACTERIZA POR ATENDER A SUS PACIENTES COMO ELLOS QUIERAN TENER SU BEBE
FOTO LPG/ JOSUE GUEVARA

Marroquín es una de las médicas que abogan por luchar por el parto vaginal, aunque no tiene problema con intervenir con cesárea a sus pacientes cuando ellas así lo deciden o cuando la vida del feto está en riesgo.

Los partos humanizados suponen que procedimientos como la episiotomía (incisión desde la comisura posterior de la vulva hacia el ano para evitar un desgarro durante el parto) solo deben hacerse en casos que lo ameriten, y que es necesario propiciar los momentos de la madre con su hijo en los que exista contacto directo de piel con piel y siempre que se pueda hacer “el pinzamiento tardío del cordón umbilical y promover la lactancia incluso antes de que salga la placenta”.

Estas prácticas que buscan devolverle el carácter natural a la atención de los partos no se hacen en los hospitales públicos, a pesar de que no representan mayores gastos para el sistema de salud.

Hasta ahora, que todas las mujeres del país tengan acceso a decidir sobre la manera en la que quieren parir a sus hijos no es posible, algo que Marroquín considera “lamentable”. En otras regiones de Latinoamérica es un derecho. Perú aprobó en 2005 la norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural.

Eso implica que si la condición de salud de las mujeres lo permite, ellas pueden parir en posición vertical en sus diferentes variantes: sentada, arrodillada, de cuclillas o incluso con una soga colgada desde el techo que usan para sostenerse. La norma defiende que se debe respetar la libertad de movimiento de las mujeres. En otros países, elegir la manera de dar a luz no es un derecho de clase económica.

“Se busca retornar a lo natural, fortalecer todo el proceso biológico y respetarlo“, explica. Así, sus pacientes a veces dan a luz sentadas, sobre las rodillas o de cuchillas. La mujer elige. El personal médico se adecua.

Si en El Salvador las cosas fueran según lo ideal, antes de que una mujer se embarazara tendría que existir la decisión para hacerlo y una consulta de riesgo preconcepcional. Pero de acuerdo con personal médico del Hospital Nacional de la Mujer, la mayoría de mujeres que acuden a esas instalaciones no tienen finalizados sus estudios y no siempre son embarazos planeados.

Para embarazarse, lo mejor “sería que el sistema funcionara tan bien desde los controles infantiles y de adolescencia para que usted sepa en qué condiciones está”, afirma el doctor Ronald López, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de la Mujer.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO A CONTROL PRE NATAL DONDE EXAMINAN LOS MOMIVIENTOS DEL BEBE Y EL CRECIMIENTO DEL VIENTRE FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

En un informe de salud sexual y reproductiva elaborado en 2012 por el MINSAL se mencionó que “la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales entre las adolescentes es de 16.3 años y el uso de anticonceptivos en la primera experiencia sexual es bajo”. El documento sostiene que en la primera experiencia sexual de los adolescentes menores de 15 años solo el 20 % usó anticonceptivos y entre el grupo de 15 y 17 años solo el 26%.

La educación sexual no está instalada en el sistema de educación pública para estudiantes y es un tema que genera polémica. El Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015 descubrió que una niña o adolescente queda embarazada cada 21 minutos.

Esto, además de hablar de maternidad adolescente, habla de los altos niveles de violencia sexual que experimentan las mujeres. Solo en 2016 la Fiscalía General de la República registró 1,121 víctimas (entre niñas y adolescentes) del delito de violación en menor o incapaz.

Cuando una niña queda en cinta, el embarazo es considerados de alto riesgo porque su cuerpo aún no está desarrollado para cargar un bebé. Guadalupe Romero, la coordinadora del hogar de espera materna de Coatepeque, calcula que fue en la Navidad de hace cuatro años cuando alojó el caso que más la ha conmovido.

Una niña de 12 años de edad fue violada y quedó embarazada de su abuelo. La niña vivió en el hogar de espera el mes previo a parir. Recibía visitas de su tía. Romero cuenta que era una niña tímida que se sentaba en el suelo a dibujar al oso Winnie the Pooh.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO POR DOLORES EN SU ABDOMEN QUE LE FALTAN POCAS SEMANAS PARA DAR A LUZ FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ
SILVIA GUTIERREZ IMPARTE CHARLAS A MUJERES EMABARAZADAS FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

Una mujer joven, casada, esperaba a su hijo con ansías pero perdió su embarazo en el Hospital de Maternidad. El Estado también la obligó a perder su útero y sus ovarios. Así lo explica el médico obstetra Guillermo Ortiz. Los médicos que atendieron a esa mujer sabían desde el día en que la evaluaron qué era lo que tenían que hacer, pero no actuaron. Permitieron que una infección avanzara tanto que ella terminó debatiéndose entre la vida y muerte en la unidad de cuidados intensivos.

Hay mujeres que rompen fuente, es decir, que experimentan la pérdida del líquido amniótico antes de las 20 semanas de embarazo. Eso le pasó a la mujer en cuestión. Ortiz, un médico que trabajó durante 20 años en el Hospital de Maternidad y fue jefe del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico, explica que en esos casos, los fetos no pueden desarrollarse normalmente y sobrevivir. Mientras el feto fallece, las mujeres corren el riesgo de desarrollar una infección tan grave que también las puede llevar a la muerte.

Dar a luz en El Salvador incluye debates abiertos que tienen que ver con procesos legales. “Nos encontramos como anestesiados en nuestras acciones”, dice el médico para explicar que en otro país, salvar el sistema reproductivo de esta mujer era posible si se le intervenía, pues se conocía con base científica que el feto no se desarrollaría. Sin embargo, esto en El Salvador es ilegal.

Esta opinión la comparte el médico Rónald López. Explica que en estos casos, lo correcto, de acuerdo con las normas médicas, sería colocar “el medicamento para forzar ese parto porque ese bebé no va a vivir. No se mueren adentro porque el oxígeno les llega a través del cordón umbilical”.

El médico explica el riesgo al que se exponen las mujeres: “Las bacterias no se quedan solo dentro de la bolsita del bebé, se traspasan a la matriz, a la sangre, y se riegan en todo el cuerpo. Hay casos de infecciones tan bravas que hay que cortar todo el útero y los ovarios. ¿Y si es su primer embarazo?”, cuestiona.

“Equidad es darle más al que menos tiene. En términos de salud, les estamos fallando a las mujeres porque la que menos tiene está recibiendo el peor servicio en cuanto a derechos de salud reproductiva“, explica el médico Ortiz.

Hace 18 años se aprobó una reforma al Código Penal en la que se anuló el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos en caso de que su vida estuviera en riesgo, que el producto del embarazo fuera incompatible con la vida y en casos de violaciones.

En foros públicos está vigente una propuesta de reforma al Código Penal en la que el aborto no sea castigado con cárcel cuando las vida de las mujeres esté en riesgo inminente y así lo haya establecido un médico, cuando se haya comprobado científicamente que el feto no tiene posibilidades de vivir y en caso de violación o estupro. La propuesta indica que bajo esas condiciones, los abortos podrían realizarse solo cuando la mujer lo solicite y previo dictamen de las autoridades competentes.

Una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra es Fundación Sí a la Vida, que se ha caracterizado por realizar ponencias y campañas de sensibilización que buscan reducir los abortos. En febrero de este año lanzó una campaña titulada “40 días por la vida” con la que buscan sumar oraciones para evitar que las interrupciones de embarazos continuen en el mundo. Karla de Lacayo, quien es parte de la campaña, ha dicho sobre la reforma de ley que confía en que los avances de la ciencia ayuden a evitar los problemas en la etapa de gestación.

Hay embarazos en los que el espermatozoide no fecunda al óvulo en el útero. Son los embarazos ectópicos. A veces el óvulo se encuentra en una trompa de falopio o en un ovario y ahí es fecundado. Ya que el embrión se desarrolla en un lugar estrecho en el que no es posible mantener un embarazo, es solo cuestión de tiempo para que esos órganos se rompan.

De las 31 muertes maternas del año pasado, cuatro fueron muertes por embarazos ectópicos. Así lo afirma Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer y la Niñez del MINSAL. “Todo personal médico sabe que al crecer (el óvulo fecundado), se rompe la estructura donde se ha implantado y al romperse se rompen los vasos sanguíneos, genera sangrado y un shock hipovolémico y se muere la mujer. Es la evolución natural del embarazo ectópico”.

Las autoridades sanitarias ya se posicionaron institucionalmente a favor de esta reforma. “En el Ministerio de Salud no promovemos el aborto, promovemos la vida y la salud de las mujeres”, expresó la ministra Violeta Menjívar hace un par de semanas.

Para esa fecha, Salud dio a conocer que entre 2011 y 2015 se reportaron 389 egresos de las unidades de cuidados intensivos de mujeres que ingresaron por complicaciones del embarazo. Ellas padecían enfermedades crónicas como cáncer –no pueden hacerse quimioterapia porque esta afectaría el desarrollo del feto– y diabetes e insuficiencia renal. Treinta y seis de esas mujeres, es decir, el 9.25 %, perdieron la vida.

El 21 de febrero el MINSAL participó en un foro titulado “Aspectos bioéticos ante embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres”. En él, el doctor Rónald López presentó una muestra de 23 casos de mujeres con enfermedades cardiovasculares graves que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos en 2016. Tres de ellas murieron.

Al lado de los datos de cada mujer y su diagnóstico, el doctor colocó la probabilidad de muerte que las embarazadas con enfermedades crónicas tenían. La probabilidad en uno de los casos llegaba al 70 %. En la mayoría se mantenía en un 50 %.

Ante escenarios críticos como este, López es de la opinión que cuando es un tema de vida o muerte, la mujer debería tener la opción de elegir. “Si (atiendo a) una señora con hipertensión pulmonar con seis semanas de embarazo porque le falló el método, lo que me corresponde es evitar que se muera”. Pero ofrecer la interrupción de un embarazo en cualquier semana puede llevar a la cárcel a los médicos.

Consultado después de su presentación en el foro, el doctor López estimó que el Estado invierte $1,800 al día para mantener a una mujer en la unidad de cuidados intensivos. Mientras que el costo diario de una cama en cuidados intermedios es de $800.

Ante este panorama, cabe preguntar cuáles son las opciones de maniobra que tienen los médicos para salvar la vida de mujeres en casos puntuales como embarazos ectópicos y embarazos en los que se pierde líquido amniótico antes de que los fetos desarrollen pulmones. “¿Qué me toca? Esperar a que la señora se complique y rezar para que no se muera. Me mandan a la guerra sin armas y tengo que enfrentar lo que se me venga”, responde López.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO POR DOLORES EN SU ABDOMEN QUE LE FALTAN POCAS SEMANAS PARA DAR A LUZ FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

El MINSAL ha admitido que en el entorno ambiental y las inequidades de salud es donde se aprecia con mayor facilidad el impacto de la determinación social”. Y esa inequidad se traduce en la vida o muerte de madres e hijos.

De los 23 casos de mujeres con embarazos de alto riesgo que el doctor Rónald López presentó en el foro de bioética, tres murieron en 2016. Y esas tres no estaban en una edad considerada de alto riesgo para ser madres. Sus edades eran 22, 23 y 29 años. ¿Qué carencias condicionaron las muertes de esas mujeres?

La paciente que tenía 22 años al momento de fallecer desarrolló hipertensión pulmonar severa y una miocardiopatía, es decir, su corazón se volvió débil para bombear sangre al cuerpo, un padecimiento que se agrava con el embarazo. El problema, comenta el médico, es que muchas mujeres no saben que están enfermas hasta que quedan en cinta y el cuerpo experimenta cambios que lo ponen en riesgo. Esta mujer logró dar a luz a un hijo prematuro y luego falleció.

Otra paciente tenía 29 años y llegó a la unidad de cuidados intensivos tras un embarazo de alto riesgo por una enfermedad cardiovascular. Ella tenía el 50 % de probabilidades de morir, explica el doctor López. Estuvo ingresada siete días en cuidados intensivos pero en esa situación extrema, las máquinas y medicinas ya no pudieron salvarla. A pesar de no haber cumplido los 30 años aún, dejó a seis hijos huérfanos.

El sistema nacional no previene las emergencias. Se dedica a tapar los agujeros que la misma ausencia de sus servicios cava. “Al Estado le sale mucho más barato proveer pastillas, preservativos o inyecciones que hacer cirugías. El Gobierno puede darme $15 millones, pero con $15 millones yo no la revivo”, explica el médico de cuidados intensivos.

Para que las madres del país gocen de la salud entendida de manera integral, hay aún un largo recorrido, como lo explica Ortiz, el médico que trabajó durante 20 años en el antiguo Hospital de Maternidad: “Equidad es darle más al que menos tiene. En términos de salud, les estamos fallando a las mujeres porque la que menos tiene está recibiendo el peor servicio en cuanto a derechos de salud reproductiva”.

La OMS ya ha afirmado que la mayoría de muertes maternas podrían evitarse “si las mujeres tuvieran acceso a servicios de planificación familiar de calidad, atención competente durante el embarazo, el parto y el primer mes después del alumbramiento”. Además, este organismo recomienda “prestar más atención a las mujeres que viven en situaciones de conflicto o de crisis humanitaria, porque para salvar sus vidas es fundamental disponer de un sistema de salud que funcione”.