Por: Doris Rosales / Glenda Girón

De esta región, todos los días parte gente que migra hacia algún país del norte de América. ¿Cuántos de ellos llegan? No todos. Algunos mueren y sus familiares tienen la suerte de poder identificarlos. Otros, desaparecen. ¿Cuántos? No se sabe con exactitud. Ningún gobierno de los países involucrados los cuenta. La Organización Internacional de las Migraciones calcula de más de 3,000 desde 2014 a la fecha. A los migrantes desaparecidos en ruta solo los buscan sus familias organizadas, la sociedad civil.

El exministro de Defensa, David Munguía Payés, y tres de sus familiares compraron ocho terrenos entre 2012 y 2019 al Ipsfa. La Fiscalía denuncia lavado de dinero en la inversión de más de un millón de dólares en los lotes adquiridos a precios preferenciales. La compra más reciente fue avalada por el Ipsfa nombrado por el actual gobierno de Nayib Bukele.

Una sola familia recibió los restos de cinco personas el 7 de octubre. Ellas forman parte de las 12 víctimas que la Fiscalía General de la República ha logrado identificar entre las 30 que encontró en las fosas ubicadas en una casa del pasaje Estévez, en Chalchuapa, el 8 de mayo. La familia tuvo que pasar por cinco meses de entrevistas y pruebas para poder velar y enterrar a sus parientes: tres mujeres y dos niños.

Zoila se enteró del entierro de cinco miembros de una misma familia víctimas del Caso Chalchuapa a través de una página de Facebook. Nadie le dijo a ella que, entre los restos que velaban en San Sebastián Salitrillo, se encontraban los de Gadiel, su nieto de dos años. A Zoila, que además es madre de uno de los acusados por el testigo Estévez, nadie le brinda información sobre el caso.

En Nuevo Cuscatlán, el ministro René Merino Monroy y el viceministro Ennio Rivera Aguilar ya poseen propiedades vecinas. A solicitud de los funcionarios, el Ipsfa autorizó que ellos puedan pagar por terrenos de más de 500 varas cuadradas a precios de 2011. En el acuerdo, el ipsfa perdió más de $22 mil.

Si Bukele logró capitalizar el descontento a la clase política tradicional, sus acciones antidemocráticas son ahora el catalizador de una ciudadanía que se encuentra en la calle para protestar. Por eso la marcha del 15 de septiembre fue la más grande de los últimos 30 años, impulsada por diversas organizaciones y consignas.

Los productores de maicillo (sorgo) en Morazán están siendo golpeados por una plaga que desconocen. Se trata de una infección que entre 2014 y 2020 dejó pérdidas por un total de 95,800 quintales del grano.

De producir 1.5 millones de quintales de maíz, La Unión pasó a cerrar el año agrícola 2019/2020 con 950,000 quintales. Las manzanas de cultivo que todavía quedan en el departamento oriental están ocupadas por pequeños productores que deben incluir el pago de la extorsión como parte de los insumos de la cosecha.

La Paz era el departamento del país con más manzanas dedicadas al cultivo del arroz: 3,940 hace seis años. Para 2019/2020, ya solo quedaban 57. La razón: las caprichosas lluvias y la falta de apoyo estatal. Además, los compradores, amparados en convenios de calidad, pagan precios bajos a los pocos productores del cereal que aún resisten

En el año agrícola 2014/2015, La Libertad llegó a producir cerca de 295,000 quintales de frijol. Seis años después, la producción cayó a 136,000 quintales. El desplome del 54 % de la producción de uno de los granos básicos en la dieta salvadoreña también se llevó consigo sueños cooperativistas. En Tamanique, la agricultura amenaza con desaparecer por falta de políticas públicas, cambio climático y el desgano de los más jóvenes.