“Sueño cumplir el propósito para el que fui creada”

¿Cómo describiría a los emprendedores salvadoreños?

Soñadores y diligentes. No es fácil emprender, sea en este país o en otro, mantener el sueño y las metas claras sin darse por vencido.

¿Qué le emociona de su ocupación?

Ver o que me cuenten de la reacción de las personas al recibir el regalo que salió de mi taller. Saber que el mensaje llegó a la persona correcta en el momento justo.

¿Cómo imagina su vida dentro de 10 años?

Sirviendo en mi local, con más de una sucursal, quizá hasta en otro país y con un taller grande con varias personas trabajando por el mismo objetivo. Enamorada y casada con el hombre de mis sueños y con un par de hijos.

¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?

Hacer un viaje del que no muchos saben.

Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería?

El de la serie de niños “Bernardo y su reloj”: detener el tiempo.

¿Qué sueña?

Cumplir con el propósito para el que fui creada.

¿Cuál es su palabra favorita?

Meraki, significa hacer algo con el alma, con amor y creatividad. La esencia de sí mismo puesta en el trabajo.

Buzón

Buzón

Estrés hídrico

Si de verdad los gobiernos que ha tenido este país hubieran querido sacar adelante un proyecto a largo plazo (“Agua para todos”) y evitar así acercarnos a una crisis estructural severa, no estaríamos en los afanes de protestar con cántaros y cumbos para que llegue el agua. El estrés hídrico se concibe a partir de que la demanda del agua excede la disponibilidad de abastecimiento.
Eso pasa por la ausencia de una ley bien fundamentada, que reconozca el agua como un derecho humano y no como una mercancía, que contemple una visión de país, que aglutine esfuerzos y recursos públicos, privados y de la cooperación internacional con el compromiso social de no caer en conflictos por el crecimiento natural de la población.

Pero sucede que, por hoy, es un desorden, no hay normativas, hay deuda con la ley del agua, la población crece desenfrenadamente, el cambio climático con inviernos inciertos y, por encima de eso, hemos aprendido a ser inclementes depredadores. Ahí tenemos el problema del tratamiento de la basura, que va a terminar a los ríos, la despiadada deforestación, la contaminación con aguas residuales industriales y los escasos planes de contingencia para paliar esos desajustes.

Otro principio que debe prevalecer en una ley es la garantía al acceso igualitario al bien público del agua, que además no se debe privatizar. Los problemas como el que plantea Moisés Alvarado en el desplegado “Izalco y sus pioneros del agua” son un ejemplo de la brecha de desigualdad en el acceso al agua. Allí son las propias comunidades organizadas las que han emprendido la gestión sustentable de su agua. Izalco no es el único caso, son decenas de municipios los que han sufrido hasta persecución y prisión, como en el caso del agua de siete comunidades en Tacuba, donde el alcalde quiso apropiarse del sistema de agua comunitaria Bendición de Dios, no para servir de apoyo, sino para manosear las finanzas de la comunidad.

En igual forma existen otras asociaciones legales que también han logrado administrar sus conquistas hídricas. La gente de más bajos recursos sabe que el agua podría ser el nuevo oro a corto plazo y que, de no protegerla hoy en su preservación, tocaría pagar los fuertes impactos de escasez que siempre irrumpen en los menos afortunados. La ineficiente gestión del agua en nuestro país se manifiesta en conflictos sociales y protestas que cierran calles y afectan al tráfico.

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


Agua para todos

El principal proveedor de agua potable en el país es ANDA, que presta sus servicios a un 40 % de la población. Aunque tenga esta cobertura no significa que el agua que distribuye sea de calidad y suficiente debido a que, en muchos lugares, el servicio es intermitente y con deficiencias. De acuerdo con el PNUD, El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina respecto de la mayor desigualdad en acceso al agua, solo el 88 % de los hogares con mayores ingresos tiene derecho al agua potable, y solo el 44 % de los hogares más pobres tiene este servicio. La diferencia se refleja en el gasto público, ya que el Estado prioriza más los proyectos en las zonas urbanas y descuida las zonas rurales y semirrurales, que solo reciben un 32 %.

Por tal razón nacen las juntas rurales del agua que las comunidades han organizado por el esfuerzo de grupos y asociaciones interesadas por mejorar la falta del vital líquido. Además se han constituido en una fortaleza para evitar la privatización y concesión de tan vital líquido. El agua se vuelve un elemento esencial para la vida y no puede ser privatizada, ya que equivaldría a privatizar la vida, ni tampoco debe cederse a grupos de interés particular, cuyo fin es el lucro. Son las comunidades y naciones las que deben tener y ejercitar soberanía sobre sus fuentes de agua.
En el reportaje “Izalco y sus pioneros del agua”, que presenta el periodista Moisés Alvarado, se narran todas las peripecias de una organización comunitaria, APROMUPIZALCO, que se esfuerza para mantener constante el servicio de agua a sus socios. Se destaca que en estas asociaciones el esfuerzo comunitario se enfrenta a la violencia predominante en los alrededores de los nacimientos de agua. Se reconoce que esas asociaciones son la tabla de salvación en algunas zonas del país que no han sido atendidas y que habiendo buenos miembros en sus juntas directivas tienen agua en sus hogares.

Quiero dar un especial agradecimiento por este medio a APROMAPASASISJ, de Santiago Nonualco, que nos brinda agua a un sector. Entre todos los vecinos nos turnamos para brindar la mano de obra. Los materiales fueron donados por organismos internacionales. Con este tipo de reportajes se reconoce a las personas que día a día sacrifican y donan su tiempo sin finalidad de lucro para satisfacer las necesidades de todos los usuarios afiliados a estas organizaciones comunitarias.

Rutilio López Cortez
rutilio_lopezcortez@outlook.com


Sobre las pandillas

El domingo pasado, un politólogo que escribe en 7S se preguntaba si hemos perdido el combate contra las maras, al tiempo que opinaba que pensamos en el tema como que si fuera el único que originara la violencia en el país. Aprovechando la hospitalidad que nos da esta revista, quisiera agregar unos comentarios relacionados con la temática. Como facilitador en una asignatura humanística, pregunté en cierta ocasión a unos estudiantes de un colegio de clase media de la zona metropolitana de San Salvador, a punto de graduarse de bachilleres, a qué se debía que ellos no se incorporaban como otros jóvenes al accionar de pandillas o grupos estudiantiles violentos. Como en una clase abierta todos manifiestan sus pensamientos, aceptaron que ellos imitaban su vestimenta, oían su música y tenían expresiones basadas en sus códigos, pero que no se incorporaban porque tenían hogares estables, sus papás los apoyaban en todo en la medida de sus posibilidades. Ellos mismos concluyeron con que los pandilleros no han tenido las oportunidades que ellos tienen y por eso buscan el apoyo de grupos en los que se sienten cómodos.

Los pandilleros típicamente son jóvenes de entre 10 y 21 años de edad o un poco más. A la mayoría no le ha ido bien en la escuela y muchos han abandonado sus estudios antes de terminarlos. A menudo tienen familiares que han estado en las pandillas. Usualmente los jóvenes más involucrados en la pandilla tienen historial de estar sin supervisión adulta diariamente por largos periodos de tiempo desde una temprana edad. Estos jóvenes se unen a las pandillas en busca de aceptación, compañía, reconocimiento y sentimiento de pertenencia, para sentirse identificados socialmente. La carencia afectiva y las necesidades de recursos básicos terminan por agrupar a los miembros.

Por lo general, las pandillas han ganado el máximo control en las comunidades urbanas y rurales pobres en respuesta al desempleo y otros servicios. Podría decirse que las autoridades han perdido parte del control en el combate de las pandillas, ya que la Mano Dura y Superdura que vienen desde los tiempos del gobierno del expresidente Flores no han dado los frutos esperados y, cada vez más, se dan masacres más crueles que antes y asesinatos de personas inocentes. Vemos que el dinero aportado a las autoridades se utiliza más para represión que para prevención. Las autoridades deberían trabajar con mayor inteligencia. Se ha dicho con frecuencia que los territorios deben ser recuperados con escuelas, clínicas, canchas deportivas, lugares de encuentro, torneos deportivos. A algunos ya les ha dado buenos resultados.

René Alberto Calles
reneca4020@gmail.com

Omoa, la ciudad que se resiste a ser fantasma

Economía. La basura en Omoa, Honduras, le ha restado atractivo. Los desechos llegan desde aquí, el basurero de Ciudad de Guatemala.

Omoa es una ciudad pequeña en la costa del Caribe centroamericano, al norte de Honduras y a poco más de 300 kilómetros al oeste de Guatemala. Hasta hace algunos años, Omoa era un típico paraíso caribeño (palmeras de las que colgaban hamacas, barquitos surcando los ríos y aves exóticas por encima de todo) famosa por la Fortaleza de San Fernando (el más grande bastión español de América Central), los pescadores (unos 600 que sacaban unas dos mil libras de pescado) y la gastronomía (platos típicos como machuca, sopa de caracol, pescado frito). Ahora, en días de semana se parece más a uno de esos pueblos fantasmagóricos enterrados en la pobreza y el olvido que al pueblito de encanto que atraía a un millón de turistas hasta principios de 2000.

Es lunes 22 de enero de 2018. Son las 10 de la mañana en la calle principal de Omoa y algunas personas ven pasar las horas, sentadas en banquetas en el parque central, mientras se abanican para alejar la pesadumbre de 40 grados a la sombra. Otras van y vienen con bolsas de mercado. Un deteriorado vehículo con parlantes anuncia descuentos en una ferretería. El viento cálido ondea banderas multicolores sobre los techos de zinc. Son los únicos que le dan vida a la ciudad en días de semana.

A una hora de aquí, a 30 kilómetros en dirección a la frontera con Guatemala, a orillas de uno de los ríos que rodean a Omoa, el Motagua, está el principio de la explicación de su ruina: una extensa alfombra de 3,000 toneladas de basura llega a cubrir la playa cada invierno, puntualmente, y permanece allí por lo menos cuatro meses. Donde alguna vez hubo arena, aún se encuentran jeringas, bolsas de sangre, plasma, frascos con medicinas vencidas, sueros y vendajes, sandalias y recipientes plásticos adheridos a la superficie. Es parte de la podredumbre que ha sumergido a Omoa en la decadencia.

El Motagua arrastra basura desde antes de llevarla a la frontera, antes aún de ser el Motagua: el río Las Vacas recibe todas las aguas servidas de la Ciudad de Guatemala, las desplaza por Chinautla hasta toparse con la presa de la planta hidroeléctrica. Luego continúa por municipios de la región metropolitana (Chuarrancho, San Pedro Ayampuc, San Raimundo), hasta desembocar en el mar Caribe, y en playas como las de Omoa o las de Roatán.

El año pasado la noticia fue esa: las playas de la isla atestadas de desechos. Los medios del mundo se es candalizaron y la BBC tituló “Ropas, plásticos, animales muertos y hasta cuerpos humanos”. Omoa parece haberse perdido a tal punto en el mapa que ni siquiera todas esas toneladas de basura (con todas sus consecuencias) la volvieron noticia.
Pero la basura es la misma; el trayecto, también. Un recorrido por las ciudades y comunidades por las que pasan los efluentes del río Las Vacas muestra eso que se ve aquí cada septiembre: desechos atestados de moscas que despiden un olor inocultable.

***

PRIMERA PARADA: CIUDAD DE GUATEMALA
El viaje inicia a 351 kilómetros, en la capital de Guatemala. Allí, además del río Las Vacas y ningún tratamiento de aguas residuales, hay un basurero gigante.
Está en la zona 3 y en él cabrían ocho estadios de fútbol. Cada día se descargan tres mil toneladas de desechos que llegan de la Ciudad de Guatemala y de nueve municipios cercanos, y es clasificada por más de mil personas. Toda esa basura también afecta al río Motagua: por un extremo del basurero, pasa el río Las Vacas, que nace en los cerros que bordean la periferia de la capital y es corto (55 kilómetros). Y se lleva los desechos que se filtran en su trayecto.
El río Las Vacas no es un río común y corriente: no hay peces ni nada de vida acuática. Es, también, uno de los mayores desagües de la ciudad: el 63 % de las aguas negras va a parar ahí.
Lo primero que choca con el río Las Vacas en su viaje hacia el Motagua, a 18 kilómetros de la ciudad de Guatemala, es la planta hidroeléctrica del mismo nombre, que pretende contrarrestar la contaminación de basura, agroquímicos y desechos orgánicos con instalaciones para el reciclaje de desechos plásticos. Pero la basura parece esquivarla.

***

SEGUNDA PARADA: SANTA CRUZ CHINAUTLA
Siguiendo el camino por el kilómetro 9 hacia Santa Cruz Chinautla, se bordea el río Negro. Es la ruta de la contaminación: el río transporta desechos inorgánicos, plásticos, llantas, recipientes de todo tipo y hasta animales muertos.

En el kilómetro 14.5 está Santa Cruz de Chinautla, una comunidad de la región metropolitana que es una sucesión de barrancos y montañas atravesados por ríos de aguas negras, como Las Vacas o El Zapote. Las aguas avanzan con podredumbre y, en las crecidas de invierno, los vecinos dicen que el olor es insoportable y muchas veces se inundan por la obstrucción de los canales de drenaje.

Las viviendas a orillas del río son susceptibles a derrumbes. Una amenaza directa para los vecinos.
Ese es el hogar de Silvia Pascual: “Hace 20 años tenemos el problema del río, pero desde hace 15 es un desastre. El río crece y la cantidad de basura que sigue llegando a nuestros pueblos también. El hedor que viene del agua en invierno, cuando arrastra hasta cadáveres, es un problema grave. Se han realizado varias llamadas, pero nunca recibimos respuesta”, dice.
Otro residente de la zona es Efraín Martínez Vázquez. Ni su contextura fuerte ni su hablar pausado reflejan su agonía, pero él la detalla: “De parte de las autoridades hemos visto negligencia. No les interesa el problema. Teníamos entendido que ya debían haber entrado a funcionar las plantas de tratamiento para el manejo de las aguas servidas, pero hasta ahora no funcionan”.
La falta de tratamiento, tanto de la basura como de las aguas residuales, es el principal obstáculo para hacerle frente al problema. Algo que no existe en ninguna de las localidades de Guatemala por las que viaja la contaminación. Entonces, ya se dijo, la basura va a los ríos y a las playas de pueblos como Omoa. Pero aún falta para eso. La siguiente parada es El Quetzalito.

***

TERCERA PARADA: EL QUETZALITO
La última comunidad guatemalteca por la que pasa el imponente río Motagua antes de llegar al Caribe es El Quetzalito. Es un pueblo con casas de teja, apariencia sencilla y apacible. Algunos residentes, acostumbrados al trabajo duro de la pesca y la agricultura, vieron una opción laboral en la basura, y se volvieron recicladores.
Como Marco Dubón, que tiene el músculo entrenado para la supervivencia.
“Nos dedicamos a la agricultura y a recolectar 200 toneladas diarias de basura para reciclarla”, cuenta el joven de 20 años. “Somos 12 personas, limpiamos el río de desechos y los mandamos a Cementos Progreso, que los transforma en combustible”.
Pero por más esfuerzos y organización que haya, no logran quitar toda la basura. Y entonces el río Motagua continúa su trayecto transportando eso: desperdicios médicos, poliestirenos de uso industrial y recipientes plásticos con etiqueta de Guatemala.

Con eso, en el río apareció “cromo hexavalente”, un compuesto tóxico del metal cromo en estado de oxidación que puede provocar desde daños en el hígado, problemas reproductivos y de desarrollo, hasta cáncer. Como permanece en el agua decenas de años, también deja una huella profunda en el medio ambiente.
El diagnóstico es claro y dice “peligro”, “afectación del medio ambiente” y “contaminación”. Pero el río corre y, con las aguas, llega la basura a Omoa: 3,000 toneladas en 51 kilómetros de playa entre 2015 y 2016. Una descarga de putrefacción equivalente a 17 aviones Jumbo 747. En septiembre de 2017, y solo en 20 días, se recogió el equivalente a 420 camiones de basura.

***

ÚLTIMA PARADA: OMOA
Es lunes 22 de enero de 2018 en Omoa. En el muelle, José Marcos, un pescador de 30 años con la piel curtida, lleva cinco horas intentando pescar en su pequeña embarcación. Pero no pasa nada.
“No siempre todo fue malo, pero la basura ha afectado el mar”, dice. “Alguna vez sacamos buenas tandas, pero los peces se están muriendo. ¿De qué vamos a vivir?”
A pocos metros de él, de pie sobre el muelle y con la mirada perdida en el horizonte, Roberto Navarrete coincide: “Atrapábamos cuberas, quines, sierras. Ahora no se agarra nada, o muy poco”. Le cuesta contarlo, pero lo cuenta en vos muy baja, agachando la cabeza. Tiene 32 años, es trigueño y delgado, y es uno de los tantos “faenadores” del mar que cada vez pescan menos en el lugar.
Desde que la basura contamina el mar, ellos no son los únicos que sufren. En Omoa los comerciantes venden menos, las empresas de turismo casi ni reciben contingentes y los niños enferman más.

“Pescar cada vez se hace más duro. La basura ha ahuyentado los peces”, dice el pescador José Marcos.
Desde su negocio en el muelle, Licuados y Más, doña Dominga Marroquín asegura que “la basura ahuyentó a los clientes”. La señora de 64 años, que desde hace 47 vive en Omoa, compara y concluye: “Si hace tres años atendíamos a 200 personas por día, esa cifra bajó a 30 y son consumidores internos”.
Roberto Paredes también es un comerciante dedicado a la venta de refrescos en negocios de la zona. Apoyado en el mostrador de uno de esos locales, lamenta: “Algunos días llegan cinco buses con turistas, hace un par de años venían hasta 20”.

El problema de la basura ha impactado en la actividad de 45 restaurantes a orillas de la bahía de Omoa. Para muchos, la razón es la basura.
“El panorama cautivador de Omoa ha tenido un drástico cambio”, dice Emérito Reyes, un maestro de la Escuela Internacional de Marinos y viejo vecino de Omoa. “La gente no quiere bañarse entre escombros y basura contaminada”.

La basura también se hace cuerpo. Hay niños con parásitos, ronchas y cuadros de enfermedades gastrointestinales.
Juan Zaldívar Reyes es uno de los niños afectados por erupciones en la piel: tiene ronchas en la nariz, en la parte trasera de su cabeza y en las piernas. ¿La causa? Los frecuentes baños en el mar: “Me dijeron que el agua puede hacerme daño porque siempre quedan microbios, pero me ponen crema para curarme”, contó.
A pocos metros de allí, en el Centro de Salud de Omoa, una mujer de 40 años llamada Noemí sostiene en su falda a su hija, Mirna, a la espera de un turno para ser atendida.
“Le encanta meterse al mar y al río y tiene la piel llena de ronchas, se rasca en forma desesperada y eso la ha lastimado más”, dice Noemí.
Es una más de los 10 casos de niños con problemas en la piel que concurrieron a ese centro de salud en busca de tratamiento la misma semana.
Aunque no hay estadísticas oficiales, los especialistas estiman que las condiciones del agua son un riesgo. La dermatóloga Jéssica Abud explica que las enfermedades de la piel son las más frecuentes: “Si nos sumergimos en agua donde hay agentes contaminantes, en especial biológicos, somos proclives a absorber algunas de esas bacterias o virus que proliferan y pueden afectarnos”, explicó.

Y agrega sobre la basura que atestó la playa de Omoa: “Son desechos de hospitales privados y públicos, y allí podemos tener contaminantes terribles que son un riesgo e incluso pudiera haber personas actualmente enfermas y no darse cuenta”.
La conclusión de Abud es preocupante: “Las autoridades deben ser responsables y advertirle a la población que está en alto riesgo biológico, que no se exponga a esas aguas porque, aunque se limpie la playa, la contaminación siempre queda. Y países como los nuestros no están preparados para aplicar tratamientos a personas afectadas por desechos biológicos”.
Aunque en estos días la basura es menor porque llueve menos en el Pacífico y eso calma las aguas, los vecinos de Omoa saben que es un recreo circunstancial: el problema se agudiza cada invierno, en julio, agosto y septiembre, cuando el agua satura al Pacífico y el efluente crece sin control, arrastrando consigo la inmundicia.
Los residentes lo saben porque desde hace más de dos décadas la basura llega puntual a formar la isla de desechos. Esa es una de las causas que ha hecho de Omoa el pueblo fantasma que es hoy.

Las autoridades patean la pelota: en Guatemala aseguran que en 2019 las comunidades que contaminan tendrán plantas de tratamiento de sus residuos; en Honduras, que las pláticas con el Gobierno vecino avanzan y que existe buena voluntad para minimizar el impacto.
En una época en que las ciudades del mundo incorporan el reciclado y ejecutan una gestión sostenible de los residuos, en los 27 municipios de Guatemala que contaminan el Motagua no existen plantas de tratamiento de desechos sólidos.
Con un “estira y encoge” que parece eterno, solucionar la crisis ambiental que vive Omoa parece un reto inalcanzable para los gobiernos de Honduras y Guatemala.
En medio de eso, los pescadores como José Marcos pasan las horas en una interminable espera para que algo pique, mientras las paradisíacas playas siguen convertidas en un monumental basurero. Un ambiente que suspende a Omoa en ese aspecto de los pueblos fantasmagóricos enterrados en la pobreza y el olvido.

***

EPÍLOGO: EL ESTIRA Y ENCOGE DE LOS GOBIERNOS
En 2016 las autoridades de los dos países se sentaron a blanquear el problema. Pero hasta ahora todo sigue igual.
El 1.º de septiembre de 2016, una comisión binacional integrada por ministros de Relaciones Exteriores y Ambiente de ambos países recorrió la zona afectada. Desde entonces, no se emitió ninguna declaratoria oficial y solo hubo conversaciones a escala de mandos intermedios.
Guatemala reaccionó con la colocación de biobardas, unas barreras de botellas plásticas para retener la basura del río antes de su llegada a la desembocadura con el mar Caribe, el 14 de noviembre de 2016. Pero las lluvias también arrasaron con eso y las biobardas se rompieron.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) urgió a las autoridades de los municipios del cauce del Motagua a poner en marcha proyectos de saneamiento y elaboró un plan de rescate del efluente. Prometieron comenzar a mediados de este año, justo cuando empiezan las lluvias más duras.
Además, la Alcaldía de Omoa, bajo la administración de Ricardo Alvarado, le planteó a Leonel Ayala, ministro de Gobernación, Descentralización, Derechos Humanos y Justicia (GDDHJ) de Honduras, la urgencia de adoptar medidas puntuales.

“El diálogo entre autoridades de ambas naciones es intenso y el presidente Jimmy Morales se ha comprometido a construir una presa que limpie el caudal del río Motagua y detenga la basura que viene hasta Omoa. Será una estructura similar a un colador, además existe el compromiso de los municipios en el margen del río Motagua para tratar sus aguas residuales y desechos sólidos de forma individual”, señaló el ministro hondureño Leonel Ayala.

“Las autoridades deben ser responsables y advertirle a la población que está en alto riesgo biológico, que no se exponga a esas aguas porque aunque se limpie la playa, la contaminación siempre queda. Y países como los nuestros no están preparados para aplicar tratamientos a personas afectadas por desechos biológicos”. Aunque en estos días la basura es menor porque llueve menos en el Pacífico y eso calma las aguas, los vecinos de Omoa saben que es un recreo circunstancial: el problema se agudiza cada invierno.

El alcalde Alvarado expresó preocupado: “No tengo nada por escrito y las palabras el viento se las lleva. Guatemala lo único que hizo fue venirnos a llenar de cosas que se van a hacer, pero yo no vi nada planificado y tampoco firmamos ningún documento”.

Desde 2014, Alvarado ha tocado puertas que se abren a medias: “Esto se agrava y no hemos visto plan de mitigación de Guatemala para frenar la llegada de los desechos, ya viene el nuevo invierno y volvemos a estar en este jueguito. Mientras, los peces y las tortugas marinas están muriéndose en este desastre ecológico sin precedentes”.

Para este reportaje, Hablemos Claro contactó en repetidas ocasiones y presentó pedidos de acceso a información al MARN de Honduras. La intención era conocer cuál es la cantidad de basura que contamina el río Motagua desde el río Las Vacas, desde cuándo, cuáles son los municipios responsables, las sustancias identificadas y en qué porcentaje afectan el efluente. Consultamos por qué tomarán acciones recién en 2019 y cómo han medido el impacto de la contaminación en el medio ambiente. Nunca respondieron.

El martes 24 de octubre de 2017, el ministro de Ambiente de Honduras, José Galdámez, y quien era entonces su par guatemalteco, Sidney Samuels, se reunieron de emergencia en Puerto Barrios, un municipio de la costa atlántica de Guatemala. Las alertas se habían encendido de nuevo por una extensa columna de basura que llegó hasta la isla de Roatán, uno de los principales destinos turísticos del Caribe hondureño y del mundo.

En esa ocasión, Samuels expresó: “No sabemos qué pasará, Honduras solo nos da un plazo de cinco semanas para solucionar el problema de la basura y, de manera inmediata, nosotros proponemos la instalación de biobardas más grandes a las que ya hemos colocado”.

Dijo que en junio de 2018 se instalará un centro de acopio que captaría la basura que flota en el río Motagua. La trampa, valorada en $2 millones, estará ubicada a 4.5 kilómetros de la desembocadura del efluente.

En ese momento, el alcalde Alvarado reconoció que interpondrían una demanda por daños y perjuicios: “Guatemala debe asumir lo que gastamos en limpiar nuestras playas, lo cual representa unos $553,191”. Alvarado espera que el problema se solucione y que el turismo de montaña y religioso se retome, y puedan reposicionar a la histórica ciudad en el mapa del turismo.

Viaje. La basura que llega hasta las costas de Omoa recorre cientos de kilómetros y va sumando desechos en cada municipio que surcan los ríos.

La danza es un bien público

¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?

Renunciar a una vida convencional para ser una abogada con ideales y bailarina con sueños; y sobrevivir en esa tarea.

¿Qué o quién es el más grande amor en su vida?

Mi hija, no solo la amo, me inspira. Es mi compañera.

¿Cuál es su miedo más grande?

Perder autonomía; en los dos sentidos, perder la libertad en cualquier dimensión y al encierro (¡soy un poco claustrofóbica!).

¿Qué la motivó a entrar al mundo de la danza árabe?

Mi hija, ejercer la pedagogía y retar los prejuicios sociales y machistas sobre esta danza.

¿Cuál ha sido su presentación favorita?

En un encuentro de danza centroamericano, llena de emociones, junto a mi hija, mi gran maestro César, mis alumnas, colegas y mis padres en el público. Fue un evento lleno de dificultades y nos tomó mucha rebeldía para hacerlo posible.

¿Cómo imagina su vida dentro de 10 años?

Litigando casos, peleando causas, dirigiendo una gran escuela y compañía de danzas árabes y con cinco gatos.

Si de usted dependiera cambiar algo del medio de la danza, ¿qué cambiaría?

La danza, como arte y cultura, es un bien público; por lo tanto, un derecho humano. Al medio artístico independiente le metería esta premisa para que compitamos menos, se organicen más, reclamen más y sobre todo, propongan y trabajemos más.

Buzón

Buzón

Válvula de escape

Los jóvenes que saben evaluar los riesgos antes de tomarlos y se pasan su tiempo pensando en los retos que deben afrontar generalmente son personas que se vuelven exitosas. Los sueños son asequibles cuando se pierde el temor y podemos aprender de los fracasos, cuando sabemos sacar la acertada experiencia positiva de los tropiezos; solo los triunfadores son capaces de aprender la lección y corregir hacia una nueva aventura.

“Jóvenes que desafían la exclusión” es el artículo de Valeria Guzmán que ejemplariza cómo la juventud es capaz de involucrarse en diferentes disciplinas de aprendizaje, cuando tiene aunque sea un minúsculo auxilio para sus aspiraciones.

Los gobiernos deben entender que necesitan apostar a preparar a la juventud, y a la vez crear las fuentes de trabajo para no llevar deuda rezagada en el tiempo. Se le ha venido apostando a la migración como válvula de escape y se ha propiciado una brecha más grande para el ingreso al mercado laboral. Pero el problema debe ser avizorado con dos ingredientes, como queda dicho antes: capacitación y fuentes de trabajo. El deseo de superación puede más en los jóvenes y no se cuenta con políticas decisivas de parte del Estado para afrontar la justa, lo que se comprueba con los altos niveles de trabajos informales e incontenibles flujos migratorios.

Si cada alcaldía tuviera su centro de formación profesional, como ya lo tienen 16 mencionadas en el reportaje, sería una buena manera de empujar a la juventud desde sus respectivas comunidades. Un alto porcentaje de jóvenes, especialmente mujeres, no trabajan ni estudian; están fuera del sistema educativo y de la fuerza laboral, y eso los coloca en situación de marginación social. Siendo la población salvadoreña mayoritariamente joven, las oportunidades para este colectivo deberían ser prioridad para cualquier gobierno. El Estado tiene la obligación de reconocer los derechos y deberes de la población joven con el fin de encaminarla a su inserción como actor en el desarrollo de país.

El INJUVE tiene una magnífica oportunidad de asumir el compromiso, ya que la razón de ser es la juventud como lo estipula la ley respectiva. No podemos solo quejarnos de los actos desafortunados de los jóvenes, cuando lo que se programa para ellos es demasiado poco, que si se hiciera causa común del fenómeno bien podríamos concluir que no se ha venido haciendo ni se hace lo que el momento histórico demanda que hagamos.

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


Los marginados de siempre

Este domingo la periodista Valeria Guzmán con su reportaje, “Jóvenes que desafían la exclusión”, toca un tema candente que requiere un trato especial. Hace falta corregir las diferencias que separan a los jóvenes de clase baja y media que se han hecho profundas y que han convertido a los otros jóvenes en excluidos o marginados sociales, dado que viven con realidades como pobreza, menor escolaridad, menor acceso a oportunidades laborales, mayor explotación laboral, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, dificultades con la familia y en la escuela.

En nuestra sociedad, los jóvenes son presas del sistema capitalista imperante; debido a que asumen responsabilidades de adulto tempranamente por las pocas oportunidades que se les presentan para estudiar o trabajar, por los conflictos del cierre de fuentes de trabajo o por la llegada de empresas extranjeras vía privatizaciones. Todo esto una razón para criminalizar la pobreza, pues al no modificar las causas que provocan la exclusión social se incrementa la violencia ante la falta de políticas punitivas que complementen el orden que se intenta preservar. Por tal razón, la clase dominante asocia pobreza y violencia con ignorancia, ya que esta es una manera de circunscribir la violencia existente. Y lo más patético para los jóvenes es encontrar un empleo bien remunerado dentro de un mercado laboral donde las oportunidades son escasas, aunado a leyes laborales que contemplan varios tipos de contratos temporales donde buscan a jóvenes que deben aceptar condiciones precarias de trabajo y contratación.

Es aquí donde la situación se torna difícil para los jóvenes de las clases populares, junto al incremento de la pobreza está todo lo que lleva consigo diversas estrategias de supervivencia familiar en las que los jóvenes constituyen un eslabón importante en la captación de recursos a través del empleo informal.

Rutilio López Cortez
rutilio_lopezcortez@outlook.com


Inclusión es la respuesta

El reportaje del domingo anterior lo que muestra es que no estamos jodidos porque seamos una raza maldita. Estamos como estamos porque la gente no encuentra para dónde hacerse. Si aquí hubiera un buen programa de música clásica en las comunidades, que fuera gratis, incuyente y centrado en la enseñanza de calidad, a saber cuántos Beethovens no tuviéramos ya.

Lo que pasa es que para hacer eso se necesita que en el poder esté gente que entienda qué es la música clásica, que le guste; no animales ignorantes que tan pronto tienen dinero lo que hacen es ir a comprarse unos zapatos caros de marca, aunque de todos modos se ven feos. ¿Quién siendo diputado dijo: “vaya, aquí tengo estos 500 pesos mensuales para que les enseñen algo extra en la escuelita perdida de no sé dónde”? No, nadie. No interesa que nos eduquemos, porque educados no les damos el voto solo porque son bonitos o regalan escobas y cántaros. Sobre esta sociedad de crédulos es que se alzan falsos mesías –como el alcalde capitalino–; y así nunca vamos a dejar de ser los excluidos.

Felicito a quienes no se rinden y mantienen abiertos estos programas que dan algo de justicia a este país.

Cristian Salazar
cristiansala7812@gmail.com

Rearmar la vida ayudando

En grupo. El dolor por la pérdida de un ser querido no desaparece, pero estas cuatro personas lo han transformado en impulso para ayudar a otros.

Aprender a vivir con tanto dolor. Saberse incomprendidos, empezar de nuevo. Luchar para que sus vidas tengan un sentido. No hay peor dolor que la muerte de un hijo. Mucho menos recetas para superarlo.
Lo que sí hay son modos para transitarlo. Cristina Giuria, Diego Goldsztein, Selva Ibarburu de Maquirriain y Carolina Porta son cuatro padres uruguayos que encontraron un camino en ayudar a personas con una enfermedad grave o en aportar a la educación de los más jóvenes. Padres que vale la pena admirar y conocer.

***

Selva. La madre de Felipe Maquirriain, fallecido en los Andes, es fundadora de la Biblioteca Nuestros Hijos

VIVIR CON ÉL
Cristina la vio pelear contra todo. Vio cómo durante la quimioterapia tuvo que conducir un evento en Punta Carretas en pleno invierno y debió pegar la peluca con doble cinta para que no se volara. Vio cómo empezó a luchar contra su enfermedad y la propia connotación de la palabra cáncer. Vio cómo se preocupó en enseñar y demostrar que se puede vivir con él.
Por eso, cuando Clara Berenbau falleció de cáncer el 24 de abril de 2013 a los 32 años, Cristina Giuria (67), su mamá, supo que debía seguir caminando por el sendero que le marcó su hija. A partir de esa necesidad, el 7 de noviembre de 2013 nació la Fundación Clarita Berenbau.

Empezó a funcionar cuando la nuera de Cristina decidió abrir una página de Facebook. “Explotó de gente que se ofrecía a ayudar y gente que escribía para que nos comunicáramos con ellos”, cuenta la madre de Clarita. En ese momento, codo a codo con su amiga Cecilia Torrendell, se instalaron con un teléfono en el living de la casa y empezaron a comunicarse con los que querían participar. “Yo le dije a Cecilia con amor no le podemos errar, y ahí empezamos a llamar”.

Hoy la fundación cuenta con más de 70 voluntarios y una oficina ubicada en el quinto piso de la Fundación Peluffo Giguens. La sonrisa enorme de Clarita ilumina la puerta de vidrio. Atrás de esa sonrisa hay un escritorio, un teléfono y un placard. “Tengo tiempo”, “Llorá tranquila que te hace bien”, “Contame” y “Te entiendo” son las frases pegadas en la pared que representan el espíritu de trabajo del equipo.
“Las personas nos decían que querían hablar de su enfermedad y ser escuchadas”, cuenta Cristina. Ahora, junto a los voluntarios, se encargan día a día de poner su oído, su voz, su corazón y su experiencia a disposición de las personas con cáncer a través del 08008857, el “teléfono solidario”.
Cristina lo vivió. Estuvo cuando Clarita recibió el diagnóstico del médico y sintió en carne propia el mar de dudas que llegan después de conocer la noticia. Por eso, hoy trata de ayudar a que las personas que se enteran que tienen cáncer tengan una guía. “Después de un diagnóstico no sabés ni para dónde arrancar ni qué hacer”, dice Cristina, quien también entiende que para la fundación “llenar ese vacío era muy importante”.

***

EL CLUB DEL GATO
“Vine a reintegrar una peluca que me habían prestado. Muchas gracias, me fue de tremenda ayuda”, dice una mujer que entra a la oficina. Luego le pregunta a Cristina si es la mamá de Clarita y se funden en un abrazo de emoción. “Yo te aconsejo que nos llames antes de los controles, porque cada control es una valla que sentís que tenés que saltar”, le aconseja Cristina.
Así como tiene “teléfonos solidarios”, la fundación cuenta con El Club del Gato, cuyo nombre surge en recuerdo de como Clarita le llamaba con sus amigas a las pelucas, poniéndole humor a su enfermedad. Ese sector cuenta con una página de Facebook independiente, donde todos los días se suben catálogos con pelucas para poner a disposición de las personas y recibir donaciones de pelo.

“La persona elige la que más le gusta, la que más se parezca a su pelo, y la pide por mensaje”, cuenta Cecilia Torrendell, y dice que los préstamos normalmente son por unos ocho meses, que es lo que dura la quimioterapia, pero puede haber procesos de hasta dos años.

Para Cristina, la fundación ha sido una experiencia sanadora, en la que brindarse a otros la ayuda a aliviar su dolor. “Es como continuar sintiendo sus guías, su presencia. Yo le hablo mucho y las respuestas llegan de alguna manera. Los muertos no están ausentes, simplemente son invisibles”.

***

LA MÚSICA COMO TERAPIA
La melodía del cello se mezcla con la del clarinete y borran todo el rastro del silencio que antes inundaba el pasillo. Casi sin pensarlo, dos personas se paran a bailar al compás de la música. Muchos sonríen y la mayoría miran atentos. Entre ellos está Diego Goldsztein (39), que como un espectador más observa a los músicos que él mismo llevó para distraer los nervios y amenizar a los pacientes oncológicos en la sala de espera del Hospital de Clínicas.

Diego perdió a su hija Melanie, de ocho años, en diciembre de 2015 tras un accidente de tránsito. Sin saber muy bien qué hacer, se paró frente a su piano, corrió la banqueta y en su lugar puso un almohadón. El instrumento le quedó tan alto que estiró sus manos para alcanzar las teclas y empezó a tocar sin parar. Sus dedos se movieron sin control, formando una melodía que de a poco se convirtió en su lenguaje. Fue ahí cuando empezó a concebir la música de otra manera: “Quería tocar algo y cambiar, no pensar en lo que estaba tocando”.

A partir de ese momento trató de transformar su dolor en ayuda y sintió la necesidad de hacer algo por los demás. Pensó en las personas que, como él, podían usar la música como terapia y buscó la manera de acercarlos. “Es un amor que me quedó, lo tenía que canalizar y en el hospital lo podía hacer. La música entra en las fibras y eso yo no lo puedo hacer a través de las palabras”, dice.

Goldsztein se contactó con el doctor Gabriel Krygier, oncólogo del Clínicas, y le contó su idea de llevar música en directo para cambiar el ánimo de los pacientes que pasan horas en tratamiento. Tras el visto bueno del médico, en 2016 contrató dos músicos y durante todos los martes de ese año la sala de espera se convirtió en un pequeño concierto. “Elegimos los martes porque el médico dijo que era cuando iba más gente”, cuenta.

Ese pasillo lleno de dudas, ansiedad y nervios se transformó en un lugar más ameno para los pacientes. Diego no tocaba, se encargaba de coordinar con los músicos y con el doctor. “Una vez un señor se sentó a mi lado y no hablamos ni dos palabras; cuando lo miré, estaba llorando y no sé si hablando lograba eso”, cuenta el músico. Al final del año la melodía llegó a instalarse prácticamente en la puerta de los boxes donde se realiza la quimioterapia.

Selva y el resto de las madres sentían que necesitaban hacer algo con su dolor, encontrar el aliento que les diera fuerzas para seguir adelante. “Al principio solo hablábamos del accidente, y poco a poco, cuando avanzó la biblioteca, surgieron necesidades que nos mantenían ocupadas”, recuerda la madre de Felipe.

Además de llevar la música al Clínicas, Diego coordinó para llegar a otros lugares. Recuerda cómo las ventanas de las habitaciones se abrían dejando entrar la melodía del clarinete y el cello en el Instituto Nacional del Cáncer. “Ahí la idea fue hacer un concierto, y queríamos que fuera con pacientes terminales”, cuenta. También cambió el humor de los niños cuando su música irrumpió en la Fundación Pérez Scremini.

Cuando Diego tocaba el piano sin verlo, sentado en el almohadón a ras del piso, puso su celular y grabó todo lo que sucedía entre el instrumento y él. Durante un tiempo se metió en un estudio para reproducir esos sonidos, y a fines de 2017 lanzó “Melu”, el disco que hace honor a la memoria de su hija. Además, lo subió en formato digital para que padres que atravesaron la misma situación puedan escucharlo y sentirse comprendidos. “Quiero dárselo a alguien que perdió a un hijo y que lo ayude”.

Incluso, hace un tiempo se enteró de que un vecino también perdió a un hijo, colocó el disco en un sobre, se lo dejó en la puerta y se fue. “Es distinto el idioma que vos hablás con un alguien que perdió a un hijo. Sentimos lo mismo, es único e inexplicable”, dice.

La música en el Clínicas sonó por un año. Actualmente Diego está buscando apoyo para conseguir los fondos que permitan traerla de vuelta a los pacientes. También se puso en contacto con fundaciones de otros países para poder difundir más allá de Uruguay sus sentimientos convertidos en notas musicales.

Diego. La muerte de su hija Melanie lo llevó a canalizar ese “amor” que le quedó en la música.

***

ENTENDERSE A TRAVÉS DEL SENTIMIENTO
“Esto quiero dártelo a vos que perdiste un hijo y que te ayude un minuto, porque es eso: te calma un minuto. Lo que busco con esto es lo mismo que cuando una persona abre un libro de alguien que pasó por la misma experiencia y lo empieza a leer”, explica Diego sobre el mensaje que intenta trasmitir con su disco “Melu”.

Mientras transcurre la lectura, “entiendo todo lo que dice. No conozco al autor que lo escribe, pero lo entiendo”, dice el músico. Su idea es que durante las ocho canciones que componen su obra se logre esa empatía. “Si pasa eso, ya está bien, cada música tiene su historia”.

***

Carolina. Su hijo murió siendo apenas un niño. Ahora ayuda a familias en las que haya niños sufriendo por el mismo problema de salud.

CARICIA AL ALMA
Carolina Porta (38) forma parte del 4 % de las mujeres a quienes se les logra detectar una cardiopatía en el bebé que esperan durante el embarazo. Algunos médicos le dijeron que debía abortar; ella quería traer al mundo a su hijo. Mateo nació en diciembre de 2015, vivió 24 horas, que fueron “las más felices” para su madre.

A los tres meses de perder a su hijo, empezó a ser voluntaria de la Fundación Corazoncitos y hoy integra la Comisión Directiva.
“Te hace un clic y no querés que a nadie más le ocurra. No querés que ningún niño pase por lo que pasó tu hijo”, dice Carolina cuando cuenta qué la motivó, pese al dolor, a brindar ayuda a los demás.

En Uruguay cerca de 450 bebés nacen con cardiopatía congénita y es una de las primeras causas de muerte neonatal. Uno de los objetivos de la fundación es crear conciencia y hacer hincapié en la prevención.

Evacuar las dudas de los padres, aconsejarlos desde su propia experiencia, transmitirles tranquilidad y darles esperanza es lo que Carolina y todos los voluntarios de la fundación hacen día a día. “Es un apoyo, porque a veces en esa situación estás colapsado y desinformado”, explica.

Cuando el teléfono de Corazoncitos suena, lo atiende Adriana Mazza, quien también es integrante de la Comisión Directiva de la fundación. En ese momento empieza a designar los casos a los voluntarios según la cardiopatía. “Se manejan por teléfono personal. Nos intercambiamos los datos para recibir la consulta o la duda que tengan”, cuenta Carolina.
Además, se organizan varios eventos solidarios para poder recaudar fondos y capacitar a los médicos. “En febrero se fueron ocho médicos al Boston Children’s Hospital con lo que se recaudó en el evento que hicimos en Kibon el año pasado”, explica. Los profesionales se capacitaron en cirugía y postoperatorio.

Para Carolina, ayudar es algo gratificante, y la fundación ha sido fundamental para transitar su proceso interno. “Ver que hay resultados y que estás haciendo algo es una satisfacción total, una caricia al alma”, dice.

Carolina tiene otros tres hijos que, como su madre, también ayudan con lo que pueden. “Eso es algo muy positivo. Ellos entendieron que hay un lugar por el cual transitar”. Ya sea para barrer luego de un evento o ayudar a juntar las cosas, sus hijos colaboran contentos y conscientes de que están apoyando a otros niños que pasaron por el mismo problema que su hermano. Para su madre, “contagiar esas ganas de seguir adelante está buenísimo”.

***

DESPUÉS DE LOS ANDES
La historia conmovió y conmueve al mundo: el 13 de octubre de 1972, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba hacia Chile al equipo de rugby del Old Christian se estrelló en el corazón de la cordillera de los Andres. De los 45 que viajaban, 16, después de 72 días, lograron sobrevivir.

Tras la tragedia, Selva Ibarburu de Maquirriain golpeó puerta por puerta la casa de las 12 madres que, como ella, perdieron a sus hijos en el accidente; quería mantener viva su memoria. Empezaron a reunirse una vez por semana y ocho meses después nació la Biblioteca Nuestros Hijos.

Selva y el resto de las madres sentían que necesitaban hacer algo con su dolor, encontrar el aliento que les diera fuerzas para seguir adelante. “Al principio solo hablábamos del accidente, y poco a poco, cuando avanzó la biblioteca, surgieron necesidades que nos mantenían ocupadas”, recuerda la madre de Felipe.

Ese ámbito empezó como un espacio donde las madres podían llorar, estar calladas o pasar horas hablando de sus hijos. Se convirtió en un grupo para sacar su dolor, llegar a sus hogares con una inyección de fortaleza y seguir siendo el sostén de la casa.

Otros beneficiarios. Los proyectos en los que decidieron involucrarse tienen en común que forman redes. El apoyo entre gente que conoce los problemas es fundamental.

Como sus hijos eran estudiantes y en ese momento era difícil para muchos jóvenes acceder a materiales de estudio, a las madres se les ocurrió fundar la biblioteca para promover la lectura y la educación en Uruguay. “Solo un 20 % de los liceos tenía libros para los chicos; entonces, nosotros les dábamos material de estudio y de consulta. Nos hicieron muchas donaciones”, explica Selva.
“Es increíble lo que hicimos, ese granito de arena que pusimos. Ahora, por ejemplo, hay contadores que estudiaron en la biblioteca, hasta Diego Forlán pasó por ahí –agrega. Cuando veo esos logros, me emociono mucho”.

En 2009, tras 36 años de trabajo, las madres les cedieron el lugar de la Comisión Directiva a sus hijas. “Les dije: ‘Quiero que se encarguen ustedes’”, cuenta Selva. Actualmente Stella Pérez del Castillo, hermana de Marcelo Pérez del Castillo, capitán del equipo de rugby, es quien lleva la cinta para presidir la biblioteca.

El Club de la Lectura es el motor que permite financiar el emprendimiento. Cuenta con aproximadamente 400 socios que aportan una cuota mensual y más de 10,000 volúmenes de materiales. Biblioteca Nuestros Hijos tiene delivery de libros, salas de informática y dos docentes para enseñar a los niños. “Vamos en camionetas a buscar a los chicos, vienen acá y aprenden”, cuenta Stella.
El 1.º de agosto de 2018, Biblioteca Nuestros Hijos cumplirá 45 años, y sus integrantes sueñan con que se convierta en un centro cultural. “Es el memorial viviente de sus hijos. Ellas quisieron hacer algo en nombre de ellos para los demás. Tengo un orgullo muy grande por esto”, dice Stella.

***

“ES FUNDAMENTAL DARLE UN SENTIDO AL DUELO Y ATRAVESARLO”
Para la psicóloga Macarena Rovira, la muerte de un hijo es algo que no se supera. “Se trata del sufrimiento más grande por el que puede pasar un ser humano, es totalmente antinatural”, sostiene. Darle un sentido al duelo y atravesarlo de modo sano es fundamental, entiende. Ayudar a otros es una forma de transitar el dolor y hacer algo positivo con él. “Estás convirtiéndolo en algo bueno para otros, y desde esa acción, creo yo, ves reflejado a tu hijo para bien”, indica la psicóloga.

Rovira trabaja como voluntaria de la Fundación Clarita Berenbau y también pasó por la experiencia de perder a sus dos primeras hijas. “Una muerte así no se supera, se aprende a vivir con eso”, explica.

Formar parte de fundaciones, crear grupos o dedicar el tiempo en ayudar a los demás son formas que se encuentran para atravesar el dolor y de las que también se aprende, dice.

Según explica la experta, superar la pérdida de un hijo varía en cada persona, ya que no existe una única forma de hacer el duelo. “Los tiempos de cada persona son diferentes y es distinto cómo cada uno lo procesa”.

Para la psicóloga, el apoyo de la familia juega un rol “fundamental” en el proceso de duelo, pero aclara que “no se trata de consolar, sino de validar el dolor”.

Los familiares, muchas veces, desde una intención positiva, tratan de evitar el sufrimiento. Según opina Rovira, lo importante es “que se validen los sentimientos y que permitan que el dolor se pueda expresar”.

Otra forma de aliviar la pérdida es juntarse con personas que pasaron por lo mismo para sentirse reflejado en el otro. “Viven los mismos sentimientos y te sentís comprendida por el otro”, sostiene.

Acciones. Mantener la fe en que se es una persona útil es una dae las maneras de sanar que han encontrado estas cuatro personas.

“Una de mis reglas en la vida es perdonar”

¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?

Actuando todavía en El Salvador, con una academia artística multidisciplinaria.

¿Qué es lo más difícil que has hecho?

Para una película me tocó hacer dos escenas complicadas. En una esparcieron sal en partes de mi cuerpo y una vaca llegó a lamerlas. En otra ocasión llenaron mi rostro con gusanos “de granja”. Fuera del ámbito artístico una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer es madurar, aprender los límites de mí mismo en cada circunstancia.

¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?

“Todo va a estar bien”.

¿Qué resultado esperas obtener con lo que estás haciendo?

Contagiar a los que me rodean para que crean en sí mismos.

¿Por qué hacer teatro?

Por amor, por placer y por diversión, es lo que más me motiva.

¿Qué no perdonarías?

Una de mis reglas en la vida es esa precisamente: perdonar. No me he encontrado en una situación donde no haya podido hacerlo.

Si después de muerto debes volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa regresarías?

Me encantaría ser un maquilishuat o un delfín.

Buzón

Buzón

Sueño alcanzado

El éxito es la aventura de lo vivido y lo aprendido; es un desafío personal donde se ponen a prueba múltiples cualidades humanas con énfasis en la perseverancia. Arturo Corrales, el protagonista de la entrevista de Moisés Alvarado, ha sido uno de esos individuos que a fuerza de estudio y sacrificio, vadeando obstáculos, ha logrado ser un profesional en la creación de nueva música, con inspiración a menudo en dominios étnicos y populares. Ha incursionado en la búsqueda de un estilo propio tanto en la acústica como en la electroacústica. Los grandes triunfadores alcanzan sus metas mediante un proceso constante y estructurado de crecimiento personal y un trabajo de calidad en todos los aspectos y áreas de su vida, para lograr los objetivos que se han propuesto. Para este valor humano de la cultura nuestra es gracias a su determinación que su logro se vuelve un sueño alcanzado; para abrirse brecha lo que se necesita es renovación de mentalidad, actitudes y proyecciones en función de su propia superación. Ya lo dijo el poeta Antonio Machado en su poema hecho canción en voz de Joan Manuel Serrat, “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Por eso de Corrales se deben tener “oídos nuevos” y la disposición de recibir lo inesperado como sorpresa auditiva. Otro de los dotes de altruismo del antedicho artista es la gentileza de trabajar, con recursos propios, con niños económicamente menos afortunados para acercarlos al mundo del pentagrama.
Un melómano talentoso como el que describimos debe servir como referente para todos aquellos que salen del país en pos de esperanzas que se vuelven anhelos malogrados cuando no se afina bien la puntería que ha de servir para vencer obstáculos. De ahí que una pregunta que bien se pudo hacer este insigne salvadoreño es: “¿Qué es lo que quiero?” Para contestarla debe haber un compromiso íntimo. Es el compromiso contigo mismo, ese que no se deja erosionar por ningún freno. Aunque no es un contrato escrito, te hace entrar en la ruta de la mejora continua.
No importa que el personaje estelar que nos ocupa sea “música que brilla en la distancia”, con esa marca basta para considerarlo como un valor que redunda en orgullo para nuestro país, sus capacidades, su trayectoria, su academia hacen de su persona un profesional calificado por sus capacidades excepcionales, un admirable musicólogo.

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


El talento que nos falta y la ignorancia que nos sobra

Con el señor Corrales vemos otro ejemplo de gente que se ha tenido que ir porque su genialidad es demasiado grande para este país. No tengo el gusto de conocer su música. Y si la conociera, a lo mejor no me gustaría. Pero por lo que leí, la gente que sabe más que yo está encantada con su talento y sus creaciones. Eso me pone a pensar en que si yo supiera más, también pudiera alcanzar ese nivel necesario para comprender otras cosas y transformar mis gustos. Este es el punto central de mi reflexión de domingo. Que la ignorancia es algo que se transmite y es autónoma, se alimenta a sí misma del desperdicio que genera, por no decir la otra palabra que se me ocurre. Al salvadoreño promedio se le condena a no estar expuesto a otras cosas que le pueden alimentar el espíritu y lo pueden ayudar a elevar su conocimiento y su gusto.
Para no ir tan lejos, con la música, que es de lo que trataba el tema. En todos lados estamos expuestos a lo mismo de siempre, y la radio y la televisión se escudan en que dan lo mismo porque es lo que el pueblo les pide. ¿Cómo esperan que el pueblo les pida algo diferente, si no conoce nada más? Es un círculo vicioso en el que los generadores de opinión han perpetuado, porque se desligan de su responsabilidad de educar. Los medios tienen que hacerse cargo de transmitir productos alternativos para que poco a poco vaya creciendo el abanico de opciones que pueden ofrecer al público.
Yo no conocía nada de este señor hasta que leí. Y lo busqué en YouTube. Y se me hace una música extraña, pero porque jamás me han educado la oreja en estos otros ritmos. Lo lamento mucho. Es una pérdida que él se haya tenido que ir, porque aquí también nos hace mucha falta que haya gente que nos eduque con su talento. Espero que al señor Corrales lo sigan tratando muy bien allá en Europa, en donde la mayoría tiene el nivel necesario para valorarlo.

Cristian Salazar
cristiansala7812@gmail.com

El voto dorado de las universidades de cartón para elegir fiscal general

Quienes deciden. La comisión de postulación de candidatos a fiscal general está formada por los decanos de Derecho de las 12 universidades de Guatemala.

En los papeles que la Universidad Da Vinci ha hecho llegar al Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba los centros de educación superior en Guatemala, se enumeran las nueve facultades que ofrecen 46 grados entre maestrías y licenciaturas. En el lustro que tiene de existencia dice haber abierto 70 sedes en todos los departamentos de Guatemala. En 2017, graduó a cerca de 541 abogados, una cifra solo inferior a la de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), la más grande del país.

De cerca, sin embargo, la Da Vinci es esta donde una sola profesional está a cargo de nueve carreras; y en total, 13 personas son encargadas de las 35 titulaciones. Desde que abrió sus puertas en 2012, de esta universidad no se ha graduado ningún abogado que haya empezado aquí su carrera. La Da Vinci ha entregado diplomas de grado solo a estudiantes de Derecho que no dieron el ancho en otros centros de estudios superiores.

En el cuarto piso de un edificio de estacionamientos y oficinas ubicado en el centro financiero de Ciudad de Guatemala, hombres armados de una empresa de seguridad privada custodian el activo más importante de la universidad, su Facultad de Derecho.

La Da Vinci, en términos educativos, es una universidad de “cartón”. Su valor agregado radica en contar con un decano de Derecho que, de forma automática, es parte de la comisión de postulación. Esta es la que el próximo 23 de abril presentará al presidente Jimmy Morales una lista con seis candidatos a suceder a Thelma Aldana, la fiscal general en funciones.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) ocurrirá este año en el contexto del duro enfrentamiento que libran las élites guatemaltecas contra esa oficina y su aliada –la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en la práctica funciona como una especie de fiscalía adjunta–, por las investigaciones criminales que estas les han abierto en los últimos años por vínculos al crimen organizado y la corrupción.

La dupla MP-CICIG investiga al presidente Morales por presunto financiamiento electoral ilícito. En esa coyuntura, Morales tiene un aliado en Álvaro Arzú, expresidente y actual alcalde de la capital, a quien MP-CICIG investiga también por sospecha de delitos de corrupción relacionados con contratos de la municipalidad.

Morales y Arzú tienen antecedentes distintos. El poder del primero viene directamente de su calidad de presidente del país. El segundo es protagonista en la política y las élites guatemaltecas desde hace décadas; y los grupos de influencia con los que se les relaciona no necesariamente son los mismos. Hoy, sin embargo, parece unirlos un objetivo común: debilitar a la CICIG y al MP.

La influencia que Morales, Arzú y otros grupos de poder político o de crimen organizado puedan ejercer sobre los miembros de la llamada comisión de postulación –en la que está el decano de la Da Vinci– ha reavivado las preguntas sobre la transparencia de todo el proceso, sobre la idoneidad de los miembros de la comisión, y más aún, sobre la legitimidad de algunas facultades de Derecho.
En ese tablero de ajedrez político que es Guatemala, la comisión de postulación parece ocupar el sitio de alfiles y caballeros, cuya misión es resguardar la entrada de la pieza más importante: la jefatura del Ministerio Público.

***

LAS UNIVERSIDADES “DE CARTÓN”
Donde más influencia parecen tener los grupos de poder aliados a Morales y Arzú es en las llamadas universidades de cartón. Entre 2013 y 2017, el decano de la Universidad Da Vinci fue el abogado José Guillermo Alfredo “Fredy” Cabrera, quien en 2014 fue también el primer representante de esa institución académica en la comisión de postulación que elige a los candidatos a fiscal general.

Cabrera ha sido el líder de una red de influencias de dudosa reputación. Además de abogado, es un empresario y un operador político que ha representado a una cartera de clientes que incluye a algunas de las instituciones más poderosas del país en los últimos años; entre ellos el estatal Banco Rural, la Superintendencia de Bancos y al Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos presos por corrupción y ella, además, investigada por narcotráfico en Estados Unidos.

Una de las instituciones que más aportó al crecimiento de la Universidad Da Vinci fue Banrural, cliente de Cabrera, a través de Fernando Peña, expresidente del banco, quien está preso por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como Cooptación del Estado, un esquema criminal liderado, según el Ministerio Público, por Pérez Molina y Baldetti.

Banrural, por ejemplo, trasladó varios de sus programas de capacitación profesional de empleados a la universidad. Estos estudiantes llegaron a representar dos tercios de la matrícula estudiantil de la institución, de acuerdo con datos del Consejo de la Enseñanza Superior.

Cuando Cabrera fue postulador en el proceso que terminó con la elección de Thelma Aldana como jefa del MP, las acusaciones que tildaban a la Da Vinci de ser una universidad de cartón estuvieron a la orden del día. En una entrevista con Nómada, Cyriano Ruiz, el entonces rector y actual vicerrector, se desligó de la actuación de Cabrera y aseguró que las críticas a la universidad se debían a que esta era nueva.

Cabrera, por su parte, se defendió en una entrevista con InSight Crime: “Nadie me puede decir que no tengo independencia”, dijo después de que Aldana fue elegida. Pero lo cierto es que la sombra sigue acompañando a la institución.

En la comisión de postulación de candidatos a fiscal general de 2018, la Universidad Da Vinci está representada por Juan Carlos Rodil Quintana, otro abogado del que se desprenden conexiones con grupos de poder relacionados con viejas estructuras políticas y militares de Guatemala.

Rodil Quintana es uno de los fundadores de la universidad y el notario que le dio vida legal. Además es hijo de José Rodil Peralta, director del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en 1982, cuando también fue asesor del exdictador Efraín Ríos Montt, juzgado y condenado por genocidio en 2013 (condena que la Corte de Constitucionalidad anuló).

Entre 1992 y 1994, Rodil Peralta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al terminar su mandato fue acusado de varios delitos que eventualmente se desestimaron, porque el Ministerio Público dejó vencer los plazos procesales para acusar.

Aun con lo escaso y cuestionable de sus credenciales, las universidades Da Vinci, de Occidente, Regional, de San Pablo y Rural tienen voz y, sobre todo, votos en la comisión. Y el problema no termina con ellas: sobre otras universidades de mayor abolengo e historia, como la tricentenaria de San Carlos, que es la única universidad pública del país, también rondan dudas.

Caso. Roberto López Villatoro, un abogado conocido como “El Rey del Tenis”, fue capturado en febrero pasado acusado de manipular, con dádivas y sobornos, a miembros de la comisión de 2014.

En 2016, el presidente Jimmy Morales nombró a Rodil Peralta embajador de Guatemala en Nicaragua. Dos años después, Juan Carlos Rodil Quintana, hijo del viejo abogado, tiene un voto en la comisión de postulación que confeccionará la lista de candidatos a fiscal que llegarán el despacho de Morales, el jefe de papá.
En 2015, Rodil Quintana buscó ser diputado y apoyó públicamente la candidatura presidencial por el Partido Visión con Valores (VIVA) de Zury Ríos Sosa.

Ella es hija de Ríos Montt y exesposa de Roberto López Villatoro, un abogado conocido como “el Rey del tenis”, quien a su vez fue capturado en febrero pasado acusado de manipular, con dádivas y sobornos, a miembros de otra comisión de postulación que eligió en 2014 a los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
Juan Carlos Rodil Quintana es, con todos sus antecedentes familiares, y a pesar de las dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado que asegura tener, decano de una universidad cuestionada por su debilidad académica. Aun así, el suyo es un voto aceptado como válido en una comisión postuladora que existe, por ley, para garantizar la calidad académica de los postulantes.

Es así como la comisión de postulación de candidatos a fiscal general está formada por los decanos de Derecho de las universidades del país (que son 12), el presidente del Órgano Judicial, el presidente del CANG y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Y dentro de esa comisión puede haber hasta más de cinco votos de universidades de cartón.
Otro caso similar a la Universidad Da Vinci es el de la Universidad de Occidente, cuyas sedes administrativas se alojan en una diminuta oficina en un colegio privado, la misma donde se venden todo tipo de implementos y útiles escolares. Aunque no cuenta con la certificación del Gobierno para impartir el pregrado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, la universidad sí ofrece un Doctorado en Derecho.

La Universidad de Occidente tiene vínculos con la Policía guatemalteca, los que pueden explicarse, en parte, por los antecedentes de José Adolfo Reyes Calderón, quien era decano de su facultad de Derecho en 2014, y como tal fue miembro de la postuladora de aquel año. Reyes había sido ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo, en 2002. Portillo fue, a su vez, el primer expresidente guatemalteco investigado por el MP de la mano de la CICIG, en 2010. Un análisis hecho por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) sobre el proceso de selección de 2014 ubicaba a Reyes Calderón como representante de los intereses de sectores militares, asociados al gobierno del entonces presidente Pérez Molina.

El actual rector de la Universidad Rural, otra universidad de cartón, es el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee. Desde el Congreso, su hermano, el diputado Édgar Reyes Lee, intentó impulsar en 2017 una serie de reformas al Código Penal que buscaban favorecer la excarcelación de Pérez Molina.
Ambos votaron a favor del llamado “Pacto de Corruptos”, en septiembre de 2017, el cual puso freno a las investigaciones sobre financiación electoral ilícita contra el presidente Jimmy Morales.

La Universidad San Pablo, fundada en 2006, es parte del imperio económico del polémico empresario, político y pastor evangélico Harold Caballeros, quien actualmente se desempeña como su rector. En 2011, Caballeros creó VIVA –el mismo partido que apoyó la candidatura de Zury Ríos en 2015– para hacerse candidato a la presidencia de la república. Tras salir de la contienda, apoyó a Otto Pérez Molina, en cuyo gobierno posteriormente se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores.

La más nueva de todas en el grupo de las llamadas universidades de cartón es la Regional. La sede administrativa de esta universidad ocupa una casa de dos pisos, en la exclusiva zona 14 de la ciudad. En la planta baja hay modernas salas de reunión, vacías, cuya existencia contrasta con la mayoría de las sedes que la universidad tiene diseminadas en pequeños locales de centros comerciales en todo el país. La Regional, de hecho, no cuenta con sedes propias; y sus clases son dictadas en aulas de colegios o salones comunitarios, la mayoría rentados, según constató InSight Crime en un recorrido por Guatemala.

La Facultad de Derecho afirma tener unos 300 estudiantes, cifra que no pudo ser verificada de forma independiente: la Regional es el único centro de estudios superiores cuya información no es pública en la página de web del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba la creación de universidades en Guatemala.
Aun con lo escaso y cuestionable de sus credenciales, las universidades Da Vinci, de Occidente, Regional, de San Pablo y Rural tienen voz y, sobre todo, votos en la comisión. Y el problema no termina con ellas: sobre otras universidades de mayor abolengo e historia, como la tricentenaria de San Carlos, que es la única universidad pública del país, también rondan dudas.

***

USAC, la casa del “Rey del tenis”
A finales de febrero pasado, el MP detuvo al abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “el Rey del tenis”. López Villatoro ha sido uno de los principales operadores políticos de Guatemala gracias a las redes que construyó para influir en la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como del fiscal general.

Después de una denuncia anónima, interpuesta en la Fiscalía en 2015, una investigación de dos años daba cuenta de que Édgar Giovanni Orellana Donis, miembro de la comisión postuladora que en 2014 eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vivía en un apartamento que le había regalado López Villatoro con el fin de influir en la elección.

Las investigaciones del MP descubrieron, por ejemplo, que en 2015 Orellana Donis recibió un sobregiro de 1.6 millones de quetzales (unos US $220,000) del banco G&T Continental sin tener respaldo crediticio. LOVI y Asociados, firma de abogados de López Villatoro, hizo los contactos para que el magistrado obtuviera la línea de financiamiento.

En total, de acuerdo con el MP, Orellana Donis recibió 6.13 millones de quetzales (unos US $820,000) a cambio de ayudar a manipular la elección de la Corte Suprema. El MP ha pedido antejuicio a Orellana y a Carlos Rodimiro Pérez Lucero, otro miembro de la comisión postuladora de 2014, que se supone también recibió dádivas del “Rey del tenis”.

Esta investigación abierta por la Fiscalía, a la que el MP ha llamado Comisiones Paralelas, también da otros indicios de la influencia que el grupo de López Villatoro puede seguir teniendo en personas vinculadas a la comisión de postulación. Uno de esos indicios es el que lleva al nombre de José Antonio Pineda Barales, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la comisión postuladora del fiscal 2018.

Pruebas agregadas al expediente indican que en una de las sedes de LOVI y Asociados los investigadores encontraron una lista de nombres en un papel con membrete del hotel Clarión de la capital guatemalteca, donde decía que López Villatoro había pagado unos 145,000 quetzales (cerca de US $20,000) a través de otra de sus empresas, para reunir durante dos días a postuladores de candidatos a dirigir la Corte Suprema en 2014.

Uno de los nombres que aparece en la lista Clarión es el de Pineda Barales, elegido como magistrado a la corte en 2014, como parte de las cuotas del “Rey del tenis”. También aparece ahí el nombre de Rafael Rojas Cetina, quien es candidato para suceder a Thelma Aldana en 2018, al frente del Ministerio Público.

Emma Patricia Guillermo de León de Chea, quien se postuló a esta elección de fiscal, pero fue excluida por no cumplir con los requisitos básicos de la ley, fue otra de las que participó en los eventos del hotel Clarión, según las pesquisas del MP.

“El Rey del tenis” empezó a tejer su red gracias a los contactos que logró en la USAC, de donde se graduó. Su caso es hoy una muestra de cómo la universidad estatal de Guatemala también se ha visto envuelta en redes criminales que giran alrededor de la selección de actores judiciales. La USAC produce más abogados que cualquier otra universidad, por lo que sus decanos ejercen una influencia que va mucho más allá del voto que tiene en la comisión de postulación.

Apoyo. En febrero de este año, estudiantes de la USAC y líderes indígenas presentaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en apoyo a la fiscal general Aldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

“La corrupción llegó a nuestra propia casa”, decía Lenina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la USAC, el 28 de febrero de 2018 en un evento en el que empresarios, estudiantes y algunos líderes indígenas presentaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en apoyo a la fiscal general Aldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en el que la joven fue una de las principales oradoras.

La frase de García era una referencia directa a los vínculos que analistas y una parte de la prensa guatemalteca atribuyen a autoridades de la USAC con grupos de poder o de crimen organizado. Durante los últimos 20 años, la USAC ha jugado, por lo general, un rol oscuro en las comisiones de postulación, lo que ha dado pie a muchos cuestionamientos sobre todas las postuladoras en general.

“La comisión de postulación no es garantía por sí misma; se necesitan reformas. Las sillas de la comisión se convirtieron en sillas de interés particular, de grupos. La comisión se volvió política, en una mesa de intereses, y las decisiones se han tomado en reuniones privadas”, dice Marielos Fuentes de la organización no gubernamental Guatemala Visible, una de las agrupaciones de la sociedad civil que sigue de cerca este proceso de selección y cuyos representantes suelen estar presentes en todas las reuniones que ha tenido esta comisión de postulación desde que empezó a reunirse en una sala de la Corte Suprema de Justicia a finales de enero pasado.

El ICCPG es otra de las organizaciones que ha estudiado de cerca las comisiones de postulación que han elegido a los últimos candidatos a fiscales generales del país. Elvyn Díaz, su presidente, también es escéptico. “(La presencia de los decanos) se pensó como un filtro académico, pero es un sistema caduco”, dice.

Ejemplo de esto es el caso de López Villatoro. Un investigador del Ministerio Público que conoce el expediente del “Rey del tenis” dijo a InSight Crime que de esas investigaciones se desprenden nombres de personas que podrían estar representando grupos de poder con influencia en la comisión. Uno de esos nombres es el de Estuardo Gálvez, quien también influyó en la selección de las altas cortes en 2014.

Gálvez fue decano de Derecho (2000-2004) y rector (2006-2014) de la USAC. Conoce a López Villatoro al menos desde 2000, cuando, de acuerdo con una investigación de Nómada, ambos se aliaron para hacerse con el control del CANG, y desde ahí influir en las comisiones postuladoras de candidatos a las cortes.

La principal red de influencia de Gálvez, no obstante, está en la Universidad San Carlos. Gustavo Bonilla, el actual decano de Derecho de esa universidad, era el candidato favorito de Gálvez para dirigir la Facultad de Derecho y, de acuerdo con fuentes universitarias, llegó a la decanatura gracias a redes de apoyo del exrector.

El voto de Bonilla no está del todo asegurado para los intereses de las redes que le ayudaron a llegar hasta la comisión postuladora. Representantes de la AEU aseguraron a InSight Crime que Bonilla es más independiente que decanos anteriores, y que incluso podría estar a favor de seguir apoyando las reformas impulsadas por el bloque MP-CICIG.

“El del decano de la USAC es un voto que pesa y en el pasado las estructuras (de la universidad) han respondido a grupos políticos, como los vinculados al “Rey del tenis”, asegura Lenina García. “Hoy los estudiantes tenemos cercanía con el decano (Bonilla), lo apoyamos, pero le hemos exigido que vote en coherencia con los perfiles idóneos… Si no lo hace se lo vamos a hacer ver”.

Comisión de postulación

 

***

Las universidades tradicionales
A finales de febrero de este año, varias fuerzas sociales y económicas de Guatemala se unieron para apoyar la elección de un fiscal general independiente. Representantes de importantes sectores agroindustriales, financieros, de servicios y alimentos montaron un evento en el que se lanzó el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, en el que también participaron la líder estudiantil Lenina García y Helen Mack, dos antagonistas del bloque Morales-Arzú y de los rostros más visibles de los grupos que apoyan a la CICIG y al MP.

El evento fue, sobre todo, un acto simbólico, que pretendió reunir en el salón de un hotel de lujo a los espíritus que confluyeron en las calles de la ciudad en 2015, cuando grupos empresariales, estudiantes, indígenas y ONG se volcaron a las calles para exigir la renuncia del entonces presidente Pérez Molina, tras las investigaciones de CICIG y el MP que lo ponían a la cabeza de un esquema masivo de corrupción.

En varias partes del acto, los mensajes contra las decisiones de Morales fueron evidentes, como cuando tres funcionarios destituidos por el presidente en los últimos meses, y quienes habían sido colaboradores casi incondicionales de CICIG y el MP, pasaron al frente del salón y recibieron una cerrada ovación.

Esos ánimos, sobre todo los que llegan desde una parte del sector privado, parecen también evidentes en las reuniones de la comisión de postulación, que se reúne en el salón de plenos de la Corte Suprema de Justicia, en la zona 1 de Guatemala, bajo la imagen del quetzal sobre el escudo de armas del país. Ahí, desde finales de enero pasado, los 15 miembros de la comisión de postulación para fiscal general sesionan en tres mesas colocadas en forma de herradura y en sesiones abiertas al público y la prensa.

En la mesa colocada frente al público se sientan el presidente del CANG, el presidente del órgano judicial y los decanos de tres universidades privadas, la Landívar, la del Istmo y la Mariano Gálvez. El decano de esta última es, por elección de sus colegas, secretario de la comisión; los decanos de las otras dos están entre las voces más activas y escuchadas en las sesiones.

Jary Leticia Méndez Maddaleno, de la Universidad del Istmo, y Hugo Rolando Escobar Menaldo, de la Landívar, parecen haber asumido una posición de liderazgo en el bloque de universidades privadas que los analistas separan de las universidades de cartón.

Como la del Istmo y la Landívar, la Universidad Francisco Marroquín ha sido vinculada a sectores privados representados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la gremial que reúne a las élites económicas tradicionales de Guatemala.

La Marroquín, representada en la comisión por el decano Milton Estuardo Argueta Pinto, ha estado vinculada al grupo empresarial Multi Inversiones de Dionisio Gutiérrez. La del Istmo es una universidad que ha tenido vínculos financieros con el empresario Juan Mauricio Wurmser, el actual director de la empresa de publicidad Ogilvy Guatemala.

La decana Méndez mantiene el gesto serio durante las sesiones de la postuladora. Algunas veces, el rostro se insinúa por encima de bufandas con las que suele protegerse del aire acondicionado que impera en el salón de sesiones. Con ese gesto, la abogada acude a la letra de la ley para interpretar su espíritu en referencia a los requisitos que la comisión está exigiendo a los postulantes.

En la sesión del 25 de enero pasado, cuando la comisión discutió por primera vez la posibilidad de inhibir a candidatos que hubiesen defendido habitualmente a acusados de narcotráfico, crimen organizado y corrupción, fue Jary Méndez quien zanjó la discusión: “El espíritu es que no haya vínculo con el crimen organizado”, dijo en respuesta a colegas comisionados, como el presidente del Colegio de Abogados, quienes alegaban que es injusto descartar a alguien por los clientes que ha defendido.

También fue ella una de las que más defendió, en el pleno, que la comisión incorporara las sugerencias al perfil propuestas por el Movimiento Pro Justicia (MPJ), una de las organizaciones de la sociedad civil que siguen de cerca el proceso de postulación.

No siempre estas universidades tradicionales han votado como bloque. Luis Antonio Ruano es el decano de la Universidad Mariano Gálvez y ha tenido cercanía con sectores vinculados al gobierno de Jimmy Morales. En 2016 fue parte de un grupo que asesoró al presidente en una serie de reformas a la polémica Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluyó duplicar el techo permitido para la campaña electoral y un incremento en el financiamiento estatal para los partidos políticos.

El MPJ ha dicho que en 2014, cuando Ruano participó en la selección de magistrados para las altas cortes, se mostró cercano al grupo de Alfredo Cabrera, el operador político asociado con la Universidad Da Vinci.

postulación no es garantía por sí misma; se necesitan reformas. Las sillas de la comisión se convirtieron en sillas de interés particular, de grupos. La comisión se volvió política, en una mesa de intereses, y las decisiones se han tomado en reuniones privadas”, dice Marielos Fuentes de la organización no gubernamental Guatemala Visible, una de las agrupaciones de la sociedad civil que sigue de cerca este proceso de selección.

Otro factor que podría resultar decisivo son los mensajes de Estados Unidos, país que ha apoyado a la CICIG y a sus comisionados desde que la comisión llegó a Guatemala en 2006. En 2015, cuando el MP y CICIG revelaron la investigación que costó la presidencia a Otto Pérez Molina, el entonces embajador estadounidense Todd Robinson se convirtió en el apoyo más influyente del fiscal general y del comisionado.

En el proceso actual, sin embargo, el decano de la Mariano Gálvez ha estado más cerca del bloque de 10 universidades privadas lideradas por la Landívar y la del Istmo, a las que el MPJ lista hoy entre las que apoyarían la elección de un fiscal general independiente de los poderes fácticos.

El voto menos predecible del grupo podría ser el de Ángel Estuardo Barrios Izaguirre, el decano de la Universidad Mesoamericana, creada en 1971 en convenio con la Universidad Francisco Marroquín, quien se ha alineado en esta postuladora con el grupo de universidades privadas tradicionales, más cercanas al CACIF. Pero, en 2009, Barrios Izaguirre apoyó la elección de Elda Nidia Nájera Sagastume a la Corte Suprema de Justicia, una candidata que llegó aupada por el grupo del “Rey del tenis”, según denunció la CICIG entonces.

CONTEO DE VOTOS Y “BUENAS DECISIONES”
Un análisis que hizo ICCPG del proceso de selección anterior a este, en 2014, mediante el que se eligió a Thelma Aldana, determinó que en aquella ocasión los decanos de las universidades votaron en bloques de acuerdo con sus filiaciones políticas y económicas. En representación de las economías tradicionales, es decir, los capitales históricos del sector privado guatemalteco, este tanque de pensamiento listó en 2014 a cinco universidades privadas: la Landívar, del Istmo, Francisco Marroquín, Mesoamericana y San Pablo.

A favor de las llamadas economías emergentes, pobladas sobre todo por militares y nuevos capitales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) ubicó a las universidades más nuevas, como la Rural o la Da Vinci, al presidente del Órgano Judicial y a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

El CANG cuenta con dos representantes en la comisión. Uno es su presidente, Luis Ruiz Ramírez; el otro es el jefe de su tribunal de honor, Julio Dougherty Liekens. Sobre ambos abogados pesan señalamientos de ser cercanos a los grupos de poder vinculados al presidente Morales y al alcalde Arzú. (ver recuadro)

Poco más de lo mismo parece estar ocurriendo en 2018. La ley establece que es necesaria la mayoría calificada, nueve de 15 votos, para escoger a los seis candidatos que integrarán la lista que llegará al escritorio del presidente Morales. Y a finales de febrero, el MPJ presentó un estudio en el cual distinguió dos bloques: el liderado por las universidades privadas de más renombre –Landívar, del Istmo y Marroquín–, que cuenta con 10 votos, y otro en el que están la Rural, la Da Vinci, USAC, la Regional y los dos miembros del CANG.
En su análisis, el ICCPG también los divide en dos grupos: “Grupo proimpunidad y grupo que seguiría apoyando la lucha contra la corrupción”.

Sobre las universidades privadas persisten dudas. Sus intereses se han visto también golpeados por la dupla MP-CICIG. Los análisis del MPJ y otras organizaciones advertían que –a diferencia del de 2014, cuando el sector privado de Guatemala apoyaba casi sin fisuras la labor de la CICIG– en esta ocasión la embestida de la comisión y del MP de Thelma Aldana contra personas e instituciones importantes de las élites económicas, como el mismo alcalde Arzú, podía provocar que algunas de las universidades privadas se inclinaran por candidatos menos afines a la CICIG.
Hasta ahora, Carmen Aída Ibarra, del MPJ, cree que el bloque liderado por las universidades Landívar y del Istmo ha tomado “buenas decisiones” y que “la comisión ha mostrado tener buen criterio” en asuntos técnicos como el perfil y la tabla de calificación de los candidatos. Ibarra advierte que en este proceso aún no es posible hablar de las élites económicas tradicionales como un bloque.

A fin de cuentas el presidente Morales, el elector final, solo necesita que un candidato sea de su gusto.
Otro factor que podría resultar decisivo son los mensajes de Estados Unidos, país que ha apoyado a la CICIG y a sus comisionados desde que la comisión llegó a Guatemala en 2006. En 2015, cuando el MP y CICIG revelaron la investigación que costó la presidencia a Otto Pérez Molina, el entonces embajador estadounidense Todd Robinson se convirtió en el apoyo más influyente del fiscal general y del comisionado.

Luis Arreaga, el sucesor de Robinson, tiene un estilo menos público, pero también ha hecho evidente su apoyo a la CICIG. El gobierno del presidente Morales, tras el fiasco de la declaratoria de persona non grata contra el comisionado Velásquez, ha optado por cortejar a la administración de Donald Trump con decisiones como mover la Embajada de Guatemala en Israel a la ciudad de Jerusalén y a través del cabildeo a sectores evangélicos cercanos al vicepresidente Michael Pence.

En Washington, fuentes diplomáticas dijeron a InSight Crime que la posición de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sigue a favor de la elección de un fiscal independiente, o sea, pro CICIG. Un funcionario del Congreso advirtió, bajo condición de anonimato, que la elección de un jefe del Ministerio Público con vínculos evidentes a grupos de crimen organizado podría provocar que el Departamento de Estado no valide la certificación de combate a la lucha contra la corrupción en el país, la cual es necesaria para que Estados Unidos desembolse fondos de cooperación. La certificación está detenida desde septiembre de 2017, poco después de que Morales intentara expulsar al comisionado Velásquez.

No es poco lo que está en juego en Guatemala. Sin importar las alineaciones políticas de quien responda, es claro que el futuro institucional del país pasa por el control inmediato del Ministerio Público, el ente que en los últimos años, junto a la CICIG, ha desenmarañado, como nunca antes, los complejos entramados de corrupción y los intereses que históricamente han operado desde el Estado. Además, son intereses que han terminado infiltrados en las mismas instituciones de las que se nutre la comisión de postulación para la elección del fiscal general.

En este tablero político, los filtros que la ley otorga a las facultades de derecho resultan caducos e intrascendentes. La transparencia sigue pareciendo un bien escaso en un mapa que incluye a universidades creadas por operadores con evidentes vínculos a grupos de poder enfrentados a la justicia, a una universidad estatal plagada aún por las sombras de un pasado de corrupción, y a un bloque de instituciones privadas susceptibles también de la influencia de sus financistas.

* Una versión más extensa de este artículo fue publicado originalmente en el sitio InSightCrime.org.


 

 

 

Comodín Morales-Arzú: El CANG

Unión. Entre el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú se ha formado un bloque que da batalla en contra de la CICIG.

Tener el control del Ministerio Público (MP) de Guatemala significa controlar la investigación criminal, lo que no es poco en un país en el que cinco de los últimos siete presidentes han sido procesados o investigados por delitos de corrupción. Dos de ellos están en prisión.

Sin el MP, el impacto de las investigaciones de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sería menor: la comisión internacional tiene facultades de investigación, pero solo la Fiscalía tiene potestad legal de acusar en los tribunales.

La ofensiva frontal de Jimmy Morales contra la comisión internacional inició el 26 de agosto de 2017, cuando el presidente firmó un documento en el que declaró persona non grata a Iván Velásquez, el magistrado colombiano que es jefe de CICIG desde 2013, y le ordenó que abandonara inmediatamente el país. Presiones de Naciones Unidas, el principal soporte político de la CICIG, y de otros países cooperantes con Guatemala, como Estados Unidos y Suecia, evitaron la salida de Velásquez e hicieron retroceder temporalmente a Morales.

Los enemigos de Velásquez están bien instalados en la comisión de postulación. Uno de ellos es Luis Fernando Ruiz Ramírez, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). De todos los abogados presentes en la comisión, es el más solemne. Vestido siempre de oscuro estricto, el pelo engominado hacia atrás en líneas perfectas, suele esperar unos segundos antes de hablar. Cuando lo hace recuerda a uno de esos catedráticos de aula magna, que hablan como si recitara. Y cuando habla en la comisión es enfático, sobre todo cuando dice hacerlo en nombre de los colegas a quienes representa.

El 29 de enero pasado, durante la tercera sesión de la comisión, Ruiz Ramírez tomó la palabra, por segunda vez en la semana, para interceder a favor del derecho a postularse de colegas que han defendido habitualmente a implicados en narcotráfico, crimen organizado o crímenes de cuello blanco. Esto a pesar que el día anterior los otros comisionados y él mismo habían votado por inhibir a esos profesionales de participar.

“Voy a estar pendiente para que todos los expedientes sean estudiados […] para que sean considerados sin importar a quien hayan defendido […] para que nos apeguemos a lo que dice la Constitución”, advirtió el presidente del CANG.

En discusión de aquel día también estaba la tabla de gradación en la que los comisionados basarán su evaluación de los candidatos; la ponderación que darán a los títulos académicos, la experiencia profesional y el paso por la judicatura, así como a señalamientos contra ellos en instancias oficiales. Sobre el último punto, Ruiz Ramírez fue uno de los que insistió en que esos señalamientos se incluyeran como tachas de los postulantes solo si sobre ellos pesaban sentencias definitivas.

El propio Ruiz Ramírez es objeto de una investigación. La magistrada María Cristina Fernández, suplente de la Corte de Constitucionalidad, ha acusado a Ruiz de haber amañado un proceso interno del colegio de abogados para intentar responsabilizarla de tráfico de influencias. No es casualidad que Fernández emitiera uno de los votos que evitó la expulsión de Iván Velásquez cuando la Corte Constitucional resolvió a favor del colombiano un amparo interpuesto tras la petición del presidente Jimmy Morales de sacarlo de Guatemala.

El 28 de enero pasado, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y una de las activistas más reconocidas en la lucha contra la impunidad en Guatemala, denunció a Ruiz Ramírez por las supuestas irregularidades en el proceso que el tribunal de honor del CANG siguió contra la magistrada Fernández. Mack pidió la inhabilitación del abogado.

Mientras tanto, Ruiz Ramírez se ha mostrado fiel a Jimmy Morales y a los bloques de poder cercanos que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la república, según cinco fuentes consultadas por InSight Crime en Guatemala, entre ellas miembros de organizaciones de la sociedad civil y diplomáticos.

El currículum de Ruiz también revela otros puntos de conexión. El abogado fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, uno de los cuerpos de inteligencia más importantes del país, durante el gobierno del Partido Patriota de Pérez Molina. Y fue catedrático de un doctorado en seguridad del que el presidente Morales fue alumno.

Al CANG también lo representa en la comisión postuladora el actual presidente del Tribunal de Honor, Julio Enrique Dougherty Liekens, quien fue funcionario municipal durante la primera gestión de Álvaro Arzú, entre 1986 y 1990.

La planilla por la que fueron electos Ruiz y Dougherty, que ha sido vinculada a Freddy Cabrera, fue impulsada por un grupo de abogados liderado por Ruiz, cuando se desempeñaba como presidente del tribunal de honor.

Julio Enrique Dougherty Monroy, hijo de Dougherty Liekens, es viceministro de comercio exterior del Ministerio de Economía en el gobierno del presidente Morales y también sirvió bajo las órdenes de Arzú en la alcaldía capitalina. A pesar de todos esos vínculos, el presidente del Tribunal de Honor del CANG dice que él, como postulador de los candidatos a fiscal general, no se debe más que “al pueblo guatemalteco”.