Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero

Lavado de dinero – Ilustración de Moris Aldana

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos es el narcotráfico. Naciones Unidas calcula que en los países de las Américas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

El 12 de septiembre de este año, el comité del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narcóticos se reunió para discutir cuáles serán los nuevos pasos a seguir por ese país en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se presentó un mapa que incluía eventos marítimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y México. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotráfico transnacional.
En cuanto a El Salvador, apenas unas líneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la nación comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra más de que el país no es una ruta habitual del traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Proceso. Un fiscal y un policía al momento de allanar las oficinas del venezolano Edward Ali Perdomo y del panameño Rinat Hiram Guardia.

Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país en el contexto del narcotráfico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por más de 10 años en investigaciones de alto nivel en el país, nuestra nación debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotráfico en la misma línea que Panamá, Ecuador y Estados Unidos, todas economías dolarizadas.

Una opinión que converge con el señalamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos, que definió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicación geográfica y su economía dolarizada.

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los estándares internacionales contra este delito y convertir al país en un sitio un poco más blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los últimos años, entre las que destacan la disminución del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.

Las reformas a la ley también han pasado por la inclusión dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde están casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposición, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como única misión avisar a la UIF de cualquier anomalía.

Las empresas del sector formal, además, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulación.

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.

Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.

Eso las pone fuera de la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodologías ni personal especializado para vigilar entidades financieras, según es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su página web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Esta semana se solicitó una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cuáles son los mecanismos de control que la institución que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petición.

En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito: 463 de un universo de 1108, según el último directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el país existe la posibilidad de colocar más de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.

Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: él también pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios años tratando de cuajar en El Salvador. La modificación más importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
Sin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, según un artículo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GRÁFICA en junio de 2017. Para Héctor Córdova, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), el cambio sería negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una dinámica más mercantil.

Por otro lado, aseguró que una medida como esa haría quebrar a muchas cooperativas, que no contarían con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulación.

 

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El diputado. Wílber Rivera Monge fue sentenciado a 12 años de prisión por su calidad de coautor
en una estructura dedicada al lavado de dinero. Es uno de los pocos casos complejos de lavado
de dinero que han terminado en una sentencia condenatoria en El Salvador.

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.

“¿Y toda esa masa de dinero, de dónde viene?”, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo están vacíos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada día atendieran a unas 100 personas.

“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros”, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administración tributaria buscó anomalías en un negocio de este tipo, que se cayó por falta de pruebas. Ahí se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Igual mecanismo ve en algunas pequeñas compañías que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, llegó a las cortes del país.

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el panameño Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compañía telefónica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, así, bajar su costo.
El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compañía telefónica que había sido afectada por esta actividad.

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio ilícito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de dólares al año, de los que, en realidad, se desconocía su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprobó que había sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El presunto pago por el servicio, según el exfuncionario, habría funcionado para bajar esa masa de dinero a través de canales lícitos. El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compañías de telefonía y la pequeña empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo estén siendo utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del país deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas políticamente expuestas, como los funcionarios públicos.

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Dos hombres guatemaltecos y un nicaragüense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.

Un miembro de la Policía Nacional Civil se encargó de hacer la revisión de rutina. Al primero que entrevistó fue a uno de los guatemaltecos, Wálter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le preguntó por los motivos por los que visitaría Nicaragua, a lo que respondió que era porque un amigo lo había invitado. Los nervios con los que contestó la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continuó con su revisión.

El siguiente fue el nicaragüense Marlon Anastacio, quien se presentó como un instructor de caballos que había estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le preguntó si conocía a Wálter Adolfo, a lo que respondió que no. El último en la mira del policía fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.

Con un poco más de aplomo que su compatriota, respondió que iba a Managua a ver unos caballos y que la única carga que lo acompañaba era la mochila que llevaba en la mano. El policía decidió pedirle la maleta para revisarla. Ahí, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certificó sus sospechas. Pidió a los tres que bajaran del bus.

La policía le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrapó en flagrancia y ninguno tenía documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se habían preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

El proceso en los tribunales tardó tres años en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontró culpables a los imputados. Se limitó a decretarles tres años de prisión, los que fueron cambiados por igual período de trabajos de utilidad pública. También se decretó que los tres hombres deberían abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendrían permiso de entrar al país por los próximos cinco años.

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a través de una frontera aérea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadoreñas.

En 15 años de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscalía General de la República ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien más. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.

Uno de los más representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián y al exdiputado suplente Wílber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República construyó 40 casos para demostrar la participación de más de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigación financiera y en la declaración de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Larín y Jorge Roilan Hernández Mena.

Muchos de los casos tenían que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre países a través de medios convencionales de transporte aéreo y terrestre. Uno de los elementos que más tomó en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.

En el caso de Rivera Monge, se logró establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario aseguró que entre 2004 y 2013 había ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a través de ellas habían circulado millones de dólares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces más de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consideró sospechoso fueron las extrañas operaciones comerciales realizadas con automóviles e inmuebles, pues tras adquirirlos reducía drásticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hacía por una cantidad mucho menor.

“Ha generado una pérdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacción”, aseguró el juez. Un análisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibrián y con el resto de imputados.

Para este juicio, la Fiscalía General contó con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibrián por narcotráfico, con lo que se establecía de manera cristalina que esas cantidades de dinero provenían de actividades ilícitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. ¿Qué pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?

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Extranjero. El estadounidense Blake Merriw Wrigth fue hallado culpable por el delito de casos especiales
de lavado de dinero, pues al entrar al país traía un dinero que no había declarado.

¿Cuán intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavandería Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus cifras en inglés), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.

Gracias a tal esquema, un enigmático grupo criminal logró mover $20,000 millones de la Federación Rusa hacia Europa y dejarlos incólumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupción en el Gobierno de ese país europeo o con la gran criminalidad organizada.

Como explican los reporteros en el texto de presentación del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compañías registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establecía un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no existía tal préstamo.

Ambas compañías no tenían dueños claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un paraíso fiscal. Para este caso en específico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todavía no se ha puesto la atención suficiente.

En todos los casos, los contratos de los préstamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que había desembolsado el falso préstamo exigía su pago. Cuando esto ocurría, la compañía deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero debía salir de la sociedad rusa que había servido como garante del préstamo.

Para eso, la empresa que exigía el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este pequeño país, el más pobre de Europa. Ahí un juez emitía una orden judicial “certificando” la deuda como real y ordenando a la compañía rusa que pagara.

Luego, la empresa rusa transfería ese dinero sucio a una cuenta creada por la compañía “prestadora”. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compañía “prestadora”, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba incólume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Unión Europea, respaldado por una orden judicial.
En cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que podían ir de los $100 millones hasta los $800 millones.

En el esquema de la Lavandería Rusa, más de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres años, emitieron más de 50 órdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un país como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces están ahora bajo investigación mientras que otros han renunciado.

La primera transacción relacionada con la Lavandería Rusa ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando una compañía británica llamada Valemont Properties Limited presentó una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un préstamo que había hecho a otra compañía del Reino Unido. Los titulares de esa garantía eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compañías rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
¿Cuántos otros esquemas parecidos a la Lavandería Rusa habrá en el mundo? ¿Existirá una de igual magnitud en América Latina? ¿Será El Salvador uno de sus participantes?

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El de Rivera Monge y Ulloa Sibrián fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El último de ellos fue el de Ismael Cisneros, más conocido como “Medio Millón”, vinculado al cártel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cuñado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a través de negocios lícitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefonía. ¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.

Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, la respuesta también pasa por cumplir a rajatabla los estándares internacionales, que impidan que los criminales actúen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que estén fluyendo ríos de dinero ilícito en un “refugio ideal para el lavado”.

¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Lavado de dinero

Agresores sexuales que visten de policías

Abuso. Agresores sexuales que visten de policías. Ilustración de Moris Aldana.

Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia después de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo, la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle.

Ambas pasaron cerca de un grupo de cuatro policías, a los que aquella mujer, que presentaba lesiones leves, puso en alerta. Fue allí cuando la capturaron. Karen fue esposada y subida a la cama de la patrulla policial. Pero esta no tomó el camino habitual hacia la Subdelegación de Izalco, a la que hubiera llegado en apenas unos minutos.

El automóvil, más bien, salió del casco urbano en dirección a la carretera hacia Sonsonate y se detuvo en un punto en esa zona boscosa que rodea al turicentro Atecozol. Según lo narró Karen en la audiencia inicial que enfrentaba por el robo que había cometido en la madrugada, los cuatro policías la bajaron de la cama del pick up para tocarla.

Uno de ellos tomó especial interés en el abuso. El mismo que unos minutos después la obligó a hacerle sexo oral frente a la mirada de sus compañeros. La moneda de cambio era respetarle su vida. Ella, una delincuente, estaba a merced de sus captores, vestidos con el uniforme azul oscuro.

Según la fiscal del caso, Karen no dijo nada de lo que había pasado ni siquiera cuando uno de sus familiares se acercó a la sede policial. Fue hasta que se encontró frente a un juez que decidió contarlo. Se trataba de una joven que hace solo unas horas había golpeado a una indigente para robarle, por lo que lo narrado podía parecer un argumento para aminorar sus problemas.
Pero un elemento poderoso la respaldaba: la novedad de su captura fue reportada en la Subdelegación de Izalco apenas se le aprehendió, alrededor de las 2 de la mañana. Ella y los cuatro policías no llegaron hasta la sede policial sino hasta un par de horas después. No existía ninguna justificación para la tardanza. Eso hizo que los fiscales correspondientes tomaran en serio los señalamientos de la joven.

El caso llegó hasta las primeras instancias de su judicialización y se giraron órdenes de captura contra los cuatro agentes. Estos, sin embargo, quedarían muy pronto en libertad, pues en el juzgado decidieron otorgarles medidas sustitutivas a la detención. Los cuatro fueron trasladados a otras zonas. La Fiscalía remitió informe a la Inspectoría General de Seguridad Pública para que se iniciaran procesos sancionatorios contra los agentes.

“Es lo que pasa en la mayoría de casos. Lo hemos visto en procesos que llevan otras unidades. Al policía se le traslada a otro lugar, o los ponen en labores de seguridad pública, o los bajan de rango, digamos que a los que son investigadores los ponen de patrulleros. Pero una suspensión nunca la he visto. Media vez no haya sentencia condenatoria, no los remueven”, comenta la fiscal del caso de Karen.

Infográfico.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, asegura que la medida del traslado se toma por un tema de “sanidad”, “porque no es conveniente que esa persona continúe allí”. Pero no se puede suspender a un agente sin agotar totalmente una investigación, sin seguir el debido proceso. “Suspender a alguien mientras no se le haya demostrado su falta sería una arbitrariedad”, dice.
Un poco después de un año de iniciado, el proceso de la adolescente se encuentra en el archivo. La razón es simple: Karen, que también debía enfrentar un juicio por el robo a la indigente, desapareció del radar de fiscales y policías. Cuando dieron con uno de sus familiares, su abuela, les aseguró que la menor había migrado a Estados Unidos.

Por eso, no se pudieron completar algunas diligencias esenciales para la causa: el peritaje psicológico y un nuevo reconocimiento en rueda de personas, para que de esa cuadrilla identificara, otra vez, a la persona que la había obligado a introducir el pene en su boca, mientras los otros tres los observaban.

A pesar de que todos eran acusados de cometer el delito de otras agresiones sexuales, era necesario, para individualizar responsabilidades, definir quién de los cuatro se podría enfrentar a una pena de seis a 10 años por haber tenido acceso carnal bucal, es decir, por haber obligado a la víctima a practicarle sexo oral. Los restantes tendrían ante sí condenas de tres a seis años.

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En la calle. La de los agentes, la más numerosa, fue la categoría policial más denunciada ante la Inspectoría General de Seguridad entre 2012 y 2016.

Según esta fiscal de Sonsonate, al menos en la sede de ese departamento son poco frecuentes las denuncias contra un policía por delitos sexuales. En 2016 solo vieron el caso de Karen; hasta esta fecha en 2017, solo se reporta la acusación contra un policía que acosó sexualmente a un joven de 16 en los baños del mercado municipal de Nahuizalco durante un procedimiento.
Sin embargo, apunta, no es porque no suceda nada: Tras un procedimiento, alguna víctima puede quejarse de algún tocamiento inapropiado de un policía, e iniciar con los primeros estadios de una denuncia. Pero cuando llega el momento de acercarse a la sede fiscal para hacer un reconocimiento, ya nadie se presenta.

“La gente no denuncia por el mismo temor, porque la Policía también está plagada de corrupción ahorita, saben que al denunciar ese tipo de delitos pueden verse involucrados en otras cosas peores. La gente considera que no es tan delicado algo sexual si lo comparan con perder la vida”, comenta.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una joven veinteañera de una populosa colonia de Cuscatancingo a la que un policía, en un cateo aparentemente rutinario de 2016, le introdujo los dedos en la vulva, presuntamente para cerciorarse de que allí no escondiera droga. O el de Marina (otro nombre ficticio), una adolescente a la que ese mismo año un agente en Mejicanos obligó a desnudarse por completo, supuestamente para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos. Ambas aceptaron hablar con esta revista con la condición de no revelar sus nombres ni detalles demasiado específicos que pudieran identificarlas. Y ambas dejaron pasar el hecho sin acercarse a alguna instancia para depositar su denuncia. Ya no viven en sus antiguos hogares.

Por lo tanto, no forman parte de las estadísticas que la Fiscalía General de la República ha reportado con respecto a delitos sexuales cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada. Para los primeros, el consolidado desde enero de 2013 hasta marzo de 2017 indica que hasta 96 casos se iniciaron en una sede fiscal a través de una denuncia por este tipo de crímenes presuntamente cometidos por miembros de la corporación. En el caso de la FAES, la cifra es mucho menor: 39.

La tipificación va desde el acoso sexual hasta la violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. No todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que le da su cargo. Varios, sí.

Como el proceso que condenó a Marlon Isabel P. a ocho años de prisión por la violación agravada contra una adolescente de 16 años de edad. Según los hechos que se reconstruyeron en el expediente, Marlon apareció vestido con su uniforme policial en la casa donde residía su víctima, en la que ya había estado para visitar a la madre de esta. A unos metros de allí, sus compañeros de patrulla lo aguardaban.

En la tarde del 30 de diciembre de 2013, el agente se acercó a la vivienda preguntando por la madre. Al comprobar que no estaba, le pidió un vaso de agua a la adolescente. Esta dejó la puerta entreabierta, quizá confiada en que nada podía pasarle con un agente de la autoridad parado justo allí, en el umbral de su casa.

Marlon aprovechó para ingresar. Cuando la adolescente regresó con la bebida, la jaloneó para que entrara al cuarto de la madre; allí la desnudó y la tumbó en la cama. Él también se quitó el pantalón de su uniforme, que ahora servía como perfecto símbolo de intimidación. La nena lloró cuando penetró en su cuerpo, pues nunca había tenido una relación sexual. El llanto y los gemidos de dolor hicieron que el policía parara y, arrepentido, se disculpara para abandonar la casa en el acto. Cuando la madre regresó ese mismo día en la noche, su hija le contó todo.

La señora decidió denunciarlo en la misma subdelegación donde estaba destacado. En el inmueble estaba Marlon ataviado con el uniforme azul oscuro con el que juró servir y proteger a sus conciudadanos. Fue capturado y remitido a una bartolina.

Otro caso en el que un policía se aprovechó de su investidura para cometer un delito sexual es el de un agente al que llamaremos Orlando, todavía a la espera de una sentencia en firme. Según la víctima, conocía al imputado desde hacía un tiempo, periodo en el que, constantemente, le insinuó su deseo por ella. Él ya le había dicho que era policía y que podía encontrarlo en una delegación de San Salvador.

La víctima fue capturada en mayo de 2013 en un procedimiento por extorsión y llevada, precisamente, a las bartolinas de esa sede policial. Como uno de los encargados de los reos estaba el agente Orlando. Desde que entró, cuenta la víctima, le dijo que no iba a dejar pasar esa oportunidad para cumplir sus deseos: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”

Tribunales. Entre 2012 y 2016 hubo 18 procesos contra policías por delitos contra la libertad sexual. El Estado ha sido denunciado ante la CIDH por ejecuciones extrajudiciales.

A las 9 de la noche de ese día, el hombre, solo vestido con una camisa y en ropa interior, fue a acostarse a la misma colchoneta donde estaba la víctima. Ella, que ya estaba dormida, logró despertarse y le exigió que se alejara. Para su sorpresa, el agente se fue después de no mucha insistencia.

Pero el acoso no terminó allí: más tarde, mientras ella dormía de lado, fue despertada por una mano en su pierna, que la haló obligándola a quedar boca arriba. Era, de nuevo, el policía, quien alcanzó a desabrocharle la pretina de su pantalón para tocarle su vagina. Ella forcejeó y se defendió como pudo, por lo que las cosas no pasaron a más. El acoso, dice la víctima, no terminó hasta que la otra agente que estaba a cargo de la bartolina en ese turno la auxilió, llevándosela al cuarto donde ella descansaba. El testimonio de la señora fue apoyado por el de la mujer policía que también la custodiaba, no punto por punto, pero sí evidenció que la víctima, desde que entró, había advertido su temor hacia Orlando.

Si es encontrado culpable, el policía podría enfrentar hasta a 13 años de prisión, pues se trata de una agresión sexual agravada. El elemento que transforma la tipificación del delito es que la persona que cometió ese abuso era la “encargada de la guarda, protección y vigilancia de la víctima”.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Por eso es interesante cruzarlo con los datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública obtenidos por ORMUSA en su informe “Violencia Institucional contra las Mujeres. Avances y Desafíos”, publicado este año.

El periodo estudiado en dicho informe va desde enero de 2012 hasta marzo de 2016. En ese plazo, la inspectoría abrió 27 procesos administrativos por violación, 29 por agresión sexual y 34 por acoso sexual. Al analizar la información por año, es posible determinar que la apertura de procesos ha venido a la baja: con respecto de los tres delitos referidos, se pasó de 30 en 2012 a 17 en 2015, el último año entero contabilizado en la muestra.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Pero según Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, en el derecho internacional existe una figura llamada principio de unicidad, en el que el Estado responde por los actos que cometen sus agentes dentro de su competencia, pero también al margen. En este sentido, el Estado no puede tener entre sus filas a alguien que vulnera la ley.

 

 

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Esta historia no trata sobre el abuso de un policía en el marco de sus funciones, pero da cuenta de las ventajas que un agente que pertenece a la corporación puede tener a la hora de enfrentar un proceso judicial.

Al policía lo llamaremos Arquímedes, pues el expediente judicial que recoge su caso protege su identidad utilizando solo las primeras letras de sus dos nombres y sus dos apellidos. Arquímedes fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a dos niños de 10 años de edad, quienes no lo conocían antes de que sucedieran los hechos.
El agente, además, se aprovechó de los recursos propios de su cargo para ejecutar los delitos: en tres de las cuatro ocasiones en que abusó de los niños, los amenazó son su pistola de equipo para que se sometieran a su voluntad. Luego aseguró su silencio al decirles que los asesinaría a ellos y a sus familias si contaban alguna cosa.

El agente fue capturado en flagrancia un poco después del mediodía del 29 de octubre de 2013. Ese día, la madre de uno de los niños llamó a la Policía para avisarles que el hombre que, según contaron los pequeños, había abusado sexualmente de ellos en al menos cuatro ocasiones se encontraba nuevamente en el lugar donde se habían perpetrado los abusos, de la misma forma que en las ocasiones anteriores, con su motocicleta detenida a un lado del desolado camino rural. Arquímedes fue liberado tras 72 horas, pero fue recapturado unos días después en la Subdirección de Tránsito Terrestre, la misma en la que servía.

Ya en el juicio, uno de los argumentos utilizados por la defensa para exonerar a su cliente de culpa fue que el imputado no era la misma persona a la que la Policía había capturado en flagrancia el 29 de octubre de 2013. La prueba que sustentaba las palabras de los abogados era el acta de registro de salidas que todo agente debe firmar cada vez que se retira de la sede policial donde labora.

En el acta correspondiente a esa fecha, sostenía la defensa, se reflejaba que Arquímedes había salido a la 1:30 de la tarde, por lo que era imposible que estuviera en el sitio donde se cometían los abusos a la hora en que se dio la captura.

El juez analizó con detenimiento el documento y concluyó que contaba con muchos elementos que apoyaban la tesis de que era falso; porque pudo observar, en un primer vistazo, que había una enmendadura con respecto de la fecha. Allí donde decía “29 de octubre de 2013” también se alcanzaba a observar “29 de diciembre”.

Al juzgador también le llamó la atención que el primer agente que se retiró ese día, el que aparece en la primera posición, indicó su salida a las 3 de la tarde. Arquímedes, que estaba muchas casillas más abajo en el puesto 16, puso como su hora de retirada la 1:30 de la tarde, hora y media más temprano. “Eso está como que en una carrera atlética de 100 metros le diéramos el primer lugar al número dieciséis”, escribió el juez.

Otra explicación a ese detalle la dio uno de los policías que declararon como testigos en el juicio, quien dijo que las actas de salida están en un área de la oficina a cargo del comandante de guardia y que este “a veces se ausentaba”, por lo que era posible que se anotara cualquier nombre sin ninguna supervisión.

La otra irregularidad fue en la rueda de reconocimiento del sospechoso. La defensa alegaba que debía eliminarse esa evidencia, pues los niños no habían identificado a Arquímedes en una primera oportunidad, el 7 de febrero de 2014, sino hasta en una segunda ocasión, justo un mes después.

Para el juez, este nuevo reconocimiento fue necesario porque el imputado, en la de febrero, se presentó al proceso con la barba y el pelo largos, lo que le daba un aspecto muy diferente a aquel con el que lo habían conocido los niños. Desde la Policía se informó que eso ocurrió porque Arquímedes no había podido rasurarse ni cortarse el cabello porque está prohibido hacerlo en el sitio donde guardaba prisión preventiva, las bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre.

 

“Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

 

El juzgador concluyó que se trataba de una artimaña, pues a las audiencias y al segundo reconocimiento sí había podido acudir sin barba y con el pelo recortado. El juez, además, se apoyó en el testimonio de uno de los adolescentes, que aseguró, de manera espontánea, haber podido reconocer a Arquímedes cuando lo capturaron en flagrancia el 29 de octubre de 2013. También aportó variadas descripciones físicas del imputado, sobre todo referentes a su voz y a la complexión musculosa de su cuerpo.

El juez, por tanto, dio por válidos los testimonios de ambos niños, que fueron certificados con multitud de pruebas testimoniales, documentales y con los peritajes físicos y psicológicos, que indicaron que se trataba de infantes abusados sexualmente.

El 12 de septiembre de 2014, Arquímedes escuchó su sentencia: 20 años por el delito de violación en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de uno de los infantes, pues se certificó que había existido penetración anal; 12 más por el de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada contra el otro pequeño, quien manifestó que Arquímedes “le había rozado el pene en medio de las nalguitas”.

La defensa intentó impugnar la decisión, pero la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Santa Tecla, denegó lo solicitado y declaró en firme la sentencia del juez.

 

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Para Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, que un agente se valga de su rango para cometer un abuso tan grande como una agresión sexual es algo grave, pues se sale del marco de lo legal. No hay ninguna justificación. Sin embargo, sostiene, la institución a la que él dirige es una con “una disposición absoluta a investigar”. Algo que contrasta con las numerosas denuncias de víctimas de abusos, que sostienen que los mecanismos disciplinarios de los cuerpos de seguridad están hechos para la impunidad.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), asegura que, entre los muchos casos en los que acompaña la entidad, casi todos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. No hay ni uno solo correspondiente a delitos de abuso sexual, aunque, comenta, eso “no quiere decir que no se estén dando”.

Sí afirma que en el marco de casos de malos tratos o detenciones arbitrarias, en 2017 hasta 14 jóvenes han denunciado que miembros de la PNC han introducido sus bastones en su ano, lo que constituye el delito de otras agresiones sexuales: “No sé si serán los únicos, pero han sido pasajes muy difíciles de confesar por parte de estas personas. La humillación es tanta que la víctima a veces no tiene la capacidad de transmitir todo eso”.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, es difícil conocer en toda su dimensión el fenómeno debido a que está marcado por una imposición de silencio, que se hace más intenso cuando el abuso viene de una figura de autoridad que está armada. “Creo que yo me sentiría menos amenazada frente a un juez que frente a un policía”, acota la experta.

La institución ha realizado una investigación entre 2015 y 2016 que les ha dejado un importante hallazgo, que se repite en los testimonios de varias mujeres, sobre todo menores de edad: que ahora en las comunidades dominadas por pandillas, las mujeres viven en una especie de limbo de fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se enfrentan a los pandilleros, los que tienen cooptado el territorio e imponen su ley: algunas pueden ser tomadas como esclavas sexuales, pues son elegidas, no son ellas las que deciden tener relaciones íntimas con personas de estas estructuras. Por el otro lado, están los policías. Juárez pone un ejemplo y habla de testimonios en los que menores de edad comentan que, al salir de la escuela, hay policías o soldados que las acosan.

Al rechazarlos, cuenta Juárez, los miembros de los cuerpos de seguridad les insinúan que lo hacen porque son la pareja de un pandillero, y toman nota de su identidad y del lugar donde viven: “Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

Un contexto que, al recordar uno de los casos expuestos en estas páginas, hace pensar en la vida diaria como una enorme bartolina, una en la que, como ocurrió con la víctima en esa delegación, un policía le pueda decir a una mujer: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”.

Agresores sexuales.

El llamado de la poesía

Educación. Vladimir lee un poema de su libro “Tufo” a alumnas del Instituto Nacional Francisco Morazán, en San Salvador. Tras ello, responde preguntas de las adolescentes.
La obra. Vladimir posa con sus libros de obra propia y antológicos, que han sido publicados en sellos como la DPI, Índole Editores, Zeugma, Laberinto y Equizzero.

“Tengo la sensación de que timé a mi familia. Bien hubiera podido ser un doctor, un abogado o un comerciante, algo que me diera ingresos fijos, algo que me permitiera independizarme de la casa de mi madre. Pero les salí poeta”, comenta Vladimir Amaya frente a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional Francisco Morazán, para las que ha llegado a leer su quinto libro de poemas, “Tufo”.

Lo hace mientras comparte, por tercera vez en esta semana, su obra con jóvenes de educación media, que dentro de un momento lo acribillarán con preguntas relacionadas, sobre todo, con el milagroso hecho de hacer poesía en El Salvador.

Son las palabras expresadas por la misma persona a la que voces tan importantes como las de Miguel Huezo Mixco, Otoniel Guevara o David Escobar Galindo consideran una de las mejores plumas de la Centroamérica actual, el llamado a inscribir su nombre con letras doradas en la tradición de la gran poesía latinoamericana.

A sus 32 años, Vladimir puede jactarse de que su nombre está inscrito al frente de al menos una treintena de volúmenes. Ocho de ellos corresponden a su obra poética original, una que comenzó con “Los ángeles anémicos” (2010), reflexión en verso de los dos extremos que moldearon su fe: una madre católica hasta los tuétanos y un padre que se declaró ateo “a los 14 años”, según el mismo lo cuenta.

Luego han venido otros títulos que comparten con el primero una característica primordial: una unidad en tono, atmósfera y tema que no admite concesiones. En una época en que la poesía y el arte en general se han inclinado por el signo de la divagación, la apuesta técnica de Amaya es una declaración de rebeldía. Una que se funda en el rigor.

El mismo rigor que le ha aplicado a una de las facetas por las que es más conocido: la de antologador. O, si se permite la licencia, de arqueólogo de la cultura, uno que bebe de las más variadas fuentes para ordenar, sistematizar y actualizar el corpus de la poesía que se ha escrito en El Salvador, y hacerlo para un nuevo público, uno que quizá todavía ignore la magnitud del esfuerzo.

Un esfuerzo en el que dialoga y critica a esa lista de grandes autores, de grandes títulos a los que se debe leer. Ese corpus que se conoce como canon, que, según la historiadora Elena Salamanca, fue instaurado en la década del treinta del siglo pasado. Así, Amaya incluye, por ejemplo, a autores que hablaron de la masacre del 32 apenas unos años después de ocurrida.

Hasta el momento, Amaya ha publicado seis títulos en los que reúne la obra ajena de sus compatriotas de todas las épocas. El primero de ellos fue “Una madrugada del siglo XXI” (2010), una suerte de carta de presentación de los poetas que integran su misma generación. Allí asomaron la cabeza algunos de los nombres que hoy definen la poesía que se escribe en El Salvador, como Mario Zetino.

Pero ninguno es tan ambicioso como “Torre de Babel”, al que le ha colocado el curioso subtítulo de “Antología de la poesía salvadoreña joven de antaño”.

Un edificio de libros. Los 18 tomos de “Torre de Babel” inician con un prólogo, “El exordio oscuro”, que ocupa todo el primer volumen de la colección.

Dieciocho tomos en los que rescata a los escritores que nacieron incluso cuando esta parcela de tierra no era llamada aún El Salvador, como Isaac Ruiz Araujo, considerado como el primer poeta lírico en la historia nacional. Para esa parte, la más alejada en el tiempo, sus fuentes principales, como lo declara el compilador, fueron las dos más antiguas antologías de la producción nacional: “Guirnalda salvadoreña” y “Parnaso salvadoreño”. Pero su mayor aporte para ese periodo es, quizá, la inclusión de dos autoras mujeres que ya no estaban en el mapa: Antonia Galindo y Ana Dolores Arias.

Lo mismo pasa en los siguientes tomos. Las autoras femeninas ocupan un 30 por ciento del espacio total. Un porcentaje importante teniendo en cuenta la sociedad en la que desarrollaron su obra, una en la que el talento femenino ha sido tradicionalmente suprimido.
La muestra llega hasta los poetas nacidos en las últimas dos décadas del siglo XX, a los que agrupa en “Los huérfanos grises”, donde la mayoría de autores son mujeres.

“Torre de Babel” es, sin duda, la más completa compilación de poesía que se ha hecho en toda la historia de El Salvador, que bebe de todos los trabajos precedentes. Pero no solo eso: también va a las fuentes originales y rescata nombres que el olvido y el polvo parecían ya tener atados en sus dominios.

“Lo que puedo decirte es que es un esfuerzo titánico, ese adjetivo le viene bien. Un esfuerzo en apariencia inconmensurable que se hizo conmensurable porque él lo pudo reunir a través de varios tomos”, comenta Elena Salamanca, quien también ha sido incluida en las antologías.

 

Un esfuerzo de un solo hombre

Para erigir su edificio, en el que caben cientos de autores, Vladimir Amaya no contó con más que con él mismo y los días y noches que le dejaba libres la carrera de Licenciatura en Letras.

En este restaurante de San Salvador, Amaya recuerda cómo fue esa aventura, una que justo en 2017 cumple 10 años de iniciada. Jornadas y jornadas enteras de búsqueda en pequeñas bibliotecas municipales o en antologías ya olvidas y que solo se conocían en la ciudad en la que fueron compuestas, o en las más variadas publicaciones periódicas de los pasados dos siglos. Allí encontró poetas populares que eran conocidos solo en sus lugares de origen, como Sonsonate y Morazán.

Cuando los celulares con cámaras aún no eran tan accesibles, Amaya tuvo que echar mano de lo más básico y barato: lapiceros y un cuaderno para anotar, de su puño y letra, cientos y cientos de versos. Luego, al llegar a casa, los transcribía en su computadora. Así se fue haciendo de un envidiable material, que, por cierto, solo en un pequeño porcentaje ha sido publicado en “Torre de Babel”.

Quizá la tarea más ardua fue la de compilar lo que estaba fuera del centro. Ir hasta bibliotecas de Morazán o de La Unión lo más temprano posible para aprovechar el día. Salir de madrugada en los buses interdepartamentales pagados de su propio bolsillo. Regresar hasta muy tarde, inseguro de que hubiera podido recopilar todo lo posible en esta visita. Volver y volver hasta estar satisfecho. Luego, sí, vino el celular con cámara o la cámara fotográfica accesible para ahorrar algo de tiempo. Así continuó hasta 2015, cuando pudo ver impreso su trabajo de ocho años.

“A este trabajo le entregué mi juventud. Por este trabajo no he sido una persona normal. No he salido a fiestas, no he buscado otras formas de ganarme la vida. No he recibido ningún pago, pero fue algo que me propuse hacer y me alegra haberlo completado”, comenta Vladimir, mientras con un tenedor toma otro trozo de pan dulce.

Lo que ha compilado es historia nacional. Por eso, lo más lógico es que el esfuerzo, ya terminado, fuera acuerpado por una institución gubernamental o una empresa privada preocupada por la cultura en El Salvador. No fue así.

“Torre de Babel” fue editado e impreso por una pequeña y artesanal editorial llamada Equizzero. Fue fundada por dos jóvenes de la generación de Amaya, Omar Chávez y Carlos Flores, otros “locos” de la poesía que comparten con su colega el amor por los proyectos en apariencia improbables.

Equizzero no es un lugar, es una idea. Cada quien trabaja en su casa. Los materiales se imprimen en negocios ajenos y echando mano de la creatividad para bajar costos. Así, cada tomo de “Torre de Babel”, empastado en un sencillo papel blanco, puede comprarse a unos $3. Previa petición a la editorial, pues los libros están permanentemente agotados.

En una entrevista realizada por la revista Contracultura en 2013, justo antes de graduarse como licenciado en Letras, Amaya resentía la apatía del Estado con respecto de su trabajo: “Por esto (Vladimir toma la antología ‘Perdidos y olvidados’ entre sus manos) ya hubiera tenido alguna propuesta, un trabajo pequeño pero en el área, por parte de alguna entidad cultural, privada o del Estado; eso en otra parte del mundo pero aquí no”. Tenía miedo de que su único destino fuera ser profesor de Literatura, algo que no le iba a dejar tiempo para hacer su proyecto.

Ahora, cuatro años después y tras la publicación de “Torre de Babel”, Vladimir sonríe al recordar esas palabras y sopesa las ventajas de que haya sido un proyecto que se publicó con esfuerzos suyos y de sus compañeros de generación. Si no hubiera sido así, no hubieran contado con la misma libertad. El Estado le dio una oportunidad a Vladimir hasta el año pasado, cuando lo nombró director de la revista Cultura, un puesto de medio tiempo.

Para el poeta Otoniel Guevara, esto, el abandono de instituciones gubernamentales y privadas a un esfuerzo como el de Vladimir, ha sido la norma en El Salvador. Lo que apoya la historiadora Elena Salamanca, quien para ejemplificar esa tesis explica que la única antología precedente a las de Amaya que fue apoyada por el Estado fue “Guirnalda salvadoreña” (1884), de Román Mayorga Rivas. Pero esta tuvo un objetivo más político que artístico: el presidente de entonces, Rafael Zaldívar, quería dotar de referentes identitarios a la recién nacida República de El Salvador. Pero la crítica de Otoniel Guevara va más allá, al observar la labor presente de la editorial estatal, la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI).

“La DPI te sale con cosas como que no tienen papel para imprimir. Y la oferta literaria, las novedades son pírricas. Vladimir Amaya ha publicado más novedades que la DPI en los últimos cinco años. Me atrevería a decir que es más institución Vladimir Amaya que la DPI en materia de publicación”, asegura Guevara.

Algo parecido opina el escritor Miguel Huezo Mixco, quien define a Amaya como el autor que más está trabajando para conectar la poesía salvadoreña del siglo XXI con su tradición literaria.

“Vladimir está haciendo lo que debiera corresponderle a la editorial del Estado. Esfuerzos independientes de documentar, estudiar y poner en valor la literatura, como el de Vladimir o el de Claudia Cristiani, con AccesArte, están llenando el vacío dejado por el Estado”, afirma el escritor.

 

Contra la noción de olvido

Elena Salamanca está en contra de una noción nombrada comúnmente para referirse a El Salvador. La de que en este país no existe memoria, que es el olvido el que prevalece. La académica cataloga lo anterior como un vicio de análisis.

Según la historiadora, el verdadero problema es que le creemos demasiado a la historia oficial o, lo que es su equivalente en la poesía, al canon, establecido, según comenta, en la década del treinta y en el que se incluye solo a una mujer, Claudia Lars. Para ella, el gran obstáculo es atreverse a cuestionarlo.

“‘Torre de Babel’ es importante porque dialoga con ese canon y lo cuestiona porque trae a cuenta a otros artistas que desaparecieron de él, otros autores, otras voces”, asegura Salamanca. Por lo tanto, para la académica la labor de Amaya es una de disrupción, de romper con lo establecido y con la retórica dominante, ir a la periferia para demostrar que no toda la identidad es lo que ha estado, tradicionalmente, en el centro.

Pero, en un país como El Salvador, con tantas ausencias, ¿de qué le sirve al ciudadano común, de a pie, que se traigan desde las sombras a estos autores? Salamanca da una respuesta, que tiene que ver con la identidad.

“El ciudadano puede encontrar en estas voces rescatadas mayor identificación y mayores vínculos que con los autores del canon… Puede que le digan mucho más de él mismo y de su manera de ser”, afirma.

Paciencia. Amaya se adecúa a su audiencia y explica conceptos complejos con términos sencillos para que puedan ser fácilmente comprendidos por los jóvenes a los que les habla.

 

La gira del poeta

Cuando el año pasado asistió al festival centroamericano de poesía que se realiza en Quetzaltenango, Guatemala, un colega colombiano le preguntó a Amaya por sus años dentro de la labor poética. El salvadoreño no había caído en la cuenta de que en este 2017 cumpliría 10 años de haberle entregado su vida a una pasión.

Por eso se le ocurrió una idea para celebrar su primera década: una gira por los 14 departamentos del país, con encuentros en los que pudiera compartir sus poemas con gente afuera del mundo académico. Así nació la gira “Reflexiones de un viaje sin sentido”, en el que los sitios de reunión son centros escolares o casas de la cultura. Ya ha visitado por lo menos un lugar de cada departamento en El Salvador. Para ello pidió apoyo a la Secretaría de la Cultura de la Presidencia que le brinda transporte la mayoría de las veces.

En esta travesía lo acompaña Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor y su amigo desde hace muchos años.

Esta mañana de septiembre ha iniciado una segunda fase del proyecto, en la que Vladimir visitará lugares que tienen que ver con su historia personal. Por eso ha venido a Cojutepeque, el municipio de origen de su familia y el lugar donde descansan los restos de la mayoría de sus parientes muertos.

En el instituto Walter Thilo Deininger, unos 20 adolescentes ocupan la mayor parte de una pequeña sala, adornada con las fotos de algunos de los autores más importantes de la historia del país. Vladimir, con sus lentes, su ropa y su cabellera desordenada, parece un joven cualquiera, no el responsable de 31 volúmenes.

Dice su nombre, un breve resumen de su trayectoria y presenta el libro del que leerá algunos poemas esta mañana. Se trata de “Mausoleo familiar”, un volumen aún no publicado, en el que ha reunido algunas de sus piezas más autobiográficas. Todo comenzó, explica, cuando su abuela falleció. Ya había escrito algunos versos basados en personajes ya muertos de su familia. Completó estos con el poema escrito para la ocasión. Decidió hacer de ellos un pequeño volumen para regalárselo a sus parientes, quienes no terminaron de apreciar el detalle.

“Siempre he sido callado, solitario y me he sentido cómodo siendo así. Pero en esa ocasión quería demostrarle a mis familiares que este hecho también me dolía. Quería que ellos compartieran conmigo su dolor. Pero no lo entendieron del todo. Así que este libro sirve para desquitarme porque me encachimbé”, dice Vladimir, y los adolescente que lo escuchan sueltan una tímida risa.

La apuesta de Vladimir, sin embargo, se amplió: además de las piezas escritas para sus familiares muertos, escribió otros para sus familiares aún vivos, pero asumiendo que ya habían muerto.

“Era más cómodo para mí hacerlo de esta manera, porque los colocaba en el terreno de lo irrecuperable. Paradójicamente era más fácil establecer una comunicación que hacerlo con las palabras de todos los días”, dice.

En “Mausoleo familiar” desfilan los suyos con nombre propio: su padre, con el que no ha tenido una buena relación, y del que le ha quedado, más bien, una ausencia; su tía Ester, aquella muchacha de la que la familia rehuía hablar directamente en las reuniones y de la que decían que había muerto en un accidente para ocultar el hecho de que se suicidó cuando su familia reprimió su amor por una mujer; la tía Zoila, que sufría de un retraso mental y se escapaba para apedrear a los transeúntes que se burlaban de su estado; el bisabuelo violinista, que igual tocaba en la iglesia que en un burdel.

Los adolescentes escuchan atentos al autor, quien les revela la magia de ciertas palabras y lo que existe detrás de una lectura, que nada tiene que ver con una tarea escolar: la posibilidad de comunicarse de una manera más profunda con otro ser humano que escribe desde otra época u otra realidad. Pero que es, en suma, igual a uno. Que tiene las mismas incertidumbres y debilidades que uno, aquellas que no osan confesarse al que está más próximo.

Tras la primera plática y una ronda de lecturas, se abre el espacio para las preguntas de los adolescentes. Entre estas están aquellas tan sencillas, como “¿qué significa mausoleo?”, que Vladimir responde en el momento, seriamente, y otras un poco más difíciles de contestar, como “¿por qué escribís”. Vladimir y su amigo Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor, atienden a dos grupos de alumnos.

Vladimir no vino con las manos vacías: en un pesado bolsón, que parece ser su fiel acompañante en ocasiones como esta, ha traído 30 libros de su autoría, que regala a los alumnos y a la biblioteca del instituto para que cualquiera pueda consultarlos. Al final de la actividad, adolescentes y maestras le piden que firme sus ejemplares.

Vladimir, sin embargo, también percibe recursos monetarios de sus libros, por ejemplo, cuando se presenta frente a un grupo de alumnos en algún centro escolar al que le solicitan que asista. Como dos horas más tarde de la visita a Cojutepeque, en el Instituto Francisco Morazán de San Salvador. Lo ha invitado una practicante de Profesorado de la Universidad de El Salvador para discutir su quinto libro de poemas, “Tufo”.

El mismo se ha convertido en uno muy popular entre los profesores de educación media por una casualidad: la persona que brindó una capacitación del Ministerio de Educación para maestros de Literatura lo usó para ilustrar un contenido referido al posmodernismo. A los educadores les gustó tanto que decidieron compartirlo con sus alumnos en clase.

En las librerías, casi no existen copias de “Tufo”. Por eso muchos profesores han contactado personalmente a Vladimir para que él les facilite algunos ejemplares, los que vende a $3. Hoy ha traído más de 10.

“Gracias a Dios puedo obtener recursos de vender mis libros. No es mucho, pero sirve para pagar algunos recibos en la casa”, comenta Amaya.

Nuevamente se explaya ante los adolescentes comentando el proceso de su libro, la manera en la que lo ha dividido, el tema que toca, el lenguaje elegido para hacerlo. “Tufo” es un volumen que profundiza en la descomposición social de El Salvador. La metáfora de un cuerpo que lentamente se corrompe es el hilo conductor.

A los adolescentes les parece todo un descubrimiento que en la poesía se puedan usar frases sencillas e, incluso, malas palabras, que en “Tufo” van hasta en los títulos, como en “Señorita, su poema se parecen mucho al mío, ¿qué putas pasa?”. También les enseña algo que pocas veces se hace en un salón de clases: que la escritura de un poema no es literal, que el poeta puede echar mano de muchos recursos para expresarse, como las máscaras o los personajes. Que no todo tiene que ver con la vida de todos los días de quien escribe.

Vladimir afirma que estos ejercicios le ayudan mucho a difundir el amor por la poesía y a mercadear, de alguna manera, su trabajo, algo que le elogia Otoniel Guevara. También, dice, puede dar un mensaje a aquellos que son más jóvenes que él.

“Como yo no soy profesor, me gusta que no haya solemnidad. Yo les digo, por ejemplo, para provocarlos, porque es una realidad: ‘allá arriba, en el Gobierno, en las clases dominantes, hay alguien que quiere que pensés que son un pendejo, que no podés mejorar tu vida, salir de aquí’. Y les pongo mi ejemplo. Yo he hecho lo que he soñado, en una rama que parece quijotesca no solo en El Salvador. Me cuesta llegar a fin de mes, no soy capaz de tener una familia por el momento, pero no he dejado de hacer lo que amo. No me arrepiento de quién soy”, comenta Vladimir.

El contacto. Los educadores aseguran que el hecho de que sus alumnos conozcan en persona al autor del libro los estimula a leerlo más fácilmente.

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Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Imagen de Puerto Cortés
Terminal. La terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés le fue concedida a la compañía filipina ICTSI en 2013.

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección angelpm@cd.perezycia.com. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Las propuestas. Juan Carlos Garrido Escandón le envió a Enrique Rais una presentación en la que se incluían varios esquemas como este, sobre como podría conformarse un asocio entre la empresa ICTSI y el salvadoreño junto a sus colaboradores. En todos, la compañía filipina se quedaba con el 40 % del negocio.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

La derrota. Después de que ICTSI se quedara con la concesión, el colombiano Óscar Isaza le escribió al español Pérez-Maura un correo que “le salió del alma” lamentando no haber participado juntos en la licitación.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Imagen de Puerto Cortés.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera pérdidas millonarias

Residencial privada Garden Hills
Residencial privada Garden Hills

Garden Hills se promociona como “un proyecto diseñado con los más altos estándares de arquitectura e ingeniería”, donde “el buen gusto está presente hasta en los más mínimos detalles”. Es una residencial privada, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Las casas se describen como “preciosas residencias con acabados de lujo, amplias y modernas con un toque contemporáneo”, que “hacen del proyecto un verdadero deleite para vivir”.

Esta residencial de calles anchas, solitarias y pulcras es en donde se encuentran ubicados 38 inmuebles que le han pertenecido a una empresa que, en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros.

En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte.

Las Vistas ha logrado vender 19 casas, cada una por un valor aproximado de $325,000. Entre estos inmuebles vendidos, la mayoría ha ido a parar a las manos de personas y empresas relacionadas con José Luis Merino. Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas.

El de Las Vistas se suma a la lista de los malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador: al final de su último año reportado ante Hacienda, el 2016, el balance fue de más de $1 millón en pérdidas.

La historia de Garden Hills y Preza Rodríguez

Aunque no aparezca así en los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, Garden Hills contó, desde su conformación hasta 2012, con tres accionistas guatemaltecos: Francisco Javier Botrán Briz (ligado a la compañía productora del ron Botrán), José Gregorio Preza Rodríguez y la esposa de este último, Mónica Rodríguez Minondo (ambos provenientes de familias azucareras). Esto consta en un documento de un proceso de conciliación.

La dinámica que se estableció fue que, aunque buena parte del capital destinado a la empresa fue aportado por Preza Rodríguez, en la práctica, era Botrán el encargado de administrar el negocio. Sin embargo, según una persona relacionada con documentos legales en torno al caso, en el 2010 este se extralimitó en sus funciones y no informó de algunos movimientos a sus socios, por lo que Preza Rodríguez decidió emprender acciones legales en contra de Botrán por administración fraudulenta. Este último aceptó conciliar.

Preza Rodríguez exigió como pago $2.5 millones para olvidarse de cualquier demanda. Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles.

Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012.

Residencial privada Garden Hills
Proyecto. Las casas fueron construidas con el mismo modelo y color de pintura, en la orilla de la residencial Garden Hills. Tras el muro de la derecha está un terreno que le pertenece a INVERVAL, dueña del 99 por ciento de acciones de Las Vistas.

En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados.

Documentos privados de Las Vistas, a los que SÉPTIMO SENTIDO tuvo acceso, revelan que, ese mismo 20 de abril de 2012, Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de esta joven empresa, tras aportar sus $2.5 millones en terrenos.

Ese mismo día, le transfirió esas acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin. Ambas tienen en sus juntas directivas a personas que aparecen en las juntas directivas de miles de compañías en el país Centroamericano. Es posible que se trate de empleados del mismo bufete panameño que se encargó de la conformación de esas dos empresas: Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Preza Rodríguez solo aparece como apoderado en ambas compañías.

Ambas empresas fueron creadas solo unos meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños.

La empresa Garden Hills no ha presentado balances financieros de sus actividades desde 2007 (el año de su fundación) ante el Registro de Comercio. El ministerio de Hacienda, por su parte, no le registra ni un solo movimiento desde 2010. Cientos de reportes de omisos se han emitido alrededor de sus actividades.

Los nuevos dueños

El 23 de julio de 2013, Jorge Andrés Méndez Allwood, abogado del bufete Guerrero y Guerrero, renunció a su puesto como administrador único propietario de Las Vistas, para el que había sido elegido para los siguientes tres años en marzo de 2012. Su sustituta fue la ingeniera Lilian Carolina Vidal Díaz.

Lo mismo hizo la suplente de Méndez Allwood, Tanya Camila Hernández de Arce. Esta renuncia es la puerta por la que entró, como sucesor, José Mauricio Cortez Avelar, prestanombres del político José Luis Merino, según instituciones de EUA.

Según el Centro Nacional de Registros, también hubo un relevo en los accionistas. El 99 % de las acciones pasó a manos de la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL). El resto, el 1 %, era del abogado Cortez Avelar, a la sazón administrador único propietario de Inversiones Valiosas.

Documento 01
El cambio. En la credencial de elección de la nueva administración de Las Vistas, donde se escoge a José Mauricio Cortez Avelar como administrador único suplente. También aparece la sociedad INVERVAL como dueña del 99 % de acciones de Las Vistas. El abogado, identificado como testaferro de José Luis Merino, es propietario del 1 % restante.

De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas.

Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills.

INVERVAL nació en agosto de 2012, seis meses después que Las Vistas, la sociedad de la que pasó a ser dueña mayoritaria. INVERVAL ya ha aparecido en el radar de los medios de comunicación en El Salvador por haber sido la receptora, a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de $16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador.

Parte de este dinero, poseído por INVERVAL, puede haberse utilizado para adquirir las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía aproximadamente a $2.5 millones. Sin embargo, los $16 millones le fueron desembolsados a INVERVAL por parte de ALBA Petróleos con objetivos bien definidos: comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, iniciar los trabajos de terracería y construir viviendas.

O INVERVAL incumplió su pacto con ALBA Petróleos al destinar parte del dinero a algo que no se había convenido, o el dinero utilizado para esta transacción no tiene justificación de su origen. INVERVAL, por otro lado, no refleja en sus balances financieros en el Centro Nacional de Registros la adquisición de una compañía. Solo se limita a hacer ver que cuenta con una subsidiaria a la que le ha erogado varios préstamos.

Al abogado Cortez Avelar se le buscó en múltiples ocasiones para que diera su versión de los hechos. Primero se hizo escribiéndole un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador, para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de ALBA Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana. Al no obtener respuesta por esta vía, se le buscó en la dirección de PROCREADOR, una de sus empresas. Esta resultó ser, también, su casa de residencia. No estaba. Se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con SÉPTIMO SENTIDO. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

Las casas de lujo vacías

La empresa Las Vistas inició con la construcción de sus 38 casas en 2013. Las labores de edificación finalizaron en 2015.  En octubre de ese mismo año, Las Vistas comenzó a desprenderse de sus viviendas. Las ventas pararon en noviembre de 2016. Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera.

En todos los casos, los compradores realizaron préstamos hipotecarios cercanos a los $250,000 para adquirir los inmuebles, con un plazo de más de 20 años para pagar. Sin embargo, siempre tuvieron que aportar de su propio bolsillo cifras que rondan los $60,000 para comprar las casas, pues tienen un valor aproximado de $325,000.

Sin excepción, las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador.

Que las viviendas hayan llegado a manos de personas relacionadas y que no estén siendo utilizadas no es casualidad. Según un contador consultado para este trabajo, ello puede servir como una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso de un proyecto inmobiliario. Es decir que la persona que compra no está interesada realmente en adquirir el inmueble, pero le hace el favor a la compañía de sacar un crédito hipotecario para “comprar la casa”. El pago del crédito puede realizarlo, incluso, la misma sociedad que vendió. Siempre hay pérdidas, pero estas no deben cancelarse inmediatamente. Se trasladan al largo plazo.

Un miembro de la Fiscalía General de la República (FGR), sin relación con el caso, asegura que también se puede tratar de una estrategia para el lavado de dinero: una persona puede sacar un préstamo hipotecario de largo plazo para pagarlo, incluso mediante cuotas adelantadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. El dinero, luego, se puede justificar como el resultante de un crédito.

El bufete Guerrero y Guerrero, cuyos miembros brindaron el servicio profesional de fundar la empresa Las Vistas, tiene como su cabeza a Juan José Guerrero. Este abogado es un exdirigente de ARENA. Incluso fue director de asuntos jurídicos y electorales de ese partido.

Juan José Guerrero es un nombre común a varias etapas de esta historia. Primero, porque formó parte de la junta directiva de Garden Hills, la compañía que cedió los 38 lotes, desde 2006 hasta 2010. Segundo, porque fue el notario que se encargó de hacer el documento de la fundación de Las Vistas (la empresa que los adquirió) y de todos los escritos relacionados con la transacción de los inmuebles. Garden Hills, hasta el 2012, mostraba como su dirección la misma del bufete Guerrero y Guerrero. Se buscó a Juan José Guerrero en su oficina para que brindara una entrevista, pero no accedió a la petición.

Fuentes cercanas al bufete aseguraron que Las Vistas había sido creada exclusivamente como un servicio profesional para su cliente José Gregorio Preza, intentando desligarse de estas transacciones.

El otro camino de Las Vistas a ALBA

Además de INVERVAL, la empresa dueña de la mayor parte de sus acciones, Las Vistas ha recibido préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR). Hasta 2015, la suma de estos créditos ascendía a $600,000. Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador.

José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas.

El empresario Carlos Luwind Paz Reyes ha ocupado cargos al mismo tiempo en las juntas directivas de INVERVAL y de ENERGOR, desde el 12 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Esta misma persona ha tenido participación en otras empresas financiadas con dinero de ALBA Petróleos, como la Arrocera San Francisco y Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA).

Otro nombre común entre Las Vistas y ENERGOR es el de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, quien actualmente funge como administrador único propietario de la primera y como presidente de la segunda. En el Ministerio de Hacienda ha estado registrado como representante legal de Las Vistas desde su fundación.
Buena parte del dinero de ENERGOR proviene de ALBA Petróleos de El Salvador. Los balances financieros presentados ante el CNR de esta última compañía en 2015 indican que la deuda que ENERGOR ha contraído con ella es de más de $15 millones. En 2012, Energía Orgánica recibió un crédito de más de $8 millones de una empresa panameña, APES INC, subsidiaria de ALBA Petróleos. $23 millones en total han sido bombeados desde la compañía de economía mixta.

Tres de las cuatro viviendas que ALBA Petróleos posee en la residencial Garden Hills le fueron cedidas por Las Vistas como una dación en pago. Estas sirvieron para cancelar parte de la deuda de ENERGOR, según lo reflejan los documentos de esta transacción, realizada el 16 de junio de 2016.

Fachada
Empresas vinculadas. Según los datos que han presentado ante el Centro Nacional de Registros, las sociedades Las Vistas, INVERVAL y ENERGOR comparten este local desde el 3 de noviembre de 2015, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al Puerto de la Libertad.

Un mal negocio

La INVERVAL de Cortez Avelar comenzó a inyectarle dinero a Las Vistas a través de préstamos en 2013. En ese ejercicio, fueron $138,699, los que se utilizarían para comenzar las construcciones de 38 casas en igual número de lotes.

Esa cifra aumentaría en los siguientes dos años: $4 millones, en 2014, y $7 millones, en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de $8 millones. El proceso de la construcción, sin embargo, no ha estado exento de irregularidades.

Documento 2
El aumento en el valor. En sus balances financieros de 2015, Las Vistas reportó que sus inventarios superaban los $8 millones, gracias a las construcciones de casas en sus lotes. Lo hizo gracias a $7 millones en préstamos de INVERVAL, a la que identifica como accionista mayoritaria. (clic para ampliar imagen)

En las declaraciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que Las Vistas ha presentado ante el Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, ha reflejado apenas $32,000 en recibos de crédito fiscal, la forma con la que, por lo general, se adquieren materiales de construcción. Las grandes empresas que venden estos productos no lo hacen si no es de esta manera.

El crédito fiscal tiene un objetivo. Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un insumo y que puede deducirlo ante el Estado al momento de realizar una reventa. La compañía adquiere, por ejemplo, una maleta por $130, de los que 30 corresponden a tributos. Luego, puede vender la misma maleta por $260. Para ello tendría que abonarle al Estado el 30 por ciento de la transacción; es decir, $60. Sin embargo, debido al crédito fiscal, estarán ya reflejados los $30 que ya pagó cuando adquirió el producto y, por tanto, solo tendrá que abonar $30. Se paga un tributo por la ganancia, no por el valor total del producto.

Eso también pasa con las construcciones: el crédito fiscal le permite a una inmobiliaria deducir los impuestos que ya pagó al adquirir los materiales.

Además de revelar informalidad en el proceso de construcción, pues se trasluce que la mayoría de compras se realizaron sin facturas, que Las Vistas casi no echara mano de créditos fiscales representa un tremendo problema contable, donde la empresa podría perder mucho dinero: en los impuestos de renta, pagados al fisco, no se le cobraría por el 30 % de la ganancia (la diferencia entre el costo y el precio de venta); sino, de todo el inmueble.
Eso ha sido compensado, según lo que se refleja en sus balances financieros y en los datos de sus declaraciones del Impuesto sobre la renta, con una muy alta cifra de costos.

Las Vistas comenzó a vender inmuebles en octubre de 2015. Al final de ese año, se había desprendido de seis, por los que declaró unos ingresos de más de $2.6 millones. Pero sus costos fueron muy cercanos: un poco más de $2.3 millones. La ganancia para todo el ejercicio, por tanto, se colocó en $300,000.

Es decir que cada casa se vendió a $433,000, mucho más de lo que se desprende del precio reflejado en las escrituras de compraventa, que fijan esa cifra en un promedio de $325,000. Cada vivienda costó $392,000. La utilidad total para 2015, según sus balances financieros, fue de $160,028 debido a otros gastos.

El siguiente año fue más difícil. Al final de 2016, Las Vistas se había desprendido de otras 13 viviendas, por las que reportó $3.8 millones en ingresos, el equivalente a $297,000 por inmueble, muy cercano al precio de mercado que se establece en las compraventas. Pero los costos representaron una avalancha: $4.9 millones, lo que se traduce en $379,000 por cada casa*.

Las pérdidas para ese ejercicio, por tanto, fueron de más de $1 millón. En un contexto como ese, seguir vendiendo sería un mal negocio.

A partir de esto, queda una pregunta en el aire: ¿Por qué decidieron bajar en más de $100,000 el precio promedio de cada inmueble de un año a otro, de $433,000, en 2015, a $297,000, en 2016? ¿Por qué el costo promedio disminuyó en $13,000?

Las Vistas es todavía dueña de 19 casas en la residencial Garden Hills. Ha hipotecado seis de ellas. Dos como garantía de un préstamo, recibido por parte de una persona natural, el empresario de la construcción Raúl Argüello González, dueño de la sociedad Inversiones y Desarrollos Integrales.

Los otros cuatro están hipotecados a favor de Multiinversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, el mismo del que obtuvo el crédito para adquirir su casa Yanira Elizabeth, la hermana del viceministro Merino. Según algunos de los vecinos de Garden Hills, el funcionario ha residido de manera irregular en uno de los inmuebles que todavía le pertenecen a Las Vistas, el número 9 de la calle Zenzontle. Quienes siempre están allí, afirman los vecinos, son sus guardaespaldas.


* En la edición impresa, el cálculo se hizo con respecto a 12 casas, cuando lo correcto era hacerlo con 13. Este texto se corrigió el 30 de agosto de 2017. El arreglo también se realizó con respecto a los siguientes dos párrafos.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La red de testaferros del viceministro Merino

La red de testaferros del viceministro Merino
La red de testaferros del viceministro Merino

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los “compas”, José Luis Merino compró una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todavía estaba fresca.

Recibió la bebida y se fue sin pagar. Más de una década en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recibía sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le habían hecho olvidar esa sencilla convención de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La anécdota la rememora el propio Merino en su libro autobiográfico “Comandante Ramiro”, titulado en honor del nombre que usó durante el conflicto armado, Ramiro Vásquez.

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del José Luis Merino actual.
Es uno de los tres líderes del partido que nació de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la institución política que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su período como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no existía, el de viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversión extranjera en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Economía. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. También ha sido desde 2006 (el año de su fundación) el asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.

José Luis Merino también es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situación difícil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refrescó con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su país una carta en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.

Los políticos norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Todo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compañía. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, señala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigación preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Séptimo Sentido tuvo acceso a esa indagación y contó con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condición para expresarse sobre ella.

José Luis Merino
José Luis Merino

Uno de sus principales hallazgos fue la identificación de los que, en su opinión, son los principales testaferros de José Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una década, Erick Giovanni Vega. La investigación destaca, entre todos, el nombre de José Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el más importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparición en registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panamá.

Según la misma investigación, otro criterio para señalarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentación sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien Séptimo Sentido entrevistó por medio de intercambios de correos electrónicos, asegura que la hipótesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con José Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un círculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 años) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.

Se intentó arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero aún después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al número que él mismo le facilitó, no se obtuvo respuesta.

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, José Luis Merino viajó hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma más efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organización de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al “imperialismo norteamericano”. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA señalan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese país, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigación de sus finanzas.

Se trata de una red de tres compañías en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigación. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el límite de sus aportes monetarios.

Las tres sociedades son Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro público de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que también aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, según los respectivos registros de comercio de ambos países centroamericanos.

Relaciones. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformación de Alba Petróleos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de José Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adrián Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma dirección, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, está el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petróleos en Panamá, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma dirección que en las empresas en Nevada.

Nevada es, actualmente, un paraíso fiscal y es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compañías. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, además, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligación de compartir información relacionada con sociedades domiciliadas allí con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una dirección domiciliar en el estado, que puede ser una pequeña oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas señaladas remiten en sus registros a la misma dirección.

Además de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compañías en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien no hace mucho fungió como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.

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El principal testaferro

José Mauricio Cortez Avelar es, ahora, un hombre orquesta, con participación en múltiples negocios. Pero no siempre fue así. De pelo alborotado (en el que conviven el negro y el blanco), mentón prominente y nariz pronunciada, hasta 2010 las actividades profesionales de este abogado de 60 años se habían limitado a servir de notario en los documentos de pequeños negocios, o como apoderado legal de personas que no querían pasar por el engorroso trámite de un proceso civil.

Su suerte comenzó a cambiar a inicios de la presente década, específicamente en 2011. Ese año, un hombre que solo había tenido participación en pequeñas cajas de crédito o en sociedades con orientación religiosa comenzaba a formar parte de las juntas directivas de empresas de los más variados rubros, con una buena estrella desde su nacimiento.
Las mismas empresas que, a partir del siguiente año, serían las receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor y el rostro visible cada vez que esta realiza una donación al gobierno central.

En ese 2011, Cortez Avelar también se convertiría en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos. Todas relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña.

Según la revisión de los registros de comercio de El Salvador y Panamá, su participación en sociedades financiadas por Alba Petróleos no dejó de crecer en los años posteriores. Solo en El Salvador ha participado en 15 (aparece como accionista de cinco de ellas) y sigue activo en 10. Es apoderado legal y mercantil en dos de aquellas en las que ha dejado su puesto. En Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. A estas se suman las otras dos de las que es miembro en Nevada, Estados Unidos. Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años.

Con todo esto en su hoja de vida, Cortez Avelar podría parecer un potencial magnate de los negocios. Pero, al menos para el fisco salvadoreño, es un hombre de ganancias medias. Eso reflejan las declaraciones de ingresos anuales que el abogado ha presentado al Ministerio de Hacienda salvadoreño desde 2010 hasta 2015. Estas van así: $14,520 (2010), $14,961 (2011), $18,098 (2012), $27,744 (2013), $9,423 (2014) y $33,881.25 (2015).

Es decir que en el año que más ganó (2015), con un total de $33,881.25 para todo el ejercicio, sus ingresos mensuales no pasaron de los $2,750, lo que, al menos en El Salvador, equivale al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o al de un asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Un buen salario, pero lejos todavía de la imagen de un hombre con participación en tantas empresas, dentro y fuera de El Salvador.

A Cortez Avelar se le escribió un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

También se le buscó en la dirección de una de sus empresas, PROCREADOR. Esta resultó ser su casa de residencia. En ese momento no estaba él, sino su hijo, a quien se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con Séptimo Sentido. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

El hombre en Nevada

Aldo Adrián Aguirre es un guatemalteco residente en Las Vegas, Nevada. Fue vicecónsul honorario de su país en esa ciudad desde 2003 hasta 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Según su perfil de Linkedin, entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. En 2010 también colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año. Aldo no es solo un diplomático y un hombre preocupado por los derechos de su comunidad en el país del Norte.

Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios. Ha tenido puestos directivos en varias empresas de Nevada. Una de ellas fue Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada que lo tuvo a él como su agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Según él mismo la describía en Linkedin, la sociedad se centraba “en satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.

Fue precisamente Alianza Consulting Group la compañía que significó uno de sus primeros vínculos con Alba Petróleos de El Salvador. El 12 de abril de 2011, amparado por esta sociedad, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá de la empresa salvadoreña, según los documentos de conformación de la sociedad en el registro público panameño. Seis días antes había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, esta vez en Nevada, su estado de residencia.

Su nombre comenzó a ser cada vez más regular en sociedades relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña a partir de 2012. Hasta la fecha, Aldo Aguirre ha tenido participación en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.

En este último grupo se encuentra Vuelos Económicos de Centroamérica (VECA), aerolínea que copó titulares en la prensa salvadoreña por las irregularidades de su cierre en enero de este año: tras la cancelación de varios vuelos en Costa Rica y El Salvador, se le abrieron expedientes en ambos países. Terminó sus operaciones sin cancelarle a sus empleados el sueldo de enero de 2017 y sus liquidaciones. La empresa alegó que no tenía fondos para pagar. La dueña del 60 % de sus acciones, El-Día Corporation, domiciliada en Curazao, había recibido desde 2013 varios préstamos por parte de Alba Petróleos que, hasta 2015, sumaban más de $39 millones, 10 más de los que El-Día destinó para financiar a VECA. Aldo Adrián Aguirre ocupó el puesto de director secretario de la compañía desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Aldo reside, actualmente, entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador. Así se puede observar en la consulta de sus registros migratorios en el país y en las fotografías que ha subido a una de sus cuentas de la red social Facebook, en las que utiliza el nombre de Mateo Madrid. Este perfil está vinculado a uno de los números que el guatemalteco facilitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que pudiera comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

Él es el encargado de informarle a la institución nacional sobre las novedades en la compra de un repuesto cuya ausencia, en teoría, imposibilita que la nave zarpe. Aldo se presenta como parte de la administración y el departamento financiero de Guazapa, S. A.
A ese mismo número se le marcó para consultarle sobre la naturaleza de las empresas conformadas en Nevada. También para despejar una duda: ¿cómo se relaciona un guatemalteco residente en Las Vegas con un político salvadoreño? Esas preguntas debían ser respondidas por el propio Aldo, a quien se le marcó a todos los números, tanto en Panamá como en El Salvador, que facilitó a la AMP para ser contactado. También se le escribió al correo electrónico que entregó para el mismo fin, pero no se obtuvieron respuestas en ninguna de estas vías.

El hermano lejano

Mientras José Luis Merino peleaba la guerra bajo el seudónimo de Ramiro Vásquez, uno de sus hermanos, Sigfredo Armando Merino Cabrera, migraba hacia Estados Unidos en busca de un lugar para vivir en paz. Así fue como pudo obtener la ciudadanía americana. Ha sido su pasaporte estadounidense el que ha utilizado para algunos de sus trámites, como cuando se le concedió un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010.

Tras terminarse la guerra, Sigfredo no tardó mucho tiempo en volver a El Salvador. Y lo hizo para ser la mano derecha de su hermano, José Luis, en varios negocios. El excomandante Ramiro fue beneficiario de créditos dirigidos a que combatientes desmovilizados montaran emprendimientos.

Ambos estuvieron en las juntas directivas de varias empresas, que no han presentado actividad desde los primeros años del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire. En todas, Sigfredo actuaba como administrador único propietario y como representante legal. Las mismas no lograron los resultados que los hermanos Merino esperaban.

Así, las actividades comerciales de Sigfredo en la pasada década se concentraron, sobre todo, en su participación en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa de tratamiento de desechos sólidos contratada, sobre todo, por alcaldías en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del que su hermano José Luis ya era uno de sus principales líderes. Estuvo en CAPSA desde 2003 hasta 2006.

La suerte de Sigfredo, como en el caso de José Mauricio Cortez Avelar, cambió en la presente década: ha estado en puestos importantes en al menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador, compañía de economía mixta de la que fue gerente.

Fachada de Alba Petróleos
Fachada de Alba Petróleos

Séptimo Sentido se contactó ayer vía telefónica con Sigfredo Merino. El empresario afirmó la primera vez que se le buscó que desconocía por qué aparece en una compañía en Nevada, Alba Petróleos Las Vegas. Sostuvo que no tiene nada que ver con esta.
“Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”, dijo al mencionarle que es su nombre el que aparece en el registro. Afirmó que hablaría más en una entrevista cara a cara, con documentos de por medio, otro día.

Para algunos militantes de mediano rango del FMLN, que hablan en condición de anonimato, que el hermano de José Luis Merino haya sido tan beneficiado con el dinero proveniente de Venezuela canalizado por Alba Petróleos de El Salvador no termina de convencerlos: no entienden cómo alguien que no peleó la guerra pueda ocupar, hoy en día, puestos tan importantes en el esquema del brazo financiero del partido al que dio vida la guerrilla por la que tantos de ellos ofrecieron su juventud.

El círculo más íntimo de José Luis Merino cuenta con alcances transnacionales e, incluso, ha tenido actividad en el corazón mismo de Estados Unidos, el país que ahora tiene en la mira sus finanzas, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC) oficialice una investigación y defina si, en efecto, se han cometido ilícitos.

La tarde de ayer se buscó a Sigfredo Merino una vez más para explicarle que la publicación se haría hoy, para lograr pactar un encuentro. Respondió que, después de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos (a quien afirma que no conoce personalmente), utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa.

Sigfredo Merino hizo llegar a esta revista una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos le aclara que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo “sensible” de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus “contactos venezolanos”.

En los siguientes trabajos de esta serie se dará a conocer un caso que apunta hacia el lavado de dinero y las negociaciones previas a un intento de soborno. En ambos casos están involucrados José Luis Merino y las personas cercanas a él descritas en este primer texto.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La extorsión nuestra de cada día

Captura. Un policía observa en la pared una serie de números telefónicos, en la casa de Antonio Barahona, capturado por el delito de extorsión en el cantón Joya Galana, de Apopa, en septiembre de 2009.

Esa mañana, la del 3 de junio de 2014, Calixto vio salir a su hija Irene hacia la escuela, con su maletín café en la espalda, vestida con su uniforme escolar. La vio salir como se mira llover, esperando que regresara a la hora acostumbrada. La adolescente no llegó a la casa nunca más.

Al siguiente día, Calixto recibió una llamada. Desde el otro lado, una voz de hombre le advirtió que tenían a su hija y que debía pagar $700 para recuperarla. Para ver de nuevo con vida a su hija, Calixto estaba obligado a conseguir el equivalente del salario de un cabo de la Policía Nacional Civil con 16 años de servicio dentro de la corporación.

El 9 de junio, apenas cinco días después del primer contacto telefónico y tras ser bombardeados por otras llamadas y mensajes amenazantes, Calixto y su pareja, Marina, depositaron $350 en una cuenta de banco, la mitad de lo exigido. Quizá como una muestra de su compromiso, una promesa de que cubrirían lo pactado. Pero esto no convenció a la voz que hablaba desde el otro lado.

Por eso, ese mismo día, ambos padres enviaron otros $150 por medio de un servicio de transferencias de dinero vía telefónica. Dos días después, el 11 de junio, y por el mismo medio, Calixto y Marina despacharon $105 más: $605 en total. Creyeron que eso les traería a su hija de nuevo a su hogar. Pensaron que quizá estaba sufriendo, pasándola muy mal.
El miedo es el paralizante más eficaz. El que impide que se sigan los pasos lógicos. En este caso, denunciar la desaparición de Irene ante las autoridades. Por eso les tomó cinco días, desde que la adolescente desapareció, para denunciar su secuestro a la Policía Nacional Civil. Lo hicieron el 8 de junio. Un día después, hicieron el primer pago, el de $350.
El caso le fue asignado a un equipo de investigadores y a un negociador, que se habían limitado a observar cómo se desarrollaban los hechos después de que la pareja realizó los pagos.

El 14 de junio, 11 días después de la última vez en que Calixto vio a su hija, uno de los investigadores recibió por parte de sus informantes una pista, una auténtica sorpresa: Irene, la misma adolescente por la que unos padres habían pagado a un desconocido más de $600 para que se las regresara a su casa, caminaba tranquilamente en las cercanías de la alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Al investigador le llegaron otros detalles: Irene había sido vista con miembros de la Mara Salvatrucha, la misma que domina la colonia en que vivía.

El policía actuó con rapidez: le pidió a su informante que no se despegara de Irene, mientras otros agentes se acercaban al lugar para comprobar si, en efecto, la que andaba ahí caminando por su propio pie era la misma adolescente.
Era Irene, que no vestía ya su uniforme escolar. Los agentes la interceptaron en una gasolinera ubicada entre la 3.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo Segundo. Le preguntaron su nombre y qué hacía en el sitio. Al principio, respondió tranquila a los requerimientos. Aseguró que esperaba a un grupo de amigos. Los agentes insistieron un poco más y la adolescente se quebró. Entonces, según los policías que estaban en el sitio, intentó huir.

Fue retenida. Por ser una menor de edad, le preguntaron a quién podían avisar de su detención. Respondió que a nadie. En el sitio se le incautó una mochila de lona gris, en la que andaba sus zapatos y su uniforme escolar. También dos teléfonos móviles. Ahí se comprobó que había mantenido contacto con el mismo número que, en más de 70 ocasiones, había marcado a los celulares de sus padres para exigir un rescate por ella. Un rescate que ascendía a $700.

El número en uno de los aparatos de Irene aparecía identificado simplemente como Anderson. En el otro, era más comprometedor. Ahí el nombre asignado al número de la persona que extorsionaba era Amor.

“Se infiere que la menor nunca estuvo secuestrada y confabuló con varios sujetos para extorsionar a los ofendidos clave Calixto y Marina”, escribieron los fiscales del caso en su requerimiento de acusación. Además de Irene, quien fue juzgada como menor infractor, fueron acusadas otras dos mujeres.

La primera de ellas, a la que las autoridades simplemente identifican como Glenda Arely A. L., fue la encargada de recoger los $350 de la cuenta de banco que estaba a su nombre, “materializando el lucro económico de la extorsión”. La otra, Wendy Liseth C. L., retiró los $255 que Calixto y Marina enviaron por un servicio de transferencia vía telefónica.

El 22 de junio de 2015, las dos mujeres fueron condenadas a cinco años de prisión y a pagarles a las víctimas $300 cada una. Las autoridades habían logrado condenar a las involucradas apenas un año después de que se cometieron los hechos.

Sin embargo, no fue un acto de efectividad: ello ocurrió así porque la Fiscalía General de la República solicitó un proceso abreviado, en el que propuso a las acusadas y a su defensa una considerable reducción a la pena con la condición de que se declararan culpables. Así evitaron la verdadera pena para el delito que cometieron, extorsión agravada, que va de los 10 a los 20 años de cárcel.

Al menos en este proceso, no hubo ni huella de aquel hombre que hablaba desde el otro lado del teléfono. La única pista de las autoridades es que las llamadas provenían, con un “99 % de probabilidad”, de la finca Argentina, más específicamente desde el interior del centro penal La Esperanza, Mariona. El que extorsionaba, según las autoridades, era un reo de esa cárcel al que aún hoy no han logrado identificar.

Especialización. La PNC cuenta con una subdirección Antiextorsiones. En 2012 se creo la Fuerza de Tarea Antiextorsiones, una especie de grupo élite dedicado a casos especiales.

***

La extorsión se funda en el miedo. En la incertidumbre de que las amenazas que llegan desde el otro lado del teléfono o desde quien se presenta ante uno sean ciertas. Es un delito comúnmente identificado con las pandillas, su principal fuente de financiamiento. Pero también es cometido echando mano de familiares y personas cercanas, como en la historia de Irene y sus padres.

Y aunque se trate de un delito que atenta contra el patrimonio, pues siempre tiene tras de sí un componente económico, se le ha denominado un crimen “pluriofensivo”, pues también socava la voluntad de sus víctimas, vuelve su corazón materia maleable al arbitrio de quien amenaza.

Por eso es que, según las mismas autoridades de Seguridad en El Salvador, el de la extorsión es, seguramente, el delito con la cifra negra (la diferencia entre los hechos cometidos y aquellos que se denuncian) más grande de todos. Una situación grave si se toma en cuenta que se denuncia no pocas veces y que, también, es uno de los crímenes que con más frecuencia se judicializan en el sistema salvadoreño.

Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recaen en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Y de que es un delito cuya magnitud no puede medirse con exactitud da cuenta también la diferencia existente entre las denuncias que se presentan en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil.

Por ejemplo, en 2014 la FGR contabilizó 3,010 casos de extorsión a escala nacional. La PNC, en el mismo período, reportó 2,480, es decir, 500 menos. Lo mismo ocurrió al siguiente año, cuando la primera institución certificó que trataron 2,840 procesos por este delito y la segunda, 2,242, es decir, 600 menos.

Eso no es exclusivo del caso salvadoreño. Pasa exactamente lo mismo en países como Guatemala. Según el documento “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala”, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de ese país en 2014, las cifras variaban entre la Policía Nacional Civil guatemalteca y el Ministerio Público en porcentajes incluso más altos que en El Salvador. En 2013, por ejemplo, el MP tuvo 7,200 denuncias, mientras que la PNC se limitó a 5,600, casi 2,000 menos.

Según el mismo estudio, lo anterior puede deberse a que las personas tienen más confianza de denunciar en una sede fiscal, mucho más centralizada y alejada de los lugares donde ocurren los hechos, que en un puesto policial. Los denunciantes piensan que en un sitio muy cercano a sus hogares la información se puede filtrar y significar, por ende, una muerte segura. Cierto reparo con respecto a la PNC en Guatemala también puede ser parte de la ecuación.

Algo muy similar a lo que pasa en El Salvador, donde incluso policías se han visto involucrados en hechos como estos. Según datos de la Fiscalía General de la República, 28 agentes de la institución fueron denunciados por extorsión entre 2013 y marzo de 2017.
Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recae en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Fallecido. Un policía recolecta evidencia en la escena donde una grupo de policías asesinó a una persona
en San Miguel Las Mercedes, Chalatenango.
Se trataba de un pandillero que había llegado a recoger el pago de una extorsión.
Al ver a los agentes, los atacó.

Entre los 30 casos hay 40 personas acusadas, 24 son hombres y 23 de estos fueron individualizados después de que investigadores de la Policía Nacional Civil programaron junto a las víctimas una entrega de dinero controlada. Solo uno de ellos fue identificado al recoger el dinero mediante un servicio de transferencias electrónicas.

Es el único caso de los 30 consultados para este trabajo donde quien llama para extorsionar es la misma persona que recoge la plata. Se trata de un reo que, al momento de cometer el ilícito, guardaba prisión en el centro penal La Esperanza, condenado, precisamente, por extorsión. Por eso recogió el dinero mediante una transferencia electrónica.

De las 16 mujeres, 15 fueron individualizadas tras recoger el dinero en una cuenta bancaria que estaba a su nombre o mediante un servicio de transferencias electrónicas. Es la manera más fácil para identificar a alguien involucrado en un delito de extorsión.
Según datos de la PNC, en 2015, de los 2,242 casos que recibieron en sus sedes, 1,159 extorsiones iniciaron mediante una llamada telefónica. Un poco más de la mitad. En 936 ocasiones, el extorsionador se presentó personalmente. En 209 el mensaje llegó por medio de un manuscrito que la víctima pudo encontrar en su lugar de trabajo, en su casa o le fue entregado por un menor de edad.

En los 30 casos revisados para este trabajo, 28 iniciaron con una llamada telefónica. Por eso es que en apenas una ocasión (la que ya se explicó más arriba) fue posible individualizar a la persona que se encargaba de amenazar, por lo que, en la práctica, el resto quedó en la impunidad. En algunas ocasiones las amenazas han continuado incluso después de que se iniciaron los procesos judiciales, según lo expresado por las víctimas en los documentos que recogen las sentencias condenatorias.

Esto último vuelve ambiguas las declaraciones tanto del actual director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, como del jefe fiscal de Áreas Especializadas, Allan Hernández, que aseguran que el 93 % de las denuncias por el delito de extorsión son resueltas. Es cierto que el país ha avanzado mucho en torno de la persecución del delito, con la creación de unidades especializadas y de una ley especial para la extorsión, pero ¿es cierto que solo el 7 % de los culpables quedan en la impunidad cuando a quien se juzga no es quien amenaza, sino quien recoge el dinero, posiblemente quien no es su beneficiario final?

“Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”.

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Denuncias. En el 2016, la PNC contabilizó 2183 casos de extorsión.
657 de estos ocurrieron en el departamento de San Salvador.

La cifra negra del delito de la extorsión no es calculable en toda su magnitud. Se habla incluso de que se ha convertido en una norma, en una especie de tributo no oficial que vendedores informales, micro y pequeños comerciantes, maestros y un largo etcétera pagan por descontado.

Eso se traduce en que una persona puede pasar años pagando una extorsión, lo que hace mella no solo en sus finanzas, sino también en su salud mental, la gran marginada del sistema salvadoreño.

Para el psiquiatra Carlos Alberto Escalante, fundador del Programa Nacional de Salud Mental en el quinquenio pasado, esto, la ubicuidad de la extorsión en El Salvador, es un fenómeno que tiene mucho de problema de salud pública: un ejército de personas sometidas a un estrés que tiene que ver con su sobrevivencia, que, al extenderse en el tiempo, puede mudarse en una depresión ansiosa. También ahí están los deseos de venganza, la aspiración de que aquel que ha sometido mi libertad y se ha llevado parte de mis (siempre escasos) recursos pague incluso con su vida.

Según el profesional, solo ha tenido la oportunidad de atender, desde su consultorio, a una persona que ha llegado explícitamente para tratarse problemas mentales relativos al estrés provocado por una extorsión. El hombre era dueño de un local de ropa y se había habituado a pagar ese tributo no oficial.

Pero lo conturbaba el hecho de que las cosas nunca adquirieran la mimada fidelidad de una costumbre. La víctima se adecuaba a negociar con alguien que, apenas un tiempo después, era sustituido por otra persona acaso mucho menos razonable. Vivir en una zona controlada por pandillas, donde había observado algunos cadáveres producto de un asesinato, terminó de quebrarlo.

Decidió, entonces, cambiar su domicilio, cambiar su estilo de vida. Lo que no podía hacer era dejar su negocio. Dispuso que solo él se expondría al peligro, que su esposa no llegaría más a ayudarlo. Las imágenes de asesinatos que había visto durante la vigilia lo asediaban por la noche, se volvían palpables, como si fuera él y no otro el que había sufrido esas experiencias. El constante riesgo de que, en efecto, ese dolor se convirtiera en realidad lo hicieron hacer una cosa que pocas veces hace un ciudadano salvadoreño: acudir a un psiquiatra.

Pero ¿cómo se trata la ansiedad provocada por un hecho traumático cuando el detonante de esa misma ansiedad sigue presente en tu vida? El doctor Escalante duda mucho en su respuesta. Habla de la ingesta de ansiolíticos para lograr conciliar mejor el sueño. Y, sobre todo, de un ejercicio que mucho tiene que ver con la resignación.

—Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”. No le puedo decir que las cosas se solucionarán pronto porque esa no es la realidad –comenta el psiquiatra, con su característico hablar pausado.

—Un estrés como ese, que se extiende por el tiempo, es difícil de superar. No podría decirle qué tipo de huella puede dejar en la cabeza de una persona –concluye.

El dinero. Agentes de la Unidad Antipandillas cuentan el dinero encontrado escondido en una olla de cocina en San Vicente. La suma llegaba a los $3,500. En esa vivienda habitaba toda una familia que fue capturada el 12 de enero de 2015.

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Durante la tregua entre pandillas, las estructuras lograron desplomar la cifra de homicidios. Lo mismo no pasó, sin embargo, con las extorsiones, que han sido desde al menos la pasada década su fuente de financiamiento más poderosa. Fuente de financiamiento y medio para la subsistencia de miles de sus familiares. Por eso, a sus principales cabecillas les resultaba un tema tabú hablar de ella en las múltiples entrevistas que brindaron en el marco de la estrategia. Una auténtica paradoja: para seguir extorsionando, amenazaban con hacer aquello que, precisamente, se habían comprometido a dejar de hacer: matar personas.

Lavado. El dinero obtenido con la extorsión también va a dar a variados negocios
para darles una apariencia de licitud a los fondos.

Quien extorsiona parece un fantasma. Quien manda y es, en suma, el máximo beneficiario de esa actividad nunca da la cara. Siempre es una voz que habla desde el otro lado del teléfono, o el autor de un mensaje anónimo o el jefe de aquel que se presenta para explicar que la víctima debe pagar un tributo a la pandilla para continuar con vida. Y según los 30 casos revisados para este trabajo, también es poco frecuente ver a un miembro vigente de la pandilla participando activamente en la recolección de dinero.

Eso no fue lo que le pasó a Mauricio, un hombre al que, el 13 de enero de 2015, la pandilla le pidió $15,000 por medio de un mensaje anónimo escrito en un sucio papel, entregado por un joven, quizá menor de 18 años, al que nunca había visto antes. La sentencia judicial que recoge su historia no aclara a qué se dedicaba la víctima, pero a juzgar por la cantidad de dinero solicitada, era un negocio mediano.

Decidió denunciar. La Policía lo apoyó en cada etapa desde ahí, primero porque le asignó un negociador, alguien que contestara el teléfono por él, quien consiguió que la cantidad pactada no fuera la inicial, sino solo $2,500, que se entregarían en una reunión en un centro comercial de Soyapango el 23 de enero de 2015. Ese día llegó y la autoridad estaba bien preparada, con cuatro equipos de investigadores, para capturar a aquellos que llegarían a recoger el dinero.

Colocaron $10 en un sobre de manila, al que acompañaron con recortes de periódicos para simular el resto del dinero. Los dos pandilleros llegaron vestidos justamente como la voz que hablaba desde el otro lado del teléfono lo había indicado y los investigadores no tardaron mucho en reconocerlos. La víctima entregó el sobre y, cuando uno de los pandilleros que había recogido la plata se disponía a abrirlo para cerciorarse de que estuviera completo, uno de los equipos interceptó a la pareja.

Uno de los dos pandilleros pudo huir. El otro fue capturado y condenado, 11 meses después, a seis años con ocho meses de prisión, pues el juez decidió rebajar el delito a extorsión tentada, una pena mucho menor a la exigida por la Fiscalía General de la República, colocada en 15 años.

Fue el único procesado en el juicio, que dejó en la impunidad tanto a quien lo acompañó a recoger el dinero de Mauricio como a todos aquellos que participaron en la trama, desde aquel muchacho que entregó el primer papel amenazador hasta la persona que, desde el otro lado del teléfono, quiso hacer del corazón de una víctima un instrumento maleable a su arbitrio.

Canalización. Los fondos obtenidos con la extorsión son destinados a las familias de los pandilleros, pero también a la compra de armas.

Los retratistas del país del eterno olvido

Los retratistas del país del eterno olvido

Unas alas. Un niño. El blanco y el negro que hacen brillar a una piel morena apenas cubierta por trapos raídos. Unos ojos enormes que repiten, de seguro, la oscurana del cielo nocturno y parecen desprenderse de la tierra, volar hasta otra realidad menos cruel.

La foto es de Luis Galdámez, fotógrafo salvadoreño nacido hace 63 años. Y forma parte de una de sus series más ambiciosas y conocidas, “Los ángeles caídos”, decenas de retratos con los que ha buscado visibilizar a los siempre invisibles de la sociedad salvadoreña: pandilleros, ancianos pobres, artistas vagabundos, niños de la calle, perros callejeros. Armándolos de alas, ha pretendido instalar una denuncia que mucho tiene de obra de arte.

Este es solo un capítulo de una carrera que se extiende por más de 30 años, “con varias interrupciones”, dice Luis. Pero una en la que ha logrado documentar la historia de El Salvador con el que quizá sea el más masivo de los lenguajes: la fotografía. La sintetizadora por excelencia. Esa que, en un cuadro limitado e inmóvil, puede expresar todo el horror de una guerra, la gloria de una victoria, las particularidades de una personalidad.

Por todas esas características, la Secretaría de Cultura de la Presidencia decidió dedicar el Premio Nacional de Cultura 2017 a la rama de fotografía documental por primera vez en más de cuatro décadas de historia. Y uno de los aspirantes a recibirlo es Luis Galdámez, a quien su colega Francisco Campos define como el “verdadero artista de la fotografía en El Salvador”.

“Me sorprendió que las autoridades de turno la hayan tomado en cuenta. Cuando se habla de artes visuales, la fotografía documental siempre ha sido el patito feo”, comenta Luis, bebiendo de su cerveza y disfrutando de su coctel de camarones en este restaurante de Antiguo Cuscatlán, el mismo municipio en el que reside desde hace un par de años, tras una larga estancia en Suchitoto.

Luis sopesa entre tragos el poco valor que la sociedad y el Estado salvadoreños le han dado a una pasión a la que ha dedicado toda su vida. La misma por la que casi muere el 19 de marzo de 1989, cuando una bala le atravesó la espalda y el brazo. Pero corrió mejor suerte que su amigo Roberto Navas, asesinado ese mismo día.

Ahora goza, dice, de un par de años sabáticos, en los que ha podido empezar a darle orden a un enorme archivo todavía informe, donde guarda su tesoro de fotografías. El mismo que empezó a construir a punta de riesgo en 1980, después de formarse en artes visuales en el CENAR y ganar algo de dinero como retratista de bodas y bautizos.

Ese día, el 30 de marzo de 1980, asistió al funeral de Monseñor Romero para documentar la manera en la que cientos de personas se despidieron del ahora beato. Nunca pensó (aunque era lo esperable) que una bomba explotaría al lado suyo y que los cuerpos de seguridad comenzarían a dispararle a la población civil. Tampoco que entre esa población civil hubiera guerrilleros que transportaban sus armas en cajas vacía de árboles de navidad y que abrieran fuego en respuesta. Todo eso, ahora, lo conserva entre sus imágenes. Fueron su bautizo.

Entonces no había llegado a las grandes agencias de noticias que le permitirían ver su trabajo en la portada de publicaciones tan importantes como The New York Times o The Washington Post. Su opción fue el periódico mural del CENAR, donde entonces trabajaba como profesor, precisamente de fotografía. Solo tener un material como ese, que retrataba la violencia, era considerado un acto subversivo y la institución incluso había sido objeto de cateos por parte de los cuerpos de seguridad desde hacía dos años. Era un salto al vacío.

“Cada quien toma sus riesgos. Y yo me moría de ganas porque mi trabajo fuera visto. Aunque sí, es cierto, por algo como eso me podían matar”, comenta Luis, quien ha traído bajo el brazo un legajo de fotografías, muchas de las cuales serán incluidas en el portafolio que las personas e instituciones que han decidido presentar su candidatura entregarán en los siguientes días a las autoridades de SECULTURA.

Ahí están las imágenes de los cuerpos desfigurados del choque del avión de Aviateca en 1995 y varios cuadros de la guerra. Coge entre las manos uno de estos últimos, en blanco y negro, donde unos 20 jóvenes de esperan sentados en el suelo.

—Esta es la foto de la tristeza –dice, bajando la voz y lanzando un suspiro–. En ese momento, a estos bichos se los van a llevar reclutados para el cuartel. Solo me imagino a las madres llorando porque sus hijos adolescentes deben ir a pelear una guerra en la que no quieren participar –comenta Luis, quien en cuestión de segundos puede pasar de una seria reflexión a la más sonora de las carcajadas, entre cerveza y coctel.

Pero sus fotos favoritas de entre todas, y de las que ha presentado un buen número en su carpeta para el Premio Nacional de Cultura, son las que componen la serie de “Los ángeles caídos”, a la que considera su obra más querida.

“Este trabajo me sacó todos mis traumas como reportero, aquí no hay prisa. Solo soy yo expresándome. La fotografía conceptual también se vuelve documental porque relata a los excluidos”, comenta, lanzando una mirada de satisfacción a sus fotos.

Luis Galdámez

Postulado

Luis Galdámez

Inició en la fotografía cuando cursaba el Bachillerato en Artes del Centro Nacional de Artes (CENAR). Era una materia de complemento, que se le enseñaba al alumno para documentar su obra. Pero fue la que lo terminó apasionando. Estudió periodismo en la Universidad de El Salvador. Fue reclutado por Iván Montecinos como su asistente en la Agence France-Presse (AFP) en 1984. Dos años más tarde pasó a formar parte del staff en el país de la agencia de noticias inglesa Reuters, en la que permanecería hasta 2012. Después, hizo labores ocasionales para diferentes instituciones, como Efe. Su trabajo ha sido publicado en los más prestigiosos periódicos alrededor del mundo.

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El período para que una institución o una persona pueda postular a su candidato para el Premio Nacional de Cultura finalizará este lunes, 31 de julio. Hoy es el miércoles 26 y, según Silvia Elena Regalado, titular de SECULTURA, ninguna persona ha sido inscrita para el reconocimiento.

“Normalmente lo hacen el último día, estamos esperando”, comenta Regalado, aunque adelanta que ya cinco instituciones llamaron para anunciar que presentarán a sus elegidos, por lo menos, el viernes. Lo que se cumplió en los casos de Luis Galdámez y Francisco Campos.

Según Regalado, el premio de este año busca darle su justo puesto como individuo al fotógrafo en la índole de la cultura nacional. Muchas veces cubierto por la institución a la que representa, casi nadie conoce al fotógrafo, a aquel que le informa los hechos de su realidad con uno de los medios que más se acerca a ella. Una paradoja tomando en cuenta que su obra cuenta con la bendición de lo masivo. También, expresa Regalado, se busca reconocer a la fotografía como arte y que se abran más espacios para exponer este tipo de trabajos. Y que, además, el autor reciba una paga por ello, lo que escasamente pasa en El Salvador.

Además de los acostumbrados $5,000 que conforman el premio y del clásico concierto dedicado a él por la Orquesta Sinfónica Nacional, el ganador tendrá la oportunidad de presentar al menos 30 cuadros de su obra en una exposición que se instalará en el Museo de Antropología David J. Guzmán (MUNA) y, luego, pasará a ser parte de la muestra itinerante de premios nacionales de la Cultura, que pasa por lo menos un mes en los distintos museos que El Salvador posee a escala nacional. Pero solo eso.

“Queremos dejar claro que este premio busca reconocer a una persona. No es uno de sus componentes la distribución o difusión de la obra”, comenta una de los miembros del equipo de Comunicaciones de la secretaría. En efecto, eso ha pasado, al menos, con los últimos dos ganadores del premio, Yolocamba I Ta y José David Calderón, fallecido el año pasado. Su obra, aunque bañada por el brillo del premio, no se conoce mucho más hoy que antes.

Para Silvia Elena Regalado, esto es una cuestión de recursos, situación que tampoco los ha dejado iniciar con un proyecto de investigación de todos los premios nacionales de Cultura, que se convertiría en un libro: “Lo reconocemos, es una de nuestras deudas”.

Los organizadores del galardón temen que sean muy pocos los postulados para este año e invitan a que más instituciones manden sus candidaturas, que no den por sentado que su favorito será propuesto. Eso pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando se le entregó el premio a Yolocamba I Ta. Para muchos dentro de la institución, el merecedor del premio, por su relevancia a escala internacional, era Álvaro Torres. Pero nadie se acercó a postularlo.

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Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía documental en El Salvador, como lo expresa Francisco Campos, Iván Montecinos es el fotógrafo de guerra por excelencia. En efecto: fue el único de los fotógrafos salvadoreños que cubrió el conflicto armado desde su prólogo, en el 79, hasta la firma de los Acuerdos de Paz. Y fue el maestro y quien le dio la primera oportunidad para trabajar a colegas como Campos o Galdámez. Incluso a Luis “la Muñeca” Romero, quien no puede ser postulado por trabajar para una entidad de Gobierno.

Pero así como es el fotógrafo de guerra por excelencia, ese terminó convirtiéndose en su único campo de acción: la intensidad de 12 años de combate, de mirada al sufrimiento ajeno y al propio y del alejamiento de su familia lo inclinaron a abandonar la carrera apenas firmada la paz. Y no es porque no tuviera oportunidades, pues se le ofreció trabajar como fotógrafo de guerra en el conflicto de Bosnia.

“Ya no tenía las fuerzas para seguir buscando ese tipo de trabajos… Si aquí, en mi país, no me mataron pero estuve en peligro de que ocurriera porque la guerra fue cruenta, ¿qué iba a ir a hacer yo a un lugar donde no conocía el lenguaje ni la geografía?”, comenta Montecinos, ahora dedicado a negocios propios y a la confección de libros sobre su experiencia. Ya publicó dos.

El estilo de Montecinos es uno que privilegia a la persona humana sobre los hechos, al individuo que está siendo transformado por sus circunstancias más que las circunstancias mismas. Para Iván, no era importante retratar los combates, sino las consecuencias de estos. Víctimas que acaban de perder la vida, pueblos arrasados, gente que debe buscar refugio para no perecer.

Esa pauta para trabajar la descubrió apenas en 1980, cuando la guerra todavía no había sido declarada vía la ofensiva final del FMLN. Fue cuando viajó a La Victoria, en Honduras, donde ya habían comenzado a llegar refugiados desde El Salvador, la totalidad de ellos era gente que vivía, aún en sus lugares de origen, en una profunda pobreza.

En ese entonces todavía no había conseguido un contrato con una agencia internacional. Era el asistente del fotógrafo norteamericano John Hoagland en la United Press International (UPI), de quien aprendió el oficio aunque nunca lo tomó como su alumno. Hoagland fallecería en 1984, cuando trabajaba para Newsweek, en las faldas del cerro de Guazapa.

Otro de los sellos de Montecinos, en la opinión de varios de sus colegas, es mostrar a sus retratados sin máscaras: el guerrillero y el soldado ya no son los combatientes en busca de acabar con el enemigo. Son personas comunes enfrentándose a un drama extraordinario.

“La experiencia te da cierta sensibilidad. No es una cuestión de tener lástima. Uno ya no ve solo el aspecto agresivo. Comprende que toda la gente tiene un lado humano. Como decir que ahora usted puede encontrar el lado humano de un pandillero”, dice Montecinos, quien todavía no ha sido postulado al premio.

Ivan Montesinos

Postulable

Iván Montecinos

Es uno de los pocos de su generación que contó con formación en periodismo antes de comenzar a hacer fotos. A finales de los setenta, trabajaba como profesor en la Universidad de El Salvador. Cuando esta institución fue cerrada, en 1980, comenzó a colaborar para la United Press International (UPI), con sede en Estados Unidos, como asistente del periodista norteamericano John Hoagland. En 1984 fue fichado por la Agence France-Presse (AFP) como el director para toda Centroamérica. Permaneció con esta empresa hasta 1991. Tras ello, aprovechó el dinero ganado durante 12 años como fotógrafo para emprender algunos negocios y comprar tierras.

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Francisco Campos descansa en una de las mesas del café Maktub, en pleno centro de San Salvador, con la fachada del Cine Metro, uno de los emblemas del sitio, como fondo. Él es otro de los fotógrafos que serán postulados este año para el Premio Nacional de Cultura. Es el único que todavía se mantiene en activo de los considerados para el galardón.

Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía e Iván Montecinos el fotógrafo de guerra, Francisco Campos, que comparte características con los dos anteriores, es el retratista de la cotidianidad. Sobre todo de los sectores más populares. Y, sobre todo, del centro de San Salvador, ese al que él no llega como un turista en búsqueda de novedades, sino como un vecino más. Porque este ha sido su medio ambiente desde que comenzó a hacer sus pinitos en el periodismo, en el Diario El Mundo, a finales de los setenta. En los bares cercanos, afirma, pasaba la mayoría de sus tardes.

A pesar de ya tener más de 30 años en el negocio, ha sabido cómo llegar a una nueva generación de observadores. Sus fotos, ahora, pueden verse en su perfil de Facebook.

Una de las últimas, subida el jueves 27 de julio, tiene al fondo la escena de un homicidio ocurrido en el bulevar Monseñor Romero. Una persona que desde hace unos momentos ya no lo es yace rodeada de policías y fiscales. En primer plano, en uno de los separadores de la carretera, está escrita la palabra “Mierda”. Campos, para acompañar la imagen, escribe: “Ante la violencia dan ganas de exclamar tres veces”. Otras fotos no necesitan siquiera de presentación, como aquella tomada desde el interior de un restaurante, que muestra la indiferencia de los comensales ante otro homicidio cometido a apenas unos metros.

“Yo de Chico no he aprendido cuestiones técnicas, sino a estar siempre atento, a observar y a tomar esa foto que ya no voy a poder tomar nunca más porque ya no va a volver a ocurrir”, comenta Frederick Meza, fotoperiodista de LA PRENSA GRÁFICA y uno de los discípulos del maestro. Ese es otro de los sellos de Francisco, la captación del momento justo, ese que hay que esperar por horas o que, a veces, simplemente pasa.

Sentado en el café Maktub, Francisco también se confiesa un bendecido de la suerte, y para ilustrarlo, regresa a su foto más famosa, la imagen con la que está íntimamente emparentada la firma de los Acuerdos de Paz, en la que dos mujeres vestidas de blanco lanzan dos palomas grises a una catedral de San Salvador saturada de rojo.

Ese día fue uno accidentado y la gran foto solo fue tomada hasta el final de la jornada. En la misma plaza estaban decenas de fotógrafos, como Luis Galdámez, que no pudieron llevarse una imagen similar. Fue una cuestión de suerte y, también, de atrevimiento. Francisco Campos fue el único que pudo subirse a la tarima, auspiciado por amigos de las diferentes iglesias que ese día se encontraban en el lugar.

“Creo que eso está faltando hoy a los fotógrafos jóvenes, ser más atrevidos. Por ejemplo, yo no vi una foto diferente de lo que ocurrió con el incendio del Ministerio de Hacienda”, comenta Campos.

Y su famosa fotografía le sirve, también, para reflexionar sobre otra realidad del fotógrafo en El Salvador, el hecho de que nunca ha recibido un centavo por una de sus fotos expuestas. Eso es comprensible en espacios que viven por amor al arte, como el Photo Café. Pero se vuelve cuestionable cuando lo mismo pasa con las instituciones de Gobierno.

Y eso se volvió paradójico en la celebración, este año, de los 25 años de los Acuerdos de Paz. En la Asamblea Legislativa le pidieron su autorización para usar la imagen. Pero eso no ocurrió, por ejemplo, con la que se mostró en la exposición del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) o de eventos realizados por cancillería fuera del país.

Pero el culmen de la paradoja le ocurrió, dice, hace un par de años, cuando asistió a una convención del FMLN realizada a puertas cerradas sin acceso a medios. Uno de sus conocidos estaba en la entrada. Un par de días antes habían compartido mucho tiempo en la filmación de la película “La batalla del volcán”. Sin embargo, a pesar de la confianza, no lo dejaron pasar.

Resolvió la cobertura tomando fotos del exterior, de las personas pertenecientes a los comités de base ingresando al lugar, sin saber que adentro, como la imagen que coronaba el escenario, estaba en grandes dimensiones la misma foto de las mujeres de blanco tirando las palomas grises. Nadie dentro del partido le consultó si esa imagen podía ser utilizada en un evento proselitista. Una realidad que, según la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, pretenden que cambie con la entrega del premio.

Francisco, ahora, sugiere ir a estirar las piernas para tomar un jugo en un puesto cercano, acompañado de su pequeña cámara. Sin embargo, no tomará ninguna imagen, ocupado en elogiar el trabajo de los otros, de aquellos que, como él, aunque sea en un trecho del camino, decidieron congelar la vida para la eternidad en una fotografía.

Francisco Campos

Postulable

Francisco Campos

Es el fotoperiodista en activo con la carrera más longeva en El Salvador. Inició su carrera en el Diario El Mundo en 1981. Al igual que su colega Luis Galdámez, fue introducido a la Agence France-Presse (AFP) por Iván Montecinos en 1986. Estuvo todo el resto de la guerra en esa agencia internacional. La vida luego lo traería a LA PRENSA GRÁFICA, donde trabajó en diferentes puestos de 1995 a 2015. Actualmente labora para El Diario de Hoy. También cuenta con una larga carrera de voluntariado en Comandos de Salvamento.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.

La herencia de Romero en el primer cardenal salvadoreño

Jerarquía. Rosa Chávez pasará a integrar el colegio cardenalicio, definido como una especie de senado dentro de la Santa Sede. Eso no lo coloca sobre la figura de José Luis Escobar, quien continuará siendo el arzobispo titular de San Salvador.
Agradecimiento. El día en que el Papa Francisco anunció su nombramiento como cardenal,
se realizó una misa en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador,
donde está enterrado el beato Óscar Romero.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. En efecto, en entrevistas y comparecencias públicas, parece calcular hasta el extremo el peso de sus palabras, la intensidad de sus gestos, la frecuencia de sus sonrisas. Es la seriedad hecha persona.

Ahora, un día después de que el papa Francisco sorprendió a toda la comunidad católica en El Salvador (él incluido) anunciando su futuro nombramiento como cardenal de la Iglesia, monseñor Gregorio Rosa Chávez luce emocionado por un reconocimiento que, quizá, tampoco se esperaba: un enorme sobre con las cartas escritas para él por alumnos del Complejo Educativo San Francisco.

Una joven, de voz entrecortada y nerviosa, ha sido la elegida para su entrega. Monseñor espera en actitud solemne, el cuerpo estricto, tomándose de las manos.

—Estamos emocionados por este nuevo nombramiento que le da la Iglesia y le ofrecemos nuestro más sentido… eh –dice la muchacha, quien parece no encontrar el siguiente eslabón de la cadena.

—Pésame –complementa Rosa Chávez, mientras explota, en este patio de limpieza monasterial, un petardo de risas adolescentes.

En el sobre pueden leerse algunas frases, puestas ahí a través de letras recortadas en papel multicolor: “Siempre hay tiempo para lo que se ama”, “Se vale soñar”. Son las mismas que repite ocasionalmente a los alumnos y docentes de este centro educativo, el mismo del que se convirtió en director el 20 de julio de 1996, cuando fue nombrado párroco de la iglesia San Francisco, un templo que se erige, con su esqueleto de maciza madera, en pleno centro de San Salvador.

Desde una voz, que puede ser la de todos, se escucha una consigna en altas voces.

—¡Qué viva nuestro primer cardenal!

—¡Qué viva! –secundan otras gargantas igualmente emocionadas.

—Habrá un segundo, habrá un segundo –responde Rosa Chávez, restándole importancia al hito, para después evocar a las figuras del beato Óscar Romero y Rutilio Grande, a quienes pertenece, aclara, realmente este reconocimiento. Luego, sacerdote y alumnos se funden en un abrazo. Al futuro cardenal, que en septiembre cumplirá 75 años, una sonrisa amplia le llena la cara.

***

Las ideas. “Esa imagen de que uno camina con la gente dice mucho. Para mí, es ya una cosa natural, pues lo vi en mis maestros”, dice el sacerdote.

La primera misa de la iglesia San Francisco, como todos los días, ha terminado un poco después de las 7 de la mañana. Y, como todos aquellos días en los que no tiene un compromiso inmediato en el Arzobispado de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez atiende a aquel que llega a buscarlo, aunque sea sin previo aviso.

Las personas que lo requieren son de varios tipos: ancianas, algunas más jóvenes que él, quienes lo inquieren para ser parte de un sistema de asistencias, en el que cada semana reciben $6 en víveres, entregados discreta y directamente por el clérigo; periodistas que buscan su postura para un tema cualquiera; o personas que lo solicitan para contar con su intercesión, como una madre hace unos meses que, afirmó, perdió a su hijo, un estudiante de la Universidad de El Salvador, durante la guerra civil, cuando un retén del Ejército lo sorprendió llevando mensajes para la guerrilla. Dijo que quienes gobiernan ahora el país no han sido capaces de darle referencias de dónde quedó su cadáver, a pesar de que era un colaborador de su organización. Rosa Chávez era su última esperanza. Una que fue respondida.

“Aquí la gente entra como por su casa, porque es una iglesia para gente que no es adinerada. Eso no se podría hacer en un templo de otra naturaleza o en un espacio de oficinas, con muchas murallas que franquear, donde hay mucho protocolo”, dirá el sacerdote más tarde.
Este día de junio también se ha acercado al templo un joven alumno de la Universidad Don Bosco. Ha tenido que esperar un rato mientras Rosa Chávez atiende a una feligrés que llegó para pedirle consejo espiritual. Con lágrimas en los ojos, como quien ha encontrado lo que buscaba, la señora se despide y es el turno del estudiante.

—Entonces, ¿cómo está la cosa? –pregunta el sacerdote, y el joven le explica que está realizando un material audiovisual centrado en la figura del beato Óscar Romero y que, por ello, quiere hacerle una entrevista.

—La hacemos, entonces. ¿Vas a grabar? –dice, y el muchacho lo encuadra en su cámara mientras con la otra mano sostiene un celular y lo coloca lo más cerca posible de su rostro, para obtener un audio más fiel.

Rosa Chávez se explaya diciendo cosas que ha dicho en muchas ocasiones: que a pesar de que les dolió la muerte del beato, sabían que era una cosa que iba a pasar, como cuando se divisan nubes de tormenta en el mar, o que su rostro, cuando vieron el cuerpo con el pecho destrozado, tenía una serenidad de santo. Lo dice, sin embargo, con el tono de quien lo comparte por primera vez, de quien lo revela.

En un punto cita, al pie de la letra, el diario de Monseñor Romero, justamente el pasaje donde se refiere a él como un “amigo que lo ha sido desde tanto tiempo y muy de fondo”. Al hacerlo, hace un gesto de timidez, como el de un sonrojo ante un halago.

Pocas cosas hay de las que monseñor Rosa Chávez se jacte en público. Una de ellas es la de ser la única persona que estuvo en todos los diálogos del proceso de paz de 1984 a 1989, antes de que la Iglesia católica fuera reemplazada por la ONU como mediadora entre la guerrilla y el Gobierno. A lo largo de muchas entrevistas, ha dicho que a él le corresponde “ese récord”. La otra es su amistad con Monseñor Romero y el hecho de que sea el suyo uno de los nombres que más aparecen en sus diarios, los mismos que recogen sus tres intensos años como arzobispo de San Salvador. Según un conteo hecho al material, Gregorio Rosa o el padre Goyito, como lo llamó el beato, está plasmado en el texto en 16 ocasiones.

Las primeras entradas donde aparece, referentes al 24 de abril y al 3 de junio de 1978, tienen un tema en común. Un angustiado y solitario Romero pensaba en una carta enviada por el entonces obispo de San Vicente, Pedro Aparicio, a la Nunciatura y a la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Su colega lo acusaba de fomentar “una falta de disciplina en el seminario, incluso de sembrar ideas izquierdistas entre los alumnos”. Y con quienes primero compartió sus penurias fue con Rosa Chávez, entonces rector del seminario San José de la Montaña, y con Abel Morán, prefecto de estudios, ahora parte de la iglesia El Calvario de Santa Ana. Los dos jóvenes sacerdotes le compartían su frustración porque ni siquiera les habían dado la oportunidad de defenderse.

En la segunda entrada, la del 3 de junio, Romero alababa los aportes de Rosa Chávez para redactar su respuesta, la que sería enviada al Vaticano como prueba de descargo. El futuro cardenal le aconsejó atenerse a los datos científicos, comprobables, medibles, algo que el beato no había tenido en cuenta.

“Vi el primer borrador de lo que había escrito y era un texto muy pasional, en el que se había dejado llevar por las emociones… Monseñor era así, un hombre primario, que tenía que hacerlo todo ya… Yo, en cambio, no soy una persona apasionada, siempre he tratado de ser más cerebral, es mi naturaleza. Además, como director del seminario, tenía muchos datos a la mano”, apuntará más tarde Rosa Chávez. La respuesta final, la que permitió que Romero continuara siendo él mismo, fue enviada tal como lo aconsejó su amigo, tras varias noches y mañanas de trabajo conjunto.

La entrevista termina y el estudiante se retira satisfecho. Confiesa que nunca creyó que sería tan fácil cumplir con su misión.

—Bueno, me retiro a desayunar –dice Rosa Chávez, mientras abre la puerta que desde el templo de San Francisco conecta al espacio donde están sus aposentos.

***

Los modelos. En la primera imagen, Rosa Chávez aparece al lado de Óscar Romero,
cuando el primero era director del seminario San José de la Montaña.
En la segunda, el libro que recoje las cartas publicadas en la revista
Orientación por Arturo Rivera y Damas, de quien fue arzobispo auxiliar,
descansa en su mesa.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. Sin embargo, cuando se ve más de cerca, aclara, la misma se vuelve calurosa, de un afecto que no duda en expresar.

Ambos líderes religiosos han coincidido en diferentes espacios, aunque el de más regularidad ha sido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ahí, dice, ha podido ser testigo de una mente rigurosa, inclusiva, tolerante, que basa sus opiniones en el argumento más poderoso: la experiencia. Y de alguien con una tremenda “capacidad de síntesis”.

“Recuerdo cuando se hizo la primera visita a uno de los municipios priorizados. Cuando decía que el consejo nacional lo que hace es ver el panorama completo, el de la nación, pero era al consejo municipal al que le correspondía, ya en el lugar, ejecutar las acciones. Esa capacidad de visualizar dos funciones diferentes y establecer los roles de cada uno… me parece que sintetizó en esa sola frase todo el quehacer del Plan El Salvador Seguro”, comenta el pastor, quien define al sacerdote como “alguien con quien no es difícil entenderse”.

La amistad se puede cultivar aún sorteando las más grandes murallas. Como la de las convicciones religiosas. Eso lo demuestran Rosa Chávez y su amigo el obispo luterano Medardo Gómez. Desde el otro lado del teléfono, esperando la hora para partir al aeropuerto hacia un nuevo destino, Gómez habla con entusiasmo del próximo nombramiento del clérigo.
Dice que para él, eso representó un alivio: pronto a cumplir 75 años, cuando llegara ese cumpleaños, debería abandonar su puesto como arzobispo auxiliar, como lo indican las leyes de la Iglesia. El nombramiento como cardenal, además de elevarlo, amplió sus años de servicio.

“Se ha hecho justicia”, dice Gómez, para luego pasar a una confidencia que no es la que más lo llena de orgullo: al contrario de Rosa Chávez y su arzobispo, Arturo Rivera y Damas, quienes permanecieron hasta el final, el luterano decidió abandonar el país tras ser amenazado en el marco de la ofensiva Hasta El Tope, en 1989.

Gómez escuda su decisión en su familia, su esposa y sus hijos, “los que de nada tenían la culpa”. Esa valentía de Rosa, opina el sacerdote luterano, es parte del testimonio que ahora le vale, “testimonio seguro que el papa tuvo en cuenta”.

“Por eso a mí siempre me extrañó que eligieran a otros como arzobispos cuando él era la opción más lógica, el auténtico heredero de esa tradición”, opina Gómez. “Aunque siempre me lo expliqué con el hecho de que representaba una voz demasiado incómoda para el poder”.

Gómez señala, especialmente, el período en el que se desempeñó como administrador diocesano del Arzobispado de San Salvador (diciembre de 1994-abril de 1995), tras la muerte de Arturo Rivera y Damas y en espera del arribo de un nuevo arzobispo.

Mientras ocupó el puesto, nunca dejó de usar la homilía como instrumento para denunciar lo que, en su opinión, no llevaba un rumbo correcto, una tradición que se remonta hasta Luis Chávez y González, el predecesor de Romero en el cargo. Para ello utilizó la misma herramienta instaurada por Rivera y Damas, una sección colocada justo al final del discurso, a la que simplemente titulaban “Los hechos de la semana”. Durante la guerra, fue en este espacio donde se hablaba, de forma sistematizada, de las violaciones a los derechos humanos que documentaba Tutela Legal del Arzobispado.

Mediador. Su experiencia como garante del diálogo en la guerra civil le sirvió para estar en medio de otros procesos en el nuevo milenio,
como el conflicto entre médicos y Gobierno registrado en 2003. En la foto aparece junto al político Héctor Silva, quien también participó como garante.

Rosa Chávez fue uno de los primeros en criticar el hecho de que los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz no se estaban cumpliendo. “¿Y cómo pueden tener paz los salvadoreños que contemplan el deprimente cuadro de corrupción e impunidad que parece incontrolable y que anida incluso en las esferas oficiales?”, decía en su homilía del 15 de enero de 1995, un día antes del tercer aniversario de los Acuerdos de Paz.

También leía con preocupación los diferentes informes que los organismos internacionales realizaban en apoyo al proceso de paz del país, como los generados por ONUSAL, la comisión de Naciones Unidas destinada como aparato contralor. Rosa Chávez criticaba el hecho de que las autoridades no atendieran las recomendaciones como era debido. En la homilía del 11 de diciembre de 1994, por ejemplo, retoma el informe número 12, que pone especial énfasis en la recién creada Policía Nacional Civil. La ONUSAL describía como un problema la “excesiva autonomía” de que gozaban “dentro de la PNC las divisiones Antinarcotráfico y de Investigación Criminal”. En la última de estas dos unidades, posteriormente, se descubrió la existencia de redes de sicariato heredadas de estructuras creadas durante el conflicto armado. En este sentido, tampoco dejó de denunciar las operaciones de escuadrones de la muerte, una figura que se creía superada cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.

El tema económico no escapó de sus homilías, sobre todo cuando exigía que las medidas estructurales que se tomarían más tarde no fueran en desmedro de la calidad de vida de la población, sobre todo de los más pobres.

“Juan Pablo II afirmó también que ahora es más necesario que nunca ‘defender claramente el principio de la supremacía de los valores de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y la supremacía del bien común en la organización social’. Me parece que el señor presidente comparte la visión del papa. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que en la mente de muchos de sus técnicos y consultores la persona humana está al servicio de la economía y no al revés. No pongamos la carreta delante de los bueyes”, dijo el 5 de febrero de 1995.

La Iglesia decidió inclinarse por un personaje menos polémico para nombrarlo como arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle. Desde su primera semana en la silla, dejó clara su posición de no hablar nunca de política. La realidad y sobre todo la prensa hicieron que luego cambiara su posición y decidiera instaurar las conferencias que, hasta ahora, continúan con José Luis Escobar.

Fernando Sáenz Lacalle sigue siendo un eminente miembro del Opus Dei en El Salvador. Debido a su avanzada edad (este año cumple 85 años), sus actividades se limitan a la celebración de pocas misas al año y a su labor como confesor en la parroquia de Montelena, en Santa Elena.

Trabajo. Rosa Chávez participa en una actividad del Consejo Nacional Educativo, en 2010. La educación, para el sacerdote, es la base de una sociedad para la paz.
También ha formado parte de otras instancias, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Vestido todo de blanco, atendido el último feligrés, Fernando se da un poco de tiempo, mientras camina al carro que lo llevará a su casa, para hablar de su colega, aunque advierte que su memoria no lo dejará ser muy preciso. También el hecho de que la realidad de ahora y la de entonces son muy diferentes, pues en el presente él es un sacerdote y quien fue su auxiliar, un príncipe de la Iglesia.

—Cuando trabajábamos juntos, parecía que éramos figuras contrapuestas. Pero él siempre fue mi apoyo seguro. Es un hombre hecho de diálogo. Todo lo que le está pasando lo tiene bien merecido –comenta Sáenz, con la suavidad de una voz de 84 años.

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El conflicto. En una foto ya famosa, aparece al fondo junto a Arturo Rivera en las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno de El Salvador.

Monseñor Gregorio Rosa Chávez acaba de recibir de manos de dos sacerdotes salesianos la túnica que antes le pertenecía a su predecesor como cardenal. Una cosa más que le hace caer en cuenta que esto de ser cardenal todavía es muy nuevo para él, algo que no termina de asimilar. Hasta la semana pasada, ni siquiera contaba con un escudo que lo representara en esta etapa próxima a iniciar o, como lo expresó anoche en su homilía, en “el nuevo taburete que le concede una nueva misión”, como dice una canción popular. Un diseñador en el Vaticano se encargó de confeccionárselo, aprovechando la visita que realizó a la Santa Sede.

Anoche, también, en la iglesia San Antonio de Padua, en Santa Tecla, volvió a hablar de algo que se ha convertido en uno de sus temas predilectos: su alergia a una Iglesia de gente acomodada en un país como El Salvador, con una historia tan difícil.

“Si colocáramos aquí, en fotos grandes, las imágenes de nuestros mártires sacerdotes tal como quedaron destrozados cuando fueron asesinados, ¿los viéramos?”, preguntó. Los feligreses, a los que hace unos minutos había dado personalmente la mano, aguardaban en incómoda espera.

“¿Qué hacemos con esa sangre? ¿Qué hacemos con esa entrega? ¿Qué nos pide Jesucristo a nosotros ahora como cristianos, en este momento de la historia? Dar testimonio… Alguien me visitó hace poco y me dijo: ‘He renunciado a mi cargo porque no puedo aceptar la corrupción, me quedo sin trabajo, pero mi fe me impide que yo sea cómplice de la corrupción’. Eso pocos lo hacen. Por tanto, necesitamos almas de mártires. Saber decir ‘no’ a la maldad, aunque paguemos el precio”.

Esta mañana, sus preocupaciones son un poco menos trascendentes. Al espacio donde vive, a un costado de la iglesia San Francisco, acaba de arribar un periodista televisivo para realizar una nueva entrevista, otra de una larga lista. Esta mañana dará una más. Antes de que el clérigo baje de hablar con los sacerdotes salesianos, el periodista es recibido por la madre Reina Angélica –ojos claros, vivos–, líder de la orden de las Siervas de la Misericordia de Dios y mano derecha de Rosa Chávez. Es ella la encargada de cubrirlo en los compromisos que no alcanza a atender. También la de confeccionarle su apretada agenda, la que muchas veces representa un reto de malabarismo: además de sus obligaciones en el Arzobispado, está la dirección de Cáritas de El Salvador, sus grupos juveniles, el trabajo social.

Estatus. Desde que fue anunciado su futuro nombramiento, el entusiamo por su figura ha crecido.
No falta ocasión en que un feligrés pida hacerse una foto junto a él.

Como una suerte de agente de relaciones públicas, pregunta por los encuadres que se necesitarán, cuál será el escenario ideal para la conversación. Rosa Chávez desciende de sus aposentos. También pregunta qué será mejor para usar, si el negro o el blanco, o si debe cambiar de aspecto. Le responden que no se preocupe, que lo importantes es “el personaje”.

La entrevista se mueve hacia la iglesia, donde un grupo de niños reza ante el Santísimo.

“Te agradecemos por el nombramiento de nuestro cardenal, que será de gran beneficio para el país”, dice la maestra encargada del grupo, y los infantes lo repiten.

Rosa Chávez hace una única petición, que el rostro de Monseñor Romero, ubicado cerca del altar, quede en medio de la toma. El sacerdote es un apasionado de los medios. No es casual, pues estudió Comunicación Social en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Incluso ahora cuenta con un programa de radio, “La oración de la noche”, heredado de Arturo Rivera y Damas, transmitido por Radio Paz. Por eso no cuesta entrevistarlo: las anécdotas, los retazos de color se le salen a borbotones a la menor provocación.

Finalizada la entrevista, el clérigo pregunta al periodista si no le gustaría grabar una escena en el complejo educativo, donde están sus alumnos. La respuesta es “no”. Una mueca de leve resignación se le dibuja en la cara.

Sus estudiantes significan mucho para él. Eso aseguró hace unos días Tarsiso Martínez, subdirector del complejo, quien ha estado a su lado desde que arribó en 1996. Para él y los que entonces laboraban en el sitio, que alguien de su categoría (el mediador en los Acuerdos de Paz, el rector del seminario San José de la Montaña) llegara a esta parroquia era una suerte de castigo que al clérigo se le imponía.

“Pero para nosotros ha sido una bendición”, comentó Tarsiso. Bajo su mandato, el colegio, al resguardo de la curia arzobispal, ha saneado sus finanzas, creado canchas para el esparcimiento de los estudiantes e inaugurado el bachillerato, para el que se construyó un nuevo edificio. “No sé cómo ha hecho, es a puro donativo, porque lo que se recoge aquí no da para hacer tanto”, dijo el docente.

Rosa Chávez regresa al espacio común donde también habitan las Siervas de la Misericordia. Ahí se da cuenta de que la madre Reina Angélica lleva un tiempo reunida con una representante del Arzobispado. Junto a otra de las religiosas que lo apoyan, Marta Lidia Ávila, trabajan minuciosamente en establecer cuál será la comitiva que lo acompañará a Roma cuando sea nombrado cardenal, el 28 de junio. Casi 100 personas, entre sacerdotes y laicos, estarán con él. Eso sin contar a los miembros de su familia, que suman 60.

Al ver todos esos nombres sobre la mesa, Rosa Chávez se pone emocionado, como quien ya no puede esperar, y da con ambas manos un par de golpes apenas perceptibles en el respaldo de la silla donde está sentada la hermana Marta. Eso se distancia un poco de una de sus cualidades más señaladas: la serenidad. La misma que le ha servido para mediar en diferentes conflictos. Incluso aquellos en los que ha estado involucrada la propia Iglesia. El ejemplo más notorio que se viene a la mente es del sorpresivo cierre, por órdenes de José Luis Escobar, de Tutela Legal del Arzobispado, en 2013.

Según Alejandro Díaz, miembro de la oficina surgida tras ello, Tutela Legal María Julia Hernández, fue él quien se reunió con ellos, los exempleados de la oficina, para limar, definitivamente, las asperezas existentes.

“Nos dijo que él tampoco estaba de acuerdo con la decisión, pero que debíamos bajar el nivel de las aguas, que quienes quedaban en medio de este conflicto eran las víctimas. No lo habíamos visto así”, comentó hace unos días Alejandro sobre el clérigo, “el único miembro de la alta jerarquía de la Iglesia que en verdad se preocupaba por los casos en concreto” mientras existía Tutela Legal.

El sacerdote debe retirarse nuevamente para cumplir con el compromiso de una nueva entrevista, esta vez con un medio radial, donde de seguro sus respuestas contarán con citas de cosas dichas por Óscar Romero, Arturo Rivera y alguno de los papas. Ese es otro de sus sellos: casi siempre hablar con las palabras de los otros, sus mayores, aquellos con los que no osa compararse.

La madre Reina Angélica, su mano derecha desde hace 20 años, hace notar, precisamente, la primera de esas devociones, el hecho de que el sacerdote ya era romeriano cuando ser romeriano podía costar la vida. Pone un ejemplo de su propia experiencia y recuerda el día en que, siendo aún una adolescente, la Guardia Nacional llegó a su barrio y ella tuvo que esconder, en el patio y a toda marcha, la biblia y las estampillas que tenían la imagen del ahora venerado beato.

Cumplido el último compromiso, en toda esta mañana Rosa Chávez por primera vez goza de un momento de descanso.

“Entonces, ¿qué hacemos?”, pregunta, e inicia una conversación informal sobre variados temas, en los que se cuelan las virtudes necesarias para hacer radio, sus maestros franceses de periodismo en la Universidad de Lovaina y las anécdotas de la vida del bonachón papa Juan XXIII. A cada momento es interrumpido por el insistente sonido del teléfono, con llamadas del Arzobispado, de la Nunciatura… prepararse para ser cardenal también puede volverse latoso.

Ahora se le pregunta sobre el arzobispo del que su estilo abreva más, si fuera capaz de hacer lo que hacía Romero, dejar todo de lado para acudir a la ayuda de un necesitado.
“Yo tengo a mi alrededor un equipo, como tú has visto. Tengo un pararrayos, filtros. Nunca seré un Monseñor Romero. Él es irrepetible”, comenta el sacerdote.

Sentado en este espacio, al que ha bautizado el Rincón Mariano, por el que el sol entra pleno en el verde de las plantas, contempla las cosas que han representado su cotidianidad desde hace décadas. A un costado está su alcoba, apenas una cama y espacio para guardar su ropa y su biblioteca, de la que atesora de manera especial ocho volúmenes: los que corresponden a los todavía inéditos diarios de monseñor Rivera y Damas.

Gregorio Rosa Chávez dice no saber qué pasará a partir del 28 de junio, qué misión le tiene deparada el Papa Francisco para cumplir a partir de entonces. Pero una posibilidad es la de quedarse siempre aquí, “con algunas salidas ocasionales a la Santa Sede”. Es la opción que más prefiere.

“Si Dios quiere, espero que me permitan seguir siendo el mismo de siempre”, afirma, fiel a su estilo, sin un ápice de emoción en la voz.

Funciones. Como cardenal, el sacerdote puede formar parte de una comisión en el Vaticano.
Ya ha sido tentado por la de Comunicaciones, asegura.
También puede ser requerido como consejero permanente del papa Francisco
o le puede ser destinada una misión de investigación sobre un tema determinado.