Cómo escribir libros para niños de dos mundos

En venta. René Colato posa con un ejemplar de “Telegramas al cielo”. El libro puede ser adquirido en El Salvador en Librería UCA y en el Museo de la Palabra y la Imagen. También se puede encontrar a Luna’s Press en Facebook.

Sobre su figura han corrido ríos de tinta. Libros que buscan echar luz sobre diferentes facetas de su vida, sobre todo, de aquella etapa en la que se convirtió en “la voz de los sin voz”, un defensor de los derechos humanos en un país repleto de violencia de Estado. De aquella etapa, en suma, que precedió a su asesinato.

Pero esta es la primera vez en que Romero se convierte en el personaje central de un libro infantil. Y, sobre todo, de uno escrito en español e inglés y publicado en Estados Unidos. Se trata de “Telegramas al cielo” (“Telegrams to Heaven”), el más reciente título del autor salvadoreño René Colato Laínez, que vio la luz en septiembre de 2017 bajo el sello de Luna’s Press, la editorial independiente comandada por su compatriota Jorge Argueta.

El libro, que cuenta con las ilustraciones del dominicano Pixote Hunt, se enfoca en la niñez del ahora beato de la Iglesia católica. Y traza, en muy sencillas escenas, el nacimiento de una vocación que lo llevaría a comprometerse de por vida con una fe que, muchas décadas después, lo convertiría en el ocupante de una silla inigualable para alzar la voz en contra de la injusticia.
La historia comienza con un pequeño Romero ayudando a su padre en su oficio, el de telegrafista, maravillado por el hecho de que con solo tocar un botón pudiera comunicarse con todas las ciudades del país. Era la década del veinte, y las facilidades en el flujo de información que ahora disfruta un porcentaje del mundo todavía eran materia de ciencia ficción.

La vocación hacia el sacerdocio inicia con una simple pregunta hecha a su padre: “¿Cómo puedo mandar telegramas al cielo?”, ¿cómo puedo comunicarme con Dios? La respuesta, típica de una familia católica, está en la oración. La que el niño convierte en una de las actividades que terminarán por inclinarlo a su llamado. El libro termina con la noticia de que aquel niño que juró ser el “mejor orador, poeta y músico” para Dios ha regresado a su pueblo natal para oficiar una misa. Nada del futuro de lucha del sacerdote. Era demasiado para un libro para niños.
Así lo dice su autor, René Colato, quien afirma que la idea inicial era otra. En torno a 2001, cuando aún se especializaba en una universidad de Estados Unidos en la narración de historias para niños, Colato imaginó un libro donde se incluyera la historia completa. Contada, obviamente, con los particulares lenguajes y énfasis exigidos por el género.

Pero la realidad le mostró una pared. ¿Cómo era posible que en el libro para niños se hablara sobre un asesinato? Por ello, la idea estuvo guardada por más de una década a la espera de resurgir. Lo hizo hace un par de años, cuando le recomendaron que lo mejor era centrarse en la niñez de su personaje, la misma etapa de la vida de aquellos para quienes el libro estaría destinado.
“Mucha gente conoce al Romero hombre. Hoy yo les presento al Romero niño, un preámbulo a ese gran hombre que llegó a ser. Quiero, sobre todo, que los niños salvadoreños que viven en Estados Unidos se sientan orgullosos de uno de sus líderes y que, a través de él, se den cuenta de que pueden hacer cosas importantes con sus vidas, dejar grandes huellas, a pesar de que el entorno en el que viven les diga lo contrario”, comenta Colato a través de una llamada telefónica desde su casa en Los Ángeles, California.

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En una de sus intervenciones en la serie “Pioneros de la televisión”, el actor estadounidense de origen mexicano Edward James Olmos recuerda la que, para él, significa una de las mayores satisfacciones de su carrera.
En los días en los que encarnaba a William Adama, un líder político y uno de los personajes más importantes de la serie de ciencia ficción “Battlestar Galactica” (2004-2009), una vieja amiga lo telefoneó, al borde de las lágrimas, para contarle lo que su personaje había provocado en su sobrino de 14 años.
“Tía, nosotros (los latinoamericanos) estamos en el futuro”, le dijo el muchacho a la señora.

El festival. Jorge Argueta lee su libro de poemas “Somos como las nubes”, en el Festival de Literatura Infantil, que coordina la Biblioteca Nacional de El Salvador.

El programa de ciencia ficción estaba en su punto más alto de popularidad, y la inclusión de un personaje latino que era el líder de una población multicultural que se parecía mucho a la de Estados Unidos llenaba de esperanzas a un adolescente que, desde entonces, sentía que podía llegar a ser quien quisiera a pesar de hablar español en casa y de ser el heredero de una cultura diferente a la estadounidense.
“Telegramas al cielo”, impreso en pasta dura, es el segundo título publicado por Luna’s Press, nacida para difundir en Estados Unidos literatura de temática salvadoreña en inglés y español para la más demandante e influenciable de las audiencias: la infantil. Una que está creciendo bajo el griterío y la angustia de la presidencia de Donald Trump.
Son los esfuerzos de un grupo de personas por hacer lo que hizo el personaje de Olmos desde una esfera diferente, no tan masiva pero que siembra sus semillas en sitios tan relevantes para la vida de un niño como su salón de clases. La idea es que los niños comprendan que el multiculturalismo, tener una cultura extra a la estadounidense, es siempre una ventaja, nunca un obstáculo para desarrollarse.
Holly Ayala es una salvadoreña nacida en California hace 52 años. Es la pareja de Jorge Argueta, un autor que, para colegas suyos como Carlos Clará, de Índole Editores, puede considerarse uno de los escritores salvadoreños más importantes de la actualidad, sobre todo gracias a los múltiples galardones que ha recibido en Estados Unidos.
Junto a él, Holly ha montado la editorial Luna’s Press, que inició sus tirajes, precisamente, con un libro de Argueta, “Olita y Manyula”, un canto de amor a la elefante que, por más de medio siglo, divirtió a las clases populares de San Salvador.
Desde hace 25 años, Holly trabaja en la producción de un catálogo de publicación periódica en su ciudad natal, San Francisco. La experiencia la ha ayudado para ahora poder montar el proyecto, uno que todavía no le representa ingresos económicos. Por ejemplo, le ha dado los contactos con la compañía que imprime sus libros en China, que permite que sus costos no sean tan altos como si los hiciera una sociedad afincada en Estados Unidos.

En California la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.

Holly se encarga, en su tiempo libre, de realizar todo el trabajo administrativo que requiere la compañía. Y a pesar de que se trata de un sello independiente, cuenta con personas que realizan las mismas tareas que requiere la producción de un libro en una empresa grande: editores, correctores de estilo. Toda la cadena para contar con un producto competitivo.
En California, la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.
Es una oportunidad inmejorable para que un objetivo como el de Holly y los suyos llegue a buen puerto. Incluso han logrado contratos con distribuidoras de contenido educativo para que sus volúmenes lleguen a las manos de maestras en todo Estados Unidos. Cuatro ejemplares de “Telegramas al cielo” han emprendido un viaje de regreso a China, donde fue requerido por docentes que enseñan español e inglés.
“En El Salvador tenemos buenas historias. Nuestro esfuerzo es pequeño, pero esperamos que sirva para que nuestra cultura sea conocida en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo”, comenta Holly.
En marzo de 2018, la editorial formará parte de la conferencia de la Asociación Californiana de Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), donde podrán tener contacto con distribuidores de todo Estados Unidos. Allí también le entregarán un premio a Jorge Argueta por sus contribuciones a la materia en esa nación norteamericana.

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René Colato Laínez es ya el escritor de 12 libros para niños. A excepción del último, enfocado en Romero, a la totalidad de su obra la cruza, como un eje omnipresente, el tema de la migración y de la experiencia traumática de adaptarse a una nueva cultura tras dejar la propia.
“El mensaje de todos mis libros es el de decirle al niño que no está mal que hable otro idioma distinto al inglés, que está bien que tenga su propia cultura”, dice Colato.
Y los libros se basan en su propia experiencia. Desde el primero que publicó, “Esperando a papá”, de 2004. En él, cuenta la historia de un niño que ha debido viajar a Estados Unidos junto a su madre. Ya estando allá, sueña con el día en que volverá a encontrarse con su padre. La versión final de la historia, como en el caso de “Telegramas al cielo”, dista mucho de la primera.
A inicios de 2001, había terminado el cuento que buscaba convertir en un libro ilustrado. Envió el manuscrito a media docena de editoriales, con la esperanza de que genera algún interés. La respuesta fue nula, sobre todo debido a la naturaleza de su libro: en el plan original, el niño y su madre viajaban de manera ilegal a Estados Unidos huyendo de la realidad de su país. Luego, la madre se encargaba de pagarle a un coyote para que llevara, también de manera ilegal, a su padre hacia el país del Norte. La idea de un cuento para niños donde se hablaba de migración ilegal causaba ampollas en los encargados de las compañías.

Usuarios. Niños leen el libro “Telegramas al cielo” en la Biblioteca de los Sueños. La entidad también actúa fuera de sus cuatro paredes en lugares públicos como mercados.

A mediados de ese año, Colato juntó algunos ahorros generados por su trabajo como docente y se inscribió en un taller en Nueva York, en el que estarían presentes representantes de editoriales de todos los estados del país.
Su trabajo llamó la atención de una editora, que, según Colato, se caracterizaba por apoyar proyectos no convencionales. Decidió echarle una mano al suyo y, en los siguientes dos meses, se dedicó a terminar el trabajo. Pero llegó el 11 de septiembre de 2001. El ataque terrorista a las Torres Gemelas inauguró una nueva época, en la que el extranjero se había vuelto mucho más sospechoso para los ojos del estadounidense promedio, sobre todo para el anglosajón. El título se había convertido en un material difícil de vender y la editora decidió cancelar el proyecto.
Tuvo que esperar un año más para que, después de mucha insistencia, Piñata Books, una Rama de Arte Público Press, de Texas, le respondiera uno de sus correos. En este le comunicaban que habían aceptado publicar su libro, pero tendría que ceder a algunas concesiones: no podría hablar de un ingreso ilegal a Estados Unidos. Así, la historia terminó con un niño que llega a Estados Unidos junto a su madre con una visa y a través de un viaje en avión. El padre también llegaría, más tarde, por la misma vía.
Colato pudo, al fin, ver su nombre en un libro ilustrado de pasta dura, pero se quedó con el deseo de contar una historia más acorde a lo que había vivido. Su sueño pudo cumplirlo hasta 2010, cuando publicó “My Shoes and I” (“Mis zapatos y yo”), una suerte de autobiografía transformada en un libro ilustrado. Para este echó mano, como para ningún otro volumen, de la cantera de sus recuerdos.
Y para darle una apariencia amable a la historia de un niño que recorre cientos de kilómetros junto a su padre a través de tres países apenas con lo puesto, utilizó un recurso interesante: los zapatos enviados por su madre de Estados Unidos que le servirán para andar tanto camino se van desgastando a medida que el viaje avanza. El amarillo original se vuelve cada vez más opaco entre tanto lodo y polvo de desierto. Cuando la travesía está a punto de acabar, la suela también cede y se llena de piedras, y uno de ellos está a punto de perdérsele cuando cruza un río. Pero el sacrificio de los zapatos ha valido la pena: son los que le han permitido al pequeño volver con su madre, reunir a la familia que la guerra había separado. Es solo uno de dos libros infantiles en inglés que presentan una entrada ilegal a Estados Unidos. El otro es “Pancho Rabbit and the Coyote”, del mexicano Duncan Tonatiuh, que cuenta la historia a través de animales. En México se prepara una edición en español.
“Es todo un reto tocar temas como estos para los niños. Pero yo lo intento porque creo que, si ellos van conociendo esto de pequeños, generarán la empatía con el otro, el secreto para una verdadera integración”, dice Colato. Y, para ilustrar lo anterior, pone de ejemplo otro de sus trabajos: en este, un niño llamado José va a visitar a su madre recién deportada a un centro de detención en Tijuana, México.

Jorge Argueta

Allí, ella debe explicarle a su pequeño que no estará más con él, al menos por un tiempo. Le dice que, ahora, son como una semillita que debe empezar a germinar. Tras un largo tiempo, comenzará a brotar de ella un tallo, al que le van a salir hojas y que, en un momento, se convertirá en un frondoso árbol que dará frutos. Así, el niño comprende que deberá esperar. El libro finaliza con el sueño de José, donde se reencuentra con su madre, al menos en el terreno de lo onírico.
“No es un final feliz, pero hay esperanza. Los niños, luego de leerlo, se preguntan, ¿y se volvieron a reunir?”, dice Colato, quien puede ver de primera mano el efecto que sus libros causan en los niños porque es maestro de primaria en Los Ángeles. Las regalías en la venta de libros todavía no le permiten vivir dedicándose exclusivamente a escribir.

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En esta historia, el agua nace de las profundidades de la tierra. Va subiendo y, de gotita en gotita, se va volviendo rocío de la mañana, arroyo, mar. Este es el argumento de uno de los libros más recientes del escritor salvadoreño Jorge Argueta, “Agua, agüita”, un nuevo volumen que combina el inglés, el español y el náhuat. Es un trabajo único, editado por Piñata Books, que contó con la ilustración de Felipe Ugala Alcántara, que se inclinó por un diseño relacionado con la pintura tradicional de los pueblos indígenas.
Argueta lo muestra con orgullo como una de sus más recientes conquistas, en este recinto en la colonia América, de San Jacinto, donde funciona su Biblioteca de los Sueños, a la que busca convertir en una extensión para El Salvador de su trabajo en Estados Unidos.

Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

La Biblioteca de los Sueños. Argueta montó el espacio en una casa ubicada en el mismo barrio donde vivió antes de emigrar a Estados Unidos por la violencia de la guerra.

Inaugurada hace apenas un año, es un proyecto que solo se pudo concretar tras algo que, para Argueta, representó una auténtica sorpresa: recibir en su casa un cheque con las regalías de un libro publicado hace 20 años, “Una película en mi almohada”. Tantos ceros y unos lo dejaron con la boca abierta. Tuvo que hablar a la empresa que editaba el libro para comprobar que no se trataba de un error.
Ese dinero le permitió comenzar con la construcción de este pequeño espacio. También comprar y trasladar desde Estados Unidos libros infantiles bilingües, incluyendo aquellos de su autoría. Su objetivo es que aquellos mismos volúmenes que en el país del Norte han funcionado para que niños de origen latinoamericano se sientan más cercanos a sus raíces aquí sirvan para que infantes salvadoreños conozcan algunas nociones de inglés a través de historias que los cuentan.
Cada cierto tiempo, niños de escuelas cercanas llegan al lugar para utilizar los libros. Son grupos grandes para el sitio, de entre 50 y 60 alumnos. Estudiantes de instituciones más lejanas también pueden asistir gracias a una alianza de Argueta con el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Pero la labor no se queda entre estas cuatro paredes.
Argueta arribó a El Salvador precisamente el miércoles 6 de diciembre, para comenzar con una serie de giras en sectores populares, donde llevará los cientos de volúmenes para que cientos de niños puedan tener contacto con ellos. Algunas de las paradas serán el mercado de San Jacinto y varios municipios de Sonsonate, como Santo Domingo de Guzmán, pueblo del que es oriundo.
Jorge, que siempre lleva su abundante pelo recogido en una cola, es también el fundador del Festival de Literatura Infantil, organizado desde 2010 por la Biblioteca Nacional de El Salvador, dirigida por Manlio Argueta. En los ojos se le dibujan múltiples sueños, como traer sus propios libros, los de Luna’s Press, en formatos de pasta suave, más barata, para poder venderlos a precios más asequibles en El Salvador. O que el Ministerio de Educación se interesase en adquirir ejemplares para distribuirlos en escuelas públicas, una labor para la que la compañía tendría la capacidad. Sin embargo, es consciente de la realidad de El Salvador. Solo hay que tomar en cuenta que el último libro de texto estatal se editó en 2009, el último año de la presidencia de Antonio Saca, para hacerse una idea del asunto.
Jorge, ahora, toma entre sus manos uno de los libros que tienen en su Biblioteca de los Sueños. Es un libro que recoge la vida de la poeta chilena Gabriela Mistral, una versión para niños de uno de los íconos nacionales de Chile. Trabajos similares se han hecho de personajes como la mexicana Frida Khalo.
Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante, que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

Ejemplares. Decenas de volúmenes esperan a los niños. Son libros escritos para que los niños latinoamericanos en Estados Unidos no olviden sus raíces hispanas.

De cómo El Salvador puso fin a los secuestros

Cautiverio. Una vivienda donde permanecieron secuestrados dos empresarios estaba ubicada a cuadras de un puesto policial en Soyapango.

Hubo una época en que el principal problema para las autoridades de seguridad pública de El Salvador era el secuestro: ese delito que consiste en privar de libertad a una persona con el objetivo de exigir un rescate a cambio de su regreso. El mismo que tenía entre sus víctimas predilectas a empresarios, comerciantes y empleados con el suficiente poder adquisitivo como para pagar una suma considerable.

En el primer año del milenio, el secuestro representaba una auténtica crisis de Estado: 114 secuestros en 12 meses según cifras de la Fiscalía General de la República; uno cada tres días. Y en cada jornada, los medios reportaban un nuevo caso o una liberación. Las consecuencias de una no lograda posguerra, con hombres adiestrados para usar las armas y para planificar una operación decididos a vender sus habilidades al mejor postor, habían llevado al país a una atmósfera de incertidumbre.

Se registraba un secuestro cada tres días; y solo llegaba una sentencia condenatoria para el 15 % de estos delitos.

Hubo una época, también, en que el Estado salvadoreño fue capaz de imponerse a una crisis basándose en una estrategia destinada a revertir las tasas de impunidad de un delito (el porcentaje de crímenes que no se castigan) para evitar que la actividad continuara siendo rentable para aquellos que la cometían.

“El de los secuestros es uno de los delitos menos complejos para investigar”, dice Daniel Martínez, sentado a la mesa de este restaurante en la colonia Escalón. “Es uno de los que mayores huellas deja. Siempre habrá alguien que negocia, alguien que cuida a la víctima, alguien que recoge el dinero”.

Hoy empleado jurídico de una dependencia gubernamental, Martínez formó parte del equipo fiscal al que le encargaron la tarea de desbaratar, en el menor tiempo posible, las estructuras que cometían secuestros. Todo se construyó a petición de la cabeza de esa entidad, el entonces recién elegido fiscal general de la República Belisario Artiga.

La misión que le había sido encargada al funcionario desde el gobierno central era acabar con ese delito que había dejado de ser uno de naturaleza patrimonial para convertirse en uno pluriofensivo: el impacto emocional en la víctima dejaba secuelas que nunca se desvanecerían; era común que se asesinara a los miembros de la seguridad privada de aquella persona a la que se pretendía secuestrar.

Secuestrar era una actividad tan atractiva que, según lo descubrirían después los investigadores, toda organización que se dedicaba, por ejemplo, a realizar asaltos a mano armada, pretendía algún día tener los recursos logísticos para hacer un plagio. Era, por lo tanto, el centro de la espiral delincuencial, el punto para alcanzar o superar.

Apoyo. El fiscal Daniel Martínez y Mario Machado, abogado querellante de ANEP.

La tesis se comprobó, por ejemplo, cuando diferentes estructuras realizaban determinadas tareas dentro del secuestro. Eso ocurrió con el plagio del empresario Rodrigo Zablah, realizado el 25 de mayo de 2000: quien se encargó de interceptarlo para capturarlo y, posteriormente, llevarlo a donde estaría recluido fue una banda conformada por policías, a la que se le conocía como Los Catrines. Estos, incluso, utilizaron su patrulla policial para atravesársela al carro en el que se conducía Zablah.

La tarea de aportar la casa de seguridad en la que estaría el empresario recayó en otra estructura, liderada por Carlos Vásquez; y la de negociar y recoger el dinero obtenido por el rescate, en la que capitaneaba Víctor Guardado Díaz. Cada uno de los grupos después tuvo la capacidad de hacer plagios por cuenta propia gracias al dinero ganado.

Pero si, tal como lo dice Martínez, el del secuestro es uno de los delitos menos complejos para investigar por su larga estela de evidencias, ¿por qué las autoridades se encontraban de rodillas hasta entonces frente a las numerosas bandas de secuestradores? ¿Cuáles fueron las claves para superar los anteriores fracasos?

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Las claves del Estado

Plagio. Escena en la que fue secuestrado el empresario Rodrigo Zablah, mientras iba en su vehículo en la colonia Santa Elena, el 19 de mayo de 2000.

En la segunda mitad de 2000, se crearon unidades especiales en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil. Solo a la correspondiente a esta última entidad, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), se le destinaron $11 millones para su fundación. Una cifra alta si se considera que en 2017 el presupuesto total de la FGR no superó los $48 millones. Antes ya habían existido otras unidades de esta naturaleza, que no dieron los resultados esperados, pero que tampoco contaron con una inyección económica semejante.

Rodolfo Delgado fue, hasta hace unos meses, uno de los principales asesores del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Asegura que dejó su anterior puesto para buscar nuevos horizontes, esta vez en el ámbito privado. Fue uno de los fiscales que formaron parte de ese equipo especial desde su conformación, que primero se llamó Antisecuestros 2 y luego adquirió su nombre definitivo cuando se incorporaron nuevos elementos, Unidad contra el Crimen Organizado.

Desde su improvisada oficina, donde hay apenas una computadora en una mesa para reuniones, Delgado señala uno de los puntos clave en la estrategia usada para aprovechar bien los recursos. Este paso comenzó varios meses antes de que siquiera pusieran un pie sobre el terreno: reconocer que no conocían de manera amplia el fenómeno al que se enfrentaban.
Por eso decidieron que lo mejor era que la información relativa a las estructuras se centralizara en esa fuerza de tarea conformada por la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC.

Toda la segunda mitad del año 2000 fue utilizada para hacer este trabajo de colectación. Eso les permitió determinar que todo mundo tenía información de las estructuras que cometían secuestros, desde las diferentes sedes policiales y fiscales a escala nacional, hasta el Grupo de Apoyo de la PNC, el Organismo de Inteligencia Policial y el Organismo de Inteligencia del Estado. Diferentes unidades especializadas de la Fiscalía habían abierto sendos expedientes referentes a varios delitos para miembros de las estructuras. Todos tenían, por tanto, algún trozo del rompecabezas.

Así, comenta Delgado, pudieron superar un prejuicio que permeaba a las instituciones de seguridad: parecía que se le daba más importancia a un caso en el que la víctima era económicamente poderosa que aquellos donde se trataba, por ejemplo, del dueño de una pequeña venta de gas. Se dieron cuenta de que la misma estructura era capaz de atacar a los dos tipos de víctimas en días consecutivos.

También comprendieron que el mismo grupo podía cometer un secuestro o un asalto a una agencia bancaria. Para ilustrar eso, no hay mejor ejemplo que la banda Tacoma Cabrera, a la que los fiscales consultados para este trabajo definen como una “matriz criminal”. A pesar de que el nombre de este grupo delincuencial es el que viene a la memoria para hablar de esta etapa, solo fueron culpables de cuatro secuestros. La mayoría de los cargos era de robo agravado y homicidio.

Eso dio pauta para el otro punto de la estrategia, que era la investigación ya no por caso, sino por transgresor, entender a la estructura como un todo. Por ello, la Unidad Contra el Crimen Organizado no tuvo que derivar casi ninguno de sus casos a otras dependencias de la FGR. Desde la tenencia ilegal de armas de fuego hasta el lavado de dinero comenzaron a ser investigados por las mismas personas. En la indagación de la estructura también se apuntaba a sus máximos líderes, pues se comprendió que la mano de obra, la base de la pirámide, era fácilmente reemplazable.

Para llegar a los cabecillas, una herramienta importante fue la del testigo con criterio de oportunidad, un criminal que acepta, a fin de reducir o evitar su pena, delatar a otros delincuentes. Era una herramienta novedosa, recién estrenada en el Código Procesal Penal promulgado en 1998.

Matriz criminal. La banda Tacoma Cabrera fue una de las más complejas por su diversidad de actividades con la que se enfrentaron las autoridades en esa etapa.

Pero el recurso no fue utilizado en la mayoría de ocasiones, según lo comprobó esta revista mediante la revisión de 15 sentencias del delito de secuestro y secuestro agravado producidas por diferentes tribunales a escala nacional entre 2001 y 2003. Solo en dos de ellos se utilizó el recurso para individualizar a los autores intelectuales. En el resto de oportunidades, el dato revelador se consiguió tras la investigación sobre el terreno: la revisión de decenas de bitácoras telefónicas, el seguimiento de sospechosos, pruebas científicas recogidas en los allanamientos.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15% de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos. Las autoridades de seguridad hicieron aquello para lo que fueron creadas: encontrar a los culpables de los crímenes y darles su castigo.

En este restaurante de la colonia Escalón, Daniel Martínez, otro de los fiscales que fue parte de la unidad especial, matiza los logros. Para él las estructuras que combatieron en esa época pertenecían a la delincuencia organizada y no al crimen organizado tal cual. Eran, comenta, grupos mínimamente enquistados en el Estado, donde la máxima influencia podía ser la de un sargento de la PNC “que se había metido a secuestrador”.

“Que yo recuerde, casi no hubo gente con verdadero poder político o económico involucrada en secuestros, que realmente pudiera tener incidencia en el sistema judicial. Me acuerdo de un solo caso donde, de verdad, sentimos que sí tembló la gelatina. Era una persona que ordenó un asesinato. Allí él quedó absuelto y a sus conexiones con el narcotráfico no nos dejaron investigarlas. Se las trasladaron a Antinarcóticos”, comenta Martínez.

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Las claves en la sociedad civil

Hubo una época, también, en que la empresa privada a través de sus gremiales formó una parte esencial de la estrategia de seguridad para acabar con un delito determinado, el secuestro. En esa época, según comenta Belisario Artiga, fiscal general de la República entre 2000 y 2006, él y el director de la PNC, Mauricio Sandoval, se reunieron con representes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que se sumaran al esfuerzo. Aceptaron gustosos.

Entre ellos había personas que sufrieron en carne propia un plagio, como Saúl Súster, padre de Andrés, el niño que pasó casi un año en cautiverio. Fue el caso que puso el foco de la atención de la sociedad salvadoreña en un problema hijo de una no bien llevada posguerra, que dejó en el limbo a decenas de hombres adiestrados para usar las armas.

Desde ANEP crearon el Patronato Antisecuestros. Allan Hernández fue el director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República hasta hace unos meses. También fue el fundador de la Unidad Antiextorsiones. Ahora se enfrenta al reto de perseguir la criminalidad organizada en otro país de Latinoamérica. A principios del milenio, él fue parte de la célula fiscal de élite que lideró la estrategia contra los secuestros. A través de una llamada telefónica, el abogado explica que quizá sin el apoyo de los empresarios, la tarea no hubiera tenido el impacto que consiguió.
Según explican fiscales y policías, fueron los empresarios los encargados de presentar a la fuerza antisecuestros a los familiares de las víctimas, algunos de los cuales eran representados por la propia ANEP. El objetivo era generar un lazo de confianza con unas autoridades de seguridad desprestigiadas.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15 % de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos.

Según explica Gustavo Villatoro, fiscal de enlace y jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, algunas de las estructuras de secuestradores tenían entre sus filas a agentes de la Policía Nacional Civil. Era una paradoja que se les pidiera que confiaran en aquellos que, posiblemente, estaban participando en los delitos. Pero la intermediación funcionó.

Allan Hernández afirma que eso les permitió entrar a las casas para cumplir con dos objetivos. El primero era el de coordinar las negociaciones, asegurarse que la suma pagada no fuera alta. Demasiado dinero permitía que una banda se convirtiera en varias. La segunda era la de entrevistar a los familiares de los que habían estado cautivos.  “Era increíble lo que nos servían los pequeños aportes que nos podían dar los familiares. Clarificaban mucho las líneas de investigación”, asegura Allan.

Según Daniel Martínez, otro de los miembros de la Fiscalía en la Unidad Antisecuestro, el apoyo del Patronato Antisecuestros no se limitaba a ello. También aportaban dinero para, por ejemplo, reparar los dos carros que tenía asignados la unidad. A pesar de que el gobierno de Francisco Flores destinó un presupuesto de $11 millones al esfuerzo, la tarea fue realizada en medio de carencias. Según explica Martínez, cuando comenzaron solo contaban con dos computadoras para toda la unidad.

Los empresarios también designaron un querellante para los juicios y presionaron mediáticamente a los jueces para no venderse al mejor postor; y facilitaron recursos para que las víctimas pudieran tratarse psicológicamente. La participación de la empresa privada hizo la diferencia en un momento de crisis como el que enfrentaba el país.

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Palabra de juez

Georgette Safie llegó a las oficinas del Taller Fojume, en la colonia Toluca de San Salvador, a las 8 de la mañana del 23 de febrero de 2001. Mientras esperaba que el vigilante abriera el portón del local para que ella entrara, un carro azul de vidrios polarizados se estacionó en la misma acera. De él bajaron cuatro hombres con el rostro cubierto por gorros navarone.
Venían armados con fusiles que, según lo describió el vigilante, eran AK-47, una de las armas de asalto más utilizadas en el mundo. Lo sabía bien porque uno de los hombres le puso el cañón de una de esas en su espalda para quitarle la escopeta con la que se podría defender. El resto de hombres se encargó de sacar a Georgette Safie de su vehículo para raptarla.

La familia no supo nada de la señora hasta que sus captores se comunicaron por teléfono. En esa llamada exigieron $228,000 como pago. Mientras esto ocurría, Safie estaba en una casa en Santa Tecla, cercana al punto de buses de la ruta 101-D, con dos pasamontañas y cinta aislante que le impedían ver su entorno. Luego, la señora fue llevada a otro inmueble en San Martín.

Desarticulación. Miembros de la Fiscalía y de la PNC durante la conferencia en la que informaron sobre el desbaratamiento de la banda El Gallina, culpable de varios secuestros.

Las negociaciones, realizadas por el sobrino de la víctima, Miguel Gerardo, permitieron que las exigencias se redujeran hasta los $57,140. El día de entregar el dinero llegó el 3 de marzo de 2001. La Policía montó un operativo para detener a aquellos que llegaran a recogerlo. Varios automóviles y motocicletas pasaron una y otra vez en los alrededores de la gasolinera que se fijó como sitio para el intercambio. Los delincuentes se dieron cuenta de la estratagema y abortaron los planes. Sin embargo, uno de los retenes colocados en las inmediaciones dio sus frutos y se pudo capturar a tres de los implicados.

Uno de ellos aceptó declarar gracias al criterio de oportunidad. Plagiarios y familia pactaron una nueva entrega de dinero para el siguiente día, el 4 de marzo. Esta vez, las autoridades de seguridad no montaron otro operativo para seguridad de la víctima. Los $57,140 se pagaron para que liberaran a la señora, que apareció en el centro de San Salvador el mismo día.

La Fiscalía, que fue representada por Allan Hernández, Jaime Wálter Segovia y David Acosta, montó un caso en el que echó mano de múltiples pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Todas las evidencias apuntaron a dos acusados, que ya estaban perfilados por las autoridades como sospechosos: Roberto Salomón Gutiérrez (a quien incluso se le encontró parte del dinero marcado por la Policía para pagar el rescate) y Saúl Ernesto Vásquez Rodríguez. En la valoración de la prueba, los jueces dieron por probado cada planteamiento de la Fiscalía a través de la evidencia que desfiló en el juicio. Ambos acusados fueron condenados a 22 años de prisión por el voto unánime de los tres juzgadores del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Uno de estos jueces era el ahora magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia Martín Rogel Zepeda, quien tiene un muy buen recuerdo del trabajo de ese entonces de los fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado, donde, dice, era plausible que cada investigador sabía qué debía probarle al juez. Según Zepeda, las relaciones de los hechos presentados siempre eran claras y precisas; y la evidencia que se presentaba estaba íntimamente relacionada con un determinado hecho.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tiene un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Cada testigo propuesto se presentaba a declarar lo que expresamente abonaba a la investigación. Para Zepeda, era innegable que esa persona había sido trabajada con antelación por un fiscal para saber qué hacer en una vista pública. Para el juzgador, una ventaja era que se trataba de casos complejos pero manejables: había una docena de acusados, pero para cada quien se contaba con una investigación sólida. Eso lo respaldan las cifras, de casi 2,000 acusados, solo una veintena contaron una resolución absolutoria. Varios de ellos formaban parte de los procesos de la banda Tacoma Cabrera, una de las más grandes a la que enfrentó la unidad, con casi 100 componentes.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tienen un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

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El legado que no fue

“No podemos decir que cumplimos todas las misiones. Hay gente, como a la familia de Gerardo Villeda Kattán, a la que no podemos decirle eso. Cometimos errores”, afirma Allan Hernández, quien permaneció más de 20 años en la Fiscalía General y ocupó diferentes jefaturas tras salir de la Unidad Contra el Crimen Organizado.

Allan se lamenta frente a un caso polémico, en el que un niño de nueve años fue asesinado en medio de un operativo de las autoridades de seguridad. Pero el lamento podría extenderse ante el hecho de que la experiencia de la unidad no haya permeado al resto de la institución, una que todavía deja traslucir errores en su trabajo.

Para muestra, un botón: en el juicio por lavado de dinero contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, se menciona a un testigo clave, al que se le nombra como Olimpo. Sin embargo, en la audiencia inicial del caso, los abogados defensores rieron al señalar que, en la misma relación de los hechos del requerimiento fiscal, se identificó, en un descuido, a la persona que brindó la información con nombre y apellido.

Uno de los pocos trabajos ajenos a los plagios donde la Unidad contra el Crimen Organizado utilizó su experiencia fue el que condenó a varios miembros de la banda de narcotraficantes del oriente del país: Los Perrones.

El caso no fue llevado por la unidad Antinarcotráfico, sino por la de Crimen Organizado, aquella donde estaban algunos de los miembros de la original Antisecuestros 2, como Rodolfo Delgado. La DECO se encargó de la tarea con respecto a la PNC.

En el trabajo fueron apoyados por las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas, donde ya fungía como titular Gustavo Villatoro y trabajaba en el área de investigaciones Daniel Martínez. Fue uno de los último remanentes de una unidad que dio resultados exitosos.

Las pandillas. Pandilleros incursionaron en las bandas de secuestradores a principios del milenio, como Dionisio Arístides Umanzor, cabecilla de la MS. Fue condenado por el secuestro y la muerte de Eduardo Álvarez.

Algunos de los fiscales consultados confluyen en apuntar que es posible que este no traslado de la experiencia a otras áreas de la FGR se debiera a un divorcio entre las unidades élite, vistas por Belisario Artiga, y las otras sedes fiscales, de las que se encargaban su fiscal general adjunto, Romeo Barahona, quien tras la salida de Artiga se convirtió en el titular de la institución.
Otra razón es que para ningún otro delito se destinaron recursos económicos semejantes. Apagado el fuego de los secuestros se creyó que ya todo el trabajo estaba hecho.
¿Podría replicarse la experiencia en crímenes como la extorsión y el homicidio, cometidos principalmente por pandillas? Para Rodolfo Delgado, quien hasta hace unos meses era asesor del fiscal general, se trata de dos realidades diferentes.

En una, la de los secuestros, se trataba de hechos cometidos en zonas geográficas determinadas, con un perfil de víctima y victimario limitado. En los días presentes todo es más difuso y casi cualquiera puede ser víctima y victimario. Para Delgado, sin embargo, sí hay elementos para replicar: mejorar el procesamiento de información a través de un mecanismo de centralización, que permita armar un rompecabezas todavía desconocido.

También el mejoramiento de redes de inteligencia sobre el terreno, donde se trate de obtener de las fuentes de información datos íntimamente relacionados con las investigaciones en proceso. Eso, abona Daniel Martínez, sería mucho más efectivo que la estrategia de choque tomada por el gobierno actual.

Gustavo Villatoro, por su lado, asegura que el camino tomado es uno de palos de ciego, sobre todo porque no se está atendiendo a la forma de la estructura que se combate. La de las pandillas, asegura, exige un esfuerzo coordinado, en el que una unidad de élite centralizada debería de encargarse de los programas, donde están los líderes con mayor peso de la pirámide; y las unidades del resto del territorio deben ir por las clicas. “Eso, que suena tan simple, nunca se ha hecho en El Salvador”, apunta.

Y Daniel Martínez, desde este restaurante de la colonia Escalón, recalca una de las principales necesidades de las que ha hablado desde que formaba parte de la FGR: la creación de una política criminal a largo plazo, en la que institucionalmente se establezca cuál es el camino a seguir: “No es un asunto de gobiernos, sino de Estado. Que los políticos se peleen por la economía, que se den verga. La seguridad es otra cosa. Ahora ves que están jugando con nuestra cabeza en la mesa de billar, con nuestros muertos”.

Vidalina contra el destino de pobreza

El orgullo. Varias mazorcas se secan al sol en el patio de Vidalina. Al fondo está su casa, que ha terminado de construir con su propio dinero.

Hace nueve años, la casa que ahora ocupa el centro de este terreno existía solo en sus sueños. Vidalina Pérez estaba embarazada de su sexto hijo, el último de un matrimonio que duró 20 años y terminó tiempo después de que su esposo decidió migrar a Estados Unidos, donde podría encontrar un empleo que multiplicara por mucho el dinero que ganaba como vendedor de refrescos. El mismo que serviría para construir su casa, un lugar para tener algo que llamar propio en el cantón El Jocotillo, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en el que habían vivido desde siempre. La levantarían sobre este terreno ubicado a unos pasos del río Paz, a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura. Ese pedazo de tierra que todavía no era suyo, pero para el que ya habían pagado una prima de $100, prestados por el padre de la mujer.

Vidalina le dijo a su esposo que se quedara, que seguirían sobreviviendo como hasta entonces, trabajando aquí y allá. Pero estaba decidido. Trabajaría por los dos, para que ella se dedicara por entero a la crianza de los hijos. Cuando él ya estaba en Estados Unidos, al término del primer mes le envió $500. Era el cumplimiento de una promesa. Vidalina repartió esa suma en las necesidades más inmediatas: reforzar la champa provisional que servía para no estar a la intemperie, pagar la cuota del terreno, usar algo para la comida de ese mes, comenzar con la instalación del agua potable y con la colocación de los cimientos de su vivienda.

Pero la promesa fue un espejismo y, tras ese envío, ya nada supo de su esposo. El dinero recibido se terminó, con un cúmulo de obligaciones adquiridas ya encima. Vidalina decidió que haría lo de siempre, rebuscarse por un empleo en la zona o salir a vender cualquier cosa para ganar unos dólares. Sus hijas mayores le dieron una mano. Lo que ganaban, sin embargo, era apenas lo necesario para comer tortilla con algo encima, que cuando el tiempo se presentaba bueno eran dos huevos para siete personas. Si no, limón o sal.
Vidalina vive en el campo. Es, por tanto, una mujer rural, un segmento de la población históricamente marginado. Sobre todo en lo que a aspectos económicos y a la posibilidad de ganarse el pan se refiere. Según el informe específico sobre el tema presentado por el Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU) en 2013, para 2012 las mujeres solo representaban el 31.2 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural, la que, a su vez, solo contiene al 33.6 % del total nacional. Es decir que en todo el país solo una de cada 10 personas de la PEA es una mujer rural.

Toda una paradoja si se toma en cuenta un dato proporcionado por el mismo estudio, obtenido a través de talleres de consulta, en los que participaron 61 mujeres. Entre ellas, 39 contestaron que eran jefas de hogar, que su grupo familiar estaba enteramente a su cargo. Solo 11 aseguraron que contaban con la ayuda de una pareja para hacerlo de manera conjunta. Otras 9 respondieron que era su esposo el que capitaneaba el barco.

Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %. Es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales.

Otro tanto ocurre en cuanto a los ingresos percibidos. Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %, es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales, donde ellas puedan tener un mayor control sobre sus ingresos.
Y como mujer rural, Vidalina ha tenido que lidiar con estas realidades. Y hace nueve años a ellas se sumaban la partida de su esposo y la adquisición de varios compromisos económicos. Una de las pocas salidas que encontró fue un programa de créditos en el que ya participaban algunas de sus conocidas, gestionado por la Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR), en el que una mujer como ella, sin nada realmente propio, con seis hijos bajo su cargo, podía ser sujeto de un préstamo.
Este, sin embargo, no estaría exento de garantías, aunque estas se depositaban no en documentos o propiedades, sino en la misma comunidad. El esquema es simple: en una localidad se busca a por lo menos cinco mujeres que confíen la una en la otra. Con ellas se conforma un grupo. Este grupo después se integra a un centro, que está a cargo de un coordinador, empleado de la entidad prestamista.

La garantía está en que se trata de créditos solidarios: todo el grupo responde por el crédito de cada una. Si una de las socias no paga, las demás deben cubrir esa cuota faltante de su propio dinero. Por eso, solo ingresa al programa alguien que las demás mujeres están seguras de que pagará, que no terminará por dejarles un problema.

El primer crédito que Vidalina recibió fue de $100, que tuvo que cancelar en 13 catorcenas con cuotas de $11: $143 en total, $43 más que el capital recibido. Puede sonar a mucho, pero en el mundo de los microcréditos es lo estándar, según Mabel de Soundy, especialista de inteligencia de mercadeo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Esto es porque una operación de este tipo tiene diferentes costos fijos, como la infraestructura o el pago de los empleados encargados de cobrar el dinero.
“Los mismos costos genera el cobro de un crédito de $100 que uno de $1 millón”, ilustra Soundy. La ONG de investigación financiera Microfinance Information Exchange fija el costo promedio para administrar un préstamo en Latinoamérica, independientemente de su monto, en $172.

El negocio. Vidalina arroja una tortilla a la plancha en su puesto ubicado a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Con los $100 que le prestaron, Vidalina compró primero maíz negro, maíz blanco, semilla de ayote, frijol y sal en cantidades suficientes para vender atol shuco todos los días por al menos un mes. Compró una olla y pudo adquirir el carretón que antes tenía que alquilar. También compró verduras del lado guatemalteco que revendió en el lado salvadoreño con una interesante ganancia gracias a una curiosa diferencia de precios: si en El Salvador un güisquil cuesta $0.50, al cruzar la frontera se puede adquirir a 1 quetzal, cuatro veces menos.

Eso le permitió juntar suficiente dinero para salir con todas sus obligaciones, incluyendo el crédito, y continuar con la construcción de su casa. El resultado fue mejor de lo esperado. Desde entonces y hasta ahora, Vidalina ha sacado un crédito con la misma entidad cada seis meses. El último que recibió fue de $700. Por este deberá cancelar 13 cuotas de $72, un total de $936.
Este día de octubre de 2017, Vidalina ha regresado a su casa tras pasar varias horas palmeando tortillas. Es delgada y camina siempre erguida, moviendo poco los brazos, en una imagen de rigurosa vitalidad. Tiene 45 años, pero aparenta mucho menos. Abre la puerta y cruza el umbral en medio de sombras. Cuando estas se disipan, se puede ver el interior de su casa, el sueño cumplido de Vidalina: un sillón viejo pero limpio hasta el menor hilo, una televisión de pantalla convencional, un pequeño equipo de sonido, varias sillas y una mesa de plástico. A un lado está el cuarto donde duermen ella y sus dos hijos más pequeños, de nueve y 14 años, los únicos que todavía viven a su lado. Esta casa es su gran orgullo.

“Cuando me quedé sola, yo creí que no lo iba a poder lograr. Pero ya ve, ya hasta tengo agua y luz”, dice Vidalina. Ahora no es capaz de decir cuánto fue la inversión final en materiales para su casa, pues la mano de obra la hizo su hermano, que le cobró $150 por todo el trabajo. Haciendo cuentas, asegura que quizá la suma final fue de unos $4,000. A eso también se le agrega el pago de agua, la conexión de su casa a las tuberías del servicio de agua potable, que fija en unos $1,400.
—Vidalina, ¿cuál es su ganancia mensual?
—Unos $90. Con eso la vamos pasando. Uno de pobre con poco se conforma. Yo eso tengo, que soy algo conformista –dice, mirando de reojo sus pies, esta mujer que, como otras en El Salvador, ha sido sometida a un ciclo diseñado para impedir su desarrollo: cuando tenía solo 16 años, su pareja, de 30 años, la embarazó de su primera hija; nunca estuvo en un salón de clases y no aprendió a leer; ha trabajado desde niña para poder llevarse un trozo de comida a la boca.

Noventa dólares son el dinero que le queda después de apartar los $72 que ahora desembolsa cada mes con respecto a su préstamo de $700. Es algo que disciplinadamente aparta. Está, por tanto, dentro de los gastos fijos de su negocio. Otros $90 sirven para pagarle el sueldo mensual a su empleada, a quien ahora ha dejado palmeando tortillas en su puesto fijo, otra conquista para ella, ubicado a unos 50 metros de su hogar.

Desde ahí puede dedicar toda la mañana a producir tortillas, en una jornada que va desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tras ello descansa dos horas para volver a ese rincón y quedarse hasta las 7 de la noche haciendo pupusas y otros bocadillos.
—Pero no se imagina lo liviano que siento ahora que ya no tengo que pagar la letra del terreno o la de la paja de agua. Que ya he podido tener las cosas a mi nombre –comenta Vidalina, angustiada porque el reloj casi llega a las 12 de la tarde y ha dejado a su empleada sola en su puesto fijo. Es hora de volver a trabajar.

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El modelo de microcréditos solidarios utilizado por la entidad que le dio el préstamo a Vidalina Pérez no nació en El Salvador. Proviene de Bangladesh, país asiático de 163 millones de habitantes. Fue creado en los setenta por Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz en 2006. El esquema ha echado raíces en casi todos los países del mundo, como una posible forma de superar la pobreza en naciones en desarrollo.

Pero no ha estado exento de críticas. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, señaló que no se trata de una respuesta integral a los problemas, pues, en la práctica, al tratarse de cantidades muy pequeñas, los fondos otorgados terminaban convirtiéndose en “recursos para la supervivencia”

“No es un instrumento adecuado para los pobres porque el endeudamiento hace que las personas vulnerables lo sean más. Esto no quiere decir que proporcionar recursos financieros no sea importante, pero debe ser a la población que tiene unos mínimos vitales cubiertos”, aseguró el experto, fallecido en 2006.

La familia. Vidalina es la madre de seis hijos. El más pequeño de ellos va a tercer grado, al que le ha podido brindar una casa sólida en un trozo de tierra propio tras esfuerzos y privaciones.

Algo parecido opina Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, quien señala que este tipo de iniciativas solo tendrán verdadero impacto si van acompañadas de otras medidas que combatan el problema estructural. Aunque aplaude el entramado solidario y comunitario que han podido generar entidades como ASAPROSAR, que han permitido que mujeres a las que antes la presión del esposo ni siquiera las dejaba intentar emprender un negocio hoy sí lo puedan realizar, la respuesta todavía se queda corta.

“Hay que ponerse a pensar en cuántas mujeres han logrado destacar y generar ingresos más allá de la sobrevivencia, cuántas realmente han logrado cambiar sus condiciones de vida en el país a través del tiempo… Además, casi nunca se utiliza para cuestiones realmente productivas, como el campo, sino que las mujeres están mayormente concentradas en la comercialización”, comenta Juárez.
Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, opina de otra forma. Para él, en El Salvador rural de la actualidad, este tipo de financiamientos significa la única salida para personas con pocos recursos, pues permiten iniciar emprendimientos, una respuesta al hecho de que el empleo formal en el campo es escaso y, cuando hay, casi siempre está dirigido al hombre. Para él, todo microcrédito debe ir aparejado con un componente de capacitación.
“El problema no está en endeudarse, sino en hacerlo de manera irresponsable”, sentencia Choussy.

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Ventas. Una residente de San José la Majada, Verónica Marroquín, se dedica a la venta de tamales. Es una de las 3,500 mujeres que actualmente reciben créditos de ASAPROSAR.

El Gobierno nacional no había tenido un programa referido específicamente a financiamiento para mujeres pobres sino hasta hace un año. Lo ha hecho a través del programa FONDO MUJER, una alianza entre el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la Secretaría de Inclusión Social, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Esta marimba de nombres y siglas, según lo explica Mabel de Soundy, especialista de Inteligencia de Mercadeo de BANDESAL, produjo un programa que consta de dos partes: una, los fondos entregados para emprendimientos, que en su primer año fueron de más de $125,000; la segunda, un fondo de garantía, que era el que en la práctica respaldaba a aquellas mujeres a las que, por no poseer nada, les era imposible contar con una garantía financiera.

El proyecto tiene otros elementos: la primera parte la desarrolla la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que durante tres meses brinda capacitaciones a las mujeres sujetos de crédito en diferentes aspectos de un emprendimiento: desde la manera correcta de calcular los costos reales de un negocio hasta la elección de un rubro determinado para el emprendimiento, que tenga esperanzas de rendir frutos según la zona geográfica donde se desarrolle. Una de las partes esenciales de la metodología es que se aprenda a realizar un presupuesto riguroso que se ha de cumplir a rajatabla media vez se reciban los fondos.
Sin embargo, los alcances de FONDO MUJER todavía están por verse, pues en su primer año los fondos se repartieron en solo 76 créditos, que iban de los $300 a los $5,000.

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Cinco mujeres se han reunido en la casa de Ana Paula de Morales, de 82 años, una de las mujeres con más edad de las que han recibido un crédito de ASAPROSAR. Cada una cuenta con un pequeño emprendimiento, que casi siempre se trata de una venta de alimentos, ropa o joyería. Unas gotas de gasolina para una economía antes animada por el café. Este grano, que en otro tiempo constituía la mayor parte de los ingresos de esta comunidad en San José la Majada, Juayúa, solo representa un dinero extra en la época de corta, la que va de noviembre a febrero, en la que cada una participa.

Las nuevas tecnologías para el procesamiento de café, comentan, han dejado a muchos sin la fuente de sustento que antes tenían en la famosa cooperativa de San José la Majada. Por eso, dicen, octubre representa el final de los meses más críticos en lo que a ganar dinero se refiere.

Solo una de ellas estudió hasta sexto grado, Norma Villeda, quien dice que no continuó en el proceso porque su padre considera que a “una hembra no se le da mucho estudio”. Ahora ella vende de todo un poco: sandalias, blusas, comida en las tardes, chocobananos y charamuscas.

“Sin el préstamo quizá no haríamos nada”, dice Ruth Nohemy Valencia, nuera de Ana Paula, quien junto a su suegra ha logrado surtir de más productos la tienda que dirigen. El resto de mujeres asiente a su afirmación, al tiempo que muestran la manera en la que se ordenan para lograr salir con el pago del préstamo: una libreta donde está reflejada cada cuota y el día específico en que ese dinero debe ser entregado en la caja de crédito de San José la Majada, que colabora con ASAPROSAR dándole un local para depositar el cobro del dinero. Las mujeres, además, tienen una cuenta de ahorro solidaria: todo va a un fondo común del que pueden hacer uso en conjunto o individualmente, previa autorización del resto de miembros.

El grupo. Norma Villeda, María Grande, Emma Paula de Morales, Ana Díaz y Nohemy Valencia, del centro La Colina de ASAPROSAR. 

 

En esta foto, una de las libretas con las que ordenan sus pagos.

María Grande, una de las más participativas de esta especie de mesa redonda, ejemplifica en sí misma aquellas palabras de que la mujer rural debe cumplir múltiples jornadas en el día para lograr unos ingresos dignos a fin de mes. “Yo de casi todo puedo, lo único que no es descumbrar los palos”, comenta.Sin embargo, Grande ha logrado romper con uno de los esquemas más recurrentes en el área rural del país: el hecho de que a las mujeres, históricamente, se les ha negado la posesión de la tierra. Gracias a sus ahorros, su esfuerzo y un crédito pudo adquirir un pequeño terreno que, antes de que ella lo tomara, estaba ocioso. En este, ella y su grupo familiar han comenzado a sembrar café.
—¿Cuánto espera ganar con el terreno?
—No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales –asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad.
El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

“¿Cuánto espera ganar con el terreno?” “No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales”, asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad. El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

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El producto. Nohemy Valencia muestra las charamuscas que han hecho famosa la tienda que maneja junto a su suegra, Emma Paula de Morales. El programa de créditos tiene 23 años.

Vidalina camina con energía de su casa a su puesto y cada tanto debe detenerse para anotar uno que otro pedido. Mientras avanza, afirma que tener $90 libres a final de mes en esta zona del país es mucho mejor que trabajar, por ejemplo, en uno de los muchos comedores o comercios cercanos a la frontera. En efecto, según afirman algunos trabajadores, tras una serie de descuentos, que incluso tienen que ver con su desempeño, el sueldo base no pasa de los $70 en jornadas que superan las 12 horas. En El Salvador, un país con tantas carencias, incluso ganar un sueldo mínimo sigue siendo un lujo inalcanzable para un sector de la población.

Vidalina ya tiene su casa, su sueño de siempre. Por eso, se le cuestiona sobre lo que sigue, cuál será su próxima conquista. La primera corresponde a la educación de sus hijos menores, de 14 y nueve años: quiere que sean los primeros de sus retoños a quienes pueda asegurarles una formación por lo menos hasta bachillerato, aprovechando que en la escuela de la localidad es muy posible que el otro año se incluyan estos cursos.

La segunda es seguir mejorando el lugar donde vive, un terreno amplio que le ha dado espacio para acondicionar, incluso, un gallinero.

“Quizá lo otro es hacer mi muro. No sé, por lo menos dos hiladas de block y lo demás de tela metálica. Ya va a ver qué bonito me va a quedar”, comenta Vidalina, con los ojos llenos de ilusión.

 

Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero

Lavado de dinero – Ilustración de Moris Aldana

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos es el narcotráfico. Naciones Unidas calcula que en los países de las Américas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

El 12 de septiembre de este año, el comité del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narcóticos se reunió para discutir cuáles serán los nuevos pasos a seguir por ese país en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se presentó un mapa que incluía eventos marítimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y México. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotráfico transnacional.
En cuanto a El Salvador, apenas unas líneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la nación comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra más de que el país no es una ruta habitual del traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Proceso. Un fiscal y un policía al momento de allanar las oficinas del venezolano Edward Ali Perdomo y del panameño Rinat Hiram Guardia.

Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país en el contexto del narcotráfico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por más de 10 años en investigaciones de alto nivel en el país, nuestra nación debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotráfico en la misma línea que Panamá, Ecuador y Estados Unidos, todas economías dolarizadas.

Una opinión que converge con el señalamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos, que definió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicación geográfica y su economía dolarizada.

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los estándares internacionales contra este delito y convertir al país en un sitio un poco más blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los últimos años, entre las que destacan la disminución del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.

Las reformas a la ley también han pasado por la inclusión dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde están casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposición, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como única misión avisar a la UIF de cualquier anomalía.

Las empresas del sector formal, además, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulación.

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.

Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.

Eso las pone fuera de la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodologías ni personal especializado para vigilar entidades financieras, según es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su página web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Esta semana se solicitó una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cuáles son los mecanismos de control que la institución que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petición.

En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito: 463 de un universo de 1108, según el último directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el país existe la posibilidad de colocar más de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.

Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: él también pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios años tratando de cuajar en El Salvador. La modificación más importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
Sin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, según un artículo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GRÁFICA en junio de 2017. Para Héctor Córdova, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), el cambio sería negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una dinámica más mercantil.

Por otro lado, aseguró que una medida como esa haría quebrar a muchas cooperativas, que no contarían con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulación.

 

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El diputado. Wílber Rivera Monge fue sentenciado a 12 años de prisión por su calidad de coautor
en una estructura dedicada al lavado de dinero. Es uno de los pocos casos complejos de lavado
de dinero que han terminado en una sentencia condenatoria en El Salvador.

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.

“¿Y toda esa masa de dinero, de dónde viene?”, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo están vacíos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada día atendieran a unas 100 personas.

“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros”, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administración tributaria buscó anomalías en un negocio de este tipo, que se cayó por falta de pruebas. Ahí se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Igual mecanismo ve en algunas pequeñas compañías que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, llegó a las cortes del país.

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el panameño Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compañía telefónica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, así, bajar su costo.
El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compañía telefónica que había sido afectada por esta actividad.

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio ilícito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de dólares al año, de los que, en realidad, se desconocía su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprobó que había sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El presunto pago por el servicio, según el exfuncionario, habría funcionado para bajar esa masa de dinero a través de canales lícitos. El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compañías de telefonía y la pequeña empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo estén siendo utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del país deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas políticamente expuestas, como los funcionarios públicos.

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Dos hombres guatemaltecos y un nicaragüense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.

Un miembro de la Policía Nacional Civil se encargó de hacer la revisión de rutina. Al primero que entrevistó fue a uno de los guatemaltecos, Wálter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le preguntó por los motivos por los que visitaría Nicaragua, a lo que respondió que era porque un amigo lo había invitado. Los nervios con los que contestó la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continuó con su revisión.

El siguiente fue el nicaragüense Marlon Anastacio, quien se presentó como un instructor de caballos que había estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le preguntó si conocía a Wálter Adolfo, a lo que respondió que no. El último en la mira del policía fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.

Con un poco más de aplomo que su compatriota, respondió que iba a Managua a ver unos caballos y que la única carga que lo acompañaba era la mochila que llevaba en la mano. El policía decidió pedirle la maleta para revisarla. Ahí, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certificó sus sospechas. Pidió a los tres que bajaran del bus.

La policía le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrapó en flagrancia y ninguno tenía documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se habían preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

El proceso en los tribunales tardó tres años en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontró culpables a los imputados. Se limitó a decretarles tres años de prisión, los que fueron cambiados por igual período de trabajos de utilidad pública. También se decretó que los tres hombres deberían abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendrían permiso de entrar al país por los próximos cinco años.

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a través de una frontera aérea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadoreñas.

En 15 años de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscalía General de la República ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien más. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.

Uno de los más representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián y al exdiputado suplente Wílber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República construyó 40 casos para demostrar la participación de más de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigación financiera y en la declaración de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Larín y Jorge Roilan Hernández Mena.

Muchos de los casos tenían que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre países a través de medios convencionales de transporte aéreo y terrestre. Uno de los elementos que más tomó en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.

En el caso de Rivera Monge, se logró establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario aseguró que entre 2004 y 2013 había ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a través de ellas habían circulado millones de dólares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces más de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consideró sospechoso fueron las extrañas operaciones comerciales realizadas con automóviles e inmuebles, pues tras adquirirlos reducía drásticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hacía por una cantidad mucho menor.

“Ha generado una pérdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacción”, aseguró el juez. Un análisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibrián y con el resto de imputados.

Para este juicio, la Fiscalía General contó con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibrián por narcotráfico, con lo que se establecía de manera cristalina que esas cantidades de dinero provenían de actividades ilícitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. ¿Qué pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?

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Extranjero. El estadounidense Blake Merriw Wrigth fue hallado culpable por el delito de casos especiales
de lavado de dinero, pues al entrar al país traía un dinero que no había declarado.

¿Cuán intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavandería Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus cifras en inglés), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.

Gracias a tal esquema, un enigmático grupo criminal logró mover $20,000 millones de la Federación Rusa hacia Europa y dejarlos incólumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupción en el Gobierno de ese país europeo o con la gran criminalidad organizada.

Como explican los reporteros en el texto de presentación del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compañías registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establecía un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no existía tal préstamo.

Ambas compañías no tenían dueños claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un paraíso fiscal. Para este caso en específico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todavía no se ha puesto la atención suficiente.

En todos los casos, los contratos de los préstamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que había desembolsado el falso préstamo exigía su pago. Cuando esto ocurría, la compañía deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero debía salir de la sociedad rusa que había servido como garante del préstamo.

Para eso, la empresa que exigía el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este pequeño país, el más pobre de Europa. Ahí un juez emitía una orden judicial “certificando” la deuda como real y ordenando a la compañía rusa que pagara.

Luego, la empresa rusa transfería ese dinero sucio a una cuenta creada por la compañía “prestadora”. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compañía “prestadora”, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba incólume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Unión Europea, respaldado por una orden judicial.
En cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que podían ir de los $100 millones hasta los $800 millones.

En el esquema de la Lavandería Rusa, más de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres años, emitieron más de 50 órdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un país como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces están ahora bajo investigación mientras que otros han renunciado.

La primera transacción relacionada con la Lavandería Rusa ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando una compañía británica llamada Valemont Properties Limited presentó una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un préstamo que había hecho a otra compañía del Reino Unido. Los titulares de esa garantía eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compañías rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
¿Cuántos otros esquemas parecidos a la Lavandería Rusa habrá en el mundo? ¿Existirá una de igual magnitud en América Latina? ¿Será El Salvador uno de sus participantes?

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El de Rivera Monge y Ulloa Sibrián fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El último de ellos fue el de Ismael Cisneros, más conocido como “Medio Millón”, vinculado al cártel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cuñado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a través de negocios lícitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefonía. ¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.

Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, la respuesta también pasa por cumplir a rajatabla los estándares internacionales, que impidan que los criminales actúen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que estén fluyendo ríos de dinero ilícito en un “refugio ideal para el lavado”.

¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Lavado de dinero

Agresores sexuales que visten de policías

Abuso. Agresores sexuales que visten de policías. Ilustración de Moris Aldana.

Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia después de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo, la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle.

Ambas pasaron cerca de un grupo de cuatro policías, a los que aquella mujer, que presentaba lesiones leves, puso en alerta. Fue allí cuando la capturaron. Karen fue esposada y subida a la cama de la patrulla policial. Pero esta no tomó el camino habitual hacia la Subdelegación de Izalco, a la que hubiera llegado en apenas unos minutos.

El automóvil, más bien, salió del casco urbano en dirección a la carretera hacia Sonsonate y se detuvo en un punto en esa zona boscosa que rodea al turicentro Atecozol. Según lo narró Karen en la audiencia inicial que enfrentaba por el robo que había cometido en la madrugada, los cuatro policías la bajaron de la cama del pick up para tocarla.

Uno de ellos tomó especial interés en el abuso. El mismo que unos minutos después la obligó a hacerle sexo oral frente a la mirada de sus compañeros. La moneda de cambio era respetarle su vida. Ella, una delincuente, estaba a merced de sus captores, vestidos con el uniforme azul oscuro.

Según la fiscal del caso, Karen no dijo nada de lo que había pasado ni siquiera cuando uno de sus familiares se acercó a la sede policial. Fue hasta que se encontró frente a un juez que decidió contarlo. Se trataba de una joven que hace solo unas horas había golpeado a una indigente para robarle, por lo que lo narrado podía parecer un argumento para aminorar sus problemas.
Pero un elemento poderoso la respaldaba: la novedad de su captura fue reportada en la Subdelegación de Izalco apenas se le aprehendió, alrededor de las 2 de la mañana. Ella y los cuatro policías no llegaron hasta la sede policial sino hasta un par de horas después. No existía ninguna justificación para la tardanza. Eso hizo que los fiscales correspondientes tomaran en serio los señalamientos de la joven.

El caso llegó hasta las primeras instancias de su judicialización y se giraron órdenes de captura contra los cuatro agentes. Estos, sin embargo, quedarían muy pronto en libertad, pues en el juzgado decidieron otorgarles medidas sustitutivas a la detención. Los cuatro fueron trasladados a otras zonas. La Fiscalía remitió informe a la Inspectoría General de Seguridad Pública para que se iniciaran procesos sancionatorios contra los agentes.

“Es lo que pasa en la mayoría de casos. Lo hemos visto en procesos que llevan otras unidades. Al policía se le traslada a otro lugar, o los ponen en labores de seguridad pública, o los bajan de rango, digamos que a los que son investigadores los ponen de patrulleros. Pero una suspensión nunca la he visto. Media vez no haya sentencia condenatoria, no los remueven”, comenta la fiscal del caso de Karen.

Infográfico.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, asegura que la medida del traslado se toma por un tema de “sanidad”, “porque no es conveniente que esa persona continúe allí”. Pero no se puede suspender a un agente sin agotar totalmente una investigación, sin seguir el debido proceso. “Suspender a alguien mientras no se le haya demostrado su falta sería una arbitrariedad”, dice.
Un poco después de un año de iniciado, el proceso de la adolescente se encuentra en el archivo. La razón es simple: Karen, que también debía enfrentar un juicio por el robo a la indigente, desapareció del radar de fiscales y policías. Cuando dieron con uno de sus familiares, su abuela, les aseguró que la menor había migrado a Estados Unidos.

Por eso, no se pudieron completar algunas diligencias esenciales para la causa: el peritaje psicológico y un nuevo reconocimiento en rueda de personas, para que de esa cuadrilla identificara, otra vez, a la persona que la había obligado a introducir el pene en su boca, mientras los otros tres los observaban.

A pesar de que todos eran acusados de cometer el delito de otras agresiones sexuales, era necesario, para individualizar responsabilidades, definir quién de los cuatro se podría enfrentar a una pena de seis a 10 años por haber tenido acceso carnal bucal, es decir, por haber obligado a la víctima a practicarle sexo oral. Los restantes tendrían ante sí condenas de tres a seis años.

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En la calle. La de los agentes, la más numerosa, fue la categoría policial más denunciada ante la Inspectoría General de Seguridad entre 2012 y 2016.

Según esta fiscal de Sonsonate, al menos en la sede de ese departamento son poco frecuentes las denuncias contra un policía por delitos sexuales. En 2016 solo vieron el caso de Karen; hasta esta fecha en 2017, solo se reporta la acusación contra un policía que acosó sexualmente a un joven de 16 en los baños del mercado municipal de Nahuizalco durante un procedimiento.
Sin embargo, apunta, no es porque no suceda nada: Tras un procedimiento, alguna víctima puede quejarse de algún tocamiento inapropiado de un policía, e iniciar con los primeros estadios de una denuncia. Pero cuando llega el momento de acercarse a la sede fiscal para hacer un reconocimiento, ya nadie se presenta.

“La gente no denuncia por el mismo temor, porque la Policía también está plagada de corrupción ahorita, saben que al denunciar ese tipo de delitos pueden verse involucrados en otras cosas peores. La gente considera que no es tan delicado algo sexual si lo comparan con perder la vida”, comenta.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una joven veinteañera de una populosa colonia de Cuscatancingo a la que un policía, en un cateo aparentemente rutinario de 2016, le introdujo los dedos en la vulva, presuntamente para cerciorarse de que allí no escondiera droga. O el de Marina (otro nombre ficticio), una adolescente a la que ese mismo año un agente en Mejicanos obligó a desnudarse por completo, supuestamente para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos. Ambas aceptaron hablar con esta revista con la condición de no revelar sus nombres ni detalles demasiado específicos que pudieran identificarlas. Y ambas dejaron pasar el hecho sin acercarse a alguna instancia para depositar su denuncia. Ya no viven en sus antiguos hogares.

Por lo tanto, no forman parte de las estadísticas que la Fiscalía General de la República ha reportado con respecto a delitos sexuales cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada. Para los primeros, el consolidado desde enero de 2013 hasta marzo de 2017 indica que hasta 96 casos se iniciaron en una sede fiscal a través de una denuncia por este tipo de crímenes presuntamente cometidos por miembros de la corporación. En el caso de la FAES, la cifra es mucho menor: 39.

La tipificación va desde el acoso sexual hasta la violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. No todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que le da su cargo. Varios, sí.

Como el proceso que condenó a Marlon Isabel P. a ocho años de prisión por la violación agravada contra una adolescente de 16 años de edad. Según los hechos que se reconstruyeron en el expediente, Marlon apareció vestido con su uniforme policial en la casa donde residía su víctima, en la que ya había estado para visitar a la madre de esta. A unos metros de allí, sus compañeros de patrulla lo aguardaban.

En la tarde del 30 de diciembre de 2013, el agente se acercó a la vivienda preguntando por la madre. Al comprobar que no estaba, le pidió un vaso de agua a la adolescente. Esta dejó la puerta entreabierta, quizá confiada en que nada podía pasarle con un agente de la autoridad parado justo allí, en el umbral de su casa.

Marlon aprovechó para ingresar. Cuando la adolescente regresó con la bebida, la jaloneó para que entrara al cuarto de la madre; allí la desnudó y la tumbó en la cama. Él también se quitó el pantalón de su uniforme, que ahora servía como perfecto símbolo de intimidación. La nena lloró cuando penetró en su cuerpo, pues nunca había tenido una relación sexual. El llanto y los gemidos de dolor hicieron que el policía parara y, arrepentido, se disculpara para abandonar la casa en el acto. Cuando la madre regresó ese mismo día en la noche, su hija le contó todo.

La señora decidió denunciarlo en la misma subdelegación donde estaba destacado. En el inmueble estaba Marlon ataviado con el uniforme azul oscuro con el que juró servir y proteger a sus conciudadanos. Fue capturado y remitido a una bartolina.

Otro caso en el que un policía se aprovechó de su investidura para cometer un delito sexual es el de un agente al que llamaremos Orlando, todavía a la espera de una sentencia en firme. Según la víctima, conocía al imputado desde hacía un tiempo, periodo en el que, constantemente, le insinuó su deseo por ella. Él ya le había dicho que era policía y que podía encontrarlo en una delegación de San Salvador.

La víctima fue capturada en mayo de 2013 en un procedimiento por extorsión y llevada, precisamente, a las bartolinas de esa sede policial. Como uno de los encargados de los reos estaba el agente Orlando. Desde que entró, cuenta la víctima, le dijo que no iba a dejar pasar esa oportunidad para cumplir sus deseos: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”

Tribunales. Entre 2012 y 2016 hubo 18 procesos contra policías por delitos contra la libertad sexual. El Estado ha sido denunciado ante la CIDH por ejecuciones extrajudiciales.

A las 9 de la noche de ese día, el hombre, solo vestido con una camisa y en ropa interior, fue a acostarse a la misma colchoneta donde estaba la víctima. Ella, que ya estaba dormida, logró despertarse y le exigió que se alejara. Para su sorpresa, el agente se fue después de no mucha insistencia.

Pero el acoso no terminó allí: más tarde, mientras ella dormía de lado, fue despertada por una mano en su pierna, que la haló obligándola a quedar boca arriba. Era, de nuevo, el policía, quien alcanzó a desabrocharle la pretina de su pantalón para tocarle su vagina. Ella forcejeó y se defendió como pudo, por lo que las cosas no pasaron a más. El acoso, dice la víctima, no terminó hasta que la otra agente que estaba a cargo de la bartolina en ese turno la auxilió, llevándosela al cuarto donde ella descansaba. El testimonio de la señora fue apoyado por el de la mujer policía que también la custodiaba, no punto por punto, pero sí evidenció que la víctima, desde que entró, había advertido su temor hacia Orlando.

Si es encontrado culpable, el policía podría enfrentar hasta a 13 años de prisión, pues se trata de una agresión sexual agravada. El elemento que transforma la tipificación del delito es que la persona que cometió ese abuso era la “encargada de la guarda, protección y vigilancia de la víctima”.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Por eso es interesante cruzarlo con los datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública obtenidos por ORMUSA en su informe “Violencia Institucional contra las Mujeres. Avances y Desafíos”, publicado este año.

El periodo estudiado en dicho informe va desde enero de 2012 hasta marzo de 2016. En ese plazo, la inspectoría abrió 27 procesos administrativos por violación, 29 por agresión sexual y 34 por acoso sexual. Al analizar la información por año, es posible determinar que la apertura de procesos ha venido a la baja: con respecto de los tres delitos referidos, se pasó de 30 en 2012 a 17 en 2015, el último año entero contabilizado en la muestra.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Pero según Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, en el derecho internacional existe una figura llamada principio de unicidad, en el que el Estado responde por los actos que cometen sus agentes dentro de su competencia, pero también al margen. En este sentido, el Estado no puede tener entre sus filas a alguien que vulnera la ley.

 

 

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Esta historia no trata sobre el abuso de un policía en el marco de sus funciones, pero da cuenta de las ventajas que un agente que pertenece a la corporación puede tener a la hora de enfrentar un proceso judicial.

Al policía lo llamaremos Arquímedes, pues el expediente judicial que recoge su caso protege su identidad utilizando solo las primeras letras de sus dos nombres y sus dos apellidos. Arquímedes fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a dos niños de 10 años de edad, quienes no lo conocían antes de que sucedieran los hechos.
El agente, además, se aprovechó de los recursos propios de su cargo para ejecutar los delitos: en tres de las cuatro ocasiones en que abusó de los niños, los amenazó son su pistola de equipo para que se sometieran a su voluntad. Luego aseguró su silencio al decirles que los asesinaría a ellos y a sus familias si contaban alguna cosa.

El agente fue capturado en flagrancia un poco después del mediodía del 29 de octubre de 2013. Ese día, la madre de uno de los niños llamó a la Policía para avisarles que el hombre que, según contaron los pequeños, había abusado sexualmente de ellos en al menos cuatro ocasiones se encontraba nuevamente en el lugar donde se habían perpetrado los abusos, de la misma forma que en las ocasiones anteriores, con su motocicleta detenida a un lado del desolado camino rural. Arquímedes fue liberado tras 72 horas, pero fue recapturado unos días después en la Subdirección de Tránsito Terrestre, la misma en la que servía.

Ya en el juicio, uno de los argumentos utilizados por la defensa para exonerar a su cliente de culpa fue que el imputado no era la misma persona a la que la Policía había capturado en flagrancia el 29 de octubre de 2013. La prueba que sustentaba las palabras de los abogados era el acta de registro de salidas que todo agente debe firmar cada vez que se retira de la sede policial donde labora.

En el acta correspondiente a esa fecha, sostenía la defensa, se reflejaba que Arquímedes había salido a la 1:30 de la tarde, por lo que era imposible que estuviera en el sitio donde se cometían los abusos a la hora en que se dio la captura.

El juez analizó con detenimiento el documento y concluyó que contaba con muchos elementos que apoyaban la tesis de que era falso; porque pudo observar, en un primer vistazo, que había una enmendadura con respecto de la fecha. Allí donde decía “29 de octubre de 2013” también se alcanzaba a observar “29 de diciembre”.

Al juzgador también le llamó la atención que el primer agente que se retiró ese día, el que aparece en la primera posición, indicó su salida a las 3 de la tarde. Arquímedes, que estaba muchas casillas más abajo en el puesto 16, puso como su hora de retirada la 1:30 de la tarde, hora y media más temprano. “Eso está como que en una carrera atlética de 100 metros le diéramos el primer lugar al número dieciséis”, escribió el juez.

Otra explicación a ese detalle la dio uno de los policías que declararon como testigos en el juicio, quien dijo que las actas de salida están en un área de la oficina a cargo del comandante de guardia y que este “a veces se ausentaba”, por lo que era posible que se anotara cualquier nombre sin ninguna supervisión.

La otra irregularidad fue en la rueda de reconocimiento del sospechoso. La defensa alegaba que debía eliminarse esa evidencia, pues los niños no habían identificado a Arquímedes en una primera oportunidad, el 7 de febrero de 2014, sino hasta en una segunda ocasión, justo un mes después.

Para el juez, este nuevo reconocimiento fue necesario porque el imputado, en la de febrero, se presentó al proceso con la barba y el pelo largos, lo que le daba un aspecto muy diferente a aquel con el que lo habían conocido los niños. Desde la Policía se informó que eso ocurrió porque Arquímedes no había podido rasurarse ni cortarse el cabello porque está prohibido hacerlo en el sitio donde guardaba prisión preventiva, las bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre.

 

“Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

 

El juzgador concluyó que se trataba de una artimaña, pues a las audiencias y al segundo reconocimiento sí había podido acudir sin barba y con el pelo recortado. El juez, además, se apoyó en el testimonio de uno de los adolescentes, que aseguró, de manera espontánea, haber podido reconocer a Arquímedes cuando lo capturaron en flagrancia el 29 de octubre de 2013. También aportó variadas descripciones físicas del imputado, sobre todo referentes a su voz y a la complexión musculosa de su cuerpo.

El juez, por tanto, dio por válidos los testimonios de ambos niños, que fueron certificados con multitud de pruebas testimoniales, documentales y con los peritajes físicos y psicológicos, que indicaron que se trataba de infantes abusados sexualmente.

El 12 de septiembre de 2014, Arquímedes escuchó su sentencia: 20 años por el delito de violación en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de uno de los infantes, pues se certificó que había existido penetración anal; 12 más por el de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada contra el otro pequeño, quien manifestó que Arquímedes “le había rozado el pene en medio de las nalguitas”.

La defensa intentó impugnar la decisión, pero la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Santa Tecla, denegó lo solicitado y declaró en firme la sentencia del juez.

 

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Para Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, que un agente se valga de su rango para cometer un abuso tan grande como una agresión sexual es algo grave, pues se sale del marco de lo legal. No hay ninguna justificación. Sin embargo, sostiene, la institución a la que él dirige es una con “una disposición absoluta a investigar”. Algo que contrasta con las numerosas denuncias de víctimas de abusos, que sostienen que los mecanismos disciplinarios de los cuerpos de seguridad están hechos para la impunidad.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), asegura que, entre los muchos casos en los que acompaña la entidad, casi todos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. No hay ni uno solo correspondiente a delitos de abuso sexual, aunque, comenta, eso “no quiere decir que no se estén dando”.

Sí afirma que en el marco de casos de malos tratos o detenciones arbitrarias, en 2017 hasta 14 jóvenes han denunciado que miembros de la PNC han introducido sus bastones en su ano, lo que constituye el delito de otras agresiones sexuales: “No sé si serán los únicos, pero han sido pasajes muy difíciles de confesar por parte de estas personas. La humillación es tanta que la víctima a veces no tiene la capacidad de transmitir todo eso”.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, es difícil conocer en toda su dimensión el fenómeno debido a que está marcado por una imposición de silencio, que se hace más intenso cuando el abuso viene de una figura de autoridad que está armada. “Creo que yo me sentiría menos amenazada frente a un juez que frente a un policía”, acota la experta.

La institución ha realizado una investigación entre 2015 y 2016 que les ha dejado un importante hallazgo, que se repite en los testimonios de varias mujeres, sobre todo menores de edad: que ahora en las comunidades dominadas por pandillas, las mujeres viven en una especie de limbo de fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se enfrentan a los pandilleros, los que tienen cooptado el territorio e imponen su ley: algunas pueden ser tomadas como esclavas sexuales, pues son elegidas, no son ellas las que deciden tener relaciones íntimas con personas de estas estructuras. Por el otro lado, están los policías. Juárez pone un ejemplo y habla de testimonios en los que menores de edad comentan que, al salir de la escuela, hay policías o soldados que las acosan.

Al rechazarlos, cuenta Juárez, los miembros de los cuerpos de seguridad les insinúan que lo hacen porque son la pareja de un pandillero, y toman nota de su identidad y del lugar donde viven: “Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

Un contexto que, al recordar uno de los casos expuestos en estas páginas, hace pensar en la vida diaria como una enorme bartolina, una en la que, como ocurrió con la víctima en esa delegación, un policía le pueda decir a una mujer: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”.

Agresores sexuales.

El llamado de la poesía

Educación. Vladimir lee un poema de su libro “Tufo” a alumnas del Instituto Nacional Francisco Morazán, en San Salvador. Tras ello, responde preguntas de las adolescentes.
La obra. Vladimir posa con sus libros de obra propia y antológicos, que han sido publicados en sellos como la DPI, Índole Editores, Zeugma, Laberinto y Equizzero.

“Tengo la sensación de que timé a mi familia. Bien hubiera podido ser un doctor, un abogado o un comerciante, algo que me diera ingresos fijos, algo que me permitiera independizarme de la casa de mi madre. Pero les salí poeta”, comenta Vladimir Amaya frente a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional Francisco Morazán, para las que ha llegado a leer su quinto libro de poemas, “Tufo”.

Lo hace mientras comparte, por tercera vez en esta semana, su obra con jóvenes de educación media, que dentro de un momento lo acribillarán con preguntas relacionadas, sobre todo, con el milagroso hecho de hacer poesía en El Salvador.

Son las palabras expresadas por la misma persona a la que voces tan importantes como las de Miguel Huezo Mixco, Otoniel Guevara o David Escobar Galindo consideran una de las mejores plumas de la Centroamérica actual, el llamado a inscribir su nombre con letras doradas en la tradición de la gran poesía latinoamericana.

A sus 32 años, Vladimir puede jactarse de que su nombre está inscrito al frente de al menos una treintena de volúmenes. Ocho de ellos corresponden a su obra poética original, una que comenzó con “Los ángeles anémicos” (2010), reflexión en verso de los dos extremos que moldearon su fe: una madre católica hasta los tuétanos y un padre que se declaró ateo “a los 14 años”, según el mismo lo cuenta.

Luego han venido otros títulos que comparten con el primero una característica primordial: una unidad en tono, atmósfera y tema que no admite concesiones. En una época en que la poesía y el arte en general se han inclinado por el signo de la divagación, la apuesta técnica de Amaya es una declaración de rebeldía. Una que se funda en el rigor.

El mismo rigor que le ha aplicado a una de las facetas por las que es más conocido: la de antologador. O, si se permite la licencia, de arqueólogo de la cultura, uno que bebe de las más variadas fuentes para ordenar, sistematizar y actualizar el corpus de la poesía que se ha escrito en El Salvador, y hacerlo para un nuevo público, uno que quizá todavía ignore la magnitud del esfuerzo.

Un esfuerzo en el que dialoga y critica a esa lista de grandes autores, de grandes títulos a los que se debe leer. Ese corpus que se conoce como canon, que, según la historiadora Elena Salamanca, fue instaurado en la década del treinta del siglo pasado. Así, Amaya incluye, por ejemplo, a autores que hablaron de la masacre del 32 apenas unos años después de ocurrida.

Hasta el momento, Amaya ha publicado seis títulos en los que reúne la obra ajena de sus compatriotas de todas las épocas. El primero de ellos fue “Una madrugada del siglo XXI” (2010), una suerte de carta de presentación de los poetas que integran su misma generación. Allí asomaron la cabeza algunos de los nombres que hoy definen la poesía que se escribe en El Salvador, como Mario Zetino.

Pero ninguno es tan ambicioso como “Torre de Babel”, al que le ha colocado el curioso subtítulo de “Antología de la poesía salvadoreña joven de antaño”.

Un edificio de libros. Los 18 tomos de “Torre de Babel” inician con un prólogo, “El exordio oscuro”, que ocupa todo el primer volumen de la colección.

Dieciocho tomos en los que rescata a los escritores que nacieron incluso cuando esta parcela de tierra no era llamada aún El Salvador, como Isaac Ruiz Araujo, considerado como el primer poeta lírico en la historia nacional. Para esa parte, la más alejada en el tiempo, sus fuentes principales, como lo declara el compilador, fueron las dos más antiguas antologías de la producción nacional: “Guirnalda salvadoreña” y “Parnaso salvadoreño”. Pero su mayor aporte para ese periodo es, quizá, la inclusión de dos autoras mujeres que ya no estaban en el mapa: Antonia Galindo y Ana Dolores Arias.

Lo mismo pasa en los siguientes tomos. Las autoras femeninas ocupan un 30 por ciento del espacio total. Un porcentaje importante teniendo en cuenta la sociedad en la que desarrollaron su obra, una en la que el talento femenino ha sido tradicionalmente suprimido.
La muestra llega hasta los poetas nacidos en las últimas dos décadas del siglo XX, a los que agrupa en “Los huérfanos grises”, donde la mayoría de autores son mujeres.

“Torre de Babel” es, sin duda, la más completa compilación de poesía que se ha hecho en toda la historia de El Salvador, que bebe de todos los trabajos precedentes. Pero no solo eso: también va a las fuentes originales y rescata nombres que el olvido y el polvo parecían ya tener atados en sus dominios.

“Lo que puedo decirte es que es un esfuerzo titánico, ese adjetivo le viene bien. Un esfuerzo en apariencia inconmensurable que se hizo conmensurable porque él lo pudo reunir a través de varios tomos”, comenta Elena Salamanca, quien también ha sido incluida en las antologías.

 

Un esfuerzo de un solo hombre

Para erigir su edificio, en el que caben cientos de autores, Vladimir Amaya no contó con más que con él mismo y los días y noches que le dejaba libres la carrera de Licenciatura en Letras.

En este restaurante de San Salvador, Amaya recuerda cómo fue esa aventura, una que justo en 2017 cumple 10 años de iniciada. Jornadas y jornadas enteras de búsqueda en pequeñas bibliotecas municipales o en antologías ya olvidas y que solo se conocían en la ciudad en la que fueron compuestas, o en las más variadas publicaciones periódicas de los pasados dos siglos. Allí encontró poetas populares que eran conocidos solo en sus lugares de origen, como Sonsonate y Morazán.

Cuando los celulares con cámaras aún no eran tan accesibles, Amaya tuvo que echar mano de lo más básico y barato: lapiceros y un cuaderno para anotar, de su puño y letra, cientos y cientos de versos. Luego, al llegar a casa, los transcribía en su computadora. Así se fue haciendo de un envidiable material, que, por cierto, solo en un pequeño porcentaje ha sido publicado en “Torre de Babel”.

Quizá la tarea más ardua fue la de compilar lo que estaba fuera del centro. Ir hasta bibliotecas de Morazán o de La Unión lo más temprano posible para aprovechar el día. Salir de madrugada en los buses interdepartamentales pagados de su propio bolsillo. Regresar hasta muy tarde, inseguro de que hubiera podido recopilar todo lo posible en esta visita. Volver y volver hasta estar satisfecho. Luego, sí, vino el celular con cámara o la cámara fotográfica accesible para ahorrar algo de tiempo. Así continuó hasta 2015, cuando pudo ver impreso su trabajo de ocho años.

“A este trabajo le entregué mi juventud. Por este trabajo no he sido una persona normal. No he salido a fiestas, no he buscado otras formas de ganarme la vida. No he recibido ningún pago, pero fue algo que me propuse hacer y me alegra haberlo completado”, comenta Vladimir, mientras con un tenedor toma otro trozo de pan dulce.

Lo que ha compilado es historia nacional. Por eso, lo más lógico es que el esfuerzo, ya terminado, fuera acuerpado por una institución gubernamental o una empresa privada preocupada por la cultura en El Salvador. No fue así.

“Torre de Babel” fue editado e impreso por una pequeña y artesanal editorial llamada Equizzero. Fue fundada por dos jóvenes de la generación de Amaya, Omar Chávez y Carlos Flores, otros “locos” de la poesía que comparten con su colega el amor por los proyectos en apariencia improbables.

Equizzero no es un lugar, es una idea. Cada quien trabaja en su casa. Los materiales se imprimen en negocios ajenos y echando mano de la creatividad para bajar costos. Así, cada tomo de “Torre de Babel”, empastado en un sencillo papel blanco, puede comprarse a unos $3. Previa petición a la editorial, pues los libros están permanentemente agotados.

En una entrevista realizada por la revista Contracultura en 2013, justo antes de graduarse como licenciado en Letras, Amaya resentía la apatía del Estado con respecto de su trabajo: “Por esto (Vladimir toma la antología ‘Perdidos y olvidados’ entre sus manos) ya hubiera tenido alguna propuesta, un trabajo pequeño pero en el área, por parte de alguna entidad cultural, privada o del Estado; eso en otra parte del mundo pero aquí no”. Tenía miedo de que su único destino fuera ser profesor de Literatura, algo que no le iba a dejar tiempo para hacer su proyecto.

Ahora, cuatro años después y tras la publicación de “Torre de Babel”, Vladimir sonríe al recordar esas palabras y sopesa las ventajas de que haya sido un proyecto que se publicó con esfuerzos suyos y de sus compañeros de generación. Si no hubiera sido así, no hubieran contado con la misma libertad. El Estado le dio una oportunidad a Vladimir hasta el año pasado, cuando lo nombró director de la revista Cultura, un puesto de medio tiempo.

Para el poeta Otoniel Guevara, esto, el abandono de instituciones gubernamentales y privadas a un esfuerzo como el de Vladimir, ha sido la norma en El Salvador. Lo que apoya la historiadora Elena Salamanca, quien para ejemplificar esa tesis explica que la única antología precedente a las de Amaya que fue apoyada por el Estado fue “Guirnalda salvadoreña” (1884), de Román Mayorga Rivas. Pero esta tuvo un objetivo más político que artístico: el presidente de entonces, Rafael Zaldívar, quería dotar de referentes identitarios a la recién nacida República de El Salvador. Pero la crítica de Otoniel Guevara va más allá, al observar la labor presente de la editorial estatal, la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI).

“La DPI te sale con cosas como que no tienen papel para imprimir. Y la oferta literaria, las novedades son pírricas. Vladimir Amaya ha publicado más novedades que la DPI en los últimos cinco años. Me atrevería a decir que es más institución Vladimir Amaya que la DPI en materia de publicación”, asegura Guevara.

Algo parecido opina el escritor Miguel Huezo Mixco, quien define a Amaya como el autor que más está trabajando para conectar la poesía salvadoreña del siglo XXI con su tradición literaria.

“Vladimir está haciendo lo que debiera corresponderle a la editorial del Estado. Esfuerzos independientes de documentar, estudiar y poner en valor la literatura, como el de Vladimir o el de Claudia Cristiani, con AccesArte, están llenando el vacío dejado por el Estado”, afirma el escritor.

 

Contra la noción de olvido

Elena Salamanca está en contra de una noción nombrada comúnmente para referirse a El Salvador. La de que en este país no existe memoria, que es el olvido el que prevalece. La académica cataloga lo anterior como un vicio de análisis.

Según la historiadora, el verdadero problema es que le creemos demasiado a la historia oficial o, lo que es su equivalente en la poesía, al canon, establecido, según comenta, en la década del treinta y en el que se incluye solo a una mujer, Claudia Lars. Para ella, el gran obstáculo es atreverse a cuestionarlo.

“‘Torre de Babel’ es importante porque dialoga con ese canon y lo cuestiona porque trae a cuenta a otros artistas que desaparecieron de él, otros autores, otras voces”, asegura Salamanca. Por lo tanto, para la académica la labor de Amaya es una de disrupción, de romper con lo establecido y con la retórica dominante, ir a la periferia para demostrar que no toda la identidad es lo que ha estado, tradicionalmente, en el centro.

Pero, en un país como El Salvador, con tantas ausencias, ¿de qué le sirve al ciudadano común, de a pie, que se traigan desde las sombras a estos autores? Salamanca da una respuesta, que tiene que ver con la identidad.

“El ciudadano puede encontrar en estas voces rescatadas mayor identificación y mayores vínculos que con los autores del canon… Puede que le digan mucho más de él mismo y de su manera de ser”, afirma.

Paciencia. Amaya se adecúa a su audiencia y explica conceptos complejos con términos sencillos para que puedan ser fácilmente comprendidos por los jóvenes a los que les habla.

 

La gira del poeta

Cuando el año pasado asistió al festival centroamericano de poesía que se realiza en Quetzaltenango, Guatemala, un colega colombiano le preguntó a Amaya por sus años dentro de la labor poética. El salvadoreño no había caído en la cuenta de que en este 2017 cumpliría 10 años de haberle entregado su vida a una pasión.

Por eso se le ocurrió una idea para celebrar su primera década: una gira por los 14 departamentos del país, con encuentros en los que pudiera compartir sus poemas con gente afuera del mundo académico. Así nació la gira “Reflexiones de un viaje sin sentido”, en el que los sitios de reunión son centros escolares o casas de la cultura. Ya ha visitado por lo menos un lugar de cada departamento en El Salvador. Para ello pidió apoyo a la Secretaría de la Cultura de la Presidencia que le brinda transporte la mayoría de las veces.

En esta travesía lo acompaña Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor y su amigo desde hace muchos años.

Esta mañana de septiembre ha iniciado una segunda fase del proyecto, en la que Vladimir visitará lugares que tienen que ver con su historia personal. Por eso ha venido a Cojutepeque, el municipio de origen de su familia y el lugar donde descansan los restos de la mayoría de sus parientes muertos.

En el instituto Walter Thilo Deininger, unos 20 adolescentes ocupan la mayor parte de una pequeña sala, adornada con las fotos de algunos de los autores más importantes de la historia del país. Vladimir, con sus lentes, su ropa y su cabellera desordenada, parece un joven cualquiera, no el responsable de 31 volúmenes.

Dice su nombre, un breve resumen de su trayectoria y presenta el libro del que leerá algunos poemas esta mañana. Se trata de “Mausoleo familiar”, un volumen aún no publicado, en el que ha reunido algunas de sus piezas más autobiográficas. Todo comenzó, explica, cuando su abuela falleció. Ya había escrito algunos versos basados en personajes ya muertos de su familia. Completó estos con el poema escrito para la ocasión. Decidió hacer de ellos un pequeño volumen para regalárselo a sus parientes, quienes no terminaron de apreciar el detalle.

“Siempre he sido callado, solitario y me he sentido cómodo siendo así. Pero en esa ocasión quería demostrarle a mis familiares que este hecho también me dolía. Quería que ellos compartieran conmigo su dolor. Pero no lo entendieron del todo. Así que este libro sirve para desquitarme porque me encachimbé”, dice Vladimir, y los adolescente que lo escuchan sueltan una tímida risa.

La apuesta de Vladimir, sin embargo, se amplió: además de las piezas escritas para sus familiares muertos, escribió otros para sus familiares aún vivos, pero asumiendo que ya habían muerto.

“Era más cómodo para mí hacerlo de esta manera, porque los colocaba en el terreno de lo irrecuperable. Paradójicamente era más fácil establecer una comunicación que hacerlo con las palabras de todos los días”, dice.

En “Mausoleo familiar” desfilan los suyos con nombre propio: su padre, con el que no ha tenido una buena relación, y del que le ha quedado, más bien, una ausencia; su tía Ester, aquella muchacha de la que la familia rehuía hablar directamente en las reuniones y de la que decían que había muerto en un accidente para ocultar el hecho de que se suicidó cuando su familia reprimió su amor por una mujer; la tía Zoila, que sufría de un retraso mental y se escapaba para apedrear a los transeúntes que se burlaban de su estado; el bisabuelo violinista, que igual tocaba en la iglesia que en un burdel.

Los adolescentes escuchan atentos al autor, quien les revela la magia de ciertas palabras y lo que existe detrás de una lectura, que nada tiene que ver con una tarea escolar: la posibilidad de comunicarse de una manera más profunda con otro ser humano que escribe desde otra época u otra realidad. Pero que es, en suma, igual a uno. Que tiene las mismas incertidumbres y debilidades que uno, aquellas que no osan confesarse al que está más próximo.

Tras la primera plática y una ronda de lecturas, se abre el espacio para las preguntas de los adolescentes. Entre estas están aquellas tan sencillas, como “¿qué significa mausoleo?”, que Vladimir responde en el momento, seriamente, y otras un poco más difíciles de contestar, como “¿por qué escribís”. Vladimir y su amigo Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor, atienden a dos grupos de alumnos.

Vladimir no vino con las manos vacías: en un pesado bolsón, que parece ser su fiel acompañante en ocasiones como esta, ha traído 30 libros de su autoría, que regala a los alumnos y a la biblioteca del instituto para que cualquiera pueda consultarlos. Al final de la actividad, adolescentes y maestras le piden que firme sus ejemplares.

Vladimir, sin embargo, también percibe recursos monetarios de sus libros, por ejemplo, cuando se presenta frente a un grupo de alumnos en algún centro escolar al que le solicitan que asista. Como dos horas más tarde de la visita a Cojutepeque, en el Instituto Francisco Morazán de San Salvador. Lo ha invitado una practicante de Profesorado de la Universidad de El Salvador para discutir su quinto libro de poemas, “Tufo”.

El mismo se ha convertido en uno muy popular entre los profesores de educación media por una casualidad: la persona que brindó una capacitación del Ministerio de Educación para maestros de Literatura lo usó para ilustrar un contenido referido al posmodernismo. A los educadores les gustó tanto que decidieron compartirlo con sus alumnos en clase.

En las librerías, casi no existen copias de “Tufo”. Por eso muchos profesores han contactado personalmente a Vladimir para que él les facilite algunos ejemplares, los que vende a $3. Hoy ha traído más de 10.

“Gracias a Dios puedo obtener recursos de vender mis libros. No es mucho, pero sirve para pagar algunos recibos en la casa”, comenta Amaya.

Nuevamente se explaya ante los adolescentes comentando el proceso de su libro, la manera en la que lo ha dividido, el tema que toca, el lenguaje elegido para hacerlo. “Tufo” es un volumen que profundiza en la descomposición social de El Salvador. La metáfora de un cuerpo que lentamente se corrompe es el hilo conductor.

A los adolescentes les parece todo un descubrimiento que en la poesía se puedan usar frases sencillas e, incluso, malas palabras, que en “Tufo” van hasta en los títulos, como en “Señorita, su poema se parecen mucho al mío, ¿qué putas pasa?”. También les enseña algo que pocas veces se hace en un salón de clases: que la escritura de un poema no es literal, que el poeta puede echar mano de muchos recursos para expresarse, como las máscaras o los personajes. Que no todo tiene que ver con la vida de todos los días de quien escribe.

Vladimir afirma que estos ejercicios le ayudan mucho a difundir el amor por la poesía y a mercadear, de alguna manera, su trabajo, algo que le elogia Otoniel Guevara. También, dice, puede dar un mensaje a aquellos que son más jóvenes que él.

“Como yo no soy profesor, me gusta que no haya solemnidad. Yo les digo, por ejemplo, para provocarlos, porque es una realidad: ‘allá arriba, en el Gobierno, en las clases dominantes, hay alguien que quiere que pensés que son un pendejo, que no podés mejorar tu vida, salir de aquí’. Y les pongo mi ejemplo. Yo he hecho lo que he soñado, en una rama que parece quijotesca no solo en El Salvador. Me cuesta llegar a fin de mes, no soy capaz de tener una familia por el momento, pero no he dejado de hacer lo que amo. No me arrepiento de quién soy”, comenta Vladimir.

El contacto. Los educadores aseguran que el hecho de que sus alumnos conozcan en persona al autor del libro los estimula a leerlo más fácilmente.

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Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Imagen de Puerto Cortés
Terminal. La terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés le fue concedida a la compañía filipina ICTSI en 2013.

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección angelpm@cd.perezycia.com. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Las propuestas. Juan Carlos Garrido Escandón le envió a Enrique Rais una presentación en la que se incluían varios esquemas como este, sobre como podría conformarse un asocio entre la empresa ICTSI y el salvadoreño junto a sus colaboradores. En todos, la compañía filipina se quedaba con el 40 % del negocio.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

La derrota. Después de que ICTSI se quedara con la concesión, el colombiano Óscar Isaza le escribió al español Pérez-Maura un correo que “le salió del alma” lamentando no haber participado juntos en la licitación.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Imagen de Puerto Cortés.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera pérdidas millonarias

Residencial privada Garden Hills
Residencial privada Garden Hills

Garden Hills se promociona como “un proyecto diseñado con los más altos estándares de arquitectura e ingeniería”, donde “el buen gusto está presente hasta en los más mínimos detalles”. Es una residencial privada, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Las casas se describen como “preciosas residencias con acabados de lujo, amplias y modernas con un toque contemporáneo”, que “hacen del proyecto un verdadero deleite para vivir”.

Esta residencial de calles anchas, solitarias y pulcras es en donde se encuentran ubicados 38 inmuebles que le han pertenecido a una empresa que, en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros.

En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte.

Las Vistas ha logrado vender 19 casas, cada una por un valor aproximado de $325,000. Entre estos inmuebles vendidos, la mayoría ha ido a parar a las manos de personas y empresas relacionadas con José Luis Merino. Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas.

El de Las Vistas se suma a la lista de los malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador: al final de su último año reportado ante Hacienda, el 2016, el balance fue de más de $1 millón en pérdidas.

La historia de Garden Hills y Preza Rodríguez

Aunque no aparezca así en los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, Garden Hills contó, desde su conformación hasta 2012, con tres accionistas guatemaltecos: Francisco Javier Botrán Briz (ligado a la compañía productora del ron Botrán), José Gregorio Preza Rodríguez y la esposa de este último, Mónica Rodríguez Minondo (ambos provenientes de familias azucareras). Esto consta en un documento de un proceso de conciliación.

La dinámica que se estableció fue que, aunque buena parte del capital destinado a la empresa fue aportado por Preza Rodríguez, en la práctica, era Botrán el encargado de administrar el negocio. Sin embargo, según una persona relacionada con documentos legales en torno al caso, en el 2010 este se extralimitó en sus funciones y no informó de algunos movimientos a sus socios, por lo que Preza Rodríguez decidió emprender acciones legales en contra de Botrán por administración fraudulenta. Este último aceptó conciliar.

Preza Rodríguez exigió como pago $2.5 millones para olvidarse de cualquier demanda. Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles.

Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012.

Residencial privada Garden Hills
Proyecto. Las casas fueron construidas con el mismo modelo y color de pintura, en la orilla de la residencial Garden Hills. Tras el muro de la derecha está un terreno que le pertenece a INVERVAL, dueña del 99 por ciento de acciones de Las Vistas.

En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados.

Documentos privados de Las Vistas, a los que SÉPTIMO SENTIDO tuvo acceso, revelan que, ese mismo 20 de abril de 2012, Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de esta joven empresa, tras aportar sus $2.5 millones en terrenos.

Ese mismo día, le transfirió esas acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin. Ambas tienen en sus juntas directivas a personas que aparecen en las juntas directivas de miles de compañías en el país Centroamericano. Es posible que se trate de empleados del mismo bufete panameño que se encargó de la conformación de esas dos empresas: Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Preza Rodríguez solo aparece como apoderado en ambas compañías.

Ambas empresas fueron creadas solo unos meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños.

La empresa Garden Hills no ha presentado balances financieros de sus actividades desde 2007 (el año de su fundación) ante el Registro de Comercio. El ministerio de Hacienda, por su parte, no le registra ni un solo movimiento desde 2010. Cientos de reportes de omisos se han emitido alrededor de sus actividades.

Los nuevos dueños

El 23 de julio de 2013, Jorge Andrés Méndez Allwood, abogado del bufete Guerrero y Guerrero, renunció a su puesto como administrador único propietario de Las Vistas, para el que había sido elegido para los siguientes tres años en marzo de 2012. Su sustituta fue la ingeniera Lilian Carolina Vidal Díaz.

Lo mismo hizo la suplente de Méndez Allwood, Tanya Camila Hernández de Arce. Esta renuncia es la puerta por la que entró, como sucesor, José Mauricio Cortez Avelar, prestanombres del político José Luis Merino, según instituciones de EUA.

Según el Centro Nacional de Registros, también hubo un relevo en los accionistas. El 99 % de las acciones pasó a manos de la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL). El resto, el 1 %, era del abogado Cortez Avelar, a la sazón administrador único propietario de Inversiones Valiosas.

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El cambio. En la credencial de elección de la nueva administración de Las Vistas, donde se escoge a José Mauricio Cortez Avelar como administrador único suplente. También aparece la sociedad INVERVAL como dueña del 99 % de acciones de Las Vistas. El abogado, identificado como testaferro de José Luis Merino, es propietario del 1 % restante.

De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas.

Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills.

INVERVAL nació en agosto de 2012, seis meses después que Las Vistas, la sociedad de la que pasó a ser dueña mayoritaria. INVERVAL ya ha aparecido en el radar de los medios de comunicación en El Salvador por haber sido la receptora, a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de $16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador.

Parte de este dinero, poseído por INVERVAL, puede haberse utilizado para adquirir las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía aproximadamente a $2.5 millones. Sin embargo, los $16 millones le fueron desembolsados a INVERVAL por parte de ALBA Petróleos con objetivos bien definidos: comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, iniciar los trabajos de terracería y construir viviendas.

O INVERVAL incumplió su pacto con ALBA Petróleos al destinar parte del dinero a algo que no se había convenido, o el dinero utilizado para esta transacción no tiene justificación de su origen. INVERVAL, por otro lado, no refleja en sus balances financieros en el Centro Nacional de Registros la adquisición de una compañía. Solo se limita a hacer ver que cuenta con una subsidiaria a la que le ha erogado varios préstamos.

Al abogado Cortez Avelar se le buscó en múltiples ocasiones para que diera su versión de los hechos. Primero se hizo escribiéndole un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador, para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de ALBA Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana. Al no obtener respuesta por esta vía, se le buscó en la dirección de PROCREADOR, una de sus empresas. Esta resultó ser, también, su casa de residencia. No estaba. Se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con SÉPTIMO SENTIDO. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

Las casas de lujo vacías

La empresa Las Vistas inició con la construcción de sus 38 casas en 2013. Las labores de edificación finalizaron en 2015.  En octubre de ese mismo año, Las Vistas comenzó a desprenderse de sus viviendas. Las ventas pararon en noviembre de 2016. Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera.

En todos los casos, los compradores realizaron préstamos hipotecarios cercanos a los $250,000 para adquirir los inmuebles, con un plazo de más de 20 años para pagar. Sin embargo, siempre tuvieron que aportar de su propio bolsillo cifras que rondan los $60,000 para comprar las casas, pues tienen un valor aproximado de $325,000.

Sin excepción, las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador.

Que las viviendas hayan llegado a manos de personas relacionadas y que no estén siendo utilizadas no es casualidad. Según un contador consultado para este trabajo, ello puede servir como una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso de un proyecto inmobiliario. Es decir que la persona que compra no está interesada realmente en adquirir el inmueble, pero le hace el favor a la compañía de sacar un crédito hipotecario para “comprar la casa”. El pago del crédito puede realizarlo, incluso, la misma sociedad que vendió. Siempre hay pérdidas, pero estas no deben cancelarse inmediatamente. Se trasladan al largo plazo.

Un miembro de la Fiscalía General de la República (FGR), sin relación con el caso, asegura que también se puede tratar de una estrategia para el lavado de dinero: una persona puede sacar un préstamo hipotecario de largo plazo para pagarlo, incluso mediante cuotas adelantadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. El dinero, luego, se puede justificar como el resultante de un crédito.

El bufete Guerrero y Guerrero, cuyos miembros brindaron el servicio profesional de fundar la empresa Las Vistas, tiene como su cabeza a Juan José Guerrero. Este abogado es un exdirigente de ARENA. Incluso fue director de asuntos jurídicos y electorales de ese partido.

Juan José Guerrero es un nombre común a varias etapas de esta historia. Primero, porque formó parte de la junta directiva de Garden Hills, la compañía que cedió los 38 lotes, desde 2006 hasta 2010. Segundo, porque fue el notario que se encargó de hacer el documento de la fundación de Las Vistas (la empresa que los adquirió) y de todos los escritos relacionados con la transacción de los inmuebles. Garden Hills, hasta el 2012, mostraba como su dirección la misma del bufete Guerrero y Guerrero. Se buscó a Juan José Guerrero en su oficina para que brindara una entrevista, pero no accedió a la petición.

Fuentes cercanas al bufete aseguraron que Las Vistas había sido creada exclusivamente como un servicio profesional para su cliente José Gregorio Preza, intentando desligarse de estas transacciones.

El otro camino de Las Vistas a ALBA

Además de INVERVAL, la empresa dueña de la mayor parte de sus acciones, Las Vistas ha recibido préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR). Hasta 2015, la suma de estos créditos ascendía a $600,000. Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador.

José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas.

El empresario Carlos Luwind Paz Reyes ha ocupado cargos al mismo tiempo en las juntas directivas de INVERVAL y de ENERGOR, desde el 12 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Esta misma persona ha tenido participación en otras empresas financiadas con dinero de ALBA Petróleos, como la Arrocera San Francisco y Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA).

Otro nombre común entre Las Vistas y ENERGOR es el de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, quien actualmente funge como administrador único propietario de la primera y como presidente de la segunda. En el Ministerio de Hacienda ha estado registrado como representante legal de Las Vistas desde su fundación.
Buena parte del dinero de ENERGOR proviene de ALBA Petróleos de El Salvador. Los balances financieros presentados ante el CNR de esta última compañía en 2015 indican que la deuda que ENERGOR ha contraído con ella es de más de $15 millones. En 2012, Energía Orgánica recibió un crédito de más de $8 millones de una empresa panameña, APES INC, subsidiaria de ALBA Petróleos. $23 millones en total han sido bombeados desde la compañía de economía mixta.

Tres de las cuatro viviendas que ALBA Petróleos posee en la residencial Garden Hills le fueron cedidas por Las Vistas como una dación en pago. Estas sirvieron para cancelar parte de la deuda de ENERGOR, según lo reflejan los documentos de esta transacción, realizada el 16 de junio de 2016.

Fachada
Empresas vinculadas. Según los datos que han presentado ante el Centro Nacional de Registros, las sociedades Las Vistas, INVERVAL y ENERGOR comparten este local desde el 3 de noviembre de 2015, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al Puerto de la Libertad.

Un mal negocio

La INVERVAL de Cortez Avelar comenzó a inyectarle dinero a Las Vistas a través de préstamos en 2013. En ese ejercicio, fueron $138,699, los que se utilizarían para comenzar las construcciones de 38 casas en igual número de lotes.

Esa cifra aumentaría en los siguientes dos años: $4 millones, en 2014, y $7 millones, en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de $8 millones. El proceso de la construcción, sin embargo, no ha estado exento de irregularidades.

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El aumento en el valor. En sus balances financieros de 2015, Las Vistas reportó que sus inventarios superaban los $8 millones, gracias a las construcciones de casas en sus lotes. Lo hizo gracias a $7 millones en préstamos de INVERVAL, a la que identifica como accionista mayoritaria. (clic para ampliar imagen)

En las declaraciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que Las Vistas ha presentado ante el Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, ha reflejado apenas $32,000 en recibos de crédito fiscal, la forma con la que, por lo general, se adquieren materiales de construcción. Las grandes empresas que venden estos productos no lo hacen si no es de esta manera.

El crédito fiscal tiene un objetivo. Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un insumo y que puede deducirlo ante el Estado al momento de realizar una reventa. La compañía adquiere, por ejemplo, una maleta por $130, de los que 30 corresponden a tributos. Luego, puede vender la misma maleta por $260. Para ello tendría que abonarle al Estado el 30 por ciento de la transacción; es decir, $60. Sin embargo, debido al crédito fiscal, estarán ya reflejados los $30 que ya pagó cuando adquirió el producto y, por tanto, solo tendrá que abonar $30. Se paga un tributo por la ganancia, no por el valor total del producto.

Eso también pasa con las construcciones: el crédito fiscal le permite a una inmobiliaria deducir los impuestos que ya pagó al adquirir los materiales.

Además de revelar informalidad en el proceso de construcción, pues se trasluce que la mayoría de compras se realizaron sin facturas, que Las Vistas casi no echara mano de créditos fiscales representa un tremendo problema contable, donde la empresa podría perder mucho dinero: en los impuestos de renta, pagados al fisco, no se le cobraría por el 30 % de la ganancia (la diferencia entre el costo y el precio de venta); sino, de todo el inmueble.
Eso ha sido compensado, según lo que se refleja en sus balances financieros y en los datos de sus declaraciones del Impuesto sobre la renta, con una muy alta cifra de costos.

Las Vistas comenzó a vender inmuebles en octubre de 2015. Al final de ese año, se había desprendido de seis, por los que declaró unos ingresos de más de $2.6 millones. Pero sus costos fueron muy cercanos: un poco más de $2.3 millones. La ganancia para todo el ejercicio, por tanto, se colocó en $300,000.

Es decir que cada casa se vendió a $433,000, mucho más de lo que se desprende del precio reflejado en las escrituras de compraventa, que fijan esa cifra en un promedio de $325,000. Cada vivienda costó $392,000. La utilidad total para 2015, según sus balances financieros, fue de $160,028 debido a otros gastos.

El siguiente año fue más difícil. Al final de 2016, Las Vistas se había desprendido de otras 13 viviendas, por las que reportó $3.8 millones en ingresos, el equivalente a $297,000 por inmueble, muy cercano al precio de mercado que se establece en las compraventas. Pero los costos representaron una avalancha: $4.9 millones, lo que se traduce en $379,000 por cada casa*.

Las pérdidas para ese ejercicio, por tanto, fueron de más de $1 millón. En un contexto como ese, seguir vendiendo sería un mal negocio.

A partir de esto, queda una pregunta en el aire: ¿Por qué decidieron bajar en más de $100,000 el precio promedio de cada inmueble de un año a otro, de $433,000, en 2015, a $297,000, en 2016? ¿Por qué el costo promedio disminuyó en $13,000?

Las Vistas es todavía dueña de 19 casas en la residencial Garden Hills. Ha hipotecado seis de ellas. Dos como garantía de un préstamo, recibido por parte de una persona natural, el empresario de la construcción Raúl Argüello González, dueño de la sociedad Inversiones y Desarrollos Integrales.

Los otros cuatro están hipotecados a favor de Multiinversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, el mismo del que obtuvo el crédito para adquirir su casa Yanira Elizabeth, la hermana del viceministro Merino. Según algunos de los vecinos de Garden Hills, el funcionario ha residido de manera irregular en uno de los inmuebles que todavía le pertenecen a Las Vistas, el número 9 de la calle Zenzontle. Quienes siempre están allí, afirman los vecinos, son sus guardaespaldas.


* En la edición impresa, el cálculo se hizo con respecto a 12 casas, cuando lo correcto era hacerlo con 13. Este texto se corrigió el 30 de agosto de 2017. El arreglo también se realizó con respecto a los siguientes dos párrafos.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La red de testaferros del viceministro Merino

La red de testaferros del viceministro Merino
La red de testaferros del viceministro Merino

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los “compas”, José Luis Merino compró una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todavía estaba fresca.

Recibió la bebida y se fue sin pagar. Más de una década en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recibía sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le habían hecho olvidar esa sencilla convención de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La anécdota la rememora el propio Merino en su libro autobiográfico “Comandante Ramiro”, titulado en honor del nombre que usó durante el conflicto armado, Ramiro Vásquez.

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del José Luis Merino actual.
Es uno de los tres líderes del partido que nació de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la institución política que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su período como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no existía, el de viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversión extranjera en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Economía. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. También ha sido desde 2006 (el año de su fundación) el asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.

José Luis Merino también es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situación difícil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refrescó con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su país una carta en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.

Los políticos norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Todo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compañía. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, señala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigación preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Séptimo Sentido tuvo acceso a esa indagación y contó con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condición para expresarse sobre ella.

José Luis Merino
José Luis Merino

Uno de sus principales hallazgos fue la identificación de los que, en su opinión, son los principales testaferros de José Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una década, Erick Giovanni Vega. La investigación destaca, entre todos, el nombre de José Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el más importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparición en registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panamá.

Según la misma investigación, otro criterio para señalarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentación sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien Séptimo Sentido entrevistó por medio de intercambios de correos electrónicos, asegura que la hipótesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con José Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un círculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 años) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.

Se intentó arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero aún después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al número que él mismo le facilitó, no se obtuvo respuesta.

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, José Luis Merino viajó hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma más efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organización de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al “imperialismo norteamericano”. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA señalan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese país, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigación de sus finanzas.

Se trata de una red de tres compañías en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigación. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el límite de sus aportes monetarios.

Las tres sociedades son Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro público de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que también aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, según los respectivos registros de comercio de ambos países centroamericanos.

Relaciones. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformación de Alba Petróleos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de José Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adrián Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma dirección, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, está el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petróleos en Panamá, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma dirección que en las empresas en Nevada.

Nevada es, actualmente, un paraíso fiscal y es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compañías. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, además, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligación de compartir información relacionada con sociedades domiciliadas allí con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una dirección domiciliar en el estado, que puede ser una pequeña oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas señaladas remiten en sus registros a la misma dirección.

Además de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compañías en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien no hace mucho fungió como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.

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El principal testaferro

José Mauricio Cortez Avelar es, ahora, un hombre orquesta, con participación en múltiples negocios. Pero no siempre fue así. De pelo alborotado (en el que conviven el negro y el blanco), mentón prominente y nariz pronunciada, hasta 2010 las actividades profesionales de este abogado de 60 años se habían limitado a servir de notario en los documentos de pequeños negocios, o como apoderado legal de personas que no querían pasar por el engorroso trámite de un proceso civil.

Su suerte comenzó a cambiar a inicios de la presente década, específicamente en 2011. Ese año, un hombre que solo había tenido participación en pequeñas cajas de crédito o en sociedades con orientación religiosa comenzaba a formar parte de las juntas directivas de empresas de los más variados rubros, con una buena estrella desde su nacimiento.
Las mismas empresas que, a partir del siguiente año, serían las receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor y el rostro visible cada vez que esta realiza una donación al gobierno central.

En ese 2011, Cortez Avelar también se convertiría en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos. Todas relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña.

Según la revisión de los registros de comercio de El Salvador y Panamá, su participación en sociedades financiadas por Alba Petróleos no dejó de crecer en los años posteriores. Solo en El Salvador ha participado en 15 (aparece como accionista de cinco de ellas) y sigue activo en 10. Es apoderado legal y mercantil en dos de aquellas en las que ha dejado su puesto. En Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. A estas se suman las otras dos de las que es miembro en Nevada, Estados Unidos. Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años.

Con todo esto en su hoja de vida, Cortez Avelar podría parecer un potencial magnate de los negocios. Pero, al menos para el fisco salvadoreño, es un hombre de ganancias medias. Eso reflejan las declaraciones de ingresos anuales que el abogado ha presentado al Ministerio de Hacienda salvadoreño desde 2010 hasta 2015. Estas van así: $14,520 (2010), $14,961 (2011), $18,098 (2012), $27,744 (2013), $9,423 (2014) y $33,881.25 (2015).

Es decir que en el año que más ganó (2015), con un total de $33,881.25 para todo el ejercicio, sus ingresos mensuales no pasaron de los $2,750, lo que, al menos en El Salvador, equivale al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o al de un asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Un buen salario, pero lejos todavía de la imagen de un hombre con participación en tantas empresas, dentro y fuera de El Salvador.

A Cortez Avelar se le escribió un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

También se le buscó en la dirección de una de sus empresas, PROCREADOR. Esta resultó ser su casa de residencia. En ese momento no estaba él, sino su hijo, a quien se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con Séptimo Sentido. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

El hombre en Nevada

Aldo Adrián Aguirre es un guatemalteco residente en Las Vegas, Nevada. Fue vicecónsul honorario de su país en esa ciudad desde 2003 hasta 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Según su perfil de Linkedin, entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. En 2010 también colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año. Aldo no es solo un diplomático y un hombre preocupado por los derechos de su comunidad en el país del Norte.

Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios. Ha tenido puestos directivos en varias empresas de Nevada. Una de ellas fue Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada que lo tuvo a él como su agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Según él mismo la describía en Linkedin, la sociedad se centraba “en satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.

Fue precisamente Alianza Consulting Group la compañía que significó uno de sus primeros vínculos con Alba Petróleos de El Salvador. El 12 de abril de 2011, amparado por esta sociedad, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá de la empresa salvadoreña, según los documentos de conformación de la sociedad en el registro público panameño. Seis días antes había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, esta vez en Nevada, su estado de residencia.

Su nombre comenzó a ser cada vez más regular en sociedades relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña a partir de 2012. Hasta la fecha, Aldo Aguirre ha tenido participación en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.

En este último grupo se encuentra Vuelos Económicos de Centroamérica (VECA), aerolínea que copó titulares en la prensa salvadoreña por las irregularidades de su cierre en enero de este año: tras la cancelación de varios vuelos en Costa Rica y El Salvador, se le abrieron expedientes en ambos países. Terminó sus operaciones sin cancelarle a sus empleados el sueldo de enero de 2017 y sus liquidaciones. La empresa alegó que no tenía fondos para pagar. La dueña del 60 % de sus acciones, El-Día Corporation, domiciliada en Curazao, había recibido desde 2013 varios préstamos por parte de Alba Petróleos que, hasta 2015, sumaban más de $39 millones, 10 más de los que El-Día destinó para financiar a VECA. Aldo Adrián Aguirre ocupó el puesto de director secretario de la compañía desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Aldo reside, actualmente, entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador. Así se puede observar en la consulta de sus registros migratorios en el país y en las fotografías que ha subido a una de sus cuentas de la red social Facebook, en las que utiliza el nombre de Mateo Madrid. Este perfil está vinculado a uno de los números que el guatemalteco facilitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que pudiera comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

Él es el encargado de informarle a la institución nacional sobre las novedades en la compra de un repuesto cuya ausencia, en teoría, imposibilita que la nave zarpe. Aldo se presenta como parte de la administración y el departamento financiero de Guazapa, S. A.
A ese mismo número se le marcó para consultarle sobre la naturaleza de las empresas conformadas en Nevada. También para despejar una duda: ¿cómo se relaciona un guatemalteco residente en Las Vegas con un político salvadoreño? Esas preguntas debían ser respondidas por el propio Aldo, a quien se le marcó a todos los números, tanto en Panamá como en El Salvador, que facilitó a la AMP para ser contactado. También se le escribió al correo electrónico que entregó para el mismo fin, pero no se obtuvieron respuestas en ninguna de estas vías.

El hermano lejano

Mientras José Luis Merino peleaba la guerra bajo el seudónimo de Ramiro Vásquez, uno de sus hermanos, Sigfredo Armando Merino Cabrera, migraba hacia Estados Unidos en busca de un lugar para vivir en paz. Así fue como pudo obtener la ciudadanía americana. Ha sido su pasaporte estadounidense el que ha utilizado para algunos de sus trámites, como cuando se le concedió un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010.

Tras terminarse la guerra, Sigfredo no tardó mucho tiempo en volver a El Salvador. Y lo hizo para ser la mano derecha de su hermano, José Luis, en varios negocios. El excomandante Ramiro fue beneficiario de créditos dirigidos a que combatientes desmovilizados montaran emprendimientos.

Ambos estuvieron en las juntas directivas de varias empresas, que no han presentado actividad desde los primeros años del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire. En todas, Sigfredo actuaba como administrador único propietario y como representante legal. Las mismas no lograron los resultados que los hermanos Merino esperaban.

Así, las actividades comerciales de Sigfredo en la pasada década se concentraron, sobre todo, en su participación en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa de tratamiento de desechos sólidos contratada, sobre todo, por alcaldías en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del que su hermano José Luis ya era uno de sus principales líderes. Estuvo en CAPSA desde 2003 hasta 2006.

La suerte de Sigfredo, como en el caso de José Mauricio Cortez Avelar, cambió en la presente década: ha estado en puestos importantes en al menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador, compañía de economía mixta de la que fue gerente.

Fachada de Alba Petróleos
Fachada de Alba Petróleos

Séptimo Sentido se contactó ayer vía telefónica con Sigfredo Merino. El empresario afirmó la primera vez que se le buscó que desconocía por qué aparece en una compañía en Nevada, Alba Petróleos Las Vegas. Sostuvo que no tiene nada que ver con esta.
“Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”, dijo al mencionarle que es su nombre el que aparece en el registro. Afirmó que hablaría más en una entrevista cara a cara, con documentos de por medio, otro día.

Para algunos militantes de mediano rango del FMLN, que hablan en condición de anonimato, que el hermano de José Luis Merino haya sido tan beneficiado con el dinero proveniente de Venezuela canalizado por Alba Petróleos de El Salvador no termina de convencerlos: no entienden cómo alguien que no peleó la guerra pueda ocupar, hoy en día, puestos tan importantes en el esquema del brazo financiero del partido al que dio vida la guerrilla por la que tantos de ellos ofrecieron su juventud.

El círculo más íntimo de José Luis Merino cuenta con alcances transnacionales e, incluso, ha tenido actividad en el corazón mismo de Estados Unidos, el país que ahora tiene en la mira sus finanzas, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC) oficialice una investigación y defina si, en efecto, se han cometido ilícitos.

La tarde de ayer se buscó a Sigfredo Merino una vez más para explicarle que la publicación se haría hoy, para lograr pactar un encuentro. Respondió que, después de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos (a quien afirma que no conoce personalmente), utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa.

Sigfredo Merino hizo llegar a esta revista una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos le aclara que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo “sensible” de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus “contactos venezolanos”.

En los siguientes trabajos de esta serie se dará a conocer un caso que apunta hacia el lavado de dinero y las negociaciones previas a un intento de soborno. En ambos casos están involucrados José Luis Merino y las personas cercanas a él descritas en este primer texto.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La extorsión nuestra de cada día

Captura. Un policía observa en la pared una serie de números telefónicos, en la casa de Antonio Barahona, capturado por el delito de extorsión en el cantón Joya Galana, de Apopa, en septiembre de 2009.

Esa mañana, la del 3 de junio de 2014, Calixto vio salir a su hija Irene hacia la escuela, con su maletín café en la espalda, vestida con su uniforme escolar. La vio salir como se mira llover, esperando que regresara a la hora acostumbrada. La adolescente no llegó a la casa nunca más.

Al siguiente día, Calixto recibió una llamada. Desde el otro lado, una voz de hombre le advirtió que tenían a su hija y que debía pagar $700 para recuperarla. Para ver de nuevo con vida a su hija, Calixto estaba obligado a conseguir el equivalente del salario de un cabo de la Policía Nacional Civil con 16 años de servicio dentro de la corporación.

El 9 de junio, apenas cinco días después del primer contacto telefónico y tras ser bombardeados por otras llamadas y mensajes amenazantes, Calixto y su pareja, Marina, depositaron $350 en una cuenta de banco, la mitad de lo exigido. Quizá como una muestra de su compromiso, una promesa de que cubrirían lo pactado. Pero esto no convenció a la voz que hablaba desde el otro lado.

Por eso, ese mismo día, ambos padres enviaron otros $150 por medio de un servicio de transferencias de dinero vía telefónica. Dos días después, el 11 de junio, y por el mismo medio, Calixto y Marina despacharon $105 más: $605 en total. Creyeron que eso les traería a su hija de nuevo a su hogar. Pensaron que quizá estaba sufriendo, pasándola muy mal.
El miedo es el paralizante más eficaz. El que impide que se sigan los pasos lógicos. En este caso, denunciar la desaparición de Irene ante las autoridades. Por eso les tomó cinco días, desde que la adolescente desapareció, para denunciar su secuestro a la Policía Nacional Civil. Lo hicieron el 8 de junio. Un día después, hicieron el primer pago, el de $350.
El caso le fue asignado a un equipo de investigadores y a un negociador, que se habían limitado a observar cómo se desarrollaban los hechos después de que la pareja realizó los pagos.

El 14 de junio, 11 días después de la última vez en que Calixto vio a su hija, uno de los investigadores recibió por parte de sus informantes una pista, una auténtica sorpresa: Irene, la misma adolescente por la que unos padres habían pagado a un desconocido más de $600 para que se las regresara a su casa, caminaba tranquilamente en las cercanías de la alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Al investigador le llegaron otros detalles: Irene había sido vista con miembros de la Mara Salvatrucha, la misma que domina la colonia en que vivía.

El policía actuó con rapidez: le pidió a su informante que no se despegara de Irene, mientras otros agentes se acercaban al lugar para comprobar si, en efecto, la que andaba ahí caminando por su propio pie era la misma adolescente.
Era Irene, que no vestía ya su uniforme escolar. Los agentes la interceptaron en una gasolinera ubicada entre la 3.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo Segundo. Le preguntaron su nombre y qué hacía en el sitio. Al principio, respondió tranquila a los requerimientos. Aseguró que esperaba a un grupo de amigos. Los agentes insistieron un poco más y la adolescente se quebró. Entonces, según los policías que estaban en el sitio, intentó huir.

Fue retenida. Por ser una menor de edad, le preguntaron a quién podían avisar de su detención. Respondió que a nadie. En el sitio se le incautó una mochila de lona gris, en la que andaba sus zapatos y su uniforme escolar. También dos teléfonos móviles. Ahí se comprobó que había mantenido contacto con el mismo número que, en más de 70 ocasiones, había marcado a los celulares de sus padres para exigir un rescate por ella. Un rescate que ascendía a $700.

El número en uno de los aparatos de Irene aparecía identificado simplemente como Anderson. En el otro, era más comprometedor. Ahí el nombre asignado al número de la persona que extorsionaba era Amor.

“Se infiere que la menor nunca estuvo secuestrada y confabuló con varios sujetos para extorsionar a los ofendidos clave Calixto y Marina”, escribieron los fiscales del caso en su requerimiento de acusación. Además de Irene, quien fue juzgada como menor infractor, fueron acusadas otras dos mujeres.

La primera de ellas, a la que las autoridades simplemente identifican como Glenda Arely A. L., fue la encargada de recoger los $350 de la cuenta de banco que estaba a su nombre, “materializando el lucro económico de la extorsión”. La otra, Wendy Liseth C. L., retiró los $255 que Calixto y Marina enviaron por un servicio de transferencia vía telefónica.

El 22 de junio de 2015, las dos mujeres fueron condenadas a cinco años de prisión y a pagarles a las víctimas $300 cada una. Las autoridades habían logrado condenar a las involucradas apenas un año después de que se cometieron los hechos.

Sin embargo, no fue un acto de efectividad: ello ocurrió así porque la Fiscalía General de la República solicitó un proceso abreviado, en el que propuso a las acusadas y a su defensa una considerable reducción a la pena con la condición de que se declararan culpables. Así evitaron la verdadera pena para el delito que cometieron, extorsión agravada, que va de los 10 a los 20 años de cárcel.

Al menos en este proceso, no hubo ni huella de aquel hombre que hablaba desde el otro lado del teléfono. La única pista de las autoridades es que las llamadas provenían, con un “99 % de probabilidad”, de la finca Argentina, más específicamente desde el interior del centro penal La Esperanza, Mariona. El que extorsionaba, según las autoridades, era un reo de esa cárcel al que aún hoy no han logrado identificar.

Especialización. La PNC cuenta con una subdirección Antiextorsiones. En 2012 se creo la Fuerza de Tarea Antiextorsiones, una especie de grupo élite dedicado a casos especiales.

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La extorsión se funda en el miedo. En la incertidumbre de que las amenazas que llegan desde el otro lado del teléfono o desde quien se presenta ante uno sean ciertas. Es un delito comúnmente identificado con las pandillas, su principal fuente de financiamiento. Pero también es cometido echando mano de familiares y personas cercanas, como en la historia de Irene y sus padres.

Y aunque se trate de un delito que atenta contra el patrimonio, pues siempre tiene tras de sí un componente económico, se le ha denominado un crimen “pluriofensivo”, pues también socava la voluntad de sus víctimas, vuelve su corazón materia maleable al arbitrio de quien amenaza.

Por eso es que, según las mismas autoridades de Seguridad en El Salvador, el de la extorsión es, seguramente, el delito con la cifra negra (la diferencia entre los hechos cometidos y aquellos que se denuncian) más grande de todos. Una situación grave si se toma en cuenta que se denuncia no pocas veces y que, también, es uno de los crímenes que con más frecuencia se judicializan en el sistema salvadoreño.

Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recaen en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Y de que es un delito cuya magnitud no puede medirse con exactitud da cuenta también la diferencia existente entre las denuncias que se presentan en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil.

Por ejemplo, en 2014 la FGR contabilizó 3,010 casos de extorsión a escala nacional. La PNC, en el mismo período, reportó 2,480, es decir, 500 menos. Lo mismo ocurrió al siguiente año, cuando la primera institución certificó que trataron 2,840 procesos por este delito y la segunda, 2,242, es decir, 600 menos.

Eso no es exclusivo del caso salvadoreño. Pasa exactamente lo mismo en países como Guatemala. Según el documento “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala”, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de ese país en 2014, las cifras variaban entre la Policía Nacional Civil guatemalteca y el Ministerio Público en porcentajes incluso más altos que en El Salvador. En 2013, por ejemplo, el MP tuvo 7,200 denuncias, mientras que la PNC se limitó a 5,600, casi 2,000 menos.

Según el mismo estudio, lo anterior puede deberse a que las personas tienen más confianza de denunciar en una sede fiscal, mucho más centralizada y alejada de los lugares donde ocurren los hechos, que en un puesto policial. Los denunciantes piensan que en un sitio muy cercano a sus hogares la información se puede filtrar y significar, por ende, una muerte segura. Cierto reparo con respecto a la PNC en Guatemala también puede ser parte de la ecuación.

Algo muy similar a lo que pasa en El Salvador, donde incluso policías se han visto involucrados en hechos como estos. Según datos de la Fiscalía General de la República, 28 agentes de la institución fueron denunciados por extorsión entre 2013 y marzo de 2017.
Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recae en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Fallecido. Un policía recolecta evidencia en la escena donde una grupo de policías asesinó a una persona
en San Miguel Las Mercedes, Chalatenango.
Se trataba de un pandillero que había llegado a recoger el pago de una extorsión.
Al ver a los agentes, los atacó.

Entre los 30 casos hay 40 personas acusadas, 24 son hombres y 23 de estos fueron individualizados después de que investigadores de la Policía Nacional Civil programaron junto a las víctimas una entrega de dinero controlada. Solo uno de ellos fue identificado al recoger el dinero mediante un servicio de transferencias electrónicas.

Es el único caso de los 30 consultados para este trabajo donde quien llama para extorsionar es la misma persona que recoge la plata. Se trata de un reo que, al momento de cometer el ilícito, guardaba prisión en el centro penal La Esperanza, condenado, precisamente, por extorsión. Por eso recogió el dinero mediante una transferencia electrónica.

De las 16 mujeres, 15 fueron individualizadas tras recoger el dinero en una cuenta bancaria que estaba a su nombre o mediante un servicio de transferencias electrónicas. Es la manera más fácil para identificar a alguien involucrado en un delito de extorsión.
Según datos de la PNC, en 2015, de los 2,242 casos que recibieron en sus sedes, 1,159 extorsiones iniciaron mediante una llamada telefónica. Un poco más de la mitad. En 936 ocasiones, el extorsionador se presentó personalmente. En 209 el mensaje llegó por medio de un manuscrito que la víctima pudo encontrar en su lugar de trabajo, en su casa o le fue entregado por un menor de edad.

En los 30 casos revisados para este trabajo, 28 iniciaron con una llamada telefónica. Por eso es que en apenas una ocasión (la que ya se explicó más arriba) fue posible individualizar a la persona que se encargaba de amenazar, por lo que, en la práctica, el resto quedó en la impunidad. En algunas ocasiones las amenazas han continuado incluso después de que se iniciaron los procesos judiciales, según lo expresado por las víctimas en los documentos que recogen las sentencias condenatorias.

Esto último vuelve ambiguas las declaraciones tanto del actual director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, como del jefe fiscal de Áreas Especializadas, Allan Hernández, que aseguran que el 93 % de las denuncias por el delito de extorsión son resueltas. Es cierto que el país ha avanzado mucho en torno de la persecución del delito, con la creación de unidades especializadas y de una ley especial para la extorsión, pero ¿es cierto que solo el 7 % de los culpables quedan en la impunidad cuando a quien se juzga no es quien amenaza, sino quien recoge el dinero, posiblemente quien no es su beneficiario final?

“Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”.

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Denuncias. En el 2016, la PNC contabilizó 2183 casos de extorsión.
657 de estos ocurrieron en el departamento de San Salvador.

La cifra negra del delito de la extorsión no es calculable en toda su magnitud. Se habla incluso de que se ha convertido en una norma, en una especie de tributo no oficial que vendedores informales, micro y pequeños comerciantes, maestros y un largo etcétera pagan por descontado.

Eso se traduce en que una persona puede pasar años pagando una extorsión, lo que hace mella no solo en sus finanzas, sino también en su salud mental, la gran marginada del sistema salvadoreño.

Para el psiquiatra Carlos Alberto Escalante, fundador del Programa Nacional de Salud Mental en el quinquenio pasado, esto, la ubicuidad de la extorsión en El Salvador, es un fenómeno que tiene mucho de problema de salud pública: un ejército de personas sometidas a un estrés que tiene que ver con su sobrevivencia, que, al extenderse en el tiempo, puede mudarse en una depresión ansiosa. También ahí están los deseos de venganza, la aspiración de que aquel que ha sometido mi libertad y se ha llevado parte de mis (siempre escasos) recursos pague incluso con su vida.

Según el profesional, solo ha tenido la oportunidad de atender, desde su consultorio, a una persona que ha llegado explícitamente para tratarse problemas mentales relativos al estrés provocado por una extorsión. El hombre era dueño de un local de ropa y se había habituado a pagar ese tributo no oficial.

Pero lo conturbaba el hecho de que las cosas nunca adquirieran la mimada fidelidad de una costumbre. La víctima se adecuaba a negociar con alguien que, apenas un tiempo después, era sustituido por otra persona acaso mucho menos razonable. Vivir en una zona controlada por pandillas, donde había observado algunos cadáveres producto de un asesinato, terminó de quebrarlo.

Decidió, entonces, cambiar su domicilio, cambiar su estilo de vida. Lo que no podía hacer era dejar su negocio. Dispuso que solo él se expondría al peligro, que su esposa no llegaría más a ayudarlo. Las imágenes de asesinatos que había visto durante la vigilia lo asediaban por la noche, se volvían palpables, como si fuera él y no otro el que había sufrido esas experiencias. El constante riesgo de que, en efecto, ese dolor se convirtiera en realidad lo hicieron hacer una cosa que pocas veces hace un ciudadano salvadoreño: acudir a un psiquiatra.

Pero ¿cómo se trata la ansiedad provocada por un hecho traumático cuando el detonante de esa misma ansiedad sigue presente en tu vida? El doctor Escalante duda mucho en su respuesta. Habla de la ingesta de ansiolíticos para lograr conciliar mejor el sueño. Y, sobre todo, de un ejercicio que mucho tiene que ver con la resignación.

—Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”. No le puedo decir que las cosas se solucionarán pronto porque esa no es la realidad –comenta el psiquiatra, con su característico hablar pausado.

—Un estrés como ese, que se extiende por el tiempo, es difícil de superar. No podría decirle qué tipo de huella puede dejar en la cabeza de una persona –concluye.

El dinero. Agentes de la Unidad Antipandillas cuentan el dinero encontrado escondido en una olla de cocina en San Vicente. La suma llegaba a los $3,500. En esa vivienda habitaba toda una familia que fue capturada el 12 de enero de 2015.

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Durante la tregua entre pandillas, las estructuras lograron desplomar la cifra de homicidios. Lo mismo no pasó, sin embargo, con las extorsiones, que han sido desde al menos la pasada década su fuente de financiamiento más poderosa. Fuente de financiamiento y medio para la subsistencia de miles de sus familiares. Por eso, a sus principales cabecillas les resultaba un tema tabú hablar de ella en las múltiples entrevistas que brindaron en el marco de la estrategia. Una auténtica paradoja: para seguir extorsionando, amenazaban con hacer aquello que, precisamente, se habían comprometido a dejar de hacer: matar personas.

Lavado. El dinero obtenido con la extorsión también va a dar a variados negocios
para darles una apariencia de licitud a los fondos.

Quien extorsiona parece un fantasma. Quien manda y es, en suma, el máximo beneficiario de esa actividad nunca da la cara. Siempre es una voz que habla desde el otro lado del teléfono, o el autor de un mensaje anónimo o el jefe de aquel que se presenta para explicar que la víctima debe pagar un tributo a la pandilla para continuar con vida. Y según los 30 casos revisados para este trabajo, también es poco frecuente ver a un miembro vigente de la pandilla participando activamente en la recolección de dinero.

Eso no fue lo que le pasó a Mauricio, un hombre al que, el 13 de enero de 2015, la pandilla le pidió $15,000 por medio de un mensaje anónimo escrito en un sucio papel, entregado por un joven, quizá menor de 18 años, al que nunca había visto antes. La sentencia judicial que recoge su historia no aclara a qué se dedicaba la víctima, pero a juzgar por la cantidad de dinero solicitada, era un negocio mediano.

Decidió denunciar. La Policía lo apoyó en cada etapa desde ahí, primero porque le asignó un negociador, alguien que contestara el teléfono por él, quien consiguió que la cantidad pactada no fuera la inicial, sino solo $2,500, que se entregarían en una reunión en un centro comercial de Soyapango el 23 de enero de 2015. Ese día llegó y la autoridad estaba bien preparada, con cuatro equipos de investigadores, para capturar a aquellos que llegarían a recoger el dinero.

Colocaron $10 en un sobre de manila, al que acompañaron con recortes de periódicos para simular el resto del dinero. Los dos pandilleros llegaron vestidos justamente como la voz que hablaba desde el otro lado del teléfono lo había indicado y los investigadores no tardaron mucho en reconocerlos. La víctima entregó el sobre y, cuando uno de los pandilleros que había recogido la plata se disponía a abrirlo para cerciorarse de que estuviera completo, uno de los equipos interceptó a la pareja.

Uno de los dos pandilleros pudo huir. El otro fue capturado y condenado, 11 meses después, a seis años con ocho meses de prisión, pues el juez decidió rebajar el delito a extorsión tentada, una pena mucho menor a la exigida por la Fiscalía General de la República, colocada en 15 años.

Fue el único procesado en el juicio, que dejó en la impunidad tanto a quien lo acompañó a recoger el dinero de Mauricio como a todos aquellos que participaron en la trama, desde aquel muchacho que entregó el primer papel amenazador hasta la persona que, desde el otro lado del teléfono, quiso hacer del corazón de una víctima un instrumento maleable a su arbitrio.

Canalización. Los fondos obtenidos con la extorsión son destinados a las familias de los pandilleros, pero también a la compra de armas.