Trabajar desde antes de los 10 años

Fotografía

Para llegar al terreno donde esta mañana trabaja Luis Enrique, hay que cruzarse la calle de tierra y caminar por un sendero sinuoso, adornado por tantos árboles que muy poca luz se logra colar entre las ramas. Al arribar a la milpa, el horizonte se amplía, los ojos se llenan de claridad. El verde llega hasta donde alcanza la vista, a veces cortado por altas palmeras de coco.
Con la cuma en la mano, se encorva para desherbar, con minucioso amor, los alrededores de cada mata, teniendo cuidado de no dañarlas en su intento por protegerlas. Lo hace para evitar que otras especies le ganen terreno a su planta, para que esta pueda crecer a sus anchas hasta un momento en que ya no necesite de ayuda, más allá de abonos, insecticidas y riego.
Lo más duro, la siembra, ya pasó, pero esto también exige un enorme esfuerzo físico, de doblar el cuerpo para que la filosa hoja quede casi al ras del suelo y avanzar, avanzar, en un par de manzanas que, debido a la monotonía, podrían parecer interminables. El sonido del metal contra el suelo, del viento rompiéndose en cada golpe, se mantendrá constante por más de tres horas. Deshierba concentrado, con solo un poco de sudor sobre la frente, con la mirada atenta en su herramienta.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida.
Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos, que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad: cada uno de los hijos varones ha empezado a trabajar antes de los 10 años junto con su padre, Rolando Obando, en las labores del campo. Desde el mayor, que ahora tiene 25 años. Los más pequeños esperan su turno, si las circunstancias no cambian.

Luis Enrique trabaja en la milpa junto con dos de sus hermanos, Miguel Ángel, de 15 años, y Rónald, de 12, quien no rebasa el umbral establecido por la ley para que un adolescente comience a trabajar. Su rostro contrasta con la edad promedio del agricultor en El Salvador, que el MARN coloca en 57 años. Al no contar ni con la edad mínima legal para realizar estas labores, no existe en ese censo.

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JESÚS DE LA PEÑA, coordinador subregional de la Organización Internacional del Trabajo, señaló en 2009 que, al ritmo en el que iba el país, no se llegaría a las metas con las que El Salvador se había comprometido tres años atrás en una Hoja de Ruta (2006) destinada a acabar con el trabajo infantil. Las metas trazadas, en las que también se anotaron otros Estados de la región, apuntaban a hacerlo para 2020: entonces, se pensaba, ningún menor de 18 años tendría que realizar ninguna labor para ganarse la vida. El proyecto parecía condenado al fracaso. Las promesas no se cumplirán.

Rónald, de 12 años, asistirá más tarde a sus clases en el quinto grado del Centro Escolar Quebrada Española. Tiene 19 compañeros en el aula, cinco son varones. Tres de ellos realizan labores en el campo en la mañana, como él, para estudiar por la tarde. En las lecciones de hoy, quizá, verán las partes del cuerpo humano, algo que le fascina al niño, conocer cómo está compuesto por dentro, qué hace que cada parte de sí mismo funcione. A diferencia de lo que se pensaría, parecerá fresco, atento a cada palabra que sale de la boca de su profesor. El profesor señalará en el pizarrón los órganos y sus funciones, y Rónald preguntará, preguntará y preguntará para estar seguro de que ha entendido.

Que no se hayan cumplido las promesas de la Hoja de Ruta no se traduce en la nulidad de logros: según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2017, publicada por la DIGESTYC hace unas semanas, son 41,735 los niños menores de 14 años que se ven obligados a trabajar, 20,000 menos que hace una década, cuando, por ejemplo, Luis Enrique fue llevado por primera vez al campo por su padre. El país ha vivido una disminución constante al menos desde 2012, cuando se reportó el último incremento con respecto al ejercicio anterior.

La mayor conquista se ha registrado en las labores de corta de caña, donde el problema, al menos según datos del Ministerio de Trabajo, ha llegado casi a cero. Ese es el resultado de más de una década de apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que le aportó en torno a $1,000,000 al sector azucarero entre 2002 y 2009, y que continuó su camino en FUNDAZUCAR, la organización no gubernamental que aglutina al sector*.

Pero eso no se ha traducido en que la prohibición se ha cumplido a rajatabla, y el Ministerio de Trabajo ha sancionado, desde 2012, a 12 empresas y cooperativas por seguir empleando a menores, como en el caso de la Cooperativa de Los Chilamates, de Nueva Concepción, Chalatenango, a la que en 2013 se le descubrió que había empleado a 11 menores de edad.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida. Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad.

En la escuela, Rónald ignora, sin embargo, que su cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado para hacer el trabajo que realiza. Porque no es solo la labor del campo.
Para poder ganar entre $3.60 y $7 por cada paquete de 12 pares de zapatos, tras salir de la escuela, Rónald se sumará a su madre y a sus dos hermanos Luis Enrique y Miguel Ángel (15 años) para coser calzado. Pacientemente unirá decenas de suelas a igual número de piezas a la luz de una lámpara, en una jornada que puede extenderse hasta las 10 de la noche. Para la familia esto significa un ingreso importante, dependiendo del número de lotes que les encarguen.

A Miguel Ángel, el hermano de 15 años de Rónald, las semanas de escuela se le vuelven, a veces, de tres días. Cuando tiene que extender su jornada en la milpa en la tarde, los días en que su padre necesita más ayuda, pide permiso para ausentarse de sus clases. Eso, dice, ocurre una o dos veces cada semana.
En la escuela a la que asisten los hermanos son conscientes de que muchos de los niños a los que atienden cumplen con una responsabilidad que no les corresponde. Por eso suelen ser más pacientes con ellos, según lo comenta Cecilia Morán, la directora del centro.

Izalco. Rolando Obando posa junto a cuatro de sus 15 hijos. De derecha a izquierda: Miguel Ángel (15 años), Luis Enrique (17), Rónald (12), Rolando y su hijo mayor, de 25 años.

Aparte de ello, no cuentan con programas constantes para atender a este tipo de población. Los que poseen en la actualidad se limitan a un taller de banda de paz y otro de instrumentos musicales. De vez en cuando llegan cursos de otra cosa, como uno muy reciente de panadería, al que los niños trabajadores asisten gustosos: piensan que eso les permitirá conseguir un mejor empleo. Eso mismo piensan los padres. En la zona no hay lugares para formarse en algún oficio. Lo más cercano está en el casco urbano de Izalco. Dado el problema de caminos del sitio, moverse hasta allá de forma constante representa una fuerte inversión que muchas familias no son capaces de cubrir.

Pero incluso las clases de música y de banda de paz están en peligro. En la escuela es casi imposible mantener actividades que vayan más allá de los cursos normales, según lo explica la directora del centro, pues no cuentan con un presupuesto para hacerlo. Por años las han mantenido haciendo malabares. Si no llega un patrocinador, deberán retirarlos en el corto plazo.
En El Salvador, el combate al trabajo infantil ha estado en manos de una mesa conformada por varias instituciones: los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, el ISNA, el CONNA y las municipalidades, que pueden tener una mayor incidencia en el seguimiento a la eficacia de las políticas dada su cercanía con la población.

Pero desde las instituciones no ha habido un esfuerzo constante, al menos en la última década, siquiera por entender el fenómeno. Por ejemplo, para establecer el dato de niños trabajando, la única referencia es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. La otra fuente es lo reportado por el Ministerio de Educación, que toma en cuenta a la población que va a un centro educativo.
Para darse cuenta de esta ausencia, solo basta con consultar el número de comités municipales de protección de derechos habilitados por el CONNA a escala nacional: menos de 100, cuando la ley establece que debe existir al menos uno por municipio.

“Eso impide que para problemas como el trabajo infantil, que exige un constante monitoreo, se tenga la capacidad para mantener ese seguimiento. Debe haber una reestructuración, en la que se aprovechen otras infraestructuras ya instaladas en el país, como los ECOS del Ministerio de Salud. Ahorita, solo estamos actuando mediante una denuncia previa”, comenta Víctor Serrano, técnico de Promoción de Derechos del ISNA. Reconoce que para esta labor esa institución no cuenta siquiera con 100 empleados.

Señala, sin embargo, algunas conquistas, sobre todo referidas a la casi total eliminación de algunas de las formas más peligrosas de trabajo infantil: la de los que laboraban en las minas de cal en el norte de Santa Ana; la de los niños utilizados en la pesca con explosivos.

Pero incluso el ISNA, según reconoce el mismo Serrano, ha dejado de batallar por poner en el centro de la discusión el problema. Algo que puede ilustrarse en el hecho de que el último estudio sobre trabajo infantil se publicó en un ya lejano 2014. Era el referido a Madresal, la isla de las madres-niñas, en San Dionisio, Usulután, de la que Séptimo Sentido realizó un amplio reportaje, publicado ese mismo año.

El Estado no sabrá, por tanto, sobre Rónald, el niño que después de sudar sobre la milpa preguntará en su clase de Ciencias sobre las partes del cuerpo humano para, después, partir a su casa a coser calzado.

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—¿VIO A AQUEL SEÑOR que estaba en el portón? Ese es mi papá –comenta Rolando Obando, el padre de 15 hijos, mientras arroja agua a su milpa con la bomba que carga a la espalda. —A mí me sacó a los ocho años y me llevó a unos lugares allá por el cerro de Las Flores, a pasarnos ese gran rillón, que a veces él me pasaba en el lomo cuando estaba crecido.

Rolando habla de algo que parece una tradición en la zona, pero que contraviene los tratados internacionales y la LEPINA. Sin embargo, cuando él crecía, los derechos de los niños eran algo que no le importaba al Estado.

Rolando cuenta cómo empezó a trabajar en los cañales cuando tenía 12 años, cómo soportaba los calores de la época de la zafra, cómo se hizo un hombre duro a base de trabajo en una de las labores catalogadas entre las más peligrosas para un niño.

Rolando es todo un líder comunitario, forma parte de APROMUPIZALCO, la asociación de cooperativas de agua que surte a 10,000 personas en ese municipio de Sonsonate. Ha sido elegido para representar a su comunidad, Quebrada Española, en las diferentes iniciativas que han llegado hasta este lugar, aislado por calles de tierra y piedra suelta a pesar de estar a unos cuantos cientos de metros de la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate.

A lo único que no apoyó con fuerza, comenta, fue a PRONIÑO, un programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una empresa privada de telefonía que entre 2012 y 2013 intentó concienciar a los padres de la zona sobre la inconveniencia de que sus hijos comenzaran a trabajar a tan temprana edad.

Según la directora del centro escolar del sitio, Cecilia Morán, el programa tuvo una incidencia positiva. Fue la época en que un mayor porcentaje de niños dejó de trabajar. Eso es algo que se repitió en el resto del país. Entre 2011 y 2014, el país vivió su mayor disminución en el número de infantes menores de 14 años obligados a trabajar, que pasó de 60,171 a 47,488.

Esta tarea, comenta Morán, se hizo no sin enfrentar una enorme oposición de parte de los padres, que se preguntaban quién, ante la ausencia de los hijos, les ayudaría a completar la obtención de los recursos para tener una vida digna.

Una persona que ha visto el fenómeno del trabajo infantil de cerca desde finales de los noventa es Víctor Serrano, técnico de la Dirección y Promoción de Derechos del ISNA. Eso, el hecho de que los menores de edad pueden significar un importante ingreso para familias pobres, es un elemento que complejiza la discusión. Ahí no basta la enumeración de leyes y posibles sanciones, pues está en juego, comenta, la propia sobrevivencia del menor.

“Pero eso no quiere decir que hay que dejar de concienciar sobre los derechos de los menores. Hay que cambiar la estrategia, como dejarles claro que la escuela, a pesar de las carencias que tiene, es una oportunidad para romper con el ciclo de la pobreza en un futuro”, comenta Serrano.

De nuevo en su milpa, mientras sus hijos adolescentes y el niño Rónald continúan con la faena, Rolando explica las razones de por qué lo que representaba PRONIÑO le parecía tan mala idea.

—Yo hablé con mis hijos y les dije “no voy a apoyar eso porque ustedes son los que se me van a arruinar” –dice Rolando, dejando por un rato su semblante dicharachero para poner un rostro serio. —No quiero un hijo huevón. Necesitan el estudio, pero también trabajar, porque aquí nos hemos acostumbrado a trabajar en la tierra.

Muchos padres de la zona piensan como Rolando. Incluso aseguran que parte de la violencia que se ha vivido en la zona en los últimos años se debió a ese período en el que muchos niños dejaron de trabajar.

“Para mí, es 1,000 veces preferible que un niño de 12 años esté ahí, en la milpa, aprendiendo cómo se trabaja, a que esté en una esquina sirviéndole a los grupos delincuenciales”, comenta un padre de familia que, por motivos obvios, prefiere no decir su nombre.

El Salvador no es un país de blancos y negros. Tampoco este argumento es suficiente para justificar el trabajo infantil, según la opinión de Víctor Serrano, del ISNA.

“Hay casos extremos en que la familia es negligente… Una vez me encontré a unos adolescentes trabajando en el cañal, a unas altas temperaturas, cuando las personas adultas estaban en la casa, viendo la telenovela”, ilustra.

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A PESAR DE QUE sus hijos han tenido que trabajar desde pequeños, Rolando Obando cree en la importancia de la educación. Por eso ha animado a sus hijos a completar, “aunque sea”, su bachillerato. Eso ocurrió con dos de sus hijos mayores de edad que, tras ello, pudieron acceder a un puesto en una empresa cercana a la capital. Para Rolando, es toda una conquista: que sus hijos puedan ganarse la vida “sin molestarse mucho”, como él, en las labores del campo.
Los dos hermanos son un ejemplo para el resto de la familia. El punto al que alcanzar o superar. Por eso Miguel Ángel, de 15 años, ha decidido seguir estudiando, a pesar de la dureza de una jornada que comienza en la mañana en las labores de la tierra y continúa en la tarde en la escuela. Y que, incluso, se puede extender con los zapatos que lleva su hermano Luis Enrique para coser.
“Yo siento que no me cuesta tanto, ya me acostumbré”, comenta Miguel Ángel, lleno de timidez.
Dice que, a pesar de todo, terminará con su bachillerato. Pero luego no existe en su panorama la idea de incorporarse a la universidad o continuar con su educación. Quiere contar con un título para convertirse en empleado de una fábrica, conseguir un trabajo con el que pueda obtener un ingreso constante con el cual ayudar a su hogar. Ese es su sueño, que todavía le suena lejano.
Con lo escuchado se podría pensar que a, semejanza de lo que escribe Martín Caparrós en el libro “El hambre”, salvando las distancias, la pobreza y la necesidad de trabajar desde pequeño te quita, incluso, la oportunidad de ver más allá.
Por ahora, Miguel Ángel, Rónald y Luis Enrique continuarán el trabajo en la milpa de su padre, esperando que este año la cosecha no los decepcione.

Otros ejemplos. Maybelline Shupan, de 12 años, ayuda a su madre a recoger leña a 40 minutos de camino de su casa, en Cuyagualo, Izalco. También su hermano, Enrique, de 14, trabaja.

 

*Este párrafo pudo causar alguna confusión. Por ello fue modificado el 12 de junio de 2018, con el monto que fue entregado por la OIT exclusivamente al sector azucarero.

El campo se queda sin jóvenes

El campo
El campo

Al menos hasta hace unas semanas, la única manera de que una persona de la comunidad La Ruda recibiera atención médica era trasladarse al centro del municipio de Masahuat, Santa Ana, ubicado a unos 10 kilómetros de aquí, para donde no existe más transporte público que un camión que sale a las 7:30 de la mañana. Si no se contaba con un vehículo propio (lo que pasa con casi todos los habitantes), la única opción aparte de esa era la fuerza de las piernas para recorrer un sinuoso camino a orillas del río Lempa.

Este escondido rincón de Masahuat, un apartado municipio ubicado varios kilómetros adentro del desvío al parque acuático Apuzunga, ahora tiene una clínica, recién construida por la ONG Ayuda en Acción, que recibe buena parte de sus fondos desde el Gobierno de España. Eligió a Masahuat por las incontables necesidades que asolan a sus pobladores.

Álex Valdez, de 26 años, es uno de los beneficiados de esta clínica. Ha sido agricultor desde que ha tenido edad para trabajar. Es la única manera que conoce para ganarse la vida, como casi todos los miembros de las 56 familias que viven en La Ruda. Es así incluso con sus compañeros de generación. Toda una rareza; según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la edad promedio del agricultor salvadoreño es de 57 años.

En este país que ha tenido a la actividad agrícola como soporte principal de su economía en el pasado, los campesinos son mayores incluso que los de California, Estados Unidos, en donde el promedio de edad es de 45 años. La de hacer producir la tierra es una actividad que se queda sin relevo generacional: menos del 10 % de los involucrados es menor de 27 años.

Y muchos son como Álex, personas a las que el Estado se olvidó de cubrirles sus necesidades básicas, sobre todo en municipios como Masahuat, uno al que el Mapa de Pobreza del FISDL coloca entre aquellos que se consideran como de pobreza extrema severa: casi la mitad de su población (3,373 personas según las proyecciones para 2018 de la DIGESTYC) vive bajo ese umbral.

—Ahorita tuve una experiencia, –comenta Álex, los ojos viendo al piso, las manos cruzadas sobre el pecho–. Le estaba diciendo a mi papá que ni ganas de hacer mucha milpa me daban.

A pesar de que el año pasado fue bueno y hubo suficiente lluvia para que las plantas crecieran a sus anchas, la alegría se esfumó pronto. La base de este desconcierto está en las matemáticas.
Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales.  Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Este, según un vendedor de Metapán que no quiso identificarse, se calcula en base con las cosechas del año. Esa es la paradoja del agricultor: cuando el año es bueno, debe vender su producto barato, pues hay mucha oferta. Cuando se trata de uno malo, puede obtener un precio promedio más alto, pero cuenta con poco producto para comerciar.
A Álex eso le significó un pago de $468. A eso debió restarle un dólar por quintal, lo que le cuesta el transporte, por lo que le quedaron $432. Ahora, piensa en lo que le tocó gastar este mayo, cuando se preparaba para sembrar: 48 libras de semillas de maíz, cuatro botellas de veneno, 3 kilos de herbicida y el plástico para poner en la milpa. En eso gastó $250.

—¿Y el abono, y para querer echar un mozo para trabajar? Viera que el trabajo de uno le queda en vano –comenta en un momento de exasperación que contrasta con el resto de la plática–. Uno siente que trabaja para los empresarios, porque ellos nunca pierden.

Y puede ser que lo dicho por Álex no sea una exageración; en municipios donde es posible vender un volumen como ese (los más cercanos son Metapán y Nueva Concepción, Chalatenango), el quintal que ellos dan por $13 luego puede ser vendido por $18; $5 de ganancia para alguien que no asume todos los riesgos, que no depende del arbitrio de un clima cada año más caprichoso.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publica cada día una tabla de precios para distintos productos agropecuarios. Pero esa labor no es la de establecer un monto que hay que respetar a la hora de comprarle a un agricultor, sino la de elaborar un promedio de en cuánto se está vendiendo el producto en las plazas comerciales a escala nacional. El referente es el intermediario, no el productor.

Solo la caña de azúcar cuenta con un precio mínimo de compra hacia el productor, que debe ser acatado, pero se trata de un cultivo al alcance solo de los propietarios de extensiones grandes de tierra.

Por un escenario como el anterior, que no haya un sólido relevo generacional en la agricultura no es culpa de los jóvenes, dice Ismael Merlos, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sino más bien, de la realidad de esta actividad en El Salvador: una tecnológicamente atrasada con respecto al resto de la región.

Para Merlos, la agricultura se ha convertido en una labor de “subsubsistencia”, aquella que no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimentarias de quien siembra. Eso hace que una producción para fines comerciales se convierta en un sueño solo a la mano de unos pocos. La superación de la pobreza no es un objetivo alcanzable a través del sudor que cae en la tierra.

José Mendoza es otro de los jóvenes agricultores de La Ruda. Vestido con un short, una camiseta y con tenis, a primera vista este muchacho de 26 años no parece agricultor. Pero, igual que Álex, es de los que se sacrifica para sacarle frutos a la tierra.

En la época del maicillo y del maíz, siembra en las manzanas de su familia, ubicadas muy cerca de su casa. Pero cuando se trata del frijol, para el que se necesita un clima más frío, debe subir la montaña, lo que toma cerca de dos horas. Allá arriba alquila un terreno. Para aprovechar el día, la jornada debe empezar a las 6 de la mañana. Hay que partir a las 4, apenas acompañado por una lámpara que corte la noche.

Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales. Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Ganadas. Algunas laderas de montaña en Masahuat lucen deforestadas. Muchas son ocupadas por campesinos de la zona para sus siembras, que dependen de un clima cada año más caprichoso.

También es otro de los decepcionados con lo poco rentable que resulta la agricultura, el único medio de subsistencia que ha conocido en su vida. Cuenta historias parecidas a las de Álex y añade otro elemento a la ecuación: cada venta les cuesta un día de su vida, pues deben salir con el camión que sale de La Ruda hacia Metapán o Nueva Concepción a las 7:30 de la mañana y retornar hasta que este pase por su comunidad.
“Si existiera un tipo de agricultura que les permita a los jóvenes, además de obtener ingresos, formarse técnicamente, te aseguro que van a involucrarse en la agricultura. Para eso se necesita hacer una transformación en profundidad”, comenta Ismael Merlos, de FUNDE.
La violencia es otro de los factores que aleja a los jóvenes del trabajo en la agricultura. Sobre todo cuando el ir a laborar a una plantación significa cruzar invisibles fronteras de guerra.
Esa fue la razón por la que asesinaron a cuatro primos, todos trabajadores de la tierra, en abril de 2015, en el caserío Los Hernández, de Izalco. Vivían en una zona con presencia de una pandilla. Cerca de la propiedad a la que iban a trabajar, en la hacienda La Macarena, estaba la agrupación enemiga.
Por la misma causa asesinaron en octubre de 2017 a Raúl Benjamín Jiménez Ramírez, cuando regresaba a su casa en el cantón El Carmen, de Guaymango, Ahuachapán; o a José Alberto Hernández González, en Jiquilisco, en diciembre de 2015.
Chalchuapa, el municipio ubicado más al sur de Santa Ana, forma parte de un corredor de violencia, conformado también por municipios como Atiquizaya o El Refugio, en el vecino departamento de Ahuachapán. Uno en el que es posible que ocurra, en apenas una mañana, media docena de homicidios. Varios agricultores han sido asesinados en el último lustro.
En este municipio está el cantón La Magdalena, ubicado a unos kilómetros del ingenio del mismo nombre, que en 2015 fue denunciado por el derramamiento de miles de galones de melaza en el río que surca la localidad.
Esta mañana de mayo, al encuentro sale Gustavo Torres, uno de los habitantes de la zona. Maneja su motocicleta para guiar entre un sinuoso camino de tierra, fácilmente transitable para cualquier vehículo. Su deber es conducir un grupo de jóvenes integrados a diferentes proyectos de desarrollo agrícola, apoyados por el programa “Amanecer rural”, financiado con $40,000,000 provenientes de un préstamo entre el Estado salvadoreño y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.
A pesar de que es el primer anfitrión, no forma parte de los proyectos. Él decidió ganarse la vida de otra manera, trabajando en la paquetería de un supermercado en la ciudad de Santa Ana, por lo que ha tenido que mudar su residencia allá. Solo trabaja la tierra eventualmente, cuando viene a pasar las vacaciones a su hogar natal.
En las oficinas de la cooperativa Las Tablas espera un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 y 27 años. Una de ellos es Gabriela Torres, estatura media, corpulenta, ojos vivos. Con orgullo expone sobre los programas que han comenzado a implementarse en su comunidad, como una plantación de maracuyá, para la que técnicos del MAG los han capacitado en su cuidado.
“Por un tiempo lo habíamos descuidado y creció mucho la maleza, pero ahora lo retomamos”, comenta Gabriela. Los otros dos proyectos son un banco de apicultura y un huerto de hortalizas, que se cultivará en un invernadero.
Gabriela y compañía se muestran entusiasmados con las oportunidades, pero ella reconoce que no ve en la agricultura un futuro para su vida. Si tuviera la oportunidad de salir de aquí para obtener un mejor empleo, no lo dudaría dos veces. En sus aspiraciones está seguir con sus estudios después de haberse graduado del bachillerato, todo un logro si se considera la media de escolaridad de la zona, que suele parar en el tercer ciclo.

Gabriela da algunas claves con respecto a este desencanto con la agricultura: Si bien existe la capacidad de producir algo, todavía están muy lejos de que se convierta en un negocio sostenible, pues no existe un mercado al que venderle de manera constante. Las recientes producciones de miel, por ejemplo, han ido a parar a las manos de los mismos vecinos. El dinero es tan poco que ha sido necesario invertirlo en su totalidad para continuar con el proyecto. Las excepciones a esta regla en planes de esa naturaleza se cuentan con los dedos de la mano. Uno de los más prominentes es el de la Canasta Campesina de los productores de Comasagua, que tiene una ventaja: su cercanía a una capital con personas con alto poder adquisitivo.

“Pero esto nos ayuda a mantenernos ocupados. Y eso significa mucho para nosotros, saber que estamos en algo productivo”, comenta Gabriela.

La mayor parte de hombres de la comunidad pertenece a una cooperativa, lo que les asegura un trozo de tierra (aunque sin escrituras a su nombre) para sembrar en invierno, casi siempre dos únicos cultivos: maíz y frijol. Uno de esos hombres es el padre de Gabriela, Óscar Torres, de 53 años. Junto a su sobrino, Adiel, se esfuerza en las labores de un futuro corral de cerdos.

Como casi todos aquí, en la agricultura le apuesta a los dos cultivos tradicionales. Habla de buenas épocas en las que es factible sacar algo de ganancia a tanta inversión y trabajo. Dice que la única posibilidad para ello es que el Gobierno les compre su producto como semillas. Es un proceso más largo que si solo lo hicieran para consumo, pues existe una labor de selección, de bodegaje y de cumplimiento de varios estándares. La recompensa es que lo pagan a $100 el quintal. Producir cada uno, según los cálculos de Óscar, cuesta unos $90. Hay una ganancia de $10. Sin embargo, este año no podrá ser así, pues el Gobierno no les ha pagado aún lo de la última vez, comenta.

Por eso se verán obligados a llevarlo a la plaza y venderlo para consumo, donde se paga a un precio estimado de $43 el quintal. Torres dice que el costo de producirlo es todavía mayor. Por eso declinó pedir un préstamo en la línea de crédito que tiene activo en el Banco de Fomento Agropecuario. Ha decidido solo sacar lo necesario para consumir en su familia.

Adiel, su sobrino, ha estado atento a la conversación, con la mirada perdida, aparentemente sumergido en la música de sus audífonos; con 20 años, se ha convertido en el líder de los jóvenes de su comunidad. Por ello fue beneficiado con una beca de varios meses para ir a capacitarse en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA), ubicada en Ciudad Arce, La Libertad.

Habla de lo aprendido, de cambiar el chip en las comunidades. Para él, lo más importante es la diversificación de los productos, dejar de depender de un invierno bueno, algo de lo que nadie tiene control. Por eso trabaja en este pequeño corral de cerdos. Por eso también ha estimulado a sus compañeros de generación para aprender todo lo que puedan de los técnicos de diferentes instituciones que los visitan, sobre todo en cuanto al abono orgánico.
“Se hace con insumos que uno saca aquí. El carbón, la ceniza, los microorganismos de montaña, cáscaras de verduras. Se pueden hacer buenos fertilizantes, ya sea vía foliar o al suelo. Nosotros mismos tenemos los recursos, a veces es solo falta de conocimiento”, comenta el joven. Una primera cosecha de huertos caseros, sin embargo, todavía se ve lejos: no han cultivado ni una sola planta en el invernadero que les facilitaron para ese fin. Es un camino que apenas comienza.
Otro joven de la comunidad es Misael García, de 21 años. Luce cansado, sudoroso, pues en este mediodía acaba de volver de trabajar en la tierra de la cooperativa. Una imagen que no hubiera sido posible contemplar hace solo unos meses, cuando era empleado de una empresa repartidora de bolsas plásticas. Ganaba apenas unos dólares más que en el campo, pero el trabajo era estable y los ingresos constantes. Pero un detalle lo complejizaba: la necesidad de entrar a territorios donde no es bienvenido por el solo hecho de vivir donde vive.

“Ser joven es un delito”, dice. Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades; un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades, un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

En El Salvador, uno de los proyectos con más difusión para el impulso de la agricultura es el de los paquetes agrícolas. Para Ismael Merlos, de FUNDE, esto no significa ni siquiera un parche al problema: lo entregado por año a un productor en semilla mejorada y en abono le sirve apenas para sembrar un octavo de manzana.
El otro proyecto es Amanecer Rural, financiado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Está compuesto por múltiples aristas, como la capacitación de agricultores y la provisión de insumos para el inicio de emprendimientos agrícolas. Pero todavía se antoja incipiente: solo unos cuantos miles de personas son beneficiarias directas de los proyectos generados por el programa.

“Las necesidades de la juventud rural son enormes debido a un monto de inversión en los espacios rurales que no ha sido cumplido”, dijo al respecto Perin Saint Agne, vicepresidente asociado del FIDA, la agencia de Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza en zonas rurales, en su visita el año pasado al país para abogar por la aprobación de un nuevo crédito con la institución a la que representa, por un monto cercano a los $60,000,000.

En esa oportunidad, el funcionario afirmó que buena parte de los problemas sociales del país residen en la desigualdad. “Esto podría evitarse si se dieran las inversiones y el apoyo para desarrollar las capacidades, la educación, los sistemas de salud, la infraestructura y el acceso a mercados en la zona rural”, aseguró entonces. Es una medida estructural que suena obvia, pero que aún está lejos de convertirse en la prioridad de quienes deciden el destino del país.

Esta mañana en Masahuat, Álex Valdez y José Mendoza, a pesar de todos los problemas que significa ser agricultor en El Salvador, contemplan con fruición la tierra en la que el primero trabaja. Es un terreno ganado a una ladera de montaña, traspasada por múltiples afloramientos de roca. No es el mejor lugar para cultivar, pero años y años de experiencia logran sacarle frutos.

Esa habilidad es elogiada por Jorge Santos, el técnico en Seguridad Alimentaria de Ayuda en Acción, quien reconoce que toda capacitación como las que pronto se pretende dar en La Ruda requiere de una comunicación a dos vías: de los que como él tienen los conocimientos científicos; y de los que como nadie saben trabajar la tierra.
“Esta gente es muy valiosa. Es la encargada de que un país tenga seguridad alimentaria. Pero siempre terminan siendo las víctimas de malas políticas públicas o de la ambición. Eso debe cambiar si le queremos dejar un mejor país a nuestros hijos”, dice, pisando con fuerza la tierra bajo sus pies.

La tierra. José Mendoza posa con las tierras de su colega, Álex Valdez, en el fondo. Las mismas ya están ocupada por maíz, que esperan poder cosechar muy pronto.

Santiago de María y su casi adiós a sus albergues

Albergue. Una de las casas que quedan en el ex-INCAFE es la de Aidée Castellón, quien vendió la vivienda que le dieron en la nueva colonia.

Detrás del muro, un frondoso maquilishuat se yergue contra el poniente, desnudo de flores pero robusto en su simplicidad. Érick Reyes se acerca a él, le sonríe, con las palmas de las manos recorre su corteza. Lo saluda como si de un amigo se tratara.

No hay desmesura en la comparación: Este fue el árbol que Érick sembró a pocos días de instalarse en este mismo sitio, hace más de 17 años, cuando el mesón en el que vivía, hecho de frágil bajareque, cayó en el terremoto del 13 de enero de 2001.

Construida con láminas y madera, aquí instaló una casa para habitar por solo seis meses, según lo prometieron el alcalde de la época, Roberto Edmundo González, y Care International, la organización que les donó los materiales.

Como él, otras 230 familias de Santiago de María, Usulután, que lo perdieron todo en los terremotos de 2001 se instalaron aquí para tener un hogar, un pedazo de tierra donde poder dejar sus pocas cosas, dormir, vivir. A cada una le asignaron un espacio de cuatro por cinco metros, 20 metros cuadrados. Era el nacimiento del ex-INCAFE, el primero de aquellos emplazamientos humanos a los que los santiagueños bautizaron como albergues.

En los siguientes días, surgieron tres más, en el costado contrario del pueblo, más allá del pujante mercado: Modelo, Fátima María y Montebello II, a los que ingresaron otras 150 familias. Desde las autoridades, se les sembró una esperanza: pronto les sería asignada una casa permanente. Para muchos, como Francisco Pineda, las palabras fueron una gloriosa melodía. Él, un hombre soltero, sin hijos, casi sin familia, jamás había contado con algo que pudiera llamar de su propiedad.

Pero los seis meses se convirtieron en más de tres lustros. Así, Érick Reyes pudo ver con toda la tranquilidad del mundo cómo crecía su amigo vegetal en este terreno, que en los ochenta fue el casco de uno de los beneficios del desaparecido Instituto Nacional del Café (INCAFE).

Los albergues se convirtieron en una parte fundamental del paisaje de Santiago de María. Casa tras casa hecha de lámina y madera, una junto a otra, conformaron esta, como cariñosamente se refieren a ella sus habitantes, colmena de metal.
También en una parte fundamental de sus problemas: en 2014, cuando este municipio de un poco más de 19,000 habitantes reportó 25 homicidios, los agentes de la Policía Nacional Civil los identificaban como los territorios más peligrosos: el coctel de abandono del Estado, pobreza y hacinamiento los convirtieron en terreno fértil para la expansión de las pandillas, que los transformaron en sus principales bastiones.

Santiago de María, en los años inmediatamente posteriores a la tregua entre pandillas (2012-2013), se convirtió en el referente negativo de la inseguridad en Usulután: las autoridades de los municipios ubicados en sus inmediaciones achacaban parte de los hechos que ocurrían en sus territorios a su cercanía.
Por mucho tiempo, las voces de los habitantes de los albergues parecieron encontrar oídos sordos en las autoridades encargadas de proveerles de una vivienda digna. Las cosas cambiaron en 2016, aunque no para todo el mundo.

Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver con sus ojos el sueño cumplido de tener un espacio propio. Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterara de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y especialmente para los habitantes de esta nueva colonia.

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EL NUEVO HOGAR
“Se trata de otro acto de justicia de nuestro gobierno, pues estamos saldando una deuda provocada por los terremotos de 2001. Más de 15 años tuvieron que esperar por una solución, que les llegó de la mano de nuestro gobierno”, dijo el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, ese 16 de diciembre de 2016 en el que aquellos que habitaban los albergues recibieron por fin las llaves de sus nuevas casas, ubicadas en un terreno a 3 kilómetros del centro de Santiago de María, 19 manzanas de lo que antes era una finca cafetalera, que se volvió ociosa cuando sus antiguos dueños decidieron que el grano no era un negocio lo suficientemente rentable.

“Aquí, en Santiago de María, las familias de los albergues tuvieron que esperar la llegada de un gobierno identificado con el pueblo para poder solucionar sus problemas de vivienda”, aseguró Sánchez Cerén en su discurso, como si de una iniciativa de su gobierno se tratara.

Pero la historia es otra y tiene como uno de sus personajes a aquel alcalde que, a días de los terremotos de 2001, le prometió a los más pobres de sus votantes, aquellos que lo habían perdido todo, que les entregaría una casa digna.

Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”, ha sido alcalde de Santiago de María desde 1997. En las elecciones del 4 de marzo de este año ganó su octavo período al frente del municipio. Ha sido criticado por usar su sueldo de $3,000 mensuales y buena parte del presupuesto de la alcaldía para hacerles favores a sus electores. La Corte de Cuentas de la República ha hecho varios reparos a su gestión por lo mismo.

Esta mañana de abril, González termina de preparar la última lata de pan francés del día para meterlo al horno. Cuando se sienta a conversar, se le notan debajo del rostro esas oscuras y pronunciadas bolsas que solo provocan el desvelo y el calor.

Beneficiadas. Ana Pérez y Gladis Beltrán recibieron una casa como parte del programa. A pesar que no habían residido en los albergues, sí perdieron su casa en los terremotos de 2001.

Con un estilo desenfadado, que lo llevó a que lo expulsaran del FMLN en 2001, habla de las gestiones frustradas para construir los hogares permanentes con tres gobiernos centrales diferentes (dos de ARENA y uno del FMLN). Y de la última negativa que recibió, en 2013, de parte del Viceministerio de Vivienda de la época, y de cómo, solo semanas después, su amigo Tomás Chévez le ofreció ayudarlo con su proyecto cuando llegó a ocupar de manera interina la jefatura de esa cartera del Estado.

“Tomás Chévez me dijo que tenían $60,000,000 disponibles cuando solo semanas antes me habían dicho que no tenían recursos. Yo siempre he dicho que pisto hay, lo que no tienen es voluntad”, comenta González.

Los habitantes de los albergues fueron incluidos en el programa Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) serían construidas más de 400 viviendas en un terreno que la Alcaldía de Santiago de María había adquirido desde 2006 para ese fin.
Los futuros beneficiarios habían estado trabajando cuando se les pedía en esa propiedad desde entonces, primero talando los árboles para despejar el espacio, luego haciendo las labores de terracería.

Las casas. Glenda Villanueva y Armida Sorto salen de su casa en la nueva colonia. A diferencia de los albergues, está construída con ladrillo y es de su propiedad.

Pero las cosas no fluyeron sin baches: en julio de 2015, la empresa contratada para el trabajo, A. P. de Centroamérica, declaró que el trabajo era demasiado grande para completarlo en el tiempo para el que se había comprometido, ocho meses, a pesar de que ganó la licitación con el argumento de que había hecho un trabajo parecido en un período récord en el occidente del país.
Para esas fechas, solo habían completado la fundación de la mayoría de viviendas. De unas cuantas decenas se habían colocado las paredes y el techo. Sin embargo, lograron casi cumplir con el trabajo al año siguiente, aunque se declararon en quiebra antes de hacer las 48 casas restantes, de las que todavía están los lotes vacíos.

El proyecto entero costó $1,700,000, a casi $4,500 por casa, eso sin contar el terreno sobre el que fueron construidas (que era propiedad de la alcaldía) y las labores de terracería.
La colonia, ahora, es un conjunto de pasajes con casas idénticas una tras otra: dos cuartos, dos ventanas y un patio que da la posibilidad de construir. Quienes pueden permitírselo ya han comenzado. Lo hacen porque se trata de un trozo de tierra completamente suyo.

Mario Mejía y Pedro Navarrete son parte de la directiva de la nueva colonia en la que fueron reubicados los que antes vivían en albergues, que, en un acto de megalomanía, fue bautizada con el nombre del alcalde, Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”. Su rostro ocupa buena parte del cartel que da la bienvenida.
Mario y Pedro son dos de los fundadores de los albergues a los que fueron a parar tantas personas esperanzadas en que algún día les entregarían una vivienda digna. Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver el sueño cumplido de tener un espacio propio.

Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterará de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y, especialmente, para los habitantes de esta nueva colonia: vender algo en el pujante mercado central. Otras son rebuscarse por leña para comercializarla o acercarse a las fincas cafetaleras que todavía continúan activas, aunque en estas hay muy poco trabajo fijo fuera de la época de cosecha, de noviembre a enero.

Otros hombres se dedican a la albañilería, pero la mayoría de los trabajos están muy lejos de aquí, lo que los hace ausentarse del hogar semanas enteras, como en el caso del padre de Glenda Villanueva. Su familia es una de las beneficiadas por las nuevas viviendas. Ella tenía nueve años cuando la casa en la que vivían en el centro de Santiago de María desapareció: el terremoto provocó que se hundiera una parte del terreno sobre el que estaba fundada.

A sus 25, pasó la mayor parte de su vida en el albergue ex-INCAFE. Recuerda el hacinamiento, su casa inundada en el invierno, el baño usado por hasta cinco familias, la marginación expresada hacia ellos por los otros santiagueños.
También la inseguridad: en el ex-INCAFE, dos pandillas contrarias se distribuían el dominio de un territorio de apenas 2 manzanas de terreno, por lo que los combates armados eran el pan de cada día. Aquí, dice, continúa existiendo violencia: las familias beneficiadas también tienen pandilleros entre sus miembros. El problema se trasladó a la nueva colonia.
“Pero aquí uno se siente un poquito más seguro. Por lo menos las casas son de cemento. Si viene una bala, no cruza las paredes. Allá sí, porque eran de lámina. Eso pasó varias veces”, asegura.
Para este miembro de la Policía Nacional Civil que ha pasado 18 años en Santiago de María, la reubicación de las personas de los albergues a la colonia ha facilitado su trabajo: los territorios están más delimitados, pues en el sistema de casas anterior, el hacinamiento y la laberíntica distribución de casas facilitaba las maniobras de los pandilleros. Eso era especialmente notorio en el albergue Modelo, ubicado en un espacio alto y a unos pasos del mercado central de Santiago de María. En 2015, por ejemplo, no era extraño encontrarse a jóvenes tatuados de los pies a la cabeza oteando el horizonte en dirección hacia el mercado, observando el movimiento, sin preocuparse por ser vistos por un policía.
La importancia de este punto fue tanta que, cuando se desalojó el albergue, miembros de la institución y de la Fiscalía General de la República se encargaron, violencia de por medio, de que no quedara ni una champa en pie.

En la nueva colonia, los habitantes cuentan con luz eléctrica, pero todavía no tienen agua. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) gestionó los recursos para que en toda la colonia contaran con el servicio. Se hizo el trabajo completo: se puso el sistema de cañerías y el entronque con el sistema de ANDA, incluso se colocaron contadores en cada hogar.
Solo falta, como señala Mario Mejía, darle vuelta a las válvulas. Pero para eso necesitan contar con la certificación del Ministerio de Salud de que cada hogar tiene una fosa de tratamiento de aguas grises.

Wilfredo Beltrán es promotor de salud y también habitante de la nueva colonia. Él tiene la responsabilidad de verificar que en cada casa se cumpla con las normas. Este día de abril, acompañado de sus formularios, revisa una de las viviendas. Comprueba que la fosa tenga al menos 2 metros de profundidad y que cuente con arena y piedra para filtrar el agua. Esto ayuda, también, a que el agua no mine las bases del terreno.
También verifica que se haya construido una trampa de grasa, un retenedor de residuos ajenos al agua que se debe limpiar una vez a la semana. Dice que 90 % de los vecinos ha construido lo acordado, por lo que espera que muy pronto tengan agua.
Por ahora, hay dos formas para abastecerse: comprar una barrilada por $2 a los vendedores particulares que llegan cada día a la colonia desde el centro de Santiago de María o acarrear cantaradas desde un nacimiento ubicado a 3 kilómetros. Esta última es la opción de quienes no pueden permitirse comprarla.

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LOS QUE SE TUVIERON QUE QUEDAR
No todas las personas se han podido ir del albergue ex-INCAFE para recibir una casa por parte del Estado. Ese es el caso de Carlos Flores, un hombre que parece un memorial de agravios. Esta tarde, en ausencia de su camisa, luce varias de las cicatrices que le quedaron en la guerra, cuando combatió del lado del Ejército. Ahí también perdió la pierna izquierda. Desde entonces usa una prótesis.
Tras firmarse la paz, pasó por varios empleos: trabajó para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), fue promotor de campo de la Red de Sobrevivientes de Minas y jefe de seguridad en una institución del Estado. Lo despidieron de este último empleo hace seis años. Le dijeron que era por “pérdida de confianza”, pues creían que estaba ligado a las pandillas después de que su familia fuera objeto de varios ataques.
En los primeros meses de ese año asesinaron a su esposa (Rosa Salgado), a su hijo (Wálter Flores) y a su nuera (Wendy Calderón). Él mismo sufrió un atentado cerca de otro de los albergues, el Montebello II, del que guarda un par de cicatrices. Y a otro de sus hijos, Mauricio, una bala en la columna lo ha dejado sin la posibilidad de caminar.
Según el alcalde de Santiago de María, Roberto Edmundo González, la decisión fue tomada porque la pandilla que tiene presencia en la nueva colonia es enemiga de aquella con la que se ha identificado a Carlos y a su familia. Carlos asegura que no tiene nada que ver con las estructuras: “Pero le agradecemos al alcalde porque nos ha dejado aquí para salvaguardarnos la vida”.
Él y los suyos, que habitan otras 10 casas en este terreno, tendrán que seguir viviendo como lo han hecho desde 2001, en casas hechas de madera y lámina. Pero algo ha mejorado: el desembarazo de viviendas ha permitido que ahora puedan armar una estructura a su gusto, más alta para evitar el calor y más grande para hacer algunas actividades, como la crianza de gallinas, que están en el mismo espacio destinado para el viejo automóvil que a Carlos le permite hacer algunos viajes por encargo.
También, dice, ahora están más tranquilos, con la certidumbre de que aquellos que lo consideraban su enemigo no lo atacarán más. Piensa que tiene más paz así que si le hubieran asignado una casa en la nueva colonia. No se queja: cuenta con dos servicios básicos, agua y luz, desde hace algunos meses. Lo único que le falta es “un trabajito formal”.
Por ahora, el titular del municipio les ha prometido que, como en el caso de las otras familias, muy pronto tendrán algo que llamar suyo, que está negociando para adquirir una manzana para distribuirla entre los que no se han podido mover. Pero eso debería pasar pronto, pues hay un detalle: el terreno en el que está su champa será reclamado por su titular, el Ministerio de Hacienda.
“Si nos dicen que no se puede concretar la promesa, nos vamos a la calle, a la vía pública… si se da el caso, nos vamos a ir por nuestra propia voluntad, antes de que venga la policía a sacarnos a leñazos”, comenta mientras camina tan rápido como si no tuviera una prótesis en la pierna izquierda.

Pero Flores y los suyos no son los únicos que se han quedado, y en el ex-INCAFE sigue habiendo hasta una veintena de champas. Los motivos son variados. Como en el caso de Irma Sánchez, a quien le asignaron un lote en la nueva colonia pero no pudieron construir ahí por la presencia de una monumental piedra. Ni siquiera pudo poner una champa por lo desnivelado del terreno. Optó por quedarse aquí. Dice que prefiere que le den como suyo el pequeño espacio que actualmente habita.

Los motivos de Aideé Castellón, otra de las que permanecen en el albergue, son otros. Ella fue beneficiada con una casa en la Roberto Edmundo González, pero decidió venderla.
“Le voy a hablar con la verdad. A mí no me gustó allá y mejor vendí mi casa. Me dieron $6,500. Con eso mandé a mi hijo a Estados Unidos. Yo no creo que eso sea un delito”, dice.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda. Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

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LOS “SOLOS”
De entre los que fueron trasladados a la nueva colonia también se cuentan aquellos a los que no se benefició con una casa a su nombre. Son los que no calificaron en el programa por no ser parte de un grupo familiar. Parejas de ancianos sin hijos a los que heredar su casa cuando fallezcan. Hombres y mujeres de la tercera edad que, por los vaivenes de la vida, decidieron vivir sin nadie. A ellos les han dado la mitad de uno de los lotes vacíos para que puedan construir una champa.

Uno de ellos es Osmín Amaya, de 45 años, un excombatiente de la Fuerza Armada durante la guerra civil. Se gana la vida haciendo pequeños muebles de madera que después comercializa en el mercado de Santiago de María. Por su pasado militar, recibe ayuda de una asociación que apoya a lisiados de guerra. Dice que ellos le han ofrecido herramientas para ejercer otro de sus oficios, el de sastrería, que le daría mucho más dinero, pero el pequeño y vulnerable espacio en el que vive le hace pensar que no durarían mucho tiempo en sus manos.

“Quise sacar un préstamos en el IPSFA para construir aquí una mi casita, pero unos familiares me recomendaron no hacerlo. ¿Qué pasa si el día de mañana me dicen que me vaya? Ahí va a quedar toda la inversión”, cuenta.

A unos cuantos metros de aquí vive Francisco Pineda, de 68 años, otro hombre sin un grupo familiar al que le dieron un espacio para construir su champa. Se define como un “hacelotodo”, aunque ahorita gana sus billetes arreglando electrodomésticos. Asegura que hubo un tiempo en el que “comió bien”, cuando se dedicó a la confección y reparación de antenas televisivas. La llegada del cable a Santiago de María lo dejó sin su fuente de ingresos.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda.

Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

“Ese ha sido siempre mi sueño. Yo digo que no me voy a morir sin concretarlo”, dice, esperando que un día de tantos le entreguen en las manos la llave de una casa tan firme como su ánimo.

Sin familia. Algunas personas, como Francisco Pineda, no fueron sujetos del programa porque no cuentan con un grupo familiar. Actualmente les han dado un espacio para hacer una champa.

Izalco y sus pioneros del agua

Lavaderos públicos. Estos lavaderos fueron construidos, según los pobladores de Ayagualo, hace casi 60 años. Piden a la alcaldía ayuda para hacer unos nuevos.

“No hay otro vertiente como este. Entre más se usa, más parece que saca. La tierra es agradecida”, dice Raúl Chilulum sobre la fuente de agua que provee a más de 10,000 personas en Izalco. En la práctica, una de cada cuatro personas de este municipio, el más poblado de Sonsonate, tiene agua en su hogar gracias a este nacimiento, ubicado en el cantón Los Arenales, muy cerca de la frontera entre el vecino Nahuizalco y Juayúa.

Raúl Chilulum es desde hace más de una década el presidente de la Asociación del Proyecto Múltiple del Agua de Izalco (APROMUPIZALCO), la organización más grande entre todas aquellas que proveen a los habitantes de este municipio del occidente del país. Uno en el que la participación del Estado en esta tarea es marginal: de los 38 sistemas que existen, solo dos corresponden a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Son los de la parte más urbana. El resto es responsabilidad de varias ADESCO o de entidades como la capitaneada por Chilulum. Dieciséis de estos sistemas pertenecen a APROMUPIZALCO.

Para esta entidad, todo nace aquí, en medio de dos colinas, en un complejo de verde y brisa fresca entre las ramas. Para llegar, hay que dejar la carretera de Los Naranjos e ingresar a un camino de tierra, empinado y resbaloso, imposible de remontar para un vehículo con tracción convencional. Y encargarse de quitar los habituales derrumbes (robustas rocas, tan grandes como un congelador) para que el carro pueda pasar. Los hombres no tienen más que sus manos y fuerza para hacer esta labor.

Pero el esfuerzo vale la pena: el paisaje es un jardín de quietud. Aquí está un amplio estanque al que vienen a parar los remanentes de los tres sistemas que hay en este espacio. Uno alimenta a Los Naranjos, en Nahuizalco. El otro es de ANDA, y va a dar a los municipios de Sonsonate y Sonzacate. El restante es el de Chilulum y los suyos, el único que no necesita de potentes máquinas de bombeo para cumplir con su trabajo: el líquido se transporta desde estas montañas hasta el chorro de cada familia gracias, en exclusiva, a la gravedad.

La tubería madre. Esta tubería de hierro fundido transporta el agua desde los manantiales hasta los pozos. Ya cumplió su vida útil, por lo que esperan apoyo para reemplazarla.

La vertiente subterránea es filtrada a través de grandes peñas, pasa por varias cajas de captación hasta que llega a la tubería madre, hecha de hierro fundido. Esta recorre kilómetros y kilómetros hacia los tanques de cada comunidad, que varían en tamaño dependiendo de la población a la que alimentan. Desde ahí, las tuberías van a cada familia.

Se trata de un sistema autosuficiente: cada uno de los 3,800 socios de la organización aporta $2 al mes. De cada pago, $1 se queda dentro de la comunidad para la reparación de cualquier eventual daño y para poder clorar, más o menos diariamente, el agua. Su administración depende de una filial de APROMUPIZALCO dentro de la comunidad, que es independiente de las ADESCO. Sus miembros hacen su trabajo sin cobrar un centavo. El hecho de tener agua en casa es suficiente estímulo. El único que gana un sueldo fijo es un fontanero, al que se le paga entre $120 y $150 cada mes.

El otro dólar se queda en la administración central, que lo utiliza para el mantenimiento de la enorme tubería madre y para las inversiones más grandes. También para el papeleo y el orden que debe mantener como organización no gubernamental sin fines de lucro que es, pues está inscrita como tal ante el Ministerio de Gobernación. Anualmente entrega balances de sus actividades a esa institución. En la central de la entidad solo se le paga a dos trabajadores: una secretaria y un fontanero general. Este puesto es ocupado por Chilulum, quien se encarga ad honorem del trabajo de administración y representación legal.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.
Cuando se piensa que desde aquí se abastece a más de 10,000 personas, cuesta creer que todo nace de un espacio no mayor a una cancha de básquetbol.

“Como le digo, la tierra es agradecida: de un poquito da tanta riqueza”, dice Chilulum. Pero la sensación de la conquista se topa con la realidad. El mismo dirigente acepta que, actualmente, necesitan de ayuda, “ya sea del Gobierno o de otra entidad”. El proyecto inició en 1985, hace 33 años. La tubería madre ya pasó su tiempo de vida útil, que, según las recomendaciones, es de 30 años.

Chilulum (moreno, estatura baja, ojos achinados, complexión recia) dice que sería bueno que el Gobierno “hiciera uso de sus buenos servicios” para poder, también, instalar una segunda tubería madre. Eso les serviría para abastecer a las comunidades que todavía no tienen agua en Izalco, como el cantón Las Marías, en la parte norte.

Con el sistema actual, les es imposible darle agua a más gente: están conscientes de que la instalación de más mechas sería en detrimento de todo el conjunto.

“Una segunda tubería podríamos llevarla hasta un punto y, de ahí, distribuir a las comunidades. Con lo que tenemos ahorita, el agua pierde potencia al pasar por tantas casas”, dice Chilulum.
Eso es algo que apoya la maestra Laura de Soto, presidenta de ADESCOHUIS, una de las organizaciones comunitarias que, como APROMUPIZALCO, han mantenido corriendo por décadas el agua desde los manantiales de las partes altas hasta los hogares. Sabe que las comunidades que no tienen agua los tildan como egoístas.

“No es así. Es que somos conscientes de que nada es ilimitado. Esa es la diferencia de nosotros con ANDA. Para ellos, entre más pajas (mechas) de agua ponen, es mejor, aunque a la gente no le llegue el agua”, comenta.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer, es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.

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Ese día de marzo de 2015, Vicente (nombre ficticio) salió a revisar a las 4 de la mañana que todo fuera bien con el tanque de agua que abastece a la comunidad donde vive, Ágape, un complejo de casas donado a principios de los noventa para personas de escasos recursos por la organización liderada por el sacerdote Flavián Mucci. Esta certificación es un trabajo que ha hecho diariamente desde hace años.

Esa madrugada, el tanque estaba vacío. A pesar de que era verano, el agua del nacimiento, ubicado en el cantón Talcomunca (el mismo donde está el penal), había sido en todos esos meses un portento de constancia. Afligido, decidió organizar una expedición con otros hombres de la comunidad. Primero, se comunicó con el dueño del pick up que los llevaba en momentos de emergencia, un síndico de la Alcaldía Municipal de Izalco. Este le dijo que era posible partir a las 8 de la mañana.

Entonces, Vicente fue tocando de puerta en puerta para hacerse de la cuadrilla necesaria para enfrentar los daños que, según él, imposibilitaban que el agua llegara hasta sus casas. El primero en decir que sí fue Carlos (nombre ficticio), un joven padre de familia. Poco a poco se fueron sumando más personas.

A las 8, el contingente salió hacia Talcomunca. Tras cruzar una tras otra calles llenas de piedras, llegaron al cantón Chorrera Blanca. Una desafortunada curva del camino les impidió ver lo que estaba más adelante: Una veintena de hombres armados, esperando por su llegada. El desperfecto no era otra cosa que un daño ocasionado por estos miembros de pandilla, una excusa para obligarlos a subir a lo que ya era tierra de nadie.

Al llegar al recodo, era muy tarde para desandar el camino. Los pandilleros los rodearon y les exigieron bajar del vehículo. A Carlos, el joven padre, lo arrastraron hacia una parte alejada. Roberto, el otro del grupo que apenas había dejado la adolescencia, intentó huir saltando a unos cafetales que se encontraban a un lado del camino. A los pocos minutos, le dieron alcance y lo llevaron al mismo sitio donde ya tenían a Carlos.

Vicente y el resto de hombres fueron atados de pies y manos, con el cuerpo boca abajo. Los pandilleros reían al enredar en la hoja de su machete los largos cabellos de Carlos. Este look lo convirtió en un objetivo prioritario de sus captores. Vicente y los suyos solo oyeron las lamentaciones de los dos muchachos, inmovilizados por la rabia, el miedo y las cuerdas.
El ruido, poco a poco, fue mermando: el grupo de pandilleros se alejó con los más jóvenes. Los otros se quedaron ahí, sin saber qué hacer. Esperaron un rato para comenzar a luchar por desatarse. La suerte le sonrió a uno de ellos, quien minutos antes le había rogado a su captor que no le dejara los nudos tan apretados. Se liberó y pudo ayudar al resto. Huyeron de ahí sin ganas de regresar.

Cooperación. Muchos de los proyectos sobreviven, además de por el aporte de sus socios, por la ayuda de entidades internacionales. Una de ellas es la embajada de Alemania en el país.

Vicente ha estado trabajando con unos trozos de madera en el umbral de su casa. Desde acá señala los zapatos que usó en aquella ocasión, cuando llegó a creer que no la contaría.
“La autoridad ya sabía que todo eso estaba pasando allá, arriba, pero no nos habían avisado. Si hubiéramos sabido, no hubiéramos subido”, dice Vicente.
Carlos y Roberto fueron reportados, ese día, como desaparecidos. Pero desde entonces, hace tres años ya, no se ha sabido nada de ellos. Sus familiares se han resignado a no tener la oportunidad de sepultarlos.

Pero subir hasta el nacimiento es un requisito indispensable para que el agua siga fluyendo. ADESCOMIL, la organización comunitaria que maneja el agua que llega hasta la comunidad de Vicente, ha tenido que acudir, en cada oportunidad que se hace una visita, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para que al menos tres elementos los acompañen. Han pasado tres años desde la gran crisis, pero nadie se ha atrevido, desde entonces, a arriesgar el pellejo subiendo sin seguridad.

Eso, explica Vicente, ha multiplicado los gastos de ADESCOMIL: en cada oportunidad hay que pagar un automóvil, que cobra $60, para transportar a trabajadores, soldados y policías. Antes se desplazaban en bus, pagando $0.40 por persona. A eso se suma un refrigerio para cada agente. Por fortuna, muchos de aquellos que laboran pertenecen a la comunidad y hacen gratis el trabajo. Pero cuando se necesita personal extra, las tarifas han aumentado: se ha sumado el factor riesgo.

Los socios de ADESCOMIL, unos 150, deben cancelar cada mes $4 por el servicio: en ese cobro va, también, un porcentaje destinado a la hija huérfana de Carlos, a quien la comunidad ha decidido ayudar hasta que cumpla los 18 años.

La de esta ADESCO no es una historia exclusiva. Relatos parecidos pueden ser escuchados si se camina un poco por estas vecindades, ubicadas a unas cuantas cuadras de la alcaldía municipal. Es el caso de los dirigentes de ADESCOHUIS, a quienes les asesinaron a un joven trabajador cuando fueron a reparar una fuga cerca de su nacimiento, en Talcomunca. O el de los de ACASAPIGO, que sufrieron un atentado en el que murieron dos personas. O el de la misma gente de APROMUPIZALCO.

Es una norma entre cada una de las juntas y organizaciones de agua no subir hasta sus nacimientos sin una escolta policial. Cada quien debe realizar una petición en la base del Ejército en Caluco. Allí, el teniente encargado explica que estas se hacen por escrito y con dos días de anticipación. Se ha vuelto tan común que han adicionado a sus actividades ordinarias esta tarea de acompañamiento.

“Es verdad que no es algo que es parte de El Salvador Seguro, pero es en beneficio de la población. No hay nada más importante que el agua”, comenta el teniente.
La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

“Fue una compra razonable. A ellos se les daba un dinero para que pudieran nivelarse. Y para nosotros tener pajas de agua disponibles significa poder darle a alguien más el derecho al agua. Actualmente, estamos al límite”, dice Chilulum.

La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

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EL AGUA HA TENIDO que cruzar varios kilómetros en su oscuro camino de hierro fundido entre haciendas, casas y caminos vecinales para llegar a este enorme tanque en el cantón Cuyagualo, de Izalco. En lo alto del coloso de cemento, Edwin Tulipe se ha puesto una máscara y se ha armado con guantes para disolver en una cubeta una tasa del químico que les permite clorar el agua, una forma poco costosa para matar los virus, bacterias y gérmenes del agua utilizada para consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cloro libre en agua tratada debe ser de 0.2 a 0.5 miligramos por cada litro.

Edwin arroja esa solución en una caja de cemento en lo alto del tanque. Colocadas a lo largo de un tubo, cuatro botellas de gaseosa son los instrumentos que permiten llevar el cloro hasta el resto del agua. Es una solución artesanal encontrada por los miembros de APROMUPIZALCO para hacer funcionar el mecanismo que, desde hace varios años, les exigen los promotores de la unidad de salud del municipio.

Edwin hace esta tarea cada día, un poco antes de las 10 de la mañana. Mientras no lo haga, no puede dejar pasar hacia las casas el agua que viene del nacimiento. Después tiene que esperar unos 20 minutos para que el cloro tenga el suficiente contacto con el líquido. Solo hasta entonces puede abrir las válvulas.

Chilulum, presidente de APROMUPIZALCO, lleva consigo un pequeño kit, utilizado para certificar los niveles de cloro. Para usarlo, es necesario moverse hasta algún hogar del caserío más cercano. Aquí, un incesante chorro, que ya desearían tener en muchas casas de la capital, abastece una pila con un agua límpida, en la que se tiene confianza para beber. Edwin llena un pequeño recipiente y le adiciona dos sustancias.

“Si el agua no tuviera cloro, no puede agarrar color aunque le eche estos dos volados”, comenta Edwin, mientras mezcla los ingredientes. Al finalizar, el agua tiene un tono cobrizo, que está un poco abajo del rosado esperado. El agua no tiene la cloración ideal. Y seguirá perdiendo la concentración a medida que pasen las horas. Eso lo reconoce Raúl Chilulum, quien asegura que todavía no están en la capacidad de darles a sus sistemas un tratamiento constante, como lo que sí pasa en las plantas de ANDA: ahí, un empleado monitoriza todo el día que los niveles se encuentren estables. Pero los esfuerzos de Chilulum y los suyos son todo un paso adelante teniendo en cuenta la realidad del municipio.

En este pequeño cuarto de la unidad de salud de Izalco, tres hombres vestidos de blanco conversan mientras un pequeño ventilador batalla para intentar, en vano, acabar con el calor de abril. Ellos son algunos de los encargados del departamento de Saneamiento de este centro de salud, los responsables de evitar la proliferación de enfermedades en un municipio tan populoso como pobre.

En sus manos está la tarea de certificar que la calidad del agua que se toma sea aceptable para el consumo humano. Esta cuadrilla llegó aquí a finales de 2016. La tarea de sus predecesores tuvo algunos errores. Por ejemplo, habían identificado que en todo el municipio había 21 sistemas de agua potable. El diagnóstico de los recién llegados aumentó la lista: les faltaban 17.
Johnny Cepeda, uno de los miembros de Saneamiento, suda levemente en medio del cuarto ganado por el calor. Aquí explica que la mayor parte de los sistemas manejados por juntas de agua todavía no han incorporado mecanismos de cloración. Es todo un problema: ellos no pueden certificar que se trate de un líquido libre de bacterias y minerales peligrosos, pues el laboratorio del Ministerio de Salud solo está apto para hacer pruebas en agua clorada.

Los manantiales. El agua de la mayoría de comunidades en Izalco viene desde las partes altas en el norte del municipio (como el cantón Talcomunca) o de Nahuizalco.

“Es el pleito que todavía tenemos. Esperamos, hoy en abril o en mayo, hacer una reunión con todos los miembros de las juntas de agua para que se comprometan”, dice Cepeda.
Sin embargo, ya se ha avanzado y algunos sistemas que antes no tenían un método de purificación ya han comenzado a implementarlo. Ese es el caso de Cruz Grande Norte, uno de los que manejan APROMUPIZALCO.

Al cuarto ha entrado otro de los miembros de Saneamiento: Carlos Coto. Como Cepeda, habla de las falencias que todavía se encuentran en las juntas de agua vecinal. Sin embargo, reconoce que si no existieran miles de personas, sobre todo campesinas, no tuvieran agua en sus hogares: “Hemos hecho reuniones con gente de ANDA. Ahí ellos han aceptado que no tienen la capacidad para hacerse cargo de la zona rural. Esta gente es su salvación”.

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Prueba. Edwin Tulipe muestra el kit con el que hacen la prueba de cloración al agua.
El ideal es el del rosado del medio, pero el líquido del sistema de Cuyagualo es de un tono cobrizo.

EN IZALCO, LAS JUNTAS de agua cantonales, como las definen aquí, comenzaron a surgir a principios de los ochenta. Lo hicieron gracias al apoyo del Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), del Ministerio de Salud, financiado con fondos de USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa y en la siguiente década, solo en este municipio surgieron las 21 organizaciones que ahora abastecen a un porcentaje cercano al 90 % de la población de Izalco.

Y con cobros que oscilan entre los $2 y $4 mensuales, se han convertido en una verdadero alivio para las miles de familias que viven en la pobreza, una que se ha intensificado en la presente década por el colapso de la mayor parte de fincas cafetaleras de la zona, las que daban empleo. La roya y una cada vez más grave situación de inseguridad ahuyentaron a los antiguos dueños. Solo quedan casas patronales y suntuosos portones de entrada como signo de ese pasado en el que, al menos, había trabajo.

A los socios de las juntas y organizaciones de agua se les hace un único cobro mensual, sea cual sea su consumo. Lógicamente, no existen medidores que permitan cuantificarlo. Según la profesora Laura de Soto, presidente de la junta de ADESCOHUIS, a veces se traduce en abusos. Como medida para contrarrestarlos, han establecido limitaciones: no se pueden regar sembradíos con el agua, tampoco regalar y mucho menos venderla al que no tiene.

En el campo, es habitual que cuando un hijo decide formar su propio hogar, no se vaya de la casa materna, sino que construya una vivienda en el mismo solar de su padre o madre. En esos casos, es imposible prohibirle a alguien que dé su agua. En las juntas han creado la figura del “adicional”, una persona a la que se le puede pasar el agua desde una misma mecha. Sin embargo, este beneficiario debe colaborar con los trabajos para los que sea llamado y pagar lo mismo que un socio.

El agua, ese derecho humano para el que se está pensando en una ley general, es algo relativamente conquistado para una buena parte de la población de Izalco. Por ello, cualquier noticia que indique un cambio en el statu quo es visto con malos ojos. Una idea contraria ha hecho, incluso, que aspirantes a gobiernos municipales pierdan elecciones: ese fue el caso del último candidato por el FMLN, Antonio Mendoza, quien prometió que, de llegar a la silla, todos los proyectos de agua pasarían a la ANDA.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

Propiedad. Edwin Tulipe está parado a un paso del límite del terreno en el que la comunidad de Cuyagualo construirá una bodega.

Las cabezas de estas organizaciones se han convertido en auténticos líderes comunitarios, como es el caso de Raúl Chilulum, de APROMUPIZALCO, quien incluso fue concejal en el gobierno municipal de 2012-2015, capitaneado por el partido ARENA. Chilulum, sin embargo, no ha ocupado este arrastre para enriquecerse. Su casa es una como la de cualquier campesino, en la que la va pasando un día a la vez, según la opinión de varios habitantes del municipio consultados para este trabajo.

En Izalco, la ANDA no goza de buena fama: se piensa que, cuando llegue y coloque sus medidores, el agua se convertirá en un bien demasiado suntuoso para la mayor parte de Izalco, que se ha habituado a pagar una cuota fija. Desde ANDA siempre han intentado bajar las alarmas, pero la gente se ha expresado en manifestaciones (en 2004 y 2014) que llegaron hasta San Salvador cuando se intentó meter a la entidad estatal en la ecuación de su agua.

“Es natural. ANDA no es una institución que tenga mucho prestigio. La gente ve en la televisión que aquí o allá hay desabastecimiento de agua, y es como que les contaran un cuento de terror”, opina al respecto Gerardo Vega, gerente de la Alcaldía Municipal de Izalco.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

En este nacimiento donde todo es verde y frescura en el cantón Los Arenales de Nahuizalco, Chilulum parece olvidarse de estos problemas. Ver su vertiente es suficiente motivo como para ponerle una sonrisa en el rostro, equivalencia gráfica de la palabra parquedad.

De una de las piedras que están al lado de las cajas de captación, un chorro incesante parece otro nacimiento. Sin embargo, es el desperdicio que sale desde el tanque de ANDA, que está justo al lado, dañado por los terremotos del año pasado. No ha sido reparado desde entonces.

El vigilante que se encarga de cuidar la planta, la única persona aquí, asegura que el rebalse es tanto que, cuando no está activa la bomba, el agua suele llegar hasta el espacio que le sirve de dormitorio y cubrir la cama.

“Yo bien digo que eso lo podrían aprovechar ustedes, de todos modos el agua cae en su parte del terreno”, le dice el vigilante a Chilulum, que sonríe al enterarse de una nueva muestra de negligencia de la autónoma, esa institución a la que él y muchos en Izalco no dejan de ver como la gran amenaza en contra de su agua.

Problemas. Chilulum achaca el problema que han tenido con tres de sus filiales, que han decidido dejar de pagar la contribución para la central, a un mal asesoramiento de la Alcaldía de Izalco.

Arturo Corrales, música que brilla en la distancia

Educación. Uno de los proyectos más ambiciosos de Arturo ha sido “Cathédrale avec des Briques”, en el que incluyó a chicos de escuelas en Ginebra con poco acceso a la formación musical.

Un hombre toca el tambor en la barroca Iglesia de La Fusterie, en Ginebra, Suiza. El instrumento es el típico ton de batería que se utiliza en una orquesta sinfónica convencional. Ese hombre, el músico francés Fabien Perreau, se esfuerza en un redoble de tambor que parece subir a lo más alto del templo.

Justamente allí, una decena de personas, colocadas en los balcones de la iglesia, ejecutan sus flautas traversas. Se trata, también, de un instrumento común en una orquesta sinfónica. Pero aquí su naturaleza se ha mudado: de pronto, en pleno centro de Ginebra, el ambiente se llena de sonidos más propios de Santo Domingo de Guzmán, un municipio del occidente de El Salvador, famoso por una comunidad indígena que se ha negado a desaparecer.
El ton de batería da esos golpes profundos del tambor indígena, forrado de cuero de cabra, que parece una invitación al baile o a la guerra. Fabien Perreau se esfuerza por dar los más diversos sonidos, modificando a cada instante la velocidad de sus impactos.

Las flautas son un mosaico de colores que, ahora, puede parecer un pito, con su sibilante insistencia. Los ejecutantes tocan su instrumento al revés, poniendo los labios donde típicamente surge el sonido. Ahora, los cilíndricos objetos producen una extraña reverberación cuando son impactados contra la palma de la mano. Todo explota cuando las flautas vuelven a ser ellas, pero en un aparentemente caótico conjunto que parece una batalla.

Las personas en el público escuchan la música en medio del templo, con el percusionista frente a ellos y los flautistas a su alrededor. Nadie parece querer siquiera respirar. Se podría decir que cuando los instrumentos dejan de sonar, un alfiler que cae al piso es el sinónimo del estruendo. Los instrumentos europeos han cedido para adecuarse a una concepción musical que proviene de los ancestros de los salvadoreños.

“La música manda a la gente en un viaje a un lugar desconocido, que realmente es un lugar musical en nuestro país, El Salvador”, comenta Arturo Corrales, el autor de esta pieza, “Invocación en náhuat”, desde su casa en Ginebra, Suiza.

Arturo es uno de los compositores salvadoreños más exitosos de la actualidad. Sus piezas, además de en su país de residencia, se han escuchado por toda Europa y Latinoamérica, en un estilo hecho para los oídos más exigentes. Una propuesta de vanguardia que dinamita los conceptos de lo que se entiende como música académica. Una en la que caben desde elementos de la música electrónica hasta las tradiciones de todos los países del mundo, sobre todo las raíces precolombinas de una no muy conocida música autóctona salvadoreña.

“Los académicos son bien ortodoxos en su forma de hacer música, como en el pasado. Arturo es atrevido al llevar tantas cosas al ambiente clásico. Y lo hace de una manera muy efectiva”, comenta en su residencia de San Salvador Marcial Amaya, también un músico experimental. Esta tarde no disimula su alegría, pues le acaba de llegar desde Estados Unidos, ya masterizado, el disco “Cosmonautas del tiempo”, el primero que pare su proyecto, 3 Ramas del Árbol.

Durante la mañana, estuvo grabando algunas piezas para un nuevo trabajo. Ahora, sin embargo, se da tiempo para ver algunos videos de Arturo Corrales, uno de sus músicos salvadoreños favoritos.

El video elegido corresponde al tema “Mono espacial”. Ahí están sentados cuatro músicos que conforman el prestigioso cuarteto de cuerdas Diotima. Visten de frac impecable. Antes de que se inicie la pieza, parecería que tocarán, quizá, las “Cuatro estaciones”, del italiano Antonio Vivaldi.

Sin embargo, los violines, la viola y el violonchelo, como ocurrió en “Invocación en náhuat”, mudan su naturaleza y ya no son lo que se esperaba. Manos veloces, casi ingrávidos, parecen interpretar algo tan complejo que solamente puede venir de la inspiración de los ejecutantes. Una pieza de jazz improvisado con instrumentos clásicos.

Pero aquello que parecería tener una fuente espontánea está calculado desde la a hasta la z. Los músicos leen cada nota en una partitura, escrita por Arturo Corrales. El movimiento comienza a hacerse más intenso y, en un momento, suena más a una canción metalera, de esas perfectas para un mosh. Desde Suiza, Arturo confirma lo anterior, algo que corresponde un recuerdo de los días en los que en El Salvador capitaneó la banda Cara Sucia.
“Ponés esto de soundtrack, el personaje que puede ser alguien caótico, desordenado, y le queda perfecto”, dice Amaya.

Al final de la pieza, lo que uno podía definir como una especie de “ruido blanco” se ha convertido en otra cosa. Algo que le ha llegado hasta lo más profundo del corazón sin saber de dónde. Salvando las distancias, el efecto se parece mucho al de las piezas interpretadas por el mítico músico de jazz John Coltrane.

Eso lo apoya Jorge Ávalos, poeta y amigo de Arturo. Para él, la música del salvadoreño, a pesar de ser tan técnica e innovadora, no deja de lado la principal misión de todo arte: conectar con las emociones de aquel que escucha.

Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”. “Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

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EL VIAJE A LO DESCONOCIDO
Arturo Corrales siempre pensó en ser músico. Lo traía en la sangre: uno de sus antepasados, Alejandro Muñoz Ciudad Real, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “A pesar de ese linaje tan ilustre, tuve que comenzar desde cero”, comenta Corrales.

Y en su casa siempre había herramientas musicales, sobre todo la guitarra de su padre, el instrumento que terminaría convirtiéndose en el suyo.

Pero la vida lo llevó por un camino un poco más convencional. Cuando salió del bachillerato, se inscribió en la carrera de Arquitectura, que completó junto con su amigo José Paredes. Este último, quien actualmente trabaja al otro lado del mundo, concretamente en Vietnam, lo recuerda como alguien profundamente creativo. Un elogio que le devuelve Arturo desde Ginebra al fundador del colectivo The Carrot Concept.

Alguien profundamente creativo, pero que tenía clara la gran pasión de su vida. Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”.

“Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

Y esa pasión no se conformaría con menos que con la excelencia. Su mirada pudo estar en alguno de los conservatorios que existen a lo largo de América Latina. Pero no: la educación debía ser en la cuna de la música académica, en Europa. Y en una institución de educación superior, el equivalente a una universidad de la música.
En 1999 decidió dar un salto al vacío, uno que estaba respaldado por un contrato que le permitiría trabajar para ganarse la vida y, al mismo tiempo, estudiar. La ciudad de Nantes se iba a convertir en su destino.

Las bases ya las llevaba desde El Salvador, afirma Arturo, gracias a la formación y dirección de los mejores en el país: Joseph-Karl Doetsch, el guitarrista Walter Quevedo y Germán Cáceres, actualmente director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, la misma institución fundada por su antepasado.

“Entusiasmo”. Esa es la palabra que Cáceres ocupa para definir al Arturo de la época inmediatamente anterior al viaje a Europa. Un muchacho lleno de sueños, que no sabía nada de lo que le esperaba al otro lado del Atlántico.

Ilustración de Moris Aldana

Cuando desembarcó en Francia, todo caminó según lo previsto en la primera semana. Pero el encanto se terminó bastante rápido: a la segunda, se dio cuenta de que el contrato que le permitiría ganarse la vida comenzaba a ser irrespetado por sus patrones: no le iba a dejar tiempo para estudiar, el auténtico objetivo de un viaje para el que había quemado las naves.

“Era un problema grave, en el sentido de que después de que yo había vendido mis cosas en El Salvador, una semana después ya estaba sin trabajo, sin casa, sin la posibilidad de continuar. Es muy difícil cuando has dado un paso así”, comenta Arturo. José Paredes, quien ha mantenido contacto con el artista, recuerda esa época como una de estoicismo. Echar por tierra el primer impulso no parecía descabellado, pero Arturo no lo mostraba a sus amigos.

Música total. Según Arturo, su concepción de la música es una donde las fronteras se muestran difusas: música académica, folclórica y popular forman parte de la misma realidad.

Arturo decidió cortar con el contrato, pero permanecer en Francia mientras los ahorros persistían. Una mano amiga le aconsejó cambiar su mirada a Ginebra, Suiza, donde existía un conservatorio de educación superior.

Ahí también iba a tener asegurado un trabajo, aunque muy alejado de sus especialidades. En Suiza pasó por una multitud de ocupaciones: cuidar niños para familias locales, ejercer trabajos ocasionales en hoteles, acarrear carga.
Un medio de subsistencia relacionado con la música no llegaría sino a medida que iba avanzando en su formación. Lecciones particulares de guitarra y de teoría musical fueron la fuente de sus recursos hasta que salió del conservatorio, en 2004, para luego continuar con estudios superiores en musicología en París y en dirección de orquesta en Lugano. Un recorrido que se resume aquí en unos pocos párrafos.

“No es fácil, no es que aquí haya alguien que te esté esperando con los brazos abiertos. Pero me imagino que no es más difícil que para cualquier otro que se va para un país que no es el suyo”, comenta Arturo. Desde entonces, su camino se ha llenado de proyectos.

Uno de los más importantes, y el que más tiempo lleva, es el Ensamble Vortex, en el que comparte créditos con su compatriota Francisco Huguet. Este proyecto está integrado por una decena de compositores y ejecutantes enfocados en la innovación, en producir música que, en cada ocasión, rete a las convenciones de la música académica tradicional.

Huguet también fue compañero de Arturo en el conservatorio de Ginebra. Para Corrales, lograr hacer una carrera en Suiza es un asunto de sacar los dientes. De pelear por cada oportunidad que se presenta. De insistir 10 veces más que los locales y los europeos para mostrar de lo que se es capaz. Algo en lo que tanto él como Huguet se han convertido en un gran ejemplo.

Además del Ensamble Vortex, Arturo conforma otro proyecto que, a diferencia de sus otros trabajos, se basa en la improvisación. Alp Stereophonic es un dúo conformado por Corrales y el saxofonista suizo Laurent Estoppey. Ahí el salvadoreño hace gala de su dominio de la música electrónica, haciendo uso de un software y de una superficie, muy parecida a un iPad, que le permite tocar sus piezas como si de un instrumento se tratara. También es el encargado de la música electrónica en Electric Primitivo, un ensamble con guitarra eléctrica. Ambos lo han llevado a escenarios en Europa, Norteamérica y el resto del mundo.

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Naara Salomón

CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL
La actriz de teatro Naara Salomón conoce bien el trabajo de Arturo Corrales. Lo ha seguido desde que salió del conservatorio. En 2004, cuando residía en Suiza junto con su esposo, el director de teatro Roberto Salomón, un profesor de esa institución los invitó a escuchar la pieza con la que se graduaría uno de sus alumnos proveniente de El Salvador.
“Nos dijo que era uno de los más talentosos. Cuando llegamos al teatro, nos dejamos inundar por esa pieza en la que los músicos tocaban desde diferentes espacios en el teatro”, comenta Naara. Por eso, no dudó en colaborarle en uno de sus proyectos más ambiciosos: “Cathédrale avec des Briques” (“Catedral con ladrillos”), desarrollado entre 2014 y 2015.
Fue, en primer lugar, una idea educativa. Una forma de acercar las más nuevas tendencias de la música contemporánea a aquellos niños y adolescentes de los barrios menos favorecidos de Ginebra. Sí, en esta ciudad importante de Suiza, país famoso por el secretismo de sus bancos y por su sólida economía, también hay poblaciones menos favorecidas. Según lo explica Naara Salomón, esos lugares son los habitados, sobre todo, por los migrantes que llegan de todas partes del mundo.
La idea de Arturo, que se apoyó en fondos ganados en un concurso, iniciaba con la enseñanza de música en decenas de escuelas en las que no existe un programa que acerque a los niños a este arte. Luego, de centro educativo en centro educativo se fueron seleccionando a los mejores ejecutantes, quienes integrarían una enorme orquesta, de más de 80 miembros.
Estos no interpretarían únicamente los instrumentos de manera tradicional. Fiel a su estilo, Arturo trabajó en composiciones en las que, por ejemplo, un violín no sería tocado mediante un arco para estimular sus cuerdas, sino, más bien, se aprovecharía la caja de resonancia para producir una enigmática percusión. Lo más interesante es que se tomarían en cuenta las ideas de los niños.

“Cada niño ponía su ladrillo, ponía de sí, para componer una obra mayor, de ahí el título tan bonito”, comenta Naara.
Arturo compuso su música alrededor del tema del miedo, desde un punto de vista mítico. Así, cada parte de la pieza se correspondía a un personaje legendario (un hombre lobo, un kraken), de esos que componen las pesadillas de los más pequeños. Naara, por su parte, hacía una narración, donde la voz se convertía en un instrumento más que creaba sobre el tiempo, con una cadencia que se acoplaba al tema tratado.

“Para mí, una de las cosas más bonitas fue ver cómo Arturo trabajó con los niños. Tiene una gran capacidad pedagógica para transmitirle a sus ejecutantes lo que quería que hicieran, a pesar de que ellos podían no tener una formación musical”, apunta Naara.

El espectáculo conseguido fue presentado en diversos escenarios en Suiza. La experiencia duró dos años, entre 2014 y 2015. Un documental del programa puede verse en YouTube digitando el nombre de la obra, “Cathédrale avec des Briques”.

La faceta educativa de Corrales sigue viva. Es profesor de composición y de análisis musical en el Conservatorio Popular de Ginebra, donde ha fundado la sección preprofesional de composición. Se trata de cursos para músicos que están a un paso de las tablas. Además es el director de la orquesta des Trois-Chene.

Trabajos. En la foto de la izquierda, Naara Salomón en su colaboración con Arturo Corrales en “Cathédrale avec des Briques”. En la del centro, dos violinistas interpretan “Liquid Carillon Dream”, escrita por el salvadoreño.

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ROMPER EL VASO QUE SE TIENE EN LA MANO

Colaboraciones. Corrales le ha puesto música a películas y espectáculos teatrales en Suiza y Latinoamérica, como a la cinta “Hasta la última piedra”, una historia colombiana.

Con tanta innovación, Arturo puede parecer un iconoclasta, un artista que decide romper con aquello que no domina. Para el poeta Jorge Ávalos, ese no es el caso. Para ello, pone como ejemplo una de las primeras composiciones del autor, “Valsito d’Amore”, una rigurosa pieza para guitarra sola que hunde sus raíces en Agustín Barrios, Mangoré. Arturo es un artista que rompe el vaso solo hasta después de tenerlo en la mano.

“La suya es una música que desconcierta al principio, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero es así siempre que aparece un nuevo lenguaje en la música. Solo hay que tener un poco de compromiso para ingresar a un mundo completamente nuevo”, comenta Ávalos.

Para Arturo, esa es una de sus principales preocupaciones, la manera en la que el público recibe su música. Algo que dejó plasmado en su tesis “Figuras musicales”, la que le dio un título de doctor en musicología por la Universidad de Ginebra. El dictamen de los evaluadores le concedió honores por la calidad del material.

En este, Arturo postula un nuevo acercamiento a la música que él y sus colegas producen: alejarse de las pretensiones de la técnica, aquellas que dicen que la música está en la partitura, para dedicarse solo a escuchar.

“Lo principal que se necesita para entender una música, ya sea la contemporánea o Beethoven, es tener las orejas abiertas… hay muchos compositores que hablan de su música como si se tratara de una fórmula científica. En realidad, lo que cuenta es lo que finalmente se vuelve sonido”, comenta.
Desde la distancia, en el mediodía suizo, Arturo espera volver a acercarse a su país y compartir toda una vida de experiencias con jóvenes que, como él, tienen unos sueños que no pueden cumplirse a cabalidad en El Salvador de la actualidad.

“Me causa una gran pena haber podido trabajar más, por ejemplo, en Costa Rica que en mi país… espero que eso, algún día, cambie”, dice Corrales, el mismo hombre que hace casi dos décadas decidió emprender un camino hacia lo desconocido.

La justicia que persigue a los pequeños

Excepción. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que llegó a una condena.

El Salvador es un Estado corrupto. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.

Esta, la opinión de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los últimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador “la corrupción, además de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas”.

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia pública se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, “La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, señala que debido solo a un puñado de casos emblemáticos de esta y la década pasada, el país ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir más de 10 centros médicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.

“La corrupción es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energía en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien común, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado”, comenta Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

El Código Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como específicos de la corrupción. De estos, la Fiscalía General de la República ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce años a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupción cada 29 horas.

Uno de los más procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario público se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administración está encargado. En este mismo período, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscalía solo en referencia a este delito.

Este nombre, “peculado”, ha sido parte de las acusaciones más impresionantes de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como aquella en contra de Elías Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de más de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.

Los números de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revisó todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consultó el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La búsqueda se realizó en torno de cuatro delitos, los más graves dentro de los catalogados como de corrupción: peculado, malversación, cohecho propio y cohecho impropio.

De estos cuatro delitos se encontró que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusación que pesa sobre sus hombros.

Las victorias para la Fiscalía tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este último punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupción que estipula el actual Código Penal.

 

Ilustración de Moris Aldana

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UNA JUSTICIA SELECTIVA

Éver Alexánder no ganaba mal como empleado de la Alcaldía de San Salvador. Los $506 que percibía mensualmente lo colocaban muy por encima del salario mínimo, ese que todavía es un sueño por cumplir para muchos en un país como El Salvador.

Su trabajo consistía en cobrar, para la Administración Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios públicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.

Fueron más de $5,000 los que el acusado sustrajo para sí en un período de dos años, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representación.

El modus operandi de Éver no era para nada sofisticado. Según explicó una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compartía con él la administración del baño del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 días, ella debía pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a Éver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un día de tantos recibió un llamado de atención desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta Inés.

Esta le advirtió que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llenó de confusión: religiosamente ella había entregado a Éver la cuota asignada. Bertilla explicó lo que había pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pronóstico, así fue: a la jefa ya le habían llegado varias denuncias de que Éver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditoría a su trabajo.

 

Se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.

 

Como Bertilla, otras seis personas habían sido engañadas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcaldía advirtió que una sola persona le había robado a la comuna $5,147.67.

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaración de 10 personas, múltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis años de prisión, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía General de la República ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo más arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qué tipo de funcionarios son los que se condenan en este país por delitos ligados a la corrupción. Ahí está también el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueológico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos años de prisión por apropiarse de $322 en entradas al parque.
O el de cuatro empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes fueron sorprendidos por dos policías mientras sustraían 40 barriles de diésel de la planta asfáltica de la institución en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco años de cárcel.

 

Presiones. El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan más indagaciones de alto perfil en corrupción.

 

“En casos en los que los implicados son servidores públicos de menor valía, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones públicas”, comenta Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Algo parecido señala Jaime López, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un recién iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupción en el país. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.

 

Directora. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar Wálter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 años de cárcel por apropiarse de más de $60,000.

Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la institución.
“Eso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el ámbito penal, sino también en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de Ética Gubernamental”, comenta López.

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados públicos que estaban en puestos altos en alguna institución del país cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que más acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. Él fue condenado a 15 años de prisión luego de que se comprobó, entre otras cosas, que había utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansión. Sin embargo, nunca se le procesó por al menos otros dos proyectos henchidos de incógnitas: Río Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados más de $30 millones. Después de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.

El caso inició cuando Belisario Artiga era fiscal general de la República. Hablar del caso lo llena de alegría todavía hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafetería de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparecía dando declaraciones en los periódicos. El de ANDA es esa excepción que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todavía se encontraba en el cargo. Algo “inexplicable e insólito”, en palabras de Jaime López, de FUNDE, pues, además de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.

Pero ese es el único caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupción. Muchos otros que se judicializaron durante su gestión, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que contó con Enrique Rais como uno de sus imputa dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucción.

“Para ello hay que entender que estrenábamos todo un sistema, pasamos de una época en que la investigación estaba a cargo de los jueces y pasó a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco contábamos con un montón de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telefónicas”, comenta Belisario en esta cafetería de San Salvador. En su época, la prioridad fue parar los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.

Para Martín Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya más casos de alto perfil en delitos de corrupción es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen múltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.

“Los términos de las prescripciones se vuelven, en la práctica, más cortos, pues son mucho más complejos que los de la delincuencia común”, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel técnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. “Eso le mete a los casos un mayor nivel de discusión”, dice Rogel.

La Fiscalía salvadoreña ha sido criticada por sus fracasos en sus casos más mediáticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Meléndez decidió prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Al día de hoy, según el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Martínez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente continúa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscalía para este trabajo. Douglas Meléndez ha achacado los traspiés a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.

Algo en lo que está de acuerdo el magistrado suplente Martín Rogel Zepeda, quien señala que en los grandes casos es común la presentación de grandes volúmenes de evidencia: “Pero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados”. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la institución, la acusación contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habrá que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.

 

***

 

COHECHO PROPIO, ¿UN DELITO DE POLICÍAS?

Cuando Jorge apenas había ingresado a El Salvador desde su país, Guatemala, fue detenido por un retén policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachapán, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su vehículo. Descubrieron que en la parte de atrás del carro, el empresario traía una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge traía dinero, $20,000, para ser más exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete podía verse a simple vista. Además, ya había declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadoreña con la que tenía años de hacer negocios. El policía no quedó satisfecho con la respuesta y amenazó con apresarlo. Para evitarlo, le pidió un pago. Jorge ofreció $80. No era suficiente.

“No soy solo yo, somos otros tres… Mejor voy a llamar a mi jefe”, comentó el agente. El oficial a cargo llegó hasta el vehículo. Jorge, entonces, fijó el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. “Otra vez vino uno que solo traía $13,000 y nos dio $1,500”, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacción de los uniformados.
Jorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se quedó ahí. Días después, puso una denuncia en la Policía Nacional Civil.

Los meses pasaron y la Fiscalía inició un proceso contra el agente que hizo la inspección y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenció directamente la extorsión.
Por eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán los condenó a tres años de prisión, que fueron condonados, dado el corto período de la pena, por actividades de servicio social. Eso sí, se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante la pena.

El delito por el que los dos policías fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el Código Penal como aquella acción en que un empleado público recibe una dádiva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepción de cualquier soborno.

 

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

 

Y los policías parecen los más expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran policías. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.

Para Jaime López, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: “trabajan en la frontera del delito”.

Para Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que haya tantos policías condenados y procesados puede ser un buen síntoma: señala que los mecanismos de control son efectivos.

Eso mismo lo apoya Jaime López, pero viéndolo desde una óptica distinta: es señal de que en el resto de instituciones no existen vías suficientemente rápidas para detectar actos de corrupción. Para él, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.

“Nadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley”, opina Jaime.

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

“A estos sí es más fácil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protección, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un policía de calle sea procesado, pero sí afecta que un presidente lo sea”, comenta López.

 

***

INVESTIGAR EL PRESENTE

En países de institucionalidad débil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigación, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusión. Para el criminólogo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta sería de mucha utilidad en el país, pues le quitaría parte de la presión a la Fiscalía General de la República. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.

“De nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente están delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas”, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios años de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupción.

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras aún activas, ¿podría aplicársele a la Fiscalía General de la República y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?

Desde el patio de la organización para la que trabaja, FUNDE, Jaime López conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una institución con recursos limitados, esa podría ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigación ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevaría, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupción.

“Si investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contratación en la obra pública, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusión de que los actores activos de la corrupción son los mismos”, comenta Manfredo Marroquín, director de la guatemalteca Acción Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.

Pero en la ecuación guatemalteca hay otro elemento que va más allá de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volviéndose una sola garganta en las plazas públicas de la nación centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignación dura solo días después de que se conoce un nuevo escándalo. Para Jaime López, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que él pertenece: mantener en la discusión los casos, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación. Hacer presión desde una organizada sociedad.

“Yo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en ‘más transparencia, más transparencia’. Ha sido un error. Una gran lección es que más transparencia no significa menos corrupción. Porque los casos llegan a la opinión pública, pero no pasa nada”, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media mañana.

 

Señales. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupción, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Chávez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras Públicas.

“Los cineastas valemos madre”

Brenda Vanegas, cineasta salvadoreña. Su cinta es una coproducción entre La Estación y Relativo Films. Contó con ella, Mario Soundy, André Guttfreund y Leticia Macua como productores ejecutivos. 

En un país en el que los largometrajes de ficción se pueden contar con los dedos de la mano, la noticia del estreno de uno es, literalmente, un hito. Brenda Vanegas ya presentó su ópera prima, “Volar”, en sociedad. Lo hizo hace un par de semanas, en el preestreno no comercial reservado para el equipo que trabajó en la cinta y para todos aquellos que se sumaron a la campaña de “crowdfunding” que salvó la película.

En la primera planta de la sede de La Estación, la productora que Brenda lidera, el cine aparece a cuentagotas, apenas con un póster de la cinta “Big Fish”, de Tim Burton. Allá afuera, detrás de un ventanal, están sus dos robustos perros, que ladran ante los desconocidos, pero callan ante el primer regaño de su dueña.

Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

Brenda conversa en un momento de calma de su corre-corre diario, contenta de recordar un proceso al que, sin embargo, quiso abandonar muchas veces, angustiada por las demandas de la cotidianidad de un artista en El Salvador, de aquel que hace otra cosa para pagar las cuentas.

Sus ojos brillan, sobre todo, al recordar a una de las figuras más importantes de su película y del arte en El Salvador, la actriz Isabel Dada, fallecida en junio de 2017. “Volar” fue su último trabajo actoral. Allí interpretó a Esther, una señora enferma de alzhéimer a la que debe cuidar María (Patricia Rodríguez), migrante salvadoreña en España. Ambas están en un proceso de pérdida: la primera, de los recuerdos de su vida; la segunda, de la relación amorosa que le daba sentido a su soledad.

La película, en preestreno, ha sido vista por gente que no estuvo involucrada con su realización, ¿siente que se conectaron con la trama, las cosas resultaron tal cual las había pensado?

Cuando hablás de escribir, en un proceso cinematográfico, siempre te dicen que hay tres grandes escrituras del guion. Una es la literaria, la del guion en sí que va por escenas y describís acciones. Luego hay una segunda reescritura que es el montaje, cuando te enfrentás a lo que has rodado, y allí tenés como la libertad de decir “esta escena me sobra, necesito grabar una más”.

¿Pasó eso con “Volar”?

Sí, te pasa eso porque en lo escrito algo funciona, pero en lo visual no, por múltiples factores, porque de pronto no se consiguió la actuación justa, porque el espacio no era el ideal, porque había mucha premura… lo visual tiene su propio contenido y su propia fórmula. En “Volar” el final se cambió, por ejemplo. Es otra escritura del guion. Hay una reconstrucción inmensa.

¿Cuál es la tercera escritura de la película?

Esta tiene que ver con su audiencia, es la que cada quien hace al verla. Es tan variable como ojos vean la película. Como espectador puedo tener una relación conflictiva con mi madre y veo “Volar” y pienso “esta mujer un día va a ser vieja y me voy a encontrar en un escenario de qué hacer con ella”, o soy hija única, o hija de una persona que migró, o me encuentro sola y me toca comer con el televisor… ya allí es la película con cada quien. Allí dejamos de existir los involucrados en su creación.

¿Hay alguna escena que haya pensado que le salió muy bien cuando la filmó, pero en el proceso de edición decidieron eliminarla?

Sí, muchas.

¿Se acuerda de una en concreto?

Habíamos hecho algo muy bonito en Barcelona (España), que era dentro de un taller cerámico, que a mí me gustaba la idea de que María (el personaje encarnado por Patricia Rodríguez) podía hacer algo para ella y por ella. Pero esto se sentía como inserto en la película, como metido a la fuerza. Te tocan decisiones de decir “esto no va. Está precioso, pero no”. Cuando entendés que estás ante una obra, y le dejás espacio a que adquiera su forma de comunicarse, llega un momento en que la misma obra te va dictando muchas cosas.

¿Quiénes fueron los editores de la película?

Fuimos cuatro los involucrados. El montaje también tiene su historia. El primer montaje lo hizo Mario.

¿Mario Soundy?

Sí, que aparte de ser productor ejecutivo, es también el montador de la película. Luego nos fuimos a trabajar una versión, que es la que pudo concretar bastante las emociones y el ritmo de la película, que la hicimos con Carmen Martínez, en Barcelona. Lo que sucedió con esa es lo que te digo, que había muchas cosas insertas que no aportaban a la peli. Retomé esa versión. Sí encontré la necesidad de tomar yo la película. Estudié otra vez el guion, hice un guion de montaje e hice otra versión de la película, que fue básicamente la última, y luego alguien hizo el corte fino, que se llama Eliane Cats, que es una argentina.

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”.

¿Hubo algún momento en el que usted quería algo y le dijeron que no funcionaba?

Sí, sí.

¿Fue difícil ceder a la opinión de sus compañeros para acceder a un mejor producto?

Es bien interesante, porque con una película con la que llevás tanto tiempo te podés viciar. Hubo un momento en el que yo ya no quería la película. Estaba tan cansada del proceso, de todos los problemas que se dieron, de quedarnos sin dinero, de no tener tiempo, de estar agotada físicamente, emocionalmente, de que se nos fuera Isabelita (Isabel Dada) en medio del proceso. Cuando ella murió yo no tenía forma de ver la película, me parecía terrible. Por eso te sirve mucho cuando a alguien le vale madres todo eso y ve nada más la película. Y es capaz de verla con la pureza de una primera vez. Sí, hice muchas rondas con muchas personas para recibir aportes. Hubo algunos que no me gustaban, y al cabo de un tiempo, entendía lo que me querían decir y lo retomaba. Fue muy valioso ese ejercicio de distanciarme.

¿Pensó en Isabel Dada desde el principio para encarnar a ese personaje?

Sabía de Isabel, la había visto en el teatro, me gustaba ella, pero no la conocía de nada. Desde el principio la queríamos, pero no había forma de contactarla. Isabelita siempre fue un ser muy privado. Aparte ella estaba retirada del teatro también. Como no la encontramos, le hicimos la propuesta en ese ínterin a otra gran actriz de teatro. Ella tampoco podía. A Isabel le hablábamos a su casa y no nos contestaba, le hablábamos a Radio Clásica y tampoco. Pero un día en la radio nos dijeron “dice Isabel que le dejen el guion, que ella lo va a leer y les va a dar una respuesta”. Ya eso para nosotros era un pasote. Pasaron dos días cuando nos llamó y nos dijo: “Voy a hacerlo”. Al fin pude conocer a Isabel. Y fue un regalo. Ponía una energía irrepetible.

Nuevo proyecto. “Las cartas de Lucía” será la segunda película de Brenda Vanegas. La cineasta busca apoyo para terminar con el proceso de esta cinta.

¿Ella tuvo algún problema de salud mientras estuvo rodando?

Sí y no. Ella, cuando empezó a filmar, nos comentó que necesitaba hacerse unos exámenes, pero que no quería pensar mucho en eso porque quería hacer la película. Nadie pensó que se tratara de algo grave. Al parecer ella sí sabía que algo había. Luego que terminamos de filmar, ella se hizo unos exámenes y nos comentó que iba a necesitar hacerse una cirugía para sacarse algo del estómago, pero que le habían dicho que no era cáncer. Luego ya se confirmó que era cáncer. Pero ella vivía con la insistencia de hacer las escenas que faltaban. No podíamos hacerlas porque nos habíamos quedado sin fondos. La película tuvo que parar varios meses.

¿En esa etapa fue que lanzaron el “crowdfunding”?

Sí, lanzamos una campaña porque ya no teníamos dinero.

¿Temían perder a Isabel Dada?

No, la verdad es que nunca pensamos que se nos iba a ir. Creo que es lo que quiere pensar uno. No se te va a ir tu actriz, no se te va a ir esta persona maravillosa que has conocido. Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

¿Eso fue después del “crowdfunding”?

Sí, fue después, porque conseguimos los fondos. Ella tenía tantas ganas… nos hacían falta muchos exteriores y unas escenas de mar. Fue una escena bastante emotiva, algo de eso en lo que de repente te decís “puede pasar”.

¿Cómo fue esa premonición?

Fue una despedida bien emotiva y fue una sensación de despedida total, infranqueable. Fue la última vez que la vimos.

Isabel Dada fue la protagonista del primer largometraje de ficción hecho en El Salvador, “Los peces fuera del agua”. ¿Pensaron en eso, en que de alguna manera conectaban con esa primera película salvadoreña?

Entra a la conversación Leticia Macua, productora ejecutiva y primer asistente de dirección de la película: “Al menos yo siempre pensé que iba a ser la vuelta al cine de Isabel Dada, no la última película de su vida”.

Exactamente. Sí, claro, de hecho lo mirábamos así, “después de tantísimos años Isabel regresa al cine”. Se volvió justamente su segunda y última película.

Comparando ambas películas, las dos únicas muestras del talento cinematográfico de Isabel Dada, para usted ¿cuál fue su mejor actuación?

Creo que son muy distintas. Hay un afán de querer comparar las obras. No podemos hablar de eso, porque cada una tiene su propio lenguaje, su propio contenido y es, en sí misma, algo. “Los peces fuera del agua” me parece una obra muy bonita, muy simbólica, y que curiosamente tiene algunos elementos que también tiene “Volar”, pero ocupados de manera distinta.

¿Cómo cuáles?

El tema de las enfermedades mentales, la pecera como un símbolo, las relaciones entre mujeres, las relaciones de amor no concebido… hay muchas cosas, pero no pensaría que una es mejor que otra.

¿Hay alguna escena en particular que recuerden ustedes de Isabel Dada en la que creyeran que no podía llegar hasta allí pero llegó?

La verdad es que Isabel Dada siempre te daba más. Es que es una película tan intimista que, entre menos se actuaba y más se era el personaje, era mucho mejor. No había algo muy pretencioso de actuación. Más bien era transmitir cotidianidad, esa intimidad en su personaje. Aunque sí diferentes emociones, porque el alzhéimer no te deja en un estado tan neutro siempre, hay altos y bajos. Hay una escena en la tina, donde necesitaba sumergirse bajo el agua, entonces había que cuidarla más, que el agua estuviera a buena temperatura.

La actriz. Isabel Dada trabajando en una de las escenas de “Volar”. Allí Esther, su personaje, conversa con su hija, Soledad, encarnada por la intérprete española Inma López.

Uno de los problemas más recurrentes del artista salvadoreño, especialmente en el de cine, pues no hay muchas muestras, es el de poder reflejar la identidad nacional en su obra, o que la película parezca salvadoreña. ¿Le preocupa eso a usted también?

No es algo que yo pienso cuando hago algo. Me refiero a que, por ejemplo, yo estaba enfocada en transmitir la soledad y la cotidianidad de las mujeres que migran fuera del país. Por lo tanto, ya ese contexto había que presentarlo afuera, porque es donde están ubicadas esas mujeres. Luego, encontrar los espacios que te transmitieran cosas. Tenía las locaciones ya todas previstas, desde el principio. Sabía que necesitaba este tipo de fábrica, esta planchaduría (dry clean)… me conocía el Centro Histórico por otro proyecto, sabía que había muchos espacios que nos podían dar las sensaciones de estar fuera del país. Originalmente se escribió para que fuera la mujer migrante en Estados Unidos, que es lo más común de nuestras mujeres migrantes salvadoreñas, no así del Sur. Aquí no podés representar un Brooklyn o un Los Ángeles, pero sí una España.

Allí hubo algo que tiene que ver más con la realidad económica que con lo artístico.

Los pensamientos fueron más en función de lo que requería la película. No me gusta cuando la gente dice “esta película no parece salvadoreña”. ¡Pero si está hecha por purititos salvadoreños! Ahora estoy haciendo otra película, que también Lety está allí, que es “Cartas de Lucía”, que contrario de “Volar”, es sumamente rural, y tiene también una gran belleza. Es como encontrar los símbolos adonde te toque estar. Tiene una belleza muy poco explotada. Hay una belleza inmensa en la ruralidad. Esto también es salvadoreño y va a recorrer lo que tenga que recorrer como salvadoreño.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. Uno puede pensar que quizá el espectador extranjero, cuando se topa con una obra hecha en El Salvador, piensa que se va a encontrar precisamente con eso, con la violencia. “Volar” no es eso. ¿Le preocupa que el espectador de afuera espere precisamente eso de su película?

No, creo que estoy muy despreocupada, jajaja. Creo que cada artista decide enfocarse en las temáticas que más le mueven. Tenemos colegas documentalistas que registran esas historias que son supernecesarias para hacernos un diagnóstico de qué tan jodidos estamos. Pero hay otros artistas a los que nos mueven otras cosas y tenemos igual derecho de expresarnos. Y tenemos igual derecho de que afuera se nos conozca por otro tipo de expresiones. Aunque “Volar” cuenta una historia de migración, y hay razones para migrar, ese no es el gran tema de la película, es solo uno de los temas.

¿Y cómo es “Cartas de Lucía”?

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”. Los programas, las campañas, una serie de cosas, no llegan hasta allá, donde ni siquiera hay agua potable. Pero allá están pasando cosas terribles. Pero el enfoque de abordar esas temáticas… cada quien tendrá una forma distinta de abordarlas. Me parece que eso es el arte, que te permite hacerlo de donde te suena más, donde te evoca más.

En una conversación anterior, decía que el trabajo más aburrido que había hecho en su vida era el de empleada de una planchaduría (dry clean). Después, curiosamente, se convirtió en uno de los escenarios más importantes de “Volar”.

¡Sí, es terriblemente aburrido! Yo trabajé en esas máquinas como por tres días, y me despidieron por obvias razones. Es un calor, es un ruido, es una contaminación absurda, un encierro, te falta el aire, una cosa espantosa. Es un trabajo que hizo mi madre por muchos años. Claro, lo que te transmite visual y emocionalmente es rotundo, pero estar allí es terrible. Para mí la intención de incluirlo en la película era exponer eso, que estas mujeres están allí como otra máquina más, “así como esta plancha, esta prensa”. Allí no importa si tiene sed, si se desmaya, si le entró calor, nada. “Cuando ya no prensés bien, habrá otra que te sustituya”.

A usted le funcionaba bien porque necesitaba tener eso, un ambiente de opresión.

Claro. La peli tiene muchos símbolos. Empezamos con un ventilador, que está con el aire saliendo, es una forma de quererte ir de ese espacio, pero estás allí, metido, hasta que aguantés. Y luego de ese trabajo, no es que te vayás a tu casa, te vas a otro trabajo.

También en una conversación anterior dijo que la imagen más hermosa que había visto en su vida, la que más acudía a su memoria, era cuando a los nueve años se reencontró con su madre después de tres años sin verla.

Es una sensación que se me repite cada vez que la voy a ver. Es la mismísima emoción, los mismos ojos, como venados, de buscarnos entre la gente que está allí, conectar, y salir a abrazarnos. Es la sensación que tengo desde que era chiquita y la repito ahora de mayor, mi madre mayor aún. Y la sensación de despedida es igual de mala. Idéntica.

¿Cuánto tiempo tiene sin ver a su mamá?

No, yo la veo a cada rato, hoy sí. Pero en aquellos tiempos… La emoción es impresionante. Calcada. Como eso que sabés que vas a estar feliz, pero, también, que cuando te vayás te vas a sentir así de hecha mierda. Y vas a dejar a tu mamá muy mal. Eso no lo va a evitar nada. No hay nada que lo quite, ni la sensación de “¡ay!, nos vamos a ver en seis meses, mi mamá ahora está mejor, tiene un mejor trabajo, yo tengo la vida que tengo”, nada, no hay nada que te lo quite. Como cuando sabés que el pinchón de la aguja duele.

Usted tiene una productora. ¿Esta se encarga, también, de producir materiales no artísticos?

Sí, montón.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Esa es la forma con la que usted paga las cuentas.

Sí, exactamente. La verdad es que no creo que haya en El Salvador una productora que sea solo productora de cine. No hay. La verdad es que los cineastas valemos madre. Te lo digo de verdad. Estoy endeudada hasta las narices, como mal, no tengo tiempo ni de ver a mi familia. Es una vida superagotadora, pero como la pasión nos gana… Es que somos supertercos. Es lo único que nos permite hacer… yo doy clases, tengo trabajos extras, estoy terminando esta película, estoy con mi segunda película, y llega un momento en el que de verdad el cuerpo te dice “hasta acá”. El único motor es la pasión, para poder sobrellevar todo esto. Porque todos los que están haciendo una película te van a decir que llevan una vida jodida. Eso de las alfombras rojas no existe.

No hay nada más glamoroso que el cine, pero no hay nada más jodido.

En otros países será otra cosa, pero estamos hablando de donde hemos nacido. No es que yo me vea triste por eso, sino que simplemente tenemos que ser mucho más aguerridos para poder enfrentarlo todo. Porque, sino es muy fácil decir “ya no”. Y luego estar muy consciente de tus procesos. Por ejemplo, me han preguntado que viene después de “Cartas de Lucía”, que ni siquiera la hemos terminado.

¿Y qué viene?

Creo que estoy en un momento que necesito alimentarme a mí misma, quiero crecer como escritora, estoy justamente recibiendo un curso con Jacinta Escudos, porque creo que, antes de tomar un tercer proyecto, debo nutrirme. Tampoco tengo afán de volverme una máquina, de producir una película tras otra. Creo que estoy interesada en ir mejorándome, en ir profundizando más, en ir escarbando más cosas, eso requiere mucho tiempo, sobre todo si querés hacer películas, y de ficción sobre todo, porque son presupuestos más grandes y requieren mucha más gente. Tenés que asegurarle un montón de cosas a un montón de gente. Estoy en ese proceso.

¿“Cartas a Lucía” ya está filmada?

Sí, acabamos de terminar el rodaje, nos hacían falta dos escenas, pero las acabamos de terminar. Ahorita está en el proceso del primer montaje.

Para esta, ¿los recursos vinieron también de Pixels?

Sí. Con “Volar” íbamos con un proceso de prueba y error. Hoy sabemos que existen fondos de desarrollo de proyectos, de working progress, pues tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria, fuimos seleccionados para ir a México y nos ganamos un premio para la música de la película. Como que vas aprendiendo que hay otras fórmulas.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Usted es mormona. ¿Eso influye en su cine de alguna manera?

No. Creo que como escritor debés tener libertad. Son las temáticas y los personajes los que te van a dictar un montón de cosa. Por ejemplo, en mi religión no me recomiendan ser amante de nadie, y de pronto en “Volar” hay una situación de amantes. Pero es una realidad humana. Es una temática que a mí me llama en ese contexto de la migración, cuando estás tan solo y estás tan vulnerable, donde te podés entregar a alguien aunque esta persona en realidad no esté para vos. Y eso es muy humano también, y la religión es muy humana.

¿Pero la religión sí es importante, de alguna manera, en su trabajo?

Ahora sí, que hay ciertas cosas de valores con las que he crecido y que son parte de mí, una serie de cosas que obviamente dirigen mi vida, y que dirigirán, en parte, mi trabajo. Pero no tengo esos sesgos, porque me parece que también la religión lidia con la humanidad y que la humanidad es un cagarla muchas veces y enfrentarte a errores donde decís “¿cómo dejo esto, cómo supero esto otro?”.

¿Cómo vive, entonces, la parte religiosa de usted?

La vivo de una forma muy individual, quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás. Justamente la obra que estoy escribiendo, de la que estoy intentando hacer el primer boceto en el curso con Jacinta, va de las venganzas que te llevan hasta situaciones donde podés matar a alguien. En ese contexto y en esa realidad que estoy planteando allí, es válido, te han jodido tanto en la vida… de hecho “Paula” (su primer cortometraje de ficción, estrenado en 2013) se trata de ese dilema: estás en esa encrucijada, has llegado a tales grados de maltrato que te planteás “este hombre me mata o lo mato”. De pronto no es un pensamiento muy mormón, pero es muy humano. La humanidad te empuja a cosas terribles.

¿No siente que la religión la reprima?

Me ha reprimido en otras cosas, pero ahora, quizás desde esta faceta del arte y de la expresión, no. Pero la religión, sobre todo cuando te la enseñan con mucho temor, puede ser muy represora. “No hago las cosas por miedo”. Ya de grande entendí que tenía que hacer las cosas por amor. Muchas veces las religiones, en un afán de cuidarte, te coartan de una manera que luego estás cagado de miedo y con unos traumas… pero eso es en otras facetas de la vida, en la parte artística creo que no. Se ha convertido en la forma de explayarme.

De liberarse.

Creo que los artistas mucho lo hacemos. Muchos de nuestros temores, nuestros traumas, nuestros dolores más profundos, inseguridades, en el arte es donde afloran. ¿Imaginate a un artista que ni en su propio arte pudiera liberarse de esas opresiones? Pobre. Gracias a Dios, nosotros podemos hacerlo desde esas vías.

Brenda Vanegas contó con el apoyo varias empresas, instituciones y personas naturales en el crowdfunding que salvó la cinta. 

Antonio Molina: el exsacerdote salvadoreño al que el papa Francisco destituyó por un caso no probado de violación y amenazas

Panchimalco. Los hechos por los que Antonio fue acusado ocurrieron presuntamente en su primera etapa en esta parroquia, de 1993 a 1996.

Antonio Molina fue convocado el 1.º de noviembre de 2016 al Arzobispado de San Salvador. Allí, el titular de la diócesis, José Luis Escobar Alas, le entregó la carta que certificaba que quedaban suspendidos sus derechos y deberes como sacerdote de la Iglesia católica: había sido encontrado culpable por el delito de abusos sexuales en menores de 18 años cometidos en Panchimalco. “Anunciamos de antemano que la máxima decisión no admite recurso alguno, es inapelable”, dice la carta. Que aparezca el nombre del papa Francisco y que se diga que la decisión es “inapelable” significa que fue tomada por el sumo pontífice en persona.
La misiva, escrita en latín, tiene en su cabecera el escudo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, el nombre del condenado, José Antonio Molina Nieto. Y debajo de este, el título “summus pontifex Franciscus, papa” (“sumo pontífice Francisco, papa”).
Solo para una resolución tomada por el papa no es aceptable ningún recurso, dentro de la Iglesia católica, no hay autoridad más alta. Y esa vía está reservada solo para los casos más graves. Así lo explican los vicarios judiciales de tres arzobispados en Latinoamérica y Miguel Funes, exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Antonio Molina no volvió a la última parroquia que tuvo a su cargo, Santa Cruz de Roma, en Panchimalco. Una en la que estuvo en dos periodos: de 1993 a 1996; y de 2006 a 2016, año en el que fue suspendido tras conocerse las acusaciones en su contra, todas referidas a su primera etapa en el templo.
El exclérigo lleva casi un año de insistir en su inocencia, pese a la condena del Papa. La pelea incluso salió de la Iglesia y llegó a los tribunales civiles de El Salvador en forma de demandas por difamación y calumnia contra sus denunciantes.
Molina acusa al Arzobispado de San Salvador de dejar pasar muchas irregularidades, sobre todo en torno a la denuncia de un hombre de 35 años llamado Isaí Ernesto Mendoza, que lo inculpó de hacer orgías y de haberlo violado cuando era un adolescente y formaba parte de su grupo de acólitos.
El exclérigo alega que no conoce a ese denunciante y que es posible que nunca residiera en Panchimalco, algo que el Arzobispado de San Salvador no confirmó antes de enviar el caso. Fue este cargo el que llevó al papa Francisco a tomar la decisión de dimitirlo del estado clerical, uno que ahora se califica como falso, de acuerdo con las mismas autoridades de la Iglesia encargadas de investigar.

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Dimisión. Esta carta le informó a Molina que dejaba de ser un sacerdote de la Iglesia católica. Allí, resaltados, están el nombre del papa y las palabras que advierten que la decisión es inapelable.

CONDENA POR UNA SOLA DENUNCIA
El de Antonio Molina fue uno de los tres casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente a menores de 18 años que el Arzobispado de San Salvador hizo públicos entre finales de 2015 y principios de 2016. El primero fue el de Jesús Delgado, entonces vicario general de esa diócesis, que fue denunciado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, por primera vez en un programa radial en noviembre de 2015. Tras ello, la diócesis hizo público el nombre del clérigo y pidió a las víctimas de este delito que se acercaran para denunciar si existían otros casos.

El anuncio de que los tres exsacerdotes habían sido encontrados culpables en el Vaticano se hizo el 18 de diciembre de 2016: la velocidad con la que fueron resueltos los procesos parecía un golpe sobre la mesa, un mensaje de que la Iglesia estaba comprometida con el combate a este delito. Con el de Molina no se tardaron ni un año.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es la versión moderna de la Santa Inquisición. Tiene sede en el Vaticano. Es la que, dentro del cuerpo de leyes que tiene la Iglesia para juzgar los delitos de sus miembros, ve los denominados graviora delicta. Entre estos, los más graves conocidos, está el abuso sexual en menores de 18 años.

En el caso de Isaí, el agravante no fueron las agresiones sexuales, sino que las presuntas amenazas de muerte de Molina en su contra. Esta denuncia, a diferencia de las otras, nunca fue revelada a los medios.

Después de recibir e investigar una denuncia, según el proceso de la Iglesia, la diócesis debe enviar un dosier a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando un caso llega a esta entidad, existen al menos seis caminos. Uno, el más expedito, es el de trasladar la decisión al papa. Esta vía fue la que tomó la denuncia de Isaí Mendoza contra Antonio Molina. Este es el único de los casos contra sacerdotes salvadoreños que consta fue resuelto de esta manera.

Este es el procedimiento para casos demasiado evidentes: “Pensemos en material pornográfico descubierto en las manos, pieza o soporte digital del acusado; filmaciones, testimonios de personas que hayan sido testigos de los abusos”, comenta para ilustrar este punto el padre Jaime Ortiz de Lazcano, experto en Derecho Canónico y vicario judicial de Santiago de Chile, una diócesis por la que ya han pasado varios casos de abusos sexuales en menores de 18 años.

También está reservado a aquellos casos que cuentan con elementos agravantes: según Luis Salcedo, vicario judicial de la Diócesis de Guadalajara, México, uno de ellos es que la víctima sea un menor de 10 años. Otro es que haya una gran cantidad de denunciantes para un solo acusado. Aunque no siempre se cumple: el exnuncio de República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski (ya fallecido), fue acusado por decenas de víctimas, pero en su caso la decisión la tomó la Congregación para la Doctrina para la Fe. El sacerdote, por tanto, tuvo la posibilidad de apelar.

Sobre Antonio Molina pesaban otras dos denuncias interpuestas por las gemelas de una familia tradicional de Panchimalco. Las mujeres, ahora de 34 años, aseguraron que los hechos ocurrieron cuando ellas tenían 11 años. Una de ellas afirmó que el sacerdote le “metió las manos” dentro de la camisa, una tarde en la que ella estaba “jugando en el campanario”. La otra contó una experiencia similar: narró que le tocó los pezones al tiempo que le decía “estás creciendo, mi amor”. Esta última también acusó al sacerdote de haberle manoseado las piernas.

La gravedad de los hechos descritos es indiscutible, pero no califican para ser trasladados directamente al papa, de acuerdo con Jaime Ortiz de Lazcano, Luis Salcedo (Guadalajara), Leocadio Morales (vicario judicial de la Diócesis de Santa Ana) y Miguel Funes (exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe): las víctimas tenían más de 10 años y no hubo a la mano evidencias o testimonios de terceros que respaldaran la versión narrada por las gemelas.

La decisión del papa, por tanto, fue tomada solo con respecto al caso de Isaí Mendoza, quien acusó a Molina de haber tenido sexo anal y oral con él. En la denuncia se habla de que los hechos ocurrían en el marco de orgías en la sacristía y en dos casas alquiladas, una en Panchimalco y la otra en Nuevo Cuscatlán*. Isaí tampoco aportó testigos ni el periodo aproximado en el que sucedieron los hechos. La amenaza de muerte denunciada le dio otro tinte a la historia.

Las acusaciones de las gemelas de Panchimalco fueron las primeras en contra de Antonio Molina en llegar al Arzobispado de San Salvador. El tribunal eclesiástico las recibió oficialmente el 10 de febrero de 2016. Molina fue suspendido cuatro días después.

El 15 de abril, el arzobispo le anunció al exsacerdote que existía una nueva acusación en su contra, la de Isaí. Ahora esta es la única inculpación que pesa sobre los hombros del exclérigo: las gemelas aceptaron conciliar en la demanda que el sacerdote presentó en su contra por difamación y calumnia y firmaron un documento en el que se retractaron de las acusaciones.

Autoridad. Toda decisión dentro de la Iglesia tomada por el papa es inapelable. Incluso existe el Principio de Infalibilidad, que reza que en asuntos teológicos es “incapaz de cometer errores”.

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LA BÚSQUEDA DE ISAÍ
“Ha habido casos en los que la congregación toma ella misma la investigación, pero son contadas. Estuve allá muchos años, y esa decisión se tomó una o dos veces”, comenta Miguel Funes desde su nueva residencia en Ciudad de México.
El sacerdote mexicano Miguel Funes perteneció 16 años a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una de las personas en el continente mejor certificadas para hablar sobre cómo son los procesos en el interior de esta institución con sede en el Vaticano. Una de las cosas en las que están atados de manos es en la recolectar información relativa a los casos. Para ello dependen exclusivamente de las diócesis locales.

La diócesis u orden religiosa a la que pertenece el acusado se encarga de una fase preliminar, donde colecta información de cargo y de descargo a través de una figura conocida como instructor.
En el caso de Antonio Molina, esta tarea la ocupó Rafael Urrutia, canciller y vicario judicial del Arzobispado de San Salvador. Fue acompañado por los otros dos sacerdotes que conforman junto a él el Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis. Por sus manos pasaron, por tanto, todas las pruebas y todos los testimonios relativos a las tres acusaciones contra Molina.

Rafael Urrutia mismo duda ahora de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

Uno de los principales argumentos de Molina para sostener su inocencia durante más de un año ha sido que no recuerda haber conocido a un niño llamado Isaí Mendoza. Otra premisa de su defensa es que él no contó con acólitos en su primera etapa como párroco de Santa Cruz de Roma, del 1.º de julio de 1993 al 25 de febrero de 1996. En la acusación, Isaí escribió que sufrió los abusos del sacerdote cuando se desempeñaba como su monaguillo.

Antonio Molina. Sacerdote desde 1993, además de Panchimalco estuvo en la parroquia de Huizúcar. Fue capellán de dos colegios de señoritas y prefecto de estudios en el seminario de San Salvador.

Molina fue sustituido en esa iglesia por el padre Daniel Coto, quien ahora es el encargado del templo San Juan María Vianney, en San Juan Opico. Coto sirvió como uno de los testigos de descargo de Molina ante el Tribunal Eclesiástico. Vía telefónica, asegura que fue hasta su periodo que comenzó a ejercer su ministerio un grupo de acólitos. Antes de eso, dice, quienes se encargaban de asistir al sacerdote en misa eran los miembros del Camino Neocatecumenal, que eran adultos. Eso mismo está en el testimonio que rindió ante el Tribunal Eclesiástico el 24 de agosto de 2016.
“Yo no encontré acólitos y como su existencia es habitual en todas las parroquias, la necesidad pastoral de que ayudaran en las misas me movió a invitar a estos jóvenes”, dijo Coto ese día. Eso también lo escribió hace 22 años en el libro de gobierno que reposa en la parroquia de Panchimalco.

Otro sacerdote que rindió su testimonio ante el Tribunal Eclesiástico fue Víctor Martínez. Desde pequeño, este hombre nacido y criado en Panchimalco parecía destinado a entregarle su vida a la Iglesia católica. A los 10 años comenzó a ayudar en las actividades del sacristán de la parroquia, en un trabajo que se extendió hasta su vida adulta. Era un quinceañero cuando fue testigo del nombramiento de Antonio Molina como párroco de su municipio, el 1.º de julio de 1993.

“En esta etapa nunca hubo acólitos. A la misa le asistíamos el señor Ciriaco (el sacristán) y yo. El padre no tenía necesidad de acólitos porque lo hacíamos nosotros y los ministros del Camino Neocatecumenal”, escribió Martínez en su declaración. Otros ocho testigos dijeron la misma versión ante el tribunal.
Contactar con Isaí habría sido imposible si en el expediente de la demanda por difamación y calumnia que interpuso Molina contra él no se hubieran incluido los datos relativos a su vivienda.
La tarde comienza a declinar este día de octubre de 2017 en Santa Tecla. La puerta de la casa está entreabierta. Cuando se llama, quien sale es una señora de unos 60 años. Es la madre de Isaí.
—Yo sé toda la historia porque soy su mamá, pero no puedo decirla –dice cuando se le cuenta sobre el motivo de la visita–. Ahorita no está, anda trabajando.
Rafael Urrutia dice que Isaí no aportó ningún elemento que sustentara que haya vivido alguna vez en Panchimalco. La señora sostiene que residieron allá por tres años. Incluso dice que Isaí estudió en un centro escolar de ese pueblo. Sin embargo, en los dos que existen allá no hay registros de su hijo. Ella insiste en que Isaí tiene un diploma, que usualmente decoraba un muro de la casa, que lo prueba. Ahora lo ha bajado, señala, porque planea irse de su hogar. En voz baja, dice que lo han amenazado. También que Isaí sufre de un cáncer en el hueso de la rodilla, y que por ello una amiga residente en Panamá se lo llevará a ese país para que allá continúe su tratamiento.

Cinco minutos después, tras varias preguntas, comenta: “Ah, no, ya me acordé, un hermano mío se lo traía a estudiar a una escuela en San Salvador”.

La señora asegura que cuando Isaí anunció en el seno familiar que iba a denunciar a Antonio Molina, su padre le recomendó no hacerlo. “Le dijo que ya era pasado, y que eso lo dejara reposar”, comenta la madre. Promete que pasará el mensaje a Isaí para que este pueda comunicarse y dar su versión.
La puerta también está entreabierta, en esta nueva visita aderezada por el frío de finales de diciembre de 2017. En esta ocasión quien atiende es el padre de Isaí.
Uno de los principales argumentos de Antonio Molina para sostener su inocencia es que el muchacho nunca vivió en Panchimalco. Eso mismo lo apoya el padre de Isaí, quien asegura que la familia jamás ha residido en ese pueblo del sur de San Salvador. “Yo viví pero en Los Planes de Renderos cuando era niño, con mi abuela”, dice el padre del denunciante.
Y pone una cara de extrañeza cuando se le habla de la acusación que interpuso su hijo contra Antonio Molina por presuntamente haberlo violado cuando era su acólito en Panchimalco. Y el gesto aumenta de volumen cuando se le cuenta lo que dijo su esposa: que él le recomendó a Isaí no denunciar el hecho.
Al centro de la sala, el hermano de Isaí ha estado atento a la conversación y pregunta sobre lo ocurrido. También afirma que no sabe de qué denuncia se está hablando.
“Qué raro, nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia católica. Asistimos al Tabernáculo. Incluso ahorita vamos a ver el culto”, dice el hermano. Pregunta si se le ha filmado. Únicamente se han estado registrando sus voces. Los dos hombres recogen nuevamente el número telefónico para que Isaí pueda comunicarse y dar su versión.
En la noche de este día de diciembre, Isaí escribe un mensaje de WhatsApp: “Soy un enfermo de cáncer terminal, en realidad no tengo tiempo, pero voy a hacer una excepción, además necesito decirle un par de cosas, aquí espero su mensaje”. La llamada comienza.

—Usted dice que los abusos ocurrieron en Panchimalco y en Nuevo Cuscatlán. ¿Me puede decir en qué periodo se dieron los abusos?
—No.
Su madre y su padre dieron dos versiones distintas. Ella dijo que vivieron tres años en Panchimalco; él, que nunca residieron allí, se le explica.
—Mire, hay una cosa que no pareció correcta. ¿Qué llegó a hacer usted allí? Según mi hermano usted lo llegó a filmar –dice.
—Yo no lo he filmado –se le aclara.
—Vaya, yo solamente le voy a advertir algo, yo estoy fuera del país y no tengo ningún problema porque tengo un montón de amigos allá y usted no fue muy inteligente que se diga, porque le dio su número personal a mi hermano, y ya tenemos todos sus datos aquí. Así que le recomiendo que sea prudente –comenta.

Sin embargo accede a seguir conversando. Explica que el motivo de que las versiones de su padre y de su madre no coincidan es que han sido instruidos a no hablar del tema.

Es hora de las preguntas. Las primeras van referidas, justamente, a su residencia en Panchimalco. Como su madre, dice que vivió en ese municipio durante tres años.
—¿Me podría decir dónde estaba ubicada la casa?
—Cerca de la iglesia.
—¿Hay algún otro dato que me ayude a precisar dónde estaba, una referencia, una calle, un número de casa?
Esta última pregunta provoca que Isaí exija cortar con la conversación. En días posteriores se le volverá a contactar. No contestará más.

Señalados. Molina afirma que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia, cometieron errores en su proceso.

El casco urbano de Panchimalco, donde afirma Isaí haber residido, es un poblado constituido por unas pocas familias. Gutiérrez, Rodríguez, Martínez son algunos de los apellidos que más se repiten entre los lugareños. Es uno de esos sitios donde se cumple el cliché de que “todos se conocen”.

Los habitantes de las viviendas, custodiadas desde lo alto por la Puerta del Diablo, tienen otra particularidad: casi todos han vivido desde su infancia en la misma casa. Y nadie sabe dar referencias de una familia Mendoza que haya vivido alguna vez en el sector.

Donde sí hay rastros de la familia es en la urbanización Jardines del Volcán, en Merliot, Santa Tecla. Según datos del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el padre de Isaí adquirió el 26 de enero de 1984 una casa del polígono C-12 de dicha urbanización. No se desprendió de ella sino hasta el 16 de octubre de 2006. En Panchimalco nunca hubo una casa a su nombre. Tampoco al de su esposa.

El alquiler también es una posibilidad. Pero al menos una docena de personas en el casco urbano de Panchimalco sostienen que eso no se acostumbra. Uno de los pocos sitios donde se alquila en esta zona, dicen, es un condominio construido en la década del 2000.

Jardines del Volcán, Merliot, parece la antítesis de Panchimalco. Ha habido mucha migración. Varias de las personas que habitan sus viviendas son relativamente nuevas. El pasaje donde está la vivienda que le perteneció al padre de Isaí no es la excepción.
Pero eso no quiere decir que no haya vecinos que perseveren. Ese es el caso de esta mujer, quien ha residido en esta casa desde julio de 1984, el mismo año que, según los registros, la familia de Isaí adquirió su vivienda. Habla quedo y pide no revelar su nombre.
“Estaba de meses él (Isaí), cuando vinieron”, comenta la vecina, algo en lo que su memoria la asiste de forma milimétrica: para julio de 1984, Isaí tenía 10 meses de edad. Dice, con la misma voz apenas perceptible, que no recuerda que se hayan ausentado en alguna época de la casa.
Otros residentes del pasaje, quienes han vivido allí desde los ochenta, dijeron que tampoco recuerdan que la familia se haya ido por algún tiempo de la zona, mucho menos los tres años que afirman Isaí y su madre.
“Yo entiendo que un juicio se perfecciona con un solo caso. Aquí estamos hablando de tres casos. Puede ser que este sea falso, yo no sé, no me doy cuenta si allá (en el Vaticano) le dieron credibilidad o no a este”, comenta el arzobispo José Luis Escobar Alas cuando se le menciona la historia anterior.

***

EL OTRO DEFENSOR
Para Antonio Molina, la entrega del libro de gobierno de la parroquia de Panchimalco (donde su sucesor en el templo escribió que el grupo de acólitos inició sus actividades bajo su gestión hasta el 28 de julio de 1996) era suficiente prueba de descargo para que la acusación de Isaí fuera desestimada. Por eso no eligió un defensor, como sí lo había hecho con las denuncias de las gemelas, para las que contrató al sacerdote panameño Carlos Echeverría.
Pero sí tuvo un defensor nombrado por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas: Francisco Alexánder Góngora, párroco de la Catedral Metropolitana. Molina sostiene que nunca habló con él, sino hasta después de que le entregaron la carta de su dimisión del estado clerical.
En el nombramiento de Góngora, fechado el 16 de mayo de 2016, se escribe que se le confieren “todos los derechos y deberes que el cargo exige”. Son exactamente las mismas palabras del nombramiento de Carlos Echeverría, el defensor que Molina escogió para las denuncias de las gemelas.
En el documento de defensa, Góngora se limita a recomendar la realización de peritajes a Isaí, a fin de “comprobar hasta dónde influye en la conducta de la supuesta víctima el supuesto abuso cometido por el acusado”. Ninguna mención al libro de gobierno donde se plasma la ausencia de acólitos en el periodo de Antonio Molina, algo que el mismo exsacerdote habría podido aportar, pues ya lo había entregado al Arzobispado. Tampoco hay constancia de otra actividad de investigación.

El sacerdote Rafael Urrutia mismo duda de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

El arzobispo Escobar Alas asegura que consultó a Góngora como a otras personas para conocer una segunda opinión, alternativa a la del panameño Carlos Echeverría.
—¿Pero usted nombró a otras personas mediante un decreto como ese, además de al padre Góngora? –se le pregunta.
—Yo no le voy a dar ninguna explicación. Solo digo que he hecho esta consulta porque no fue parte del juicio y por eso puedo hablar de él –dice, asegurando que no puede referirse a ninguna otra parte del proceso porque está bajo “secreto pontificio”.
En una conferencia del 5 de junio de 2016, el arzobispo de San Salvador anunció que había enviado todos los insumos relativos a los casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. A Francisco Alexánder Góngora lo nombraron defensor de Antonio Molina el 16 de mayo. El sacerdote tuvo menos de 20 días para redactar su defensa.
El caso de Isaí tuvo otra irregularidad: el arzobispo Escobar Alas se limitó a leerle a Molina el contenido de la denuncia. No le dio una copia de ese documento ni de ningún otro relacionado con la acusación.

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El Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos graves cometidos por los miembros de la Iglesia. Su máxima autoridad es el español Luis Francisco Ladaria Ferrer.

LA AMENAZA DE MUERTE
El arzobispo José Luis Escobar Alas convocó nuevamente al exsacerdote a sus oficinas el 24 de agosto de 2016. Allí le mostró un mensaje de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un ultimátum donde se le advertía que si no aclaraba de forma amplia el caso de Isaí Mendoza, este sería trasladado directamente a la consideración del papa. Le dieron un plazo de 10 días (entregó su defensa una semana después). Antonio Molina afirma que tampoco en esa reunión se le informó de manera oficial que Isaí lo había acusado de mandarlo a golpear y amenazarlo de muerte.
Rafael Urrutia asegura que él vio a Isaí únicamente en una ocasión, cuando se presentó a la audiencia ante el tribunal presidido por él para confirmar de viva voz lo que antes había descrito solo en papel. Por tanto, fue esta oportunidad la única en la que Isaí pudo informar sobre las amenazas de muerte y entregar el papel en el que, presuntamente, se refleja la denuncia que puso ante la Policía Nacional Civil de Santa Tecla.
Debido a que tanto el arzobispo Escobar Alas como Rafael Urrutia se niegan a hablar de aspectos muy específicos del proceso, no es posible certificar cuál fue la fecha exacta en que ocurrió esta audiencia, pero Urrutia comenta que su tribunal le entregó antes de mayo al arzobispo todos los insumos relativos a las acusaciones contra los tres sacerdotes imputados por abuso sexual en menores. Es posible que ocurriera incluso antes del 15 de abril, cuando al exclérigo le comunicaron por primera vez la inculpación de Isaí.
Antonio Molina mandó a indagar a Isaí a través de una compañía de investigación privada. Así pudo conocer cuál era la dirección de su casa. Sin embargo, estos datos los obtuvo hasta junio de 2016. La denuncia fue anterior a la fecha en la que Antonio supo cuál era la dirección de quien lo acusaba.
El sacerdote Leopoldo Sosa Tolentino, actualmente al frente de la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, fue por 14 años vicario general del Ordinariato Militar para la Policía Nacional Civil. Por ello tuvo la facilidad para solicitar (y que le entregaran inmediatamente) datos acerca de denuncias presentadas por Isaí Ernesto Mendoza. Le informaron que no existía ninguna en la delegación de Santa Tecla ni en ningún puesto del departamento de La Libertad.
Sosa Tolentino hizo constar esta información en un documento fechado el 30 de agosto de 2016, que fue entregado al Tribunal Eclesiástico que llevó la fase preliminar del caso. En la PNC y en la Fiscalía General de la República no hay datos relacionados con alguna denuncia hecha contra Molina.
Rafael Urrutia también duda que Molina haya mandado a golpear a Isaí. Cuando habla sobre ello, lanza una risa burlona. Para él, lo narrado por Isaí en torno a la golpiza es una mentira. Isaí, por otro lado, tiene antecedentes por dos casos de estafa reportados en 2009 y 2013.

La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió. “Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

***

LA IGLESIA NO COMPARTE LOS DOCUMENTOS
El 18 de diciembre de 2016, El Salvador y el mundo supieron que Antonio Molina ya no era sacerdote de la Iglesia católica. Dos días después, este interpuso una demanda contra sus denunciantes en un tribunal civil por difamación y calumnia.
El exsacerdote exigía varios puntos a sus demandados, como la firma de un documento donde se retractaran de sus acusaciones. También pedía la realización de una conferencia de prensa donde eso se haría público. Además solicitó una compensación económica, que sería de aproximadamente $133,000** por cada uno.
Como parte del juicio, Molina le pidió a su abogado, Juan Francisco Bonifacio, que solicitara al Arzobispado de San Salvador el expediente completo de su caso, pues nunca pudo tener acceso a la totalidad de documentos que fueron anexados en este. Quería saber, en suma, qué fue lo que se envió desde la diócesis local hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Juzgado Sexto de Sentencia hizo esta petición. La diócesis, a través del canciller Rafael Urrutia, contestó que no poseían esos documentos, pues, escribió, las nuevas disposiciones de la Iglesia indican que se envíe todo el expediente en original a la Santa Sede. El padre Miguel Funes, exmiembro de la CDF, afirma que las reglas son otras: la diócesis envía un informe, pero se queda con una copia de los documentos, que debe conservar durante 10 años a partir del término del juicio, a menos que el acusado muera.
“Nosotros entregamos la documentación al obispo. Yo no sé si él conserva esos documentos”, comenta Rafael Urrutia al respecto. José Luis Escobar Alas afirma que toda la documentación fue enviada al Vaticano.

***

EL HOMBRE MUERTO
La audiencia inicial del proceso civil se realizó hasta el 7 de septiembre de 2017. Al Juzgado Sexto de Sentencia solo se presentaron las gemelas de Panchimalco. Isaí no llegó: su madre argumentó que él había muerto, lo que fue desmentido días después con un informe del Registro Nacional de las Personas Naturales. Por ello el Juzgado Sexto de Sentencia pidió que se extendiera una orden de captura en su contra.
La madre de Isaí aseguró en la visita que se hizo a su casa que mintió porque tenía motivos de peso: su hijo había sido amenazado de muerte.
“Tuve que mentir, que Dios me perdone, tuve que mentir, porque me lo han amenazado. Yo fui la que le dijo ‘mirá, hay que decir que moriste’”, dijo la señora. Agrega que un amigo estaba por “llevárselo a Panamá”, para que allá también pudiera tratarse de sus problemas de salud, pues está enfermo de un “cáncer en la rodilla”. Un viaje que, por la demanda que pesa en su contra, no hubiera sido legal. Cuando se habló con Isaí, el 27 de diciembre de 2017, aseguró que ya estaba fuera del país.
La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió.
“Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

Ante el hecho de que Isaí nunca apareció, las gemelas de Panchimalco solicitaron que su proceso se ventilara de forma independiente al del otro demandado. Aceptaron conciliar con el sacerdote el 9 de enero de 2018. Firmaron un documento donde se retractan de sus acusaciones.
Urrutia asegura que ya trabajan en la restitución de Molina, quien para siempre será un condenado por abuso sexual en menores de 18 años: el dictamen fue firmado por el papa Francisco. Es inapelable. Pero las condenas no son eternas. Para que el sacerdote vuelva a su puesto debe gozar de un proceso conocido como “gracia”, en el que el sumo pontífice decide que su sentencia ha terminado.
“Antonio va a salir bien”, comenta Rafael Urrutia, el mismo hombre que debía investigar la veracidad de las acusaciones en contra de Molina.

Nombramientos. A la derecha está el decreto que nombra defensor de Molina al panameño Carlos Echeverría, encargado del caso de las gemelas. A la izquierda, el correspondiente a Francisco Góngora, a quien el arzobispo dice que pidió “una segunda opinión”. Los documentos son idénticos.

 

*En la edición impresa de este reportaje se dice que en la denuncia se recoge que los abusos ocurrieron en una parroquia de Nuevo Cuscatlán, cuando debió decir que fue en una casa alquilada en ese municipio. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.

 

**En la edición impresa de este reportaje se publicó que la cifra era $166,000. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.


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“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

Ilustración

Ilustración de Moris Aldana

Una carta firmada por Juan XXIII, apodado “el Papa Bueno”, llegó a las más altas autoridades de la Iglesia católica a escala mundial en marzo de 1962. Contenía instrucciones para encubrir, ante las autoridades seculares, casos de abuso sexual en menores de 18 años por parte de sacerdotes. Incluía también amenazas de expulsión para aquellos que rompieran este “pacto de silencio”.
La misiva escrita en latín es uno de los ejemplos incluidos en el informe “Los abusos sexuales y la Santa Sede” (2014), con los que la red mundial Child Rights International Network ilustra cómo la Iglesia católica impidió el combate a este flagelo durante años. En el mismo documento, sin embargo, se reconoce que para cuando se publicó el texto, la institución ya había dado importantes pasos para superarlo.
Pero denunciar una agresión sexual en la que el acusado es un sacerdote sigue siendo un proceso arduo y revictimizante. Eso cuenta Sara, 41 años, estatura media, ojos vivos, quien acusó a un sacerdote de haber abusado de ella en una parroquia de San Salvador cuando era niña.
Sara decidió volver a hundirse en sus recuerdos en la segunda mitad de 2016, después de que la Iglesia católica nacional, a través del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, invitó a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes a acercarse para denunciar. Prometió el mayor de los apoyos en un momento en el que el dedo acusador de la sociedad salvadoreña se levantaba en contra de esa institución.
Para presentar su acusación, Sara llegó al Arzobispado de San Salvador, un edificio de tres plantas y colmado de oficinas. Como no hay un lineamiento público sobre cómo poner una denuncia, tuvo que repetirle a varias personas la misma frase: “vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”, hasta que al fin la refirieron a la oficina del Tribunal Eclesiástico.
“El Arzobispado cuenta con muchísimos empleados. Es complicado instruir a tanta gente sobre lo que tiene que hacer. Además ellos andan ocupados en sus propias actividades”, responde Rafael Urrutia, presidente del Tribunal Eclesiástico, acerca de lo anterior.
En una ventanilla similar a la de un banco, una secretaria le preguntó por el motivo de su visita. Tuvo que repetir aquella frase. Le dijo que debía hacer una denuncia por escrito, en donde anotara el nombre completo del acusado y la parroquia donde ocurrió el abuso. No le explicó nada sobre el proceso, solo que se le iba a llamar para que ella se presentara ante el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”.

Tras muchas llamadas, la fecha fue fijada. Cuando llegó el día, Rafael Urrutia, con la denuncia en la mano, le dijo que no podían ocuparse de su caso, pues el acusado pertenece a una orden religiosa. Por ello la envió a preguntar a la parroquia donde sucedieron los abusos. “Es que no nos correspondía, es la verdad”, comenta Urrutia al respecto.
Eso lo desmiente el Derecho Canónico, el cuerpo de leyes que rige a la Iglesia católica: “En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito”, dice el canon 1,412. Miguel Funes, quien fue miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe por 16 años, sostiene que si un religioso comete un delito, lo hace mientras está en una diócesis, la cual depende de un ordinario, en este caso el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. La víctima, por tanto, tiene dos posibilidades: denunciar en el obispado donde pasaron los abusos o ante el superior de la orden religiosa en la provincia correspondiente.
Para Leocadio Morales, vicario judicial de la diócesis de Santa Ana, la mejor es la segunda opción cuando el acusado es un sacerdote que ya no está en una parroquia de la misma jurisdicción. Ese es el caso del clérigo señalado por Sara. Pero, dadas las circunstancias, si quien denuncia se acerca al obispado del lugar, es necesario darle una respuesta.
Según Morales, el obispo debe hablar con el superior de la orden e informarle que se tiene una acusación contra el sacerdote sobre un abuso sucedido cuando estuvo bajo su jurisdicción. El tema les concierne a ambos: le corresponde al obispo porque quien denuncia es su feligrés; también al superior, pues el clérigo responde a su autoridad. Deben llegar a un acuerdo sobre quién se hará cargo.
“Es lo más correcto para hacer. No se puede decir ‘a mí no me importa lo que te ha pasado’”, comenta Morales.
Si Sara hubiera aceptado la primera respuesta de Urrutia, el ciclo hubiera comenzado otra vez: ir a la parroquia donde sucedieron los abusos y decirle, quizá al secretario o al sacristán, la misma frase (“vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”) y repetírsela luego al párroco actual.
Pero ella no quedó satisfecha. Le dijo que no confiaba en que la misma congregación a la que pertenecía su abusador fuera la que se ocupara del caso. Le preguntó si ellos podían encargarse, servir como una especie de fiscalizadores del proceso. Urrutia le contestó que sí, contradiciendo lo que había dicho al principio. El acuerdo, por tanto, fue que el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de San Salvador le tomaría su declaración para, luego, pasársela a la orden religiosa a la que pertenece el sacerdote acusado.
Hicieron una audiencia donde rindió su declaración, que luego sería enviada a la orden para que continuara con el proceso.
Ese testimonio no serviría para nada: cuando el caso llegó a las manos de la orden religiosa, esta hizo otra audiencia. Las cosas comenzaron desde cero, pero Sara pudo superar su inicial desconfianza al ver la seriedad con la que la orden religiosa se encargó de su denuncia. La acusación todavía está activa, a la espera de lo que decida la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tribunal especializado en juzgar delitos graves.
Sara no ha pedido que al sacerdote se le castigue con la dimisión del estado clerical, la pena más grande que puede imponer la Iglesia a uno de sus miembros. Ha exigido que se reconozca al sacerdote como su victimario y a ella como la víctima.

Las otras peticiones van encaminadas a que dentro de la orden religiosa se tomen medidas concretas para evitar que se sigan dando abusos, como la creación de canales de denuncia y manuales de conducta; también una rigurosa reglamentación de cómo funcionarán las relaciones entre clérigos y niños. Recomendaciones que espera que se extiendan a otras jurisdicciones, como el Arzobispado de San Salvador, para acabar con un problema que, en su opinión, no se ha terminado de superar.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”, dice Sara.


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Las millonarias empresas que cabían en una oficina

La sede. El local 201 del Centro de Oficinas La Sultana es todavía la dirección legal de al menos ocho empresas, cinco de las cuales se describen en este reportaje.

En el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, a un costado de la autopista Sur, funciona una pequeña compañía de publicidad. El recinto no tiene más que unos 6 metros de fondo por 4 metros de fachada, apenas suficiente para albergar el consultorio de un dentista o de un psicólogo.
Pero solo hasta hace unos meses, en este mismo sitio funcionaron varias empresas, cada una de las cuales reporta la posesión de millonarios activos ante el Centro Nacional de Registros.
El vigilante que esta tarde de noviembre está encargado de resguardar la entrada asegura que en los años que ha laborado aquí y antes de que sus nuevos inquilinos ocuparan el espacio, solo dos personas trabajaban en el local 201. Una era la señora encargada de hacer la limpieza, que recibe su pago desde la administración del edificio, y la otra era una empleada que permanentemente ocupaba la oficina. Según el vigilante, quizá una vez a la semana esa misma mujer recibía la visita de dos hombres, de los que no sabe precisar el nombre ni dar una descripción física.
La correspondencia relacionada con esa dirección iba dirigida a varias sociedades, comenta, pero siempre identificaron a ese local como la sede de la Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD), una de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, ayudó a darle apariencia de legalidad a un dinero proveniente de los fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público en 2006 y 2007, durante el mandato de Antonio Saca, a quien la misma entidad acusa de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de $300 millones provenientes del erario público.
El local 201 sigue siendo la dirección legal de OSAD y de otras tres compañías a las que el ministerio público ha señalado como responsables de recibir dinero de los contribuyentes desviado por Antonio Saca: Garantía en Dirección Empresarial (GDE), Group Corporation (GROCORP) e Investment Group (INGROUP).
También continúa siendo la dirección legal de otra compañía: Export Services. A pesar de no ser parte del proceso abierto en los tribunales, comparte las mismas características con las cuatro que sí están señaladas.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías, según revisiones a sus balances presentados en el Registro de Comercio y la información recogida por la FGR en su acusación contra Jorge Hernández y cuatro imputados más.
La puerta de la compañía de publicidad que hoy ocupa la oficina 201, y que no tiene nada que ver con los anteriores inquilinos del espacio, estuvo cerrada en diferentes visitas hechas a lo largo de noviembre, algo comprensible si se toma en cuenta que la mayor parte de sus actividades se realizan en exteriores. Sin embargo, el primer día de diciembre, el director comercial de la empresa llega cargando algunas cajas a la oficina y acepta hablar con la condición de que no se diga su nombre ni el de la sociedad.
La empresa arribó al recinto en la segunda mitad de agosto luego de llegar a un acuerdo de arrendamiento con el dueño de la oficina. En este complejo, cada espacio cuenta con su propietario. La administración del edificio solo se encarga de aportar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento, para los que cobra un importe de $40 mensuales.
Según el director de la compañía de publicidad, tuvieron que hacerse cargo de seis de esos pagos, que los anteriores inquilinos no cancelaron. Incluso el dueño de la oficina les aseguró que desaparecieron hace casi un año sin pagarle algunos meses de arrendamiento. No volvió a saber de ellos.
“Todavía nos vienen algunos recibos, correspondencia dirigida a estas empresas. Incluso los citatorios judiciales llegaron aquí. Eso, lógicamente, como no nos pertenece, lo destruimos apenas nos llega”, comenta.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, esto, que una pléyade de empresas con importantes activos comparta una misma pequeña sede, apenas suficiente para funcionar, debe ser un motivo de alarma para las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en un país.
“Diferente fuera que existiera un piso entero, adonde hubiera cinco oficinas donde hubiese una cantidad de personal y de equipo de oficina razonable para unas empresas del capital semejante al que dicen estar constituidas en los documentos. Todos esos elementos indican que estamos ante una tipología de posible lavado de activos”, comenta el experto.
Carlos Gamero Quintana, Laabin Tóchez y Enrique Guatemala son prófugos de la justicia. La única forma de establecer contacto con ellos para conocer su versión es a través del abogado defensor de los dos primeros, Luis Servellón.

Allanada. En esta casa de Cumbres de Cuscatlán, la FGR secuestró información relacionada con las empresas. Es también la residencia de Carlos Gamero Quintana.

Según este último, colocar tantas empresas en un mismo sitio fue una decisión tomada por sus clientes para mantener un bajo perfil debido “a la naturaleza de los trabajos que realizaron para el gobierno de Antonio Saca”. Según Servellón, esos servicios fueron prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Por ello, afirma, no aparecen en los registros de contratistas del Estado en los años en los que, presuntamente, hicieron esas labores.

El futuro. El Ingenio La Cabaña se encarga de procesar la caña producida por la hacienda Lombardía desde hace varios años. En la entidad aseguran que se encargarán de la cosecha de 2018, pues aún no se les ha informado de ningún problema para ello.

El abogado afirma que las empresas funcionaban en otros locales. Y para asegurar eso se sostiene en los allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2017, el día en el que se capturó al empresario Jorge Hernández. El ministerio público pidió autorización para intervenir siete locales. En tres de ellos no encontró información (la FGR identifica uno de estos como la dirección de Laabin Tóchez, uno de los acusados). Otros tres inmuebles estaban relacionados con Hernández y sus empresas, Marketing and Service y Unicentro.
Solo en uno de los objetivos se secuestraron documentos relacionados con OSAD, GDE, INGROUP y GROCORP, las cuatro empresas señaladas en el proceso penal. Se trata de la vivienda número 19 de la calle Quezaltepec, en la residencial Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. La misma que la FGR señala como la dirección de uno de los acusados, Carlos Gamero Quintana. Allí también funcionaba su oficina personal de abogado, según lo descrito en el informe de hallazgos de los allanamientos.
Es diciembre de 2017. La propiedad está protegida por un sólido portón. Cuando se llama a la puerta (el intercomunicador y el timbre colocados a un lado no funcionan), un perro ladra con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, una mujer dedicada a los servicios domésticos atiende la llamada para afirmar que ella, junto a su jefa, una joven estudiante, son las únicas habitantes del inmueble. La casa le pertenece a una de las empresas incluidas en el proceso penal, Garantía en Dirección Empresarial (GDE).

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LA SOCIEDAD CAÑERA
La hacienda Lombardía, en Zacatecoluca, tuvo alguna vez una multitud de dueños. Fue así gracias a una reforma agraria que la entregó a una cooperativa en la década de los ochenta. Entonces, la tierra sirvió para varios cultivos: melones, arroz, marañón.
Después de dos décadas, estos propietarios decidieron vender su parte a la empresa Garantía en Dirección Empresarial (GDE), que adquirió las 219 manzanas de terreno por $200,000 el 21 de diciembre de 2006, solo meses después de su conformación. Tras el arribo de GDE, el producto reinante fue la caña de azúcar.
Según información bancaria recogida por la Fiscalía General de la República en la acusación fiscal contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, para el día en que se realizó la compra, GDE ya había recibido de parte de Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño, más de $535,000 en 39 diferentes transacciones.
Desde entonces, una empresa que señala como su rubro de actividades la administración de libros contables pasaba a ser la propietaria de una hacienda de grandes proporciones, que toma unos 20 minutos en carro rodear en todo su perímetro.

La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró por $450,000 el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este día de finales de noviembre, un hombre, al que llamaremos Mauricio, descansa al lado del camino que lleva a San José de la Montaña, en Zacatecoluca. Está echado a la sombra junto a su moto. Cuando se le pregunta por la ubicación de la hacienda Lombardía, señala a sus espaldas. La de esta propiedad es la caña que ahora llena los ojos.
Mauricio afirma que tiene apenas unas semanas de formar parte del equipo de empleados permanentes de la hacienda. Sin embargo, ha laborado desde hace años en la época de cosecha de caña. Para él, el nombre Garantía en Dirección Empresarial o GDE es desconocido. No sabría precisar a ciencia cierta a quién le pertenece esa propiedad. Solo señala un mito que la ha rondado desde hace una década entre los lugareños: que su dueño verdadero es el expresidente Antonio Saca, una tesis que repetirán al menos 10 personas consultadas entre trabajadores de Lombardía, empleados de otras haciendas vecinas y habitantes de la comunidad que rodea al inmueble.
La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró, por $450,000, el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en noviembre de 2007. Lo anterior se le hace ver al abogado defensor de Carlos Gamero Quintaba y Laabin Ninrod, Luis Servellón, en un café de San Salvador. El abogado reconoce haber escuchado historias semejantes alrededor de varias de las propiedades relacionadas con las empresas de sus defendidos.

Rural. Entrada al casco de la hacienda Lombardía, propiedad de la empresa Garantía en Dirección Empresarial. Los lugareños vinculan la propiedad a Antonio Saca.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de error, o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza como para que el expresidente dejara en manos de una de sus compañías una propiedad tan valiosa.
La hacienda Lombardía es parte de un juicio de extinción de dominio: la FGR sospecha que fue obtenida con dinero proveniente de actividades de corrupción. Su administración será responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se define si la propiedad pasa a manos del Estado o regresa a sus antiguos dueños. Esto tiene en zozobra a decenas de trabajadores eventuales que cada febrero llegan a trabajar a la hacienda en el período de cosecha.
Será el CONAB la entidad con la que este año tendrá que entenderse el Ingenio La Cabaña, empresa que se ha encargado del producto de Lombardía desde hace años. Para conocer la postura de la empresa, se llamó a su sede central en Aguilares. Desde ahí indicaron que la persona idónea para hablar sobre ello era José Ábrego, gerente de Producción de Caña. Según este último, la relación que han mantenido con GDE es idéntica a la que tienen con cientos de productores de este cultivo a escala nacional.
Con GDE, además, el trato siempre ha sido el de encargarse de todo el trabajo de la cosecha y el transporte del producto hasta las plantas de tratamiento en Aguilares. Por ello, según Ábrego, el dinero que se paga a los trabajadores durante la época de corta proviene de La Cabaña. Eso a pesar de que GDE reporta año con año la erogación de unos $30,000 como pago para sus trabajadores.
Para GDE el negocio de la caña ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. La compañía asegura tener un rendimiento de 75 toneladas por manzana de terreno. Según datos del Centro Nacional de Registros, desde al menos 2009, Garantía en Dirección Empresarial ha dado un valor de medio millón de dólares a la caña producida por la hacienda Lombardía y las otras dos propiedades agrícolas que le pertenecen, ubicadas a unos cuantos metros de esta, en el vecino Tecoluca.

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LAS EMPRESAS QUE COMPRAN EN LAS MISMAS VECINDADES
Las haciendas agrícolas no son los únicos inmuebles poseídos por GDE. Como se expuso en el primer bloque de este reportaje, Garantía en Dirección Empresarial también es la dueña de la casa número 19 de la calle Quezaltepec, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la misma que fue allanada como parte del proceso penal y que el abogado Carlos Gamero Quintana señala como su vivienda de residencia.
Si se sigue en línea recta hacia abajo y se cruza la avenida Jiboa para incorporarse a la calle Atlacatl, será posible encontrarse con una casa propiedad de otra de las empresas relacionadas con los acusados Gamero Quintana, Enrique Guatemala y Laabin Ninrod. En el número 19 del polígono E, está una casa poseída por Investment Group (INGROUP), que tiene un valor de $275,000 según los documentos de compraventa.
Y si el lector gusta caminar un poco más, a unas cuantas calles más abajo para llegar al polígono M, se encontrara con la casa 66, poseída por otra de las sociedades domiciliadas en el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana: Export Services. Según el Centro Nacional de Registros, el valor de la vivienda es de $175,000. Y a unos cuantos metros está la número 24 del polígono B-8, propiedad de OSAD.
Otro tanto ocurre en la etapa II de la residencial La Montaña, en Santa Tecla. Hasta cuatro empresas de las que hasta hace unos meses tenían su sede en una oficina apenas suficiente para el consultorio de un dentista cuentan con un inmueble aquí: INGROUP, GDE, Export Services y Group Corporation (GROCORP). Esta última donó su derecho, en 2015, a otra de las sociedades relacionadas, OSAD, en un usufructo. Los precios de estas viviendas oscilan entre los $385,000 y los $700,000.
Entre las cinco compañías poseen una multitud de inmuebles. Según la cuenta realizada por Séptimo Sentido al revisar todas las compraventas relativas a estos en el Centro Nacional de Registros, el valor total de terrenos y residencias es de $4,194,200.
El valor de lo poseído solo en propiedades por estas cinco empresas es de más de la mitad del dinero que, según el ministerio público, la red conformada por Jorge Hernández y estas compañías lavó para el expresidente Saca, pues la cifra se coloca en $8.1 millones.

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Residencias. Fachada de la casa que Investment Group (INGROUP) posee en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Cuesta $275,000. Otras tres empresas relacionadas tienen viviendas ahí.

LAS OTRAS FORMAS EN QUE SE RELACIONAN LAS EMPRESAS
Las cinco empresas mencionadas comparten otra similitud: al final de su segundo ejercicio (a excepción de GDE y OSAD, que lo hicieron hasta el tercero), los activos declarados ante el Centro Nacional de Registros sobrepasaron el $1 millón. Sobre todo, gracias a servicios prestados en el extranjero. Por eso mismo han estado eximidas de pagar varios impuestos.
La Fiscalía General de la República asegura que Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño Jorge Hernández, depositó, entre 2006 y 2007, $2,829,000 a estas compañías, que se dividieron de la siguiente manera: GDE $773,500, OSAD $617,500, GROCORP $611,000 e INGROUP $827,000.

Según Luis Servellón, abogado defensor de Carlos Gamero Quintana y Laabin Ninrod, ese es el dinero que, precisamente, las empresas de sus clientes recibieron en pago por los servicios presuntamente prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Pero ¿qué experiencia tenía un grupo de abogados en actividades de inteligencia? ¿Por qué labores recibieron tanto dinero?

Operativo. La mayor parte de locales allanados por la FGR en noviembre tenían que ver con Jorge Hernández y sus empresas, no con estas compañías.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?
“Por tratarse de actividades reservadas, ellos dicen que no tienen documentos relacionados con esos trabajos, que el dinero lo recibían a través de cheques o de efectivo. Pero dicen que tienen cómo comprobar que esos servicios se prestaron a través de las declaraciones de IVA de las empresas. A la espera de eso estoy para poder hacer mi defensa”, comenta Servellón.

Sin embargo, las sumas percibidas por la prestación de esos servicios serían todavía muy inferiores a las de los activos reportados por las cuatro empresas señaladas en 2007, el último año en el que recibieron dinero desde Marketing And Service. INGROUP, que obtuvo $827,000 desde la empresa de Hernández, contaba para ese ejercicio con activos de más de $3 millones.

Las empresas, además de compartir a los mismos miembros de junta directiva y algunos accionistas, también se han desempeñado como accionistas unas de otras. El caso más representativo es el de INGROUP.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de errores o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza.

Según el Informe sobre Distribución o Capitalización de Utilidades obtenido por la FGR, INGROUP ha sido accionista, en diferentes porcentajes, de cuatro de las empresas con las que comparte la misma dirección legal. Desde 2007 es la dueña del 99 % de Export Services, lo que le significó dividendos que superaron los $200,000 en promedio anual. Desde 2011 también es accionista de GDE y OSAD, sus compañeras de dirección legal.
Por otra parte, INGROUP, según datos de la FGR, tiene a otra de sus vecinas, Group Corporation, como la propietaria del 25 % de su paquete accionario.
Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, lo enrevesado del esquema es una alarma: sociedades detrás de sociedades que facilitan la ocultación de activos y de beneficiarios finales.

Al Estado. Algunos inmuebles de las empresas de Gamero y compañía podrían pasar a manos del Estado, que hizo su primera subasta en noviembre, tras un juicio de extinción de dominio.

Luis Servellón, el defensor de dos de los acusados, sostiene que esos esquemas no tenían otro objetivo que permitirle a sus clientes pagar menos impuestos “a través de mecanismos lícitos”.
Otra curiosidad de las empresas es que dos de ellas, GDE y Export Services, le han prestado montos cercanos a los $200,000 a una misma sociedad llamada Salvataje de Deudas Group (SALDEGRO), que tuvo en sus primeros años como representante legal al omnipresente Carlos Agustín Gamero Quintana. SALDEGRO también informa que su dirección legal es el número 201 del Centro de Oficinas La Sultana.
Actualmente, esta empresa con activos de más de $4 millones tiene como representante legal y administrador único propietario a Inving Tóchez, abogado y exfuncionario de los gobiernos de Saca y Mauricio Funes. Tóchez, según la FGR, asesoró a Jorge Hernández y los otros cuatro implicados en el esquema que habría lavado $8.1 millones para Saca.
Desde la ventana del local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, la vista ya comienza a llenarse de vehículos. Poco a poco, el tráfico engrosa de sonidos la autopista Sur, la arteria más concurrida del país.
Sentado frente a una mesa redonda y a una pizarra tachonada de nuevas ideas para su negocio, al director comercial de la empresa de publicidad que ahora ocupa la oficina 201 le cuesta creer que en el mismo espacio en que él y sus colaboradores realizan su trabajo tuvieran su dirección legal tantas empresas con activos millonarios, las mismas que aparecen como propietarias de inmuebles en La Paz, La Libertad y San Salvador.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?