Trumplandia

No voy a hablar del desastre por venir, el del gobierno de rasgos xenófobos que se instalará en enero próximo en Washington. Voy a hablar ahora de lo que ya está pasando en Trumplandia. Voy a hablar de las cosas que han empezado a ocurrir en Estados Unidos desde el 8 de noviembre pasado, cuando Donald J. Trump ganó la presidencia con 1 millón de votos menos que su contrincante.

Y escribiré desde mi particular parcela, la que ocupo en este país en el que mi familia y yo vivimos desde 2009. Vivo, desde entonces, en el condado de Montgomery, en Maryland, el cual alberga a dos de las ciudades con mayor diversidad racial y étnica de Estados Unidos, entre ellas la mía, Silver Spring. Aquí manda un abanico de colores que va desde el blanco más chele hasta el tono más oscuro, pasando por todas las gamas de café. Aquí vive la “Brown America”.

Hace dos días, en el ascensor de mi edificio, mientras mi hija pequeña me contaba su día de escuela en su español con rasgos diversos de “spanglish”, una pareja de origen africano platicaba en suajili. Al despedirnos, lo hicimos en inglés.

Hoy, antes de sentarme a escribir esto, visité la enfermería de la escuela primaria de mis hijas para dejar la receta de una medicina. Me atendieron un médico de origen africano y una enfermera blanca con acento del sur de Estados Unidos.

Los padres de los mejores amigos de mis hijos nacieron en India; en Cabo Verde, Brasil; La Unión, El Salvador; en México, pero también en Virginia o en Carolina del Norte. En sus idas y venidas diarias el racismo no es algo que haya ocupado la lista de sus preocupaciones cotidianas. Hasta ahora.

No es que el racismo no exista aquí, es una enfermedad latente en toda la Unión Americana, sobre todo en los estados del sur, donde hace menos de 200 años los esclavos negros eran aún motor indispensable de la economía. Pero en lugares como el condado de Montgomery, hogar de gigantescas comunidades migrantes, entre las que ocupa un lugar muy importante la centroamericana, hablar español, comer falafel a diario o aderezar el pavo de Thanksgiving con achiote y relajo es común, y el racismo es un mal mucho más sutil. Aquí, el racismo es sobre todo económico. Hasta ahora.

El jueves 10 de noviembre pasado, dos días después de la elección de Trump, me llegó una carta de la escuela de mis hijas en la que la directora comunicaba que ese día, a media mañana, un niño de tercer grado leyó ofensas raciales escritas en un baño para varones. Luego, un padre de familia afroamericano que es mi vecino me contó que había ido a varias de las reuniones organizadas por la escuela para tratar el incidente; ahí le contaron lo que decía el letrero del baño: “Maten, maten, maten a los negros”.

Eso no pasaba en Silver Spring. Pasó el jueves 10 de noviembre. La buena noticia es que las instituciones del gobierno local (además de la escuela, la policía y el departamento de salud y recursos humanos) se han asegurado de que los padres y los niños sintamos que todo esto no es normal, que es algo intolerable.

La mala noticia es que ya hay energúmenos, aun niños, que entienden que ahora sí está bien escribir esas cosas. Todo es achacable –y en esto no valen discursitos pusilánimes– al odio racial sobre el que navegó la campaña del presidente electo, el señor Trump.

Dice Calle 13: “Si aquí trabajo, aquí tengo mi casa”. Esta es, por hoy, mi casa y la de mi familia, y la de mis vecinos africanos, y la de don Armando, el conserje salvadoreño con quien habló todos los días de fútbol, y la de la enfermera del sur profundo. Y en mi casa son bienvenidos todos los colores de piel aunque eso ya no esté tan claro para los abanderados del racismo que habitan Trumplandia y están por mudarse a la Casa Blanca.

Mienten

La Policía y el Gobierno han vuelto a mentir. Otra vez. Como suelen cada vez que abordan en público el asunto de los escuadrones de la muerte incrustados en la PNC. La mentira más reciente llegó la semana pasada, cuando al responder a un reporte de la cadena televisiva estadounidense CNN, los funcionarios salvadoreños dijeron que no hay agentes implicados en ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.

Sí los hay. Ya lo demostraron tres medios de comunicación. LA PRENSA GRÁFICA y El Faro en 2015 y 2016, cuando publicaron reportajes en que revelaban asesinatos cometidos por agentes de la PNC. Lo demostró Revista Factum en agosto de 2017, cuando publicó que los asesinos estaban incrustados en las unidades élite de la Policía y que a nadie, desde la Fiscalía o las unidades policiales de investigación interna, le interesaba investigarlos.
Y lo han dejado sentado ya un puñado de resoluciones judiciales en las que los jueces han dicho sin equívocos que los policías mataron mientras estaban de alta, y no para defenderse de ataques. Mataron para exterminar, fuera de lo que la ley les permite. Mataron a pandilleros desarmados y también a ciudadanos que nunca pertenecieron a pandilla alguna.
Factum también demostró que agentes de la Policía mataron, en abril de 2017, a José Mauricio Salazar, un albañil que era sordo. Y que, en ese caso como en decenas de otros, los agentes manipularon las escenas de sus crímenes para intentar que aparecieran como enfrentamientos con delincuentes.

En el reportaje de CNN al que aludí al principio queda clara otra mentira de la Policía. En agosto del año pasado, luego de que Factum publicó su reportaje sobre los grupos de exterminio, funcionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén aseguraron, uno tras otro, que estaban investigando a los agentes y al cabo que la revista había señalado con nombre y apellido. El Estado salvadoreño incluso dijo lo mismo a relatores de Naciones Unidas que hicieron preguntas. Todos los funcionarios mintieron.

Eso, la cultura de mentir para tapar crímenes e ilegalidades, es un vicio viejo en la Policía Nacional Civil; empezó con su creación y es su pecado original.

Las mentiras empezaron en 1993, cuando la administración de Alfredo Cristiani preparaba el despliegue de la PNC en el territorio tras los Acuerdos de Paz firmados el año anterior. Durante 17 meses el gobierno de Cristiani hizo creer a la ONU, supervisora de los Acuerdos, que no había trasladado a militares de alta a la PNC; pero lo hizo: llevó a oficiales que, en el pasado reciente, se habían dedicado a perfeccionar el arte de mentir para encubrir a los culpables de los delitos.

El cáncer que nació entonces se ha extendido y tiene a la Policía desahuciada desde hace años. Ese cáncer, el del encubrimiento y la impunidad, permite ahora que los agentes maten, que los jefes protejan a esos asesinos y que todo siga igual.
Ese cáncer permitió que la justicia salvadoreña fuese incapaz de castigar a los violadores y asesinos de Katya Miranda en 1999. Que el exterminio se haya convertido en una política tolerada por el gobierno. Que la Fiscalía siga quedando en ridículo cuando investiga casos como el de Carla Ayala, la agente desaparecida en el seno de uno de los grupos policiales de élite (el cáncer ese también ha hecho metástasis plena en el ministerio público).
Una Policía como esta, que sigue mintiendo y ocultando, no ganará nunca las guerras que dice estar peleando. No ganará la guerra contra las pandillas. No ganará la batalla a la delincuencia. La única guerra que la PNC ha ganado es la que mantiene con la verdad.

La Corte Suprema y la Fiscalía están en peligro

Estamos claros ya de que el nuevo ascenso de la derecha política a la cumbre del poder Legislativo no implicará cambio alguno en la forma en que se hacen las cosas en la Asamblea. Los chanchullos, los pactos espurios, el control desbocado por el poder y las prebendas continuarán igual que en gestiones anteriores de areneros, efemelenistas, pecenistas, ganeros o pedecistas.
El primer acto de la nueva Legislatura habla muy bien de lo anterior: al menos cuatro de los miembros de la recién estrenada junta directiva, de los más poderosos, han sido señalados o investigados por faltas y delitos que van del acoso sexual al intento de homicidio, pasando por el encubrimiento. ¿Qué se puede esperar en un escenario así? Nada bueno.
Más grave que la conformación de la junta directiva es el mensaje que el partido ARENA envía a los votantes con claridad suficiente: lo más importante es el poder, afianzarlo, detentarlo y administrarlo, a cualquier costo. Lo demás son migajas en el concepto que de la política han tenido en El Salvador la mayoría de sus élites, ese según el cual la función pública no implica servicio al soberano, sino solo un botín al que es de idiotas no echar mano.
Y es grave entender que esa concepción de la política, que implica reparto de cuotas y empoderamiento de amigos afines sin importar sus credenciales, es la que privará cuando la legislatura 2018-2021 escoja, este año, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república. Como siempre, el requisito más importante que los candidatos deberán cumplir será su capacidad de genuflexión, nunca el de hacer bien las cosas o el de hacer cumplir la ley sin importar las consecuencias políticas.
En El Salvador, a pesar de todo, hay ya herramientas legales que han permitido la creación de algunos filtros para estas elecciones de segundo grado. No es que estos filtros, como la elección del gremio de abogados de candidatos a la CSJ, sean una garantía real, pero deberían de ser al menos un comienzo. De esas listas podrían ya identificarse relaciones políticas, nexos con grupos de poder, actuación profesional y pensamiento jurídico sobre temas de interés general, por ejemplo. Se puede, al menos, mapear candidatos.
Al final, sin embargo, todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta, porque no es poco lo que se juega en este país: de una Corte que, con todos sus bemoles, fue bastante independiente, podemos pasar a una que sea cómplice abierta de la corrupción, como la que presidió Agustín García Calderón bajo el amparo de la dupla ARENA-PCN, que hoy regresa al Legislativo.
Está también el tema del fiscal. He escuchado sobre la posible reelección de Douglas Meléndez, y he escrito ya bastante al respecto; pero también he escuchado que un grupo de exfiscales cercanos a los poderes más oscuros de ARENA maniobra para empoderarse en el principal despacho del ministerio público.
Hay poderes nuevos –que son los mismos rostros con máscaras medio acicaladas para la ocasión– en la Asamblea. Dice ARENA, el mayor de esos poderes, que su lema es primero El Salvador. El país, no la fracción, no el candidato presidencial. El país que requiere una Corte Suprema y un fiscal general decentes.

Fiscalía, la batalla que viene

La elección del fiscal general ya está en las mesas espurias de los políticos, de las que poco sabemos los ciudadanos y en las que suelen decidirse los asuntos más importantes para la nación. Y no es este asunto cualquiera: como cada vez que la Asamblea Legislativa elige al jefe de los abogados del Estado, en esta elección El Salvador se vuelve a jugar la posibilidad de seguir con una Fiscalía irrelevante versus la de elegir a un hombre o mujer con el valor suficiente para emprender los cambios que la institución y el país piden a gritos.
Uno de los candidatos, según ya insinuaron algunas voces políticas, es la reelección del actual fiscal general, Douglas Meléndez. No me parece el mejor escenario, tampoco es el peor.
De Meléndez se puede decir, rápido, que fue menos malo que todos sus antecesores, y que le tocó litigar e investigar desde una institución totalmente permeada por la corrupción, el crimen organizado y grupos económicos.
No es aún tiempo para escribir el obituario de la gestión de Meléndez, pero sí es oportuno delinear una lista breve de logros y fracasos.
Entre los primeros cuentan, por ejemplo, que emprendió investigaciones ahí donde nadie antes había entrado, a las entrañas del poder político, en específico a las de las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes. El primero está preso y el caso contra él parece bastante sólido. El segundo, investigado por enriquecimiento ilícito, trata de salvar su imagen con una hemorragia tuitera.
Los fracasos son muchos y sonoros. Varios casos no pasaron de ser despliegues mediáticos que terminaron cayéndose en los tribunales, en buena medida por la debilidad de la investigación fiscal o por la falta de valor del fiscal general para acusar a los verdaderos sospechosos, y no a chivos expiatorios, como ocurrió en el caso de la tregua o en al menos dos de miembros de la fuerza pública acusados de abusos.
Sí es posible decir que la reelección de Meléndez es mejor que la llegada de alguien como Luis Martínez, Astor Escalante o Belisario Artiga, pero no es suficiente. No es solo que al país le ha urgido desde siempre una Fiscalía limpia, es que necesita una que sea eficiente, que logre condenas, que empiece a remover del Estado las pestes de la corrupción, que empiece a reducir los índices de impunidad en delitos como homicidios, extorsiones y violencia sexual.
El Salvador no puede tolerar otra Fiscalía corrupta como la de Martínez, pero tampoco puede darse el lujo de otra mediocre como la de Meléndez.
Me temo, mucho me temo, que estas consideraciones no son las que están sobre esas mesas espurias de las que hablé al principio, nunca lo han estado.
Me temo que las preocupaciones de los políticos de la derecha, que son quienes elegirán al fiscal general en este ciclo legislativo, se refieren más a sus propias pestilencias. No hay que ser Stephen Hawking para entenderlo: GANA y PCN, dos partidos sobre cuyos dirigentes pesan varios señalamientos de corrupción, serán clave en esta elección.
ARENA será, gracias a sus resultados electorales, la que llevará el liderazgo en este asunto. Tampoco soy optimista: todos los abogados mediocres o corruptos que llegaron al ministerio público desde finales de los ochenta llegaron aupados por los votos areneros, incluido Luis Martínez.
Dicen algunos que en ARENA hay voces que creen de verdad que el partido, y la derecha en general, debe alejarse de una buena vez de los usos sucios a los que muchos ahí han estado acostumbrados. Dicen. La elección de un fiscal general decente pasa por una gran primera prueba. De nuevo: no soy optimista.

La voz del santo

“Comprendo que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructura con quienes se están beneficiando de esas estructuras caducas”, escribió Monseñor Óscar Arnulfo Romero en su cuarta carta pastoral del 6 de agosto de 1979.
La exigencia de cambios fue una constante en la palabra de Romero. Sus demandas están dirigidas, sobre todo, a las élites económicas y políticas de El Salvador, pero también a su grey, los cristianos. Él mismo, de acuerdo con biógrafos y algunos de sus amigos cercanos, era un hombre que se cuestionaba constantemente sobre su rol, su interpretación de la religión, sobre la fuerza de su propia voz.
“La realidad, distinta a la del pasado, y la ubicación en una responsabilidad diferente, exigía otra clase de respuesta: una visible y fuerte señal pública… en contra de las formas violentas de resolver los conflictos sociales, un rechazo a la cultura de la muerte”, dice Héctor Dada Hirezi según lo cita Robert Morozzo Della Rocca, el biógrafo de Romero más consultado por el Vaticano.
Los cambios en Romero, en su discurso público, dice Dada Hirezi, venían dados por la realidad que le circundaba a diario y por las decisiones que el arzobispo tomaba sobre sus acciones públicas para abordar esa realidad, que fue una de violencia, pobreza y mezquindad, pero también de la fuerza vital que, a pesar de todo, encontraba en el estoicismo de los más necesitados.
Dice Morozzo Della Rocca: “Romero no tenía una idea victimista y quejumbrosa de El Salvador, como si fuera un pequeño país marginado y explotado. Llamaba a los salvadoreños a la ‘conciencia de nuestra significación universal’”.
Hoy Monseñor Romero debería ser nuestra significación más universal. Su inminente nombramiento como santo de la Iglesia católica debería servir para dar vigencia definitiva a su mensaje, al que nos obliga a pensar en los cambios, dolorosos y necesarios, que la realidad nos impone.
El Salvador sigue siendo un lugar donde la cultura de la muerte de la que habla Héctor Dada amanece saludable todos los días. El Salvador sigue siendo un lugar lleno de pobres, regentado por élites económicas y políticas mezquinas a las que el cambio no se les da nada bien.
Ya con los Acuerdos de Paz de 1992 probamos nuestra capacidad para revolucionar la realidad. Cambiamos, entonces, nuestra inclinación a matarnos por un deseo de reconstruirnos. Esa es acaso nuestra significación universal: entendernos capaces de cambiar y cambiar a nuestro país.
La mezquindad y la cultura de la muerte nunca nos dejaron después del 92; nuestra vocación revolucionaria se apagó poco a poco. Nos acomodamos y seguimos, indolentes, presenciando cómo la muerte se ha llevado a nuestros jóvenes más pobres.
Esta realidad de El Salvador, la que encontrará Romero cuando llegue a los altares católicos, requiere de cambios muy profundos que no pueden empezar sino en nosotros mismos y trasladarse a nuestros entornos inmediatos. A quienes tenemos el lujo del pan nos toca una responsabilidad mayor.
Monseñor Romero, su palabra, debería servirnos para iniciar nuestras propias búsquedas y, de ahí, partir a la obligación que tenemos con El Salvador.
Sé, por experiencia familiar, de la influencia benévola que el arzobispo tuvo en aquellos a los que conoció, y de la guía que sus palabras dieron a quienes lo conocieron menos pero siguieron sus mensajes. Sé de la impronta que Monseñor dejó, por ejemplo, en mi abuelo, Héctor Silva Romero, y en mi padre, Héctor Silva Argüello, ambos hombres buenos, dedicados a los otros y a buscar la significación universal de El Salvador.
Yo conocí en profundidad a Monseñor desde el periodismo, hace poco, cuando escribí sobre su beatificación. En sus palabras hallé, también, fuerza, guía, significación.

La hipocresía absoluta de la campaña electoral

Aquí vamos de nuevo: candidatos reciclados, políticos con décadas de (mal) servicio público a sus espaldas que, confiados en nuestras usuales sobredosis de falta de memoria, se pintan con “fotoshop” en vallas, carteles, buses, mupis y redes sociales para hacernos olvidar todas sus sandeces. Confían plenamente en que no nos acordaremos de lo que han hecho.
Nuestro deber ciudadano es recordarlo y tenerlo en cuenta a la hora de votar por unos, por otros, de cruzar el voto, de anularlo o de, simplemente, no ir a votar. (Soy de los que creen firmemente en que la democracia no se reduce al acto del sufragio y en que es mi derecho absoluto –el de nadie más– decidir qué hago con mi derecho a votar: ¿penar con cárcel la nulidad o la abstención? ¿En qué siglo estamos?).
Más que marcar o no marcar, nuestro deber ciudadano más importante es la veeduría, la exigencia de someter a escrutinio las acciones de quienes, como soberano, delegamos el control de las decisiones políticas y, tan importante, el uso del arca pública.
Dice la Constitución de El Salvador que los candidatos deben ser personas de probada honradez e instrucción notoria. Ni lo uno ni lo otro en muchos casos. Con lo de la instrucción notoria solemos ser un poco más exigentes: no dudamos en saltar a la yugular –vía redes sociales, por supuesto– ante un post mal escrito por una candidata o ante errores de ortografía de un viceministro. Todo eso está muy bien, pero no es ni suficiente ni lo más importante. Cuando se trata de reclamar por lo otro, por la falta de honradez, solemos ser mucho más permisivos.
Y por honradez no hablo solo del robo o el mal uso descarado del recurso público, como es el caso de un candidato del PCN por La Libertad que aceptó en sede fiscal haber recibido en sus cuentas dineros relacionados con el caso por el que el expresidente Antonio Saca ha sido acusado de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Falta de honradez, hipocresía, es también invocar sin reparos la perorata de la Mano Dura, el ustedes-los-malos contra nosotros-los-buenos cuando se ha alentado, tolerado o simplemente se ha sacado provecho electoral de negociaciones subrepticias con las pandillas. Tal es el caso de al menos dos candidatos a alcalde por el partido ARENA y dos por el partido FMLN.
Y falta de honradez es, por ejemplo, el discurso del presidente de la Asamblea, el primado del discurso “manodurista” que, por otro lado, fue uno de los principales impulsores del intento fallido por reelegir al abogado Luis Martínez, preso y procesado por corrupción, como fiscal general de la república. Hay una palabra para describir eso y no es honradez, es cinismo.
Falta de honradez es también la de José Luis Merino, quien con la aquiescencia de sus jefes también apuñaló la Constitución (lo de apuñalar no es construcción mía, es de Schafik Hándal, líder histórico del FMLN) para ser candidato a diputado sin dejar de ser viceministro y así garantizar su inmunidad. Merino, como ha señalado este periódico, ha sido el centro de un oscuro conglomerado financiero relacionado con el partido en el gobierno.
¿Y Francisco Merino? Él, al menos, es más directo: posa sin reparos con Juan Umaña Samayoa, un prófugo de la justicia.
Y así.
De nuevo: la próxima Asamblea Legislativa tendrá que decidir quién es el sucesor o la sucesora de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía y quiénes serán los titulares de la nueva Sala de lo Constitucional, entre otros funcionarios de segundo grado.
¿Qué podemos esperar si votamos por quienes negocian con pandillas, cabildean por llevar corruptos a la Fiscalía, apuñalan la Constitución o, tan frescos, hacen campaña con orgullo al lado de un prófugo? Siempre tenemos una opción: podemos no votar por ellos.

Racista

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca gracias en gran medida a su plataforma racista, una que entiende a las minorías, principalmente a las de origen extranjero, como seres humanos sin derecho a ningún tipo de protección legal. El desprecio a esas minorías, sobre todo a la latinoamericana y la árabe-musulmana, es piedra angular del trumpismo.
La cancelación del TPS (es eso, una terminación, por mucho que el discurso del oficialismo salvadoreño pretenda darle vueltas) es solo un paso más en el cumplimiento de una promesa que Trump hizo durante su campaña: hacer todo lo posible para disminuir la migración de pobres o perseguidos de otros países hacia Estados Unidos y hacer la vida más difícil para los migrantes que ya están aquí, sobre todo a los indocumentados. Es otra política motivada por el racismo.
Las políticas públicas emprendidas contra los migrantes y las minorías no son reflejo de un plan estratégico en principio; son la expresión política de la convicción de que hay un grupo de personas que tienen más derechos que otras. No es una idea nueva -Estados Unidos de América no terminan de cerrar esa brecha desde que se fundó como nación–, pero es innegable que ha adquirido nuevos bríos con la llegada de Trump al poder.
Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas para convertirse en narrativa oficial.
Estados Unidos ha usado lo mejor de su política, de su activismo, de su ciudadanía en general, para mantener a raya a quienes comulgan con la teoría esa de que este país les pertenece solo y sobre todo a otro grupo de migrantes, el formado por los descendientes de los europeos blancos que llegaron a su costa oriental en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Los mejores hombres y mujeres de este país se han dedicado a crear una narrativa nacional alejada de esas ideas. Uno de ellos, de los más icónicos, es Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de la Unión. El 29 de septiembre de 1863, en un cementerio lleno de soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil entre abolicionistas y esclavistas, Lincoln dijo: “… nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”.
De que todos los hombres son creados iguales. Iguales.
Donald Trump y su administración no creen en eso. El presidente lo deja claro cada vez que puede con sus acciones políticas y con sus retóricas, como cuando llama hoyos de mierda a los países de origen de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses; o como cuando promueve discursos que criminalizan a un grupo específico, los centroamericanos, al equipararlos a todos a la pandilla MS-13.
En realidad, la cloaca se abrió en Estados Unidos cuando estas ideas se convirtieron en narrativa oficial de la mano del trumpismo, del que forman parte, además del presidente, funcionarios que siempre creyeron en ellas, pero nunca habían encontrado suficientes espacios para convertirlas en políticas públicas, como el fiscal general Jeff Sessions o el vicepresidente Michael Pence.
Y están luego los millones de estadounidenses que votaron por Trump, los de a pie, quienes hoy se sienten empoderados para dar rienda a sus instintos y nos recuerdan los verdaderos hoyos de mierda que han ensuciado a este país durante su historia. Los hoyos de los que han salido quienes ondean banderas nazis en marchas que el presidente no condena, los supremacistas blancos a los que el presidente tolera y empodera en sus redes sociales, los niños de primaria que empiezan a repetir en las escuelas a sus pares morenos que se regresen a sus países.
El racismo ha vuelto a salir del hoyo en Estados Unidos.

¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Cualquier aficionado al fútbol sabe que la del título es una formulación hecha por los amigos para burlarse de uno cuando el equipo favorito navega por la calle de la amargura en el torneo. ¿Y hoy con quién pierde Águila?, suelo escuchar cada vez más a menudo. Pero este asunto, el de la Fiscalía, es más serio que el de cualquier equipo mediocre de El Salvador.

La Fiscalía de Douglas Meléndez ha vuelto a probar esta semana, con el caso del “Gordo Max” y Ernesto Regalado, que es una entidad mediocre, a la que le cuesta muchísimo ganar casos. Y, a poco menos de un año para terminar su mandato, el actual fiscal general tiene muy poco que presentar como lista de logros.

Seamos claros: el fiscal gana poco y, por lo visto en varios de los casos que ha presentado a los tribunales –el de la tregua, es uno de los que vienen a la mente–, pierde porque los abogados bajo su cargo no son capaces de presentar investigaciones sustentadas o de construir prueba sólida. Lo dicho, mediocres.

Los principales problemas de esta Fiscalía General no son la corrupción o la obstrucción de justicia, como sí lo fueron cuando la principal oficina del Ministerio Público estuvo presidida por fiscales a los que la Asamblea Legislativa eligió, en los años de ARENA, para no investigar crímenes de cuello blanco, o cuando, ya durante la primera gestión del FMLN en el Ejecutivo, los diputados eligieron a Luis Martínez, acaso el fiscal general más corrupto del que se tiene memoria.

En la época de Martínez, la Fiscalía se vendió siempre al mejor postor, fuera este un funcionario del gobierno de turno o un empresario urgido de ganar casos en los tribunales, como Enrique Rais. Ese no ha sido el caso de la Fiscalía de Meléndez, pero, de nuevo, eso no debería de ser un alivio.

Tampoco es que la Fiscalía de Meléndez responda a un plan macabro de la “derecha oligárquica”, como suele tuitear el expresidente Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito en El Salvador y asilado en Nicaragua, en parte por consejo de su expartido, el FMLN. La hemorragia tuitera de Funes no es más que el lamento de un exfuncionario corrupto oído y vencido en juicio.
Meléndez llegó, como ya escribí antes en más de una ocasión, arropado por la esperanza de que él iba a ser mejor que Martínez, Garrid Safie o Astor Escalante, lo cual, de nuevo, era un mínimo. Pero también llegó el fiscal actual empujado por la ola contra la corrupción que había nacido en el Triángulo Norte de Centroamérica tras la gestión de Claudia Paz en Guatemala, los logros de CICIG, las manifestaciones populares en Honduras y el apoyo de la comunidad internacional. A poco del final de su gestión, sin embargo, Meléndez está dejando mucho a deber.

Gana poco, decía. Pierde mucho porque sus fiscales no litigan ni investigan bien. Y cada vez que pierde suele echar las culpas afuera. Que si los jueces, que si funcionarios que no le colaboran con información, que si los bancos. Es casi siempre cierto que el sistema judicial, los funcionarios y los bancos del sistema salvadoreño que han visto pasar dinero por sus pasillos llevan décadas acostumbrados a fiscales corruptos o flojos y que eso de colaborar con la justicia es para ellos un chiste, pero Douglas Meléndez es el fiscal general, el abogado acusador del Estado y bien podría procesarlos en lugar de creer que el asunto se resuelve con frases altisonantes que no pasarán de un titular en los periódicos.

No debería de ser un chiste, pero ya empieza a serlo en las reuniones de pauta entre periodistas: ¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Montano en España

El periplo del coronel Inocente Orlando Montano Morales en los pasillos del sistema de justicia estadounidense inició en 2013. Una fría mañana de febrero de aquel año cubrí para LA PRENSA GRÁFICA la audiencia contra el militar por delitos migratorios que presidió el juez Douglas Woodlock en el centro judicial Joseph Moakley de Boston, Massachusetts. Pasaron más de cuatro años y hoy Montano está a un paso de ser extraditado a España, donde deberá responder por las muertes de cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En Boston, Montano fue condenado a 21 meses de prisión por haber mentido a autoridades migratorias al decir, entre otras cosas, que nunca había pertenecido a una institución armada. Al coronel se le olvidó decirle a Estados Unidos que él era viceministro de Seguridad Pública cuando una unidad de la Fuerza Armada salvadoreña entró a la UCA a asesinar a los sacerdotes y a dos de sus colaboradoras.

La pena que impuso el juez Woodlock parecía excesiva para un cargo menor. En Boston, uno de los abogados de la fiscalía estadounidense me lo explicó: la sentencia máxima fue impuesta atendiendo al historial previo de Montano. Es cierto que el coronel llegó a la Corte de Massachusetts sin antecedentes penales en El Salvador, pero el Gobierno estadounidense presentó testigos que hablaron sobre su rol en la masacre de la UCA y en otros abusos cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil.

Montano fue trasladado a Carolina del Norte, a una prisión de seguridad media donde había mejores condiciones para atender sus problemas de salud; padece diabetes y sobrevivió a un cáncer.
España, entonces, pidió la extradición del militar a Madrid para que se presente al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional española a responder por los “asesinatos terroristas” de los cinco jesuitas que eran españoles. Desde 2013, la defensa de Montano introdujo al menos media docena de recursos para evitar el viaje.

El martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última puerta a Montano, cuyo viaje a Madrid es ahora inminente. De acuerdo con una fuente diplomática de España, que consulté en Washington, se espera que en las próximas horas el coronel pase a custodia de las autoridades españolas.

Cuando Montano comparezca en el tribunal madrileño, el reloj de la justicia en el caso jesuitas, tantas veces detenido en El Salvador por obstrucciones y encubrimientos que implican a todas las administraciones salvadoreñas desde el presidente Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, acelerará de nuevo su curso.

Lo más importante es que toda la prueba recabada desde que el juez Eloy Velasco admitió la demanda de los familiares de los jesuitas en 2008 pasará a ser del dominio público: testimonios de exmilitares implicados en la masacre, relatos de testigos oculares y miles de documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España arrojarán luz sobre las circunstancias que rodearon los terribles hechos del 16 de noviembre de 1989.

La verdad asomará y ya con eso se habrá abierto el camino hacia la justicia, no solo para los deudos de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Mariset Ramos, sino también para todas las víctimas que dejaron su sangre en la locura que duró de 1970 a 1992 en El Salvador.

Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz. Primero fue la derecha, implicada directamente en la masacre, y luego, ya en el gobierno, fue la izquierda política, que también ha querido cuidarse de que la investiguen por sus desmanes.

Un país no puede construirse sin verdad, por eso es importante que el coronel Montano llegue a España.

Política “millenial”

Los recientes desencuentros entre políticos salvadoreños jóvenes y los dos partidos más importantes del país han empezado a alimentar la narrativa, sobre todo en redes sociales, del advenimiento de una nueva generación que, de a poco, podría empezar a romper la dicotomía ideológica que El Salvador heredó de su guerra civil y que se galvanizó en torno a ARENA en la derecha y el FMLN en la izquierda.

Ya hay columnistas de este y otros periódicos que ponen rostros a esa supuesta nueva generación. Para la izquierda, el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, recién expulsado del FMLN y quien ha dicho que formará un movimiento para buscar la presidencia en 2019. Y para la derecha, el de Johnny Wright Sol, un diputado que se ha enfrentado en público a su partido, ARENA, por temas relacionados con salud reproductiva, matrimonio igualitario, transparencia y administración interna.

Ambos políticos, nacido uno en 1981 y el otro en 1985, suelen generar entusiasmo en las redes sociales, sobre todo el alcalde, quien ha montado una fuerte infraestructura cibernética que se encarga de celebrarlo y promocionar su agenda política y personal. Y ambos, como se apuntó, se han enfrentado a sus partidos de una manera u otra, lo que les ha valido ya el mote de ser, cuando menos, críticos del sistema, algo que también genera simpatías en un ambiente en que las líneas ideológicas de derechas e izquierdas aparecen ya difuminadas.

Si se atiende a las definiciones temporales que algunos tanques de pensamiento estadounidenses dan al tema generacional —como el Pew Research Center—, es posible ubicar a estos dos hombres en la generación llamada “millennial”, que es la nacida durante la década de los ochenta, marcada por los flujos de información que popularizó el internet y más recientemente por el uso de las llamadas redes sociales. También dice el Pew que una “brecha política importante” divide a estos jóvenes de otras generaciones.

Todo lo anterior son, por supuesto, fabricaciones conceptuales estadounidenses, a las que hay que tomar con mucha prudencia al intentar extrapolarlas a una sociedad como la salvadoreña, donde los únicos horizontes para un buen porcentaje de los jóvenes nacidos después de 1980 son la pandilla, la muerte o la huida a Estados Unidos. Vale, sin embargo, aplicar eso de “la brecha política”, aun si es solo para efectos argumentativos.

Veamos. ¿Representan Nayib Bukele y Johnny Wright Sol brechas importantes respecto al ideario de sus partidos políticos? Para empezar: ¿cuál es el ideario de ARENA y del FMLN más allá de las formulaciones propagandísticas?

La ideología se convierte en plataforma política desde el ejercicio de la función pública, no en las redes sociales. ¿Cómo se define esa plataforma en el caso de lo hecho por el FMLN en ocho años de gobierno? ¿Populismo? ¿Estado de bienestar? ¿Militarización de la seguridad pública? ¿Y la de ARENA desde la oposición? ¿Populismo también?

¿Y cuál es el ideario de los políticos “millennial” de moda en El Salvador? Imposible saberlo aún. En el caso del alcalde el show bufó en el que él y el FMLN convirtieron el epílogo de su relación ha opacado todo lo demás. Y en el caso del diputado Wright Sol falta que sus desencuentros con axiomas de la derecha más cavernaria se conviertan, en efecto, en propuesta política.

Lo cierto es que mientras esta supuesta nueva generación no se defina sobre los dos temas más importantes para el país, que son la violencia y la corrupción, lo suyo no será más que moda tuitera. Mientras no lo hagan en serio, explicando qué ideas tienen para acabar de una vez por todas con los usos patrimoniales del Estado que han hecho derechas e izquierdas, o cómo abordarán desde la función pública el rescate del resto de “millennial” salvadoreños condenados a muerte por las pandillas o las manoduras, su juventud no será más que una versión mejor maquillada que la de sus antecesores.