¿Cicies?

En El Salvador, empresarios y (hoy) un candidato presidencial, Nayib Bukele, se han llenado la boca con la posibilidad de apoyar una comisión internacional que ayude a la Fiscalía local a investigar y a perseguir penalmente la impunidad y la corrupción.

El modelo a seguir sería, según han dicho, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida en ese país en 2007 y responsable, junto al Ministerio Público guatemalteco, de arrestos y persecuciones penales –algunas exitosas– de tres expresidentes, el mandatario actual, una docena de grandes empresarios, diputados y exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de narcotráfico, robo a las arcas públicas, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia. Entre otros.

El mérito más importante de la Cicig es que ayudó a dinamitar el recio muro de impunidad que había rodeado históricamente a las élites económicas y políticas de Guatemala. Ese muro, como en El Salvador, está enraizado en una cultura criminal de funcionarios públicos y poderes fácticos según la cual los poderosos pueden hacer lo que quieran sin ser castigados.

Un caso conocido como La Línea, el esquema de corrupción en las aduanas guatemaltecas que capitaneaban el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, es un buen ejemplo de lo que Cicig hace y de las consecuencias de esas investigaciones. La Línea terminó por botar a un gobierno corrupto, pero también por alimentar al menos cinco expedientes más que implican a constructores, importadores, banqueros y políticos de todo signo en otros esquemas de corrupción.

Hace un par de años, la idea de una “Cicies”, la Cicig salvadoreña, empezó a circular en redes, lo cual al final no es nada. El asunto no pasó nunca de ser eso, una alharaca en Twitter. Hasta que Bukele se apropió de la idea como parte de su campaña proselitista al decir que sí, que si llega a la presidencia, él apoyaría una comisión así.

Tomémosle la palabra y pongámonos en un escenario en que eso ocurre: el presidente Bukele pide a Naciones Unidas que gestione y financie una Cicies. La ONU acepta. Siguiente paso: la Asamblea tiene que aprobar un convenio que dé vida legal a la comisión. Ahí el primer problema (¿insalvable?): si los diputados de Gana, el partido que habría llevado a Bukele a la presidencia, ni siquiera han elegido Corte Suprema e intentaron reelegir al exfiscal Luis Martínez, preso por corrupción, ¿cómo creerles que darán sus votos para dar vida a un cuerpo investigador de corruptos?

¿Cómo creerle a Guillermo Gallegos, el líder de Gana señalado por recibir dinero de un dirigente político implicado con narcos y uno de los más importantes valedores del exfiscal Martínez, que apoyará la idea de una Cicies?
Puede ser también que Bukele siga adelante sin su partido en el empeño, y recurra ¿a quién? ¿A los diputados de Arena que también apoyaron al exfiscal y que modificaron la Ley de Extinción de Dominio? ¿A los del Frente, en cuyo primer gobierno se abortó el único intento real de traer una Cicig a El Salvador, y cuyo segundo presidente ha dicho sin tapujos que el país no necesita algo así?

Pero ampliemos el ejercicio de ficción y digamos que sí, que se instala la Cicies y que, al igual que en Guatemala, empieza a investigar a más poderosos… Y pensemos que la comisión se instala ya sea en una eventual presidencia Bukele, una de Carlos Calleja de Arena o una de Hugo Martínez del Fmln. ¿Tendrán estos presidenciables las agallas de apoyar a un comisionado o comisionada que empiece a meter presos a sus clientes, amigos, correligionarios corruptos?

No. La respuesta es no.

La traición más abominable

Hay una escena en “Spotlight”, la película sobre la unidad de investigación periodística del Boston Globe que descubrió los abusos sexuales de decenas de sacerdotes católicos a menores de edad en esa ciudad estadounidense, que es muy sencilla pero también demoledora: la abuela de una de las reporteras que descubre los abusos, al entender que lo que cuenta su nieta es cierto, da un respingo y pide un vaso de agua para pasar la indignación, el estupor, la incredulidad.

Es un gesto sencillo el de la anciana, devota católica según nos la han pintado en la película, pero revelador. Habla de la indignación que nos carcome a miles de creyentes al saber que la Iglesia, nuestra Iglesia, ha usado todo su poder para encubrir a criminales, porque los curas abusadores, los violadores, no son más que eso: criminales.
Hace poco este episodio macabro del catolicismo adquirió nuevas dimensiones públicas cuando un tribunal del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, reveló que 300 sacerdotes abusaron sexualmente o violaron a cerca de 1,000 niños a lo largo de las últimas décadas. El número de víctimas, dice la autoridad judicial, puede ser mucho mayor debido a que muchos registros de denuncias se han perdido.

“Los sacerdotes violaron a niños y niñas, y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada, sino que lo ocultaron durante décadas”, dice el informe judicial.

Desde que en 2002 el Globe descubrió el escándalo de los abusos, el alcance de la abominación no ha parado de crecer. Muy pronto se supo que sacerdotes católicos habían abusado de menores en todos los rincones del mundo, y que el Vaticano, en general, había protegido a los depredadores, no a las víctimas.

“Spotlight”, la película, narra la historia de Boston, pero en ella uno de los personajes explica con mucha claridad que este no es un asunto de manzanas podridas, sino de un sistema que protege a sus depredadores y criminales, como suelen hacerlo muchos partidos políticos, instituciones armadas o congregaciones civiles alrededor del mundo. “Descubran e incriminen al sistema”, pide ese personaje, el de un editor, a los reporteros que investigan los abusos.
En “Spotlight”, la narrativa se centra en el descubrimiento y de manera muy respetuosa y reveladora en las víctimas. En el informe de Pensilvania, los testimonios que lo alimentan y los que se han hecho públicos después, hay muchos detalles indignantes, demoledores.

Una mujer cuenta, por ejemplo, cómo cuando era niña y estudiante en un instituto católico ella y sus compañeritos buscaban protección en uno de los curas que les enseñaba; y explica también que uno de sus amiguitos, al que el sacerdote prodigaba especial afecto, se volvió taciturno y arisco con el tiempo. Algo le decía, cuenta la mujer, que cosas malas pasaban entre el cura y el niño, pero ella no habló. Al darse cuenta de lo que había pasado en su escuela católica de Pensilvania y de descubrir al otrora maestro entre los depredadores y a su compañerito entre las víctimas, la mujer entendió el resto de la historia: a su amiguito el religioso lo abusaba hasta tres veces por semanas, durante años. Años. Nunca nadie hizo algo. Nadie.

La Iglesia católica sí hizo algo, algo terrible. Cardenales y papas protegieron a esos violadores y, con ello, contravinieron una de las principales enseñanzas del evangelio: la de estar al lado de los débiles, de los que sufren.
Esa Iglesia, mi Iglesia, traicionó a los niños de Pensilvania. Es la misma Iglesia que ha traicionado a niños salvadoreños al proteger y callar abusos, como en el caso de monseñor Jesús Delgado, quien abusó durante años de una menor. Y esa Iglesia también ha traicionado a quienes hemos visto en ella la protectora del legado que nos dejó el carpintero de Nazareth. Fue Él quien nos enseñó lo de cuidar siempre al que sufre.

La redención de esa Iglesia pinta difícil. Un primer paso es que este papa y sus cardenales entiendan de una vez por todas que la única cura posible empieza por la justicia, la terrenal.

Escupirle al país

Tiene razón el exalcalde Nayib Bukele de estar enojado porque el Tribunal Supremo Electoral decidió cancelar al CD, el partido que iba a servirle de vehículo para sus aspiraciones presidenciales. Tiene razón en decir que no se vale que el FMLN y Arena vuelvan a manosear las instituciones nacionales para, con el fin de mantener sus cuotas de poder, escupir todos los afanes democráticos que se les aparecen enfrente.

Bukele, después de ser expulsado del FMLN, y a partir de ahí intentar sin éxito consolidar su movimiento Nuevas Ideas y de que no cuajara la opción del CD por las maniobras burdas del TSE, optó por inscribirse a la Gran Alianza Nacional (GANA), el partido que nació aupado, en gran parte, por el dinero y la red política del expresidente Antonio Saca -hoy preso por acusaciones de corrupción- y sus operadores políticos. Esta democracia pobre, la nuestra, terminó dándole esa opción a Nayib Bukele, y él la tomó.

En lo que toca a la decisión del TSE y el CD, la lógica del exalcalde y del ejército de influencers que le sigue y defiende hace sentido. El Frente y ARENA, dice Bukele, están haciendo lo posible por bloquearle la posibilidad de competir por la presidencia, afligidos como están los dos partidos grandes por el pobre desempeño que por el momento muestran sus candidatos en las encuestas. Y tiene razón cuando dice que, para ello, areneros y efemelenistas vuelven a hacer uso del viejo manual: escupirles a las instituciones mientras las usan para blindarse ellos y no para lo que, según la ley, están hechas.

Pero hay muchas cosas en las que Nayib Bukele no tiene razón.

A las instituciones, sí, hay que respetarlas, siempre, no solo cuando se atraviesan en tus ganas de ser presidente.
Me cuesta creerle el discurso de indignación democrática al señor Bukele cuando recuerdo que, cuestionado por la Fiscalía por su posible relación con los acusados de plagiar las marcas de LA PRENSA GRÁFICA, el entonces alcalde optó por amenazar al fiscal general e incluso llegó a decir cosas que no eran ciertas, como que a Douglas Meléndez lo investigaba la DEA estadounidense.

A la democracia y sus instituciones no se las mejora haciendo pataletas, sobre todo desde posiciones de poder, sino haciendo política seria, usando el poder para empujar reformas, no para alentar a los muchachos del “juicio del meme”.
Y me cuesta creerle al fundador de Nuevas Ideas cuando reviso que, cada vez que ha sido cuestionado, su respuesta ha sido la misma: no responder por lo que se le reclama, que no ha sido poco, sino atacar a quien le reclama. Pasó cuando el Tribunal de Ética Gubernamental le señaló los conflictos de interés que implica que una empresa de su familia haya estado vinculada a la alcaldía de San Salvador, o cuando un examen de Probidad concluyó que él no había pagado impuestos por donaciones recibidas.

Y no creo que a la democracia se la mejore desde un partido en el que han pululado los Saca y Guillermo Gallegos.
El TSE le ha escupido a la salud democrática del país otra vez, sí, pero ya Nayib Bukele había hecho lo propio antes cuando se puso matón.

Perdí la cuenta ya de cuántas veces en los años largos que llevo en esto del periodismo escuché a políticos, académicos y colegas decir que la única forma de limpiar la cloaca de corrupción y abuso del Estado en el que vivimos desde siempre es fortaleciendo las instituciones de nuestra democracia. Perdí la cuenta ya de cuántas veces lo escribí yo mismo.

Es bien simple: mientras los entes contralores y jurisdiccionales sigan al servicio de las mismas mafias políticas de derechas e izquierdas, que llevan años ahorcándonos, aquí la salida de esa cloaca se pinta bien lejana.
Fortalecer las instituciones pasa porque quienes les dan vida legal -los diputados- y quienes las operan y supervisan -el Ejecutivo y el Judicial- las respeten y las cuiden como los pilares democráticos que están llamadas a ser.

El problema es que si cada vez que un partido, un candidato o un político popular que quiere ser presidente ven amenazados sus intereses las únicas respuestas que dan pasan por desprestigiar o secuestrar esas instituciones, lo único que hacen es seguirle escupiendo al país.

P.D.: También es escupirle al país avalar a troles y plumas a sueldo en la estupidez esa de incitar violencia. Demasiada sangre de salvadoreños ha corrido y corre a diario para hacer eco a esas payasadas.

Trumplandia

No voy a hablar del desastre por venir, el del gobierno de rasgos xenófobos que se instalará en enero próximo en Washington. Voy a hablar ahora de lo que ya está pasando en Trumplandia. Voy a hablar de las cosas que han empezado a ocurrir en Estados Unidos desde el 8 de noviembre pasado, cuando Donald J. Trump ganó la presidencia con 1 millón de votos menos que su contrincante.

Y escribiré desde mi particular parcela, la que ocupo en este país en el que mi familia y yo vivimos desde 2009. Vivo, desde entonces, en el condado de Montgomery, en Maryland, el cual alberga a dos de las ciudades con mayor diversidad racial y étnica de Estados Unidos, entre ellas la mía, Silver Spring. Aquí manda un abanico de colores que va desde el blanco más chele hasta el tono más oscuro, pasando por todas las gamas de café. Aquí vive la “Brown America”.

Hace dos días, en el ascensor de mi edificio, mientras mi hija pequeña me contaba su día de escuela en su español con rasgos diversos de “spanglish”, una pareja de origen africano platicaba en suajili. Al despedirnos, lo hicimos en inglés.

Hoy, antes de sentarme a escribir esto, visité la enfermería de la escuela primaria de mis hijas para dejar la receta de una medicina. Me atendieron un médico de origen africano y una enfermera blanca con acento del sur de Estados Unidos.

Los padres de los mejores amigos de mis hijos nacieron en India; en Cabo Verde, Brasil; La Unión, El Salvador; en México, pero también en Virginia o en Carolina del Norte. En sus idas y venidas diarias el racismo no es algo que haya ocupado la lista de sus preocupaciones cotidianas. Hasta ahora.

No es que el racismo no exista aquí, es una enfermedad latente en toda la Unión Americana, sobre todo en los estados del sur, donde hace menos de 200 años los esclavos negros eran aún motor indispensable de la economía. Pero en lugares como el condado de Montgomery, hogar de gigantescas comunidades migrantes, entre las que ocupa un lugar muy importante la centroamericana, hablar español, comer falafel a diario o aderezar el pavo de Thanksgiving con achiote y relajo es común, y el racismo es un mal mucho más sutil. Aquí, el racismo es sobre todo económico. Hasta ahora.

El jueves 10 de noviembre pasado, dos días después de la elección de Trump, me llegó una carta de la escuela de mis hijas en la que la directora comunicaba que ese día, a media mañana, un niño de tercer grado leyó ofensas raciales escritas en un baño para varones. Luego, un padre de familia afroamericano que es mi vecino me contó que había ido a varias de las reuniones organizadas por la escuela para tratar el incidente; ahí le contaron lo que decía el letrero del baño: “Maten, maten, maten a los negros”.

Eso no pasaba en Silver Spring. Pasó el jueves 10 de noviembre. La buena noticia es que las instituciones del gobierno local (además de la escuela, la policía y el departamento de salud y recursos humanos) se han asegurado de que los padres y los niños sintamos que todo esto no es normal, que es algo intolerable.

La mala noticia es que ya hay energúmenos, aun niños, que entienden que ahora sí está bien escribir esas cosas. Todo es achacable –y en esto no valen discursitos pusilánimes– al odio racial sobre el que navegó la campaña del presidente electo, el señor Trump.

Dice Calle 13: “Si aquí trabajo, aquí tengo mi casa”. Esta es, por hoy, mi casa y la de mi familia, y la de mis vecinos africanos, y la de don Armando, el conserje salvadoreño con quien habló todos los días de fútbol, y la de la enfermera del sur profundo. Y en mi casa son bienvenidos todos los colores de piel aunque eso ya no esté tan claro para los abanderados del racismo que habitan Trumplandia y están por mudarse a la Casa Blanca.

Mienten

La Policía y el Gobierno han vuelto a mentir. Otra vez. Como suelen cada vez que abordan en público el asunto de los escuadrones de la muerte incrustados en la PNC. La mentira más reciente llegó la semana pasada, cuando al responder a un reporte de la cadena televisiva estadounidense CNN, los funcionarios salvadoreños dijeron que no hay agentes implicados en ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.

Sí los hay. Ya lo demostraron tres medios de comunicación. LA PRENSA GRÁFICA y El Faro en 2015 y 2016, cuando publicaron reportajes en que revelaban asesinatos cometidos por agentes de la PNC. Lo demostró Revista Factum en agosto de 2017, cuando publicó que los asesinos estaban incrustados en las unidades élite de la Policía y que a nadie, desde la Fiscalía o las unidades policiales de investigación interna, le interesaba investigarlos.
Y lo han dejado sentado ya un puñado de resoluciones judiciales en las que los jueces han dicho sin equívocos que los policías mataron mientras estaban de alta, y no para defenderse de ataques. Mataron para exterminar, fuera de lo que la ley les permite. Mataron a pandilleros desarmados y también a ciudadanos que nunca pertenecieron a pandilla alguna.
Factum también demostró que agentes de la Policía mataron, en abril de 2017, a José Mauricio Salazar, un albañil que era sordo. Y que, en ese caso como en decenas de otros, los agentes manipularon las escenas de sus crímenes para intentar que aparecieran como enfrentamientos con delincuentes.

En el reportaje de CNN al que aludí al principio queda clara otra mentira de la Policía. En agosto del año pasado, luego de que Factum publicó su reportaje sobre los grupos de exterminio, funcionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén aseguraron, uno tras otro, que estaban investigando a los agentes y al cabo que la revista había señalado con nombre y apellido. El Estado salvadoreño incluso dijo lo mismo a relatores de Naciones Unidas que hicieron preguntas. Todos los funcionarios mintieron.

Eso, la cultura de mentir para tapar crímenes e ilegalidades, es un vicio viejo en la Policía Nacional Civil; empezó con su creación y es su pecado original.

Las mentiras empezaron en 1993, cuando la administración de Alfredo Cristiani preparaba el despliegue de la PNC en el territorio tras los Acuerdos de Paz firmados el año anterior. Durante 17 meses el gobierno de Cristiani hizo creer a la ONU, supervisora de los Acuerdos, que no había trasladado a militares de alta a la PNC; pero lo hizo: llevó a oficiales que, en el pasado reciente, se habían dedicado a perfeccionar el arte de mentir para encubrir a los culpables de los delitos.

El cáncer que nació entonces se ha extendido y tiene a la Policía desahuciada desde hace años. Ese cáncer, el del encubrimiento y la impunidad, permite ahora que los agentes maten, que los jefes protejan a esos asesinos y que todo siga igual.
Ese cáncer permitió que la justicia salvadoreña fuese incapaz de castigar a los violadores y asesinos de Katya Miranda en 1999. Que el exterminio se haya convertido en una política tolerada por el gobierno. Que la Fiscalía siga quedando en ridículo cuando investiga casos como el de Carla Ayala, la agente desaparecida en el seno de uno de los grupos policiales de élite (el cáncer ese también ha hecho metástasis plena en el ministerio público).
Una Policía como esta, que sigue mintiendo y ocultando, no ganará nunca las guerras que dice estar peleando. No ganará la guerra contra las pandillas. No ganará la batalla a la delincuencia. La única guerra que la PNC ha ganado es la que mantiene con la verdad.

La Corte Suprema y la Fiscalía están en peligro

Estamos claros ya de que el nuevo ascenso de la derecha política a la cumbre del poder Legislativo no implicará cambio alguno en la forma en que se hacen las cosas en la Asamblea. Los chanchullos, los pactos espurios, el control desbocado por el poder y las prebendas continuarán igual que en gestiones anteriores de areneros, efemelenistas, pecenistas, ganeros o pedecistas.
El primer acto de la nueva Legislatura habla muy bien de lo anterior: al menos cuatro de los miembros de la recién estrenada junta directiva, de los más poderosos, han sido señalados o investigados por faltas y delitos que van del acoso sexual al intento de homicidio, pasando por el encubrimiento. ¿Qué se puede esperar en un escenario así? Nada bueno.
Más grave que la conformación de la junta directiva es el mensaje que el partido ARENA envía a los votantes con claridad suficiente: lo más importante es el poder, afianzarlo, detentarlo y administrarlo, a cualquier costo. Lo demás son migajas en el concepto que de la política han tenido en El Salvador la mayoría de sus élites, ese según el cual la función pública no implica servicio al soberano, sino solo un botín al que es de idiotas no echar mano.
Y es grave entender que esa concepción de la política, que implica reparto de cuotas y empoderamiento de amigos afines sin importar sus credenciales, es la que privará cuando la legislatura 2018-2021 escoja, este año, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república. Como siempre, el requisito más importante que los candidatos deberán cumplir será su capacidad de genuflexión, nunca el de hacer bien las cosas o el de hacer cumplir la ley sin importar las consecuencias políticas.
En El Salvador, a pesar de todo, hay ya herramientas legales que han permitido la creación de algunos filtros para estas elecciones de segundo grado. No es que estos filtros, como la elección del gremio de abogados de candidatos a la CSJ, sean una garantía real, pero deberían de ser al menos un comienzo. De esas listas podrían ya identificarse relaciones políticas, nexos con grupos de poder, actuación profesional y pensamiento jurídico sobre temas de interés general, por ejemplo. Se puede, al menos, mapear candidatos.
Al final, sin embargo, todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta, porque no es poco lo que se juega en este país: de una Corte que, con todos sus bemoles, fue bastante independiente, podemos pasar a una que sea cómplice abierta de la corrupción, como la que presidió Agustín García Calderón bajo el amparo de la dupla ARENA-PCN, que hoy regresa al Legislativo.
Está también el tema del fiscal. He escuchado sobre la posible reelección de Douglas Meléndez, y he escrito ya bastante al respecto; pero también he escuchado que un grupo de exfiscales cercanos a los poderes más oscuros de ARENA maniobra para empoderarse en el principal despacho del ministerio público.
Hay poderes nuevos –que son los mismos rostros con máscaras medio acicaladas para la ocasión– en la Asamblea. Dice ARENA, el mayor de esos poderes, que su lema es primero El Salvador. El país, no la fracción, no el candidato presidencial. El país que requiere una Corte Suprema y un fiscal general decentes.

Fiscalía, la batalla que viene

La elección del fiscal general ya está en las mesas espurias de los políticos, de las que poco sabemos los ciudadanos y en las que suelen decidirse los asuntos más importantes para la nación. Y no es este asunto cualquiera: como cada vez que la Asamblea Legislativa elige al jefe de los abogados del Estado, en esta elección El Salvador se vuelve a jugar la posibilidad de seguir con una Fiscalía irrelevante versus la de elegir a un hombre o mujer con el valor suficiente para emprender los cambios que la institución y el país piden a gritos.
Uno de los candidatos, según ya insinuaron algunas voces políticas, es la reelección del actual fiscal general, Douglas Meléndez. No me parece el mejor escenario, tampoco es el peor.
De Meléndez se puede decir, rápido, que fue menos malo que todos sus antecesores, y que le tocó litigar e investigar desde una institución totalmente permeada por la corrupción, el crimen organizado y grupos económicos.
No es aún tiempo para escribir el obituario de la gestión de Meléndez, pero sí es oportuno delinear una lista breve de logros y fracasos.
Entre los primeros cuentan, por ejemplo, que emprendió investigaciones ahí donde nadie antes había entrado, a las entrañas del poder político, en específico a las de las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes. El primero está preso y el caso contra él parece bastante sólido. El segundo, investigado por enriquecimiento ilícito, trata de salvar su imagen con una hemorragia tuitera.
Los fracasos son muchos y sonoros. Varios casos no pasaron de ser despliegues mediáticos que terminaron cayéndose en los tribunales, en buena medida por la debilidad de la investigación fiscal o por la falta de valor del fiscal general para acusar a los verdaderos sospechosos, y no a chivos expiatorios, como ocurrió en el caso de la tregua o en al menos dos de miembros de la fuerza pública acusados de abusos.
Sí es posible decir que la reelección de Meléndez es mejor que la llegada de alguien como Luis Martínez, Astor Escalante o Belisario Artiga, pero no es suficiente. No es solo que al país le ha urgido desde siempre una Fiscalía limpia, es que necesita una que sea eficiente, que logre condenas, que empiece a remover del Estado las pestes de la corrupción, que empiece a reducir los índices de impunidad en delitos como homicidios, extorsiones y violencia sexual.
El Salvador no puede tolerar otra Fiscalía corrupta como la de Martínez, pero tampoco puede darse el lujo de otra mediocre como la de Meléndez.
Me temo, mucho me temo, que estas consideraciones no son las que están sobre esas mesas espurias de las que hablé al principio, nunca lo han estado.
Me temo que las preocupaciones de los políticos de la derecha, que son quienes elegirán al fiscal general en este ciclo legislativo, se refieren más a sus propias pestilencias. No hay que ser Stephen Hawking para entenderlo: GANA y PCN, dos partidos sobre cuyos dirigentes pesan varios señalamientos de corrupción, serán clave en esta elección.
ARENA será, gracias a sus resultados electorales, la que llevará el liderazgo en este asunto. Tampoco soy optimista: todos los abogados mediocres o corruptos que llegaron al ministerio público desde finales de los ochenta llegaron aupados por los votos areneros, incluido Luis Martínez.
Dicen algunos que en ARENA hay voces que creen de verdad que el partido, y la derecha en general, debe alejarse de una buena vez de los usos sucios a los que muchos ahí han estado acostumbrados. Dicen. La elección de un fiscal general decente pasa por una gran primera prueba. De nuevo: no soy optimista.

La voz del santo

“Comprendo que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructura con quienes se están beneficiando de esas estructuras caducas”, escribió Monseñor Óscar Arnulfo Romero en su cuarta carta pastoral del 6 de agosto de 1979.
La exigencia de cambios fue una constante en la palabra de Romero. Sus demandas están dirigidas, sobre todo, a las élites económicas y políticas de El Salvador, pero también a su grey, los cristianos. Él mismo, de acuerdo con biógrafos y algunos de sus amigos cercanos, era un hombre que se cuestionaba constantemente sobre su rol, su interpretación de la religión, sobre la fuerza de su propia voz.
“La realidad, distinta a la del pasado, y la ubicación en una responsabilidad diferente, exigía otra clase de respuesta: una visible y fuerte señal pública… en contra de las formas violentas de resolver los conflictos sociales, un rechazo a la cultura de la muerte”, dice Héctor Dada Hirezi según lo cita Robert Morozzo Della Rocca, el biógrafo de Romero más consultado por el Vaticano.
Los cambios en Romero, en su discurso público, dice Dada Hirezi, venían dados por la realidad que le circundaba a diario y por las decisiones que el arzobispo tomaba sobre sus acciones públicas para abordar esa realidad, que fue una de violencia, pobreza y mezquindad, pero también de la fuerza vital que, a pesar de todo, encontraba en el estoicismo de los más necesitados.
Dice Morozzo Della Rocca: “Romero no tenía una idea victimista y quejumbrosa de El Salvador, como si fuera un pequeño país marginado y explotado. Llamaba a los salvadoreños a la ‘conciencia de nuestra significación universal’”.
Hoy Monseñor Romero debería ser nuestra significación más universal. Su inminente nombramiento como santo de la Iglesia católica debería servir para dar vigencia definitiva a su mensaje, al que nos obliga a pensar en los cambios, dolorosos y necesarios, que la realidad nos impone.
El Salvador sigue siendo un lugar donde la cultura de la muerte de la que habla Héctor Dada amanece saludable todos los días. El Salvador sigue siendo un lugar lleno de pobres, regentado por élites económicas y políticas mezquinas a las que el cambio no se les da nada bien.
Ya con los Acuerdos de Paz de 1992 probamos nuestra capacidad para revolucionar la realidad. Cambiamos, entonces, nuestra inclinación a matarnos por un deseo de reconstruirnos. Esa es acaso nuestra significación universal: entendernos capaces de cambiar y cambiar a nuestro país.
La mezquindad y la cultura de la muerte nunca nos dejaron después del 92; nuestra vocación revolucionaria se apagó poco a poco. Nos acomodamos y seguimos, indolentes, presenciando cómo la muerte se ha llevado a nuestros jóvenes más pobres.
Esta realidad de El Salvador, la que encontrará Romero cuando llegue a los altares católicos, requiere de cambios muy profundos que no pueden empezar sino en nosotros mismos y trasladarse a nuestros entornos inmediatos. A quienes tenemos el lujo del pan nos toca una responsabilidad mayor.
Monseñor Romero, su palabra, debería servirnos para iniciar nuestras propias búsquedas y, de ahí, partir a la obligación que tenemos con El Salvador.
Sé, por experiencia familiar, de la influencia benévola que el arzobispo tuvo en aquellos a los que conoció, y de la guía que sus palabras dieron a quienes lo conocieron menos pero siguieron sus mensajes. Sé de la impronta que Monseñor dejó, por ejemplo, en mi abuelo, Héctor Silva Romero, y en mi padre, Héctor Silva Argüello, ambos hombres buenos, dedicados a los otros y a buscar la significación universal de El Salvador.
Yo conocí en profundidad a Monseñor desde el periodismo, hace poco, cuando escribí sobre su beatificación. En sus palabras hallé, también, fuerza, guía, significación.

La hipocresía absoluta de la campaña electoral

Aquí vamos de nuevo: candidatos reciclados, políticos con décadas de (mal) servicio público a sus espaldas que, confiados en nuestras usuales sobredosis de falta de memoria, se pintan con “fotoshop” en vallas, carteles, buses, mupis y redes sociales para hacernos olvidar todas sus sandeces. Confían plenamente en que no nos acordaremos de lo que han hecho.
Nuestro deber ciudadano es recordarlo y tenerlo en cuenta a la hora de votar por unos, por otros, de cruzar el voto, de anularlo o de, simplemente, no ir a votar. (Soy de los que creen firmemente en que la democracia no se reduce al acto del sufragio y en que es mi derecho absoluto –el de nadie más– decidir qué hago con mi derecho a votar: ¿penar con cárcel la nulidad o la abstención? ¿En qué siglo estamos?).
Más que marcar o no marcar, nuestro deber ciudadano más importante es la veeduría, la exigencia de someter a escrutinio las acciones de quienes, como soberano, delegamos el control de las decisiones políticas y, tan importante, el uso del arca pública.
Dice la Constitución de El Salvador que los candidatos deben ser personas de probada honradez e instrucción notoria. Ni lo uno ni lo otro en muchos casos. Con lo de la instrucción notoria solemos ser un poco más exigentes: no dudamos en saltar a la yugular –vía redes sociales, por supuesto– ante un post mal escrito por una candidata o ante errores de ortografía de un viceministro. Todo eso está muy bien, pero no es ni suficiente ni lo más importante. Cuando se trata de reclamar por lo otro, por la falta de honradez, solemos ser mucho más permisivos.
Y por honradez no hablo solo del robo o el mal uso descarado del recurso público, como es el caso de un candidato del PCN por La Libertad que aceptó en sede fiscal haber recibido en sus cuentas dineros relacionados con el caso por el que el expresidente Antonio Saca ha sido acusado de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Falta de honradez, hipocresía, es también invocar sin reparos la perorata de la Mano Dura, el ustedes-los-malos contra nosotros-los-buenos cuando se ha alentado, tolerado o simplemente se ha sacado provecho electoral de negociaciones subrepticias con las pandillas. Tal es el caso de al menos dos candidatos a alcalde por el partido ARENA y dos por el partido FMLN.
Y falta de honradez es, por ejemplo, el discurso del presidente de la Asamblea, el primado del discurso “manodurista” que, por otro lado, fue uno de los principales impulsores del intento fallido por reelegir al abogado Luis Martínez, preso y procesado por corrupción, como fiscal general de la república. Hay una palabra para describir eso y no es honradez, es cinismo.
Falta de honradez es también la de José Luis Merino, quien con la aquiescencia de sus jefes también apuñaló la Constitución (lo de apuñalar no es construcción mía, es de Schafik Hándal, líder histórico del FMLN) para ser candidato a diputado sin dejar de ser viceministro y así garantizar su inmunidad. Merino, como ha señalado este periódico, ha sido el centro de un oscuro conglomerado financiero relacionado con el partido en el gobierno.
¿Y Francisco Merino? Él, al menos, es más directo: posa sin reparos con Juan Umaña Samayoa, un prófugo de la justicia.
Y así.
De nuevo: la próxima Asamblea Legislativa tendrá que decidir quién es el sucesor o la sucesora de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía y quiénes serán los titulares de la nueva Sala de lo Constitucional, entre otros funcionarios de segundo grado.
¿Qué podemos esperar si votamos por quienes negocian con pandillas, cabildean por llevar corruptos a la Fiscalía, apuñalan la Constitución o, tan frescos, hacen campaña con orgullo al lado de un prófugo? Siempre tenemos una opción: podemos no votar por ellos.

Racista

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca gracias en gran medida a su plataforma racista, una que entiende a las minorías, principalmente a las de origen extranjero, como seres humanos sin derecho a ningún tipo de protección legal. El desprecio a esas minorías, sobre todo a la latinoamericana y la árabe-musulmana, es piedra angular del trumpismo.
La cancelación del TPS (es eso, una terminación, por mucho que el discurso del oficialismo salvadoreño pretenda darle vueltas) es solo un paso más en el cumplimiento de una promesa que Trump hizo durante su campaña: hacer todo lo posible para disminuir la migración de pobres o perseguidos de otros países hacia Estados Unidos y hacer la vida más difícil para los migrantes que ya están aquí, sobre todo a los indocumentados. Es otra política motivada por el racismo.
Las políticas públicas emprendidas contra los migrantes y las minorías no son reflejo de un plan estratégico en principio; son la expresión política de la convicción de que hay un grupo de personas que tienen más derechos que otras. No es una idea nueva -Estados Unidos de América no terminan de cerrar esa brecha desde que se fundó como nación–, pero es innegable que ha adquirido nuevos bríos con la llegada de Trump al poder.
Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas para convertirse en narrativa oficial.
Estados Unidos ha usado lo mejor de su política, de su activismo, de su ciudadanía en general, para mantener a raya a quienes comulgan con la teoría esa de que este país les pertenece solo y sobre todo a otro grupo de migrantes, el formado por los descendientes de los europeos blancos que llegaron a su costa oriental en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Los mejores hombres y mujeres de este país se han dedicado a crear una narrativa nacional alejada de esas ideas. Uno de ellos, de los más icónicos, es Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de la Unión. El 29 de septiembre de 1863, en un cementerio lleno de soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil entre abolicionistas y esclavistas, Lincoln dijo: “… nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”.
De que todos los hombres son creados iguales. Iguales.
Donald Trump y su administración no creen en eso. El presidente lo deja claro cada vez que puede con sus acciones políticas y con sus retóricas, como cuando llama hoyos de mierda a los países de origen de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses; o como cuando promueve discursos que criminalizan a un grupo específico, los centroamericanos, al equipararlos a todos a la pandilla MS-13.
En realidad, la cloaca se abrió en Estados Unidos cuando estas ideas se convirtieron en narrativa oficial de la mano del trumpismo, del que forman parte, además del presidente, funcionarios que siempre creyeron en ellas, pero nunca habían encontrado suficientes espacios para convertirlas en políticas públicas, como el fiscal general Jeff Sessions o el vicepresidente Michael Pence.
Y están luego los millones de estadounidenses que votaron por Trump, los de a pie, quienes hoy se sienten empoderados para dar rienda a sus instintos y nos recuerdan los verdaderos hoyos de mierda que han ensuciado a este país durante su historia. Los hoyos de los que han salido quienes ondean banderas nazis en marchas que el presidente no condena, los supremacistas blancos a los que el presidente tolera y empodera en sus redes sociales, los niños de primaria que empiezan a repetir en las escuelas a sus pares morenos que se regresen a sus países.
El racismo ha vuelto a salir del hoyo en Estados Unidos.