Volver a las sombras

Vivir como indocumentado en Estados Unidos implica, por lo que he visto y escuchado en las calles de este país, caminar con la vista escorada, con el alma pendiente de una patrulla con la sirena encendida o de un uniforme azul. Significa vivir con un miedo permanente, ya no a la muerte que ronda en el barrio, sino de ser obligado a regresar a ese barrio en la tierra de origen.

Llegué a Maryland en 2009 y aquí he vivido desde entonces, en Silver Spring, una de las ciudades del estado que hacen vecindad con la capital de la Unión. Esta ciudad ha sido hogar de decenas de miles de salvadoreños y centroamericanos desde hace al menos dos décadas, cuando las migraciones cíclicas empezaron a poblarla de latinos. Hasta hace muy poco, vivir aquí, como latino, aun como indocumentado, no se asociaba al miedo a ser deportado. Hasta hace muy poco.

El condado de Montgomery, donde está Silver Spring, no tiene estatus de “área santuario” para indocumentados, pero en la práctica este es un lugar sumamente amigable con el extranjero; aquí, hasta hace muy poco, la situación migratoria no iba aparejada necesariamente con la discriminación.

Aquí, en Silver Spring, la diversidad manda. Esta es, de acuerdo con un estudio elaborado por la casa de asesoría financiera WalletHub, la quinta ciudad más diversa de Estados Unidos. Aquí conviven en los mismos espacios públicos –escuelas, bibliotecas, oficinas– y privados razas, idiomas, religiones, cosmovisiones. Es una ciudad café, mestiza, donde el inglés, con marcados acentos hindis, etíopes o salvadoreños, sirve de vehículo común de intercambio.

Una de las principales razones que siguen atándonos a mi familia y a mí a este lugar es esa, la diversidad: saber que mis hijas crecen rodeadas de riqueza cultural y no enclaustradas en una burbuja. Estados Unidos tiene muchas cosas feas, pero también, en sus condados más diversos, ofrece inmensas ventanas a cosas buenas que el mundo tiene que ofrecer.
Todo eso, hoy, está en peligro.

Los vientos políticos que la administración republicana de Donald J. Trump ha traído a Washington, que se nutren en gran medida de los miedos más oscuros de la “América blanca” que nunca vivió el sueño americano, han hecho que la diversidad alimentada por las comunidades migrantes vuelva a cubrirse de sombras.

Una de las formas en que la administración de Donald Trump quiere revertir la diversidad es a golpe de un chantaje financiero monumental. La Casa Blanca ha amenazado a los gobiernos locales de estados y ciudades con retirarles los fondos que el gobierno federal les otorga anualmente si los departamentos de policía de estos condados no ayudan a la Migración federal a deportar indocumentados.

El tema, además, ha cobrado especial relevancia desde que Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, aplicaron la fórmula del odio retórico para criminalizar a las comunidades latinas al equipararlas con las actividades delictivas de la pandilla MS-13. Es la vieja fórmula que esta derecha estadounidense ya había usado antes al equiparar el terrorismo islámico con la comunidad musulmana: criminalizar al extranjero, culparlo de todos los males y montar sobre él la parla populista. Como Hitler.

A seis meses de presidencia, la retórica ya está animando a los funcionarios que no comulgan con la diversidad a promover políticas públicas con tintes xenofóbicos, mientras que amenaza con cohibir a funcionarios que han entendido la diversidad como la forma de vida que rige su función pública.

Y mientras todo esto pasa, los indocumentados siguen viendo sobre el hombro, caminando de nuevo por las sombras.

Y entonces, ¿necesitamos una CICIES?

Empezaría diciendo que saquemos a los políticos de la discusión, pero no puedo: diseñar y ejecutar una comisión internacional a la que el Estado nacional cederá atribuciones como la investigación del crimen es algo que no puede hacerse, obvio, sin el concurso del Estado. En El Salvador, el Ejecutivo se ha negado de entrada a ceder esas atribuciones a un ente internacional. ¿Por qué?

No ha habido, hasta ahora, una discusión seria en la agenda nacional sobre la conveniencia o no de que en El Salvador haya una comisión internacional como en Guatemala. Cada vez que el tema surge en la opinión pública suele ser porque la oposición política vinculada a ARENA, con evidentes intereses partidarios, lo trae a colación, o porque algunos tuiteros sin aparente filiación partidaria tiran la idea al ciberespacio.

Las respuestas a la pregunta que titula esta columna y a la que finaliza el primer párrafo están aún pendientes. No seré yo quien las conteste, pero sí puedo, en todo caso, dar mi opinión. Parto de lo básico: ¿Es necesario que el Estado salvadoreño ceda soberanía a un ente internacional para investigar y combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado? Yo creo que no haría daño alguno, sobre todo si entendemos que los entes encargados de esa función por mandato constitucional han solido ceder su soberanía e independencia a entes ajenos a ese mandato, como los partidos políticos, o, peor, a grupos de crimen organizado que están en abierta contradicción con ese mandato.

Si partimos de que la Fiscalía General de la República es a la que toca ejercer la dirección de la investigación criminal por mandato constitucional, basta revisar las gestiones de la mayoría de fiscales generales anteriores a Douglas Meléndez para entender que pusieron a la institución al servicio de intereses de partidos políticos o, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Así, hablar de las gestiones del fallecido Manuel Córdova Castellanos, de Belisario Artiga, de Félix Garrid Safie, de Romeo Barahona o de Ástor Escalante es hablar de fiscales generales que pusieron a la Fiscalía al servicio de los intereses políticos del partido ARENA. O de funcionarios cercanos al poder. Hablan de ello casos como el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda, en el que el rol de la Fiscalía fue encubrir y proteger a los sospechosos, policías y militares incluidos; o, mucho antes, la negativa de la Fiscalía de Córdova de investigar a bancos del sistema financiero relacionados con estafas atribuidas a empresarios cercanos a la derecha política, como FOMIEXPORT o FINSEPRO.

Y, luego, al revisar la gestión de Luis Martínez, avalada por todos (t-o-d-o-s) los partidos políticos, se entiende cómo la Fiscalía llegó a ceder su independencia al crimen organizado y a la corrupción. Casos como el de Enrique Rais y la protección al Cartel de Texis son ejemplos de ello.

Uno de los principales argumentos de los detractores de que en El Salvador exista una comisión internacional es ese, que no es adecuado que el Estado ceda su soberanía. La semana pasada se lo escuché, por ejemplo, a Fabio Castillo, el abogado cercano al FMLN, pero ya antes lo han repetido diputados y autonombrados analistas, sobre todo desde la izquierda política.

El argumento es, creo, un sofisma: qué soberanía va a ceder la Fiscalía General cuando durante tanto tiempo la ha cedido a intereses que nada tienen que ver con el soberano, con el pueblo al que se debe. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra soberano: “El que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente”.

Si “Chepe Diablo”, Los Perrones y demás mafias incrustadas en el sistema político salvadoreño han podido ejercer autoridad sobre fiscales generales y –de esto he hablado antes con detalle– directores de la Policía Nacional Civil, de qué sirve la tan cacareada soberanía.

Prefiero una cesión controlada de soberanía a un ente internacional para garantizar el imperio de la ley, como en el modelo CICIG, que seguir cediendo la soberanía de nuestras instituciones a las mafias que se han adueñado de ellas.

Partidos caducos

A los dos, ARENA y FMLN, la democracia se les vuelve a atragantar.

La cúpula de ARENA recién descabezó a buena parte de la recién juramentada Juventud Republicana Nacionalista por “no adherirse a los valores del partido”, según se desprende de reacciones expuestas en redes sociales por líderes areneros o columnistas simpatizantes.

Los jóvenes fueron expulsados, entre otras cosas, por proponer abrir la discusión, en el seno arenero, a temas como el aborto o el matrimonio igualitario; ambas discusiones que hasta ahora han sido ajenas al ideario de ARENA, afincado en estos apartados en los valores católicos más conservadores.

Esta defensa parece estar cimentada en la siguiente lógica: Si no estás de acuerdo con esos valores, los valores más conservadores sobre los que se fundó este partido de derecha, aquí no tenés cabida. De ahí es bien fácil llegar a dos conclusiones: en ARENA no cabe la modernidad y en ARENA cualquier desacuerdo programático se resuelve con la exclusión.

El FMLN, por su lado, empezó el nuevo capítulo de un ejercicio que ya es tradicional: la imposición de aspirantes a alcaldes y diputados. A la larga lista de candidatos de dedo, como Schafick Hándal hijo en San Salvador o Blanca Flor Bonilla en Ayutuxtepeque, parece haberse unido hoy la de Miguel Pereira, que buscará la reelección en San Miguel aupado por el apoyo de Medardo González, coordinador general del partido.

No resulta nuevo decir que en el FMLN la democracia interna también es un asunto de difícil digestión y que la representatividad política sigue jugándose, solo, en el tablero de ajedrez que llevan peleándose una década Medardo González, José Luis Merino y las FPL, ya sea de mano de Salvador Sánchez Cerén o de Óscar Ortiz.

El FMLN y ARENA siguen siendo maquinarias electorales eficientes. Y, hasta hace muy poco, seguían siendo impresionantes maquinarias de propaganda, capaces ambas de retorcer los hechos o matizar las verdades para pintarlas a su conveniencia en la narrativa política nacional, esa en la que, según ambos partidos, todo tiene que seguir definiéndose por la bipolaridad entre ellos.

La propaganda, sin embargo, se les empieza a agrietar. A ARENA hoy le resulta más difícil acallar las disidencias, incluso en los medios de comunicación que han sido sus aliados históricos. Y al FMLN las redes sociales les han jugado la mala pasada de dar voz, además de a sus incondicionales, a sus disidentes.
Lo que ambos partidos políticos dejaron de ser hace un rato largo fue vehículos efectivos de representatividad democrática.

Y dejaron de ser, incluso, expresiones honestas de la ideología con que se arroparon durante sus nacimientos, durante la guerra y la primera posguerra. Es cierto que a ambas cúpulas suele vérselas a menudo acudiendo a las viejas banderas e himnos para intentar poner en orden el redil. ¿Que los bichos intentan tomarse ARENA? Respuesta: Somos fieles a nuestros principios nacionalistas y republicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser republicano y nacionalista en la segunda década del siglo XXI?

¿Que al FMLN, hoy que es gobierno, se le cuestiona el coqueteo de sus líderes con la corrupción? Respuesta: Es una campaña orquestada por lacayos de la derecha o del imperio. Y con eso ha bastado para que el vicepresidente Ortiz no responda sobre sus nexos con “Chepe Diablo” o el viceministro de inversión Merino sea viceministro a pesar de sus nexos con Enrique Rais.

Por ahora, insisto, ambos partidos siguen siendo maquinarias electorales que persiguen un solo fin: garantizar a sus cúpulas el acceso al poder político. A sus cúpulas, en esencia, no a los ciudadanos que en ellos militan, que con ellos simpatizan o que por ellos votan. A sus cúpulas.