Racista

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca gracias en gran medida a su plataforma racista, una que entiende a las minorías, principalmente a las de origen extranjero, como seres humanos sin derecho a ningún tipo de protección legal. El desprecio a esas minorías, sobre todo a la latinoamericana y la árabe-musulmana, es piedra angular del trumpismo.
La cancelación del TPS (es eso, una terminación, por mucho que el discurso del oficialismo salvadoreño pretenda darle vueltas) es solo un paso más en el cumplimiento de una promesa que Trump hizo durante su campaña: hacer todo lo posible para disminuir la migración de pobres o perseguidos de otros países hacia Estados Unidos y hacer la vida más difícil para los migrantes que ya están aquí, sobre todo a los indocumentados. Es otra política motivada por el racismo.
Las políticas públicas emprendidas contra los migrantes y las minorías no son reflejo de un plan estratégico en principio; son la expresión política de la convicción de que hay un grupo de personas que tienen más derechos que otras. No es una idea nueva -Estados Unidos de América no terminan de cerrar esa brecha desde que se fundó como nación–, pero es innegable que ha adquirido nuevos bríos con la llegada de Trump al poder.
Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas para convertirse en narrativa oficial.
Estados Unidos ha usado lo mejor de su política, de su activismo, de su ciudadanía en general, para mantener a raya a quienes comulgan con la teoría esa de que este país les pertenece solo y sobre todo a otro grupo de migrantes, el formado por los descendientes de los europeos blancos que llegaron a su costa oriental en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Los mejores hombres y mujeres de este país se han dedicado a crear una narrativa nacional alejada de esas ideas. Uno de ellos, de los más icónicos, es Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de la Unión. El 29 de septiembre de 1863, en un cementerio lleno de soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil entre abolicionistas y esclavistas, Lincoln dijo: “… nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”.
De que todos los hombres son creados iguales. Iguales.
Donald Trump y su administración no creen en eso. El presidente lo deja claro cada vez que puede con sus acciones políticas y con sus retóricas, como cuando llama hoyos de mierda a los países de origen de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses; o como cuando promueve discursos que criminalizan a un grupo específico, los centroamericanos, al equipararlos a todos a la pandilla MS-13.
En realidad, la cloaca se abrió en Estados Unidos cuando estas ideas se convirtieron en narrativa oficial de la mano del trumpismo, del que forman parte, además del presidente, funcionarios que siempre creyeron en ellas, pero nunca habían encontrado suficientes espacios para convertirlas en políticas públicas, como el fiscal general Jeff Sessions o el vicepresidente Michael Pence.
Y están luego los millones de estadounidenses que votaron por Trump, los de a pie, quienes hoy se sienten empoderados para dar rienda a sus instintos y nos recuerdan los verdaderos hoyos de mierda que han ensuciado a este país durante su historia. Los hoyos de los que han salido quienes ondean banderas nazis en marchas que el presidente no condena, los supremacistas blancos a los que el presidente tolera y empodera en sus redes sociales, los niños de primaria que empiezan a repetir en las escuelas a sus pares morenos que se regresen a sus países.
El racismo ha vuelto a salir del hoyo en Estados Unidos.

¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Cualquier aficionado al fútbol sabe que la del título es una formulación hecha por los amigos para burlarse de uno cuando el equipo favorito navega por la calle de la amargura en el torneo. ¿Y hoy con quién pierde Águila?, suelo escuchar cada vez más a menudo. Pero este asunto, el de la Fiscalía, es más serio que el de cualquier equipo mediocre de El Salvador.

La Fiscalía de Douglas Meléndez ha vuelto a probar esta semana, con el caso del “Gordo Max” y Ernesto Regalado, que es una entidad mediocre, a la que le cuesta muchísimo ganar casos. Y, a poco menos de un año para terminar su mandato, el actual fiscal general tiene muy poco que presentar como lista de logros.

Seamos claros: el fiscal gana poco y, por lo visto en varios de los casos que ha presentado a los tribunales –el de la tregua, es uno de los que vienen a la mente–, pierde porque los abogados bajo su cargo no son capaces de presentar investigaciones sustentadas o de construir prueba sólida. Lo dicho, mediocres.

Los principales problemas de esta Fiscalía General no son la corrupción o la obstrucción de justicia, como sí lo fueron cuando la principal oficina del Ministerio Público estuvo presidida por fiscales a los que la Asamblea Legislativa eligió, en los años de ARENA, para no investigar crímenes de cuello blanco, o cuando, ya durante la primera gestión del FMLN en el Ejecutivo, los diputados eligieron a Luis Martínez, acaso el fiscal general más corrupto del que se tiene memoria.

En la época de Martínez, la Fiscalía se vendió siempre al mejor postor, fuera este un funcionario del gobierno de turno o un empresario urgido de ganar casos en los tribunales, como Enrique Rais. Ese no ha sido el caso de la Fiscalía de Meléndez, pero, de nuevo, eso no debería de ser un alivio.

Tampoco es que la Fiscalía de Meléndez responda a un plan macabro de la “derecha oligárquica”, como suele tuitear el expresidente Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito en El Salvador y asilado en Nicaragua, en parte por consejo de su expartido, el FMLN. La hemorragia tuitera de Funes no es más que el lamento de un exfuncionario corrupto oído y vencido en juicio.
Meléndez llegó, como ya escribí antes en más de una ocasión, arropado por la esperanza de que él iba a ser mejor que Martínez, Garrid Safie o Astor Escalante, lo cual, de nuevo, era un mínimo. Pero también llegó el fiscal actual empujado por la ola contra la corrupción que había nacido en el Triángulo Norte de Centroamérica tras la gestión de Claudia Paz en Guatemala, los logros de CICIG, las manifestaciones populares en Honduras y el apoyo de la comunidad internacional. A poco del final de su gestión, sin embargo, Meléndez está dejando mucho a deber.

Gana poco, decía. Pierde mucho porque sus fiscales no litigan ni investigan bien. Y cada vez que pierde suele echar las culpas afuera. Que si los jueces, que si funcionarios que no le colaboran con información, que si los bancos. Es casi siempre cierto que el sistema judicial, los funcionarios y los bancos del sistema salvadoreño que han visto pasar dinero por sus pasillos llevan décadas acostumbrados a fiscales corruptos o flojos y que eso de colaborar con la justicia es para ellos un chiste, pero Douglas Meléndez es el fiscal general, el abogado acusador del Estado y bien podría procesarlos en lugar de creer que el asunto se resuelve con frases altisonantes que no pasarán de un titular en los periódicos.

No debería de ser un chiste, pero ya empieza a serlo en las reuniones de pauta entre periodistas: ¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Montano en España

El periplo del coronel Inocente Orlando Montano Morales en los pasillos del sistema de justicia estadounidense inició en 2013. Una fría mañana de febrero de aquel año cubrí para LA PRENSA GRÁFICA la audiencia contra el militar por delitos migratorios que presidió el juez Douglas Woodlock en el centro judicial Joseph Moakley de Boston, Massachusetts. Pasaron más de cuatro años y hoy Montano está a un paso de ser extraditado a España, donde deberá responder por las muertes de cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En Boston, Montano fue condenado a 21 meses de prisión por haber mentido a autoridades migratorias al decir, entre otras cosas, que nunca había pertenecido a una institución armada. Al coronel se le olvidó decirle a Estados Unidos que él era viceministro de Seguridad Pública cuando una unidad de la Fuerza Armada salvadoreña entró a la UCA a asesinar a los sacerdotes y a dos de sus colaboradoras.

La pena que impuso el juez Woodlock parecía excesiva para un cargo menor. En Boston, uno de los abogados de la fiscalía estadounidense me lo explicó: la sentencia máxima fue impuesta atendiendo al historial previo de Montano. Es cierto que el coronel llegó a la Corte de Massachusetts sin antecedentes penales en El Salvador, pero el Gobierno estadounidense presentó testigos que hablaron sobre su rol en la masacre de la UCA y en otros abusos cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil.

Montano fue trasladado a Carolina del Norte, a una prisión de seguridad media donde había mejores condiciones para atender sus problemas de salud; padece diabetes y sobrevivió a un cáncer.
España, entonces, pidió la extradición del militar a Madrid para que se presente al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional española a responder por los “asesinatos terroristas” de los cinco jesuitas que eran españoles. Desde 2013, la defensa de Montano introdujo al menos media docena de recursos para evitar el viaje.

El martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última puerta a Montano, cuyo viaje a Madrid es ahora inminente. De acuerdo con una fuente diplomática de España, que consulté en Washington, se espera que en las próximas horas el coronel pase a custodia de las autoridades españolas.

Cuando Montano comparezca en el tribunal madrileño, el reloj de la justicia en el caso jesuitas, tantas veces detenido en El Salvador por obstrucciones y encubrimientos que implican a todas las administraciones salvadoreñas desde el presidente Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, acelerará de nuevo su curso.

Lo más importante es que toda la prueba recabada desde que el juez Eloy Velasco admitió la demanda de los familiares de los jesuitas en 2008 pasará a ser del dominio público: testimonios de exmilitares implicados en la masacre, relatos de testigos oculares y miles de documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España arrojarán luz sobre las circunstancias que rodearon los terribles hechos del 16 de noviembre de 1989.

La verdad asomará y ya con eso se habrá abierto el camino hacia la justicia, no solo para los deudos de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Mariset Ramos, sino también para todas las víctimas que dejaron su sangre en la locura que duró de 1970 a 1992 en El Salvador.

Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz. Primero fue la derecha, implicada directamente en la masacre, y luego, ya en el gobierno, fue la izquierda política, que también ha querido cuidarse de que la investiguen por sus desmanes.

Un país no puede construirse sin verdad, por eso es importante que el coronel Montano llegue a España.

Política “millenial”

Los recientes desencuentros entre políticos salvadoreños jóvenes y los dos partidos más importantes del país han empezado a alimentar la narrativa, sobre todo en redes sociales, del advenimiento de una nueva generación que, de a poco, podría empezar a romper la dicotomía ideológica que El Salvador heredó de su guerra civil y que se galvanizó en torno a ARENA en la derecha y el FMLN en la izquierda.

Ya hay columnistas de este y otros periódicos que ponen rostros a esa supuesta nueva generación. Para la izquierda, el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, recién expulsado del FMLN y quien ha dicho que formará un movimiento para buscar la presidencia en 2019. Y para la derecha, el de Johnny Wright Sol, un diputado que se ha enfrentado en público a su partido, ARENA, por temas relacionados con salud reproductiva, matrimonio igualitario, transparencia y administración interna.

Ambos políticos, nacido uno en 1981 y el otro en 1985, suelen generar entusiasmo en las redes sociales, sobre todo el alcalde, quien ha montado una fuerte infraestructura cibernética que se encarga de celebrarlo y promocionar su agenda política y personal. Y ambos, como se apuntó, se han enfrentado a sus partidos de una manera u otra, lo que les ha valido ya el mote de ser, cuando menos, críticos del sistema, algo que también genera simpatías en un ambiente en que las líneas ideológicas de derechas e izquierdas aparecen ya difuminadas.

Si se atiende a las definiciones temporales que algunos tanques de pensamiento estadounidenses dan al tema generacional —como el Pew Research Center—, es posible ubicar a estos dos hombres en la generación llamada “millennial”, que es la nacida durante la década de los ochenta, marcada por los flujos de información que popularizó el internet y más recientemente por el uso de las llamadas redes sociales. También dice el Pew que una “brecha política importante” divide a estos jóvenes de otras generaciones.

Todo lo anterior son, por supuesto, fabricaciones conceptuales estadounidenses, a las que hay que tomar con mucha prudencia al intentar extrapolarlas a una sociedad como la salvadoreña, donde los únicos horizontes para un buen porcentaje de los jóvenes nacidos después de 1980 son la pandilla, la muerte o la huida a Estados Unidos. Vale, sin embargo, aplicar eso de “la brecha política”, aun si es solo para efectos argumentativos.

Veamos. ¿Representan Nayib Bukele y Johnny Wright Sol brechas importantes respecto al ideario de sus partidos políticos? Para empezar: ¿cuál es el ideario de ARENA y del FMLN más allá de las formulaciones propagandísticas?

La ideología se convierte en plataforma política desde el ejercicio de la función pública, no en las redes sociales. ¿Cómo se define esa plataforma en el caso de lo hecho por el FMLN en ocho años de gobierno? ¿Populismo? ¿Estado de bienestar? ¿Militarización de la seguridad pública? ¿Y la de ARENA desde la oposición? ¿Populismo también?

¿Y cuál es el ideario de los políticos “millennial” de moda en El Salvador? Imposible saberlo aún. En el caso del alcalde el show bufó en el que él y el FMLN convirtieron el epílogo de su relación ha opacado todo lo demás. Y en el caso del diputado Wright Sol falta que sus desencuentros con axiomas de la derecha más cavernaria se conviertan, en efecto, en propuesta política.

Lo cierto es que mientras esta supuesta nueva generación no se defina sobre los dos temas más importantes para el país, que son la violencia y la corrupción, lo suyo no será más que moda tuitera. Mientras no lo hagan en serio, explicando qué ideas tienen para acabar de una vez por todas con los usos patrimoniales del Estado que han hecho derechas e izquierdas, o cómo abordarán desde la función pública el rescate del resto de “millennial” salvadoreños condenados a muerte por las pandillas o las manoduras, su juventud no será más que una versión mejor maquillada que la de sus antecesores.

El TPS y los palos de ciego de los políticos salvadoreños

La pista más certera sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el beneficio migratorio que cobija a unos 187,000 salvadoreños en Estados Unidos, llegará en noviembre próximo cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) haga pública su decisión sobre el futuro del programa para 60,000 hondureños que también gozan del beneficio.

Si Washington decide no renovar el TPS a los hondureños, lo más seguro es que no lo haga para los salvadoreños.

En abril, cuando DHS dio a conocer su decisión de renovar solo por seis meses más el TPS a 50,000 haitianos también amparados, sonó la primera alarma: “El Salvador debería de poner atención desde ahora”, me dijo entonces un asistente legislativo de la cámara baja.

A principios de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anuló DACA, el programa de la administración Obama que evitó la deportación y dio permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños, todas las luces de emergencia se encendieron para el TPS. Fue entonces que la clase política salvadoreña, los partidos, pretendieron salir de su usual letargo para abordar el asunto, y lo hicieron desde su asqueroso guion usual: intentar llevar agua a su molino electoral mientras se aseguran de echar ripio a su adversario.

La cantaleta más sonora de ARENA ha sido que el gobierno del FMLN ha puesto en riesgo el TPS por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso, en esencia, es mentira.

La relación entre el FMLN, los grupos de crimen organizado vinculados al Gobierno venezolano y las actividades de las FARC colombianas sí son asunto de interés en Washington, en específico el rol que José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y viceministro de Inversión Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, tiene en ese tinglado. Por Ramiro y sus dineros ya preguntaron la DEA y 14 congresistas –demócratas y republicanos– y el poderoso comité antinarcóticos del Senado.

Pero si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo, de eso se alimenta su base blanca más fanática; por eso anuló DACA y por eso, si lo hace, no renovará el TPS.

Este septiembre una comitiva de diputados salvadoreños de todos los colores estuvo en Washington, haciendo las rondas usuales en el Congreso y el Ejecutivo, para hacer cabildeo por la renovación. Algo bueno salió de ahí en forma de una carta firmada por 116 representantes de la cámara baja que piden a Trump que no corte el TPS.

A pesar de ser un buen gesto político, la carta no tendrá un peso político real entre quienes tomarán la decisión final, que son, además de Trump, el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; el fiscal general, Jeff Session, que es uno de los miembros más racistas del Gabinete; y, en menor medida, Elaine C. Duke, secretaria interina de DHS.

Lo que en realidad tendrían que estar haciendo los políticos salvadoreños es, desde sus trincheras, prepararse para el escenario más probable, que es la no renovación, y el cual implicaría deportaciones, desprotección legal de quienes se queden indocumentados en Estados Unidos y también para quienes vengan a El Salvador después de 16 años de no vivir aquí.

El consabido juego de vociferar culpas y buscar réditos politiqueros de nada servirá a los compatriotas afectados por la eventual eliminación del TPS. De nada.

Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

Sobreseimiento

Por recomendación de mis abogados tenía preparadas unas líneas para, si era necesario, hacer uso de mi derecho al uso de la última palabra durante la audiencia de presentación y aceptación de pruebas, que fue lo que se llevó a cabo el jueves.

Considero que este fallo judicial es una victoria importante para el periodismo salvadoreño que hace suya la convicción de que este oficio cumple una función social muy importante, sobre todo en una sociedad que como la salvadoreña vive carcomida por la corrupción y el abuso de poder: la de denunciar a quienes abusan y a quienes corrompen. Por ello me permito reproducir aquí algunos párrafos de lo que escribí:

“Entiendo, como siempre lo he dicho, que este caso se trata de un ataque al derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo, ambos garantizados por nuestras leyes primaria y secundarias. Este no es, como pretender hacer ver los abogados de mi acusador, el caso de la victimización de un particular; es, simplemente, el caso de un empresario acostumbrado a usar su poder económico y sus influencias políticas para hacer que el sistema de justicia juegue a su favor.

“He ejercido el periodismo durante 23 años y a lo largo de esa carrera he confrontado decenas de veces la incomodidad del poder, económico y político, ante los señalamientos hechos desde mi oficio por conductas sospechosas de corrupción, de uso ilegal del recurso público o de connivencia con el crimen común y organizado. Enfrenté esa incomodidad, traducida algunas veces en amenazas y acoso contra mí o mi grupo familiar, cuando investigué, por ejemplo, la complicidad de los más altos mandos de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico durante la década 2000; cuando señalé la connivencia de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República con contrabandistas del oriente del país a finales de la década de los 90; y, más recientemente, cuando publiqué artículos exponiendo la corrupción existente en la Fiscalía General durante la gestión del ex fiscal general, el licenciado Luis Martínez, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta tres procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y otras conductas ilícitas.

“Siempre entendí el periodismo como una forma de traer luz a los rincones de la vida nacional que las élites económicas y políticas pretenden dejar en la oscuridad con el fin de salvaguardar sus intereses o, en el peor de los casos, sus actuaciones que riñen con los marcos legales que rigen a nuestra sociedad. Entiendo el periodismo, sí, como un ejercicio de denuncia de los abusos del poder.

“Dice el académico estadounidense Bruce Bagley que el crimen organizado y quienes se alían a él desde el poder son como las cucarachas: buscan siempre esos rincones sucios y oscuros. El periodismo pretende, dije, echar luz sobre ellos.

“Fue con estos principios en mente que, como he emprendido decenas de investigaciones durante mis dos décadas de carrera, emprendí una investigación periodística encaminada a determinar si existían abusos de poder y corrupción en la Fiscalía General dirigida por Martínez. Y fue, en el marco de esa investigación, que surgió el nombre del empresario que hoy me acusa, el señor Enrique Rais.

“Es importante, su señoría, que el tribunal entienda que la investigación periodística empezó teniendo al centro a un funcionario público, porque como dije antes, una de las principales misiones del periodismo es investigar a quienes ejercen el poder y denunciarlos si están actuando ilegalmente o en forma anti ética, sobre todo si son funcionarios públicos bajo cuya administración el soberano ha encomendado el buen uso del recurso público o la potestad de la investigación criminal”.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que yo y otros colegas habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: “Habla Ramiro”, me dijo, y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Dos años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

Este año, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y han usado los recursos del Estado para hacerlo: cancillería le creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, por ahora, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y con su caso el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

Volver a las sombras

Vivir como indocumentado en Estados Unidos implica, por lo que he visto y escuchado en las calles de este país, caminar con la vista escorada, con el alma pendiente de una patrulla con la sirena encendida o de un uniforme azul. Significa vivir con un miedo permanente, ya no a la muerte que ronda en el barrio, sino de ser obligado a regresar a ese barrio en la tierra de origen.

Llegué a Maryland en 2009 y aquí he vivido desde entonces, en Silver Spring, una de las ciudades del estado que hacen vecindad con la capital de la Unión. Esta ciudad ha sido hogar de decenas de miles de salvadoreños y centroamericanos desde hace al menos dos décadas, cuando las migraciones cíclicas empezaron a poblarla de latinos. Hasta hace muy poco, vivir aquí, como latino, aun como indocumentado, no se asociaba al miedo a ser deportado. Hasta hace muy poco.

El condado de Montgomery, donde está Silver Spring, no tiene estatus de “área santuario” para indocumentados, pero en la práctica este es un lugar sumamente amigable con el extranjero; aquí, hasta hace muy poco, la situación migratoria no iba aparejada necesariamente con la discriminación.

Aquí, en Silver Spring, la diversidad manda. Esta es, de acuerdo con un estudio elaborado por la casa de asesoría financiera WalletHub, la quinta ciudad más diversa de Estados Unidos. Aquí conviven en los mismos espacios públicos –escuelas, bibliotecas, oficinas– y privados razas, idiomas, religiones, cosmovisiones. Es una ciudad café, mestiza, donde el inglés, con marcados acentos hindis, etíopes o salvadoreños, sirve de vehículo común de intercambio.

Una de las principales razones que siguen atándonos a mi familia y a mí a este lugar es esa, la diversidad: saber que mis hijas crecen rodeadas de riqueza cultural y no enclaustradas en una burbuja. Estados Unidos tiene muchas cosas feas, pero también, en sus condados más diversos, ofrece inmensas ventanas a cosas buenas que el mundo tiene que ofrecer.
Todo eso, hoy, está en peligro.

Los vientos políticos que la administración republicana de Donald J. Trump ha traído a Washington, que se nutren en gran medida de los miedos más oscuros de la “América blanca” que nunca vivió el sueño americano, han hecho que la diversidad alimentada por las comunidades migrantes vuelva a cubrirse de sombras.

Una de las formas en que la administración de Donald Trump quiere revertir la diversidad es a golpe de un chantaje financiero monumental. La Casa Blanca ha amenazado a los gobiernos locales de estados y ciudades con retirarles los fondos que el gobierno federal les otorga anualmente si los departamentos de policía de estos condados no ayudan a la Migración federal a deportar indocumentados.

El tema, además, ha cobrado especial relevancia desde que Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, aplicaron la fórmula del odio retórico para criminalizar a las comunidades latinas al equipararlas con las actividades delictivas de la pandilla MS-13. Es la vieja fórmula que esta derecha estadounidense ya había usado antes al equiparar el terrorismo islámico con la comunidad musulmana: criminalizar al extranjero, culparlo de todos los males y montar sobre él la parla populista. Como Hitler.

A seis meses de presidencia, la retórica ya está animando a los funcionarios que no comulgan con la diversidad a promover políticas públicas con tintes xenofóbicos, mientras que amenaza con cohibir a funcionarios que han entendido la diversidad como la forma de vida que rige su función pública.

Y mientras todo esto pasa, los indocumentados siguen viendo sobre el hombro, caminando de nuevo por las sombras.

Y entonces, ¿necesitamos una CICIES?

Empezaría diciendo que saquemos a los políticos de la discusión, pero no puedo: diseñar y ejecutar una comisión internacional a la que el Estado nacional cederá atribuciones como la investigación del crimen es algo que no puede hacerse, obvio, sin el concurso del Estado. En El Salvador, el Ejecutivo se ha negado de entrada a ceder esas atribuciones a un ente internacional. ¿Por qué?

No ha habido, hasta ahora, una discusión seria en la agenda nacional sobre la conveniencia o no de que en El Salvador haya una comisión internacional como en Guatemala. Cada vez que el tema surge en la opinión pública suele ser porque la oposición política vinculada a ARENA, con evidentes intereses partidarios, lo trae a colación, o porque algunos tuiteros sin aparente filiación partidaria tiran la idea al ciberespacio.

Las respuestas a la pregunta que titula esta columna y a la que finaliza el primer párrafo están aún pendientes. No seré yo quien las conteste, pero sí puedo, en todo caso, dar mi opinión. Parto de lo básico: ¿Es necesario que el Estado salvadoreño ceda soberanía a un ente internacional para investigar y combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado? Yo creo que no haría daño alguno, sobre todo si entendemos que los entes encargados de esa función por mandato constitucional han solido ceder su soberanía e independencia a entes ajenos a ese mandato, como los partidos políticos, o, peor, a grupos de crimen organizado que están en abierta contradicción con ese mandato.

Si partimos de que la Fiscalía General de la República es a la que toca ejercer la dirección de la investigación criminal por mandato constitucional, basta revisar las gestiones de la mayoría de fiscales generales anteriores a Douglas Meléndez para entender que pusieron a la institución al servicio de intereses de partidos políticos o, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Así, hablar de las gestiones del fallecido Manuel Córdova Castellanos, de Belisario Artiga, de Félix Garrid Safie, de Romeo Barahona o de Ástor Escalante es hablar de fiscales generales que pusieron a la Fiscalía al servicio de los intereses políticos del partido ARENA. O de funcionarios cercanos al poder. Hablan de ello casos como el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda, en el que el rol de la Fiscalía fue encubrir y proteger a los sospechosos, policías y militares incluidos; o, mucho antes, la negativa de la Fiscalía de Córdova de investigar a bancos del sistema financiero relacionados con estafas atribuidas a empresarios cercanos a la derecha política, como FOMIEXPORT o FINSEPRO.

Y, luego, al revisar la gestión de Luis Martínez, avalada por todos (t-o-d-o-s) los partidos políticos, se entiende cómo la Fiscalía llegó a ceder su independencia al crimen organizado y a la corrupción. Casos como el de Enrique Rais y la protección al Cartel de Texis son ejemplos de ello.

Uno de los principales argumentos de los detractores de que en El Salvador exista una comisión internacional es ese, que no es adecuado que el Estado ceda su soberanía. La semana pasada se lo escuché, por ejemplo, a Fabio Castillo, el abogado cercano al FMLN, pero ya antes lo han repetido diputados y autonombrados analistas, sobre todo desde la izquierda política.

El argumento es, creo, un sofisma: qué soberanía va a ceder la Fiscalía General cuando durante tanto tiempo la ha cedido a intereses que nada tienen que ver con el soberano, con el pueblo al que se debe. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra soberano: “El que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente”.

Si “Chepe Diablo”, Los Perrones y demás mafias incrustadas en el sistema político salvadoreño han podido ejercer autoridad sobre fiscales generales y –de esto he hablado antes con detalle– directores de la Policía Nacional Civil, de qué sirve la tan cacareada soberanía.

Prefiero una cesión controlada de soberanía a un ente internacional para garantizar el imperio de la ley, como en el modelo CICIG, que seguir cediendo la soberanía de nuestras instituciones a las mafias que se han adueñado de ellas.