La Corte Suprema y la Fiscalía están en peligro

Estamos claros ya de que el nuevo ascenso de la derecha política a la cumbre del poder Legislativo no implicará cambio alguno en la forma en que se hacen las cosas en la Asamblea. Los chanchullos, los pactos espurios, el control desbocado por el poder y las prebendas continuarán igual que en gestiones anteriores de areneros, efemelenistas, pecenistas, ganeros o pedecistas.
El primer acto de la nueva Legislatura habla muy bien de lo anterior: al menos cuatro de los miembros de la recién estrenada junta directiva, de los más poderosos, han sido señalados o investigados por faltas y delitos que van del acoso sexual al intento de homicidio, pasando por el encubrimiento. ¿Qué se puede esperar en un escenario así? Nada bueno.
Más grave que la conformación de la junta directiva es el mensaje que el partido ARENA envía a los votantes con claridad suficiente: lo más importante es el poder, afianzarlo, detentarlo y administrarlo, a cualquier costo. Lo demás son migajas en el concepto que de la política han tenido en El Salvador la mayoría de sus élites, ese según el cual la función pública no implica servicio al soberano, sino solo un botín al que es de idiotas no echar mano.
Y es grave entender que esa concepción de la política, que implica reparto de cuotas y empoderamiento de amigos afines sin importar sus credenciales, es la que privará cuando la legislatura 2018-2021 escoja, este año, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república. Como siempre, el requisito más importante que los candidatos deberán cumplir será su capacidad de genuflexión, nunca el de hacer bien las cosas o el de hacer cumplir la ley sin importar las consecuencias políticas.
En El Salvador, a pesar de todo, hay ya herramientas legales que han permitido la creación de algunos filtros para estas elecciones de segundo grado. No es que estos filtros, como la elección del gremio de abogados de candidatos a la CSJ, sean una garantía real, pero deberían de ser al menos un comienzo. De esas listas podrían ya identificarse relaciones políticas, nexos con grupos de poder, actuación profesional y pensamiento jurídico sobre temas de interés general, por ejemplo. Se puede, al menos, mapear candidatos.
Al final, sin embargo, todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta, porque no es poco lo que se juega en este país: de una Corte que, con todos sus bemoles, fue bastante independiente, podemos pasar a una que sea cómplice abierta de la corrupción, como la que presidió Agustín García Calderón bajo el amparo de la dupla ARENA-PCN, que hoy regresa al Legislativo.
Está también el tema del fiscal. He escuchado sobre la posible reelección de Douglas Meléndez, y he escrito ya bastante al respecto; pero también he escuchado que un grupo de exfiscales cercanos a los poderes más oscuros de ARENA maniobra para empoderarse en el principal despacho del ministerio público.
Hay poderes nuevos –que son los mismos rostros con máscaras medio acicaladas para la ocasión– en la Asamblea. Dice ARENA, el mayor de esos poderes, que su lema es primero El Salvador. El país, no la fracción, no el candidato presidencial. El país que requiere una Corte Suprema y un fiscal general decentes.

Fiscalía, la batalla que viene

La elección del fiscal general ya está en las mesas espurias de los políticos, de las que poco sabemos los ciudadanos y en las que suelen decidirse los asuntos más importantes para la nación. Y no es este asunto cualquiera: como cada vez que la Asamblea Legislativa elige al jefe de los abogados del Estado, en esta elección El Salvador se vuelve a jugar la posibilidad de seguir con una Fiscalía irrelevante versus la de elegir a un hombre o mujer con el valor suficiente para emprender los cambios que la institución y el país piden a gritos.
Uno de los candidatos, según ya insinuaron algunas voces políticas, es la reelección del actual fiscal general, Douglas Meléndez. No me parece el mejor escenario, tampoco es el peor.
De Meléndez se puede decir, rápido, que fue menos malo que todos sus antecesores, y que le tocó litigar e investigar desde una institución totalmente permeada por la corrupción, el crimen organizado y grupos económicos.
No es aún tiempo para escribir el obituario de la gestión de Meléndez, pero sí es oportuno delinear una lista breve de logros y fracasos.
Entre los primeros cuentan, por ejemplo, que emprendió investigaciones ahí donde nadie antes había entrado, a las entrañas del poder político, en específico a las de las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes. El primero está preso y el caso contra él parece bastante sólido. El segundo, investigado por enriquecimiento ilícito, trata de salvar su imagen con una hemorragia tuitera.
Los fracasos son muchos y sonoros. Varios casos no pasaron de ser despliegues mediáticos que terminaron cayéndose en los tribunales, en buena medida por la debilidad de la investigación fiscal o por la falta de valor del fiscal general para acusar a los verdaderos sospechosos, y no a chivos expiatorios, como ocurrió en el caso de la tregua o en al menos dos de miembros de la fuerza pública acusados de abusos.
Sí es posible decir que la reelección de Meléndez es mejor que la llegada de alguien como Luis Martínez, Astor Escalante o Belisario Artiga, pero no es suficiente. No es solo que al país le ha urgido desde siempre una Fiscalía limpia, es que necesita una que sea eficiente, que logre condenas, que empiece a remover del Estado las pestes de la corrupción, que empiece a reducir los índices de impunidad en delitos como homicidios, extorsiones y violencia sexual.
El Salvador no puede tolerar otra Fiscalía corrupta como la de Martínez, pero tampoco puede darse el lujo de otra mediocre como la de Meléndez.
Me temo, mucho me temo, que estas consideraciones no son las que están sobre esas mesas espurias de las que hablé al principio, nunca lo han estado.
Me temo que las preocupaciones de los políticos de la derecha, que son quienes elegirán al fiscal general en este ciclo legislativo, se refieren más a sus propias pestilencias. No hay que ser Stephen Hawking para entenderlo: GANA y PCN, dos partidos sobre cuyos dirigentes pesan varios señalamientos de corrupción, serán clave en esta elección.
ARENA será, gracias a sus resultados electorales, la que llevará el liderazgo en este asunto. Tampoco soy optimista: todos los abogados mediocres o corruptos que llegaron al ministerio público desde finales de los ochenta llegaron aupados por los votos areneros, incluido Luis Martínez.
Dicen algunos que en ARENA hay voces que creen de verdad que el partido, y la derecha en general, debe alejarse de una buena vez de los usos sucios a los que muchos ahí han estado acostumbrados. Dicen. La elección de un fiscal general decente pasa por una gran primera prueba. De nuevo: no soy optimista.

La voz del santo

“Comprendo que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructura con quienes se están beneficiando de esas estructuras caducas”, escribió Monseñor Óscar Arnulfo Romero en su cuarta carta pastoral del 6 de agosto de 1979.
La exigencia de cambios fue una constante en la palabra de Romero. Sus demandas están dirigidas, sobre todo, a las élites económicas y políticas de El Salvador, pero también a su grey, los cristianos. Él mismo, de acuerdo con biógrafos y algunos de sus amigos cercanos, era un hombre que se cuestionaba constantemente sobre su rol, su interpretación de la religión, sobre la fuerza de su propia voz.
“La realidad, distinta a la del pasado, y la ubicación en una responsabilidad diferente, exigía otra clase de respuesta: una visible y fuerte señal pública… en contra de las formas violentas de resolver los conflictos sociales, un rechazo a la cultura de la muerte”, dice Héctor Dada Hirezi según lo cita Robert Morozzo Della Rocca, el biógrafo de Romero más consultado por el Vaticano.
Los cambios en Romero, en su discurso público, dice Dada Hirezi, venían dados por la realidad que le circundaba a diario y por las decisiones que el arzobispo tomaba sobre sus acciones públicas para abordar esa realidad, que fue una de violencia, pobreza y mezquindad, pero también de la fuerza vital que, a pesar de todo, encontraba en el estoicismo de los más necesitados.
Dice Morozzo Della Rocca: “Romero no tenía una idea victimista y quejumbrosa de El Salvador, como si fuera un pequeño país marginado y explotado. Llamaba a los salvadoreños a la ‘conciencia de nuestra significación universal’”.
Hoy Monseñor Romero debería ser nuestra significación más universal. Su inminente nombramiento como santo de la Iglesia católica debería servir para dar vigencia definitiva a su mensaje, al que nos obliga a pensar en los cambios, dolorosos y necesarios, que la realidad nos impone.
El Salvador sigue siendo un lugar donde la cultura de la muerte de la que habla Héctor Dada amanece saludable todos los días. El Salvador sigue siendo un lugar lleno de pobres, regentado por élites económicas y políticas mezquinas a las que el cambio no se les da nada bien.
Ya con los Acuerdos de Paz de 1992 probamos nuestra capacidad para revolucionar la realidad. Cambiamos, entonces, nuestra inclinación a matarnos por un deseo de reconstruirnos. Esa es acaso nuestra significación universal: entendernos capaces de cambiar y cambiar a nuestro país.
La mezquindad y la cultura de la muerte nunca nos dejaron después del 92; nuestra vocación revolucionaria se apagó poco a poco. Nos acomodamos y seguimos, indolentes, presenciando cómo la muerte se ha llevado a nuestros jóvenes más pobres.
Esta realidad de El Salvador, la que encontrará Romero cuando llegue a los altares católicos, requiere de cambios muy profundos que no pueden empezar sino en nosotros mismos y trasladarse a nuestros entornos inmediatos. A quienes tenemos el lujo del pan nos toca una responsabilidad mayor.
Monseñor Romero, su palabra, debería servirnos para iniciar nuestras propias búsquedas y, de ahí, partir a la obligación que tenemos con El Salvador.
Sé, por experiencia familiar, de la influencia benévola que el arzobispo tuvo en aquellos a los que conoció, y de la guía que sus palabras dieron a quienes lo conocieron menos pero siguieron sus mensajes. Sé de la impronta que Monseñor dejó, por ejemplo, en mi abuelo, Héctor Silva Romero, y en mi padre, Héctor Silva Argüello, ambos hombres buenos, dedicados a los otros y a buscar la significación universal de El Salvador.
Yo conocí en profundidad a Monseñor desde el periodismo, hace poco, cuando escribí sobre su beatificación. En sus palabras hallé, también, fuerza, guía, significación.

La hipocresía absoluta de la campaña electoral

Aquí vamos de nuevo: candidatos reciclados, políticos con décadas de (mal) servicio público a sus espaldas que, confiados en nuestras usuales sobredosis de falta de memoria, se pintan con “fotoshop” en vallas, carteles, buses, mupis y redes sociales para hacernos olvidar todas sus sandeces. Confían plenamente en que no nos acordaremos de lo que han hecho.
Nuestro deber ciudadano es recordarlo y tenerlo en cuenta a la hora de votar por unos, por otros, de cruzar el voto, de anularlo o de, simplemente, no ir a votar. (Soy de los que creen firmemente en que la democracia no se reduce al acto del sufragio y en que es mi derecho absoluto –el de nadie más– decidir qué hago con mi derecho a votar: ¿penar con cárcel la nulidad o la abstención? ¿En qué siglo estamos?).
Más que marcar o no marcar, nuestro deber ciudadano más importante es la veeduría, la exigencia de someter a escrutinio las acciones de quienes, como soberano, delegamos el control de las decisiones políticas y, tan importante, el uso del arca pública.
Dice la Constitución de El Salvador que los candidatos deben ser personas de probada honradez e instrucción notoria. Ni lo uno ni lo otro en muchos casos. Con lo de la instrucción notoria solemos ser un poco más exigentes: no dudamos en saltar a la yugular –vía redes sociales, por supuesto– ante un post mal escrito por una candidata o ante errores de ortografía de un viceministro. Todo eso está muy bien, pero no es ni suficiente ni lo más importante. Cuando se trata de reclamar por lo otro, por la falta de honradez, solemos ser mucho más permisivos.
Y por honradez no hablo solo del robo o el mal uso descarado del recurso público, como es el caso de un candidato del PCN por La Libertad que aceptó en sede fiscal haber recibido en sus cuentas dineros relacionados con el caso por el que el expresidente Antonio Saca ha sido acusado de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Falta de honradez, hipocresía, es también invocar sin reparos la perorata de la Mano Dura, el ustedes-los-malos contra nosotros-los-buenos cuando se ha alentado, tolerado o simplemente se ha sacado provecho electoral de negociaciones subrepticias con las pandillas. Tal es el caso de al menos dos candidatos a alcalde por el partido ARENA y dos por el partido FMLN.
Y falta de honradez es, por ejemplo, el discurso del presidente de la Asamblea, el primado del discurso “manodurista” que, por otro lado, fue uno de los principales impulsores del intento fallido por reelegir al abogado Luis Martínez, preso y procesado por corrupción, como fiscal general de la república. Hay una palabra para describir eso y no es honradez, es cinismo.
Falta de honradez es también la de José Luis Merino, quien con la aquiescencia de sus jefes también apuñaló la Constitución (lo de apuñalar no es construcción mía, es de Schafik Hándal, líder histórico del FMLN) para ser candidato a diputado sin dejar de ser viceministro y así garantizar su inmunidad. Merino, como ha señalado este periódico, ha sido el centro de un oscuro conglomerado financiero relacionado con el partido en el gobierno.
¿Y Francisco Merino? Él, al menos, es más directo: posa sin reparos con Juan Umaña Samayoa, un prófugo de la justicia.
Y así.
De nuevo: la próxima Asamblea Legislativa tendrá que decidir quién es el sucesor o la sucesora de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía y quiénes serán los titulares de la nueva Sala de lo Constitucional, entre otros funcionarios de segundo grado.
¿Qué podemos esperar si votamos por quienes negocian con pandillas, cabildean por llevar corruptos a la Fiscalía, apuñalan la Constitución o, tan frescos, hacen campaña con orgullo al lado de un prófugo? Siempre tenemos una opción: podemos no votar por ellos.

Racista

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca gracias en gran medida a su plataforma racista, una que entiende a las minorías, principalmente a las de origen extranjero, como seres humanos sin derecho a ningún tipo de protección legal. El desprecio a esas minorías, sobre todo a la latinoamericana y la árabe-musulmana, es piedra angular del trumpismo.
La cancelación del TPS (es eso, una terminación, por mucho que el discurso del oficialismo salvadoreño pretenda darle vueltas) es solo un paso más en el cumplimiento de una promesa que Trump hizo durante su campaña: hacer todo lo posible para disminuir la migración de pobres o perseguidos de otros países hacia Estados Unidos y hacer la vida más difícil para los migrantes que ya están aquí, sobre todo a los indocumentados. Es otra política motivada por el racismo.
Las políticas públicas emprendidas contra los migrantes y las minorías no son reflejo de un plan estratégico en principio; son la expresión política de la convicción de que hay un grupo de personas que tienen más derechos que otras. No es una idea nueva -Estados Unidos de América no terminan de cerrar esa brecha desde que se fundó como nación–, pero es innegable que ha adquirido nuevos bríos con la llegada de Trump al poder.
Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas para convertirse en narrativa oficial.
Estados Unidos ha usado lo mejor de su política, de su activismo, de su ciudadanía en general, para mantener a raya a quienes comulgan con la teoría esa de que este país les pertenece solo y sobre todo a otro grupo de migrantes, el formado por los descendientes de los europeos blancos que llegaron a su costa oriental en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Los mejores hombres y mujeres de este país se han dedicado a crear una narrativa nacional alejada de esas ideas. Uno de ellos, de los más icónicos, es Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de la Unión. El 29 de septiembre de 1863, en un cementerio lleno de soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil entre abolicionistas y esclavistas, Lincoln dijo: “… nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”.
De que todos los hombres son creados iguales. Iguales.
Donald Trump y su administración no creen en eso. El presidente lo deja claro cada vez que puede con sus acciones políticas y con sus retóricas, como cuando llama hoyos de mierda a los países de origen de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses; o como cuando promueve discursos que criminalizan a un grupo específico, los centroamericanos, al equipararlos a todos a la pandilla MS-13.
En realidad, la cloaca se abrió en Estados Unidos cuando estas ideas se convirtieron en narrativa oficial de la mano del trumpismo, del que forman parte, además del presidente, funcionarios que siempre creyeron en ellas, pero nunca habían encontrado suficientes espacios para convertirlas en políticas públicas, como el fiscal general Jeff Sessions o el vicepresidente Michael Pence.
Y están luego los millones de estadounidenses que votaron por Trump, los de a pie, quienes hoy se sienten empoderados para dar rienda a sus instintos y nos recuerdan los verdaderos hoyos de mierda que han ensuciado a este país durante su historia. Los hoyos de los que han salido quienes ondean banderas nazis en marchas que el presidente no condena, los supremacistas blancos a los que el presidente tolera y empodera en sus redes sociales, los niños de primaria que empiezan a repetir en las escuelas a sus pares morenos que se regresen a sus países.
El racismo ha vuelto a salir del hoyo en Estados Unidos.

¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Cualquier aficionado al fútbol sabe que la del título es una formulación hecha por los amigos para burlarse de uno cuando el equipo favorito navega por la calle de la amargura en el torneo. ¿Y hoy con quién pierde Águila?, suelo escuchar cada vez más a menudo. Pero este asunto, el de la Fiscalía, es más serio que el de cualquier equipo mediocre de El Salvador.

La Fiscalía de Douglas Meléndez ha vuelto a probar esta semana, con el caso del “Gordo Max” y Ernesto Regalado, que es una entidad mediocre, a la que le cuesta muchísimo ganar casos. Y, a poco menos de un año para terminar su mandato, el actual fiscal general tiene muy poco que presentar como lista de logros.

Seamos claros: el fiscal gana poco y, por lo visto en varios de los casos que ha presentado a los tribunales –el de la tregua, es uno de los que vienen a la mente–, pierde porque los abogados bajo su cargo no son capaces de presentar investigaciones sustentadas o de construir prueba sólida. Lo dicho, mediocres.

Los principales problemas de esta Fiscalía General no son la corrupción o la obstrucción de justicia, como sí lo fueron cuando la principal oficina del Ministerio Público estuvo presidida por fiscales a los que la Asamblea Legislativa eligió, en los años de ARENA, para no investigar crímenes de cuello blanco, o cuando, ya durante la primera gestión del FMLN en el Ejecutivo, los diputados eligieron a Luis Martínez, acaso el fiscal general más corrupto del que se tiene memoria.

En la época de Martínez, la Fiscalía se vendió siempre al mejor postor, fuera este un funcionario del gobierno de turno o un empresario urgido de ganar casos en los tribunales, como Enrique Rais. Ese no ha sido el caso de la Fiscalía de Meléndez, pero, de nuevo, eso no debería de ser un alivio.

Tampoco es que la Fiscalía de Meléndez responda a un plan macabro de la “derecha oligárquica”, como suele tuitear el expresidente Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito en El Salvador y asilado en Nicaragua, en parte por consejo de su expartido, el FMLN. La hemorragia tuitera de Funes no es más que el lamento de un exfuncionario corrupto oído y vencido en juicio.
Meléndez llegó, como ya escribí antes en más de una ocasión, arropado por la esperanza de que él iba a ser mejor que Martínez, Garrid Safie o Astor Escalante, lo cual, de nuevo, era un mínimo. Pero también llegó el fiscal actual empujado por la ola contra la corrupción que había nacido en el Triángulo Norte de Centroamérica tras la gestión de Claudia Paz en Guatemala, los logros de CICIG, las manifestaciones populares en Honduras y el apoyo de la comunidad internacional. A poco del final de su gestión, sin embargo, Meléndez está dejando mucho a deber.

Gana poco, decía. Pierde mucho porque sus fiscales no litigan ni investigan bien. Y cada vez que pierde suele echar las culpas afuera. Que si los jueces, que si funcionarios que no le colaboran con información, que si los bancos. Es casi siempre cierto que el sistema judicial, los funcionarios y los bancos del sistema salvadoreño que han visto pasar dinero por sus pasillos llevan décadas acostumbrados a fiscales corruptos o flojos y que eso de colaborar con la justicia es para ellos un chiste, pero Douglas Meléndez es el fiscal general, el abogado acusador del Estado y bien podría procesarlos en lugar de creer que el asunto se resuelve con frases altisonantes que no pasarán de un titular en los periódicos.

No debería de ser un chiste, pero ya empieza a serlo en las reuniones de pauta entre periodistas: ¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Montano en España

El periplo del coronel Inocente Orlando Montano Morales en los pasillos del sistema de justicia estadounidense inició en 2013. Una fría mañana de febrero de aquel año cubrí para LA PRENSA GRÁFICA la audiencia contra el militar por delitos migratorios que presidió el juez Douglas Woodlock en el centro judicial Joseph Moakley de Boston, Massachusetts. Pasaron más de cuatro años y hoy Montano está a un paso de ser extraditado a España, donde deberá responder por las muertes de cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En Boston, Montano fue condenado a 21 meses de prisión por haber mentido a autoridades migratorias al decir, entre otras cosas, que nunca había pertenecido a una institución armada. Al coronel se le olvidó decirle a Estados Unidos que él era viceministro de Seguridad Pública cuando una unidad de la Fuerza Armada salvadoreña entró a la UCA a asesinar a los sacerdotes y a dos de sus colaboradoras.

La pena que impuso el juez Woodlock parecía excesiva para un cargo menor. En Boston, uno de los abogados de la fiscalía estadounidense me lo explicó: la sentencia máxima fue impuesta atendiendo al historial previo de Montano. Es cierto que el coronel llegó a la Corte de Massachusetts sin antecedentes penales en El Salvador, pero el Gobierno estadounidense presentó testigos que hablaron sobre su rol en la masacre de la UCA y en otros abusos cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil.

Montano fue trasladado a Carolina del Norte, a una prisión de seguridad media donde había mejores condiciones para atender sus problemas de salud; padece diabetes y sobrevivió a un cáncer.
España, entonces, pidió la extradición del militar a Madrid para que se presente al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional española a responder por los “asesinatos terroristas” de los cinco jesuitas que eran españoles. Desde 2013, la defensa de Montano introdujo al menos media docena de recursos para evitar el viaje.

El martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última puerta a Montano, cuyo viaje a Madrid es ahora inminente. De acuerdo con una fuente diplomática de España, que consulté en Washington, se espera que en las próximas horas el coronel pase a custodia de las autoridades españolas.

Cuando Montano comparezca en el tribunal madrileño, el reloj de la justicia en el caso jesuitas, tantas veces detenido en El Salvador por obstrucciones y encubrimientos que implican a todas las administraciones salvadoreñas desde el presidente Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, acelerará de nuevo su curso.

Lo más importante es que toda la prueba recabada desde que el juez Eloy Velasco admitió la demanda de los familiares de los jesuitas en 2008 pasará a ser del dominio público: testimonios de exmilitares implicados en la masacre, relatos de testigos oculares y miles de documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España arrojarán luz sobre las circunstancias que rodearon los terribles hechos del 16 de noviembre de 1989.

La verdad asomará y ya con eso se habrá abierto el camino hacia la justicia, no solo para los deudos de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Mariset Ramos, sino también para todas las víctimas que dejaron su sangre en la locura que duró de 1970 a 1992 en El Salvador.

Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz. Primero fue la derecha, implicada directamente en la masacre, y luego, ya en el gobierno, fue la izquierda política, que también ha querido cuidarse de que la investiguen por sus desmanes.

Un país no puede construirse sin verdad, por eso es importante que el coronel Montano llegue a España.

Política “millenial”

Los recientes desencuentros entre políticos salvadoreños jóvenes y los dos partidos más importantes del país han empezado a alimentar la narrativa, sobre todo en redes sociales, del advenimiento de una nueva generación que, de a poco, podría empezar a romper la dicotomía ideológica que El Salvador heredó de su guerra civil y que se galvanizó en torno a ARENA en la derecha y el FMLN en la izquierda.

Ya hay columnistas de este y otros periódicos que ponen rostros a esa supuesta nueva generación. Para la izquierda, el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, recién expulsado del FMLN y quien ha dicho que formará un movimiento para buscar la presidencia en 2019. Y para la derecha, el de Johnny Wright Sol, un diputado que se ha enfrentado en público a su partido, ARENA, por temas relacionados con salud reproductiva, matrimonio igualitario, transparencia y administración interna.

Ambos políticos, nacido uno en 1981 y el otro en 1985, suelen generar entusiasmo en las redes sociales, sobre todo el alcalde, quien ha montado una fuerte infraestructura cibernética que se encarga de celebrarlo y promocionar su agenda política y personal. Y ambos, como se apuntó, se han enfrentado a sus partidos de una manera u otra, lo que les ha valido ya el mote de ser, cuando menos, críticos del sistema, algo que también genera simpatías en un ambiente en que las líneas ideológicas de derechas e izquierdas aparecen ya difuminadas.

Si se atiende a las definiciones temporales que algunos tanques de pensamiento estadounidenses dan al tema generacional —como el Pew Research Center—, es posible ubicar a estos dos hombres en la generación llamada “millennial”, que es la nacida durante la década de los ochenta, marcada por los flujos de información que popularizó el internet y más recientemente por el uso de las llamadas redes sociales. También dice el Pew que una “brecha política importante” divide a estos jóvenes de otras generaciones.

Todo lo anterior son, por supuesto, fabricaciones conceptuales estadounidenses, a las que hay que tomar con mucha prudencia al intentar extrapolarlas a una sociedad como la salvadoreña, donde los únicos horizontes para un buen porcentaje de los jóvenes nacidos después de 1980 son la pandilla, la muerte o la huida a Estados Unidos. Vale, sin embargo, aplicar eso de “la brecha política”, aun si es solo para efectos argumentativos.

Veamos. ¿Representan Nayib Bukele y Johnny Wright Sol brechas importantes respecto al ideario de sus partidos políticos? Para empezar: ¿cuál es el ideario de ARENA y del FMLN más allá de las formulaciones propagandísticas?

La ideología se convierte en plataforma política desde el ejercicio de la función pública, no en las redes sociales. ¿Cómo se define esa plataforma en el caso de lo hecho por el FMLN en ocho años de gobierno? ¿Populismo? ¿Estado de bienestar? ¿Militarización de la seguridad pública? ¿Y la de ARENA desde la oposición? ¿Populismo también?

¿Y cuál es el ideario de los políticos “millennial” de moda en El Salvador? Imposible saberlo aún. En el caso del alcalde el show bufó en el que él y el FMLN convirtieron el epílogo de su relación ha opacado todo lo demás. Y en el caso del diputado Wright Sol falta que sus desencuentros con axiomas de la derecha más cavernaria se conviertan, en efecto, en propuesta política.

Lo cierto es que mientras esta supuesta nueva generación no se defina sobre los dos temas más importantes para el país, que son la violencia y la corrupción, lo suyo no será más que moda tuitera. Mientras no lo hagan en serio, explicando qué ideas tienen para acabar de una vez por todas con los usos patrimoniales del Estado que han hecho derechas e izquierdas, o cómo abordarán desde la función pública el rescate del resto de “millennial” salvadoreños condenados a muerte por las pandillas o las manoduras, su juventud no será más que una versión mejor maquillada que la de sus antecesores.

El TPS y los palos de ciego de los políticos salvadoreños

La pista más certera sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el beneficio migratorio que cobija a unos 187,000 salvadoreños en Estados Unidos, llegará en noviembre próximo cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) haga pública su decisión sobre el futuro del programa para 60,000 hondureños que también gozan del beneficio.

Si Washington decide no renovar el TPS a los hondureños, lo más seguro es que no lo haga para los salvadoreños.

En abril, cuando DHS dio a conocer su decisión de renovar solo por seis meses más el TPS a 50,000 haitianos también amparados, sonó la primera alarma: “El Salvador debería de poner atención desde ahora”, me dijo entonces un asistente legislativo de la cámara baja.

A principios de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anuló DACA, el programa de la administración Obama que evitó la deportación y dio permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños, todas las luces de emergencia se encendieron para el TPS. Fue entonces que la clase política salvadoreña, los partidos, pretendieron salir de su usual letargo para abordar el asunto, y lo hicieron desde su asqueroso guion usual: intentar llevar agua a su molino electoral mientras se aseguran de echar ripio a su adversario.

La cantaleta más sonora de ARENA ha sido que el gobierno del FMLN ha puesto en riesgo el TPS por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso, en esencia, es mentira.

La relación entre el FMLN, los grupos de crimen organizado vinculados al Gobierno venezolano y las actividades de las FARC colombianas sí son asunto de interés en Washington, en específico el rol que José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y viceministro de Inversión Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, tiene en ese tinglado. Por Ramiro y sus dineros ya preguntaron la DEA y 14 congresistas –demócratas y republicanos– y el poderoso comité antinarcóticos del Senado.

Pero si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo, de eso se alimenta su base blanca más fanática; por eso anuló DACA y por eso, si lo hace, no renovará el TPS.

Este septiembre una comitiva de diputados salvadoreños de todos los colores estuvo en Washington, haciendo las rondas usuales en el Congreso y el Ejecutivo, para hacer cabildeo por la renovación. Algo bueno salió de ahí en forma de una carta firmada por 116 representantes de la cámara baja que piden a Trump que no corte el TPS.

A pesar de ser un buen gesto político, la carta no tendrá un peso político real entre quienes tomarán la decisión final, que son, además de Trump, el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; el fiscal general, Jeff Session, que es uno de los miembros más racistas del Gabinete; y, en menor medida, Elaine C. Duke, secretaria interina de DHS.

Lo que en realidad tendrían que estar haciendo los políticos salvadoreños es, desde sus trincheras, prepararse para el escenario más probable, que es la no renovación, y el cual implicaría deportaciones, desprotección legal de quienes se queden indocumentados en Estados Unidos y también para quienes vengan a El Salvador después de 16 años de no vivir aquí.

El consabido juego de vociferar culpas y buscar réditos politiqueros de nada servirá a los compatriotas afectados por la eventual eliminación del TPS. De nada.

Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.