Política “millenial”

Los recientes desencuentros entre políticos salvadoreños jóvenes y los dos partidos más importantes del país han empezado a alimentar la narrativa, sobre todo en redes sociales, del advenimiento de una nueva generación que, de a poco, podría empezar a romper la dicotomía ideológica que El Salvador heredó de su guerra civil y que se galvanizó en torno a ARENA en la derecha y el FMLN en la izquierda.

Ya hay columnistas de este y otros periódicos que ponen rostros a esa supuesta nueva generación. Para la izquierda, el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, recién expulsado del FMLN y quien ha dicho que formará un movimiento para buscar la presidencia en 2019. Y para la derecha, el de Johnny Wright Sol, un diputado que se ha enfrentado en público a su partido, ARENA, por temas relacionados con salud reproductiva, matrimonio igualitario, transparencia y administración interna.

Ambos políticos, nacido uno en 1981 y el otro en 1985, suelen generar entusiasmo en las redes sociales, sobre todo el alcalde, quien ha montado una fuerte infraestructura cibernética que se encarga de celebrarlo y promocionar su agenda política y personal. Y ambos, como se apuntó, se han enfrentado a sus partidos de una manera u otra, lo que les ha valido ya el mote de ser, cuando menos, críticos del sistema, algo que también genera simpatías en un ambiente en que las líneas ideológicas de derechas e izquierdas aparecen ya difuminadas.

Si se atiende a las definiciones temporales que algunos tanques de pensamiento estadounidenses dan al tema generacional —como el Pew Research Center—, es posible ubicar a estos dos hombres en la generación llamada “millennial”, que es la nacida durante la década de los ochenta, marcada por los flujos de información que popularizó el internet y más recientemente por el uso de las llamadas redes sociales. También dice el Pew que una “brecha política importante” divide a estos jóvenes de otras generaciones.

Todo lo anterior son, por supuesto, fabricaciones conceptuales estadounidenses, a las que hay que tomar con mucha prudencia al intentar extrapolarlas a una sociedad como la salvadoreña, donde los únicos horizontes para un buen porcentaje de los jóvenes nacidos después de 1980 son la pandilla, la muerte o la huida a Estados Unidos. Vale, sin embargo, aplicar eso de “la brecha política”, aun si es solo para efectos argumentativos.

Veamos. ¿Representan Nayib Bukele y Johnny Wright Sol brechas importantes respecto al ideario de sus partidos políticos? Para empezar: ¿cuál es el ideario de ARENA y del FMLN más allá de las formulaciones propagandísticas?

La ideología se convierte en plataforma política desde el ejercicio de la función pública, no en las redes sociales. ¿Cómo se define esa plataforma en el caso de lo hecho por el FMLN en ocho años de gobierno? ¿Populismo? ¿Estado de bienestar? ¿Militarización de la seguridad pública? ¿Y la de ARENA desde la oposición? ¿Populismo también?

¿Y cuál es el ideario de los políticos “millennial” de moda en El Salvador? Imposible saberlo aún. En el caso del alcalde el show bufó en el que él y el FMLN convirtieron el epílogo de su relación ha opacado todo lo demás. Y en el caso del diputado Wright Sol falta que sus desencuentros con axiomas de la derecha más cavernaria se conviertan, en efecto, en propuesta política.

Lo cierto es que mientras esta supuesta nueva generación no se defina sobre los dos temas más importantes para el país, que son la violencia y la corrupción, lo suyo no será más que moda tuitera. Mientras no lo hagan en serio, explicando qué ideas tienen para acabar de una vez por todas con los usos patrimoniales del Estado que han hecho derechas e izquierdas, o cómo abordarán desde la función pública el rescate del resto de “millennial” salvadoreños condenados a muerte por las pandillas o las manoduras, su juventud no será más que una versión mejor maquillada que la de sus antecesores.

El TPS y los palos de ciego de los políticos salvadoreños

La pista más certera sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el beneficio migratorio que cobija a unos 187,000 salvadoreños en Estados Unidos, llegará en noviembre próximo cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) haga pública su decisión sobre el futuro del programa para 60,000 hondureños que también gozan del beneficio.

Si Washington decide no renovar el TPS a los hondureños, lo más seguro es que no lo haga para los salvadoreños.

En abril, cuando DHS dio a conocer su decisión de renovar solo por seis meses más el TPS a 50,000 haitianos también amparados, sonó la primera alarma: “El Salvador debería de poner atención desde ahora”, me dijo entonces un asistente legislativo de la cámara baja.

A principios de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anuló DACA, el programa de la administración Obama que evitó la deportación y dio permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños, todas las luces de emergencia se encendieron para el TPS. Fue entonces que la clase política salvadoreña, los partidos, pretendieron salir de su usual letargo para abordar el asunto, y lo hicieron desde su asqueroso guion usual: intentar llevar agua a su molino electoral mientras se aseguran de echar ripio a su adversario.

La cantaleta más sonora de ARENA ha sido que el gobierno del FMLN ha puesto en riesgo el TPS por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso, en esencia, es mentira.

La relación entre el FMLN, los grupos de crimen organizado vinculados al Gobierno venezolano y las actividades de las FARC colombianas sí son asunto de interés en Washington, en específico el rol que José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y viceministro de Inversión Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, tiene en ese tinglado. Por Ramiro y sus dineros ya preguntaron la DEA y 14 congresistas –demócratas y republicanos– y el poderoso comité antinarcóticos del Senado.

Pero si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo, de eso se alimenta su base blanca más fanática; por eso anuló DACA y por eso, si lo hace, no renovará el TPS.

Este septiembre una comitiva de diputados salvadoreños de todos los colores estuvo en Washington, haciendo las rondas usuales en el Congreso y el Ejecutivo, para hacer cabildeo por la renovación. Algo bueno salió de ahí en forma de una carta firmada por 116 representantes de la cámara baja que piden a Trump que no corte el TPS.

A pesar de ser un buen gesto político, la carta no tendrá un peso político real entre quienes tomarán la decisión final, que son, además de Trump, el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; el fiscal general, Jeff Session, que es uno de los miembros más racistas del Gabinete; y, en menor medida, Elaine C. Duke, secretaria interina de DHS.

Lo que en realidad tendrían que estar haciendo los políticos salvadoreños es, desde sus trincheras, prepararse para el escenario más probable, que es la no renovación, y el cual implicaría deportaciones, desprotección legal de quienes se queden indocumentados en Estados Unidos y también para quienes vengan a El Salvador después de 16 años de no vivir aquí.

El consabido juego de vociferar culpas y buscar réditos politiqueros de nada servirá a los compatriotas afectados por la eventual eliminación del TPS. De nada.

Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

Sobreseimiento

Por recomendación de mis abogados tenía preparadas unas líneas para, si era necesario, hacer uso de mi derecho al uso de la última palabra durante la audiencia de presentación y aceptación de pruebas, que fue lo que se llevó a cabo el jueves.

Considero que este fallo judicial es una victoria importante para el periodismo salvadoreño que hace suya la convicción de que este oficio cumple una función social muy importante, sobre todo en una sociedad que como la salvadoreña vive carcomida por la corrupción y el abuso de poder: la de denunciar a quienes abusan y a quienes corrompen. Por ello me permito reproducir aquí algunos párrafos de lo que escribí:

“Entiendo, como siempre lo he dicho, que este caso se trata de un ataque al derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo, ambos garantizados por nuestras leyes primaria y secundarias. Este no es, como pretender hacer ver los abogados de mi acusador, el caso de la victimización de un particular; es, simplemente, el caso de un empresario acostumbrado a usar su poder económico y sus influencias políticas para hacer que el sistema de justicia juegue a su favor.

“He ejercido el periodismo durante 23 años y a lo largo de esa carrera he confrontado decenas de veces la incomodidad del poder, económico y político, ante los señalamientos hechos desde mi oficio por conductas sospechosas de corrupción, de uso ilegal del recurso público o de connivencia con el crimen común y organizado. Enfrenté esa incomodidad, traducida algunas veces en amenazas y acoso contra mí o mi grupo familiar, cuando investigué, por ejemplo, la complicidad de los más altos mandos de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico durante la década 2000; cuando señalé la connivencia de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República con contrabandistas del oriente del país a finales de la década de los 90; y, más recientemente, cuando publiqué artículos exponiendo la corrupción existente en la Fiscalía General durante la gestión del ex fiscal general, el licenciado Luis Martínez, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta tres procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y otras conductas ilícitas.

“Siempre entendí el periodismo como una forma de traer luz a los rincones de la vida nacional que las élites económicas y políticas pretenden dejar en la oscuridad con el fin de salvaguardar sus intereses o, en el peor de los casos, sus actuaciones que riñen con los marcos legales que rigen a nuestra sociedad. Entiendo el periodismo, sí, como un ejercicio de denuncia de los abusos del poder.

“Dice el académico estadounidense Bruce Bagley que el crimen organizado y quienes se alían a él desde el poder son como las cucarachas: buscan siempre esos rincones sucios y oscuros. El periodismo pretende, dije, echar luz sobre ellos.

“Fue con estos principios en mente que, como he emprendido decenas de investigaciones durante mis dos décadas de carrera, emprendí una investigación periodística encaminada a determinar si existían abusos de poder y corrupción en la Fiscalía General dirigida por Martínez. Y fue, en el marco de esa investigación, que surgió el nombre del empresario que hoy me acusa, el señor Enrique Rais.

“Es importante, su señoría, que el tribunal entienda que la investigación periodística empezó teniendo al centro a un funcionario público, porque como dije antes, una de las principales misiones del periodismo es investigar a quienes ejercen el poder y denunciarlos si están actuando ilegalmente o en forma anti ética, sobre todo si son funcionarios públicos bajo cuya administración el soberano ha encomendado el buen uso del recurso público o la potestad de la investigación criminal”.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que yo y otros colegas habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: “Habla Ramiro”, me dijo, y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Dos años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

Este año, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y han usado los recursos del Estado para hacerlo: cancillería le creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, por ahora, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y con su caso el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

Volver a las sombras

Vivir como indocumentado en Estados Unidos implica, por lo que he visto y escuchado en las calles de este país, caminar con la vista escorada, con el alma pendiente de una patrulla con la sirena encendida o de un uniforme azul. Significa vivir con un miedo permanente, ya no a la muerte que ronda en el barrio, sino de ser obligado a regresar a ese barrio en la tierra de origen.

Llegué a Maryland en 2009 y aquí he vivido desde entonces, en Silver Spring, una de las ciudades del estado que hacen vecindad con la capital de la Unión. Esta ciudad ha sido hogar de decenas de miles de salvadoreños y centroamericanos desde hace al menos dos décadas, cuando las migraciones cíclicas empezaron a poblarla de latinos. Hasta hace muy poco, vivir aquí, como latino, aun como indocumentado, no se asociaba al miedo a ser deportado. Hasta hace muy poco.

El condado de Montgomery, donde está Silver Spring, no tiene estatus de “área santuario” para indocumentados, pero en la práctica este es un lugar sumamente amigable con el extranjero; aquí, hasta hace muy poco, la situación migratoria no iba aparejada necesariamente con la discriminación.

Aquí, en Silver Spring, la diversidad manda. Esta es, de acuerdo con un estudio elaborado por la casa de asesoría financiera WalletHub, la quinta ciudad más diversa de Estados Unidos. Aquí conviven en los mismos espacios públicos –escuelas, bibliotecas, oficinas– y privados razas, idiomas, religiones, cosmovisiones. Es una ciudad café, mestiza, donde el inglés, con marcados acentos hindis, etíopes o salvadoreños, sirve de vehículo común de intercambio.

Una de las principales razones que siguen atándonos a mi familia y a mí a este lugar es esa, la diversidad: saber que mis hijas crecen rodeadas de riqueza cultural y no enclaustradas en una burbuja. Estados Unidos tiene muchas cosas feas, pero también, en sus condados más diversos, ofrece inmensas ventanas a cosas buenas que el mundo tiene que ofrecer.
Todo eso, hoy, está en peligro.

Los vientos políticos que la administración republicana de Donald J. Trump ha traído a Washington, que se nutren en gran medida de los miedos más oscuros de la “América blanca” que nunca vivió el sueño americano, han hecho que la diversidad alimentada por las comunidades migrantes vuelva a cubrirse de sombras.

Una de las formas en que la administración de Donald Trump quiere revertir la diversidad es a golpe de un chantaje financiero monumental. La Casa Blanca ha amenazado a los gobiernos locales de estados y ciudades con retirarles los fondos que el gobierno federal les otorga anualmente si los departamentos de policía de estos condados no ayudan a la Migración federal a deportar indocumentados.

El tema, además, ha cobrado especial relevancia desde que Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, aplicaron la fórmula del odio retórico para criminalizar a las comunidades latinas al equipararlas con las actividades delictivas de la pandilla MS-13. Es la vieja fórmula que esta derecha estadounidense ya había usado antes al equiparar el terrorismo islámico con la comunidad musulmana: criminalizar al extranjero, culparlo de todos los males y montar sobre él la parla populista. Como Hitler.

A seis meses de presidencia, la retórica ya está animando a los funcionarios que no comulgan con la diversidad a promover políticas públicas con tintes xenofóbicos, mientras que amenaza con cohibir a funcionarios que han entendido la diversidad como la forma de vida que rige su función pública.

Y mientras todo esto pasa, los indocumentados siguen viendo sobre el hombro, caminando de nuevo por las sombras.

Y entonces, ¿necesitamos una CICIES?

Empezaría diciendo que saquemos a los políticos de la discusión, pero no puedo: diseñar y ejecutar una comisión internacional a la que el Estado nacional cederá atribuciones como la investigación del crimen es algo que no puede hacerse, obvio, sin el concurso del Estado. En El Salvador, el Ejecutivo se ha negado de entrada a ceder esas atribuciones a un ente internacional. ¿Por qué?

No ha habido, hasta ahora, una discusión seria en la agenda nacional sobre la conveniencia o no de que en El Salvador haya una comisión internacional como en Guatemala. Cada vez que el tema surge en la opinión pública suele ser porque la oposición política vinculada a ARENA, con evidentes intereses partidarios, lo trae a colación, o porque algunos tuiteros sin aparente filiación partidaria tiran la idea al ciberespacio.

Las respuestas a la pregunta que titula esta columna y a la que finaliza el primer párrafo están aún pendientes. No seré yo quien las conteste, pero sí puedo, en todo caso, dar mi opinión. Parto de lo básico: ¿Es necesario que el Estado salvadoreño ceda soberanía a un ente internacional para investigar y combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado? Yo creo que no haría daño alguno, sobre todo si entendemos que los entes encargados de esa función por mandato constitucional han solido ceder su soberanía e independencia a entes ajenos a ese mandato, como los partidos políticos, o, peor, a grupos de crimen organizado que están en abierta contradicción con ese mandato.

Si partimos de que la Fiscalía General de la República es a la que toca ejercer la dirección de la investigación criminal por mandato constitucional, basta revisar las gestiones de la mayoría de fiscales generales anteriores a Douglas Meléndez para entender que pusieron a la institución al servicio de intereses de partidos políticos o, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Así, hablar de las gestiones del fallecido Manuel Córdova Castellanos, de Belisario Artiga, de Félix Garrid Safie, de Romeo Barahona o de Ástor Escalante es hablar de fiscales generales que pusieron a la Fiscalía al servicio de los intereses políticos del partido ARENA. O de funcionarios cercanos al poder. Hablan de ello casos como el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda, en el que el rol de la Fiscalía fue encubrir y proteger a los sospechosos, policías y militares incluidos; o, mucho antes, la negativa de la Fiscalía de Córdova de investigar a bancos del sistema financiero relacionados con estafas atribuidas a empresarios cercanos a la derecha política, como FOMIEXPORT o FINSEPRO.

Y, luego, al revisar la gestión de Luis Martínez, avalada por todos (t-o-d-o-s) los partidos políticos, se entiende cómo la Fiscalía llegó a ceder su independencia al crimen organizado y a la corrupción. Casos como el de Enrique Rais y la protección al Cartel de Texis son ejemplos de ello.

Uno de los principales argumentos de los detractores de que en El Salvador exista una comisión internacional es ese, que no es adecuado que el Estado ceda su soberanía. La semana pasada se lo escuché, por ejemplo, a Fabio Castillo, el abogado cercano al FMLN, pero ya antes lo han repetido diputados y autonombrados analistas, sobre todo desde la izquierda política.

El argumento es, creo, un sofisma: qué soberanía va a ceder la Fiscalía General cuando durante tanto tiempo la ha cedido a intereses que nada tienen que ver con el soberano, con el pueblo al que se debe. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra soberano: “El que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente”.

Si “Chepe Diablo”, Los Perrones y demás mafias incrustadas en el sistema político salvadoreño han podido ejercer autoridad sobre fiscales generales y –de esto he hablado antes con detalle– directores de la Policía Nacional Civil, de qué sirve la tan cacareada soberanía.

Prefiero una cesión controlada de soberanía a un ente internacional para garantizar el imperio de la ley, como en el modelo CICIG, que seguir cediendo la soberanía de nuestras instituciones a las mafias que se han adueñado de ellas.

Partidos caducos

A los dos, ARENA y FMLN, la democracia se les vuelve a atragantar.

La cúpula de ARENA recién descabezó a buena parte de la recién juramentada Juventud Republicana Nacionalista por “no adherirse a los valores del partido”, según se desprende de reacciones expuestas en redes sociales por líderes areneros o columnistas simpatizantes.

Los jóvenes fueron expulsados, entre otras cosas, por proponer abrir la discusión, en el seno arenero, a temas como el aborto o el matrimonio igualitario; ambas discusiones que hasta ahora han sido ajenas al ideario de ARENA, afincado en estos apartados en los valores católicos más conservadores.

Esta defensa parece estar cimentada en la siguiente lógica: Si no estás de acuerdo con esos valores, los valores más conservadores sobre los que se fundó este partido de derecha, aquí no tenés cabida. De ahí es bien fácil llegar a dos conclusiones: en ARENA no cabe la modernidad y en ARENA cualquier desacuerdo programático se resuelve con la exclusión.

El FMLN, por su lado, empezó el nuevo capítulo de un ejercicio que ya es tradicional: la imposición de aspirantes a alcaldes y diputados. A la larga lista de candidatos de dedo, como Schafick Hándal hijo en San Salvador o Blanca Flor Bonilla en Ayutuxtepeque, parece haberse unido hoy la de Miguel Pereira, que buscará la reelección en San Miguel aupado por el apoyo de Medardo González, coordinador general del partido.

No resulta nuevo decir que en el FMLN la democracia interna también es un asunto de difícil digestión y que la representatividad política sigue jugándose, solo, en el tablero de ajedrez que llevan peleándose una década Medardo González, José Luis Merino y las FPL, ya sea de mano de Salvador Sánchez Cerén o de Óscar Ortiz.

El FMLN y ARENA siguen siendo maquinarias electorales eficientes. Y, hasta hace muy poco, seguían siendo impresionantes maquinarias de propaganda, capaces ambas de retorcer los hechos o matizar las verdades para pintarlas a su conveniencia en la narrativa política nacional, esa en la que, según ambos partidos, todo tiene que seguir definiéndose por la bipolaridad entre ellos.

La propaganda, sin embargo, se les empieza a agrietar. A ARENA hoy le resulta más difícil acallar las disidencias, incluso en los medios de comunicación que han sido sus aliados históricos. Y al FMLN las redes sociales les han jugado la mala pasada de dar voz, además de a sus incondicionales, a sus disidentes.
Lo que ambos partidos políticos dejaron de ser hace un rato largo fue vehículos efectivos de representatividad democrática.

Y dejaron de ser, incluso, expresiones honestas de la ideología con que se arroparon durante sus nacimientos, durante la guerra y la primera posguerra. Es cierto que a ambas cúpulas suele vérselas a menudo acudiendo a las viejas banderas e himnos para intentar poner en orden el redil. ¿Que los bichos intentan tomarse ARENA? Respuesta: Somos fieles a nuestros principios nacionalistas y republicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser republicano y nacionalista en la segunda década del siglo XXI?

¿Que al FMLN, hoy que es gobierno, se le cuestiona el coqueteo de sus líderes con la corrupción? Respuesta: Es una campaña orquestada por lacayos de la derecha o del imperio. Y con eso ha bastado para que el vicepresidente Ortiz no responda sobre sus nexos con “Chepe Diablo” o el viceministro de inversión Merino sea viceministro a pesar de sus nexos con Enrique Rais.

Por ahora, insisto, ambos partidos siguen siendo maquinarias electorales que persiguen un solo fin: garantizar a sus cúpulas el acceso al poder político. A sus cúpulas, en esencia, no a los ciudadanos que en ellos militan, que con ellos simpatizan o que por ellos votan. A sus cúpulas.