Carta Editorial

Cuando se aborda el acceso a los servicios elementales de las personas con menos recursos económicos, hay un tono de normalización del sufrimiento. Es normal tener que hacer largas colas en los hospitales para recibir atención de emergencia, es normal esperar dos o tres meses para ver a un médico especialista durante 15 minutos, es normal tener que recorrer grandes distancias y hasta cruzar fronteras para poder recibir atención en salud. Esa normalización tan arraigada en esta región no es otra cosa que violencia. No matan solo las balas, mata también el abandono.

En las fronteras del Triángulo Norte, la región formada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, se vive una crisis sanitaria que durante años los gobiernos han encontrado conveniente ignorar. Todos los días, grupos de enfermos renales, parturientas y niños cruzan por pasos ciegos y mojones en busca de atención médica, y lo hacen en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo y uno de los que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto dedica al gasto público en salud.

En cinco años, los hospitales públicos salvadoreños han brindado un promedio diario de 24 consultas a guatemaltecos y 25 a hondureños. El reportaje de esta edición no se limita a señalar la inversión o la cantidad de consultas. Este tema de salud pública va sobre la exclusión.

La forma en la que los habitante de los cordones fronterizos resuelven su necesidad de atención médica no ha sido prioridad para los gobiernos, que han estado más preocupados por atajar las críticas solo en los hospitales metropolitanos. El primer nivel de atención, ese que es una herramienta indispensable para mejorar la calidad de viva de las poblaciones, ha sido relegado a un tercer o cuarto plano.

Con el resultado de estas acciones se han escrito historias trágicas de ancianos diabéticos que deben recorrer kilómetros para poder recibir una curación o de niños con enfermedad renal crónica que se pasan la vida en un viaje que no ofrece ninguna comodidad. Son personas que en pleno 2018 tienen que caminar hasta por nueve horas para llegar hasta un establecimiento que les ofrezca atención y medicinas.

Hay muchas formas de discriminación. Una de las más crueles es la de alejar a los seres humanos de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de tener salud.

Carta Editorial

Habría que empezar por aceptar el fracaso. Al menos en hacerlo habría un acto de reconocimiento y nobleza, algo que tanta falta ha hecho a lo largo de la historia de este país. La situación no solo la está apuntando la Caravana de Migrantes desesperados por irse. También lo dicen bien alto y bien claro las cuatro historias de personas con un empleo en el que no deberían pero prácticamente arriesgan la vida cada día.

Estos cuatro empleados no se encargan de labores de seguridad, y aun así han tenido que mirar a la cara a gente que, arma en mano, les exige que se vayan, que no entren, que no hagan y que no digan porque ese lugar en el que quieren desarrollar alguna actividad es territorio reclamado por ellos. Es un territorio en donde no hay Estado, solo están ellos.

Estos cuatro empleados tampoco son expertos en negociación ni en solución de conflictos, pero han sabido encontrar la manera de evitar que los maten y también realizar la labor por la que han sido contratados, ya sea que repartan tambos de gas a domicilio o que les toque dar talleres sobre violencia de género.

No se trata de ver con actitud romántica el esfuerzo de ellos y de muchos por mantener un empleo en estas circunstancias. Estas situaciones no son normales. Son aberrantes y afectan a las personas en niveles muy profundos. Hacen que tengamos una fuerza laboral lastimada y obligada a sobrevivir en medio de ambientes hostiles. Y lo hacen solos, sin denuncia, sin instituciones que los respalden. Es una tragedia diaria.

No se puede seguir negando que estas historias existen, que cada día se escribe otro capítulo oscuro al que hemos decidido solo llamar jornada laboral. Antes de dar cualquier otro paso, es necesario aceptar que se les ha fallado. Esto no es digno. Tener que trabajar en estas condiciones representa la normalización de una violencia feroz y el desprecio por la vida.

Carta Editorial

Cada vez reina más la incertidumbre y en esta situación solo se siembra hambre. Esta vez los afectados son los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Se supone que las sociedades con una institucionalidad fuerte y sana persiguen que los individuos, después de una vida de trabajo, puedan disfrutar de un periodo de descanso. No hay dignidad ni nada para celebrar en que una persona entrada en años tenga que seguir trabajando para mantenerse, para comer, en todo caso.

El problema es que el sistema de pensiones estaba diseñado para depender de una cantidad de gente en activo para que alimentara con sus contribuciones el fondo común desde donde se pagaría a quienes dejaran de trabajar. Y ya no hay para tanto. La proporción entre quienes aportan y quienes, en teoría, deberían recibir el fruto de todos los años en que aportaron se ha reducido demasiado. El sistema se tambalea para todos.

La gente con sus años cumplidos para jubilarse se abstiene de hacerlo, porque no está garantizado que pueda recibir la pensión a la que tiene derecho. Y la planilla no se renueva, se reducen los espacios para que se ejecute un relevo generacional en la institución. Lo que sigue es un colapso. Uno que se traduce en atrasos en los depósitos que tienen que recibir los jubilados.

Tener calidad de vida en el país es cada vez más complicado. La gente está llegando a la edad de la jubilación con deudas, con compromisos económicos que incluyen hacerse cargo de los gastos de hijos que no logran despegar e independizarse porque no hay oportunidades de educación y empleo con salario competitivo.

El reportaje del periodista Moisés Alvarado gira en torno a esa pregunta sobre el futuro: ¿Qué tipo de vejez podemos anhelar aquí? El trabajo, aunque dignifique, no puede ser una condición a perpetuidad. Quienes están a cargo de las instituciones, quienes diseñan los sistemas, deben saber que lo que administran no son números, son vidas.

Carta Editorial

El desplazamiento forzado interno debería ser considerado como una de las mayores derrotas del Estado que hemos formado. Es la consecuencia última de una cadena de abandonos. No se les ha brindado seguridad pública, porque esa seguridad está catalogada como un privilegio al que solo se tiene acceso con dinero suficiente. No se les ha dado ninguna oportunidad para mejorar ingresos por medio de la educación y el trabajo bien remunerado. Y después de fallarles de esta forma tan cruel, se les deja solos en la desesperada huida. Son, hasta ahora, pocas las instituciones públicas que al menos han reconocido que no son casos aislados, sino que se trata de un fenómeno que afecta a cada vez más personas.

Ya no se trata solo de que una familia pase del punto A, en que recibió amenazas o ataques, al punto B, en el que se percibe más seguridad. Se trata de que ya no se encuentran espacios para garantizarle a nadie que puede estar a salvo y vivir sin sentirse perseguido y vulnerable. Las reubicaciones a veces fallan porque lo que está mal no es una parte, es todo el sistema.

El reportaje de la periodista Valeria Guzmán relata el calvario de varias familias a las que se ha condenado a un éxodo en las peores condiciones. La mayoría va en soledad. Algunos se hacen acompañar de organizaciones no gubernamentales, pero son tantos, cada día se suman más.

Las instituciones estatales no han estado a la altura de la urgencia de las familias afectadas. Han hecho más esfuerzos por minimizar la situación que por brindar una solución integral a un problema que está afectando sobre todo a niños y adolescentes. Cuando se va, la gente no solo deja una calle o una casa, deja comunidades, empleos, escuelas, familia. La gente se queda sin red, se vacía, y esta tragedia no puede seguir sepultada en el silencio.

Carta Editorial

La de hoy es una historia acerca de saber volver. Carmen Elena Trigueros es una artista que ha sabido empapar sus obras con un contundente mensaje. Lo mismo coloca una bandera gigante en el monumento al Salvador del Mundo y la lava con un uniforme de empleada doméstica que vende sus pinturas a extranjeros. No siempre tuvo así de claras las acciones a emprender. Como muchas, a su vocación artística la atravesaron la maternidad y el hogar. Y más allá de eso, volvió. Volvió a lo que le gusta hacer y en donde se siente plena.

La instalación en el Salvador del Mundo se llamó Lavandera, “y buscaba ser una metáfora de la mujer salvadoreña, la que trabaja y sufre, sobre todo debido a los errores de sus hijos; aquella que se encarga de lavar el piélago de sangre que sería nuestro país sin su esperanza”, como señala la artista.

El reportaje de esta edición es un repaso íntimo de la vida de esta artista que ha buscado ejercer en un país que no es dado a consumir manifestaciones culturales, pero que poco a poco va cambiando y va enfilando su mirada hacia el trabajo de gente como Trigueros, con propuestas innovadoras que reflejan muchas de las emociones salvadoreñas.

De Trigueros llama la atención esa insistencia por no dejarse vencer ante las adversidades. La vida de esta artista salvadoreña hace destacar a la educación como una de las claves para abrir el horizonte y para hallar la mejor forma de alcanzar el desarrollo personal y también del país.

Trigueros ha alcanzado un equilibrio que le permite ahora hablar desde un balcón acerca de todas esas actividades que amarran a las mujeres y que hacen difícil el tránsito hacia la vocación: “Yo veía a mis colegas hombres que podían dedicarse a su obra, a promocionarla al 100 %, porque alguien más, su pareja, les miraba la casa, les miraba los hijos. En cambio, a mí todo eso me tocaba hacerlo sola”. En esto resume mucho de lo que aún hay que cambiar.

Carta Editorial

Hoy Monseñor Óscar Arnulfo Romero llega a la más alta distinción que puede otorgar la Iglesia católica: la santidad. Y ojalá que pasara lo mismo con su lucha por los derechos humanos, la misma que lo llevó al martirio. Pero El Salvador nunca ha podido dejar atrás las desigualdades y las injusticias que él destacaba en sus homilías. Este sigue siendo un país que castiga la pobreza, que excluye, que discrimina y que tiene un sistema gordo y sano muy dispuesto a mantener la impunidad. Este sigue siendo ese país que Romero denunciaría con esa fuerza en la voz que nace del dolor empático.

Su nombre es ahora conocido en todo el mundo. Sus palabras son citadas por cualquiera que pretenda venderse como correcto. La figura de Romero ha pasado por un proceso que la ha convertido en un símbolo aceptado, ese del que cualquiera se puede apropiar en público para verse bien y ganar simpatías. Pero parafrasearlo y colgar su imagen no significa, como hemos visto ya, compromiso. Romero es conocido, sí, pero su causa, su preocupación, el verdadero sentido de lo que dijo e hizo son interiorizados por muy pocos.

“El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo”, dijo en una de sus homilías en 1977 el que ahora es el salvadoreño más universal. En la entrevista que hemos incluido en esta edición, José Simán, amigo de Romero, destaca ese amor que sentía por las personas a las que la sociedad marginaba y sigue marginando. Ese sentimiento era lo que lo impulsaba a pedir el fin de la represión y que no se cumplieran las órdenes que implicaran matar.

Ojalá que en esta ola de popularidad que genera la canonización, su palabra deje de ser parte de los discursos vacíos de políticos y gobernantes y se convierta en vida. Vida para entregarla a buscar que educación, salud y justicia adquieran también ese carácter universal.

A Romero, el país que tenemos le seguiría causando dolor.

Al país que tenemos, un Romero con voz plena y sin miedo le seguiría pareciendo incómodo.

Carta Editorial

Tras la matanza de 1932, en Izalco, Sonsonate, al país apenas le quedaron raíces. Lo poco que sobrevivió se escondió y, desde esa penumbra, se perdió presencia, respeto y autoridad. Desde entonces, lo indígena ha sido apartado y torcido. Sin liderazgos claros desde hace décadas, se toma como una postal, una danza, una manta, el “color” para un evento. Ni de cerca como identidad.
No se puede hablar de un serio apoyo a las causas de los pueblos originarios si la palabra “indígena” sigue siendo utilizada con desprecio o, en el peor de los casos, como insulto. Muy significativo es, por ejemplo, que las viviendas de los últimos nahuahablantes calcen en las características de pobreza extrema.

Hay esperanza, sin embargo, en acciones como la que se puso en marcha en otro municipio de Sonsonate: Santo Domingo de Guzmán. Ahí, el náhuat se ha vuelto a llenar de vida entre las voces de niños entre los tres y los cinco años.

El nombre de esta guardería es Cuna Náhuat. El fotoperiodista Franklin Zelaya ilustra la historia que se escribe en estos salones de clase en donde quienes guían son mujeres que hablan náhuat. Ellas han encontrado en este proyecto no solo una manera de mantener viva una lengua, sino que también una forma de empleo formal que muy pocas veces se encuentra en estas zonas.
Por donde se mire, Cuna Náhuat es un emprendimiento, una chispa muy necesaria para fortalecer los arraigos. El problema, como pasa con casi todo, es lo que sucede al cabo de uno o dos años con estos niños que llevan la semilla del náhuat: no hay continuidad. El sistema escolar mantiene una enorme deuda con municipios como este, en donde los temas de identidad deberían conjugarse más en presente.

Carta Editorial

A medida que se acercan las campañas electorales, los espacios públicos se van llenando de candidatos hablando, candidatos opinando, candidatos prometiendo. Y estaría bien, si toda esa parafernalia fuera producto de antes haber escuchado. No puede haber propuestas adecuadas y certeras si no hay un conocimiento profundo de las crisis por las que atraviesa la gente en los cordones de mayor vulnerabilidad. Uno de esos tantos es el de los agricultores.

Ahí, en medio de todos los cálculos oficiales de pérdida de cosechas que se han hecho hasta ahora en las instituciones de gobierno, están bordadas tragedias de familias enteras que, sin temor al cliché, lo han perdido todo en un mes completo en el que no llovió. Ahí están las deudas de $100 o $300 que van a ser impagables porque la milpa no dio, se secó y no sirvió más que para picarla y darla a los animales.

La sequía ha desolado los campos de varios municipios. Y el problema no es solo la irregular temporada lluviosa. Los fenómenos meteorológicos no se pueden detener o controlar a antojo. Lo que sí se puede hacer es atenuar el impacto en las poblaciones. Y esto último es la injusticia que se ha cometido con el sector.

Las angustias interminables de miles de familias que la iban pasando gracias a la agricultura de subsistencia son producto del abandono sistemático del campo y sus necesidades especiales. Los municipios vulnerables están catalogados como tales desde hace años, pero no se han ejecutado ahí estrategias que protejan de manera efectiva a estas familias. El resultado para ellos no será otro que el hambre.

Cualquiera que quiera tener un cargo de elección popular debería acercarse a estos municipios vulnerables a los cambios climáticos con actitud de respeto a escuchar sus problemas y, con base en eso, establecer líneas de acción. El cambio climático va a seguir afectando los períodos de lluvia, no se puede seguir sembrando como hasta ahora. No se puede seguir dejando a los agricultores en riesgo de hambre.

Carta Editorial

Al margen de lo que digan las leyes, la educación sigue siendo un privilegio en El Salvador, es eso que pocos alcanzan en plenitud. Y es uno en el que la exclusión no llega dada solo por dinero. También hay limitaciones de territorio, de distancia, de instalaciones y de acceso. A veces, recibir educación en este país se parece más a una carrera de obstáculos.

Y pasar por esta carrera se vuelve todavía más difícil cuando se es parte de una minoría. El reportaje que abre esta edición, escrito por Valeria Guzmán, describe todos esos mecanismos por medio de los cuales se les ha negado históricamente a las personas sordas el derecho a superarse por medio de la educación formal.

El reportaje internacional es una colaboración del periódico La Nación, de Costa Rica, y cuenta todas las vicisitudes que pasan las personas pequeñas en un mundo que no les concede ninguna adaptación. Mucho de lo que han logrado, de acuerdo con el texto, es fruto de un esfuerzo propio o familiar. Algo que es destacable, pero que no se puede calificar como idóneo.

Si las leyes que nos definen a todos como iguales fueran palabra viva, una discapacidad física no debería ser razón para la exclusión educativa o social. Sin embargo, en El Salvador hay solo cinco centros escolares para no oyentes. Están ubicados en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Santa Ana y Cuscatlán. Todas zonas urbanas, lo que supone para quienes se encuentren en la periferia una distancia que muchas veces es insalvable por tiempo o por dinero.

No se puede ver con ojos románticos los esfuerzos enormes que logran hacer algunos sin despertar la conciencia de que esos esfuerzos se podrían aprovechar mejor si los servicios funcionaran como debieran. Gran parte de lo que nos tiene hundidos en los últimos puestos de los indicadores sobre desarrollo es la insuficiente inversión en educación pública. Esta ha sido la fórmula con la que un derecho básico ha acabado convertido en privilegio.

Carta Editorial

Todo está relacionado. No se puede iniciar una lucha por la protección de la barrera coralina, si antes no se ha pensando en el bosque de mangle; y antes de eso, en las zonas que rodean al bosque. Nosotros, los seres humanos, somos el eslabón más problemático y complejo en la cadena. No se puede tener éxito en proteger la barrera coralina si antes no se ha pensado en cómo se le va a enseñar a los pobladores de la zona a sobrevivir sin hacer daño. Así es como se explica, a grandes rasgos, lo que sucede en el Área de Conservación de Los Cóbanos, que se extiende por seis municipios de Sonsonate y uno de La Libertad.

Hacer una intervención en favor del área de conservación siempre ha traído a cuenta la relación que los pobladores tienen con el medio ambiente. No se les puede pedir que cuiden algo y pasar por alto el hambre. Para que haya resultados favorables es indispensable convertirlos en parte de la solución y hacer con ellos que se comprometan con la causa. Nadie, al final de cuentas, quiere que se agote su fuente principal de ingresos y de modo de vida.

Se trata de un proceso de reeducación que requiere, en gran medida, de paciencia. No es lo mismo obtener frutos con químicos que hacerlo de manera orgánica. La segunda se tarda más y durante este tiempo extra que tomará cosechar, hay que saber qué hacer para subsistir. El texto escrito por el periodista Moisés Alvarado para abrir la edición de hoy es un recorrido por este camino hacia la sostenibilidad y luego el rescate de áreas boscosas.

Proteger la barrera coralina, tan hermosa como sensible, es una prioridad que deja al descubierto que antes hay que cubrir otras necesidades básicas.