Carta Editorial

Rubén Martínez es el arquitecto que diseñó y ayudó a construir la iglesia El Rosario. También es el cerebro detrás del Cristo de la Paz y del Monumento a la Constitución. Hizo bustos: desde Roberto d’Aubuisson hasta Mauricio Funes. En una iglesia de Costa Rica hay una más de sus obras, una de 4 metros. Su carrera está llena de esos que ahora son referencia física de la ciudad, ha recibido encargos desde fuera del país y hasta ha sido imitado. Su queja, sin embargo, es la misma que la de otros artistas que han sido entrevistados en este espacio: el reconocimiento de este país que lo vio nacer ha tardado demasiado en llegar.

No es una queja hueca. No es algo que se pueda dejar pasar solo porque todos lo dicen. De hecho, debería ser motivo de mucha vergüenza que este sea el sentimiento que uniforma a quienes aquí han buscado mantener una carrera relacionada con el arte y la cultura. Dice mucho, para mal, de quiénes somos y cómo nos recibimos.
La forma en la que se construye la memoria histórica de un país está influenciada por los personajes que toman por asalto las coyunturas. Así, un texto de esta edición narra cómo la ciudad de Medellín, en Colombia, lucha por descartar del ideario colectivo la imagen romántica de Pablo Escobar como un Robin Hood y busca que ningún narcotraficante sanguinario pueda limpiar su imagen y soslayar sus crímenes entre la sed de héroes de una sociedad de posguerra.

En El Salvador nos falta dar su lugar a personajes que sean referentes con mística de disciplina y dedicación. Nos falta entregar a las nuevas generaciones información suficiente de esos personajes que, al margen de sus imperfecciones y de la ingratitud del entorno, supieron formarse, crear y dejar huella. Urge ser más justos para encontrar la ruta a la reconciliación.

Carta Editorial

Aquello de “no se logran cambios haciendo lo mismo de siempre” es una frase que ya está dicha hasta el cansancio. Pero no quiere decir que haya sido asimilada. En materia de educación pública, en El Salvador y, prácticamente en el Triángulo Norte, seguimos haciendo lo mismo desde hace décadas. Y los resultados ni siquiera son iguales, son cada vez peores.

Una de las carencias más grandes que tiene el sistema actual es que no estimula los diferentes tipos de inteligencia. No ofrece, en general, oportunidades para abrirse a la creatividad o a la solución de problemas de manera innovadora. Y, en este sentido, la deuda más importante tiene que ver con el fomento de la lectura.

El reportaje de esta edición se basa en la cantidad de bibliotecas con las que cuentan los centros escolares públicos del país: solo 2 de cada 10 cuenta con una.

Y estar en esa lista de las que tienen biblioteca no quiere decir que se debe asumir que se usa. Hay centros escolares en donde por razones de espacio o de recursos humanos, los estudiantes no tienen acceso a los libros. Mientras los ejemplares guardan polvo y se deterioran poco a poco, se pierde con los estudiantes una ventana de oportunidad única para inculcarles el aprecio genuino por leer.

La lectura abre mundos, enriquece criterios, entretiene e influye en la formación de la personalidad. Leer no puede seguir siendo un lujo, no puede seguir siendo otra manera de segregar y de mantener gorda la brecha de desigualdad.

Este reportaje es un recordatorio más de que es indispensable ver hacia las escuelas si lo que se busca es una solución eficaz a los principales problemas sociales. En un país en el que todos los días se libran dramáticas luchas por conseguir comida y seguridad física, en las casas en donde más se necesitan, quizá no haya libros. Las escuelas deberían ser ese refugio para que los estudiantes se encuentren con todo lo que los pueda hacer mejores ciudadanos. Un libro encontrado a tiempo puede ser suficiente combustible para ampliar el horizonte.

Carta Editorial

Esta edición podría ser un resumen a luz y sombra de qué sucede a los niños que migran a Estados Unidos. Por un lado, podrían encontrar una brillante oportunidad para desarrollar sus peculiares talentos; aunque, por el otro, podrían acabar separados de sus padres, encerrados y solos ante un juez que, en el mejor de los casos, los despachará con una orden de salida voluntaria. En cualquiera de los casos lo que uniforma es un trauma que difícilmente será superado.

Javier Zamora es un salvadoreño que, a los 28 años, ya ha estudiado en varias de las mejores universidades de Estados Unidos. Cuando tenía solo nueve años, salió de San Luis La Herradura para recorrer una ruta del migrante que se le quedó grabada como una herida de las que nunca se curan del todo.

Estudió con becas. Esas que se ganan al demostrar habilidades extraordinarias. Ese tipo de habilidades que obligan a hacer la pregunta de qué habría sido de él en el San Luis La Herradura.
Esta edición podría ser un resumen de lo que sucede a los niños migrantes. Pero, en realidad, los textos incluidos llevan a pensar más en lo que nos concierne como país: ¿por qué los niños son obligados a migrar para poder superar las enormes barreras que les impone la desigualdad?

Zamora tuvo que huir de una posguerra que ya daba avisos de ser una etapa no de reconciliación, sino que de profundización de las lesiones sociales más graves. En su reciente regreso al país, el joven se ha venido a encontrar con la descendiente de aquel proceso mal hecho: la violencia, esa por la que desde la casa de sus abuelos escuchó las balas que pusieron fin a la vida de alguien. Esa es la que lo tiene desesperado por irse a Estados Unidos. Un sentimiento que provoca buena parte de las migraciones actuales y que, para el país receptor, ya no viene siendo motivo suficiente para dar asilo.

Muchos de los niños que están llegando ahora ante un juez de Migración en Estados Unidos, solos, son menores que Zamora cuando emprendió el camino. Pero son el rostro del gran fracaso de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad. Esas que, pese a ser conocidas como “públicas”, no alcanzan a llegar a todos. Algo que, en su momento, también Zamora representó.

Carta Editorial

Ningún poder vale más que la vida. La situación de Nicaragua es insostenible no ahora, sino desde el momento en que comenzó. En las regiones latinoamericanas ha sido fácil para los gobernantes olvidar que se deben a quienes los eligen. Si quienes los eligen ya está tan disconformes con su trabajo, que se organizan para manifestarlo y dejarlo claro, lo que toca a un gobernante –si le queda algo de sensatez– es no solo escuchar, sino que acatar tan pronto como sea posible.

En Nicaragua no pasó así. En las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ya han muerto más de 200 personas en dos meses y medio. Si ya es un signo del deterioro de los derechos humanos que los cuerpos de seguridad reciban a los manifestantes con violencia, lo es más que esta represión de los cuerpos de seguridad no se limite a quienes ejercen una participación activa. Entre las víctimas mortales hay niños.

En el reportaje de esta edición se menciona a cada una de estas víctimas que, con su sangre, han puesto en evidencia la desmedida respuesta de un gobierno que hace rato prefirió no escuchar que sus gobernados le dicen que se vaya. Nada, ningún proyecto político puede ser más importante que los proyectos de vida que tenían todas estas personas, todos estos niños.

Aunque en sus intervenciones mediáticas ni Ortega ni Murillo quieran referirse a los muertos que está causando su necia retención del poder, los familiares no están dispuestos a permitir que la sangre de sus seres queridos se quede derramada en un charco de impunidad. Y con ellos están en pie una serie de instituciones que no se cansan de reclamar que los ojos del mundo se coloquen en Nicaragua.

Carta Editorial

El Salvador es todavía un país del que dan ganas de huir. Así se lee entre las declaraciones angustiadas que brindan los beneficiados del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que hablan en este reportaje.
Ellos se fueron en medio de una guerra que hacía explotar cualquier posibilidad de desarrollo. Huyeron hacia un lugar en donde poder trabajar y garantizarse una mejor calidad de vida.

Décadas más tarde, el país del que salieron les sigue dando miedo. No hay aquí una guerra como esa por la que se fueron, pero las oportunidades de desarrollo siguen explotando entre violencia y corrupción. Y, pues no, no les dan ganas de regresar a un El Salvador que en todo este tiempo no ha podido encontrarse con una mejor versión de sí mismo, una que permita a todos la educación, la salud y la justicia.

Las migraciones son naturales en todas las especies, pero no en las condiciones y por las razones por las que huyen cada vez más salvadoreños. No puede ser considerado una normalidad este flujo de gente que se ve obligada a creer que arriesgarse por un camino de peligros es mejor que quedarse aquí. Y cuánto más de alterada debe estar esta realidad para que uno de los anhelos más comunes sea el de querer que los hijos crezcan en otro lado, cualquier otro lado. Ya lo decía alguien sobre las migraciones por el mar Mediterráneo: “Nadie coloca a sus hijos en aguas inciertas a menos que la tierra firme sea menos segura”.

Las personas que hablan en el reportaje de la periodista Valeria Guzmán se fueron hace no menos de 20 años. Y lo más duro de su relato es que este tiempo y el dinero que ellos y miles de personas más enviaron no han servido para construir aquí un mejor contexto, uno en el que no dé miedo quedarse a crearse la vida digna y justa que merecemos todos.

Diez años de abusos

Abuso de menores

De 133 niñas de menos de 11 años que denunciaron agresión sexual en 2010 subió a 353 en 2017. Y estos son los casos que llegan a alguna instancia, las autoridades reconocen que un gran porcentaje se queda en silencio. Una revisión por sentencias en casos de violencia sexual en menores de edad revela vicios en los procesos que exponen a las víctimas, las dejan desprotegidas y las hacen repetir su versión varias veces, incluso en entornos hostiles. Se ha elegido una por año, desde 2008 hasta 2017, para dar cuenta de los muchos tentáculos que tiene este monstruo que ensombrece infancias.

 

Carta Editorial

Ninguno de estos casos es ficción. Ojalá sí, pero no. No han sido manipulados en función de generar morbo. Al contrario, han sido resumidos y se han omitido detalles que vayan en detrimento de las víctimas. La descripción de cada caso se limita a aclarar los límites del delito, la manera de reconocerlo o los vicios al abordarlo en las instituciones. Aún desde esta perspectiva profesional, utilitaria y formativa, duele. Duele mucho.

El trabajo que hemos incluido en esta edición es producto de una revisión a partes iguales entre las estadísticas obtenidas por medio de solicitudes de información y las sentencias públicas. Con el resultado se puede perfilar cómo se mueven, se registran, se denuncian, se investigan y se procesan judicialmente los casos de violencia sexual contra menores de edad.
El panorama no es alentador. En la última década, la cantidad de denuncias por delitos relacionados con violencia sexual ha registrado pocas reducciones y ninguna de ellas ha sido significativa. Las víctimas, además, son cada vez menores. En 2010, de 1,367 denuncias por violación en menor incapaz, en 963 (70 %) la víctima tenía entre 12 y 17 años. Para 2016 se registraron 1,874 denuncias de este tipo y 1,405 (75 %) correspondieron a adolescentes en edades entre 12 y los 17 años.

Este fenómeno debe impulsar a las autoridades a realizar esfuerzos para construir mensajes que, adaptados a este sector de la población, den a conocer los mecanismos de denuncia. Los pocos mensajes que al respecto se han elaborado, sin embargo, se valen mucho del papel de la familia. Es el ideario de una familia que protege.

La realidad alterada en la que nos movemos no debería ser ignorada. No todas las familias de este país protegen, tampoco lo hacen todos los centros educativos ni todas los recintos religiosos. A menor edad de la víctima, mayor es el porcentaje de violencias sexuales que se comenten en entornos cercanos, como la casa, la escuela, la iglesia, la comunidad.
En la década que tiene esta revista de existencia, se ha cubierto este problema desde diferentes ángulos. La constante en cada uno de ellos ha sido la distancia enorme que hay entre el discurso de las autoridades y las circunstancias de las víctimas. Reducir la cantidad de casos y la brecha de impunidad en delitos sexuales contra menores de edad pasa por comprender y reconocer la vulnerabilidad en la que viven quienes los sufren. No todos los niños de este país encuentran a tiempo a alguien que hable por ellos.

Carta Editorial

Hay en el texto de la periodista Valeria Guzmán una respuesta que, en realidad, plantea un dilema. A la pregunta de qué hace falta para reforestar, un hombre contesta que una institución que pague por el trabajo. Y, está claro, nadie va a dedicar su tiempo y energía si eso no va a servir para generar ingresos; pero, en este caso, ¿no habría sido más barato evitar la degradación del bosque?

El Salvador es el país más pequeño de América continental y ha estado siempre entre los primeros lugares en densidad poblacional. Somos muchos en poco espacio. Esto ejerce una presión brutal sobre los recursos naturales. Pero no es solo esto lo que ha hecho que cada año se pierda más y más bosque. Influye, también, la falta de determinación para convertir la protección de esos recursos en prioridad.

No pocas veces se ha levantado el dedo acusador en dirección a las comunidades como grandes depredadoras. Son las comunidades las que, en busca de leña, acaban poco a poco con el manglar. Son las comunidades las que en busca de saciar el hambre, restan árboles para sumar terreno para sembrar hortalizas. Son las comunidades las que, impacientes y agobiadas por las necesidades, le pierden el respeto al bosque. Esta forma de ver el problema, aparte de ser egoísta, es –por donde se mire– una injusticia.

Las comunidades son víctimas de un sistema que las excluye del conocimiento y de las oportunidades. No se les dota de mecanismos para mejorar su calidad de vida, tampoco se les coloca a la mano la instrucción indispensable para dimensionar el beneficio que viene de cuidar los recursos naturales. Quienes sí han tenido acceso a información y educación han declinado, por lo general, involucrar a los habitantes para otorgarles la investidura que les pertenece: la de protectores y propietarios de la riqueza natural de este país.

El proceso requiere tiempo y voluntad de todas las partes. En la década que lleva la revista cubriendo el problema de manera recurrente, nos ha quedado claro que no se puede excluir a las comunidades. Ellas son las llamadas a ser las protagonistas en cualquier historia de recuperación de bosques.

Carta Editorial

“La edición es un juego de roles”, soltó un reconocido periodista venezolano durante un encuentro regional. Y no es fácil este juego. Un mal editor puede instalar mecanismos finos para entronizarse a costa de quienes en su momento están en rol de editados, quienes, a su vez, asumirán que el papel de un editor es el de un tirano. A la vuelta de un par de años, como suele suceder en los medios de la región, el editado será alguien que, en el rol de editor, repetirá patrones abusivos. Todo el ciclo vicioso que ha hecho tanto daño al periodismo estará completo entonces.

He pasado más de la mitad de mi carrera dejando los ojos en los textos de otros. Caer en esta silla fue sorpresivo. Y solo recibí una frase a manera de instrucción: “Imprima su sello en esto”. En el marco de los 10 años de esta revista, aclaro que no imprimí mi sello; si esa era meta, se puede decir que fracasé.

Lo que sí ha quedado marcado a fuego han sido las voces de talentosos reporteros que han dejado su esfuerzo en estas páginas. Voces imperdibles a la hora de hacer un recuento de los pasos que ha dado el periodismo nacional. A cada uno de ellos hay que reconocerlo por haber contado con profundidad y empeño un poco más de este país y sus carencias o virtudes. Su forma de ver el mundo nos ayudó a todos a construirnos una versión más completa de porqué somos lo que somos.

Así que: César Castro Fagoaga, Fernando Romero, Rossy Tejada, Roberto Valencia, Carlos Chávez, Jimena Aguilar, Gabriel Labrador, Sigfredo Ramírez, Rónald Portillo, gracias por sus letras y su sensibilidad.
El mérito real no está solo en presentar una carta de intenciones. Se valora quedarse a capear temporales de la mejor manera con los recursos que haya a mano. Y, por eso, también gracias a todos nuestros aliados externos en esta primera década.

Moisés, Valeria: ustedes son los pilares fuertes sobre los que sigue construyéndose este espacio. Tienen todo para, ahora sí, imprimir su sello.

Un percance rumbo al Norte

Doble de reportaje original

 

Lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Cuando lo deportaron en 2007, a Francisco Linares no le quedó más que regresar a su oficio de orfebre, de forjador de oro ajeno. Así fue hasta que tras el segundo de los asaltos sufridos se quedó solo con sus herramientas: una mesa ennegrecida y un puñado de trastos retorcidos. Desde ese momento ya no pudo pagar los $17 mensuales de la cuota por la casa en las afueras de Santa Ana. Los $4 diarios que reunía Delmy de Linares con su trabajo de doméstica apenas alcanzaban para la comida de los tres hijos y el matrimonio, y los mandatos de desadjudicación que se deslizaron bajo la puerta presionaron. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hizo tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que lo acompañara por una ruta sin guía y sin garantías en la que la única ventaja era que él ya la había recorrido una vez. Trabajar con sandías en el norte, debió pensar, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.

Se despidieron de los hijos y de la casa el martes 26 de febrero de este año. Dos días después, ingresaron en México. Recorrían alguna carretera de Chiapas a bordo de un microbús cuando agentes de la Policía Federal Preventiva salieron al paso. Detuvieron la unidad, y lo que sucedió fue que ella titubeó, se cortó, le ganaron los nervios, y no supo contestar con la rapidez necesaria a la pregunta que le hicieron los agentes. La bajaron del microbús. Francisco le leyó la preocupación en la cara y, no sin antes evaluarlo unos segundos, decidió confesar su origen. Los bajaron a los dos, igual que a otros que tampoco llevaban papeles y que, despojados de las sutilezas de las banderas, los escudos, los gobiernos y las nacionalidades, cayeron en una sola bolsa: centroamericanos.

Aquella vez no les fue tan mal. Los regresaron a Guatemala porque, previendo que los podían detener, Francisco había recomendado a Delmy que dijera que era de ese país. Él aseguró lo mismo. Y como las autoridades mexicanas no se molestaron en confirmar las versiones, los dejaron en una frontera que los mexicanos llaman Talismán y los guatemaltecos, El Carmen. Antes tuvieron que pasar una noche detenidos, él con los hombres y ella con las mujeres. Aguantaron hambre y no dejaron de preocuparse el uno por el otro, pero no les fue tan mal.

El contratiempo no fue significativo y no mermó la intención de los Linares. El mismo día en que los agentes mexicanos los dejaron en la frontera, Delmy y Francisco tomaron un autobús e hicieron el recorrido de una media hora hasta la siguiente frontera, que se llama Tecún Umán y que, a diferencia de la anterior, está abierta las 24 horas. Así, siguieron por la ruta que Francisco conocía.

El sábado 1.º de marzo, iban de nuevo en un microbús. Era temprano. Habían cruzado el río Suchiate, el que une y separa los dos países, a las 6 de la mañana y, debido a que el sol apenas empezaba a salir, él pensó que no iba a haber nadie con ganas de sorprenderlos. Esta vez ella no habló. Fue él quien, con simulado acento mexicano, dijo al motorista que les permitiera bajar antes de llegar a la garita. “¿Vas a rodear?”, dice Francisco que le preguntó el conductor. Una respuesta afirmativa no fue suficiente para desactivar la curiosidad. ¿No traes papeles?, volvió a preguntar el motorista, a lo que Francisco, recuerda que en tono molesto contestó: “¿Y para qué te estoy diciendo que me dejes aquí?”. El conductor se detuvo y la pareja se bajó.

Hasta antes del viaje, Delmy no conocía ni la capital de su país, San Salvador, a escasos 65 kilómetros de su lugar de residencia. Pero para cuando el sol de ese sábado salió, ella y su marido habían dejado El Salvador, habían atravesado Guatemala y caminaban por un paraje conocido como La Arrocera, en Huixtla (Chiapas). Se bajaron del microbús a unos 500 metros de la garita de control migratorio, y caminaron unas cuatro cuadras para rodearla. Ahí es donde empieza lo más negro de su historia. Ahí empieza ese episodio al que los esposos Linares prefieren referirse como el percance.

Dice Francisco que apuraron el paso y que casi corrieron para escapar de ellos. No funcionó. De un salto, uno de los tres uniformados se les puso delante, y les preguntó que de dónde venían, que para dónde iban, que si estaban afligidos, que si llevaban dinero, que si la vieja llevaba dinero. Eran tres. Tenían escopetas.

En la casa de los Linares hay unas cuantas sillas, un par de camas, un cancel y detrás del cancel una cocina raquítica. Francisco accedió a contar esta historia el 22 de abril, cuando tenía sus recuerdos como llagas vivas. Habló, porque quería exigir justicia. Llevaba menos de 48 horas en El Salvador. Y revivía con gestos y rabia su parte del percance.

El agente preguntó a Francisco si estaba afligido. “No, estoy contento, contento porque los veo a ustedes. Eso me hace a mí sentir que aquí no hay ladrones, no me puede pasar nada. Y al mismo tiempo estoy preocupado, porque ustedes me pueden entregar a la Migra”, dice él que les contestó.

Los agentes al principio eran tres, dos con gorros navarone y uno con gorra. Uno de los de cara tapada se pasó el arma de un brazo al otro. Y el que estaba hablando con Francisco hizo un gesto para que se acercaran otros tres hombres. Estos iban vestidos con camisetas y pantalones color verde olivo, color militar. Ellos, los últimos, se quedaron con Delmy. Los otros tres, los primeros, se llevaron a Francisco. Dijeron que a Delmy la soltarían en unos 10 minutos para que se reuniera con él.

Con diplomática cortesía, Gustavo Gutiérrez, encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas, reconoce que el respeto a los derechos de los migrantes y la depuración del personal policiaco son “un reto”, uno grande. Así, al reducir acciones a palabras, lo que los Linares bautizaron como el percance sirve a Gutiérrez para dimensionar su reto. “No es un caso que se pueda tomar como único, lamentablemente ilustra el tamaño del reto que tenemos”, dijo el funcionario.

Francisco se les corrió a los hombres con uniformes de la Policía Federal Preventiva. Huyó y se metió en una quebrada. Como en las películas, dice que escuchó que sus perseguidores caminaban arriba de su escondite y los escuchó decir “Ese güey ya se largó”. Y se quedó ahí, despierto, asomando la cabeza por si Delmy se acercaba. Pasó un día y medio esperándola y no apareció.

Francisco asegura que la buscó. Dice que se paseó por el lugar en donde los habían interceptado, y que no halló ni rastro de la que desde hacía más de 25 años era su mujer. Él decidió continuar, pero el peso de la pena se le hizo una carga demasiado pesada como para avanzar hacia su sueño de trabajar en la cosecha de sandías, tomates, pepinos y cebollas en Texas, en Estados Unidos.

Se colgó del tren del sur —que discurre por los estados de Chiapas y Oaxaca— y se logró bajar entero. Ya sin un centavo, todo se lo quedaron los seis uniformados, decidió aceptar el techo y la comida que ofrece el albergue “Hogar de la misericordia”, que administra en el municipio de Ixtepec un sacerdote mexicano llamado Alejandro Solalinde. Y ahí las noches fueron lágrimas. Pasaba solo, porque le caía mal que sus colegas de viaje, también rotos y también cansados, intentaran darle ánimo.

Sobre la vestia

La relación con las luces y las cámaras empezó en ese albergue. Solalinde reunió a los huéspedes de turno para que, como en terapia de grupo, contaran su experiencia. Francisco pidió la palabra, pero para decir al padre que quería hablar con él en privado. El de Solalinde no es un nombre extraño para los medios. En los últimos meses lo han citado Prensa Libre, Reforma, El Universal, Vanguardia, Noticias de Oaxaca, El Periódico de México y Gatopardo. En todas las notas él habla de violaciones a los derechos de los migrantes y siempre ha tenido como fuente para sus denuncias a los mismos migrantes. Para recibir en privado a Francisco, sin embargo, se tardó dos días, y Francisco aún lo dice como reclamo.

La plática con Solalinde no solo sirvió de desahogo. También plantó en Francisco la semilla de la denuncia. Y el salvadoreño, que no sabía nada de su mujer desde el encuentro con los uniformados, que no tenía ni un centavo partido por la mitad y que se sentía colmado de incertidumbre, la dejó germinar.

Abrir el proceso de denuncia significaba retroceder en el viaje hacia el Norte. Y retroceder, cuando cada paso hacia adelante ha dolido tanto, no es sencillo. Francisco debía regresar desde Ixtepec, en el estado de Oaxaca, al Estado de Chiapas. “Acepté, no más porque no sabía nada de ella y era una injusticia no saber nada”, recuerda.

Francisco es un hombre moreno —dice que tanto como los policías que le quitaron dinero y esposa—, de convicciones firmes, miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días —mormón—, papá de tres, y esposo de esa mujer de su misma edad, 44, a la que conoció cuando de niños jugaban en la colonia España, de Santa Ana, la que llaman la Sucursal del Cielo.

El 14 de marzo, 14 días después del percance, Francisco estuvo en una conferencia de prensa. Al orfebre santaneco lo sentaron frente a quién sabe cuántos periodistas. Porque la estancia de Francisco en México coincidió con la del relator de asuntos migratorios para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante. Tras atender a los periodistas, los dos se reunieron en privado.

Desde diciembre de 2006, Bustamante ha visitado República de Corea, Indonesia, Estados Unidos, Guatemala y México como relator especial sobre derechos de los migrantes de la ONU. Bustamante es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, y ha participado en la elaboración de libros como “Decadencia y auge de las identidades”, “Economía fronteriza y libre comercio” y “Frontera y migraciones”. Francisco, por su lado, estudió hasta primer grado, ha sido deportado de Estados Unidos, fue eventual del Cuerpo de Agente Metropolitanos de Santa Ana y debe $1,100 a un amigo. Con esas credenciales, ambos se sentaron frente a frente.

“Ahorita disfráceme a un par de vigilantes suyos con una mochila y que se vayan conmigo a pasar por una garita, a ver si no les hacen algo, a ver si no los asaltan. Ustedes saben, pero se lucran de eso. Saben que el único delito de nosotros es cruzar México, y saben que venimos a contribuir al país de ustedes, porque los salvadoreños dólares traemos y dólares les dejamos”, dijo Francisco que fue la acusación que le dejó al relator.

Bustamante levantó un informe de su visita a México. “El relator especial manifiesta su conmoción por los crecientes abusos contra personas migrantes, especialmente contra aquellas de origen centroamericano”, son las líneas que, dentro del documento, se pueden aplicar a lo que los Linares vivieron.

Tras la reunión con Bustamante en Tapachula, siempre en el estado de Chiapas, Francisco puso la denuncia. En ese momento, tenía el ánimo de justicia encendido. En ese momento, apareció la desaparecida Delmy.

Delmy llegó a su casa el lunes 10 de marzo. Iba sola, vestida con una ropa que alguien —quién sabe quién— le regaló. El viaje desde La Arrocera, en Huixtla, hasta su humilde casa en Santa Ana le tomó cinco días. Los otros cuatro los había pasado en los montes.

Delmy empieza su relato desde el momento en que los hombres la dejaron tirada. Caminó deshaciendo los pasos que había dado con su marido. Avanzó a pie hasta donde pudo, y ahí empezó a pedir dinero.

Ella, que nunca había salido de Santa Ana, tuvo que encontrar la manera de sobrevivir sola. Ahí no había pena, ni conocidos ante los cuales sentir vergüenza o confianza. “De lo que me daba la gente pagaba los buses. En unos, me cobraban, en otros no”, dice sin alzar la voz.

Contrario a su esposo, habla poco y se ríe menos. Se seca las lágrimas antes de que le rueden por las mejillas.

Los que la separaron de su marido —los uniformados, los de verde, los que traían escopetas— la retuvieron durante cuatro días. La violaron durante cuatro días.

Se acuerda de que le dieron de comer, pero no sabe qué. Recuerda que la golpearon, pero no sabe cuánto. Sabe que fue abusada sexualmente, pero está segura de que no podría reconstruir un rostro, una escena o algún nombre. Sabe de la cicatriz, no de cómo la hirieron. “Es que yo me corto, pierdo el conocimiento”, dice como exponiendo un defecto de fábrica.

En la mano, Delmy lleva un anillo dorado que Francisco le forjó y que conserva porque nunca lo sacó de su casa en Santa Ana. Ese lugar al que regresó el 10 de marzo: “Al no más venir, lo primero que hice fue preguntar si él ya había hablado”.

Lo que las autoridades mexicanas dijeron acerca del paradero de Delmy fue que había sido “asegurada” en un operativo de la Policía Federal Preventiva y que ya había sido liberada, según recogieron los medios de comunicación locales. Solalinde no quedó satisfecho con esa explicación. “¿Cómo puede tratarse de un operativo de Migración sin agentes de Migración? ¿O acaso Migración usa pasamontañas? Pero además, amenazaron con armas de alto poder, los insultaron, amenazaron, los robaron y secuestraron a la señora”, fueron las palabras del religioso ante periodistas.

En el momento en que la vivencia de los Linares atrajo cámaras y plumas, las autoridades del estado de Chiapas se comprometieron a investigar y a responder por lo que había pasado. El caso se puso en manos de Gustavo Gutiérrez, el encargado de asuntos migratorios.

Movilidad Humana es el nombre de la ONG que documentó el caso de los Linares y lo empujó hasta los oídos de Bustamante, el relator de Naciones Unidas. En Movilidad Humana trabaja Solalinde, y fue él quien el 18 de marzo recibió la noticia de parte de las autoridades estatales: Delmy estaba en su casa. Lo supieron ocho días después de que ella, por sus medios, hubiera logrado volver a su país.

Solalinde es una fuente recurrente para los periodistas. En una nota en la que aparece su nombre se dice que intervino para que no golpearan a 22 centroamericanos de madrugada, en otra se denuncia que las autoridades no hicieron nada por investigar el paradero de 12 guatemaltecos secuestrados, en otra noticia se consigna que 700 indocumentados llegaron a su albergue colgados del tren. Todo en grandes números, con innumerables testimonios de violaciones a los derechos humanos. Encontrar en ese mar de desgracias a alguien con ganas exigir justicia por la vía institucional no ocurre de todos los días. Por eso fue importante.

Francisco no solo recibió exhortaciones para que se animara a poner la denuncia ante las instancias respectivas. También recibió ofrecimientos para que acompañara todo el proceso hasta que finalizara. Gustavo Gutiérrez aseguró a Francisco que de parte del estado de Chiapas él, Delmy y los tres hijos de ambos serían apoyados con domicilio, trabajo y estudio para que regresaran a México a residir de forma legal. Si aceptaban los beneficios, claro, también tendrían que aceptar continuar con el proceso, lo que en primer lugar requería una ratificación de la declaración de parte de él y una primera declaración de parte de ella.

Francisco regresó a su casa en las afueras de Santa Ana el 20 de abril. Un día antes había hablado con Delmy. Fue la primera conversación desde el percance. Se pusieron de acuerdo. Él le llamaría a ella cuando ya estuviera en San Salvador para que ella se trasladara con sus hijos a un lugar cercano de donde el autobús lo dejaría a él. Querían verse cuanto antes. Los planes fueron nada más eso, planes. Porque Francisco se quedó sin dinero para llamar a su familia. Se encontraron en casa.

Francisco regresó a El Salvador por la vía legal, no por deportación. El consulado salvadoreño en Tapachula le dio asistencia para que obtuviera un pasaporte provisional. Recibió el documento el 18 de abril.

El cónsul de El Salvador en Tapachula es Nelson Cuéllar. Para él, las obligaciones de esta oficina para con Francisco estuvieron bien delimitadas y fueron brindarle atención en la obtención de sus documentos, como sacarle el permiso ante Migración para que él estuviera en México sin problemas, tramitarle una certificación de origen y aprobarle un pasaporte provisional.

Desde el percance, estuvo mes y medio en México. En ese tiempo, él fue la preocupación y el centro de atenciones de parte del Estado de Chiapas. El ejecutor y el encargado directo del caso fue siempre Gustavo Gutiérrez.

Francisco es hombre de convicciones firmes. Tan firmes, que le causan problemas. “A mí siempre me ha gustado comer monte (hierbas y verduras). Por eso con unos hermanos nos uníamos para cocinarnos sopas y para que así las del albergue no tuvieran que darnos comida y que se la dieran a otros que la necesitaran”, así resume Francisco “el problema” por el que fue trasladado de albergue. Una acción en la que intervino Gustavo Gutiérrez.

Porque Gustavo Gutiérrez, a diferencia del cónsul salvadoreño, no pone límites a lo que hicieron por Francisco. “Nos hicimos cargo de él”, dice y la lista de lo que encierra la frase es larga. “Estuvimos pendientes de dónde estuviera durmiendo, de qué estuviera comiendo, de que tuviera sus apoyos psicológicos, lo llevamos con su consulado, hicimos el procedimiento para que el consulado lo pudiera apoyar y luego hicimos una estrategia para que con el consulado trabajaran con Migración”, afirmó, vía telefónica, el funcionario chiapaneco.

El encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas necesitaba tiempo. El tiempo de Francisco. Como el mismo funcionario reconoce, lo difícil en México no es encontrar inmigrantes con historias dignas de denuncia. Lo difícil está en que el interesado desista de o retrase su viaje al Norte, para poder interponer la demanda y luego ratificarla. “Los centroamericanos no se quedan lo suficiente”, dice con resignación.

México es un país que pide y no da. Eso es lo que se lee, al menos, en las declaraciones de Bustamante: “Les hacemos a los emigrantes centroamericanos cosas peores de las que nos hacen a los mexicanos en Estados Unidos”. Lo dijo el 12 de marzo, un día antes de conocer a Francisco.

Cuando Gustavo Gutiérrez habla de lo que falta por hacer, empieza por el lado de sensibilizar a los empleados de las instituciones gubernamentales para que no menosprecien las denuncias de los inmigrantes, y continúa por el de convencer a los inmigrantes para que tomen sus denuncias y las lleven a término.

“Yo siento que fue por interés. A cambio de que yo pusiera esa denuncia, ellos me iban a ayudar”, es la conclusión que, sentado en una de las sillas de su casa, saca Francisco.

Francisco regresó a casa el 20 de abril, y lo hizo gracias a que el gobierno chiapaneco le entregó $95 con los que se suponía debía financiar los costos de los documentos de su familia, como partidas de nacimiento, fotos, documentos únicos de identidad y pasaportes. Cuando ingresó El Salvador, sin embargo, ya no tenía ni para una llamada. Porque, aunque Gustavo Gutiérrez insiste que el estado de Chiapas pagó el transporte, Francisco asegura que fue con esos $95 que tuvo que comprar su boleto de autobús. “Y de eso también comí y pagué lo que me cobraron por unos sellos en la frontera”, insiste.

Desde que volvió, Francisco no ha podido conseguir más que trabajos esporádicos. A pesar de las reiteradas violaciones, Delmy no ha visto ni a médicos, ni a psicólogos, y se dedica a hacer oficios domésticos en casas ajenas para poder ganar lo de la comida.

La fiebre de Francisco por justicia ha ido enfriando. Y Delmy, que nunca ardió en deseos por denunciar, cubre de olvido su pena y se concentra en callar y trabajar. “No quiero ir a acusar a nadie injustamente, no les vi el rostro”, se excusa ella.

El 20 de mayo, los esposos Linares viajaron a San Salvador. Ella venía de traje y él con camisa de botones y cincho. Se bajaron del autobús interdepartamental en la parada que está frente a la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Ahí los llegó a recoger personal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Francisco había cumplido un mes de haber regresado, y en ese tiempo lidió con los mismos problemas de pago de casa y manutención por los que se había ido. Los Linares ocupan una vivienda entregada por una institución que se dedica a ayudar a las familias de escasos recursos para que adquieran una casa digna. Las familias, no obstante, se comprometen a cancelar una cuota para conservar su derecho de adjudicación. Los Linares casi pierden ese derecho. Para conservarlo, se comprometieron a pagar la mora, con eso, la cuota inicial de $17 mensuales se les elevó a $50.

A esa deuda se suma la que adquirieron antes del viaje, los $1,100 que debe a un amigo, el dinero con el que los esposos pretendían llegar a Estados Unidos. Pero casi todo les quedó a los hombres que los interceptaron.

Con esas preocupaciones pero aún con la idea de justicia en mente, Francisco llegó al IDHUCA a pedir asesoría para seguir el proceso de denuncia desde aquí. Pero a los dos días, el ánimo se le ahogó. Se le quedó, como él ilustra, helado.

Aunque la coordinadora del programa de migrantes del IDHUCA, Gilma Pérez, haya dicho que la denuncia “es un caso sin precedentes” y “ejemplarizante”, Francisco había empezado ya a desechar esa vía. Los delitos por los que puso la denuncia en México son privación ilegal de libertad, abuso de autoridad, desaparición de persona y robo. El único desvanecido a la fecha, por la presencia de Delmy, es el de desaparición de persona.

El IDHUCA opina que Francisco no debe regresar a México. Pérez no estima conveniente que se exponga a represalias. Desde México, Gustavo Gutiérrez no solo considera que es necesario que Francisco vuelva, sino que también lo esperan con toda su familia, para ofrecer trabajo a Delmy y para incluir a los hijos en el sistema educativo. Al menos ese es el ofrecimiento. Y, según el funcionario mexicano, Francisco solo debe cumplir con la parte de los documentos, porque los boletos correrían por cuenta de la Gobernación de Chiapas.

Pero Francisco ya no está en caliente. Las llagas se han cerrado. Ahora, como si la pobreza le hubiera lavado la voluntad, dice que se arrepiente de haber aceptado denunciar. “Me hubiera ido (al norte)”, dice mientras da rienda suelta a su frustración.

Y es que lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Después de que se regresó de México hace dos meses, Francisco ya no retomó su oficio de orfebre. La mesa ennegrecida y el puñado de trastos retorcidos con los que hacía sus trabajos antes del segundo asalto siguen en desuso. Todavía no han encontrado modo de pagar los $50 de la cuota de la casa, ya con mora, en las afueras de Santa Ana. Los mandatos de desadjudicación pronto volverán a ser deslizados bajo la puerta. Los $4 que aporta Delmy de Linares con su trabajo de doméstica no van más allá de la comida. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hace tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que le permita volver a intentar llegar. Esta vez lo haría solo y con $20 en la bolsa. Un viaje en el que la única ventaja es que él cree conocer el camino. Trabajar con sandías en el norte, está convencido, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.