Carta Editorial

La participación de las mujeres en espacios públicos es una cuestión de justicia que se explica en números. Si somos más de la mitad de la población, la representación en puestos de incidencia política debería ser acorde. ¿Qué razones son las que explican la ausencia de mujeres en las instancias en donde se toman las decisiones que definen el rumbo del país?
La respuesta no es sencilla de elaborar.

Pero para fabricarla hace falta llegar hasta la intimidad de los hogares en donde la carga sigue siendo de ellas, ya sea como planificación o como ejecución. La casa, pese a que las mujeres también trabajen, se sigue viendo como algo “naturalmente femenino” y, así como todavía no se promueven con suficiente eficacia los liderazgos femeninos, tampoco se promueve que los hombres asuman lo doméstico como algo que, naturalmente, les corresponde. Como muestra, una de las preguntas que se hace a las mujeres que alcanzan éxito profesional es cómo hacen para compaginar casa y trabajo. Como si ellas fueran las únicas responsable de la primera.

En el reportaje que abre esta edición, la periodista Valeria Guzmán recoge los resultados de las políticas que se han puesto en marcha en el país para acelerar la inclusión. Hay avances, pero se camina todavía a un paso demasiado lento en comparación con las exigencias de un mundo que pretende acortar las brechas de desigualdad.

Las próximas elecciones no dan indicios de cambios importantes en cómo se involucra a las mujeres en esta esfera. Si reconocemos que la mejor forma de educar es el ejemplo, ¿qué figuras le estamos dando a las nuevas generaciones para estimularlas a cambiar paradigmas?

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En el reportaje que abre esta edición hay un obvio esfuerzo por cumplir labores que le corresponden al periodismo: explicar, traducir y colocar en contexto. Este texto del periodista Moisés Alvarado se detiene a desmenuzar algunas de las sentencias relativas al delito de lavado de dinero.

La ley que enmarca este delito ha sido motivo de discusión en diferentes ámbitos y no han sido pocos los que la han calificado como ejemplar o, al menos, satisfactoria. Pero qué tipo de recursos se tienen para ejercer todas las acciones que la aplicación de la norma demanda; con qué cuenta la Fiscalía General de la República para montar los casos; o cómo se ha fortalecido la Policía Nacional Civil para ejecutar lo que le corresponde.

Los casos que la Fiscalía ha logrado ganar, hasta el momento, guardan entre sí características similares. La ley se ha aplicado a quienes han sido encontrados mientras transportaban grandes cantidades de dinero sin cumplir con los requisitos legales necesarios.

No se han visto resultados de investigaciones que vayan encaminadas a desbaratar redes más sofisticadas de lavado de dinero que, como sugiere una de las fuentes consultadas, no sería raro encontrar en el país dado que las economías dolarizadas son las que más facilitan estas operaciones.

Hallar la ruta del dinero sucio es también ayudar a detener las acciones que lo producen. Es hacer menos rentable el narcotráfico y las violencias que provoca. Es una lucha frontal contra la corrupción; y es hacer que el delito se quede sin combustible para seguir avanzando. Los Estados que quieren mejorar la vida para sus ciudadanos deben buscar combatir el delito que se comete en las alturas, ahí donde se arman las estructuras y no solo entre los que ejecutan.

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La poco apropiada atención en salud que reciben los ciudadanos ha creado el caldo de cultivo perfecto para que se reproduzcan las posibilidades de delitos y de abusos. Solo en el marco de un país que no alivia es que la población recurre con tanta fe a tratamientos sin garantías.

Detrás de todo lo que funciona mal del sistema de salud, y que provoca que la población traslade sus esperanzas de alivio a otros, debe haber mentes con vocación criminal. Porque los servicios de salud básicos y confiables no deberían, a estas alturas, verse como algo tan difícil de alcanzar. Y seguramente hay otra mente todavía más criminal detrás de los que aprovechan todo este río revuelto para pescar a los desesperados, a los que prefieren arriesgarse con un medicamento de dudosa procedencia, que seguir sufriendo.

El reportaje que abre esta edición, escrito por la periodista Valeria Guzmán, explora desde un punto de vista institucional cómo se han perseguido los delitos que tienen que ver con medicamento. Desde el titular se deja claro, sin embargo, que el problema está lejos de ser erradicado.

La venta de productos medicinales que no cumplen con los requisitos de calidad y de conservación sigue arraigada en la necesidad de obtener alivio de forma económica y expedita. Las ventas no reguladas están por todos lados. Mientras que en las alternativas de centros de salud que ofrece el Estado, abundan solo las carencias y los obstáculos.

“Medicamentos que no curan, pero se venden” deja al descubierto otra peligrosa consecuencia del irrespeto crónico al derecho a la salud que tenemos todos los salvadoreños.

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Hay muy poco de esperanza en esta edición. Y hay mucho de ese trabajo de tomar conciencia del lugar que ocupamos en el mundo. Si un niño sale hoy a festejar su día, lo que va a encontrar en la calle es lo de siempre: un ejército de vigilantes privados apostados desde que sale de la colonia hasta que llega a su destino. Todos con sus armas expuestas. Esto, sin contar con los policías, con los militares, con las tanquetas, con el “tené cuidado” en la boca de cada persona a la que le importe. Y, en teoría, nada de esto está de sobra. En teoría, vivimos en un país en donde hace falta todo esto para sentir algo de seguridad. Porque, hasta el momento, no se ha hecho nada en otra dirección que no sea la de intentar detener una vorágine de violencia, con otra vorágine de violencia. Y las violencias no se repelen, se combinan para causar más daño.

En medio de esta situación alterada, la preocupación es otra manera de mostrar afecto. Pagar para que haya gente armada por todos lados es una forma retorcida de sobreproteger. Es tratar de evitar que el ambiente se coma a alguien, pese a que en la preocupación coexiste la certeza de que puede pasar. Y pasa.

El periodista Moisés Alvarado recoge en este reportaje una serie de casos que revelan el daño que ha hecho la corrupción del sistema de seguridad pública. Las víctimas han sido menores de edad. Los victimarios han sido miembros de cuerpos de seguridad.

Hay zonas en las que no se trata solo de ver gente armada por todos lados. Se trata de que la violencia viene de tantos lados que impide cualquier oportunidad de tener niñez; y no hay un marco institucional lo suficientemente fuerte como para hacer pensar que se puede detener a corto plazo. Muchas de las denuncias por casos en contra de miembros de seguridad, por ejemplo, son abandonadas. En medio de tanta agresión, todavía no se cae en cuenta del grave error de no formar niños que sepan reconocer sus derechos violados y sientan la confianza necesaria para verlos restituidos.

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El fotorreportaje con el que se abre esta edición es una mirada a la intimidad de una de las enfermedades de las que se debería hablar más: el Parkinson. Los pacientes que sufren este mal se ven ante un muro de discriminación y abandono en instituciones públicas que no logran darles lo necesario para llevar la enfermedad con dignidad.

Es este marco, mucha de la carga recae en la familia. Los pacientes que tienen la suerte de tener a alguien que los cuide llevan alguna ventaja en la manera en la que les toca enfrentar esta enfermedad que no tiene cura y que es degenerativa.

Pero los cuidadores también necesitan quién vele por ellos. La carga impuesta sobre los hombros de estas personas es mayor dadas las deficiencias del sistema. La enfermedad también los afecta a ellos, como se observa en esta historia gráfica realizada por el fotoperiodista Frederick Meza.

En este número también se ha incluido un material regional. Es un diagnóstico de la situación de las cárceles elaborado por 11 diarios que pertenecen al colectivo Grupo de Diarios de América (GDA).

Este trabajo apunta hacia la que se ha convertido en una constante a la hora de cumplir una sentencia carcelaria: la violación a los derechos humanos. La primera característica que sale a relucir es la falta de espacios adecuados. Muchas de las instalaciones no fueron creadas para albergar a la cantidad de gente que ahora compone la demanda. Y tampoco se ha invertido en adecuaciones.

El resultado es que se pone en riesgo la seguridad física de los internos y también se pone en riesgo la seguridad pública, porque estas instalaciones no ofrecen requisitos indispensables para cumplir sentencia y menos para llevar a cabo un proceso de educación que facilite la reinserción. La deuda no es solo con los sentenciados, es con la sociedad completa.

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La frase que titula la entrevista de Roberto Salomón guarda una enorme sabiduría. Acá la gente valiosa puede poner todo su esfuerzo y comprometer hasta la vida por abrir una brecha. Pero ese trabajo no alcanza a cumplir con todo su propósito si no vienen más a aprovechar para pavimentar y dejar habilitado un camino que sea transitable para la mayoría.

Pese a los grandes sacrificios de tantas personas como Salomón, el teatro sigue andando por veredas rústicas en este país. Una tragedia, si se toma en cuenta que a El Salvador hace rato le urge encontrar vías de expresión que contribuyan al entendimiento colectivo.

Y no es solo el teatro. La cultura en general se toma como una inversión accesoria, como algo de lo que se puede prescindir. Cuando, en realidad, la inversión en cultura es lo que hace la diferencia entre quienes buscan el desarrollo de una manera equitativa y los que solo quieren respuestas inmediatas que se puedan traducir en unos cuantos votos en las siguientes elecciones.

En esta entrevista, realizada por la periodista Valeria Guzmán, se ve a un Salomón que, sin salir del teatro, lanza un certero análisis de una de las deudas más sensibles durante toda la historia de este país: educación.

Esta carencia es la que pone en un contexto desolador su frase sobre los tractores, la brecha y el pavimento. Sin quitarle a la educación el candado de poder adquisitivo bajo el cual está en la actualidad, difícilmente habrá gente que pueda saber qué hacer para que las primaveras que encienden los revolucionarios acaben siendo cambios que se instalen y hagan mejor la vida para las mayorías.

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Nuestra necesidad de conservación de la memoria es enorme. Y cuando se aplica a la literatura, el déficit crece mucho más. La estimulación para dedicarse a esta rama es muy pobre. Pasa, en primer lugar, por las pocas posibilidades de obtener ingresos. ¿Cómo hace alguien para dedicarse a eso para lo que es bueno, pero que no le deja ingresos suficientes para llevar una vida digna? La respuesta, igual, sigue llegando por el lado de que la realización personal está por encima de cualquier precio.

Pero luego está que a la obras ya realizadas con muchos sacrificios no se les brinda la difusión adecuada ni se les hace honor para que vayan a través del tiempo como algo trascendente. A esta labor, que adquiere un aire de titánica en un país muy dado a olvidar pronto, es que se ha dedicado Vladimir Amaya.

Amaya ha sido calificado por personas de peso en el mundo literario como una de las mejores plumas de la Centroamérica. Ha escrito varios libros y ahora se dedica a promover una antología de la poesía salvadoreña.

“Torre de Babel” es, sin duda, la más completa compilación de poesía que se ha hecho en toda la historia de El Salvador, que bebe de todos los trabajos precedentes. Pero no solo eso: también va a las fuentes originales y rescata nombres que el olvido y el polvo parecían ya tener atados en sus dominios”, es la acertada valoración que se encuentra en este reportaje escrito por el periodista Moisés Alvarado.

Hoy, más que nunca, se hace indispensable la mirada hacia adentro para poder encontrar en este proceso de introspección, tantas veces aplazado, una salida al espiral de deshumanización en la que el país lleva rato navegando.

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A este país no le sale un grito a una sola voz. La polarización política ha dividido y ha marcado con prejuicios también la toma de los espacios públicos para expresarse. El resultado es que las manifestaciones dan más de qué hablar por el tráfico vehicular que provocan, que por los motivos que las convocan.

Y no es que falten razones, sobran. Pero el ejercicio cívico y protegido por ley no acaba de instalarse más allá de los intereses puntuales de algunos. Casa Presidencial, pese a la pérdida de popularidad de las manifestaciones de este tipo, ya tiene redactado y oficializado un protocolo de actuación en caso de que alguna protesta se acerque demasiado.

El instructivo 001-2015 pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y delimita las acciones de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Cualquier protesta que busque llegar a CAPRES se topa con una barrera metálica con púas a media calle, primero, y, en caso de que lleven algo escrito, una comisión lo entrega en una ventanilla. Esto en términos ideales. Si algo sale mal o se descontrola, el protocolo contempla el uso de la fuerza letal. En este contexto no hay quien busque empoderar a la sociedad civil para que demuestre no solo su sentir, sino que también su capacidad de convocatoria. Lejos de eso, se idean mecanismos y guías para contenerla bajo el argumento, como se lee en este reportaje de Valeria Guzmán, de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.

En esta semana que acaba, también se publicó una investigación del periodista Moisés Alvarado en las páginas de Nación de LA PRENSA GRÁFICA. Entre los objetivos que este especial alcanza en sus tres entregas está, primero, echar luz sobre la manera en la que se mueven grandes cantidades de dinero. En las publicaciones se sigue un rastro de documentos que da cuenta de movimientos oscuros o injustificados  alrededor de una de las figuras que más peso tiene dentro del partido en el gobierno, el FMLN: José Luis Merino, quien está al frente del Viceministerio para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

El otro objetivo de la investigación periodística es explicar el sistema. Para poder detener las acciones sospechosas de ir contra el bien público y que pueden favorecer la corrupción, hay que saber cómo es el tablero sobre el que se mueven las piezas. Una sociedad civil informada al margen de ideologías políticas es la que está más capacitada para exigir un buen comportamiento de los funcionarios a los que elige y, en todo caso, también para elegirlos bajo mejores criterios.

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El reportaje que abre esta edición fue publicado unos días después del ataque armado al Hospital Roosevelt, en Guatemala, en el que perdieron la vida siete personas. El atentado ocurrió cuando un interno de una prisión llegó al centro asistencial para una cita médica. El momento fue aprovechado por otros miembros de la pandilla para liberarlo.

Este texto, que fue trabajado por el equipo del medio digital Plaza Pública, plantea una cadena de violencias. Es característico de la sociedades traumatizadas esperar que quienes delinquen paguen en físico sus transgresiones. Así, se considera una pérdida de dinero, un gasto innecesario cualquier dólar que se destine a buscar que en los centros penitenciarios se respeten los derechos humanos. Porque en la lógica revanchista lo único que merece un reo en un centro penitenciario es el castigo en todas sus formas y no solo la suspensión de su libertad.

Al no contar en las cárceles con atención médica, los internos deben salir a los hospitales con el gasto en insumos y en personal que esto implica; y, claro, también aumenta el riesgo de fuga.
Los culpables de las muertes en el Hospital Roosevelt no deberían ser buscados solo entre los pandilleros que dispararon. La tragedia también es responsabilidad de los que, corrupción mediante, han impedido que se cumpla con lo que las leyes disponen para todos, incluso para los que han sido sentenciados a perder su libertad. Pero hacer las cosas bien y reconocer que todos somos seres humanos y estamos sujetos a derechos es un acto de nobleza para el que nuestras violentas sociedades quizá todavía no estén preparadas. Por eso siguen pagando el precio con la sangre de los más vulnerables.

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Es un doloroso absurdo que en un país tan lleno de violencias se hable tan poco de educación en todas sus formas. Lo trágico de las consecuencias no debería habernos apartado nunca de ponerle atención a las causas, a la raíz de todo. De haberlo hecho en la primera oportunidad clara que tuvo el país con la firma de los Acuerdos de Paz quizá mucho de lo que hemos perdido como ciudadanía se hubiera salvado.

Nadie nace para asesino ni para extorsionista. Nadie nace para vivir por una pandilla ni con la ambición de llegar a ser un corrupto. Hay en el camino demasiados factores que reducen las oportunidades de una persona para alcanzar una vida plena. La primera de todas, el acceso a la educación formal y a la no formal.
El reportaje que abre esta edición explora ese eterno debate acerca de quién merece una segunda oportunidad y cómo hacer efectiva la reinserción de quienes han cometido delito. La periodista Valeria Guzmán llega así al testimonio de una mujer que vive en la paradoja en la cual nos movemos muchas: dejar al hijo para ganar dinero para mantenerlo. A esta mujer ahora le toca hablar desde una centro de inserción social en donde visita a ese hijo por el que todavía trabaja.

A este país tan pequeño en territorio se le ha vuelto más fácil colocar barreras sociales que tender puentes para facilitar una inclusión práctica. Hay cantones, colonias, municipios completos que quedaron demasiado lejos de cualquier ventana de progreso. En esta sociedad que hemos construido la educación es solo un elemento más de discriminación. La más completa e integral, esa que casi asegura la movilidad social está reservada para quienes la pueden pagar. Pasa lo mismo con la salud; y qué se puede esperar de un país que coloca los derechos fundamentales bajo un candado monetario.

Reconocer a todas las víctimas de este sistema desigual es un proceso complejo, difícil, en el que no se debe buscar a los culpables solo entre los que aprietan el gatillo, sino que también entre los que han manipulado el tablero para mantener a la mayoría lejos del conocimiento y cerca de la desesperación.