Carta Editorial

No tener agua lo cambia todo: las dinámicas familiares, el uso del tiempo, la estética de las casas, los presupuestos. Cambia hasta la percepción que la gente tiene de sí misma. Hay un sistema que condena a grandes cantidades de personas y les niega la posibilidad de contar con un servicio básico, uno por el que, además, se paga.
¿De qué depende que una colonia siempre tenga agua y otra no? ¿Cómo está diseñado ese laberinto de tuberías que conecta tanques y casas? ¿Quiénes son, en esta maraña, los más desfavorecidos? Esto es lo que busca explicar el texto del periodista Moisés Alvarado.

En un momento en el que se discuten anteproyectos de la ley de agua, es importante saber que la red de distribución ha recibido una inversión pobre en las últimas décadas, que sigue funcionando por gravedad, que la mayoría de tubos son de asbesto y que todos estos factores influyen en la calidad del líquido y en la constancia del flujo.

Así, sin recibir mayor actualización ni mejora, este sistema debe abastecer cada año a más cuentas, es decir, a más gente, con los mismos recursos. No hay manera de que funcione para todos con la misma eficacia. Entonces, se establecen unas sensibles desigualdades. Los últimos de la fila, los que están a una distancia mayor del tanque, son los que salen perdiendo siempre.

ANDA, una de las instituciones más demandadas en la Defensoría del Consumidor, tiene una oferta que hace rato le queda pequeña a la demanda. Y la demanda no deja de crecer a cada momento. ANDA no ha contado con visión ni recursos para fortalecer esta red. Hay fugas, y no solo en las tuberías. Hay fugas en el sistema al que esta institución pertenece. La corrupción alcanza un costo muy alto que pagan siempre los habitantes más vulnerables. En pleno 2018, hay gente con la vida vuelta nudo porque no tiene agua.

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Este centro de reinserción de menores está lleno de niñas que no tuvieron ninguna oportunidad de desarrollo. De ellas y su limitada existencia se supo hasta que estuvieron involucradas en delitos. ¿Por qué no se les detectó antes? ¿Cuántas más hay así, al borde de violar las leyes?

El sistema educativo, sanitario, cultural –tal como funciona en este momento– no se abre lo suficiente como para saciar las demandas de niños y jóvenes que no cuentan con una red familiar que les pueda proveer conocimiento y oportunidades de desarrollo. Así, la calle se ofrece como una de las pocas fuentes de arraigo. Y no es un problema nuevo. Lo triste es que la solución tampoco se encuentra cerca.

El reportaje de la periodista Valeria Guzmán es un reflejo de esa injusticia en la que se han perdido ya varias generaciones. Este texto describe los pasos que un grupo de niñas internas en un centro de reinserción han dado para ingresar al mundo de la música y la danza.

Quienes dirigen y mantienen el proyecto no son parte de las instituciones estatales. Son una organización aparte cuyo fin es promover el arte, justo ahí en donde más necesario es.

No hubo necesidad de convencer a ninguna para que formara parte de esto. Pese a que jamás habían tenido un instrumento musical en las manos, le entraron con ánimo y disciplina. Ahora ya saben qué es ensamblar una pieza, saben colocar las notas y trabajan en equipo con otras niñas con las que afuera no habrían podido interaccionar. La primera canción que aprendieron es una infantil y es como si se les diera la oportunidad de recuperar algo de esa niñez de ternura a la que no tuvieron derecho.

El problema, porque acá siempre hay uno, es que cuando recuperen la libertad, se acaba la música. Cuando terminen su condena, van a volver a desaparecer. Los violines son caros, las clases son caras, la educación que transforma es, por ahora, un privilegio. Esta es la base de una fórmula que nos mantiene al fondo del subdesarrollo.

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Rubén Martínez es el arquitecto que diseñó y ayudó a construir la iglesia El Rosario. También es el cerebro detrás del Cristo de la Paz y del Monumento a la Constitución. Hizo bustos: desde Roberto d’Aubuisson hasta Mauricio Funes. En una iglesia de Costa Rica hay una más de sus obras, una de 4 metros. Su carrera está llena de esos que ahora son referencia física de la ciudad, ha recibido encargos desde fuera del país y hasta ha sido imitado. Su queja, sin embargo, es la misma que la de otros artistas que han sido entrevistados en este espacio: el reconocimiento de este país que lo vio nacer ha tardado demasiado en llegar.

No es una queja hueca. No es algo que se pueda dejar pasar solo porque todos lo dicen. De hecho, debería ser motivo de mucha vergüenza que este sea el sentimiento que uniforma a quienes aquí han buscado mantener una carrera relacionada con el arte y la cultura. Dice mucho, para mal, de quiénes somos y cómo nos recibimos.
La forma en la que se construye la memoria histórica de un país está influenciada por los personajes que toman por asalto las coyunturas. Así, un texto de esta edición narra cómo la ciudad de Medellín, en Colombia, lucha por descartar del ideario colectivo la imagen romántica de Pablo Escobar como un Robin Hood y busca que ningún narcotraficante sanguinario pueda limpiar su imagen y soslayar sus crímenes entre la sed de héroes de una sociedad de posguerra.

En El Salvador nos falta dar su lugar a personajes que sean referentes con mística de disciplina y dedicación. Nos falta entregar a las nuevas generaciones información suficiente de esos personajes que, al margen de sus imperfecciones y de la ingratitud del entorno, supieron formarse, crear y dejar huella. Urge ser más justos para encontrar la ruta a la reconciliación.

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Aquello de “no se logran cambios haciendo lo mismo de siempre” es una frase que ya está dicha hasta el cansancio. Pero no quiere decir que haya sido asimilada. En materia de educación pública, en El Salvador y, prácticamente en el Triángulo Norte, seguimos haciendo lo mismo desde hace décadas. Y los resultados ni siquiera son iguales, son cada vez peores.

Una de las carencias más grandes que tiene el sistema actual es que no estimula los diferentes tipos de inteligencia. No ofrece, en general, oportunidades para abrirse a la creatividad o a la solución de problemas de manera innovadora. Y, en este sentido, la deuda más importante tiene que ver con el fomento de la lectura.

El reportaje de esta edición se basa en la cantidad de bibliotecas con las que cuentan los centros escolares públicos del país: solo 2 de cada 10 cuenta con una.

Y estar en esa lista de las que tienen biblioteca no quiere decir que se debe asumir que se usa. Hay centros escolares en donde por razones de espacio o de recursos humanos, los estudiantes no tienen acceso a los libros. Mientras los ejemplares guardan polvo y se deterioran poco a poco, se pierde con los estudiantes una ventana de oportunidad única para inculcarles el aprecio genuino por leer.

La lectura abre mundos, enriquece criterios, entretiene e influye en la formación de la personalidad. Leer no puede seguir siendo un lujo, no puede seguir siendo otra manera de segregar y de mantener gorda la brecha de desigualdad.

Este reportaje es un recordatorio más de que es indispensable ver hacia las escuelas si lo que se busca es una solución eficaz a los principales problemas sociales. En un país en el que todos los días se libran dramáticas luchas por conseguir comida y seguridad física, en las casas en donde más se necesitan, quizá no haya libros. Las escuelas deberían ser ese refugio para que los estudiantes se encuentren con todo lo que los pueda hacer mejores ciudadanos. Un libro encontrado a tiempo puede ser suficiente combustible para ampliar el horizonte.

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Esta edición podría ser un resumen a luz y sombra de qué sucede a los niños que migran a Estados Unidos. Por un lado, podrían encontrar una brillante oportunidad para desarrollar sus peculiares talentos; aunque, por el otro, podrían acabar separados de sus padres, encerrados y solos ante un juez que, en el mejor de los casos, los despachará con una orden de salida voluntaria. En cualquiera de los casos lo que uniforma es un trauma que difícilmente será superado.

Javier Zamora es un salvadoreño que, a los 28 años, ya ha estudiado en varias de las mejores universidades de Estados Unidos. Cuando tenía solo nueve años, salió de San Luis La Herradura para recorrer una ruta del migrante que se le quedó grabada como una herida de las que nunca se curan del todo.

Estudió con becas. Esas que se ganan al demostrar habilidades extraordinarias. Ese tipo de habilidades que obligan a hacer la pregunta de qué habría sido de él en el San Luis La Herradura.
Esta edición podría ser un resumen de lo que sucede a los niños migrantes. Pero, en realidad, los textos incluidos llevan a pensar más en lo que nos concierne como país: ¿por qué los niños son obligados a migrar para poder superar las enormes barreras que les impone la desigualdad?

Zamora tuvo que huir de una posguerra que ya daba avisos de ser una etapa no de reconciliación, sino que de profundización de las lesiones sociales más graves. En su reciente regreso al país, el joven se ha venido a encontrar con la descendiente de aquel proceso mal hecho: la violencia, esa por la que desde la casa de sus abuelos escuchó las balas que pusieron fin a la vida de alguien. Esa es la que lo tiene desesperado por irse a Estados Unidos. Un sentimiento que provoca buena parte de las migraciones actuales y que, para el país receptor, ya no viene siendo motivo suficiente para dar asilo.

Muchos de los niños que están llegando ahora ante un juez de Migración en Estados Unidos, solos, son menores que Zamora cuando emprendió el camino. Pero son el rostro del gran fracaso de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad. Esas que, pese a ser conocidas como “públicas”, no alcanzan a llegar a todos. Algo que, en su momento, también Zamora representó.

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Ningún poder vale más que la vida. La situación de Nicaragua es insostenible no ahora, sino desde el momento en que comenzó. En las regiones latinoamericanas ha sido fácil para los gobernantes olvidar que se deben a quienes los eligen. Si quienes los eligen ya está tan disconformes con su trabajo, que se organizan para manifestarlo y dejarlo claro, lo que toca a un gobernante –si le queda algo de sensatez– es no solo escuchar, sino que acatar tan pronto como sea posible.

En Nicaragua no pasó así. En las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ya han muerto más de 200 personas en dos meses y medio. Si ya es un signo del deterioro de los derechos humanos que los cuerpos de seguridad reciban a los manifestantes con violencia, lo es más que esta represión de los cuerpos de seguridad no se limite a quienes ejercen una participación activa. Entre las víctimas mortales hay niños.

En el reportaje de esta edición se menciona a cada una de estas víctimas que, con su sangre, han puesto en evidencia la desmedida respuesta de un gobierno que hace rato prefirió no escuchar que sus gobernados le dicen que se vaya. Nada, ningún proyecto político puede ser más importante que los proyectos de vida que tenían todas estas personas, todos estos niños.

Aunque en sus intervenciones mediáticas ni Ortega ni Murillo quieran referirse a los muertos que está causando su necia retención del poder, los familiares no están dispuestos a permitir que la sangre de sus seres queridos se quede derramada en un charco de impunidad. Y con ellos están en pie una serie de instituciones que no se cansan de reclamar que los ojos del mundo se coloquen en Nicaragua.

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El Salvador es todavía un país del que dan ganas de huir. Así se lee entre las declaraciones angustiadas que brindan los beneficiados del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que hablan en este reportaje.
Ellos se fueron en medio de una guerra que hacía explotar cualquier posibilidad de desarrollo. Huyeron hacia un lugar en donde poder trabajar y garantizarse una mejor calidad de vida.

Décadas más tarde, el país del que salieron les sigue dando miedo. No hay aquí una guerra como esa por la que se fueron, pero las oportunidades de desarrollo siguen explotando entre violencia y corrupción. Y, pues no, no les dan ganas de regresar a un El Salvador que en todo este tiempo no ha podido encontrarse con una mejor versión de sí mismo, una que permita a todos la educación, la salud y la justicia.

Las migraciones son naturales en todas las especies, pero no en las condiciones y por las razones por las que huyen cada vez más salvadoreños. No puede ser considerado una normalidad este flujo de gente que se ve obligada a creer que arriesgarse por un camino de peligros es mejor que quedarse aquí. Y cuánto más de alterada debe estar esta realidad para que uno de los anhelos más comunes sea el de querer que los hijos crezcan en otro lado, cualquier otro lado. Ya lo decía alguien sobre las migraciones por el mar Mediterráneo: “Nadie coloca a sus hijos en aguas inciertas a menos que la tierra firme sea menos segura”.

Las personas que hablan en el reportaje de la periodista Valeria Guzmán se fueron hace no menos de 20 años. Y lo más duro de su relato es que este tiempo y el dinero que ellos y miles de personas más enviaron no han servido para construir aquí un mejor contexto, uno en el que no dé miedo quedarse a crearse la vida digna y justa que merecemos todos.

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Ninguno de estos casos es ficción. Ojalá sí, pero no. No han sido manipulados en función de generar morbo. Al contrario, han sido resumidos y se han omitido detalles que vayan en detrimento de las víctimas. La descripción de cada caso se limita a aclarar los límites del delito, la manera de reconocerlo o los vicios al abordarlo en las instituciones. Aún desde esta perspectiva profesional, utilitaria y formativa, duele. Duele mucho.

El trabajo que hemos incluido en esta edición es producto de una revisión a partes iguales entre las estadísticas obtenidas por medio de solicitudes de información y las sentencias públicas. Con el resultado se puede perfilar cómo se mueven, se registran, se denuncian, se investigan y se procesan judicialmente los casos de violencia sexual contra menores de edad.
El panorama no es alentador. En la última década, la cantidad de denuncias por delitos relacionados con violencia sexual ha registrado pocas reducciones y ninguna de ellas ha sido significativa. Las víctimas, además, son cada vez menores. En 2010, de 1,367 denuncias por violación en menor incapaz, en 963 (70 %) la víctima tenía entre 12 y 17 años. Para 2016 se registraron 1,874 denuncias de este tipo y 1,405 (75 %) correspondieron a adolescentes en edades entre 12 y los 17 años.

Este fenómeno debe impulsar a las autoridades a realizar esfuerzos para construir mensajes que, adaptados a este sector de la población, den a conocer los mecanismos de denuncia. Los pocos mensajes que al respecto se han elaborado, sin embargo, se valen mucho del papel de la familia. Es el ideario de una familia que protege.

La realidad alterada en la que nos movemos no debería ser ignorada. No todas las familias de este país protegen, tampoco lo hacen todos los centros educativos ni todas los recintos religiosos. A menor edad de la víctima, mayor es el porcentaje de violencias sexuales que se comenten en entornos cercanos, como la casa, la escuela, la iglesia, la comunidad.
En la década que tiene esta revista de existencia, se ha cubierto este problema desde diferentes ángulos. La constante en cada uno de ellos ha sido la distancia enorme que hay entre el discurso de las autoridades y las circunstancias de las víctimas. Reducir la cantidad de casos y la brecha de impunidad en delitos sexuales contra menores de edad pasa por comprender y reconocer la vulnerabilidad en la que viven quienes los sufren. No todos los niños de este país encuentran a tiempo a alguien que hable por ellos.

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Hay en el texto de la periodista Valeria Guzmán una respuesta que, en realidad, plantea un dilema. A la pregunta de qué hace falta para reforestar, un hombre contesta que una institución que pague por el trabajo. Y, está claro, nadie va a dedicar su tiempo y energía si eso no va a servir para generar ingresos; pero, en este caso, ¿no habría sido más barato evitar la degradación del bosque?

El Salvador es el país más pequeño de América continental y ha estado siempre entre los primeros lugares en densidad poblacional. Somos muchos en poco espacio. Esto ejerce una presión brutal sobre los recursos naturales. Pero no es solo esto lo que ha hecho que cada año se pierda más y más bosque. Influye, también, la falta de determinación para convertir la protección de esos recursos en prioridad.

No pocas veces se ha levantado el dedo acusador en dirección a las comunidades como grandes depredadoras. Son las comunidades las que, en busca de leña, acaban poco a poco con el manglar. Son las comunidades las que en busca de saciar el hambre, restan árboles para sumar terreno para sembrar hortalizas. Son las comunidades las que, impacientes y agobiadas por las necesidades, le pierden el respeto al bosque. Esta forma de ver el problema, aparte de ser egoísta, es –por donde se mire– una injusticia.

Las comunidades son víctimas de un sistema que las excluye del conocimiento y de las oportunidades. No se les dota de mecanismos para mejorar su calidad de vida, tampoco se les coloca a la mano la instrucción indispensable para dimensionar el beneficio que viene de cuidar los recursos naturales. Quienes sí han tenido acceso a información y educación han declinado, por lo general, involucrar a los habitantes para otorgarles la investidura que les pertenece: la de protectores y propietarios de la riqueza natural de este país.

El proceso requiere tiempo y voluntad de todas las partes. En la década que lleva la revista cubriendo el problema de manera recurrente, nos ha quedado claro que no se puede excluir a las comunidades. Ellas son las llamadas a ser las protagonistas en cualquier historia de recuperación de bosques.

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“La edición es un juego de roles”, soltó un reconocido periodista venezolano durante un encuentro regional. Y no es fácil este juego. Un mal editor puede instalar mecanismos finos para entronizarse a costa de quienes en su momento están en rol de editados, quienes, a su vez, asumirán que el papel de un editor es el de un tirano. A la vuelta de un par de años, como suele suceder en los medios de la región, el editado será alguien que, en el rol de editor, repetirá patrones abusivos. Todo el ciclo vicioso que ha hecho tanto daño al periodismo estará completo entonces.

He pasado más de la mitad de mi carrera dejando los ojos en los textos de otros. Caer en esta silla fue sorpresivo. Y solo recibí una frase a manera de instrucción: “Imprima su sello en esto”. En el marco de los 10 años de esta revista, aclaro que no imprimí mi sello; si esa era meta, se puede decir que fracasé.

Lo que sí ha quedado marcado a fuego han sido las voces de talentosos reporteros que han dejado su esfuerzo en estas páginas. Voces imperdibles a la hora de hacer un recuento de los pasos que ha dado el periodismo nacional. A cada uno de ellos hay que reconocerlo por haber contado con profundidad y empeño un poco más de este país y sus carencias o virtudes. Su forma de ver el mundo nos ayudó a todos a construirnos una versión más completa de porqué somos lo que somos.

Así que: César Castro Fagoaga, Fernando Romero, Rossy Tejada, Roberto Valencia, Carlos Chávez, Jimena Aguilar, Gabriel Labrador, Sigfredo Ramírez, Rónald Portillo, gracias por sus letras y su sensibilidad.
El mérito real no está solo en presentar una carta de intenciones. Se valora quedarse a capear temporales de la mejor manera con los recursos que haya a mano. Y, por eso, también gracias a todos nuestros aliados externos en esta primera década.

Moisés, Valeria: ustedes son los pilares fuertes sobre los que sigue construyéndose este espacio. Tienen todo para, ahora sí, imprimir su sello.