Niñas masái dicen no a la ablación femenina

Millones. En todo el mundo, más de 200 millones de niñas y mujeres han sido circuncidadas en un total de 30 países localizados en África, Oriente Medio y Asia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El modesto internado femenino de Naningoi, localizado en el poblado masái de Mosiro, en Kenia, se encuentra a más de 1 hora de cualquier grupúsculo de metrópoli: para llegar hasta él hay que atravesar desde la urbe de Narok un polvoriento camino de tierra, inundado de baches y depresiones, en medio de un paisaje propio de la sabana africana.

Naningoi –con las paredes de sus aulas desconchadas y sus techos quejumbrosos– no es solo un colegio más del remoto condado de Kajiado, sino también un santuario en el que cientos de niñas han aprendido a verse como mujeres sin necesidad de ser mutiladas; rito de paso a la edad adulta muy arraigado entre la etnia masái.

“Hace algunos años, nosotros como masáis entendíamos que si una niña no había sido circuncidada era impura, por lo que nuestra cultura no le permitía el matrimonio”, relata a Efe Jacob Salao Ole Poroko, líder comunitario de Mosiro.

“Pero desde hace poco, y gracias al proyecto ‘Yes I do’ (Sí quiero), hemos aprendido que se trata de una práctica peligrosa por la que ya hemos perdido a demasiadas niñas”, reflexiona Poroko aferrado a su bastón negro, emblema de poder entre los suyos.

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“Hace falta más diálogo”

El proyecto al que Poroko hace referencia –fruto de la alianza entre cinco ONG, entre ellas Plan International y la ganadora del premio español Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018, Amref Health Africa– alcanza su clímax cuando las niñas son arropadas por su comunidad como mujeres sin haber sido circuncidadas.

“Este proceso no es el resultado de una noche, de una semana o de unos meses. Necesitamos alrededor de un año y medio hasta que la comunidad está preparada para acoger un rito de paso alternativo”, detalla a Efe Millicent Odingo, responsable de Amref del proyecto “Yes I do”.

Durante ese tiempo, trabajadores de estas ONG mantienen diálogos comunitarios con la cúspide de la jerarquía masái –desde los ancianos guardianes de los valores culturales hasta los líderes religiosos, pasando por progenitores y ‘moran’ (jóvenes guerreros)–, además de sesiones de sensibilización con los niñas; a quienes informan sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la mutilación.

“La tradición está tan arraigada en la cultura que no conciben otra forma de que una niña se convierta en mujer. Entonces les preguntamos, ¿qué pasa con las mujeres de otras culturas?, ¿no son mujeres?, ¿no se casan?, ¿no tienen hijos y estudian?”, argumenta desde Amref Grace Majaiakusi, implicada también del proyecto.

“Hace falta diálogo y más diálogo, que sepan cuáles son sus verdaderos efectos y no solo que se trata de la ley y que, por ello, hay que cumplirla”, matiza Majaiakusi sobre la legislación que –desde 2011– prohíbe la ablación en Kenia, pese a que aún se sigue practicando a escondidas, sobre todo, en áreas rurales.

Aunque la tasa de mutilación no supera el 21 % en Kenia, según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2014, este mismo porcentaje se dispara entre la etnia masái –dividida en unas 20 subtribus– y que puebla el sur del país y el norte de Tanzania con un millón y medio de habitantes.

En concreto, en el condado de Kajiado, el 78 % de las niñas han sufrido mutilación genital femenina (MGF), mientras que ese número asciende hasta el 86 % en el condado de Samburu, que ocupa más de 150 km² de la parte central de Kenia.

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Adiós a la escuela

Además, ser mutilada no solo implica consecuencias físicas –debido a infecciones y complicaciones a la hora de orinar y de dar a luz– o psicológicas, según algunos expertos, ya que como niña descubres que tus padres no siempre están ahí para protegerte, sino que también acarrea un importante coste social.

“La circuncisión, el matrimonio infantil y el embarazo precoz están conectados: la ablación las conduce al casamiento, porque entonces ya son vistas como mujeres, y el casamiento forzoso al abandono escolar y a convertirse en madres”, enumera la activista y defensora de los jóvenes, Selina Nkoile, nativa de Mosiro.

Para ella, la escuela de Naningoi fue tanto un hogar como un refugio. En ella estudió, en ella encontró inspiración para continuar una educación superior y, gracias a ella, puedo evitar un matrimonio concertado cuando apenas era una niña. No obstante, no pudo salvarse de la mutilación.

En todo el mundo, más de 200 millones de niñas y mujeres han sido circuncidadas en un total de 30 países localizados en África, Oriente Medio y Asia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No te dejan decir que no y tampoco puedes escapar. Vives en una aldea a 100 kilómetros de distancia de la ciudad más próxima, no hay medios de transporte, y cuando la comunidad sabe que estás en edad de ser cortada, si te escondes o vas sola a algún sitio, todo el mundo sabe que están intentado escapar”, recuerda Nkoile, exalumna de la primera generación de niñas que estudió en este centro.

Una escuela que años después, en parte por la MGF –que obliga a las niñas a dejar sus estudios para mudarse a la casa del marido, en general, unos 40 o 50 años mayor que ellas–, y en parte, porque dejó de ser gratuita, estuvo a punto de desaparecer tras quedarse sin suficientes alumnas.

“Son comunidades polígamas. Muchos tienen cinco mujeres y 15 o 20 hijos, entre ellos, 10 niñas, y si tienes que pagar $30 cada trimestre por cada niña prefieres casarla a educarla”, explica Nkoile, quien junto a otras masáis comenzó a buscar casa por casa a las niñas que deberían estar escolarizadas para devolverlas al colegio.

Hoy, Naningoi cuenta con 300 alumnas, 47 de las cuales duermen en el internado incluso durante las vacaciones, ya que todavía están en proceso de reconciliarse con sus familiares, después de que huyeron para no ser circuncidadas o casadas de forma forzosa, o incluso, al poco de serlo.

De esas 300, alrededor de la mitad cuenta con la aprobación de sus progenitores para participar en el rito de paso alternativo que, por primera vez, se celebra en Mosiro.

Para ello, ya en la escuela, estas menores han sido instruidas durante días en derechos reproductivos, sexualidad y habilidades sociales; fomentando su ambición para llegar no solo a ser esposas y madres –como han sido inculcadas– sino también profesoras, médicas o abogadas.

Por su parte, los niños de poco más de nueve años de esta misma aldea –sus hermanos y amigos– han aprendido en clases diferentes a respetar a una masái que no ha sido circuncidada, a repudiar el estigma que les impedía casarse con ella y a considerarla como a una igual.

“Apaga la llama de la mutilación genital femenina, enciende la llama de la educación”, repiten al unísono la mañana del rito cientos de niñas y niños mientras caminan en procesión por Mosiro –provocando con sus pasos una nube de polvo rojizo y con sus colgantes un tintineo metálico– hasta alcanzar la residencia de los líderes.

Más tarde, de vuelta en el colegio y bajo un sol abrasador de mediodía, se suceden los rezos y discursos. Las niñas a punto de graduarse cantan y bailan coreografías masáis ante la atenta mirada de muchos de sus progenitores y líderes comunitarios, y horas después, son bendecidas como mujeres por los más ancianos.

“Los más jóvenes van a acabar con la mutilación genital femenina. Nosotros, los más viejos, la hemos practicado y nuestras hijas han sido circuncidadas. Ahora, las nuevas generaciones, que han sido educadas, son las que deben abandonarla”, concluye el anciano Oloosekenke Ole Kamuye, guardián de la cultura masái, y que cubre su larga y huesuda figura con la tradicional manta de cuadros de color fucsia.

Kamuye, como muchos otros ancianos de su comunidad, está abierto al cambio. Cree que simplemente ha llegado el momento y, por ello, cuando observa como las niñas recogen contentas unos cuadernos y una regla como regalo de graduación –que alzan con energía al aire mientras siguen coreando– él también se siente complacido.

La amenaza a los derechos humanos recorre América Latina

Muro fronterizo de EUA

El panorama de los derechos humanos en América Latina es preocupante en varios países de la región.

VENEZUELA

Venezuela atraviesa la peor situación en materia de derechos humanos en los últimos 30 años, según informes de ONG que han sido replicados por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos.

En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su país, un hecho que, según dijo a Efe el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, refleja que “hay un contexto de ausencia de democracia” y “un retroceso en materia de derechos civiles y políticos”.

A ello se suma “la peor situación de pobreza y de exclusión en las últimas décadas” que explica la crisis migratoria porque “los venezolanos no tienen posibilidades de garantizar su integridad con el fruto de su trabajo”.

El parlamento venezolano, de mayoría opositora, ONG y familiares de más de 400 presos políticos han solicitado en siete ocasiones la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela para que constante, aseguran, la “violación” de los derechos humanos.

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NICARAGUA

Nicaragua vive un año marcado por la llamada “insurrección cívica” antigubernamental. Organismos humanitarios han computado hasta ahora entre 325 y 545 muertos –29 niños entre ellos–, 1,315 personas “secuestradas” por la Policía y paramilitares, 610 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, 4,533 heridos y más de 25,000 exiliados.

El Gobierno tan solo reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”, y niega que en Nicaragua haya presos políticos.

Tanto la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional responsabilizaron al Gobierno de cientos de muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, mientras el gobierno de Ortega asegura que el país “está normal”.

El Gobierno de Nicaragua tan solo reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”, y niega que en Nicaragua haya presos políticos. Tanto la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional responsabilizaron al Gobierno de cientos de muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, mientras el gobierno de Ortega asegura que el país “está normal”.

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MÉXICO

México está sumida en una espiral de violencia agudizada por la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). El año pasado fue el más violento en dos décadas y se prevé que 2018 vuelva a marcar un máximo. Solo en los nueve primeros meses se han cometido 21,283 homicidios, 18 % más que en 2017.

Asimismo, hay más de 37,000 desaparecidos, numerosos feminicidios –organizaciones civiles registraron 1,420 asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017, aunque no todos se investigan como feminicidios– y el ex relator especial de la ONU Juan Méndez llegó a decir que la tortura es “generalizada”.

México también es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 47 comunicadores fueron asesinados y la impunidad de estos crímenes se sitúa en el 99.2 %, de acuerdo con el artículo 19.

Tierras del narco. La guerra contra el narcotráfico está desangrando México. Este año ha sido el más violento en dos décadas.

CUBA

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente la falta de libertades civiles en Cuba, el único país comunista de América, donde solo es legal el gobernante Partido Comunista, los únicos medios de comunicación permitidos son los estatales y el derecho de asociación está estrictamente regulado.

Los presos políticos se cifran en 120 –a los que el Gobierno cubano no reconoce como tales– y en lo que va de año se han producido cada mes más de 200 detenciones temporales arbitrarias, según datos recopilados por la disidencia interna, ya que a la isla no tienen acceso organizaciones civiles extranjeras.

El único caso actual de un líder de la disidencia entre rejas es el del médico Eduardo Cardet, quien sustituyó al frente del Movimiento Cristiano de Liberación a Oswaldo Payá, fallecido en un polémico accidente en 2012.

Cardet lleva dos años en prisión –de una condena de tres años– acusado de un delito de atentado contra la autoridad que él y su familia niegan, y ha sido declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional.

En términos de libertad de prensa, en los últimos años y con el aumento del acceso a internet desde Cuba han surgido varios medios independientes “alegales” que tratan, con éxito pero también sorteando continuas dificultades, de contar la realidad cubana sin filtros ni censura.

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ESTADOS UNIDOS

Históricamente, EUA ha visto con escepticismo los tratados internacionales que salvaguardan los derechos humanos porque considera que podrían limitar su soberanía, razón por la que Washington, por ejemplo, no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ve aún con mayor escepticismo esos organismos multilaterales y ha iniciado el proceso para retirarse como miembro de pleno derecho de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En cuestiones migratorias, Trump ha intentado atajar la entrada irregular de inmigrantes mediante la construcción de un muro fronterizo, la firma de decretos legislativos y el despliegue de tropas en la frontera.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos se han posicionado en contra de las políticas migratorias implementadas por Trump, desde la separación de niños en la frontera hasta las restricciones al derecho al asilo.

Además, la CIDH ha expresado preocupación por las represalias que EUA ha tomado contra los inmigrantes indocumentados que lideran movimientos sociales en defensa de sus derechos.

Una de esas víctimas es el mexicano Enrique Balcázar, quien implementó en el estado de Vermont la campaña “Leche con dignidad”, con la que los trabajadores inmigrantes de la cadena de suministro de productos lácteos piden condiciones dignas de trabajo, incluido seguro médico e indemnizaciones por despido.

Gracias a Balcázar, los trabajadores lograron en 2017 un acuerdo con la famosa casa de helados Ben & Jerrys, originaria de Vermont, para mejorar las condiciones laborales.

Sin embargo, Balcázar cuenta a Efe que en 2017 recibió una orden de deportación y opina que el Gobierno busca “callarlo” y “desarticular” el movimiento de resistencia que ha fraguado.

EUA. El cerco a los migrantes se ha reducido cada vez más en Estados Unidos. Entre políticas para no dejarlos entrar y medidas para sacar a los que están adentro, la situación se vuelve complicada de cara a 2019.

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BRASIL

Los asesinatos contra los homosexuales crecieron un 30 % en Brasil en el último año, desde 343 en 2016 hasta 445 en 2017, un promedio de una víctima a cada 19 horas, lo que lo convierte en el país donde más se comete este tipo de crimen del mundo.

Los datos también dejan mal parado a Brasil en lo relacionado con feminicidios. De las 2,795 mujeres víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, un total de 1,133 casos se registraron en Brasil, país que encabeza la lista, según la CEPAL.

En Brasil, país donde más se cometen homicidios contra la población LGTB en el mundo, sobrevivir es un “reto” por los discursos de odio que promueven grupos religiosos fundamentalistas.

Así lo aseguró a Efe Felipe Carvalho, presidente de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) y quien alertó que esa población cada vez tiene más miedo de morir.

“Buena parte de la población LGTBI del país corresponde a gente muy vulnerable, que trabaja en las calles, que se prostituye. La situación que estamos viviendo en los últimos años es cada vez peor y ahora sobrevivir es un reto”, precisó.

Los pueblos indígenas temen un aumento de la violencia en el campo y de los ataques que sufren en las disputas por la tierra con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, que fue elegido con un discurso de total oposición a la concesión de más tierras para los indios.

“Ya aumentaron los ataques de paramilitares. Con certeza, la situación va a agravarse. Las comunidades están muy tensas. Nuestros chamanes y caciques no entienden la situación y dicen que van a resistir. El conflicto es inminente”, afirmó a Efe el abogado Wilson Matos da Silva, un guaraní residente en la aldea Jaguapirú y coordinador regional del Observatorio de los Derechos Indígenas (ODIN).

En el campo de la defensa del medio ambiente, Brasil es el país donde más se matan defensores ambientales en el mundo. Para Antonia Melo, defensora ambiental del estado amazónico de Pará, la coyuntura actual es “muy peligrosa” y con el Gobierno de Bolsonaro “esa situación no va a mejorar”. El futuro que se avecina es “negro” para los defensores ambientales, agregó.

“Bolsonaro es un ser supraarcaico, dictatorial, que apoya la violencia y la dictadura, y con el que no tenemos ninguna esperanza de que esta situación vaya a mejorar. Al contrario, con él nos sentimos más amenazados e intimidados”, aseguró la militante a Efe.

“Ya aumentaron los ataques de paramilitares. Con certeza la situación va a agravarse. Las comunidades están muy tensas. Nuestros chamanes y caciques no entienden la situación y dicen que van a resistir. El conflicto es inminente”, afirmó el abogado Wilson Matos da Silva, un guaraní residente en la aldea Jaguapirú y coordinador regional del Observatorio de los Derechos Indígenas (ODIN), en Brasil.

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GUATEMALA

El Gobierno de Guatemala trabaja en la actualidad en la solución de 1,501 conflictos agrarios derivados de ocupaciones o disputas territoriales tras el fin de la guerra civil en 1996.

A las disputas que surgen por la tenencia de la tierra se suman los conflictos que tienen que ver con el uso de bienes naturales y los impactos sociales y ambientales de proyectos energéticos y extractivos en las comunidades indígenas afectadas, otro de los graves problemas del país.

Desde 1954, la historia reciente ha estado marcada por el saqueo de tierras a comunidades indígenas, adjudicaciones anómalas a grandes terratenientes o tierras arrasadas. Usurpaciones que vivieron su auge bajo el militarismo de la guerra (1960-1996).

La FAO, por su parte, indica en su último informe que entre 2005 y 2015 se dieron 37,234 conflictos asociados o derivados de la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, en un país de unos 16 millones de personas de los que el 50.5 % vive en el área rural y el 59.3 % en condiciones de pobreza.

Precisamente en mayo pasado, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió romper el ciclo de racismo, exclusión y discriminación que existe contra los pueblos originarios, quienes sufren “una segregación racial de facto”, y mencionó la tenencia de la tierra.

“La principal causa de la situación es la inseguridad de la tenencia de la tierra. Guatemala no ha adoptado legislación ni mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales”, proclamó, y criticó la criminalización contra los líderes que buscan soluciones pacíficas.

Este abandono y criminalización provoca graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido el asesinato de sus líderes para exigir la recuperación de sus tierras.

“Ya no podemos salir a las calles porque allí anda la policía”, asegura a Efe Sandra Tuc, una de las dirigentes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

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HONDURAS

En Honduras, la tenencia de la tierra sigue siendo un problema debido a la mala distribución que aducen campesinos organizados y pueblos indígenas, que con frecuencia denuncian ser víctimas de desalojos, a veces con saldo de muertos, por parte de guardias de seguridad privada de terratenientes, con el apoyo de policías y militares.

Muchos campesinos sobreviven con lo poco que pueden cultivar, por lo general maíz y frijoles, en un pedazo de tierra que les permite su patrón, con el agravante de que cuando la sequía es prolongada, o llueve demasiado, no hay cosecha o en su mayoría se pierde.

El pasado día 3, la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos y la Plataforma Agraria Regional del Aguán, en el caribeño departamento de Colón, informó que sus familias (28) fueron “desalojadas de sus tierras el 29 de noviembre por miembros de la Policía y el Ejército”.

Los campesinos afectados, según indicó la Plataforma Agraria Regional del Aguán, aducen que las tierras les pertenecen, pero que una jueza, identificada como Soe Guifarro, está obedeciendo “a intereses económicos y lazos familiares con los supuestos reclamantes de la tierra”.

Entre los pueblos indígenas y otras comunidades también hay oposición a proyectos de explotación minera e hidroeléctricos, aduciendo daños al medio ambiente.

Un caso más conocido es el de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y por el que fueron acusadas y condenadas siete personas, dos de ellas, ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). “No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, dijo la madre de la ambientalista, Austra Bertha Flores, tras conocer el veredicto el 29 de noviembre.

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COSTA RICA

La lucha de los indígenas térrabas, del sur de Costa Rica, consiguió parar la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís, que iba a ser la hidroeléctrica más grande de Centroamérica con 650 megavatios y una inversión calculada en $2,100 millones. El líder indígena Pablo Sibar calificó como “una victoria esperada por años” la decisión.

La Sala Constitucional de Costa Rica emitió en agosto pasado un histórico fallo que legalizará el matrimonio gay, al derogar artículos de leyes que impedían este tipo de uniones.

“Se escribe una página nueva para la historia de Costa Rica y para los derechos humanos a nivel centroamericano”, dijo entonces el representante de la organización Movimiento Diversidad, Geovanny Delgado.

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BOLIVIA

Bolivia tiene pendiente el esclarecimiento de las desapariciones durante las dictaduras militares.

En 2017, el Gobierno boliviano creó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las dictaduras de 1964 a 1982, incluida la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Tras la muerte en abril pasado del dictador Luis García Meza (1980-1981), las familias de las víctimas expresaron su temor de que los crímenes ocurridos en ese período permanezcan impunes.

Contra civiles. En Nicaragua, los cuerpos de seguridad han disparado en contra de manifestaciones civiles y han sumado víctimas mortales.

Mea Shearim, el barrio de las cien puertas

Hermetismo. Una de las calles de Mea Shearim, un barrio de Jerusalén donde la comunidad judía ultraortodoxa está más cerrada que otras zonas hebreas.

“La comunidad judía ultraortodoxa de Mea Shearim es una sociedad religiosa más cerrada que otras muchas. Está luchando constantemente contra la revolución digital porque cree que eso los alejará de la religión”, asegura Ofir Barak, fotógrafo que ha dedicado dos años a retratar sus calles.

“Mientras estuve en Mea Shearim, de día o de noche, solo vestía ropa negra y hasta me dejé crecer una larga barba”, asegura Barak quien realizó este gesto “para integrarse en la zona”, donde los varones llevan traje negro y sombrero de ala o peculiares vestimentas con batines y medias de hace dos siglos.

Las mujeres deben llevar falda o vestido y cubrir todo su cuerpo, excepto las manos, el cuello y la cara. Algunas tapan el cabello con un tocado y otras lo hacen con pelucas que ocultan el pelo original.

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UNA GRAN VARIEDAD DE ORÍGENES
Barak fue testigo día a día de un año difícil en el barrio: 2015, cuando se firmó el primer borrador de ley que obligaba a las comunidades haredíes (literalmente, temerosas de Dios) a cumplir con el servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en todo Israel, y al que estas se oponen férreamente.

La norma motivó decenas de manifestaciones violentas en las que estos mostraban su rechazo.

Los varones ultraortodoxos dedican su día a día al estudio de la torá (pentateuco), muy pocos trabajan y viven en buena medida de las subvenciones que reciben por número de hijos, lo que genera malestar entre la población laica, que exige que contribuyan y aporten a la sociedad.

“A pesar de que históricamente la fundación de Mea Shearim en el siglo XIX, fue askenazí, hay una mezcla de orígenes, explica a Efe Tamar El Or, profesora de Antropología de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En sus calles se habla mayoritariamente yidish, el dialecto vernáculo originado en centroeuropa en el siglo IX, y no hebreo, la lengua de la erudición o semítica, que recuperó Israel tras su fundación en 1948.

En Mea Shearim las mujeres deben llevar falda o vestido y cubrir todo su cuerpo, excepto las manos, el cuello y la cara. Algunas tapan el cabello con un tocado y otras lo hacen con pelucas que ocultan el pelo original.

El Or asegura que, aunque “todos comparten las mismas raíces y la mayoría de sus residentes son hasídicos, una corriente dentro de los haredí, existen muchas diferencias. Cada uno tiene su propia comunidad. Vienen de Hungría, Rusia, Polonia y Rumanía, entre otros lugares”.

Mensaje. Los pasquines por las paredes del barrio son habituales y hacen veces de periódicos de Mea Shearim.

Benjamin Brown, Profesor y experto en Ortodoxia Judía en la misma universidad, asegura que la corriente que impera en Mea Shearim sigue la rama hasídica, cuyo padre fundador y primer líder fue el rabino ucraniano Israel Baal Shem Tov (1700-1760), aunque la fecha de su nacimiento, e incluso su misma existencia, son un misterio en algunos círculos religiosos.

Se le conoció como el Amo del Buen Nombre y quiso introducir modelos de vida nuevos para revitalizar la comunidad judía en Europa Oriental. Además, fue un curandero que “alivió a los enfermos a través de la torá”, según coinciden los que escribieron sobre él.

En uno de esos textos se dice que las últimas palabras que pronunció, y que su hijo pudo escuchar, fueron: “No temáis a nadie más que a Dios”, de donde los haredíes recibieron el nombre temerosos de Dios.

“Después de él tomó el relevo su hijo y así hasta nuestros días, en que muchos de los rabinos descienden de él”, explica la joven Maty Shlomo, pálida y de ojos azules por su origen húngaro y eslovaco, que trabaja en una tienda de libros bíblicos del barrio ultraortodoxo.

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GRAN VARIEDAD DE TENDENCIAS
Como reniegan de todo avance tecnológico, usan pasquines para informarse: carteles colgados en las paredes de las calles y renovados a diario que hacen la función de periódicos.

En algunos denuncian al estado de Israel y lo tachan de sionista y colonizador. “Los judíos no son sionistas”, se lee sobre una bandera palestina, “Israel ocupa la Tierra Santa”, objeta otro, colgado por los grupos antisionistas, minoritarios entre los ultraortodoxos pero muy llamativos.

Sentada cerca de Shlomo está su compañera Faigui Avraham, que cubre su pelo con una peluca desde que se casó: “Cuando ves en las noticias las protestas de los haredíes en Jerusalén, la gente piensa que eso somos todos, pero no se dan cuenta que dentro de ese gran grupo hay muchísimos más y no todos pensamos igual”, asegura Avraham.

Su abuelo llegó a este lugar después del shoá (palabra hebrea para referirse al Holocausto), pero su familia es originaria de Hungría.

“Yo tampoco quise ir al Ejército y de hecho no fui, pero sí reconozco a Israel como un Estado”, defiende ella, que tiene cinco hijos, la mitad del número considerado “normal” en estas calles.

“Todos somos haredíes pero no pensamos igual, algunos no quieren saber nada de Israel ni del sionismo, para ellos es una herejía que haya un estado israelí que no haya sido proclamado por el Mesías”, continúa Avraham.

“Hablamos distinto, vestimos distinto y vivimos de otra manera”, sentencia a su lado, tras el mostrador, Shlomo, que lleva el pelo cubierto con un sombrero además de una peluca.

“Ella es ‘bels’ y yo soy ‘letaim’, nombres que definen su corriente haredí, “pero están los vishnis, los gu, bobob… Cada corriente haredí recibe el nombre de la localidad de donde viene, y cada uno tiene su propio rabino”, aclara.

La mayor parte de los vecinos de Mea Shearim son askenazíes, descendientes de inmigrantes de Europa del este, apenas hay mizrajís (provenientes de Medio Oriente y norte de África) y los pocos conversos se adhieren a la corriente sefardí, “mucho más relajada y más amigable que las demás”, opinan.

“Nosotras sabemos a qué corriente pertenece cada uno con solo mirar su ropa. Los sombreros, aunque parezcan todo negros, son específicos de un grupo, si por ejemplo llevan la chaqueta abierta o cerrada, o si los calcetines son negros o blancos, definen una rama distinta dentro de la misma comunidad Haredí”, dice Shlomo.

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LOS CASAMENTEROS
“Hasta la manera de comprometerse cambia de una rama a otra”, continúa Avraham, “muchos matrimonios son acordados entre las familias sin que la futura pareja se conozca y sin opción de negarse, en otras familias los jóvenes se conocen y en otras, tienen libertad para decidir por ellos mismos”, especifica.

Como si se tratara de un gran secreto, agrega: “Existe lo que se llaman ‘shadján’, casamenteros, que si creen que dos personas pueden encajar, presentan a las dos familias” y si culmina en matrimonio, recibe hasta mil dólares de cada familia.

“Cuanto más mayor es la pareja, más se paga”, desvela ella, que reconoce haber ejercido de shadján con su marido para una pareja que acaba de tener su cuarto hijo.

Ella tuvo la oportunidad de conocer a su esposo y de elegir si lo quería o no, y Shlomo se reunió con su marido solo una vez antes del enlace, su padre se encargó de saber cómo era el chico. “Preguntó a los amigos, a los familiares, al rabino, a toda la gente que le rodeaba”, así es como funciona, sentencia orgullosa.

Dentro de estos matices que tiene el barrio, donde los asuntos se resuelven entre los miembros de la comunidad y donde las leyes religiosas son las que gobiernan, Barak, el fotógrafo, confiesa que durante su trabajo allí capturó a menudo lo que denomina la “tristeza del lugar” un sitio donde, asegura, “se oprime a la mujer, hay pobreza y una muy mala educación”.

Sus residentes, no lo ven así. Mea Shearim es uno de los pocos lugares de Jerusalén donde las calles se cortan totalmente al tráfico rodado los shabat y no se permite ninguna violación de las leyes judías en su interpretación más estricta.

Así, sus habitantes lo perciben como uno de los pocos reductos donde pueden vivir realmente como Dios ordenó a sus fieles.

Ritual. Un judío ultraortodoxo realiza un ritual llamado Kaparot; realizado antes de Yom Kippur, el Día de la Expiación y el más sagrado de las fiestas judías, en el barrio de Mea Shearim en Jerusalén, Israel.

Ecuador va al rescate humedales heridos por el hombre al pie de un volcán

Iniciativa. Vista de la instalación de la campaña “Hacer al planeta verde otra vez”, para mostrar el manto
sombrío del cambio climático desde el sector del volcán Antisana, (Ecuador).

Arriba, como tocando el cielo, aparece imponente el Antisana, un majestuoso volcán ecuatoriano que corona un páramo, que guarda en sus entrañas lo que antaño fueron copiosos humedales, que ahora lucen, a manera de cicatrices, canales abiertos por el hombre para drenar el agua y facilitar el pastoreo.

Más de cuarenta canales recorren un humedal de 14 hectáreas a 4.100 metros de altitud en el área de conservación hídrica del Antisana, situado a menos de una hora de la capital ecuatoriana, en lo que antes eran haciendas ganaderas.

Pero la historia se repite en unas 30 hectáreas a los pies del volcán potencialmente activo, situado en la cordillera ecuatoriana, donde el belga Bert de Bievre, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua (Fonag), llega al extremo de hablar de “exhumedales”.

Por su peso, caballos, vacas y la gran cantidad de ovejas que había antes en la zona, compactaron la cobertura del humedal drenado, que luce a hora como una tupida alfombra verde, a la que comúnmente se refieren como almohadilla pues caminar sobre esta deja la sensación de andar sobre cojines.

El “sobrepastoreo brutal”, como refiere Bievre, terminó hace unos siete años, cuando la empresa de Agua Potable de Quito compró la zona a hacendados, redujo “drásticamente” la carga animal y encargó al Fonag la recuperación del lugar.

En el sector -antaño pantanoso- ahora incluso se puede caminar sin problema pues durante décadas (no se sabe cuántas), ganaderos drenaron el agua a través de canales y, aunque ahora se ha logrado sacar a casi todo el ganado del lugar, el verde y esponjoso suelo todavía recibe la presión de equinos. Pocos, pero hay.

Imponente volcán. Arriba, como tocando el cielo, aparece el volcán Antisana, que guarda en sus entrañas lo
que antaño fueron copiosos humedales, que ahora lucen, a manera de cicatrices, canales abiertos por el hombre
para drenar el agua y facilitar el pastoreo.

Si bien se conocía de la otrora práctica común de los ganaderos de drenar los humedales para evitar que las vacas se ahoguen, solo el sobrevuelo de un dron, a finales del año pasado, reveló la densidad de las heridas que dejó la mano del hombre.

“Fue como cuando volaron con avioneta sobre las Líneas de Nazca y vieron qué no más había ahí en la superficie. Recién ahí pudimos darnos cuenta de la densidad de drenajes”, dice Bievre parado en uno de los humedales, que ahora quieren recuperar con una técnica simple y barata: diques de madera, presión y paciencia.

En medio de un intenso viento frío, Bievre explica animado que las rústicas tablas, colocadas a presión, contienen el agua parcialmente pues permiten un paso controlado del líquido con la intención de recuperar el nivel freático en todo el sector para volverlo nuevamente un pantano inaccesible en “pocos años”.

El asunto requiere paciencia pues la idea no es crear un embalse sino recuperar el humedal en el páramo que colinda con la reserva ecológica Antisana, que extiende sus 120,000 hectáreas entre las provincias de Napo y Pichincha, y que acuna a cóndores, osos de anteojos, pumas, venados, tigrillos y lobos, entre otros.

Con 18 pozos -unos manuales y otros con sensores automáticos- se monitorea la altura del nivel freático, explica a Efe Paola Fuentes, técnica del Fonag cerca de uno de los diques, que deja ver un agua negra acumulada que, a simple vista, da la impresión de ser petróleo liviano pasado por agua.

Pero no, el color negro responde a la acumulación de materia orgánica en el humedal, que es el ecosistema que más almacena ese componente que acopia agua y carbono, y que puede regular la distribución del liquido vital de manera natural.

“El carbono es una sustancia única que se almacena en el suelo, pero con el pastoreo, por ejemplo, cuando se levanta el suelo, se libera carbono a través del CO2 y eso está provocando contaminación también”, se lamenta Fuentes.

El Fonag, que espera que con su técnica de taponamiento el agua no salga con tanta rapidez, monitoreará qué ocurrirá con el líquido cuando se restauren los humedales.

Entre tanto, en agosto colocará diques en la zona alta del humedal y se prepara para intervenir otros con diferentes técnicas pues las zanjas son mucho más anchas y profundas, dice Fuentes con la mirada puesta en el Antisana, de 5,758 metros de altitud, que ve derretir su glaciar por efectos del cambio climático.

Dejar África para llegar a una Europa asustada

Presión. El 9 de diciembre de 2016, unas 400 personas migrantes provenientes de África asaltaron una valla fronteriza
ubicada entre Marruecos y Ceuta, enclave español en el norte del continente.

Guerras, pobreza, violencia, persecución, muchas son las causas que llevan a decenas de miles de seres humanos a abandonar cada año sus hogares en Oriente Medio y África subsahariana para, cruzando el Mediterráneo, alcanzar una mayor seguridad en Europa.

En África negra, donde la emigración hacia Europa es un fenómeno existente desde hace varias décadas, los analistas en seguridad tienen claro que los emigrantes se han convertido en otro “bien” más para las redes que trafican armas, drogas o cualquier mercancía ilegal.

Europa da por sentado que la emigración de África subsahariana tiene motivaciones económicas.

Lo cierto es que esa idea esconde la difícil vida de muchos colectivos o minorías, ya sean cristianos en tierra musulmana (con varias milicias yihadistas operando, como Boko Haram o Al Shabab), homosexuales, albinos (malditos en casi toda África), seropositivos o madres solteras.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 55,000 migrantes del norte, este y oeste de África son introducidos en Europa cada año por las redes de traficantes, que obtienen unos beneficios de $150 millones.

La anarquía en Libia y la multiplicación de medios de rescate, tanto estatales como de ONG, en el Mediterráneo han disparado ese flujo: desde principios de enero hasta el pasado 4 de junio, se registró la llegada de 71,418 inmigrantes, el 85 % de ellos por Italia.

Llegada. Europa registró la llegada de 71,418 inmigrantes entre principios de enero hasta el pasado 4 de junio, el 85 % de ellos por Italia.

La mayoría eran nigerianos.

Benin City es capital del estado nigeriano de Edo, que durante 30 años ha tenido como principal y casi exclusiva fuente de ingresos las remesas que sus hijos emigrados envían desde el exterior ($21,000 millones en 2015, según el Banco Mundial). Aquí, cada pequeña suma llegada del extranjero puede suponer un salario mensual para una familia, siempre que sea en divisas.

El sueño de la emigración ha suplantado incluso a las aspiraciones a una educación digna que suelen ser comunes en todos los países pobres. Socialmente, emigrar es mejor que estudiar, como reconoce el vicegobernador de Edo, Philip Saibu. Las familias de Edo ya no buscan la mejor universidad, sino al mejor agente para llegar a Europa.

Si la candidata al viaje es una mujer, sabe que con gran probabilidad acabará en el mundo de la prostitución, aunque en Benin City lo disfrazan con otra palabra: “hustling” (trapicheo). Las menos viajan creyendo que van a ser peluqueras o azafatas, las más se imaginan en el mundo de la prostitución de lujo, pero la realidad es que terminan haciendo la calle en Palermo o París, cobrando poco más de $10 por servicio para pagar a la mafia una deuda por los “préstamos” contraídos para el viaje, que puede ascender a los $60,000.

Las chicas de Benin City no conocen mucho mundo, pero tienen muy arraigada la idea de que la vida tiene que ser mejor en cualquier otro lugar. “En Europa la gente es buena, son como Jesús”, dice cándidamente la joven nigeriana Miracle, entrevistada por AFP en un hospicio regentado por una iglesia evangélica.

Miracle fue rescatada de las redes de prostitución en Italia.

El salto. Unas 70 personas migrantes provenientes del África subsahariano celebran que han logrado saltar la valla fronteriza
que separa Melilla, ciudad española, de Marruecos, en una foto de diciembre de 2016.

Encrucijada de todos los éxodos

Agadez, en el centro geográfico de Níger, es una ciudad famosa entre los emigrantes: de ella parten las rutas del éxodo.

La de Libia es la preferida desde la caída de Muamar al Gadafi en 2011, gracias a la ausencia del control de las fronteras, aunque ello suponga un riesgo enorme de bandidaje o terrorismo en el camino.

De Agadez parten en horario nocturno viejos camiones atestados de emigrantes. A partir de esa ciudad, todo es desierto y hasta la frontera libia (tres días de viaje) solo existe otra localidad, Dirkou. Los vehículos solo paran para repostar o para que los ocupantes hagan sus necesidades.

Es en esa ruta donde con cierta frecuencia un camión se avería en mitad de la nada y la mayoría de sus ocupantes mueren de sed antes de poder recibir ningún auxilio. El último caso sucedió el pasado 29 de mayo, cuando un camión que transportaba a 50 ghaneses y nigerinos, con numerosas mujeres y niños, se averió y de él solo se salvaron seis personas que llegaron vivas hasta un pozo tras caminar 48 horas.

Aun sabiendo todo esto, emigrantes del centro y oeste de África siguen llegando a Agadez, donde las mafias les prometen un pronto viaje, cuando las condiciones lo permitan. El tiempo de espera lo pasan en “casas de conexión”, construcciones rudimentarias a las afueras de la ciudad fuera del control policial.

Raramente cuentan con agua y electricidad y constan de poco más que un techo bajo el que se agolpan decenas de colchones donde los emigrantes aguardan semanas o meses.

Sus ahorros pronto se agotan, mientras que las mafias les exigen más y más en concepto de “alquiler” en Agadez, lo que obliga a muchos a buscarse pequeños trabajos ilegales en la ciudad, que para las mujeres son sistemáticamente actividades de prostitución.

Otras veces es aún peor: “Nos hacen llamar a los parientes en casa y les tenemos que decir ‘mandadme dinero, o me matan’”, relató el senegalés Ibrahim Kandé.

Quienes parten del oeste de África tienen el camino fácil por una zona de libre circulación hasta Níger. Una vez allí, las redes ilegales los llevan hacia Libia, por unos $170, a los que habrá que sumar más de $1,000 por el cruce del Mediterráneo, reveló el portavoz de la agencia europea de fronteras (FRONTEX), Fabrice Leggeri.

La ruta oriental, que toman eritreos, somalíes o etíopes, es más cara pues todo el viaje es organizado por bandas criminales nacionales que trabajan de forma coordinada. “La tarifa puede llegar a más de $3,000, desde el Cuerno de África a Italia”, según Leggeri.

Un fenómeno que se repite. Un cayuco, barco de pesca utilizado en Senegal para travesías más largas, usado por los traficantes durante la crisis migratoria de 2006.

Huir de la guerra

Los sirios o iraquíes que huyen de la guerra o de la ocupación del llamado Estado Islámico (EI) confluyen en su mayor parte en la larga frontera oriental de Turquía, donde se han desarrollado redes de traficantes que conocen al dedillo las montañas kurdas y los pasos por los que se puede transitar sin ser avistados por los agentes turcos.

Para la mayoría, la vía más segura es la individual, pues un hombre solo se mueve con más discreción y puede cambiar fácilmente de ruta, y una vez refugiado en Europa puede ampararse en la política europea de reunificación familiar.

“Los jóvenes viajan ligeros y pueden correr si se necesita”, explicó a la agencia alemana DPA el sirio Ali, quien huyó de Alepo con su familia en 2014 y se instaló en la provincia turca de Hatay.

Este año, su primo ha escapado solo pagando $500. Mujeres, ancianos o familias deben abonar entre $700 y $800 (de 625 a 715 euros) cada uno para cruzar a Turquía.

En el caso de los iraquíes, al precio se suma el cruce desde su país a Siria.

Aunque el control de vastas áreas del norte de Siria e Irak por parte del EI ha favorecido en cierto modo el tránsito de personas al desaparecer la frontera, eso no significa que los yihadistas no detengan a los migrantes, que viajan en burro camuflados como pastores o en las cisternas de camiones de combustible.

Todo tiene un precio: los conductores de los camiones piden entre $1,200 y $1,500 por persona para llevarlos hasta Turquía.

Una nueva conciencia del problema

Un millón de personas lograron llegar irregularmente a Europa en 2015, la mitad de ellas sirios que entraron en los Balcanes por el Mediterráneo oriental, según datos de la OIM.

EUROPOL calculó que, en ese año de llegadas récord a territorio de la UE, el contrabando de migrantes movió entre $5,700 y $6,700 millones.

La cifra cayó unos $2,000 millones el año pasado, tras cerrarse por acuerdo con Turquía la ruta balcánica, mayoritariamente utilizada por sirios e iraquíes, además de afganos.

En 2016, la cifra de inmigrantes arribados descendió a unos 360,000 y la mayoría provino, nuevamente, de África negra.

La OIM calcula que en Libia hay entre 700,000 y 1 millón de personas esperando su oportunidad para embarcar hacia Europa, la mayoría de Egipto, Níger, Sudán, Nigeria, Bangladesh, Siria y Mali.

Aunque sean menos los que emprenden el viaje, las muertes registradas en el Mediterráneo no dejan de aumentar: 3,770 en 2015, 5,079 en 2016, 1,650 en lo que va de 2017.

Imposible saber cuántos perecieron antes en el desierto.

El director regional para el centro-oeste de África de la OIM, Richard Danzinger, dijo que se abre paso entre todos los países la conciencia de que “el coste humano no es aceptable, ya hablemos de ahogarse en el Mediterráneo o de morir en el desierto”.

Incluso el migrante que sí llega a su destino lo hace físicamente exhausto, debilitado por el hambre y la malaria y con numerosos problemas sicológicos por la violencia de que ha sido objeto y testigo en el camino.

Solo los propios inmigrantes podrían explicar a sus compatriotas las enormes penalidades que deben sufrir en la travesía y también en el país de acogida, pero los sociólogos han demostrado en numerosos estudios que nunca reconocen las dificultades en las que viven.

Está el oprobio que supone el reconocimiento del fracaso: Balde Aboubakar Sidiki, un guineano de 35 años, tuvo que pedir a su familia que vendiera todas sus tierras por $1,800 para poder emigrar a Europa, pero su viaje terminó en una prisión en Libia, donde era maltratado por sus captores.

Al salir de ella, prefirió quedarse en Agadez por “no poder soportar la vergüenza de haber vendido toda la tierra de la  familia para nada”, según su testimonio.

Para los países africanos, la emigración ha sido implícitamente una válvula de escape nunca confesada ante la presión demográfica y económica, y solo en los últimos años comienzan a cobrar conciencia de los riesgos que suponen los flujos incontrolados de personas desde el punto de vista policial, sanitario y humanitario.

Así, el Gobierno de Nigeria ha anunciado planes para castigar el contrabando de personas, aún por concretar; mientras que las autoridades de Níger endurecieron sus leyes en 2015 con castigos que van hasta los 30 años de cárcel.

La UE ha ofrecido un paquete de $1,900 millones en ayuda económica a varios países del centro de África, pero condicionados a que apliquen políticas de control migratorio.

Aun aplicando solo el prisma policial, existe el problema de los medios: en algunas rutas, los traficantes cuentan con sofisticados sistemas de telecomunicación para sortear los controles fronterizos, como sucede en la frontera de Sudán, donde redes eritreas controlan el tráfico llegado desde el Cuerno de África hacia Egipto o Libia.

“Necesitamos ayuda internacional, tecnología sofisticada de telecomunicación, vehículos, cámaras y hasta drones para monitorear la frontera”, dijo a AFP el general de Policía de Kasala (Sudán), Yahya Suleimán.

 

En América Latina, la justicia está politizada

 

“Yo juro, juro, que lo que más tengo, la riqueza de mi esposa y de mi familia es mi credibilidad internacional como académico”, dice en una larga entrevista con la que Alejandro Toledo, expresidente de Perú, ha puesto fin a su aislamiento mediático. Así trata de luchar contra lo que considera una “persecución política” de sus rivales.

Requerido por la justicia de su país y pendiente de que las autoridades estadounidenses respondan a una petición de extradición, Toledo asegura una y otra vez que nunca en su vida hizo “algo ilícito” que le permitiera “tener dinero” como para “no preocuparse” por su futuro.

Las sospechas contra el exmandatario, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, surgieron en febrero a raíz del testimonio de quien fuera representante de la constructora brasileña Odebrecht en Lima, Jorge Barata, que después de ser detenido reveló una larga serie de sobornos durante varias presidencias por unos $29 millones, 20 de los cuales ha atribuido a Toledo.

Después de varios meses en Stanford, donde reside desde septiembre pasado, Toledo, de 71 años, visitó la semana pasada Nueva York para dar una conferencia en un foro paralelo a otro de Naciones Unidas.

Preguntado sobre por qué habría Barata de atribuirle a él precisamente esa acusación, apunta que este se ha convertido en “colaborador eficaz” y con ello busca eludir una mayor pena de cárcel.
Toledo supuestamente recibió el dinero por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sur, y si bien reconoce que la “criatura” es de su gobierno, agrega que por obstáculos burocráticos regionales y nacionales apenas alcanzó a inaugurar “un puente simbólico chiquito entre Asís e Inambari”.

La implementación recayó en el siguiente presidente, Alan García, dirigente del partido aprista y durante cuyo gobierno –aduce– el proyecto saltó de un coste inicial de $850 millones a más de $4,000 millones. Por ello, García es ahora epicentro, junto con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de sus acusaciones de conspiración.

Recurrente en su demanda de que Barata revele “dónde, cómo y cuándo” le dio el dinero, adelanta en la entrevista su intención de demandarle $200 millones, pleito que de ganar –afirma– repartirá entre proyectos educativos para zonas rurales.

¿Por qué ha guardado silencio tanto tiempo mientras era requerido por la justicia?

Hago una pequeña corrección: yo no soy requerido por la justicia. Yo no tengo ninguna sentencia. Hay un proceso de Ecoteva en el cual he estado colaborando en el Congreso, en la Fiscalía, en el Poder judicial. No ha habido ningún problema, no he tenido ningún impedimento de salida. Estuve en China, en Azerbaiyán, fui a Perú en diciembre para ver a la familia, mi nombramiento aquí comenzaba en septiembre.

Y regresé el 12 o 13 de enero de este año. Un mes después, me entero por los medios de comunicación que un señor fiscal, Hamilton Castro, había decidido pedir 18 meses de prisión preventiva sin notificarme, ni a mí ni a mis abogados; porque dice que un señor Jorge Barata, de Odebrecht, habría dicho que me ha dado a mí $20 millones. ¿Por qué los $20 millones? Porque, teóricamente, fui creador del proyecto de construcción de la Interoceánica para integrar a América Latina y permitir que Brasil pudiera tener acceso al Pacífico y beneficiar a Bolivia.

¡Grave error! Está profundamente equivocado y el señor Barata va a pagar por ello un precio muy caro. ¿Por qué está equivocado? Porque las fechas no dan. Se creó la criatura de la Interoceánica, pero todo el proceso fue tan burocrático a escala de América Latina, de los países… Y sin embargo, la idea creció tan fuerte, al final, el Congreso de la República logró un consenso impresionante y lo declaró de interés nacional.

Entonces, entraron la Corporación Andina de Fomento y el BID para garantizar $150 millones cada uno como garantías –no financiación, garantías– para que los inversionistas pudieran tener mayor estimulación.

Lamentablemente, no tuvimos tiempo de comenzar a construir. La única cosa que hicimos fue la inauguración de un puente simbólico chiquito entre Asís e Inambari que lo inauguramos con Fernando Henrique Cardoso y Lula. Fue algo simbólico.

 

¿De dónde cree que viene la acusación?

No sé qué arreglos hizo este señor Barata con el gobierno que implementó. Porque nosotros lamentablemente –ya me hubiera encantado– no pudimos hacerlo. Como usted sabe, el señor Barata está sentenciado en la cárcel y se ha convertido en un colaborador eficaz.

El costo original del proyecto fue $850 millones, y según tengo entendido por los medios de comunicación, ha terminado costando $4,500 millones, es decir, que se han hecho adendas a cada uno de los proyectos.

Pero hay también una investigación abierta y hay sospechas graves de corrupción en toda América Latina. Ya no es Alejandro Toledo, están Alan García, Ollanta Humala… Hay otros países que temen que se abran esas “listas Odebrecht”, entre ellos Ecuador. Alguna solidez han de tener esas listas como para que la justicia estadounidense le dé y haya abierto causa ¿Qué esconde Odebrecht que América Latina tanto le teme?

Odebrecht no está únicamente en América Latina, está en Catar, en Abu Dabi, está en muchos países de América Latina y en EUA. Hay una modalidad de corrupción a través de las preferencias en las licitaciones y en las adendas: el proyecto cuesta tanto ahora, sin embargo, al implementar nos damos cuenta de que cuesta más.

 

¿Daba Odebrecht sobornos en América Latina? Tenía usted constancia como presidente de esos sobornos?

No tengo duda de que sí. No he visto yo los datos, están saliendo dos servidores, uno de Brasil que las autoridades han encontrado, particularmente en el caso de Odebrecht, y otro en Suiza. Y para eso han contratado a un exfiscal suizo. Entonces encontrarán información.

 

¿Le constan a usted esos sobornos?

De lo que he escuchado y leído, sí. ¡De lo que he escuchado! No soy testigo de nada. Pero usted es periodista y ha leído, y no me cabe duda de que de abajo –no sé hasta en que niveles– tengo la sospecha de que se han producido sobornos. No solo en América Latina.

Lo que no puedo permitirle al señor Barata –porque él ha sido un gerente principal con el señor Marcelo Odebrecht– que para reducir sus años de condena diga que entregó al presidente Toledo $20 millones. ¡No lo permito! Y quiero ser enfático en decirle que: ¡nunca en mi vida!

El Barata lo va a tener que pagar muy caro, porque lo voy a enjuiciar por $200 millones. Si logramos tener éxito, $100 millones irán para la capacitación de los profesores de las zonas rurales del Perú de los países andinos, y otros 100 para becas para que los niños de las zonas rurales pobres terminen el colegio, para que puedan estudiar en la universidad en Perú o en el extranjero.

 

 ¿Por qué cree usted que al señor Barata se le ha ocurrido acusarle de recibir esos $20 millones?

Buena pregunta.

 

Hay otros presidentes del Perú manchados por este caso.

Sí, pero no me meta en la misma bolsa. Yo no soy Fujimori. Yo no soy Alan García. Yo no sé del señor Ollanta Humala. ¡Yo me llamo Alejandro Toledo! Sospecho que su motivación es, número uno, que perdimos la inscripción del partido, nos vamos a reinscribir, pero perdimos la inscripción, y sin congresistas, no tenemos la fuerza política que teníamos cuando estaba el partido.

 

Está mezclando política con justicia.

Lo que le estoy diciendo es que lamentablemente en América Latina, la justicia está politizada. Los nombramientos de los fiscales y de los jueces los hacen los que tienen el poder. Y los que están juzgando ahora son nombrados, premiados y prometidos de ser congresistas en las elecciones siguientes.

La segunda razón, probablemente la más poderosa, es que yo soy un obstáculo muy fuerte; una revancha política, una persecución política que no tiene nombre. ¡A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar!

 

 ¿Quién?

Fujimori.

 

¿Padre o hija?

Padre, hija, hijos. Porque tienen un proyecto de 30 años. No me perdonan haber organizado a los partidos políticos, la sociedad civil, los alumnos, las poblaciones indígenas y amazónicas para derrumbar un gobierno autoritario que cambió tres veces la constitución para reelegirse. Primero es Fujimori padre.

Segundo, en 2011, Keiko Fujimori y Ollanta Humala llegaron a segunda vuelta de las elecciones y la gente de Humala vino a pedir el apoyo de nuestro partido y de nuestra infraestructura: la movilización. Yo, para serle franco, no confiaba en Humala porque su hermano –dicen que con su apoyo– trató de dar un golpe de Estado en 2005. Después de cuatro o cinco reuniones decidimos apoyar al candidato demócrata. Hablamos Mario Vargas Llosa y yo y le dijimos: te apoyamos pero con una sola condición, que si tú te sales del marco democrático te sacamos. Obviamente, eso incendió más aún el odio.

 

 ¿Qué relación hay entre ambas cosas?

¡Es que truncamos que fuese presidenta! ¡No únicamente bajamos al papá! Ella era finalista.

El tercer punto, y por eso es que me odia de muerte, es que en las elecciones de 2016 quedaron finalistas Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, que había sido mi ministro de Economía y Finanzas, (un hombre) de derechas, banquero, que tenía experiencia de gobierno.

Esas tres son las razones por las que hoy en día soy un perseguido político y me quieren desaparecer del cuadro, para que no impida la elección de Keiko Fujimori, que ahora ya comienza a competir con su hermano Kenji, dependiendo del papá.

 

 ¿Lo que trata de decirme es que Keiko Fujimori tiene un plan para impedir que Alejandro Toledo pueda torpedear su camino hacia la presidencia?

Por tercera vez: ¡sí! Lo entendió bien. Y han colocado jueces y fiscales ad hoc. Y no lo hace sola, lo hace con Alan García.

 

 ¿Cómo, según su teoría, podría manipular Keiko Fujimori todos los poderes del Estado, y encima hacerlo por encima de una persona –Kuczynski– que llegó a ser su primer ministro, y todo para perseguir a un Alejandro Toledo que la mayor parte de su tiempo vive en EUA y que, en definitiva, le ha dejado campo libre? ¿Para qué tendría que entrar en toda esta trama? ¿Cómo podría acumular tanto poder?

Lo tiene arrinconado, porque Keiko Fujimori tiene absoluta mayoría en el Congreso de la República. Acaba de bajarse al ministro de Transporte y Comunicaciones, Vizcarra, que por coincidencia es también el primer vicepresidente de la república. Y la gente de Fujimori ya planteó la renuncia de este señor no solo como ministro sino como primer vicepresidente.

 

¿Quién entonces –a su juicio– gobierna el país?

No me voy a atrever a especular. El que gobierna el país a través del chantaje es el que tiene mayoría en el Congreso, los fujimoristas con los apristas.

Hoy en día, Perú corre el riesgo de que si siguen presionándolo, y el presidente no reacciona, va a quedar muy mal en la historia. La democracia se va a debilitar y todo lo que hicimos –los heridos y los muertos– puede resultar en vano y el fujimorismo puede volver a retomar la dictadura en complicidad.

 

Perú, a pesar de estos riesgos que menciona, sigue siendo una democracia. Hay un presidente electo al que conoce muy bien, que ha trabajado en su gobierno, y el poder judicial es constitucionalmente independiente. Cuesta creer cómo Keiko Fujimori podría manipular a los jueces y a los fiscales, para perseguir a Alejandro Toledo.

¡Nombrándolos!

 

 ¿Cómo sugiere que los nombra ella?

Los promueve y les ofrece puestos clave en el próximo gobierno.

 

 ¿Nombres? ¿Ejemplos?

No voy a entrar en eso porque yo respeto al poder judicial y a la justicia.

 

Usted ha guardado silencio durante cuatro meses. Hay un pueblo en Perú al que no le ha dado respuesta. Usted es un expresidente, está en otro país y no regresa al suyo. ¿Cuáles son las razones por las que no revela los nombres de aquellos que dice que conspiran contra usted?

Te digo: Alan García y Keiko Fujimori.

 

Pero Alan García es también sospechoso de aceptar sobornos.

Yo le puedo decir, por el nombre de la persona que más amo, que está arriba en el cielo y es mi madre, ¡nunca! Que el señor Barata venga a Lima, o a EUA y diga que me ha entregado $20 millones, cómo hizo, en qué cuenta los puso.

Yo tengo los documentos donde el fiscal de la nación ha declarado tres veces que mi esposa y yo no tenemos ningún desbalance patrimonial. Yo no tengo cuentas en Suiza, las únicas cuentas que tengo son las de Stanford y Perú.

 

 Pero se ha hablado de cuentas de terceros, no de cuentas suyas.

¿De cuáles terceros?

 

 De personas a través de las cuales pudo recibir el dinero.

(Toledo muestra notas de periódicos y documentos de procedimientos judiciales que a su juicio constituyen una violación del debido proceso.)

Se está refiriendo al señor Yosef Maiman. Quiero que sepa que el señor Maiman ha ido al Congreso de la República, a la fiscalía de la nación, al juez, y les ha dicho que las inversiones que ha hecho en la compra de una casa y de una oficina han sido realizadas con su dinero. Consta en los documentos oficiales de la Fiscalía, del juez y del Congreso.

Es cierto que en la casa en la que vivimos por 21 años pagábamos hipotecas y no me di cuenta de que me cobraban un 11 % (de interés). Le dije a Maiman que con 2 % de los EUA podría pagarla. Me prestó $300,000 de la casa y $275,000 para pagar la otra casa chica en el Norte. Eso es todo lo que me prestó.

 

 ¿Prestó o donó?

Prestó, me prestó.

Maiman es un multimillonario con altos y bajos. Lideraba el gasoducto de Egipto a Israel. Ha tenido empresas y un canal de televisión. Tiene subidas y bajadas y espero que se recupere de una enfermedad muy grave. Pero yo no conozco los negocios de mis amigos, ni siquiera los de mi suegra.

Barata ha dicho que me entregó $20 millones. Y hoy día estoy atravesando momentos muy difíciles, porque yo tenía ingresos de mis conferencias por el mundo, de ser miembro de directorios de empresas en la China y en Europa. Mi señora y yo somos profesores en la Universidad de Stanford.

 

¿Puede jurar que no aceptó coimas (sobornos)?

¡En mi vida! Quiero tener al señor Barata enfrente para decirle que lo voy a enjuiciar por $20 millones, y que me diga cuándo me ha entregado $20 millones, cómo, en qué circunstancias, en qué banco.

 

¿Puede jurarlo?

Yo juro, juro, ante lo que más tengo –la riqueza de mi esposa y de mi familia– que es mi credibilidad internacional como académico.

 

 No está jurando que no aceptó coimas.

¡Estoy diciéndole! Le estoy diciendo que de ninguna manera. Se lo prometo. Por eso le digo, tráigame al señor Barata y le va a costar caro.

 

Si es así, ¿por qué no regresa a Perú para defender lo que considera justo? ¿Dónde está ese Alejandro Toledo que salía a luchar y movía masas?

Soy un indio gitano que trota por el mundo. Recibí la noticia de que el juez Hamilton Castro decidía una orden de prisión preventiva de 18 meses estando en Stanford y por los periódicos. ¿Usted quiere que yo regrese para ir a la prisión sin ser escuchado ni notificado? ¿Adónde está el debido proceso?

Este país (EUA) puede tener muchas dificultades, pero aquí el debido proceso funciona. Aquí no se compra ni se vende la justicia. Yo soy un luchador. Usted lo que quiere es que yo vaya al Perú sin que tenga citación de nada. Ingresaron en mi casa a las 2:30 de la mañana sin avisarme. ¿Quiere que yo regrese a la cárcel? ¿Para que comience un juicio sobre lo que ha dicho Barata? ¿Quiere que quede yo por 30 años en la cárcel?

Yo me someto a un juicio sobre esas acusaciones en este país. ¡A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar! Por eso es la persecución política y es una persecución impresionante.

Si pudiera leer las atrocidades que han hecho los fiscales. El mismo fiscal de Primera Instancia ha tomado la decisión de la Segunda Instancia, ha negado dos hábeas corpus, ha inventado jueces.

Mire lo que han hecho. A un juez Concha que estaba encargado por mucho tiempo del tema de Ecoteva, le dieron licencia por una semana y pusieron a un juez transitorio, y a ese juez transitorio le ordenan que me dé una segunda prisión preventiva. Y después se va, regresa el juez Concha. ¿Cree que eso es justicia?

El García siempre ha tenido un enorme control del poder judicial. Y mire que yo soy respetuoso de la justicia y colaboro con ellos. Una vez cancelé una conferencia en Praga para testificar en el Congreso. Han dicho que me estaba yendo a Israel, a Australia.

¡Oiga! Soy indio gitano que trota por el mundo, pero no soy noruego. No. Yo soy un luchador y eso no me lo va a cambiar nadie.

 

¿Qué garantías necesitaría para regresar a Perú y abandonar su condición de fugitivo?

Es que no soy un fugitivo porque yo no me he fugado de mi país. Yo estaba aquí trabajando. Si yo hubiera cometido un delito y me hubiera escapado. ¡Eso es un fugitivo! Esto del señor Barata ha salido en febrero. Ya estaba trabajando en mi libro en Stanford.

Si me dan garantías de un Estado de Derecho, de un juez natural. Dicho sea de paso, acabo de recibir la información de que si los presidentes cometen algún error, los juzgan lo que ellos llaman un juez natural, que es un juez supremo, no de Primera Instancia que se presta a muchas cosas. Yo no tengo ningún problema. Yo he estado colaborando con la justicia. ¿Por qué cuando estoy afuera ni siquiera me notifican, ni a mí ni a mis abogados? Qué cosa es eso? ¿A qué estamos regresando? ¿Otra vez al fujimorismo? Y ahora el contexto es mucho más complicado, porque la democracia que construimos está en peligro, porque lo están presionando tanto al presidente Kuczynski, que no le dejan gobernar.

 

Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué garantías necesita para regresar y probar su inocencia?

  1. K. Clarito. Número 1, yo colaboro con la justicia, que me juzgue un juez natural, que no inventen mentiras. ¿Cómo voy a entrar en la cárcel si no soy declarado culpable?

 

 Es una prisión preventiva, existe en todos los códigos penales.

No, señor. La prisión preventiva es aplicable, como dicen Suiza y EUA, cuando existen evidencias probables de que la persona que ha cometido un delito pueda fugarse. Yo no soy un fugitivo. Mis huesos van a terminar en Cabana.

Entonces, le respondo a la pregunta. Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir y que, cuando me necesiten, me citan y yo regreso, no tengo ningún problema. Si me necesitan el juez o el fiscal, yo colaboro con la justicia, pero, ¿una acusación sin fundamento? ¡Soy feo, pero no tonto!

 

 ¿Cómo vive estos días?

Nunca pensé que el querer redibujar el rostro social de mi país, me iba a traer aquí.

¿Idealista? Probablemente. Pero yo no soy un político clásico. Vengo del mundo académico. Mi señora y yo somos académicos, ella tiene su libro, de eso vivimos. Si quieren juzgarme, miren esto o entren a Google y miren mi gobierno.

 

 Me refería a escala personal y emocional ¿Cómo se vive bajo la sombra de una posible extradición?

 

Con mucha incertidumbre. Duermes menos, trabajas más. Para serle muy honesto, tenemos una restricción severa en nuestra economía, porque se han tomado la libertad de quebrar la ley y nuestra jubilación de toda la vida la cobrábamos de una AFP, la pusimos en el banco y la han congelado.

 

 ¿De qué viven?

 

Trabajamos en Stanford. De los sueldos. No es mucho dinero, en el Perú necesito pagar el agua, la luz, el servicio. ¿Cómo se vive? Es muy cruel. ¿Sabe por qué es cruel? Porque nunca en mi vida hice algo ilícito que me permitiera tener dinero para no preocuparme.

 

Hace tres meses se habló de que se iba a Israel. Se interpretó como una posible fuga y, sin embargo, al final no estaban en el avión. ¿Era su intención realmente fugarse a Israel?

No. No, no. Tengo gran respeto por la prensa pero: ¡cuidado con las especulaciones! Dijeron: Toledo está llegando en un vuelo de United con su esposa. Fueron al aeropuerto y no me encontraron.

 

 ¿Llegó a tener billete en ese vuelo?

No. ¡Teníamos el contrato de Stanford! ¿Cómo íbamos a hacer eso? Yo llegué a este país a los 18 años, me crié en sus valores y aquí el Estado de Derecho funciona.

 

 Y, sin embargo, se ofendió cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que le cerraba las puertas.

Sí, me ofendí. Me dolió mucho, porque tengo una admiración profunda por el Estado judío de Israel.

 

 ¿Habló con Netanyahu después de esa decisión?

Yo he hablado varias veces con él. Pero no de eso. Respeto su opinión, él es el primer ministro.

 

¿Por qué cree que le dijo que no?

No lo sé. Él siempre tuvo celos de mi relación con Shimón Peres. Yo lo respeto como primer ministro, respeto a Israel, no voy a emitir ningún juicio de valor sobre él.

 

 Una última pregunta. Se espera en algún momento la desclasificación de las listas Odebrecht. ¿Qué espera que salga de ellas?

Yo espero que se abran tanto el servidor que dicen que han encontrado en Suiza, como el servidor que tiene la justicia brasileña. ¡Que se abran! Va a doler mucho a una región que es la región prometida en el mundo.

Tengo temor no solo de esas listas, sino temor del regreso a la dictadura disfrazada como la que sucede en Venezuela. Tengo temor, más que a una lista de individuos, a que retrocedamos a un dictadura en la que otra vez el autoritarismo y la violación de los derechos humanos, la libertad de expresión, sea restringida, en la que regrese la exclusión social o la discriminación por el color de la piel.