Nadie los quiere: Los hijos de combatientes del Estado Islámico en Irak

Refugiados

Seis menores viven en un pequeño departamento entre extranjeros en esta ciudad del norte de Irak. El “hombre de la casa” es un muchacho de 18 años, que todos los días trabaja en lo que puede para pagar el alquiler. Su hermanita, de 12 años, es la “madre”, encargada de cocinar, limpiar el sitio y cuidar a sus hermanos menores.

Son oriundos de una aldea a menos de 1 hora en carro, pero no pueden volver: combatientes chiítas quemaron su casa porque su padre militaba en la organización Estado Islámico. Además, temen represalias de sus vecinos por el terror sembrado por esa agrupación cuando controló la zona.

Los chicos de la familia Suleiman están librados a su propia suerte. Su padre está preso y su madre falleció hace varios años. Están traumatizados por la muerte de seres queridos en la guerra y por los problemas de su familia. Tratan de no llamar la atención, temerosos de que sus vecinos se enteren de sus conexiones con el EI.

“Estoy cansada”, dice Dawlat, una pequeña niña de 12 años, de rostro solemne. “Mi madre me visita en mis sueños. Me asusto cuando se va la luz de noche. Me encantaría que mi padre y mi madre estuvieran aquí conmigo”.
Las víctimas quieren venganza
Miles de hijos de militantes del Estado Islámico, muchos de ellos abandonados, son víctimas inocentes de la brutalidad que mostró esa organización. El estigma que los acompaña refleja hasta qué punto la fábrica social de Irak fue afectada por los tres años de gobierno del Estado Islámico sobre buena parte del norte y el oeste del país.

Cuando los musulmanes suníes de EI tomaron esos territorios en 2014, masacraron a musulmanes chiítas, curdos, cristianos, yazidíes y a los miembros de la policía o las fuerzas armadas que caían en sus manos. Hicieron que mucha gente se escapara, a menudo destruyendo o entregando a otros sus viviendas.

La dinámica familiar fue afectada por la revelación de que el padre había abusado de una de sus hijas. Saleh lo confrontó y vivieron varios meses como enemigos bajo el mismo techo. Varias veces se trenzaron a puños. Saleh confiesa que pensó en matar a su padre de noche, “pero dormía con su revólver a su lado”. Para vengarse, su padre lo delató al EI, diciendo que vendía cigarrillos, algo que estaba prohibido bajo la ley sharía. Los combatientes azotaron a Salah.

EI impuso una versión radical de la ley islámica sharía sobre los mismos suníes, matando a muchos que la violaban o a quienes se oponían a su presencia. Algunos suníes iraquíes se unieron el grupo, ya sea por convicción o en busca de beneficios económicos. Muchos más fueron víctimas del EI. Informantes entregaron a sus vecinos, que recibían castigos que iban desde latigazos hasta un balazo en la cabeza en una plaza pública.

Ahora que el EI ha sido expulsado de casi todos los territorios conquistados, sus víctimas quieren venganza.

Un jefe policial de la provincia norteña de Nineveh dijo que sabía de al menos 100 viviendas de Mosul que fueron demolidas porque había miembros del EI residiendo allí. Numerosas familias vinculadas con el EI fueron baleadas y les tiraron granadas a sus casas, señaló.

Miles de iraquíes están presos por sus presuntos lazos con EI y no se sabe cuántos militantes de la agrupación murieron en la guerra. Potencialmente, hay miles de menores sin un jefe de familia y, con frecuencia, sin la madre.

El estigma que no cesa
No es inusual que otros familiares directos se nieguen a hacerse cargo de los menores que se quedaron solos, de acuerdo con una funcionaria de una organización que les busca vivienda a estos niños. Sus familiares temen ser mal vistos y sufrir represalias si los ayudan, indicó, hablando a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar el trabajo de su organización.

La mayoría de los hijos de combatientes de EI vive con los cientos de miles de personas desplazadas que se encuentran en campamentos de refugiados. Más de un millar vive con madres encarceladas en centros penitenciarios sobrepoblados o están en centros de detención juveniles. Unas pocas docenas fueron a parar a orfanatos. Uno de Bagdad está protegido por la policía porque ya hubo tres atentados frustrados contra el lugar.

Los menores que son blanco de tanto resentimiento se sienten muy traumatizados, por la guerra, por la vida con el EI y por su presente.

En un orfanato de Mosul, una niña de nueve años llamada Amwaj comentó que su padre murió peleando con el EI. Su casa fue destruida por bombardeos que mataron a su madre y a tres de sus hermanas. Vio cómo desenterraban el cadáver de su madre de entre los escombros.

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“TENÍA LA CARA CUBIERTA DE SANGRE”, RELATÓ.

La niña parecía como perdida. Con lágrimas en los ojos, hablaba con una voz casi inaudible. En el orfanato se hace cargo de tres hermanos, uno de 10 años y dos menores que ella.

Dice que su padre le daba dinero para comprar papitas fritas y gaseosas. Sueña que él vendrá a buscarla al orfanato y se la llevará a su casa. Sueña también que su madre le peina el cabello. Dawlat, su hermano de 18 años, Saleh; y sus hermanos –Abdullah, de 16 años; Adam, de ocho; Umaimah, de seis; y Dawoud, de cuatro– cargan sobre sus hombros con múltiples tragedias de la época en que vivieron bajo el gobierno del EI en las afueras de Hawija.

Dicen que fueron víctimas del EI, de los enemigos de EI y de su propio padre, que arreglaba generadores y se unió a esa organización. Una hermana mayor murió al estallar una bomba en una carretera cuando trataba de escapar de allí.

La dinámica familiar fue afectada por la revelación de que el padre había abusado de una de sus hijas. Saleh lo confrontó y vivieron varios meses como enemigos bajo el mismo techo. Varias veces se trenzaron a puños. Saleh confiesa que pensó en matar a su padre de noche, “pero dormía con su revólver a su lado”.

Para vengarse, su padre lo delató al EI, diciendo que vendía cigarrillos, algo que estaba prohibido bajo la ley sharía. Los combatientes azotaron a Salah. El muchacho se escapó a territorio curdo en marzo del 2016 y estuvo detenido seis meses bajo sospecha de que pertenecía al EI. Salah dijo que lo colgaron del techo por las manos y le golpeaban la planta del pie.

La hermana, que había sido violada por el padre, fue casada con un combatiente del EI, que más adelante murió. A los 14 años se casó con un policía, del que fue su segunda esposa, y vivió en un campamento para desplazados. El EI, mientras tanto, consiguió una segunda esposa para su padre, obligando a una mujer chiíta a casarse con él. La mujer, cuyo marido había muerto, tenía cuatro hijos.

Dos meses después, fuerzas iraquíes tomaron Hawija. El padre se afeitó la barba para borrar cualquier indicio de que pertenecía al EI y escapó con su familia, mezclándose con las miles de personas que trataban de irse.

Pero su nueva esposa lo delató y combatientes curdos se lo llevaron. Sus hijos no lo han vuelto a ver desde entonces. Se quedaron con su madrastra, que no quería saber nada de ellos. De hecho, Dawlat y sus hermanos no saben su nombre.

Los menores fueron llevados a un campamento para desplazados, donde estuvieron casi un año. Hasta que el esposo de una de sus hermanas les consiguió un departamento en un barrio curdo pobre de Kirkuk.

Viven rodeados de vecinos de una comunidad que fue perseguida por EI y Saleh teme que los puedan descubrir. Familiares les han dicho que no estarían a salvo si regresan a su ciudad.

“Con frecuencia tengo ganas de llorar. Estoy extenuado. Siento que tengo 30 años después de todo lo que pasamos”, dice Saleh.

Dawlat cocina tres comidas diarias. Mientras sus hermanos menores van a la escuela, ella limpia la casa, hace las camas, lava los platos y la ropa. Sonríe al contar que puede cocinar lentejas, papas y pollo, aunque admite que el arroz todavía no le sale bien.

Hay momentos en que una sonrisa ilumina el rostro de Dawlat. Cuenta que le gustaba ir a la escuela y que todavía espera poder ser médica o maestra. Espera poder casarse pronto. En las zonas rurales de Irak, las mujeres se casan a temprana edad. Una vez casada, dijo, la religión le permitirá usar cosméticos.

“Me gustaría ir al peluquero. Nunca estuve en una peluquería”, expresó. “Me gusta mi cabello largo, pero quisiera teñírmelo de otro color”.

De repente, la realidad vuelve a abrumarla y recuerda a su padre. “Lo quería mucho. Lo quiero de nuevo con nosotros”, dice casi susurrando, para que Saleh no la escuche.

Restaurantes de EUA acusados de explotar a hispanos

Sin opción de denuncia. Hay restaurantes que utilizan agencias de empleo para hallar trabajadores mexicanos a quienes les pagan menos del salario mínimo y explotan con horarios que sobrepasan las normas.

Una tarde de un lunes de agosto, poco después de que el Parque Memorial Ping Tom de Chicago cerró a las 10 de la noche, un grupo de hombres se acomodaba para pasar la noche. Algunos eran de Guatemala, otros de México y había un ciudadano estadounidense. Bromeaban, debían cerveza y se relajaban, algunos recostados en colchones sin sábanas, otros tirados en muebles viejos entre varios carritos de supermercados.

Los focos de un campo de béisbol cercano iluminaban parte del campamento y permitían ver botellas y cartones. El río Chicago está a un paso y a la distancia relucían los rascacielos de la ciudad.
Escondidos entre los árboles, detrás de unas vías, cerca de un muro de cemento, viven estos hombres, “debajo del puente”. Conductores y transeúntes que pasan por allí probablemente ni se dan cuenta de que esta gente está allí, y duerme debajo de ellos, ni de que muchos de estos hombres son la misma gente que corta sus vegetales, limpia los pisos y lleva comida a los bufés de los restaurantes asiáticos del centro del país.

José Luis Ruiz, de 39 años, de Michoacán, México, descansa sobre un colchón en el que pasará la noche, jugando con su teléfono. Encontró su primer trabajo en un aviso de un diario que buscaba lavaplatos. Ofrecía vivienda.

Dijo que trabaja en restaurantes chinos de todo el centro del país, de 12 a 13 horas diarias y gana $2,000 por mes. Cada vez que consigue un nuevo trabajo, le paga una comisión a una agencia de empleo. Ruiz y otro hombre que pidió no ser identificado afirmaron que ganan menos que el sueldo mínimo y que no les pagan horas extras en los restaurantes chinos de la zona limítrofe entre Wisconsin e Illinois.

El segundo hombre, que sigue trabajando en esto, declaró durante una entrevista de finales de septiembre que le pagan en efectivo, por lo que no hay registros de los sueldos ni de las horas trabajadas. Dijo que sus supervisores lo tratan bien y le dan una vivienda decente, pero que el sueldo es muy bajo.

Durante un descanso mientras limpiaba pisos en un restaurante de Waukegan, Illinois, el individuo afirmó que los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen muchas alternativas. “¿Qué podemos hacer?”, preguntó. No fue posible hablar con el propietario del restaurante.

Ruiz, por su parte, dijo que planeaba levantarse temprano para tomar un tren de Amtrak hacia Detroit, donde tenía una entrevista para trabajar en un restaurante.

“Este trabajo no me ha rendido”, dijo Ruiz. “Trabajamos, pero a veces nos tratan mal. No echan a patadas, pero no tenemos otras opciones”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”. Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

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AUTORIDADES TRAS LAS AGENCIAS

En 2015, la procuradora general de Illinois, Lisa Madigan, demandó a tres agencias de empleo del barrio chino de Chicago y a dos restaurantes de Illinois que habían usado sus servicios, diciendo que explotaban a los inmigrantes latinoamericanos en varios estados, incluido Wisconsin. Muchos de los trabajadores, reconocieron las agencias, no tenían permiso de residencia.

Los restaurantes usan las agencias porque les suministran “trabajadores mexicanos a los que les pagan menos que el sueldo mínimo y que son discriminados, aparentemente sin sufrir consecuencias”, de acuerdo con los fiscales.

La demanda dice que “las agencias de empleo básicamente actuaban como centros de abastecimiento para una industria de restaurantes con bufé que trataba de sacar provecho de sueldos y condiciones de empleo ilegales y de explotación… (y que) sistemáticamente seleccionaban y enviaban a trabajadores latinos vulnerables que eran expuestos a condiciones de trabajo pésimas en restaurantes dentro y fuera de Illinois”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”.

Explotación.

Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

Los dueños de tres agencias de empleo mencionadas en la demanda (Xing Ying, Jiao y la Agencia de Empleo Chinatown) negaron las acusaciones y aseguraron que los sueldos eran negociados por el empleado y el patrón, sin la participación de las agencias.

Las agencias de empleo cobraban a los restaurantes entre $120 y $220 por empleado, el cual debía reembolsar luego el dinero mediante descuentos de sus sueldos, de acuerdo con los fiscales.

Los empleados aseguran que trabajan de 12 a 14 horas diarias, seis días a la semana, sin descansos para comer. Empleados entrevistados por la oficina de la procuradora Madigan afirmaron que eran sometidos a fuertes presiones, abusos verbales y amenazas de violencia.

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LA HISTORIA DE BETO

Beto, un mexicano de Guadalajara de 27 años, dijo a periodistas del Centro para un Periodismo de Investigación (CPI) de Wisconsin y al diario Chicago Sun-Times que había sido explotado en restaurantes a los que llegó a través de agencias de empleo. Beto pidió que no se usara su apellido por temor a ser deportado y a perder su trabajo en los restaurantes. No quiso ser fotografiado. Sigue trabajando en los restaurantes, pero no usa más agencias de empleo.

En el sótano de un centro comercial del barrio chino de Chicago, sentado junto a un par de oficinas de agencias de empleo con escasos muebles, Beto relató cómo era enviado de un restaurante asiático a otro en el centro del país. Generalmente trabajaba 11 o 12 horas diarias, a menudo sin descansos.
Le mostró al CPI una recomendación de Xing Ying fechada a finales de junio de 2018, escrita para un restaurante en Oshkosh, Wisconsin, donde cobraría $2,100 mensuales. Le cobraron $100 por el transporte y una comisión de $100.

La demanda especifica que se pagaban sueldos mensuales fijos, sin tomar en cuenta las horas trabajadas y que los ingresos “generalmente estaban por debajo del sueldo mínimo por ley”.
Beto dijo que consiguió su primer empleo en Appleton, Wisconsin, a través de una agencia de empleo del barrio chino hace unos dos años.

“A veces ni sabes dónde estás. A veces te decían, ‘vas a Indianápolis’ y cuando estabas en Indianápolis, alguien te recogía y te llevaba a otro sitio, a ciudades pequeñas”, dijo. Afirmó que los empleos pueden ser algo pasajero. Una vez, relató, un patrón lo mandó de vuelta a la agencia porque no le gustaban sus tatuajes.

“Si no les caes bien a estos tipos (los dueños de los restaurantes), te mandan de vuelta, no les importa si no tienes dinero”, manifestó Beto.

Agregó que pasó el invierno en departamentos fríos o en sótanos mojados suministrados por sus empleadores. Dijo que trabajaban muchas horas comiendo solo arroz blanco.

“A veces los que cocinan para ti no quieren gastar mucho dinero en ti”, dijo. Si alguien se quejaba, afirmó, lo amenazaban con llamar a la policía para que fuera deportado. Por eso nadie se queja.

En una reciente visita de periodistas a la agencia Xing Ying para este artículo, Beto violó esa norma.
Dijo que fue despedido después de que uno de los dueños del restaurante se enteró de que había estado hablando con periodistas. Sus pertenencias fueron colocadas en un banco frente a la agencia de empleo. Acotó que también fue desalojado por otra agencia de empleo en la que planeaba pasar la noche.

Aseguró que la mayoría de los empleados en los sitios donde trabajó eran mexicanos y que había también chinos. Los mexicanos, explicó, “son más baratos”.

Insuficiente. El dinero que ganan los empleados hispanos en este tipo de agencias no alcanza para que puedan contar con una vida digna.

Zhu Ying Zhang (“Cindy” para los trabajadores) y Jun Jin Cheung son los propietarios de Xing Ying, y también manejan la empresa, que tenía licencia para operar en Chicago, pero no para funcionar como agencia de empleo, de acuerdo con los fiscales.

Durante una reciente visita, había varios colchones junto a una pared en el departamento del segundo piso. Hacia la derecha había un pasillo con varias habitaciones. Unos seis trabajadores descansaban en los colchones y varios salieron de las habitaciones del pasillo. Al preguntárseles por la demanda, Zhang dijo que no entendía la pregunta y se fue de allí.

Cheung, que la fiscalía describe en su presentación como alguien que manejaba a los empleados con amenazas y violencia, no habló, pero miró con cara de pocos amigos a los demás y fumó durante una breve entrevista. Según la demanda, Xing Ying cobraba a hasta 10 empleados $10 la noche para que durmieran en la agencia.

La justicia ordenó al restaurante Hibachi Suchi Buffet de Cicero, Illinois, que les pagara un total de $96,000 en sueldos atrasados a siete empleados y multas al estado. Hibachi Grill Buffet de Elk Grove Village fue conminado a pagar $100,000 en sueldos atrasados a cuatro empleados, más multas.

La agencia Jiao tuvo que pagar una multa de $16,500, y la Agencia de Empleo Chinatown dejó de funcionar. En agosto, las autoridades llegaron a un acuerdo con Xing Ying, pero no se han dado a conocer los detalles.

Lisa Palumbo, abogada de Inmigración de la agrupación LAF, de Chicago, ofreció ayuda legal a los inmigrantes del caso de Madigan. Dijo que los patronos pudieron permanecer en el país, pero muchos de los trabajadores fueron deportados.

Carolyn Morales, organizadora del Centro Arise de Trabajadores de Chicago, que educa a los inmigrantes y a personas nacidas en Estados Unidos acerca de sus derechos y los organiza para mejorar las condiciones de trabajo, dijo que “la explotación de los trabajadores es común”, porque estas redes suministran empleados a restaurantes del centro del país y más allá.

Beto sostuvo que los empleados no pueden salir adelante trabajando para las agencias por las comisiones y los sueldos bajos.

“Casi nadie sale ganando” aquí, manifestó. “Nosotros no ganamos nada”.

Explotación. Los empleados hispanos aceptan las terribles condiciones laborales ofrecidas por las agencias intermediarias por temor a ser denunciados ante las autoridades de Inmigración.

Brasil se vuelca hacia la derecha con Bolsonaro

Sus modelos. Bolsonaro ha dicho que los gobiernos militares en Brasil nunca representaron una dictadura. También mira con buenos ojos a Donald Trump.

Los brasileños parecen decididos a entregarle la presidencia a un excapitán del ejército que añora los tiempos de la dictadura y promete encarcelar a los políticos corruptos y declararle una guerra abierta al tráfico de drogas y la delincuencia que azotan esta nación.

Jair Bolsonaro, un legislador de extrema derecha, casi gana la presidencia en la primera ronda el domingo. Se quedó corto por poco y ahora enfrentará al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, de izquierda, en la segunda vuelta el 28 de octubre. Sacó el 46 % de los votos en la ronda inicial y necesitaría muy pocos votos más para instalarse en el sillón presidencial.

La votación representó un verdadero cataclismo político en este país de 200 millones de habitantes, donde la izquierda había ganado las últimas cuatro elecciones. El movimiento, no obstante, se debilitó por escándalos de corrupción y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El viro de Brasil se encuadra dentro de una tendencia mundial, en la que tanto en Europa como en Estados Unidos el electorado le da la espalda al establishment y termina votando a menudo por candidatos populares de extrema derecha que ven con malos ojos a ciertas minorías y prometen restaurar los “valores tradicionales”.

El rumbo que tome Brasil tanto en lo político como en lo económico seguramente se hará sentir en las naciones vecinas. Y podría tener un impacto decisivo en relación con el colapso social y económico de Venezuela. Bolsonaro postula una línea dura hacia Venezuela, donde se está produciendo un enorme éxodo de gente que se instala en países vecinos, incluido Brasil.

El Partido Social y Liberal de Bolsonaro era una agrupación menor, que empezó a ganar terreno a principios del año a partir del inteligente uso de las redes sociales y de concentraciones muy bien preparadas. Bolsonaro ha elogiado a menudo a Donald Trump y su campaña copió muchas cosas de las que llevaron al magnate a la presidencia de Estados Unidos, desde feroces críticas a la prensa y la clase política hasta el uso de sus hijos en la campaña.

El partido de Bolsonaro obtuvo 52 bancas en la cámara baja del Congreso, donde en la última elección había sacado apenas una. Tiene ahora el 10 % de las bancas y es el segundo partido más grande, superado solo por el PT, que suma 56.

Brian Winter, jefe de Redacción de la revista Americas Quarterly, dijo que el resultado resalta “la desaparición total del centro” en Brasil y que Bolsonaro casi seguramente será el próximo presidente.

Haddad podría recibir el apoyo de otros candidatos, pero eso dará munición a Bolsonaro para asociarlo con la política tradicional. El PT cortejó el lunes en Twitter a todo aquel que crea en la democracia, y prometió unificar a la nación. Al candidato del PT, no obstante, le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones.
“Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”, dijo Winter.

A los brasileños les sobran razones para estar furiosos. Desde 2014 han visto incrédulos cómo fiscales investigadores revelaban la forma en que el gobierno manipulaba los contratos públicos y ofrecía favores a cambio de millones de dólares en coimas y sobornos. Buena parte de esa corrupción abarcó a figuras del PT y mucha gente dijo que votaba por Bolsonaro porque quería erradicar la corrupción.

Jana Tessarolo Clemente, veterinaria de 46 años de Sao Paulo, declaró que votó por el exmilitar porque está “en contra del PT más que a favor de Bolsonaro”.
“Cualquiera que viva en Brasil sabe que la vida empeoró con el PT, especialmente para la clase media”, agregó.

Brasil, por otro lado, está saliendo de una prolongada recesión, con alto desempleo y creciente delincuencia.

Bolsonaro, cuyo lema de campaña fue “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, ha ensayado un relato nostálgico, que evoca tiempos mejores. En ese contexto, plantea dar marcha atrás con algunas conquistas de los gays y otras minorías, y una línea dura en torno de temas como la igualdad de la mujer. Ha dicho que preferiría tener un hijo muerto a uno gay y que una legisladora era “demasiado fea” como para que la violaran.

Para combatir la delincuencia, promete darle a la Policía piedra libre para que dispare primero y pregunte después, una política que, según dice, amedrentará a los delincuentes. Habla de relajar algunas leyes sobre tenencia de armas y permitir que más gente porte armas. Propuso la privatización de empresas estatales, un gobierno más pequeño que gasta menos y una economía más abierta.

Al candidato del PT le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones. “Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”.

Su promesa de dejar que la Policía haga lo que quiera, sus críticas de los movimientos sociales y de las reformas para hacer de Brasil un país más igualitario e inclusivo, combinado con sus frecuentes elogios a la dictadura militar que gobernó de 1964 a 1985 generan temores de que su gobierno empañará los valores democráticos y de que tenga tintes autoritarios. Ha dicho que se rodeará de exmilitares¨, y su compañero de fórmula es un general retirado.

Hay quienes pronostican que el impacto más inmediato de una victoria de Bolsonaro sería un marcado aumento en la violencia policial, en un país donde la Policía ya tiene fama de cometer excesos.

Se esperaba que Bolsonaro quedase primero el domingo, pero su desempeño fue mejor de lo que se anticipaba, ya que superó ampliamente a rivales con más dinero y apoyo de partidos tradicionales, y a pesar de no haber tenido tanto tiempo gratis en la televisión.

Su resonante victoria se vio favorecida por la proscripción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a prisión por corrupción. Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña y estuvo hospitalizado varias semanas en la recta final.

Bolsonaro y Haddad representan dos visiones radicalmente opuestas.

Bolsonaro habla de un país al borde del derrumbe, donde los narcotraficantes y los políticos roban con impunidad y se han perdido los valores morales. Haddad, por su parte, habla de una sociedad injusta gobernada por una élite que no soporta la idea de que los pobres progresen. Promete luchar contra la desigualdad, anular una reforma a las leyes laborales aprobadas el año pasado e invertir más dinero en educación.

Haddad se pasó buena parte de su campaña diciendo que la detención del popular Lula es injusta. Pero le ha costado limpiar la imagen del PT y evitar que el partido sea asociado con la corrupción.

A numerosos votantes desilusionados con la democracia no les complacen ni Bolsonaro ni Haddad.

Andrea Martins, abogada de 46 años, dijo que no pudo votar el domingo porque no estaba empadronada donde vive. Pero afirmó que hubiera votado “por Bolsonaro, desgarrada”, en respuesta a su desdén por el PT.

“Creo que necesitamos un milagro”, manifestó. “Un milagro sería que Bolsonaro vea la luz y gobierne para el pueblo, que no sea tan radical”.

Descontento. El secreto de Bolsonaro ha sido capitalizar el descontento popular ante graves casos de corrupción.

México 1968-2018: otro acoso a estudiantes, misma impunidad

Conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas empezaron a caer sobre los miles de estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes disparaban formaban parte de las fuerzas del Estado.

Hoy, 50 años después, los estudiantes de México aún son blanco de ataques, pero por una extraña mezcla de grupos de choque a sueldo del mejor postor, narcotraficantes, paramilitares o incluso violadores.

Aunque permanecen ciertas formas de control social, ahora los jóvenes pueden organizar protestas y expresarse con más libertad, dos logros de la generación del 68. Sin embargo, algo no ha cambiado: la impunidad.

Por eso México conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco con la herida abierta.

Todavía no se sabe el número total de muertos y desaparecidos. Oficialmente solo se reconocen 25, pero podrían superar los 350. Testigos han asegurado que esa noche los soldados cargaban los cadáveres en camiones antes de que los bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no hay ninguna prueba gráfica hasta ahora. Nadie ha sido condenado por esos crímenes y no fue sino hasta hace unos días que por primera vez una entidad de Gobierno calificó esos sucesos como “crimen de Estado”.

El país, coinciden los luchadores del 68 y las generaciones que los relevaron, tampoco ha aprendido las lecciones del pasado y la gran mayoría de los delitos, cometidos por actores gubernamentales o no, se quedan sin castigo.

Justicia. En los actos conmemorativos, exlíderes estudiantiles de 1968, jóvenes y organizaciones sociales exigieron justicia para las víctimas de esa matanza y casos como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014.

Hace cuatro años desaparecieron 43 estudiantes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sur de México, luego de ser secuestrados por policías y entregados al crimen organizado con la complicidad de autoridades justo cuando se preparaban para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Y lo único que hasta hoy ha ofrecido el Estado a las familias de las víctimas es un puñado de huesos calcinados y cientos de preguntas sin respuesta.

“Hoy estamos posiblemente peor: los desaparecidos, cómo son agredidos los jóvenes, la economía, la desigualdad, las oportunidades son menos…”, lamenta Enrique Espinosa, de barba canosa y lentes, quien a sus 69 años sigue alto y flaco como en la famosa foto de 1968, en la que se le ve contra la pared, en calzones y con los brazos en alto junto a otros compañeros, vigilados por soldados en la planta baja del bloque de departamentos del edificio Chihuahua.

Tres pisos más arriba, a la señal de las bengalas, un grupo de hombres de civil se pusieron un guante blanco en la mano izquierda y comenzaron a disparar a la multitud desde el balcón donde hablaban los líderes estudiantiles. En la plaza, soldados hicieron lo mismo. Hubo pánico, las balas llegaban de los cuatro costados. Las tanquetas cercando el lugar. Dentro del bloque Chihuahua, sometieron y golpearon a los jóvenes y a quienes estaban con ellos. Reportes periodísticos de distintas épocas demostraron que los del guante blanco eran miembros de un grupo de operaciones especiales, el Batallón Olimpia, aunque el Gobierno siempre lo negó.

Cientos de jóvenes fueron detenidos ese día. De algunos, nunca más se supo.

Espinosa todavía no ha superado lo que vivió aquel otoño en el que estudiaba medicina y luchaba por un mundo mejor. Observó, dice, cómo un soldado disparaba a bocajarro a dos menores delante de él y cómo otro golpeaba a su madre. Cuenta que estuvo semanas encarcelado en una base militar, desnudo y con frío, presa del pánico cuando mencionaban un nombre, sacaban de la celda al elegido y luego solo se escuchaban disparos.

Espinosa todavía no ha superado lo que vivió aquel otoño en el que estudiaba medicina y luchaba por un mundo mejor. Observó, dice, cómo un soldado disparaba a bocajarro a dos menores delante de él y cómo otro golpeaba a su madre. Cuenta que estuvo semanas encarcelado en una base militar, desnudo y con frío, presa del pánico cuando mencionaban un nombre, sacaban de la celda al elegido y luego solo se escuchaban disparos.

El ejército nunca ha admitido que jóvenes fuesen detenidos en bases militares, pese a testimonios que se han dado al paso del tiempo.
A unos días de cumplirse 50 años de la masacre, la comisión gubernamental de Atención a Víctimas calificó los sucesos de Tlatelolco como un “crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas” y ha presentado una propuesta de reparación colectiva. Pero la justicia es huidiza cuando se trata de pasar del discurso a la acción. El actual gobierno, por ejemplo, ha desplegado una batería enorme de recursos legales para luchar contra una sentencia judicial que le obliga a crear una comisión de la verdad que investigue de nuevo la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

“Tlatelolco es un crimen del Estado que permanece impune y hoy la gran lucha es por romper esa impunidad”, afirma Félix Hernández, exlíder estudiantil en el 68.
En la primera década de este siglo la justicia federal estimó que el 2 de octubre de aquel año hubo un “genocidio”, pero no quiénes lo cometieron. Y aunque el expresidente Luis Echeverría fue procesado por este delito, fue absuelto por falta de pruebas. Ahora los antiguos líderes del 68 quieren reabrir el proceso.
“Solo resolviendo el 68 en los tribunales vamos a ser capaces de ponerle freno a la impunidad”, dice Hernández.
Pasado y presente se entrecruzan en México estos días, aunque los tiempos hayan cambiado.

En 1968, los estudiantes luchaban contra un gobierno monolítico y hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que disfrutaba de un auge económico y que no podía correr el riesgo de que sus problemas internos enturbiaran el inicio de los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, que también quedaron marcados por la lucha por los derechos civiles, simbolizada con los puños negros en alto de atletas estadounidenses que subieron al podio. Días después de la masacre, se inauguraron las olimpiadas como si nada hubiera pasado.
“En el 68 la represión venía de los granaderos (antidisturbios), la Policía y el Ejército”, dice Víctor Guerra, otro líder estudiantil del 68. “Ahora las agresiones se llevan a cabo por los ‘porros’ (grupos de choque), financiados por los partidos políticos y protegidos por las autoridades escolares”. Según Guerra, estos actores llevan a cabo un “control enmascarado del Estado hacia los movimientos estudiantiles”.

Los que provocaron que los estudiantes de ahora volvieran a las calles fueron precisamente los “porros”, herederos de aquellos jóvenes armados con barras de acero que el 10 de junio de 1971 golpearon y mataron al menos a una docena de estudiantes durante otra manifestación pacífica en la capital.

Promesa. El 50.º aniversario fue el marco de una promesa: la del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de jamás reprimir al pueblo.

Justo semanas antes de la conmemoración del 2 de octubre, atacaron una protesta pacífica en una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acabó con dos estudiantes seriamente heridos, uno de ellos acuchillado, y una joven fuertemente golpeada en la cara cuando trataba de proteger a su novio.

“En el 68 fue más una represión directa, por las armas”, afirma Josué González, de 20 años, durante una de las últimas protestas contra esos ataques. Este estudiante de Ciencias Políticas cree que si el gobierno intentara ese tipo de represión hoy en día, la sociedad se alzaría contra él. “Ya no se puede, sería algo muy tonto”. Por eso, continúa González, ahora lo que hacen es “contratar a terceros para hacer el trabajo sucio”.

Los estudiantes siempre han sido una piedra en el zapato de las autoridades y, de hecho, ciertos sectores acusan al gobierno de estar detrás de crímenes como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. De hecho, junto a más de un centenar de policías y presuntos miembros del crimen organizado detenidos, también está bajo proceso el alcalde de la ciudad donde sucedió todo y existen muchas dudas, pendientes de investigar, sobre el papel de las fuerzas federales el día de los ataques.

“Las mismas autoridades te reprimen”, asegura Itzel Espinosa, la hija menor de Enrique, una diseñadora de 23 años que cree que los hijos de los estudiantes del 68 son los que tienen que mantener viva esa memoria y la exigencia de justicia. “Lo de los 43 es otro 2 de octubre en la actualidad”, sentencia.

Sin embargo, la brutalidad actual tiene tintes distintos. En marzo, tres universitarios de la ciudad de Guadalajara, en el oeste del país, fueron secuestrados por criminales que los confundieron con miembros del cartel rival, les torturaron, interrogaron, los mataron y disolvieron sus cadáveres en ácido.

“Los estudiantes de cine estaban haciendo una tarea, es inconcebible”, enfatiza la joven Espinosa. “Ahí sí fue el narco, pero si las instituciones funcionaran, no habría esa delincuencia y los jóvenes no tendríamos que estar preocupados. El gran problema es la falta de confianza en las autoridades”, añade.

Muchos coinciden. Un día reciente, Andrea Negrete, una estudiante de Economía de la UNAM de 21 años, visita Tlatelolco como parte de un trabajo sobre el 50.º aniversario y pasea entre vecinos, turistas y curiosos. “Estamos cansados de pedir seguridad, queremos que se controle la violencia de género, que no tengas miedo de salir de clases porque te van a secuestrar”, se queja.
Más allá de los ataques de “porros”, hace tiempo que se multiplicaron los delitos en los planteles. Uno de los crímenes más sonados fue el asesinato en 2017 de la joven Lesvy Berlín, en la UNAM. En un primer momento se calificó de suicidio, aunque luego las autoridades reconocieron que fue un feminicidio, lo que motivó también airadas críticas y múltiples protestas.
Hay algo, sin embargo, que sí ha mejorado.

En 1968, los estudiantes luchaban contra los grandes medios de comunicación repartiendo panfletos y era difícil poner en entredicho las versiones oficiales. Por ejemplo, el día siguiente de la masacre los titulares de la prensa fueron del tipo “Terroristas y soldados protagonizan dura batalla” o “Provocación criminal causa un enfrentamiento que acaba en baño de sangre”. De hecho, las fotografías más duras de la matanza, como la que muestra a Enrique Espinosa y sus compañeros sometidos, no se publicaron en México hasta más de 30 años después.
En cambio, ahora, en la era digital, los estudiantes tienen al alcance de su mano el poder de informar al mundo entero y en tiempo real.

“La gran diferencia son las redes sociales”, aseguró Itzel Espinosa. “Los jóvenes podemos decir lo que realmente pasó, hay más maneras de demostrar lo que sucede, no como antes, que no tenías una cámara en la mano”.

Víctimas. En su momento, el Gobierno informó de 26 muertos, aunque versiones de prensa mencionaban más de 300. Investigaciones posteriores documentaron 40 muertes.

El debate sobre la reconstrucción de un museo incendiado

En llamas. Esta imagen es del 2 de septiembre de este año, cuando el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro, se quemó.

Desde que un incendio arrasó con el Museo Nacional de Brasil, de 200 años de antigüedad, la pregunta ha sido ¿se puede restaurar lo que quedó destruido?
La semana pasada surgió un rayo de esperanza cuando una misión de emergencia de la agencia cultural de Nacionales Unidas presentó la posibilidad de que algunos de los objetos sobrevivieron al incendio del 2 de septiembre y delineó un plan para reconstruir el museo y su colección al reparar las piezas dañadas, solicitando donaciones e incluso creando réplicas de los artefactos que se perdieron por medio de la tecnología 3D.

Pero la posibilidad de un nuevo museo resurgiendo de las cenizas ha generado un debate sobre si la institución puede, o debe, reconstruirse. Expertos internacionales advierten que dichas labores tienen un límite, al enfatizar la ineludible pérdida de los objetos originales, e irremplazables, mientras que algunos brasileños cuestionan el apuro por reconstruir antes de que se examine a plenitud la negligencia masiva en torno de la institución.

Aunque es alentador ver a los expertos mundiales apresurándose a brindar ayuda a Brasil, cuando “escucho a las personas hablar con optimismo desbordado del tema, no puedo evitar en pensar en que no entienden por completo todo lo que se perdió”, dijo Marcus Guidoti, candidato doctoral brasileño que utilizó la colección del museo en su investigación.
En un mundo en donde las memorias constantemente se respaldan en la nube y los expertos advierten que los datos realmente nunca quedan borrados, los museos son algunos de los últimos “bastiones de autenticidad”, dijo Vincent S. Smith, director de la División de Diversidad e Informática en el Museo Nacional de Historia de Londres. “Hay magia en la autenticidad”, afirmó.

Al Museo Nacional le sobraba autenticidad. Su edificio de la era colonial era el escenario de gran parte de la historia de Brasil —un palacio que alguna vez albergó a la familia real y como sede del imperio unido de Portugal y Brasil, antes de que se trasladara ahí la colección del museo en 1892. Entre los objetos que se teme que se perdieron, como parte de una colección de 20 millones de piezas: mobiliario y arte perteneciente a la familia real; grabaciones de lenguajes indígenas, incluyendo algunos que ya no se hablan; especímenes invaluables que van desde mariposas raras y otros insectos hasta corales; una colección de momias egipcias y artefactos considerados como los más grandes de Latinoamérica; frescos de Pompeya y uno de los fósiles humanos más antiguos del continente americano.

Lentamente han surgido migajas de lo que pudo haber sobrevivido: un enorme meteorito resistió las flamas. Pergaminos del Torá de hace varios siglos, considerados como algunos de los documentos más antiguos del judaísmo, mismos que fueron trasladados antes del incendio. Un puñado de objetos que estaban a préstamos, y algunas partes de la colección, incluyendo la biblioteca del museo y especímenes vegetales, que se ubicaban fuera del complejo colonial. Los bomberos encontraron algunos fragmentos óseos aún sin identificar en una sala en la que se almacenaban algunos cráneos.

Pero aún se desconoce el destino de la mayor parte de la colección que se encontraba en el edificio principal: las imágenes aéreas muestran poco más que un montón de escombros entre las paredes. Se temen tantas pérdidas que un candidato presidencial se refirió al desastre como una “lobotomía de la historia brasileña”.

Mientras Brasil intentaba copar con la tragedia, la jefa de la misión de la UNESCO en Brasil, Cristina Menegazzi, delineó la semana pasada un plan: arqueólogos y otros expertos trabajarán entre las cenizas para salvar y reparar todo lo que puedan. En los casos en que las piezas queden irreparables pero haya objetos similares en otros lugares, el museo solicitará donaciones y préstamos. Para los objetos únicos que se perdieron, las autoridades considerarán construir réplicas mediante el uso de fotografías e imágenes en 3D.

Existen escaneos digitales de unos cuantos cientos de piezas, incluyendo un cráneo de 11,500 años conocido como Luzia, dijo Jorge Lopes, un especialista en diseño 3D que había trabajado con el museo en la creación de un archivo digital. El Instituto de Arqueología Digital, que ha reconstruido objetos culturales perdidos, se ofreció a construir cinco de ellos sin costo.

Sin embargo, algunos cuestionan la prisa por reconstruir. Tras el incendio, las autoridades del museo han hablado de los problemas que han tenido durante años para obtener los fondos necesarios para reparar el dilapidado edificio. Uno de los funcionarios dijo que los detectores de humo no funcionaban al momento del desastre, y han surgido imágenes de fugas, paredes cuarteadas y cableado expuesto.

En un mundo en donde las memorias constantemente se respaldan en la nube y los expertos advierten que los datos realmente nunca quedan borrados, los museos son algunos de los últimos “bastiones de autenticidad”.

Muchos brasileños vieron el incendio como una tragedia anunciada y una metáfora apropiada: su historia envuelta en llamas en un momento en el que se realizaban recortes de presupuesto a las instituciones culturales y educativas en medio de una enorme red de corrupción que ha saqueado las arcas del Gobierno. Mucho se ha hablado de si el mal sistema educativo y la falta de interés de los brasileños por su historia contribuyeron a la negligencia.

“No podemos simplemente dar vuelta a la página y decir que lo vamos a reconstruir y todo estará bien”, comentó Guidoti. “Si nosotros como personas no apreciábamos la importancia histórica de ese lugar, no la apreciaremos después de que se reconstruya”.
Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo del museo, dijo que cree que debería quedar en cenizas, como “un homenaje a los muertos, las cosas muertas, las personas muertas, los archivos muertos destruidos en el incendio”.
“No intentaría ocultar, borrar este evento, y pretender que no pasó nada, e intentar colocar ahí un edificio moderno, un museo digital, un museo de internet”, dijo al periódico portugués Público.
Una réplica “no te devuelve tu historia, porque no es lo verdadero”, dijo Taco Dibbits, director general del Rijksmuseum de Ámsterdam, que está en proceso de poner a disposición sin costo y por internet las fotografías de alta resolución de su colección de 1 millón de objetos.
Destacó que aunque las fotografías de las obras que quedaron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial han sido bastante útiles a los investigadores, la conexión del público ha resultado afectada. “Después de varias generaciones, se convierten en sombras”, declaró.
Los científicos, en especial, subrayan la importancia de los especímenes físicos — de los que el Museo Nacional tenía miles, y que contienen información como ADN, que no puede transmitirse por imágenes.

Guidoti se especializa en tíngidos, y el Museo Nacional contaba con una de las mayores colecciones del mundo de dichos insectos, incluyendo muchos holotipos, únicos especímenes físicos utilizados como base para la descripción original de una especie —considerados como las joyas de la corona de cualquier colección científica.
Su pérdida “es completamente irreemplazable”, dijo. “Todo lo que quiera hacer en mi carrera resultará impactado por esta pérdida”.
Es posible que el debate sobre cómo preservar o reconstruir museos solo incremente conforme aumenten las amenazas a los sitios culturales, desde el cambio climático y el turismo a los ataques extremistas.

En 2016 se presentó una réplica del Arco del Triunfo de la era romana en Palmira, Siria, que fue destruido por el grupo Estado Islámico. La reproducción en mármol del arco de 1,800 años, construido por un equipo del Instituto de Arqueología Digital de Oxford, Inglaterra, se encuentra en gira desde que fue presentado.

Alexy Karenowska, director de Tecnología del instituto, dijo que inicialmente a algunos les preocupaba que la réplica se mostrara como algún tipo de equivalente del original. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el nuevo arco adoptara un significado propio.

“Realmente no se trata de los átomos y las moléculas de esos objetos antiguos los que le dan importancia”, dijo Karenowska. “Es la relación que tienen con las personas. Es lo que han llegado a simbolizar”.

Pérdida. Más de 200 años de historia estaban escritos en cada una de las piezas del museo, cuyo valor era incalculable.

La odisea de recuperar a un niño inmigrante en EUA

Pesquisas. El gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.

Armando Tabora busca desesperadamente sacar a su hija de un centro de detención de inmigrantes del gobierno donde la adolescente permanece desde hace más de tres meses. Pero cada uno de sus intentos ha sido infructuoso.

El jardinero de la Florida se atrevió a ir a una oficina del gobierno para entregar sus huellas dactilares y documentos requeridos a inmigrantes que intentan recuperar a niños bajo custodia del gobierno. No fue suficiente.

De inmediato le dijeron que debía pedirle a la mujer que le alquila un cuarto en su casa que también presentara sus huellas dactilares, algo que ella se negó a hacer. Luego buscó que sus amigos que viven legalmente en el país lo ayudaran, pero por temor tampoco quisieron.

“Ya no sé qué hacer”, dijo Tabora, un hondureño de 37 años que ha vivido más de una década en las sombras sin ser detectado por las autoridades. “Mi hija está desesperada, llorando, quiere salir de ahí ya”.

El drama de padres separados de sus hijos en la frontera acaparó la atención este año, pero miles de familias inmigrantes están atravesando una frustración similar: los crecientes obstáculos de un sistema intimidatorio que tienen que enfrentar para tomar la custodia de sus hijos y de familiares menores de edad que llegaron solos ilegalmente al país.
Como parte de una política migratoria mucho más estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas más severas y una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.

El resultado: familias que ya no saben cómo hacer para cumplir los requerimientos, chicos que pasan más tiempo detenidos, y la mayor cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno que se haya visto en la historia del país.

Las autoridades insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.

Más de 12,000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2,400 de mayo de 2017. El promedio de días que esos menores pasan detenidos se ha incrementado de 40 en 2016 a 59 días en 2018, de acuerdo con información de las autoridades nacionales.
Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados. Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas (conocida como ICE por su nombre en inglés), algo que no sucedía anteriormente.

Esta semana ICE dijo que ha arrestado a unos 41 patrocinadores de niños desde que las agencias comenzaron a compartir la información, en junio.
Abogados y activistas dicen que este cambio ha tenido como efecto que menos personas que viven ilegalmente en el país se atrevan a pedir a sus hijos o familiares por temor a ser deportados.
“Están diciendo: ‘Vamos a perseguir a las personas que cuidan de ellos’ (de los niños)”, dijo Jen Podkul, directora de políticas de la organización de ayuda a inmigrantes Kids in Need of Defense. “No solo perjudica a ese adulto. Perjudica a ese niño también”.

Desde hace tiempo el gobierno requiere a las familias que pasen por un proceso de investigación para poder desempeñarse como “sponsors” o “patrocinadores” de los menores, un término que se utiliza en Estados Unidos para referirse a los adultos que toman la custodia de niños inmigrantes.

El tema ha ganado importancia en los últimos cinco años, cuando decenas de miles de niños no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a cruzar la frontera.
Desde octubre de 2014, el gobierno nacional ha reunido a más de 150,000 menores no acompañados con sus padres o con otros adultos patrocinadores que se espera cuiden de ellos y los ayuden a acudir a la escuela mientras intentan obtener un estatus legal en los tribunales de inmigración.

Con Trump, las normativas se han endurecido en lo que el gobierno dice son pasos necesarios para impedir que los niños terminen en casas con personas que tienen antecedentes criminales o problemas que puedan representar un riesgo para los menores.

“Si alguien está reacio a reclamar la custodia de su niño porque tiene miedo de su propio estatus migratorio, creo que eso llama a pensar si realmente es un patrocinador adecuado o si deberíamos entregar al menor a esa persona”, dijo Steven Wagner, subsecretario interino de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuando se anunció la política en mayo.

La decisión de compartir la información con ICE se da porque los casos de niños y adultos inmigrantes son manejados por distintas agencias federales. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se encarga de los menores mientras que ICE se encarga de los adultos.

Hasta que se impuso la nueva política de huellas dactilares el gobierno pocas veces compartía esa información con funcionarios de inmigración, a menos que una huella mostrase que un potencial patrocinador tenía un historial particularmente alarmante, dijo Holly Cooper, codirector de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de California en Davis.

Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados. Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas, algo que no sucedía anteriormente.

Las nuevas normas han puesto a muchos inmigrantes en una posición que antes era impensable: entrar a una oficina del gobierno federal y entregar sus datos personales al gobierno.

Marvin Puerto hizo eso recientemente para obtener la custodia de su hijo de nueve años, Nahún. Puerto cruzó la frontera en 2014 y ha intentado vivir en las sombras, en Misuri, desde entonces. Él y su esposa, Eilyn Carbajal, esperaron dos meses para obtener la custodia del menor.

“Yo no quería hacerlo, pero estaba entre la espada y la pared”, dijo el trabajador de la construcción, de 29 años. “Ahora ya tienen toda mi información. Siento que me van a acusar de tráfico de gente”.

Empleados de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama dicen que después de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados empezó a compartir información con ICE, dos de cada cuatro patrocinadores a la semana no se presentaban a citas y unos pocos que fueron a las oficinas se negaron a dar sus huellas.

Después de que la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York interpuso una demanda en febrero a nombre de un adolescente salvadoreño y su madre, el gobierno fue obligado a presentar archivos referentes a casos de 45 niños detenidos bajo circunstancias similares. En aproximadamente media docena de esos casos, la reticencia a la hora de ofrecer las huellas dactilares fue un factor que retrasó la liberación de un menor. Algunas familias buscaron otro apartamento en el que vivir y otros abandonaron el proceso de reclamación del menor, dijeron empleados de la Unión.

Si los menores no acompañados no son colocados con patrocinadores que cuiden de ellos pueden acabar en un programa federal de crianza. Algunos podrían ser deportados y devueltos a las mismas situaciones de peligro y pobreza de las que huyeron.

Muchos de los padres y familiares que intentan recuperar a los menores son pobres y para cubrir gastos suelen compartir apartamentos con otros inmigrantes que no son parientes o que están en el país ilegalmente. Muchas de esas personas no quieren ofrecer sus huellas dactilares.

Adán, un guatemalteco de 27 años que vive en el sur de la Florida, se esforzó para que su hermana de 17 años recuperara la libertad. Completó todos los pasos del proceso y el gobierno le dio la custodia. Ahora, quiere cambiar de apartamento.

“Más adelante me voy a mudar para más seguridad”, dijo el joven jardinero en referencia al hecho de que ICE sabe dónde vive. Adán pidió mantener su apellido en el anonimato por temor a las autoridades.

Crecimiento. En 2017, 2,400 niños se encontraban en refugios del gobierno. Es poco comparado con los más de 12,000 menores que ahora están en esa situación.

Ronan Farrow y el fin de la diplomacia

Ronan Farrow

Ronan Farrow solo tiene 30 años pero ya ha estudiado Derecho y ha trabajado durante varios años en las Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. En su primer libro, “War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence” (Guerra contra la paz: el final de la diplomacia y el declive de la influencia estadounidense), Farrow explica el hundimiento de la política exterior estadounidense. “Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma”, dice Farrow.
Farrow (Nueva York, 1987) es hijo de la actriz de Hollywood Mia Farrow y del director Woody Allen, o, como admitió su propia madre, “posiblemente” también del cantante Frank Sinatra. Acabó la secundaria con 15 años, estudió Derecho y trabajó durante algunos años para Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. Desde 2012 trabaja principalmente como periodista. Farrow y otros compañeros del New York Times recibieron este año el premio Pulitzer por destapar parte del escándalo de abusos sexuales por parte del que fue el productor más poderoso de Hollywood Harvey Weinstein.

¿Cómo se le ocurrió la idea de este libro?
La idea de “The End of Diplomacy” comenzó a gestarse en mi interior hace ya algunos años cuando trabajaba en el Departamento de Estado y cuando tomé la decisión –que fue personalmente muy importante– de no volver al bufete de abogados en el que estuve durante mis estudios de Derecho.
En lugar de eso, me marché a Afganistán con el legendario pero también muy complicado Richard Holbrooke, un diplomático de la vieja escuela que llevó la paz a los Balcanes y después fue el encargado del Gobierno de Obama para Afganistán.
Tras tomar esta decisión vi como los procesos políticos cada vez están más dirigidos por el Ejército y como Holbrooke fue apartado en sus últimos días antes de morir en el cargo, como ocurrió con tantos otros diplomáticos. Entonces comencé a reflexionar sobre las consecuencias que tiene para el papel de Estados Unidos en el mundo quitar su poder a los negociadores y los pacificadores.

Usted tenía entonces poco más de 20 años, ¿cómo llegó a estas conclusiones?
Yo era demasiado joven para todo y estoy muy agradecido a Holbrooke y Hillary Clinton de que me dieran aquella oportunidad. De todos modos, tuve un papel muy secundario. Hablaba con las ONG y las organizaciones de derechos humanos locales, lo que me proporcionó una posición interesante desde la que podía observar esta tendencia.
Observé desde muy cerca violaciones de los derechos humanos pero no tenía poder para evitarlas. Comencé a examinar con detalle todos estos asuntos y descubrí una de las mayores transformaciones de cómo Estados Unidos hace negocios en el mundo. Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma.

Según su tesis principal, el poder de Estados Unidos ha pasado de instituciones y diplomáticos a personas individuales y al Ejército. ¿Las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para soportarlo?
En (momentos de) caos las personas recurrimos a nuestras instituciones. En estos momentos en Estados Unidos ya no hay apoyo. Embajadas vacías por todo el mundo, secciones enteras del Departamento de Estado que están dirigidos por funcionarios subordinados. No se puede hacer frente al caos. Necesitamos diplomáticos más fuertes que nunca, entonces tendríamos un contrapeso cuando Donald Trump tuitee de nuevo sobre la guerra. Pero ya no tenemos esta sólida diplomacia de apoyo.

Tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.

¿Pero en el Departamento de Estado sigue habiendo personas que están comprometidas con su trabajo?
Todavía hay funcionarios valientes y comprometidos que intentan compensarlo todo, tranquilizar a los aliados y mantener las relaciones. Pero son los menos y sus puestos ya no están tan reconocidos. La diplomacia ya no atrae a los mejores ni a los más inteligentes como debería ser en realidad. Y esto es una verdadera crisis (porque) podría repercutir en las generaciones venideras.

Usted estuvo algunos años en el Departamento de Estado. ¿Se hace algún reproche?
El libro también es la manera de aclarar mis complicados sentimientos en cuanto a mi etapa en el Gobierno. Tras la guerra en Afganistán todos nos sentíamos desconcertados. En cierto modo tenía la sensación de que tanto yo como todos los demás que formaron parte de la historia, en aquel momento, probablemente teníamos las manos manchadas con algo de sangre. Con mi libro por lo menos quería enfrentarme a una pequeña parte del problema.

El libro, su trabajo para (la revista) The New Yorker… ¿Cómo logra hacerlo todo?
En estos momentos tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.
Trato de nadar con la corriente, estoy completamente abrumado por todo el trabajo que me gustaría hacer y para el que no encuentro tiempo. Duermo poco, trabajo todo el rato y siento una gran responsabilidad hacia todas las fuentes que hablaron y hablan conmigo para (escribir) el libro o artículos.

Ha pasado casi medio año desde la publicación del libro en Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación actual?
Todo sigue siendo así pero peor.

“Las películas son para las siguientes generaciones”

Lejos. Lobi, su nana, una mujer morena, provenía de una de las zonas más empobrecidas del país y trabajaba con la familia Cuarón en una de las zonas con más desarrollo. El viaje que hacía era más que una distancia.

El detalle con el que Alfonso Cuarón realizó la producción de “Roma” es tal que el director sabía lo que había dentro de los cajones de la casa de sus protagonistas aun sin que estuvieran abiertos, las recetas de los platillos que comían, la música que escuchaban, la ropa que vestían.

Por eso su indicación para los directores de casting fue encontrar a una mujer exactamente igual a la trabajadora doméstica indígena que lo crio en la Ciudad de México en de la década de 1970. La actriz tenía que ser parecida no solamente en lo físico, sino en su manera de ser, algo que Cuarón dice que solo podía cotejar él mismo. Primero buscaron en la capital y terminaron yendo al sureño estado de Oaxaca por comunidades de la sierra hasta que dieron con la estudiante de Educación Yalitza Aparicio, quien pertenece a la etnia mixteca e interpreta a Cleo.
“Cuando conocí a Yalitza, fue una cosa inmediata. Yo te puedo decir que Yalitza es quizá de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida, en el sentido de cómo entiende emocionalmente cada momento”, dijo el director ganador del Óscar en un encuentro reciente con la prensa en la capital mexicana, en el que describió a la actriz como una mujer con una “inteligencia casi aterradora”.

Con esta película hablada en español y mixteco, Cuarón deseaba rendir un homenaje a uno de sus seres más queridos.
“Ella es parte del matriarcado que fue en mi casa. Quería entender ese proceso de la alquimia de la vida, en donde las familias no son de sangre, las familias se crean por lazos afectivos y hay que entender ese proceso también, y cómo incluso en las familias y en ese proceso dentro de la familia se hereda esa perversa relación que existe en nuestro país entre clase y raza”, apuntó. “El tema, creo, es fundamental”.

Mientras que su familia de sangre provenía de una clase media citadina y tenía la piel blanca, su nana morena venía de uno de los estados más pobres del país.
“Ella hablaba de una infancia muy dolorosa y de una infancia muy difícil, y de niño me hablaba de conceptos que eran bien abstractos, como el concepto de morirse de frío o el concepto del hambre. Para mí, el hambre era que nos retrasamos una hora la hora de la comida; aquí estamos hablando de hambre verdadera, de carencias reales”, dijo.
Cuarón, nacido en la Ciudad de México en 1961, busca entablar un diálogo, a través de su película, con las nuevas generaciones, con la esperanza de que encuentren un mensaje relevante en el retrato de la represión a las protestas estudiantiles de junio de 1971, ocurrida a escasos tres años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

“Yo admiro tremendamente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son vibrantes y creo que no han crecido con los miedos y con las claustrofobias que creció mi generación”, dijo el realizador, quien destacó el enorme potencial que tienen los jóvenes tras las más recientes elecciones presidenciales en México.
“Estamos viviendo la primera transformación, que tenemos fe sea para bien, que ha vivido nuestro país en décadas y décadas, y eso es gracias al impulso de la nueva generación. Por supuesto también gracias al impulso de gente que ha hecho un trabajo por décadas, el 68, el 10 de junio (de 1971) … el movimiento zapatista, que fue la llamada de atención más grande que hemos tenido en este país”.

“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

“Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta transformación democrática”, agregó. “Ojalá sea verdaderamente democrática”.
“Roma” fue filmada en blanco y negro en un formato digital de 65 milímetros con el que el director buscaba llevar al máximo la nitidez y la resolución.
“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

La función de esta imagen nítida, acompañada de sonido Dolby Atmos, era crear un cuadro con una visión extensa de los ambientes, pues para el director de “Gravity”, “Y tu mamá también” y “Children of Men”, “el contexto es tan importante como los personajes”.
“La ciudad es un personaje y eventualmente te das cuenta qué es el país del personaje y que esto solo es una familia que está fluyendo en ese contexto”, dijo.

“Roma”, que el jueves se presentó en competencia en el Festival de Cine de Venecia, será presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y es la pieza central del Festival de Cine de Nueva York. Estaba invitada a competir en Cannes en mayo, pero fue retirada unas semanas antes de que arrancara el festival francés porque también tendrá su estreno en la plataforma de streaming Netflix. Este tipo de estrenos digitales va en contra de las nuevas normas de Cannes, que considera una ventana de exhibición en salas francesas y un período de tres años antes de su llegada a internet.

“En realidad, el conflicto entre Cannes y Netflix no tiene nada que ver entre el conflicto entre los que aman el cine y los que odian el cine. Es muy fácil: es el conflicto entre dos modelos económicos y son dos modelos económicos que no han podido negociar una compatibilidad”, señaló Cuarón.
Para el director, lo más importante es que la película se vea. Desea que la gente tenga la posibilidad de disfrutarla en pantalla grande, pero también se dice consciente de que las nuevas generaciones, incluidos sus hijos, prefieren las plataformas digitales, pues ir al cine “les da una hueva (pereza) tremenda”, además de que las plataformas le dan una vida más larga a las cintas que de otra manera pasan por un período breve en cartelera.

“Es también un cambio cultural. Creo que las dos cosas pueden coexistir. Yo no creo que tienen que competir”, apuntó el cineasta. “No puedo pensar en una película solo a partir del estreno, porque las películas son para que las vean las siguientes generaciones”.

La familia. En esta, cinta Cuarón apunta hacia la formación de familias más allá de la sangre, por afecto y cercanía.

Manifestantes en Nicaragua: entre el miedo y la incertidumbre

Jairo Bonilla estaba en un seminario en Managua en la primavera pasada, participando en conversaciones mediadas por la Iglesia católica para tratar de poner fin a la sangrienta crisis política de Nicaragua, cuando durante un receso se le acercaron dos compañeros de estudios para amenazarlo.

“Cuando te miremos, vas a ver”, dice Bonilla que le advirtió uno de ellos, Leonel Morales, presidente de un gremio estudiantil de la Universidad Politécnica de Nicaragua, financiada por el Gobierno y donde ambos estudiaron. “Tu familia va a llorar lágrimas de sangre”, agregó el líder de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua.
“Ya sabés dónde encontrarme”, contestó Bonilla.

Eso fue entonces. Ahora, el joven de 20 años, un líder de las protestas estudiantiles contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, está escondiéndose, tratando de ignorar las amenazas que le llegan regularmente en Facebook y en mensajes de texto. Ha sobrevivido cuatro meses en la resistencia al gobierno de Ortega. Ahora el movimiento estudiantil que él ayuda a dirigir es en gran parte clandestino.

Ayer, Ortega subió la apuesta y ordenó la salida de Nicaragua del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo de trabajo, poco después de que presentaran un informe que confirmó el abuso de la fuerza y las torturas de manifestantes.

En una carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada a la representante regional para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, le solicitó que la misión dé por concluida su labor en el país.

Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del Alto Comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes que piden la salida de Ortega del poder habían levantado en diferentes carreteras. Pero como los mismos han sido removidos, la presencia de la misión ya no es necesaria.

“Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, dice el escrito del canciller nicaragüense.

Cientos de personas han muerto en la brutal represión del gobierno de las protestas que estallaron en abril. Más de 2,000 personas han sido detenidas mientras las fuerzas de seguridad buscaban a los participantes, entre ellos, 320 que siguen detenidos. Muchos dicen que las autoridades han abusado de ellos, incluso con palizas graves y torturas. El estribillo común de “no tenemos miedo”, que se coreaba en las primeras marchas estudiantiles, dejó de escucharse.

“Ortega logró su objetivo”, dijo Bonilla en una entrevista reciente, realizada en un lugar secreto. “Logró que tuviéramos miedo”, agregó.

Luego de ser expulsados de sus campus universitarios, los estudiantes que se han enfrentado a Ortega tienen un futuro incierto. Muchos han huido del país y otros están dispersos en casas de seguridad. Algunos se están recuperando de heridas de bala que sufrieron durante la represión del gobierno o luchan con traumas psicológicos, mientras Bonilla y otros líderes estudiantiles tratan de llamar la atención internacional y trazar estrategias para mantener la presión en su país.

Entre quienes se esconden en la capital nicaragüense está un exalumno de 20 años de la universidad nacional quien perdió gran parte de la movilidad en el brazo y la mano derecha después de recibir un disparo de las fuerzas de seguridad el 23 de junio, mientras ayudaba a atender a los estudiantes heridos mientras eran atacados. La bala entró en un costado y se alojó detrás del omóplato, lo que requirió una cirugía extensa.

Bonilla se unió al levantamiento contra el gobierno de Ortega a mediados de abril, furioso –como muchos de sus compañeros de clase– por la respuesta violenta del gobierno a las protestas de los jubilados, molestos por los recortes a los beneficios del seguro social.

Después de que las marchas rápidamente se convirtieron en un llamado general para la expulsión de Ortega y que las bajas estudiantiles aumentaron, Bonilla se ofreció como voluntario para representar a sus compañeros de estudios en las conversaciones mediadas por la Iglesia para tratar de poner fin a la crisis.

Ese esfuerzo duró poco. Durante un discurso ardiente en julio, Ortega acusó a los obispos católicos que organizaron la mediación de ser “golpistas” que buscaban su expulsión, y dijo que no estaban calificados para ser mediadores. Las conversaciones no se han reanudado.

Con el control de las universidades del país y otros bastiones de la oposición ahora firmemente en manos del gobierno, Ortega –en el poder desde 2007– ha prometido que permanecerá en el cargo hasta por lo menos 2021, cuando finalice su último mandato. Ha calificado de “terroristas” a quienes participaron en las protestas, diciendo que fueron manipulados por fuerzas externas.

Silencio. Centenares de personas han muerto y otros han sido lesionados. Los desplazamientos forzados también han aumentado, de acuerdo con organizaciones que velan por los derechos humanos. El gobierno busca silenciar las denuncias.

En estos días, Bonilla pasa su tiempo en su escondite, tratando de prepararse para el día en que se reanuden las conversaciones con el gobierno. Lee textos de economía política, estudia tácticas de negociación y absorbe todo lo que puede sobre la historia de Nicaragua en línea. Ha cambiado de casa de seguridad dos veces desde junio.
Aun así, la situación de Bonilla es mejor que la de otros.

Sigue viviendo en Nicaragua y todavía se escabulle a las calles, con la cara tapada con un pañuelo, para participar en marchas más pequeñas de protesta que continúan esporádicamente a pesar de los arrestos y el creciente número de muertos. Otros estudiantes fueron encerrados durante días en un cobertizo u obligados a esconderse en el fondo de un pozo mientras las fuerzas del gobierno los buscaban.

Ahora hay una tensa calma en Managua, después de la violenta represión del gobierno. Las fuerzas oficiales ya han retirado las barricadas de piedras que durante el apogeo de las protestas erigieron en las carreteras principales y fuera de barrios enteros los estudiantes y otros opositores al gobierno. Sin embargo, hay poca actividad después del anochecer: muchos restaurantes están cerrados y la gente se apresura a volver a casa, temerosa de los civiles armados y enmascarados que trabajan en coordinación con la Policía, que patrulla las calles.

En los momentos en que no están preocupados por ser descubiertos o por saber de dónde vendrá su próxima comida, muchos de los que se esconden se desaniman ante un futuro que se está deshaciendo. “Nosotros queremos continuar con nuestras vidas normales”, dijo Bonilla.

Una mujer de 25 años que estudiaba maestría en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua antes de unirse al movimiento de resistencia estudiantil debió ir a un segundo país de exilio. A principios de mes huyó a Costa Rica, donde esperaba establecer una red de apoyo para los que se escondían en Nicaragua, pero los rumores de informantes del gobierno entre los exiliados nicaragüenses allí la obligaron a partir de nuevo. Ahora se encuentra en un tercer país centroamericano.

“No veo mi futuro”, dijo la mujer, quien habló a condición de no ser identificada porque espera regresar a Nicaragua algún día. “Tenía planeado para este año que iba a comenzar nuevamente las clases, por lo menos para finalizarla (la maestría), pero ahora no tengo rumbo”.

Entre quienes se esconden en la capital nicaragüense está un exalumno de 20 años de la universidad nacional, quien perdió gran parte de la movilidad en el brazo y la mano derecha después de recibir un disparo de las fuerzas de seguridad el 23 de junio, mientras ayudaba a atender a los estudiantes heridos mientras eran atacados. La bala entró en un costado y se alojó detrás del omóplato, lo que requirió una cirugía extensa. Estuvo hospitalizado durante 11 días y sufrió daños en los nervios, pero los médicos le dicen que podría recuperarse con unos meses de terapia física intensiva.

Luego de ser expulsados de sus campus universitarios, los estudiantes que se han enfrentado a Ortega tienen un futuro incierto. Muchos han huido del país y otros están dispersos en casas de seguridad. Algunos se están recuperando de heridas de bala que sufrieron durante la represión del gobierno o luchan con traumas psicológicos, mientras Bonilla y otros líderes estudiantiles tratan de llamar la atención internacional y trazar estrategias para mantener la presión en su país.

En cambio, está en una casa de seguridad con su hermano de 18 años, quien también está escondido. Ambos se negaron a ser identificados por temor a ser arrestados.

El hermano menor dijo que tienen problemas para dormir, atentos al tránsito que pasa y pensando que en cualquier momento podrían ser descubiertos. “Ya todos hemos estado allí, en la lucha. Ellos nos conocen”, dijo, en alusión a las fuerzas de seguridad.

“Desde el momento en que nosotros decidimos entrar en la lucha, todos sabíamos que iba a llegar un momento en el que íbamos a ser perseguidos. En el caso de que la lucha no se gane y que siga el régimen en su puesto, creo que sería ya básicamente el fin de nuestras vidas, porque no podríamos ir a la universidad de nuevo. No podemos andar tranquilamente en las calles”, agregó.

Hugo Torres, un comandante guerrillero que una vez luchó con Ortega durante la revolución de Nicaragua de 1979 y que ahora es general retirado del Ejército nicaragüense, dijo que es natural que los estudiantes que no han experimentado tal lucha antes vean ahora un futuro más oscuro y repentinamente más complicado para ellos.
“Estas luchas tienen sus, como la marea, flujos, sus reflujos”, dijo Torres, quien rompió con Ortega hace dos décadas y ahora es vicepresidente del opositor Movimiento Sandinista de Renovación. Dijo que hay tiempo para llorar a los muertos, “pero eso no significa que se caiga en su ánimo o que renuncie a la lucha”.

“La historia de Nicaragua es una historia de guerras civiles con pequeños intervalos de paz”, opinó Torres. “Estamos obligados a romper este ciclo”, añadió. Bonilla está de acuerdo.

“Y sí tenemos miedo… de ser masacrados, de ser arrestados, pero si es un precio que tenemos que pagar, lo vamos a hacer por una Nicaragua libre”, aseguró.

Actividad. Los estudiantes han sido los que más activos han estado en las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En EUA, los venezolanos enfrentan deportaciones y rechazo de asilo

Éxodo. Los venezolanos se han convertido en un colectivo migrante del que los países latinoamericanos están hablando cada vez más.

Uno era un teniente del Ejército venezolano que desertó por su oposición a las autoridades; el otro, un activista político que asegura que tuvo que huir después de que grupos aliados al Gobierno atacaron su casa. Al igual que miles de compatriotas, ambos terminaron en Estados Unidos porque creían que era el lugar perfecto para pedir asilo político.

Helegner Tijera Moreno, el exmilitar, permanece detenido con una orden final de deportación en una prisión para inmigrantes del estado de Nuevo México, a la espera de un milagro que frene la decisión de un juez de rechazar su solicitud de asilo y repatriarlo.

El activista Marcos Guada fue devuelto a Venezuela en julio pese a haberles suplicado a las autoridades que no lo repatriaran porque tenía miedo de ser detenido y asesinado en su país. A los tres días de haber llegado a Caracas, escapó hacia República Dominicana.

El rechazo de sus solicitudes fue una dura lección sobre los límites del asilo en Estados Unidos incluso para las personas que escapan de un país al borde del colapso económico y social, y cuyo gobierno ha sido condenado y sancionado por la administración del presidente Donald Trump.

“Llegamos aquí porque Estados Unidos es el principal opositor del Gobierno venezolano y porque es el que pensamos que tenía más posibilidades de darnos ayuda”, dijo Tijera en una entrevista telefónica con The Associated Press desde el centro de detención. “Lamentablemente nos equivocamos”.

Los venezolanos se han convertido en el grupo más numeroso de personas que buscan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Sus solicitudes, sin embargo, son rechazadas de manera creciente y deben regresar a vivir a su país o unirse a los más de 2 millones de compatriotas que se han refugiado en otras naciones.

“Buscaba salvar mi vida, mi integridad”, recordó Guada sobre su decisión de irse de Venezuela. “Mi vida corría peligro”.

En 2017 se presentaron cerca de 28,000 solicitudes de asilo político de venezolanos, algunas a nombre de más de una persona, lo que significó un incremento de 50 % respecto del año anterior y cinco veces más que en 2015.
Otros miles de venezolanos presentaron demandas en los tribunales de Inmigración para frenar sus deportaciones después del vencimiento de sus visas o de que sus peticiones iniciales de asilo fueron rechazadas.

Las solicitudes de asilo demoraban al menos unos cuatro años en resolverse, pero la administración de Trump ha buscado acelerar el proceso como parte de su política de inmigración de mano dura.

Al menos 250 venezolanos fueron deportados en 2017, un aumento de 36 % con respecto del año anterior. Esa cantidad ya fue superada este año con 258 deportaciones hasta julio.

Al igual que Tijera, otros 265 venezolanos permanecen detenidos a la espera de ser deportados.

Una organización que recopila e investiga información del Gobierno en la Universidad de Syracuse -llamada Transactional Records Access Clearinghouse o TRAC- encontró que la mitad de los pedidos de asilo de venezolanos han sido denegados en los tribunales de Inmigración en los últimos cinco años. En comparación, casi el 90 % de las solicitudes de ciudadanos de Haití y México también fueron rechazadas, mientras que menos del 20 % de los pedidos de personas provenientes de Siria y el 10 % de Bielorrusia fueron desechados.

Para poder obtener asilo, los migrantes deben demostrar que enfrentan una amenaza inminente de persecución si regresan a sus países por razones de raza, religión, opinión política o por formar parte de un determinado grupo social.

“La violencia general, el caos y la economía no son suficientes”, expresó Juan Carlos Gómez, un abogado de inmigración que dirige una clínica legal en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. “Muchos venezolanos aplican para asilo pensando que se van del infierno y alguien los va a proteger y, tristemente, no es la ley”.

Muchos venezolanos creen que les van a conceder asilo porque Estados Unidos ha criticado y sancionado el gobierno del presidente Nicolás Maduro y al de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez.
“Hay una doble moral del Gobierno americano”, dijo Guada. “Por delante dice una cosa y por detrás hace otra”.

Defensores de los inmigrantes aseguran que quienes buscan asilo tienen razones para no entender cómo funciona el sistema.

“Es una contradicción que en la política de inmigración estadounidense con frecuencia condenamos las condiciones existentes en otro país y luego deportamos a personas a esas condiciones”, manifestó Royce Murray, directora de Política del American Immigration Council.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ofrece información sobre casos individuales pero asegura que hace cumplir las leyes.

“La verdad es que las solicitudes se han incrementado significativamente en los últimos años porque los migrantes saben que pueden sacar provecho de un sistema quebrado para entrar en Estados Unidos, evitar deportaciones y permanecer en el país”, dijo Michael Bars, portavoz de esa agencia.

El caso de Tijera parecería fuerte, ya que fue teniente del Ejército y el apoyo de los militares es considerado uno de los pilares que mantienen a Maduro en el poder. Dos militares fueron arrestados recientemente por su presunta participación en un intento de asesinar a Maduro con drones, y Tijera piensa que sería detenido y torturado si regresa a Venezuela.

Huyó de allí en enero de 2015 cruzando la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió, viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un puesto de control fronterizo en Texas. “Si regreso, ellos pueden imponerme cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el exmilitar.

Huyó de allí en enero de 2015 cruzando la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió, viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un puesto de control fronterizo en Texas. “Si regreso, ellos pueden imponerme cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el exmilitar.

En Venezuela, Guada era un empresario que participaba activamente en campañas de la oposición en el estado de Carabobo, en el norte del país. Tras varias amenazas escapó en 2010 después de que grupos allegados al gobierno atacaron su casa con piedras, rompiendo ventanas y puertas. Llegó a Laredo, en la frontera de Texas, y tras pedir asilo fue detenido por casi tres meses y luego liberado al pagar una fianza de $13,000.

Su esposa tiene residencia legal y sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses, pero ni eso ni sus súplicas convencieron a las autoridades de que enfrentaba peligro en su país. Agotó sus apelaciones y fue deportado en julio.
“Siento frustración”, expresó el hombre de 50 años. “Yo no merecía esto”.

Tampoco Tijera pudo convencer al juez de que lo arrestarían si regresaba a su país. Recientemente lo cambiaron de lugar en el centro de detención de Nuevo México, donde permanece y teme que pueda ser deportado en cualquier momento.

Tanto era el miedo que sentía Guada al llegar a Venezuela que a los tres días de haber sido repatriado tomó un avión a República Dominicana, donde ahora vive con uno de sus hijos.

“Sentía terror porque a todo el que habla en contra del régimen lo silencian de alguna manera”, dijo.

Otros horizontes. La falta de servicios básicos y la inseguridad son los principales motivos por los que los venezolanos buscan traspasar fronteras e instalarse en otro país.