Ronan Farrow y el fin de la diplomacia

Ronan Farrow

Ronan Farrow solo tiene 30 años pero ya ha estudiado Derecho y ha trabajado durante varios años en las Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. En su primer libro, “War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence” (Guerra contra la paz: el final de la diplomacia y el declive de la influencia estadounidense), Farrow explica el hundimiento de la política exterior estadounidense. “Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma”, dice Farrow.
Farrow (Nueva York, 1987) es hijo de la actriz de Hollywood Mia Farrow y del director Woody Allen, o, como admitió su propia madre, “posiblemente” también del cantante Frank Sinatra. Acabó la secundaria con 15 años, estudió Derecho y trabajó durante algunos años para Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. Desde 2012 trabaja principalmente como periodista. Farrow y otros compañeros del New York Times recibieron este año el premio Pulitzer por destapar parte del escándalo de abusos sexuales por parte del que fue el productor más poderoso de Hollywood Harvey Weinstein.

¿Cómo se le ocurrió la idea de este libro?
La idea de “The End of Diplomacy” comenzó a gestarse en mi interior hace ya algunos años cuando trabajaba en el Departamento de Estado y cuando tomé la decisión –que fue personalmente muy importante– de no volver al bufete de abogados en el que estuve durante mis estudios de Derecho.
En lugar de eso, me marché a Afganistán con el legendario pero también muy complicado Richard Holbrooke, un diplomático de la vieja escuela que llevó la paz a los Balcanes y después fue el encargado del Gobierno de Obama para Afganistán.
Tras tomar esta decisión vi como los procesos políticos cada vez están más dirigidos por el Ejército y como Holbrooke fue apartado en sus últimos días antes de morir en el cargo, como ocurrió con tantos otros diplomáticos. Entonces comencé a reflexionar sobre las consecuencias que tiene para el papel de Estados Unidos en el mundo quitar su poder a los negociadores y los pacificadores.

Usted tenía entonces poco más de 20 años, ¿cómo llegó a estas conclusiones?
Yo era demasiado joven para todo y estoy muy agradecido a Holbrooke y Hillary Clinton de que me dieran aquella oportunidad. De todos modos, tuve un papel muy secundario. Hablaba con las ONG y las organizaciones de derechos humanos locales, lo que me proporcionó una posición interesante desde la que podía observar esta tendencia.
Observé desde muy cerca violaciones de los derechos humanos pero no tenía poder para evitarlas. Comencé a examinar con detalle todos estos asuntos y descubrí una de las mayores transformaciones de cómo Estados Unidos hace negocios en el mundo. Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma.

Según su tesis principal, el poder de Estados Unidos ha pasado de instituciones y diplomáticos a personas individuales y al Ejército. ¿Las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para soportarlo?
En (momentos de) caos las personas recurrimos a nuestras instituciones. En estos momentos en Estados Unidos ya no hay apoyo. Embajadas vacías por todo el mundo, secciones enteras del Departamento de Estado que están dirigidos por funcionarios subordinados. No se puede hacer frente al caos. Necesitamos diplomáticos más fuertes que nunca, entonces tendríamos un contrapeso cuando Donald Trump tuitee de nuevo sobre la guerra. Pero ya no tenemos esta sólida diplomacia de apoyo.

Tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.

¿Pero en el Departamento de Estado sigue habiendo personas que están comprometidas con su trabajo?
Todavía hay funcionarios valientes y comprometidos que intentan compensarlo todo, tranquilizar a los aliados y mantener las relaciones. Pero son los menos y sus puestos ya no están tan reconocidos. La diplomacia ya no atrae a los mejores ni a los más inteligentes como debería ser en realidad. Y esto es una verdadera crisis (porque) podría repercutir en las generaciones venideras.

Usted estuvo algunos años en el Departamento de Estado. ¿Se hace algún reproche?
El libro también es la manera de aclarar mis complicados sentimientos en cuanto a mi etapa en el Gobierno. Tras la guerra en Afganistán todos nos sentíamos desconcertados. En cierto modo tenía la sensación de que tanto yo como todos los demás que formaron parte de la historia, en aquel momento, probablemente teníamos las manos manchadas con algo de sangre. Con mi libro por lo menos quería enfrentarme a una pequeña parte del problema.

El libro, su trabajo para (la revista) The New Yorker… ¿Cómo logra hacerlo todo?
En estos momentos tengo 5,722 correos electrónicos sin leer y seguramente no sea la persona indicada para hablar de trabajo disciplinado y organizado. Simplemente estoy agradecido de poder colaborar con historias importantes y sacar a la luz problemas que no reciben la atención suficiente.
Trato de nadar con la corriente, estoy completamente abrumado por todo el trabajo que me gustaría hacer y para el que no encuentro tiempo. Duermo poco, trabajo todo el rato y siento una gran responsabilidad hacia todas las fuentes que hablaron y hablan conmigo para (escribir) el libro o artículos.

Ha pasado casi medio año desde la publicación del libro en Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación actual?
Todo sigue siendo así pero peor.

“Las películas son para las siguientes generaciones”

Lejos. Lobi, su nana, una mujer morena, provenía de una de las zonas más empobrecidas del país y trabajaba con la familia Cuarón en una de las zonas con más desarrollo. El viaje que hacía era más que una distancia.

El detalle con el que Alfonso Cuarón realizó la producción de “Roma” es tal que el director sabía lo que había dentro de los cajones de la casa de sus protagonistas aun sin que estuvieran abiertos, las recetas de los platillos que comían, la música que escuchaban, la ropa que vestían.

Por eso su indicación para los directores de casting fue encontrar a una mujer exactamente igual a la trabajadora doméstica indígena que lo crio en la Ciudad de México en de la década de 1970. La actriz tenía que ser parecida no solamente en lo físico, sino en su manera de ser, algo que Cuarón dice que solo podía cotejar él mismo. Primero buscaron en la capital y terminaron yendo al sureño estado de Oaxaca por comunidades de la sierra hasta que dieron con la estudiante de Educación Yalitza Aparicio, quien pertenece a la etnia mixteca e interpreta a Cleo.
“Cuando conocí a Yalitza, fue una cosa inmediata. Yo te puedo decir que Yalitza es quizá de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida, en el sentido de cómo entiende emocionalmente cada momento”, dijo el director ganador del Óscar en un encuentro reciente con la prensa en la capital mexicana, en el que describió a la actriz como una mujer con una “inteligencia casi aterradora”.

Con esta película hablada en español y mixteco, Cuarón deseaba rendir un homenaje a uno de sus seres más queridos.
“Ella es parte del matriarcado que fue en mi casa. Quería entender ese proceso de la alquimia de la vida, en donde las familias no son de sangre, las familias se crean por lazos afectivos y hay que entender ese proceso también, y cómo incluso en las familias y en ese proceso dentro de la familia se hereda esa perversa relación que existe en nuestro país entre clase y raza”, apuntó. “El tema, creo, es fundamental”.

Mientras que su familia de sangre provenía de una clase media citadina y tenía la piel blanca, su nana morena venía de uno de los estados más pobres del país.
“Ella hablaba de una infancia muy dolorosa y de una infancia muy difícil, y de niño me hablaba de conceptos que eran bien abstractos, como el concepto de morirse de frío o el concepto del hambre. Para mí, el hambre era que nos retrasamos una hora la hora de la comida; aquí estamos hablando de hambre verdadera, de carencias reales”, dijo.
Cuarón, nacido en la Ciudad de México en 1961, busca entablar un diálogo, a través de su película, con las nuevas generaciones, con la esperanza de que encuentren un mensaje relevante en el retrato de la represión a las protestas estudiantiles de junio de 1971, ocurrida a escasos tres años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

“Yo admiro tremendamente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son vibrantes y creo que no han crecido con los miedos y con las claustrofobias que creció mi generación”, dijo el realizador, quien destacó el enorme potencial que tienen los jóvenes tras las más recientes elecciones presidenciales en México.
“Estamos viviendo la primera transformación, que tenemos fe sea para bien, que ha vivido nuestro país en décadas y décadas, y eso es gracias al impulso de la nueva generación. Por supuesto también gracias al impulso de gente que ha hecho un trabajo por décadas, el 68, el 10 de junio (de 1971) … el movimiento zapatista, que fue la llamada de atención más grande que hemos tenido en este país”.

“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

“Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta transformación democrática”, agregó. “Ojalá sea verdaderamente democrática”.
“Roma” fue filmada en blanco y negro en un formato digital de 65 milímetros con el que el director buscaba llevar al máximo la nitidez y la resolución.
“La idea siempre fue hacer esta película en blanco y negro, pero no un blanco y negro nostálgico, sino usar un lenguaje fílmico absolutamente contemporáneo”, apuntó. “Me parece bellísimo el blanco y negro fílmico de emulsión, pero aquí la idea era hacer un blanco y negro digital con una resolución inmensa”.

La función de esta imagen nítida, acompañada de sonido Dolby Atmos, era crear un cuadro con una visión extensa de los ambientes, pues para el director de “Gravity”, “Y tu mamá también” y “Children of Men”, “el contexto es tan importante como los personajes”.
“La ciudad es un personaje y eventualmente te das cuenta qué es el país del personaje y que esto solo es una familia que está fluyendo en ese contexto”, dijo.

“Roma”, que el jueves se presentó en competencia en el Festival de Cine de Venecia, será presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y es la pieza central del Festival de Cine de Nueva York. Estaba invitada a competir en Cannes en mayo, pero fue retirada unas semanas antes de que arrancara el festival francés porque también tendrá su estreno en la plataforma de streaming Netflix. Este tipo de estrenos digitales va en contra de las nuevas normas de Cannes, que considera una ventana de exhibición en salas francesas y un período de tres años antes de su llegada a internet.

“En realidad, el conflicto entre Cannes y Netflix no tiene nada que ver entre el conflicto entre los que aman el cine y los que odian el cine. Es muy fácil: es el conflicto entre dos modelos económicos y son dos modelos económicos que no han podido negociar una compatibilidad”, señaló Cuarón.
Para el director, lo más importante es que la película se vea. Desea que la gente tenga la posibilidad de disfrutarla en pantalla grande, pero también se dice consciente de que las nuevas generaciones, incluidos sus hijos, prefieren las plataformas digitales, pues ir al cine “les da una hueva (pereza) tremenda”, además de que las plataformas le dan una vida más larga a las cintas que de otra manera pasan por un período breve en cartelera.

“Es también un cambio cultural. Creo que las dos cosas pueden coexistir. Yo no creo que tienen que competir”, apuntó el cineasta. “No puedo pensar en una película solo a partir del estreno, porque las películas son para que las vean las siguientes generaciones”.

La familia. En esta, cinta Cuarón apunta hacia la formación de familias más allá de la sangre, por afecto y cercanía.

Manifestantes en Nicaragua: entre el miedo y la incertidumbre

Jairo Bonilla estaba en un seminario en Managua en la primavera pasada, participando en conversaciones mediadas por la Iglesia católica para tratar de poner fin a la sangrienta crisis política de Nicaragua, cuando durante un receso se le acercaron dos compañeros de estudios para amenazarlo.

“Cuando te miremos, vas a ver”, dice Bonilla que le advirtió uno de ellos, Leonel Morales, presidente de un gremio estudiantil de la Universidad Politécnica de Nicaragua, financiada por el Gobierno y donde ambos estudiaron. “Tu familia va a llorar lágrimas de sangre”, agregó el líder de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua.
“Ya sabés dónde encontrarme”, contestó Bonilla.

Eso fue entonces. Ahora, el joven de 20 años, un líder de las protestas estudiantiles contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, está escondiéndose, tratando de ignorar las amenazas que le llegan regularmente en Facebook y en mensajes de texto. Ha sobrevivido cuatro meses en la resistencia al gobierno de Ortega. Ahora el movimiento estudiantil que él ayuda a dirigir es en gran parte clandestino.

Ayer, Ortega subió la apuesta y ordenó la salida de Nicaragua del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo de trabajo, poco después de que presentaran un informe que confirmó el abuso de la fuerza y las torturas de manifestantes.

En una carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada a la representante regional para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, le solicitó que la misión dé por concluida su labor en el país.

Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del Alto Comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes que piden la salida de Ortega del poder habían levantado en diferentes carreteras. Pero como los mismos han sido removidos, la presencia de la misión ya no es necesaria.

“Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, dice el escrito del canciller nicaragüense.

Cientos de personas han muerto en la brutal represión del gobierno de las protestas que estallaron en abril. Más de 2,000 personas han sido detenidas mientras las fuerzas de seguridad buscaban a los participantes, entre ellos, 320 que siguen detenidos. Muchos dicen que las autoridades han abusado de ellos, incluso con palizas graves y torturas. El estribillo común de “no tenemos miedo”, que se coreaba en las primeras marchas estudiantiles, dejó de escucharse.

“Ortega logró su objetivo”, dijo Bonilla en una entrevista reciente, realizada en un lugar secreto. “Logró que tuviéramos miedo”, agregó.

Luego de ser expulsados de sus campus universitarios, los estudiantes que se han enfrentado a Ortega tienen un futuro incierto. Muchos han huido del país y otros están dispersos en casas de seguridad. Algunos se están recuperando de heridas de bala que sufrieron durante la represión del gobierno o luchan con traumas psicológicos, mientras Bonilla y otros líderes estudiantiles tratan de llamar la atención internacional y trazar estrategias para mantener la presión en su país.

Entre quienes se esconden en la capital nicaragüense está un exalumno de 20 años de la universidad nacional quien perdió gran parte de la movilidad en el brazo y la mano derecha después de recibir un disparo de las fuerzas de seguridad el 23 de junio, mientras ayudaba a atender a los estudiantes heridos mientras eran atacados. La bala entró en un costado y se alojó detrás del omóplato, lo que requirió una cirugía extensa.

Bonilla se unió al levantamiento contra el gobierno de Ortega a mediados de abril, furioso –como muchos de sus compañeros de clase– por la respuesta violenta del gobierno a las protestas de los jubilados, molestos por los recortes a los beneficios del seguro social.

Después de que las marchas rápidamente se convirtieron en un llamado general para la expulsión de Ortega y que las bajas estudiantiles aumentaron, Bonilla se ofreció como voluntario para representar a sus compañeros de estudios en las conversaciones mediadas por la Iglesia para tratar de poner fin a la crisis.

Ese esfuerzo duró poco. Durante un discurso ardiente en julio, Ortega acusó a los obispos católicos que organizaron la mediación de ser “golpistas” que buscaban su expulsión, y dijo que no estaban calificados para ser mediadores. Las conversaciones no se han reanudado.

Con el control de las universidades del país y otros bastiones de la oposición ahora firmemente en manos del gobierno, Ortega –en el poder desde 2007– ha prometido que permanecerá en el cargo hasta por lo menos 2021, cuando finalice su último mandato. Ha calificado de “terroristas” a quienes participaron en las protestas, diciendo que fueron manipulados por fuerzas externas.

Silencio. Centenares de personas han muerto y otros han sido lesionados. Los desplazamientos forzados también han aumentado, de acuerdo con organizaciones que velan por los derechos humanos. El gobierno busca silenciar las denuncias.

En estos días, Bonilla pasa su tiempo en su escondite, tratando de prepararse para el día en que se reanuden las conversaciones con el gobierno. Lee textos de economía política, estudia tácticas de negociación y absorbe todo lo que puede sobre la historia de Nicaragua en línea. Ha cambiado de casa de seguridad dos veces desde junio.
Aun así, la situación de Bonilla es mejor que la de otros.

Sigue viviendo en Nicaragua y todavía se escabulle a las calles, con la cara tapada con un pañuelo, para participar en marchas más pequeñas de protesta que continúan esporádicamente a pesar de los arrestos y el creciente número de muertos. Otros estudiantes fueron encerrados durante días en un cobertizo u obligados a esconderse en el fondo de un pozo mientras las fuerzas del gobierno los buscaban.

Ahora hay una tensa calma en Managua, después de la violenta represión del gobierno. Las fuerzas oficiales ya han retirado las barricadas de piedras que durante el apogeo de las protestas erigieron en las carreteras principales y fuera de barrios enteros los estudiantes y otros opositores al gobierno. Sin embargo, hay poca actividad después del anochecer: muchos restaurantes están cerrados y la gente se apresura a volver a casa, temerosa de los civiles armados y enmascarados que trabajan en coordinación con la Policía, que patrulla las calles.

En los momentos en que no están preocupados por ser descubiertos o por saber de dónde vendrá su próxima comida, muchos de los que se esconden se desaniman ante un futuro que se está deshaciendo. “Nosotros queremos continuar con nuestras vidas normales”, dijo Bonilla.

Una mujer de 25 años que estudiaba maestría en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua antes de unirse al movimiento de resistencia estudiantil debió ir a un segundo país de exilio. A principios de mes huyó a Costa Rica, donde esperaba establecer una red de apoyo para los que se escondían en Nicaragua, pero los rumores de informantes del gobierno entre los exiliados nicaragüenses allí la obligaron a partir de nuevo. Ahora se encuentra en un tercer país centroamericano.

“No veo mi futuro”, dijo la mujer, quien habló a condición de no ser identificada porque espera regresar a Nicaragua algún día. “Tenía planeado para este año que iba a comenzar nuevamente las clases, por lo menos para finalizarla (la maestría), pero ahora no tengo rumbo”.

Entre quienes se esconden en la capital nicaragüense está un exalumno de 20 años de la universidad nacional, quien perdió gran parte de la movilidad en el brazo y la mano derecha después de recibir un disparo de las fuerzas de seguridad el 23 de junio, mientras ayudaba a atender a los estudiantes heridos mientras eran atacados. La bala entró en un costado y se alojó detrás del omóplato, lo que requirió una cirugía extensa. Estuvo hospitalizado durante 11 días y sufrió daños en los nervios, pero los médicos le dicen que podría recuperarse con unos meses de terapia física intensiva.

Luego de ser expulsados de sus campus universitarios, los estudiantes que se han enfrentado a Ortega tienen un futuro incierto. Muchos han huido del país y otros están dispersos en casas de seguridad. Algunos se están recuperando de heridas de bala que sufrieron durante la represión del gobierno o luchan con traumas psicológicos, mientras Bonilla y otros líderes estudiantiles tratan de llamar la atención internacional y trazar estrategias para mantener la presión en su país.

En cambio, está en una casa de seguridad con su hermano de 18 años, quien también está escondido. Ambos se negaron a ser identificados por temor a ser arrestados.

El hermano menor dijo que tienen problemas para dormir, atentos al tránsito que pasa y pensando que en cualquier momento podrían ser descubiertos. “Ya todos hemos estado allí, en la lucha. Ellos nos conocen”, dijo, en alusión a las fuerzas de seguridad.

“Desde el momento en que nosotros decidimos entrar en la lucha, todos sabíamos que iba a llegar un momento en el que íbamos a ser perseguidos. En el caso de que la lucha no se gane y que siga el régimen en su puesto, creo que sería ya básicamente el fin de nuestras vidas, porque no podríamos ir a la universidad de nuevo. No podemos andar tranquilamente en las calles”, agregó.

Hugo Torres, un comandante guerrillero que una vez luchó con Ortega durante la revolución de Nicaragua de 1979 y que ahora es general retirado del Ejército nicaragüense, dijo que es natural que los estudiantes que no han experimentado tal lucha antes vean ahora un futuro más oscuro y repentinamente más complicado para ellos.
“Estas luchas tienen sus, como la marea, flujos, sus reflujos”, dijo Torres, quien rompió con Ortega hace dos décadas y ahora es vicepresidente del opositor Movimiento Sandinista de Renovación. Dijo que hay tiempo para llorar a los muertos, “pero eso no significa que se caiga en su ánimo o que renuncie a la lucha”.

“La historia de Nicaragua es una historia de guerras civiles con pequeños intervalos de paz”, opinó Torres. “Estamos obligados a romper este ciclo”, añadió. Bonilla está de acuerdo.

“Y sí tenemos miedo… de ser masacrados, de ser arrestados, pero si es un precio que tenemos que pagar, lo vamos a hacer por una Nicaragua libre”, aseguró.

Actividad. Los estudiantes han sido los que más activos han estado en las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En EUA, los venezolanos enfrentan deportaciones y rechazo de asilo

Éxodo. Los venezolanos se han convertido en un colectivo migrante del que los países latinoamericanos están hablando cada vez más.

Uno era un teniente del Ejército venezolano que desertó por su oposición a las autoridades; el otro, un activista político que asegura que tuvo que huir después de que grupos aliados al Gobierno atacaron su casa. Al igual que miles de compatriotas, ambos terminaron en Estados Unidos porque creían que era el lugar perfecto para pedir asilo político.

Helegner Tijera Moreno, el exmilitar, permanece detenido con una orden final de deportación en una prisión para inmigrantes del estado de Nuevo México, a la espera de un milagro que frene la decisión de un juez de rechazar su solicitud de asilo y repatriarlo.

El activista Marcos Guada fue devuelto a Venezuela en julio pese a haberles suplicado a las autoridades que no lo repatriaran porque tenía miedo de ser detenido y asesinado en su país. A los tres días de haber llegado a Caracas, escapó hacia República Dominicana.

El rechazo de sus solicitudes fue una dura lección sobre los límites del asilo en Estados Unidos incluso para las personas que escapan de un país al borde del colapso económico y social, y cuyo gobierno ha sido condenado y sancionado por la administración del presidente Donald Trump.

“Llegamos aquí porque Estados Unidos es el principal opositor del Gobierno venezolano y porque es el que pensamos que tenía más posibilidades de darnos ayuda”, dijo Tijera en una entrevista telefónica con The Associated Press desde el centro de detención. “Lamentablemente nos equivocamos”.

Los venezolanos se han convertido en el grupo más numeroso de personas que buscan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Sus solicitudes, sin embargo, son rechazadas de manera creciente y deben regresar a vivir a su país o unirse a los más de 2 millones de compatriotas que se han refugiado en otras naciones.

“Buscaba salvar mi vida, mi integridad”, recordó Guada sobre su decisión de irse de Venezuela. “Mi vida corría peligro”.

En 2017 se presentaron cerca de 28,000 solicitudes de asilo político de venezolanos, algunas a nombre de más de una persona, lo que significó un incremento de 50 % respecto del año anterior y cinco veces más que en 2015.
Otros miles de venezolanos presentaron demandas en los tribunales de Inmigración para frenar sus deportaciones después del vencimiento de sus visas o de que sus peticiones iniciales de asilo fueron rechazadas.

Las solicitudes de asilo demoraban al menos unos cuatro años en resolverse, pero la administración de Trump ha buscado acelerar el proceso como parte de su política de inmigración de mano dura.

Al menos 250 venezolanos fueron deportados en 2017, un aumento de 36 % con respecto del año anterior. Esa cantidad ya fue superada este año con 258 deportaciones hasta julio.

Al igual que Tijera, otros 265 venezolanos permanecen detenidos a la espera de ser deportados.

Una organización que recopila e investiga información del Gobierno en la Universidad de Syracuse -llamada Transactional Records Access Clearinghouse o TRAC- encontró que la mitad de los pedidos de asilo de venezolanos han sido denegados en los tribunales de Inmigración en los últimos cinco años. En comparación, casi el 90 % de las solicitudes de ciudadanos de Haití y México también fueron rechazadas, mientras que menos del 20 % de los pedidos de personas provenientes de Siria y el 10 % de Bielorrusia fueron desechados.

Para poder obtener asilo, los migrantes deben demostrar que enfrentan una amenaza inminente de persecución si regresan a sus países por razones de raza, religión, opinión política o por formar parte de un determinado grupo social.

“La violencia general, el caos y la economía no son suficientes”, expresó Juan Carlos Gómez, un abogado de inmigración que dirige una clínica legal en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. “Muchos venezolanos aplican para asilo pensando que se van del infierno y alguien los va a proteger y, tristemente, no es la ley”.

Muchos venezolanos creen que les van a conceder asilo porque Estados Unidos ha criticado y sancionado el gobierno del presidente Nicolás Maduro y al de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez.
“Hay una doble moral del Gobierno americano”, dijo Guada. “Por delante dice una cosa y por detrás hace otra”.

Defensores de los inmigrantes aseguran que quienes buscan asilo tienen razones para no entender cómo funciona el sistema.

“Es una contradicción que en la política de inmigración estadounidense con frecuencia condenamos las condiciones existentes en otro país y luego deportamos a personas a esas condiciones”, manifestó Royce Murray, directora de Política del American Immigration Council.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ofrece información sobre casos individuales pero asegura que hace cumplir las leyes.

“La verdad es que las solicitudes se han incrementado significativamente en los últimos años porque los migrantes saben que pueden sacar provecho de un sistema quebrado para entrar en Estados Unidos, evitar deportaciones y permanecer en el país”, dijo Michael Bars, portavoz de esa agencia.

El caso de Tijera parecería fuerte, ya que fue teniente del Ejército y el apoyo de los militares es considerado uno de los pilares que mantienen a Maduro en el poder. Dos militares fueron arrestados recientemente por su presunta participación en un intento de asesinar a Maduro con drones, y Tijera piensa que sería detenido y torturado si regresa a Venezuela.

Huyó de allí en enero de 2015 cruzando la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió, viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un puesto de control fronterizo en Texas. “Si regreso, ellos pueden imponerme cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el exmilitar.

Huyó de allí en enero de 2015 cruzando la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió, viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un puesto de control fronterizo en Texas. “Si regreso, ellos pueden imponerme cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el exmilitar.

En Venezuela, Guada era un empresario que participaba activamente en campañas de la oposición en el estado de Carabobo, en el norte del país. Tras varias amenazas escapó en 2010 después de que grupos allegados al gobierno atacaron su casa con piedras, rompiendo ventanas y puertas. Llegó a Laredo, en la frontera de Texas, y tras pedir asilo fue detenido por casi tres meses y luego liberado al pagar una fianza de $13,000.

Su esposa tiene residencia legal y sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses, pero ni eso ni sus súplicas convencieron a las autoridades de que enfrentaba peligro en su país. Agotó sus apelaciones y fue deportado en julio.
“Siento frustración”, expresó el hombre de 50 años. “Yo no merecía esto”.

Tampoco Tijera pudo convencer al juez de que lo arrestarían si regresaba a su país. Recientemente lo cambiaron de lugar en el centro de detención de Nuevo México, donde permanece y teme que pueda ser deportado en cualquier momento.

Tanto era el miedo que sentía Guada al llegar a Venezuela que a los tres días de haber sido repatriado tomó un avión a República Dominicana, donde ahora vive con uno de sus hijos.

“Sentía terror porque a todo el que habla en contra del régimen lo silencian de alguna manera”, dijo.

Otros horizontes. La falta de servicios básicos y la inseguridad son los principales motivos por los que los venezolanos buscan traspasar fronteras e instalarse en otro país.

Exhumar a Franco: el legado del dictador divide a España

Memoria. El Valle de los Caídos, el memorial en el que se encuentran los restos del general Franco, está ubicado en las afueras de Madrid.

Incluso desde la tumba, el dictador que gobernó España con puño de hierro durante buena parte del siglo XX sigue dividiendo al país.
El nuevo gobierno de centroizquierda español dice que retirar el cuerpo embalsamado del general Francisco Franco de un glorificado mausoleo será la primera de una serie de medidas simbólicas que buscan reconciliar la turbulenta historia del país.

Críticos con el Gobierno y los descendientes de Franco se oponen y prometen preservar la memoria de un régimen al que atribuyen la “modernización de España”.

Lo que debería hacerse, sin embargo, es prohibir la fundación que preserva el legado del líder autoritario, dijo Fernando Martínez, el funcionario nombrado para supervisar los esfuerzos del Gobierno para desenterrar e identificar a las aproximadamente 114,000 víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y las cuatro décadas de dictadura posteriores, hasta la muerte de Franco en 1975.

“La exhumación del cadáver del dictador empezará a cerrar heridas en este país. Pero esa tarea solo se completará cuando la última fosa que hay en este país haya sido abierta”, dijo Martínez en una entrevista en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, donde se está formando la nueva Dirección General de Memoria Histórica.
La creación de un censo actualizado de los enterrados en fosas en todo el país será una de las primeras tareas del nuevo gobierno del presidente Pedro Sánchez, apuntó Martínez. Además, quieren reabrir la oficina para ayudar a los familiares de las víctimas –que se cerró con el anterior gobierno, de corte conservador– , establecer un nuevo sistema de pagos de reparación y convertir el lugar en el que está enterrado Franco, en el Valle de los Caídos, en un monumento contra el fascismo.

“Vamos a tratar de acelerar y recuperar el tiempo perdido. Es una cuestión de dignidad democrática”, manifestó Martínez, que fue nombrado en julio, a un mes de la llegada de Sánchez al poder luego de una moción de censura a Mariano Rajoy.

Tres misiones patrocinadas por Naciones Unidas que visitaron España desde 2013 criticaron a las autoridades por la ausencia de un plan nacional para buscar a los desaparecidos, por la mala coordinación de las exhumaciones y por los obsoletos mapas de fosas. También mostraron su preocupación por la inacción de los tribunales españoles para enjuiciar algunos de los delitos más oscuros de la época.

Recientemente, un panel de expertos en derechos humanos de la ONU elogió la decisión de las autoridades de “poner el derecho a la verdad en lo más alto de la agenda política”, liderar los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos y crear una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante el mando de Franco.
“Esta decisión representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad para todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”, dijo el informe.

El Gobierno quiere adoptar los cambios enmendando la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no atendió todas las demandas de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas cuando el ejecutivo de Rajoy eliminó el presupuesto para exhumaciones y reparaciones.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), apuntó que el nuevo gobierno debería emplear sus poderes ejecutivos para sacar a Franco del Valle de los Caídos, un macabro mausoleo a 50 kilómetros (31 millas) al noroeste de Madrid. Además, pidió que el Gobierno excave todas las tumbas de víctimas de Franco en lugar de iniciar un gran enfrentamiento político entre conservadores y progresistas en el Congreso.

“Temen a las represalias legales”, dijo Silva acerca del equipo de Sánchez, y añadió que los trabajos en las fosas no señaladas y la compensación a los familiares de las víctimas identificadas son “cosas tan básicas y tan humanas que no deberían de tener que discutirse”.

Con una imponente cruz de 150 metros (500 pies) de alto que puede verse a kilómetros de distancia, el sombrío mausoleo y la basílica de estilo neoclásico del Valle de los Caídos fueron mandados a construir por Franco como homenaje a los muertos durante la llamada “cruzada gloriosa” para derrotar al gobierno democrático del país.
Unas 34,000 personas pertenecientes a los dos bandos enfrentados en la guerra fratricida están enterradas en la zona, la mayoría de ellas sin identificar, además de los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la formación fascista Falange. El sepulcro de Franco, una simple losa de granito con su nombre gravado, preside el altar de la basílica y sobre ella hay siempre flores frescas.

Los actos públicos en favor del régimen franquista fueron ilegalizados en 2007, pero el lugar es un popular destino de peregrinación para los nostálgicos de esa era.

Los activistas, que sostienen que el Valle de los Caídos emana un aire totalitario y es un insulto a la memoria de las víctimas, están molestos por mal el estado de los restos, ya que las filtraciones de agua han convertido las criptas en “pilas de huesos”, de acuerdo con una valoración realizada por expertos en 2011.

Según Martínez, el proyecto para revisar la ley incluye una propuesta para retirar los símbolos que celebran la dictadura y para renombrar el lugar como un monumento para la reconciliación y un museo sobre los abusos cometidos durante su construcción, incluido el uso de presos políticos como mano de obra forzosa.

Pero el Gobierno, que no logró exhumar a Franco en julio como prometió, enfrenta innumerables obstáculos, incluida su minoría parlamentaria.

Cientos de nostálgicos del franquismo celebraron protestas en el Valle, y los partidos conservadores han acusado al Ejecutivo de Sánchez de reabrir un capítulo que consideraban cerrado en lugar de centrarse en problemas del siglo XXI.

Los descendientes de Franco, por su parte, se han negado a cooperar con las autoridades, preparando una demanda contra los planes de exhumación y negándose a trasladarlo a un panteón familiar en Galicia, la región del noroeste de España de la que era originario. Ante su negativa, las autoridades enfrentan el dilema de qué hacer con los restos mortales del dictador.

Desenterrar a Franco supondría, según Martínez, “consolidar nuestra democracia”, que se reinstauró pacíficamente a finales de la década de 1970 tras la muerte del dirigente.

Martínez rechazó aventurar una fecha para la exhumación. Pero aún en el caso de llevarse a cabo, el gobierno de Sánchez enfrentará la delicada tarea política de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, que desde 2003 recibe fondos públicos para conservar los documentos del régimen que rigió España entre 1939 y 1975.

La fundación no respondió a las peticiones de la AP para realizar comentarios, pero en comunicados recientes sus responsables manifestaron que cualquier intento de ilegalizarla iría en contra de la Constitución, que protege la libertad de expresión. El presidente, el general retirado Juan Chicharro, escribió que el organismo debe defenderse de la “ilegalización progresiva de todo aquel que no se pliegue a las exigencias totalitarias de un amplio sector de la izquierda española”.

Silva, de la ARMH, apuntó: “Que no existan como fundación no limita su libertad de expresión” sino que simplemente restringe su acceso a los fondos públicos.

Martínez no cree que se trate de un problema de libertad de expresión, sino de protección de la democracia en España.

“Todas las fundaciones que hagan apología del franquismo, del fascismo y el nazismo, evidentemente, no tienen cabida en la democracia porque atentan a los valores democráticos, a las libertades”, declaró. “Los demócratas tendremos que defender la democracia porque defendemos un modelo de convivencia”.

Aumentan cruces ilegales en la frontera México-Arizona

Sin recursos. En Yuma, a veces las patrullas no alcanzan para movilizar a los migrantes sin documentos hacia los centros de detención.

El muchacho de tres años con un corte de cabello tipo taza y una camiseta a rayas se aferraba a su padre en la parte trasera de una camioneta de la Patrulla de Fronteras.

Con los zapatos todavía embarrados por el cruce de la frontera, padre e hijo acababan de ser detenidos en un canal cerca de un muro en una húmeda noche de julio en Arizona. Antes de que el padre y sus tres hijos pudiesen adentrarse en Estados Unidos, un agente de la Patrulla de Fronteras intervino luego de verlos del otro lado de un muro fronterizo y les abrió un portón.

El padre entregó documentos que indicaban que pandilleros habían cometido delitos contra su familia, una de las justificaciones para solicitar asilo. Después de una espera, el hombre y sus hijos fueron transportados en una camioneta para ser procesados en un puesto de la Patrulla de Fronteras a 36 kilómetros (20 millas) de Yuma.

El encuentro revela que las familias siguen tratando de ingresar a Estados Unidos a pesar de las noticias diarias sobre las políticas inmigratorias de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. Este flujo de familias de América Central es particularmente intenso en este sector a menudo ignorado de la frontera con Arizona y California.

El sector de Yuma de la Patrulla de Fronteras ha registrado un incremento del 120 % en la cantidad de familias y menores no acompañados pillados en la frontera respecto del año pasado, sorprendiendo a muchos en una región que había tenido poco movimiento en la última década.

En lo que va del año fiscal, los agentes del sector de Yuma han detenido a casi 10,000 familias y 4,500 menores no acompañados, lo que representa un aumento enorme con respecto a hace siete años, en que fueron pilladas solo 98 familias y 222 menores no acompañados.

La política de Trump de separar las familias no parece contener esa marea. La Patrulla de Fronteras detuvo a un promedio de 30 familias diarias en junio, cuando las protestas por la separación de familias llegaron a su punto máximo. Yuma es ahora el segundo sector de más movimiento de familias que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, superado solo por el valle del río Bravo, en Texas.

Los agentes y las personas que intentan cruzar la frontera tienen que lidiar con muchas cosas. Partes de la frontera son urbanas, con muros y canales del lado estadounidense y jardines del lado mexicano. El sector incluye a Arizona y partes de California.

Traficantes de drogas y otros delincuentes cruzan la frontera por el desierto, pero la mayoría de las familias y de los menores simplemente lo hacen caminando o a nado, y al llegar al otro lado esperan ser detenidos, de acuerdo con el portavoz de la Patrulla de Fronteras, José Garibay. Abundan los grupos grandes de personas que hacen el cruce.
Garibay cuenta que una vez encontró un grupo de 60 familias y menores.

Muchos no entienden por qué tantas familias y niños de América Central vienen a Estados Unidos a través de este tramo de Arizona, desafiando el fuerte calor del verano, cuando hay caminos más directos que los llevan al valle del río Bravo, en Texas, a más de 1,600 kilómetros.

La llegada de grandes cantidades de familias y menores plantea problemas logísticos ya que la Patrulla de Fronteras tiene una cantidad limitada de vehículos para trasportar a los inmigrantes a los centros de procesamiento de Yuma. Muchos no entienden por qué tantas familias y niños de América Central vienen a Estados Unidos a través de este tramo de Arizona, desafiando el fuerte calor del verano, cuando hay caminos más directos que los llevan al valle del río Bravo, en Texas, a más de 1,600 kilómetros.

Garibay dijo que las rutas de la migración son controladas mayormente por los carteles que transportan personas. El estado mexicano de Tamaulipas, por donde pasa el río Bravo, que hace de frontera, ha experimentado altos niveles de violencia asociada con los carteles de las drogas. El director del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras dijo hace poco que las bandas se pelean “por cada centímetro” de tierra para controlar el río a través del cual los migrantes son llevados a Texas.

Randy Capps, del Instituto de Políticas Inmigratorias, dice que la mayoría de las personas que cruzan por Yuma son guatemaltecos. Opinó que probablemente se dirigen a California y que el cruce por Yuma es talvez el más sencillo y seguro.

Llegan a un tramo de la frontera que el Gobierno ofrece como ejemplo de seguridad fronteriza. Fue alguna vez uno de los sectores más transitados antes de que se levantasen muros, mejorase la tecnología, la vigilancia a control remoto y llegasen más agentes, lo que dio lugar a una drástica caída en los cruces ilegales.
“Gracias al esfuerzo combinado de toda la agencia, se transformó este sector en uno manejable, no como en 2005, en que hubo 138,000 detenciones”, dijo Garibay.

Yuma es un centro agrícola que depende mucho de la mano de obra inmigrante para las cosechas, mayormente de lechuga y dátiles. Cientos de trabajadores mexicanos cruzan la frontera con visas especiales para trabajar en el campo. Sus empleadores tienen que alojarlos y alimentarlos, y ganan $10 la hora.

Yuma produce el 90 % de la lechuga que se consume en Estados Unidos, una industria de $2,500 millones anuales. Si bien depende en gran medida de la mano de obra extranjera, Trump derrotó aquí por más de cinco puntos a Hillary Clinton en 2016.

Un viaje de 45 minutos hacia el sur de Yuma lleva a San Luis, Arizona, pequeña ciudad fronteriza donde negocios de ropa y restaurantes mexicanos se suceden en una calle que desemboca en México.

La misma noche que el muchacho de tres años y su familia fueron puestos bajo custodia, un agente de patrulla cerca de Yuma divisó a dos hombres y dos chicos de 12 y 13 años, todos guatemaltecos, parados junto al camino, esperando ser detenidos. Habían cruzado a pie un canal en el que el agua les llegaba hasta las rodillas y sus pantalones y sus zapatos estaban mojados y sucios. Un agente les tomó los nombres, fechas de nacimiento y su país de origen, y los ubicó en un camión para que esperasen una camioneta que los transportaría. Ni el hombre ni sus hijos dijeron nada cuando se los llevaban.

En un refugio para migrantes del lado mexicano de la frontera, este año han llegado más migrantes deportados que de costumbre. La Casa del Migrante La Divina Providencia recibía a cerca de 1,000 migrantes por mes en 2017. En lo que va del año está recibiendo a 2,000, según Martín Salgado, quien dirige el refugio.

La mayoría de la gente atendida en el refugio son mexicanos deportados de Estados Unidos, aunque de vez en cuando se acercan también centroamericanos que buscan una comida caliente, una oración y una cama.

José Blanco, de 28 años, se fue de Honduras un mes antes de llegar al refugio. Él y otras dos personas intentaron cruzar la frontera ilegalmente cerca de San Luis, pero regresaron después de caminar 6 horas porque consideraron que hacía demasiado calor y hubiera sido peligroso continuar.

Blanco, quien tiene dos hijos en Honduras, dijo que se regresaría a su país en lugar de intentar de nuevo el cruce.
“Es muy duro esto en estos momentos”, dijo Blanco.

Más gente cruza. En un 120 % ha aumentado la cantidad de familias en tránsito que la patrulla fronteriza de Yuma ha registrado.

Centro de detención de inmigrantes, una encrucijada

Campos

Ya había terminado el sermón y la gente había rezado. Mike Yoder decidió que había llegado la hora de dar una noticia inquietante.

Mientras los feligreses de la iglesia menonita de Silverwood conversaban un domingo, Yoder, comisionado de condado desde hace 13 años y granjero desde hace mucho más, se reunió con el pastor Jeremy Shue en un extremo de la sala y le dijo que había buenas posibilidades de que pronto se construyera un centro de detención de inmigrantes en un terreno donde hoy se cultiva soya, al norte de la ciudad.

“Una de las pocas cosas positivas será que no habrá que manejar tanto para ir a protestar”, dijo Shue.
No hacía falta que nadie le recordase a Yoder el potencial de un conflicto. Este dirigente republicano bien sabe que casi dos tercios de los votantes del condado de Elkhart apoyaron la candidatura de Donald Trump para presidente tras una campaña en la que el magnate despotricó contra la inmigración ilegal. Pero también está consciente de que las opiniones políticas del condado están bastante divididas y de que los principales empleadores de la zona contrataron a miles de inmigrantes mexicanos, muchos de los cuales podrían no tener permisos de residencia.
Es un delicado equilibrio el que impera en este rincón del norte de Indiana, fundado sobre la base de visiones contrastantes en torno de los negocios y la fe, la comunidad y la ley. Y la propuesta de construir un centro de detención creó una situación delicada para quienes toman las decisiones.

“Fue como un microcosmos de todos los distintos aspectos de la inmigración”, manifestó Yoder. “Todo aquí, en este condado”.

***

EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN y Control de Aduanas –la policía inmigratoria, conocida por sus siglas en inglés, ICE– trata desde hace tiempo de consolidar los inmigrantes alojados en distintos centros de detención del centro del país. Desde 2011, contratistas vienen proponiendo construir centros de detención en siete comunidades cerca de Chicago, desde suburbios distantes como Crete, Illinois, hasta el centro metalúrgico de Gary, Indiana.
“Esto es como un juego de whack-a-mole”, comentó Fred Tsao, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de Illinois, que ha tratado de frenar esas iniciativas.

Municipalidades de Texas y California cancelaron en tiempos recientes acuerdos para alojar a presos del ICE en momentos en que otras comunidades buscan los empleos y el dinero que generan esos centros.
Pero la demanda de esas instalaciones va en aumento. Si bien Trump habla de construir un muro en la frontera, su gobierno está priorizando las detenciones lejos de la frontera y busca sitios donde alojar a los arrestados.
El ICE no es propietario de la mayoría de los centros de detención. Contrata empresas privadas, con fines de lucro, que alojan a dos tercios de los inmigrantes detenidos por estar en el país sin permiso. Muchos van a parar a cárceles locales con las que se firman contratos para que los reciban. La agencia invierte $134 diarios por cada detenido, según cifras del Gobierno.

El año pasado el ICE solicitó construir nuevos centros de detención cerca de Chicago, Detroit, Salt Lake City, Saint Paul (Minnesota) y en el sur de Texas para ampliar su capacidad de 40,000 migrantes a 51,000.
Una propuesta de CoreCivic Inc., una de las empresas que administran los centros de detención privados más grandes del país, tiene al condado de Elkhart en esa lista.

El condado se encuentra a dos horas al este de Chicago y es el corazón de una floreciente industria de vehículos recreativos remolcables, con un desempleo de apenas el 2 %. Una gran población amish surte de obreros a las fábricas, pero hay 9,000 vacantes. “Tenemos muchos puestos que no quiere nadie”, dijo Yoder, cuyo padre dirigió alguna vez la fabricante de vehículos recreativos Jayco Inc.

Los inmigrantes han ocupado buena parte de esas plazas, pero los nativos se muestran divididos en torno de temas que incluyen la inmigración. Más de 7,000 colmaron el gimnasio de una escuela de Elkhart en mayo para alentar a Trump. Goshen, donde abundan los carteles que dicen “no importa de dónde eres, nos complace que seas nuestro vecino”, ofrece un contrapeso, con una universidad menonita y una gran colonia hispana.

La propuesta de construir un centro de detención podría exacerbar esa situación. Yoder se movilizó pronto, tratando de buscar un diálogo y prevenir un conflicto.
“Los comisionados tienen que resolver un asunto complejo, por eso intervine pronto”, dijo Yoder. “Las cosas no salieron como pensaba. Talvez fui muy inocente”. (Los comisionados son funcionarios municipales que comparten las funciones de un alcalde).

Al día siguiente Stutsman difundió su carta. “Todo el dinero de impuestos generado por el proyecto no bastaría para compensar el daño que una instalación de ese tipo le causaría a nuestro condado”, escribió en una carta que tuvo el apoyo de 45 CEO y líderes cívicos. “Súmense a nosotros y demuéstrenles a los recién llegados que nuestras comunidades los reciben complacidas”.

***

RICHARD AGUIRRE lleva meses trabajando en un programa de tarjetas de identificación para los inmigrantes que se radican en Goshen, muchos de los cuales no pueden sacar licencias de conducir porque están en el país sin permiso. Para Aguirre, director del Goshen College, ese programa fue una victoria.

Sabía que en el campus había decenas de estudiantes traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. Nieto de inmigrantes mexicanos, Aguirre recuerda los problemas que tuvieron sus parientes cuando era niño para salir adelante sin permisos de trabajo. “Me pareció injusto el que, dependiendo de qué lado de la frontera naciste, tengas una buena vida o una vida bastante miserable”.

Cuando Yoder escuchó por primera vez de la propuesta del centro de detención, supo que probablemente la iniciativa le caería mal a gente como Aguirre. Pero era difícil rechazar una propuesta como esa, según Yoder. Generaría trabajos e impuestos. Y sería bien vista por muchos republicanos.

De modo que pidió al pastor que arreglase una reunión con el clero menonita, muchos de cuyos sacerdotes predican un mensaje de inclusión y que se les abran los brazos a los extranjeros. Si se iba a construir un centro de detención, pensó Yoder, talvez convenía hacerlo en un sitio donde el clero pudiera servir a los arrestados.
Tuvo también en cuenta la creciente población hispana y a los sectores más liberales de Goshen. Un 16 % de la población del condado de Elkhart es hispano. Fue atraído por una industria que produce cuatro de cada cinco vehículos recreativos remolcables en Estados Unidos. En Goshen, casi una tercera parte de sus residentes son hispanos y más de la mitad de los alumnos matriculados en sus escuelas son de esa comunidad. En el centro de la ciudad, las vinerías y los anticuarios conviven con taquerías.

El mismo día que habló con los pastores, Yoder se reunió con el alcalde de Goshen Jeremy Stutsman, con Aguirre y con otros.
“Quisiera que ayudasen a mantener la calma”, les dijo el comisionado.
“Mi reacción fue ¡jamás!”, expresó Aguirre.
Esa noche, Aguirre creó una página en Facebook para la Coalición Contra el Centro de Detención de Inmigración del Condado de Elkhart. Activistas ya habían organizado un acto para celebrar la entrega de tarjetas de identificación, pero Aguirre lo convirtió en una protesta.

Mientras manejaba hacia los tribunales el sábado previo al Día de Acción de Gracias, Aguirre pensó que una lluvia helada haría que solo unas 60 personas se presentasen. Al llegar subió una escalera y le entregó el micrófono a Felipe Merino, abogado de inmigración y presidente de la junta escolar de Goshen.
“Quiero que levanten las manos si piensan que no queremos un centro de detención de inmigrantes en el condado de Elkhart, Indiana”, dijo Merino.
Más de 200 manos se elevaron y gritaron “¡no!”.

***

AL ESCUCHAR A YODER HABLAR del centro de detención, el pastor Neil Amstutz, de la Iglesia Menonita de Waterford, pronto se dio cuenta de que la suya era una propuesta que no podía apoyar.
Años atrás había servido como misionero en Bolivia y había trabajado en San Antonio, Texas, ayudando a refugiados de El Salvador y Guatemala, y aprendiendo español. Después de hablar con otros miembros del clero menonita, llamó a un pastor mexicano, inmigrante, José Luis Gutiérrez, cuya iglesia pentecostal se encuentra junto a unos manzanares a unos 3 kilómetros (2 millas) de la suya.

Familias. Pepe Urzúa es un reparador de tejados que llegó de México en 2010. Sostiene a su hija de dos meses, Luna, mientras su esposa, Betty, sostiene a la hija, Scarlet, durante el festival de la calle First Fridays en Goshen, Indiana. Para Arzúa, Goshen “es un lugar donde quieres criar a tus hijos”.

La iglesia de Gutiérrez, Comunidad Cristiana Adulam, lleva el nombre de la cueva bíblica donde el rey David buscó refugio.
“Alguna gente de mi comunidad siente que la iglesia les ofrece protección, se sienten refugiados”, expresó Gutiérrez. “Es un sitio seguro para la adoración por el idioma, y no importa si tienes documentos o no”.
Junto con otro pastor, Gutiérrez y Amstutz invitaron al clero de todo el condado a una reunión y el grupo planeó un servicio en toda la comunidad para oponerse al centro de detención.
El 17 de diciembre, en un santuario decorado con velas por el feriado, una congregación improvisada llenó la mayoría de los bancos de la Primera Iglesia Presbiteriana de Elkhart.
“¿Por qué estamos aquí?”, preguntó Amstutz. “Para demostrar que, sin importar si nuestro gobierno construye o no un muro más grande para evitar la llegada de inmigrantes, ¡la iglesia de Dios derriba los muros divisorios!”.
Muchos inmigrantes, no obstante, se sienten inseguros.
Cuando Lizeth Ochoa, de 19 años, oyó hablar por primera vez del centro de detención, pensó que estaría lleno de delincuentes.
“Pero después me di cuenta de que no, de que era para gente como yo”, manifestó Ochoa.
Cuando tenía nueve meses, la madre de Ochoa le pagó a un coyote para que la trajese desde México. Se reunieron con su padre, que ya tenía trabajo en Elkhart.
Ahora su permanencia en Estados Unidos es incierta. El programa del presidente Barack Obama que aplazó indefinidamente las deportaciones de jóvenes como ella le había dado cierta tranquilidad, pero Trump dejó sin efecto esa iniciativa. En su casa, ella y sus padres tratan de no hablar del centro de detención porque no quieren alterar a sus cuatro hermanos nacidos en Estados Unidos. Pero a menudo se preguntan qué harían si agentes del ICE asignados ahora a Elkhart golpean su puerta.
“Es desgastante, mis hermanos pueden terminar en casas de otros si mis padres y yo somos deportados”, dijo Ochoa, quien estudia en el Goshen College. Casi una cuarta parte de los estudiantes son hispanos, muchos llegados de niños y sin permiso de residencia.
La elección de Trump ya inquietaba a algunos en la congregación de Gutiérrez y los rumores de que se abriría un centro de detención aumentaron el malestar.
“Si el ICE puede hacer esto en este condado, la gente se va a ir”, aseguró Luis Fraire, un mecánico que vino a Elkhart desde México hace 11 años, se casó, formó una familia y abrió un negocio.
“Todos somos hermanos en Dios”, señaló, mientras otros feligreses dejaban la iglesia el domingo. “Le pedimos a Dios porque solo él puede frenar esto”.

***

PARA OTROS, UN CENTRO DE DETENCIÓN ES LO QUE NECESITA EL CONDADO. “Mejor que construyan uno grande, porque se va a llenar de gente”, dijo George Holiday, un operador de montacargas jubilado, en las redes sociales.

En una entrevista, Holiday dijo que el condado había cambiado mucho en los últimos años, en que aparecieron más carteles en español y llegó mucha gente que no parece hablar inglés. Los inmigrantes son trabajadores, pero ignoran las leyes que requieren permisos para ingresar al país o para quedarse, se quejó.

Hace una década, Bob Schrameyer y otros residentes de Goshen hicieron campaña para que la policía local colaborase con el ICE y para que los empleadores de la zona corroborasen el estatus legal de los trabajadores. El problema, según Schrameyer, es que muchos inmigrantes no pagan lo que les corresponde de impuestos pero se benefician de muchos programas sociales.

Cuando planteó mayores controles sobre la inmigración ilegal, le dijeron que esa era una tarea del gobierno federal. Y cuando el gobierno de Trump trató de hacerlo, la gente también se quejó, expresó Schrameyer, un jubilado que fue fundador de la rama local de la agrupación Ciudadanos por el Cumplimiento de las Leyes de Inmigración (Citizens for Immigration Law Enforcement).

El centro de detención es algo “obvio”, que traerá nuevos impuestos, indicó.

“Los grandes opositores a la iniciativa son los que apoyaron la inmigración ilegal en la región y, desde ya, les preocupa que vengan las fuerzas del orden”, manifestó Schrameyer.

Una mañana reciente, Roland Weaver puso a un lado la pala que estaba usando para sellar los cimientos de su casa, en la misma County Road 7 donde se construiría el centro de detención. Esa instalación garantizaría que se cumplen las leyes y algo más, de acuerdo con Weaver.

“Tenemos una constitución basada en los principios de Dios y muchos de ellos, de los ilegales, no tienen eso de donde vienen, de modo que traen sus creencias”, agregó el hombre, un albañil en una planta automotriz.
“Mucha gente dice que Jesús defendía a los ilegales y que no había fronteras cuando él estuvo en este mundo. Pero esos eran otros tiempos”.

***

EN UNA REUNIÓN POR LAS FIESTAS de fin de año, el alcalde Stutsman se encontró con el cardiólogo Mark Smucker. Se pusieron a hablar de la propuesta y se les unió Galen Miller, propietario de una productora de pollo y amigo de la niñez de Smucker.

“Lo que yo digo es que si vamos a resolver algún día el problema de la inmigración en este país, ya sea a través de una reforma o deportando a todo el mundo, llegará el momento en el que no vamos a necesitar un centro de detención de inmigrantes”, expresó Smucker. “Me da la impresión de que en la comunidad de fabricantes de vehículos no van a querer ver más trabajadores que se les van”.

“Me encanta vivir aquí”, dijo Pepe Urzúa, un techador que vino de México hace ocho años, mientras mecía a su bebita. “Es un sitio donde puedes criar a tus hijos”. Del otro lado del césped, Rob Emahiser, vendedor de neumáticos, observaba la muchedumbre. “Soy un republicano que admira a Trump y me gusta todo lo que tiene esta comunidad”, expresó.

Stutsman, un demócrata, propuso una carta expresando oposición al proyecto. Miller acordó contactar a ejecutivos de las empresas automotrices de Elkhart.
Cuando CoreCivic fue llamada por primera vez, Yoder dijo que le advirtió a la empresa que el principal obstáculo podría ser la reticencia de algunas firmas grandes con muchos empleados. Aunque hasta entonces nadie había dicho nada.
“Hay un dilema”, indicó Jim Siegmann, expropietario de una impresora muy activa en círculos empresariales y cívicos. Muchos empresarios de Elkhart, dijo, son conservadores pero dependen de la mano de obra inmigrante, incluso de algunos que no tienen permiso de residencia.
“Saben que sus negocios no funcionan sin ellos”, señaló.
Cuando un pequeño grupo se reunió en la oficina de Stutsman, varios ejecutivos aprobaron su carta.
Sus inquietudes, no obstante, iban más allá de las ganancias. Los líderes cívicos, temerosos de las recesiones y de la fama de la región como un sitio de escaso relieve, han invertido en proyectos para hacer el condado más atractivo tanto para empresas como para trabajadores. ¿Qué impacto puede tener el centro de detención en este panorama?
Una mañana reciente, Pete McCown, presidente de la Community Foundation del condado de Elkhart, señaló desde la ventana de su oficina hacia un terreno industrial en la unión de dos ríos donde se están construyendo cientos de departamentos y una piscina para competencias.
Elkhart quiere empleos, señaló McCown. Pero el centro de detención generará plazas que podría resultar difícil llenar, al tiempo que daría al condado fama de ser un centro carcelario.
“No queremos ser identificados así”, manifestó.

***

A PRINCIPIOS DE ENERO, Yoder paró en una cafetería y se encontró con Aguirre. Le contó que los ejecutivos de CoreCivic venían a reunirse con empresarios locales. Los activistas, cuyo portal ya tenía más de 2,000 miembros, organizaron una conferencia de prensa.
A la mañana siguiente, el 17 de enero, Aguirre y otros protestaron frente al Ivy Tech Community College mientras llegaban los visitantes trajeados.

Adentro, representantes de CoreCivic explicaron sus planes a ejecutivos de Thor Industries Inc. y Forest River Inc., los fabricantes de vehículos recreativos más grandes del país, así como a representantes de la fábrica de repuestos Lippert Components y de otros grandes empleadores.
“Yo tengo mis negocios aquí. He vivido aquí toda mi vida. Y no quiero que vengan ustedes”, expresó el CEO de Forest River Peter Liegle, según trascendió.

La principal preocupación de los empleadores es que un centro de detención “generaría temor en la comunidad hispana y haría que muchos se vayan”, dijo el portavoz de CoreCivic Steve Owen.
“Ese, para mí, fue un momento clave”, declaró Yoder.
Al día siguiente Stutsman difundió su carta. “Todo el dinero de impuestos generado por el proyecto no bastaría para compensar el daño que una instalación de ese tipo le causaría a nuestro condado”, escribió, en una carta que tuvo el apoyo de 45 CEO y líderes cívicos. “Súmense a nosotros y demuéstrenles a los recién llegados que nuestras comunidades los reciben complacidas”.

Yoder recomendó a los ejecutivos de CoreCivic que pensasen cuidadosamente los siguientes pasos.
El lunes siguiente se conoció su decisión.
“Luego de analizarlo detenidamente”, dijo la empresa en un comunicado, “Core Civic decidió retirar su solicitud”.
“¡Ganamos!”, afirmó Aguirre en Facebook. “¡Ganamos!”.

***

EL PRIMER VIERNES DE CADA MES, los residentes de Goshen se reúnen por la noche frente al juzgado de Elkhart para participar en un festival callejero.
A principios de junio, una pareja amish vendía palomitas de maíz. Los niños escribían sus nombres en la acera con tiza. Una banda local, Los Ortega, tocaba música mexicana.
“Me encanta vivir aquí”, dijo Pepe Urzúa, un techador que vino de México hace ocho años, mientras mecía a su bebita. “Es un sitio donde puedes criar a tus hijos”. Del otro lado del césped, Rob Emahiser, vendedor de neumáticos, observaba la muchedumbre. “Soy un republicano que admira a Trump y me gusta todo lo que tiene esta comunidad”, expresó.

Elevó su vaso de cerveza en señal de brindis al hablar de las rebajas de impuestos de Trump. Luego elogió a sus compañeros de trabajo y sus vecinos hispanos porque trabajan duro y cuidan de sus familias, y explicó que a veces él y su presidente no van a estar de acuerdo.

“Querían construir un centro de detención en esta ciudad”, comentó mientras un guitarrista encabezaba una hilera de parejas hispanas que bailaban entre las sombras. “Eso no es lo nuestro”.

Activos. En este condado la fuerza laboral hispana es indispensable para las empresas, que así lo reconocen.

Brasil busca blindar elecciones contra “fake news”

Complejidad. Brasil contará con 35 partidos políticos compitiendo en las elecciones presidenciales de este año. Tras la inhabilitación de Lula Da Silva no hay un claro favorito para ganar.

A menos de tres meses de la elección presidencial más imprevisible en Brasil desde el retorno democrático en 1985, la justicia electoral prepara un operativo inédito de blindaje y combate a las “fake news” para intentar aislar su influencia durante la campaña.

En las últimas semanas, la propagación de información falsa en torno a la huelga nacional de camioneros y anteriormente del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, probaron el poder de contaminación del debate público y encendieron las alarmas del Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de conducir el proceso electoral.

Primero fue apenas una advertencia que sorprendió por su tenor. A fines del mes pasado, el presidente del TSE, Luiz Fux, dijo que la elección podría suspenderse si las noticias fraudulentas favoreciesen ampliamente a algún candidato. Días después, el TSE reunió a 28 de los 35 partidos que participarán de los comicios y firmaron un acuerdo de colaboración por una elección “limpia”. Finalmente, el 28 de junio pasado, Google y Facebook se sumaron a la cruzada contra estas noticias y se comprometieron ante el tribunal a remover de la red las informaciones falsas que sean detectadas.

Los brasileños irán a las urnas el 7 de octubre en una elección que ofrece un panorama incierto. Con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva preso en Curitiba por corrupción y fuera de carrera debido a la Ley Ficha Limpia, que impide ser candidato a cualquier condenado en segunda instancia, ninguno de los aspirantes al Palacio del Planalto supera el 20 % de intención de voto, según los últimos sondeos.

“Creemos que con diferentes acciones y acuerdos vamos a garantizar condiciones limpias. Estamos preparándonos para que no suceda lo que pasó en las últimas elecciones de Francia, Estados Unidos y en la votación por el ‘brexit’ en Gran Bretaña”, aseguró Fux en una entrevista con The Associated Press.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron fue víctima de una noticia falsa que daba cuenta de una supuesta relación homosexual con el presidente de una importante radio. En Estados Unidos, la justicia investiga si el equipo de campaña de Donald Trump, con apoyo del Kremlin, montó una guerra informativa para dañar a la candidata Hillary Clinton. Y en el referendo de desconexión de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), una serie de noticias falsas podría haber influenciado a los británicos a optar por salir de la UE.

El presidente del TSE advirtió que además de accionar penalmente en la justicia, el tribunal estará habilitado para aplicar el poder de su policía contra quienes originen y difundan noticias falsas.
Según la legislación brasileña, el delito de divulgación de hechos a sabiendas falsos para ejercer influencia en el electorado constituye un crimen, penado con el pago de multas y con hasta dos años de prisión.

“Vamos a trabajar con órganos de Inteligencia para verificar de dónde vienen informaciones falsas, con el auxilio de la Policía Federal y la fiscalización del Ministerio Público y de un Comité de Prensa. Pero lo más importante para un combate efectivo es la cultura del pueblo, que los electores sepan chequear una información que circula en las redes para que puedan ejercer el voto conscientemente”, dijo el presidente del TSE.

En los próximos días, el tribunal lanzará una campaña educativa sobre el chequeo de información en la radio y la televisión de Brasil, donde recientemente han incrementado las noticias falsas.

Durante la huelga de camioneros, a fines de mayo, proliferaron informaciones que daban cuenta de una inminente intervención militar, hasta otras que afirmaban que el presidente Michel Temer estaba próximo a renunciar.

Más allá de esto, ningún caso de contaminación informativa fue tan claro como el del asesinato de la concejala Franco, el 14 de marzo pasado. En los días posteriores se propagaron informaciones que relacionaban a la concejala con un poderoso narcotraficante y señalaban que su campaña había sido financiada por el Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Río. Los artículos falsos estaban motorizados por una página de Facebook del Movimento Brasil Livre (MBL) y amplificado por perfiles de un diputado federal y una jueza, según reveló una investigación del Laboratorio de Estudios Sobre Imagen y Cibercultura (Labic) de la Universidad Federal de Espírito Santos.

El despliegue de la justicia brasileña contra las notas fraudulentas en la víspera de una elección presidencial promete tener un alcance inédito para la región. En México, donde se celebraron elecciones hace unas semanas, la autoridad electoral apenas hizo un convenio con Facebook para tomar recaudos en la difusión de noticias falsas, aunque en paralelo surgieron iniciativas ciudadanas.

Para Fabio Malini, profesor y miembro del Labic, el desafío que enfrenta el TSE es enorme en relación con su capacidad operativa.

“Además del volumen de contenidos falsos que pueden circular, los políticos a veces afirman que una información es falsa porque los perjudica, y eso hay que analizarlo. Será imposible atender con rigor todos los casos con la estructura actual”, dijo Malini a AP.

A principios de junio, la justicia sentó un precedente importante: por primera vez intervino en un caso de noticias falsas en la precampaña. El magistrado Sérgio Banhos, del TSE, ordenó borrar cinco textos falsos que circulaban en internet y vinculaban a la candidata ecologista Marina Silva (Red Sustentabilidad) con la megacausa de corrupción del Lava Jato.

Un 85 % de los brasileños está alerta respecto a la veracidad y a una posible manipulación del contenido de las noticias que lee. El gigante suramericano aparece en el informe por encima de Portugal (71 %) y Estados Unidos (64 %).

Desde marzo de 2014, la investigación del Lava Jato comenzó a destapar el mayor esquema de pago de coimas, desvíos y lavado de dinero en la historia de Brasil. El entramado de corrupción involucró a Petrobras, empresas de la construcción y políticos de varios partidos que mediante el cobro de coimas y prebendas garantizaban a cambio contratos y trato preferencial a diferentes empresarios. La operación tuvo sus ramificaciones en casi toda Latinoamérica.

En el caso de Silva, la justicia entendió que un perfil de Facebook con más de un millón de seguidores publicaba informaciones no verídicas que ofendían su imagen.

La inquietud por las noticias falsas en Brasil no alcanza solamente a los miembros del poder judicial. De acuerdo con un reciente informe de la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters, Brasil es uno de los países más preocupados por las noticias falsas. Un 85 % de los brasileños está alerta respecto a la veracidad y a una posible manipulación del contenido de las noticias que lee.

El gigante suramericano aparece en el informe por encima de Portugal (71 %) y Estados Unidos (64 %) y lejos de países como Alemania (37 %) u Holanda (30 %), donde el temor a la contaminación informativa es menor. Según Iván Paganotti, investigador de la Universidad de Sao Paulo, hay factores específicos que determinan una vulnerabilidad mayor de los brasileños.

“Existe una población media con baja escolaridad, que no tiene tradición de consumir informaciones, y que tiene dificultades para discernir entre las noticias rigurosas y los rumores o informaciones falsas. Además, el país vive un contexto de hiperpolarización, un escenario que dificulta el debate público y deja todo sujeto a pasiones y odios”, aseguró Paganotti.

Brasil vive un escenario de polarización acentuada desde 2013, año bisagra por las enormes movilizaciones callejeras contra el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), que surgieron como una rebelión contra el aumento del transporte. Tres años más tarde, la grieta se acentuó con el debate alrededor del juicio político a Rousseff y las grandes movilizaciones a favor y en contra.

“Una candidatura puede ser perjudicada por una noticia distorsiva que circula y, en un tiempo corto, acabar decidiendo una elección”, opinó Malini.

En un escenario por demás impredecible, la justicia intenta darle una pátina de certidumbre al futuro de la nación más grande de Suramérica.

Conocimiento. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil, junto la Unión Europea, realizó un seminario para analizar el impacto de las “fake news” en la vida de los brasileños.

Tras chocar por años, AMLO y la élite mexicana se acercan

Credenciales. Los niveles de aprobación que gozó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal están entre los más altos de la historia de dicha entidad: hasta el 85 %.

Tras más de una década de una constante confrontación y descalificaciones, la clase empresarial mexicana y el izquierdista Andrés Manuel López Obrador parecen haber guardado los tambores de guerra y decidido dar paso a una tregua. Y no es que hayan conciliado sus diferencias ni que ahora piensen igual, sino que la razón está más cercana a un cálculo político de ambas partes de cara a las elecciones presidenciales del 1.º de julio.

López Obrador, conocido popularmente como AMLO y quien intenta llegar a la presidencia por tercera ocasión, se ha mantenido desde el inicio de su campaña en primer lugar de las preferencias y a dos semanas de los comicios, aparece en algunas encuestas con una ventaja de incluso dos a uno frente a su más cercano rival, el conservador Ricardo Anaya.
Durante los primeros dos meses de la campaña presidencial, las élites mexicanas –intelectuales y empresarios– repitieron una y otra vez que López Obrador es un populista que podría regresar al país a un pasado bajo un control estatal férreo, como ocurrió en la década de 1970, cuando hubo un gobierno que mantuvo enfrentamientos con la clase empresarial y la política económica derivó en devaluaciones de la moneda, una creciente inflación y finalmente crisis económica.

El izquierdista criticó a algunos hombres de negocios por supuestamente beneficiarse de la corrupción al amparo del poder político e ir contra los intereses del pueblo. En las últimas semanas, sin embargo, ambas partes moderaron sus críticas e incluso se han dicho que están dispuestos a trabajar en caso de que López Obrador gane la presidencia. De hecho, a principios de junio hubo una reunión entre él y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a cuyos miembros había calificado de “minoría rapaz”.

“Se aclararon todas las dudas, se limaron asperezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea presidente de la república”, dijo López Obrador a principios de junio, tras el encuentro con el CMN. Alejandro Ramírez, presidente del CMN, reclamó al izquierdista sus críticas, pero tras el encuentro dijo que si es electo, lo iban a apoyar porque todos quieren que le vaya bien a México. Otros grupos empresariales que alguna vez fueron críticos férreos del político ahora creen que se ha moderado.
“Hemos percibido cómo, paulatinamente, estas posiciones han ido migrando hacia posiciones mucho más abiertas al diálogo”, dijo a la AP Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), un organismo que agrupa a más de 30,000 empresas.

El izquierdista se ha rodeado de algunos economistas con credenciales académicas reconocidas, como Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y quien ha sido consultado para organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial.

“Todos los candidatos que lleguen a una posición electiva, desde el presidente de la república hasta el presidente municipal del lugar más recóndito del país, van a necesitar al sector privado, (de) eso no pueden tener duda”, añadió.

Admirado por las clases populares, a quienes ayudó cuando fue alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 2005 mediante diversos programas de becas, López Obrador ha sido visto con recelo e incluso temor por las élites mexicanas, incluidos los empresarios que históricamente han mantenido una estrecha relación con los partidos que han gobernado el país y que ahora el izquierdista no baja de corruptos.

López Obrador dejó la alcaldía capitalina en 2005 para competir por primera vez a la presidencia. En la campaña presidencial de 2006 enarboló un discurso de “primero los pobres” que dividió a la sociedad. En ese momento sus enemigos políticos lanzaron una campaña que lo pintó como “un peligro para México”.
Perdió por un estrecho margen de escaso medio punto porcentual. En 2012 hizo un segundo intento y aunque intentó moderar su discurso, también quedó en segundo lugar. Ahora, en 2018, ha buscado ser incluso más cuidadoso. Sin embargo, en el inicio de la campaña no dejó de lanzar ataques a empresarios e intelectuales, que critican varias de sus propuestas a las que ven como un eco de un pasado nada benéfico para el país.

López Obrador comenzó su campaña advirtiendo que de ganar revisaría –e incluso echaría atrás– las reformas estructurales que impulsó el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que han sido aplaudidas por varios dentro y fuera de México. Entre ellas está una en materia energética, que por primera vez en más de siete décadas abrió la exploración y producción de crudo a inversionistas privados.
“Sí me causa inquietud… por ejemplo, la reforma energética”, dijo David Arelle, un empresario. “Me dedico a la energía solar… y si se termina la reforma energética, puede haber problemas muy serios en este sentido”.
López Obrador también encendió las alarmas cuando dijo que cancelaría los contratos millonarios del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Varios empresarios lo criticaron, incluido Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y quien tiene participación en la edificación de la nueva terminal. Al paso de la campaña, sin embargo, los discursos han cambiado de tono. El izquierdista ha dicho, por ejemplo, que no sería necesario cancelar el aeropuerto, sino solo impulsar que sea construido completamente por la iniciativa privada.

López Obrador ha centrado su discurso en la actual campaña en la lucha contra la corrupción. Sostiene que combatiéndola se podrán superar varios de los males que aquejan al país, como la pobreza, y se detonará el crecimiento. El izquierdista se ha rodeado de algunos economistas con credenciales académicas reconocidas, como Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y quien ha sido consultado para organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Él es uno de los encargados de intentar tranquilizar a la iniciativa privada.
“Lo que se plantea es hacer un balance más equilibrado entre las actividades del Estado y el mercado mismo”, dijo a la AP. Aseguró que no se planea realizar expropiaciones o nacionalizaciones, y que la revisión de contratos derivados de algunas reformas –como la energética– solo buscan determinar si se realizaron adecuadamente y no al amparo de la corrupción.

“Lo que aprendimos en estos años es que el retraimiento del Estado en la actividad económica, y dejar todo al mercado, dio lugar a un crecimiento económico mediocre y de la pobreza”, añadió. El historiador e intelectual mexicano Enrique Krauze, quien en 2006 escribió un ensayo en el que describió a López Obrador como un “mesías tropical”, ha sido un constante crítico del izquierdista. En los últimos días, sin embargo, suena resignado a su triunfo, pero ha llamado a la gente a impedir que quien gane tenga un poder incontrolable.

“Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso”, dijo Krauze en un video divulgado la semana pasada. “El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente”.

A pesar de los ánimos encendidos que se han presentado en la campaña, hasta ahora no ha habido movimientos bruscos de los mercados ni una caída estrepitosa del peso frente al dólar que hayan sido atribuidos a temores de que gane López Obrador. La moneda mexicana se ha visto afectada más por otros asuntos, como las tensas negociaciones comerciales y las disputas arancelarias de Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de la consultoría Moody’s Analytics, dijo que la relativa estabilidad sugiere que los mercados no han considerado al izquierdista como una amenaza y se están convenciendo de que ganará, además de que ven que tendría contrapesos.

“Si se estuviera viendo como una amenaza real, yo creo que ya los mercados estarían moviéndose muy fuerte y estaríamos viendo decisiones de inversiones pospuestas o retirándose”, consideró.

Un salvadoreño con TPS que piensa volver a El Salvador agradecido con EUA

Nilson Cañénguez.

Nilson Cañénguez enfrenta la posibilidad de tener que regresar pronto a su país, El Salvador, tras residir 20 años en Estados Unidos. Pero no se irá con las manos vacías ni molesto.
El padre de tres hijos que llegó a este país prácticamente sin nada volverá como el propietario de una empresa constructora con docenas de empleados, la capacidad de adquirir dos propiedades en su país y jubilarse parcialmente a los 45 años de edad.

“Antes de venir a Estados Unidos, yo estaba pobre”, dijo Cañénguez, un importante empresario de la numerosa comunidad salvadoreña en los alrededores de la capital estadounidense. “Ahora no es que sea millonario, pero sí tengo las comodidades para vivir mejor que como vivía antes”, agrega.
El gobierno de Donald Trump puso fin al estatus migratorio temporal –conocido como TPS, por sus siglas en inglés– de Cañénguez y otros 400,000 inmigrantes de varios países, bajo el argumento de que el beneficio no debía ser permanente.

Desde luego que Cañénguez preferiría permanecer en Estados Unidos, pero dice estar listo para volver voluntariamente a su país un mes antes de que su TPS expire en septiembre de 2019.
“No guardo ningún resentimiento contra Estados Unidos o contra este gobierno. Las leyes están y hay que seguirlas”, dijo.
El fin del TPS para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán ha generado pánico y desesperación en numerosas familias. Algunas consultan con abogados las opciones que tienen para regularizar su estatus migratorio y permanecer en Estados Unidos, mientras que otros, como Noé Duarte, un albañil salvadoreño de 41 años, planean quedarse sin autorización.

“No digo que El Salvador no está bien, pero no tengo nada allá. Toda mi vida está acá”, señaló Duarte, quien planea mudarse, limitarse a efectuar transacciones en efectivo y deshacerse de un celular inteligente con la esperanza de que un próximo gobierno le permita quedarse legalmente. “Lo que nos queda es huir y escondernos”.

***

SIN GENTE EN LOS JARDINES
Ya de por sí afectadas por una grave escasez de mano de obra, las empresas de jardinería que no se dan abasto con la creciente demanda temen que una redada migratoria en la que fueron detenidas más de 100 personas la semana pasada dificultará aún más convencer al Congreso que permita el ingreso de más trabajadores extranjeros a Estados Unidos para empleos de temporada.

Los propietarios de compañías de jardinería cerca de donde se efectuó la redada el martes en la ciudad turística de Sandusky, a orillas del lago Erie y en la cercana Castalia, dirigida contra trabajadores con documentos falsos en una de las mayores acciones policiales en un sitio laboral en años recientes, dijeron que generó amplia preocupación en el sector.
“Creo que la mayor parte de nosotros estamos haciendo las cosas de forma correcta, pero a todas las compañías les preocupará ser blanco de una redada”, dijo Joe Drake, quien dirige la empresa de jardinería JFD Landscapes en Chardon, también en el norte de Ohio.

Drake, quien mantiene jardines desde hace casi 30 años, estuvo en Chicago la semana pasada reuniéndose con otros empresarios que dan empleos por temporada para intentar elaborar una estrategia que convenza al Congreso de que reduzca las restricciones a las visas temporales H2-B, las cuales son para trabajadores extranjeros que asumen empleos de temporada no relacionados con la agricultura.

“No digo que El Salvador no está bien, pero no tengo nada allá. Toda mi vida está acá”, señaló Duarte, quien planea mudarse, limitarse a efectuar transacciones en efectivo y deshacerse de un celular inteligente con la esperanza de que un próximo gobierno le permita quedarse legalmente. “Lo que nos queda es huir y escondernos”.

Aunque muchas empresas turísticas y compañías que contratan por temporadas fueron excluidas del programa este año, las de jardinería resultaron especialmente afectadas porque se apoyan en el programa más que muchos otros sectores para cubrir labores que dicen nadie más desea realizar.
“No estoy consintiendo violar la ley de ninguna forma, pero necesitamos un programa que funcione”, señaló Drake. “¿Cómo piensa que podrá realizarse este trabajo?”
Este año por primera vez una lotería federal determinó qué empleadores recibirían su asignación de visas, que en un principio se decidió sería de 66,000 trabajadores hasta que el Departamento de Seguridad Nacional anunció hace dos semanas que autorizaría otras 15,000 visas adicionales.
Sin embargo, de todas formas eso deja una escasez, tras la eliminación el año pasado de una “exención para trabajadores que regresan” con la que los obreros podían volver a sus puestos de trabajo sin que ello se tomara en cuenta para el número total de visas.

La cifra de visas temporales emitidas cada año tiende a fluctuar con la economía del país. Y aunque el límite no ha cambiado desde principios de la década de 1990, en ocasiones el Congreso ha permitido excepciones que lo superan.

***

BÚSQUEDA DE PROGRESO
Los beneficiarios del TPS –quienes se hacen llamar tepesianos– han podido subsistir en Estados Unidos. Y algunos, como Cañénguez, han podido prosperar.

En entrevistas en la sede de su compañía y en la casa que adquirió durante 2004 en los suburbios de Maryland, el empresario explicó que no concibe permanecer en Estados Unidos sin el TPS.
“No puedo quedar preso en el país”, indicó.

José Campos, presidente de la Cámara de Comercio Salvadoreño Americana del área de Washington, dijo que Cañénguez es un ejemplo a seguir para su comunidad.
“Es inspirador para cualquier americano, para cualquier persona”, señaló refiriéndose a quien la cámara nombró en 2015 como empresario del año. “Él es la definición del sueño americano”.
Pero Campos advirtió que un 10 % de los 200 miembros de la cámara son tepesianos y que la pérdida del TPS tendrá un impacto económico sustancial para su comunidad.

Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Kansas en mayo de 2017 concluyó que la mayoría de los tepesianos –94 % de los hombres y 82% de las mujeres– tenían empleos; que un tercio vivían en casa propia y que la mitad había incrementado sus estudios en Estados Unidos.

“La idea de que los inmigrantes con TPS son pobres no es así”, dijo Carmen Menjívar, la autora del estudio. “Tienen tiempo aquí, larga experiencia de trabajo y muchos son considerados mano de obra calificada”.

***

SIN REEMPLAZO
Joe Schill, presidente de la empresa de jardinería Green Impressions en Sheffield cerca de Cleveland, no recibió ninguno de los 18 trabajadores extranjeros con los que contaba este año, por lo que se vio obligado a rechazar pedidos de trabajo que le habrían permitido a su empresa ganar unos $300,000 tan solo en abril y mayo.
Intentar hallar quién reemplace a los extranjeros ha sido inútil, dijo. Cinco elementos recién contratados renunciaron la semana pasada, y “lo que queda por ahí no puede aprobar un examen de dopaje”.

“No quiero contratar a tipos que estén en el país ilegalmente. Es un gran riesgo”, afirmó. “Pero créame, puedo entender por qué hay personas que querrían seguir ese camino. Puedo comprender totalmente a esos señores que piensan que pueden vencer al sistema”, agregó.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas indicó que espera aplicarles cargos de robo de identidad y evasión fiscal a los 114 trabajadores arrestados la semana pasada en Corso’s Flower & Garden Center, y que el empleador también está siendo investigado.

Corso’s divulgó un comunicado el viernes en el que dice que le exige a sus empleados que tengan sus documentos en regla y se asegura de que paguen impuestos. Señaló también que si alguien utilizó documentos de identificación falsos para obtener empleo, la empresa no estaba al tanto.
Algunas compañías de jardinería hicieron notar rápidamente que los trabajadores no eran de los que tenían visas H2-B, que son sometidos a revisión de antecedentes y cuentan con autorización legal para trabajar.

Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Kansas en mayo de 2017 concluyó que la mayoría de los tepesianos –94 % de los hombres y 82% de las mujeres– tenían empleos; que un tercio vivían en casa propia y que la mitad había incrementado sus estudios en Estados Unidos.

Los críticos del programa dicen que muchos empleadores violan el espíritu del mismo al cubrir puestos de trabajo que no son temporales ni de temporada, tales como las empresas de jardinería en estados con climas cálidos.
“Así, es más fácil y en ocasiones más barato contratar a personas con visas H2-B de lo que es hallar a trabajadores estadounidenses disponibles”, dijo Jessica Vaughan, directora de Estudios de Políticas para el Centro de Estudios sobre Inmigración, que está a favor de reducir el número de inmigrantes que ingresan al país.

Pero Tamar Jacoby, presidenta de la coalición empresarial ImmigrationWorks USA, dijo que los empleadores en los sectores de la economía que dependen fuertemente de los inmigrantes se han visto “aplastados por falta de mano de obra a medida que la economía se ha recuperado”. A diferencia de otros sectores, las empresas de jardinería pueden apoyarse en las visas H2-B hasta cierto punto, pero de todas formas les cuesta trabajo hallar gente dispuesta a cubrir los puestos.
“Hace calor allá afuera, está húmedo, hay mosquitos, hay zarzas”, dijo Jacoby.

Muchas compañías de jardinería se encuentran en un círculo vicioso porque no pueden hallar suficiente mano de obra en el país, dijo Amy Novak, abogada de inmigración que radica en Colorado y se especializa en visas para trabajadores temporales.

“Realmente no tienen otra opción que disminuir los contratos de negocios que aceptan o usar a trabajadores indocumentados, y esa no es una buena decisión”, señaló.
Las medidas enérgicas para controlar la inmigración podrían darle al Congreso la impresión de que los empleadores intentan aprovecharse del sistema al contratar a trabajadores sin autorización para vivir en el país, señaló Novak, o podrían ayudar al mostrar que los empleadores no logran encontrar a los trabajadores que necesitan. “Debido a la inmigración, la H2-B se ha convertido en una pelota de fútbol política”, dijo Jerry Schill, copropietario de la empresa de jardinería Schill Grounds Management en la ciudad de North Ridgeville, no lejos de Sandusky.

Las empresas que contratan a personas que están ilegalmente en el país solo ayudan a incrementar la percepción negativa que se tiene de los trabajadores temporales, señaló.
“Dificulta mucho más nuestra batalla”, señaló Schill. “Cuando te enfrentas a la adversidad, ello no te da licencia para hacer trampa”, agregó.

***

HACER LA VIDA LEJOS
Cañénguez se crio en San José El Naranjo, un pueblo al noreste de la capital salvadoreña, donde sus padres se afincaron para huir de la violencia generada por la guerra civil que sacudió a la nación centroamericana entre 1980 y 1992. Finalizó la educación secundaria y emigró al Norte.

Con la ayuda de un coyote entró a Estados Unidos. Llegó primero a Los Ángeles y luego a Washington, hogar de la segunda comunidad más numerosa de salvadoreños.
Con conocimientos casi nulos de inglés –idioma que aún le da problemas–, se empleó casi inmediatamente en una constructora y legalizó su estatus cuando Washington determinó que los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos merecían el TPS tras un devastador terremoto ocurrido en enero de 2001. Su esposa y sus tres hijos se reunieron con él posteriormente.
El TPS incluye permisos de trabajo renovables cada dos años y, aunque no desemboca en una residencia permanente –también llamada greencard–, sus beneficiarios pueden explorar alternativas para regularizar su estatus.

Cañénguez asegura que consultó a seis abogados diferentes a un costo superior a los $60,000, sin éxito.
Al dedicarse a la construcción, Cañénguez participó en la reconstrucción del Pentágono tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y en la construcción del centro de visitantes del Congreso estadounidense en 2003. Posteriormente logró reunir el capital necesario para lanzar en 2011 su empresa constructora, que en la actualidad emplea a 250 personas y tiene sede en las inmediaciones de la base Andrews de la fuerza aérea en Maryland.

Quality Construction Logistic Inc. no contrata a personas sin autorización para vivir en el país, tal como Cañénguez estuvo alguna vez, porque la empresa participa en E-Verify, una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que permite a los patronos verificar que sus empleados tienen la autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Cañénguez sostiene que se le ha hecho más difícil conseguir trabajadores porque los estadounidenses nativos suelen preferir otros empleos.
“Siento que el Gobierno tiene que hacer algo para resolver este problema porque no es pequeño”, indicó.

El empresario de hombros anchos supo que podría tener que marcharse cuando Trump resultó electo a la Casa Blanca. Entonces comenzó a construir dos propiedades en El Salvador, una en la capital y otra en su pueblo, y planea celebrar allá su 25.º aniversario de boda cuando regrese junto a su esposa.

Sus tres hijos adultos asumirán las riendas de la empresa constructora. Una hija es residente permanente, mientras que otra hija y el hijo están protegidos de la deportación gracias a un programa para inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños que el entonces presidente Barack Obama lanzó en 2012 y que Trump ha buscado terminar.
Cuando regrese a El Salvador, solicitará una visa estadounidense con la intención de regresar. De no poder, Cañénguez buscará oportunidades económicas en su país y disfrutará de una jubilación anticipada.

“Sigo respetando y admirando siempre a Estados Unidos por la oportunidad que nos da”, dijo.

Críticas. Demócratas han criticado con dureza la recomendación del entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, para acabar con el TPS porque dicen que lo hizo contraviniendo las recomendaciones de las embajadas estadounidenses en estos países.