Los trabajadores salvadoreños que laboran en colonias y comunidades controladas por pandillas se exponen, generalmente, a más riesgos que aquellos que cumplen su horario laboral dentro de una oficina. En este texto, cuatro trabajadores cuentan las amenazas que han sufrido y las estrategias ideadas para poder seguir realizando su función. Ellos se mueven en territorios donde el Estado no tiene el control, y aunque sus trabajos no son considerados de alto riesgo, la realidad de El Salvador se ha encargado de probarles lo contrario.

Arriesgar la vida para ganarla

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas que trabajan fuera de oficina y en comunidades? La respuesta, para la lideresa sindical Sarahí Molina, es simple: “No es raro escuchar que trabajadores que distribuyen productos en las colonias han sido secuestrados por las pandillas. Y ya hay vendedores que han sido asesinados porque el patrón no paga la ‘renta’”, responde.

Molina es la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES). Este movimiento agrupa varias organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores a escala nacional. Ella opina que la violencia social de la que son víctimas algunos trabajadores en sus horarios laborales podrá verse disminuida cuando el Estado se fortalezca en el territorio y garantice la seguridad para toda la población. Esa medida, hoy por hoy, suena a una larga espera.

Mientras, algunos empleados de campo han ideado estrategias personales para disminuir el riesgo cuando trabajan. Y esas tácticas van desde pedir permiso antes de entrar a una colonia hasta aprender a negociar con calma para que un grupo de pandilleros no mate al colega.

Entre enero y octubre de este año se registraron 2,845 homicidios. Las autoridades han presentado esa cifra como un avance en la lucha contra la inseguridad y violencia porque, en teoría, ha ocurrido una reducción del 15.8 % de asesinatos, comparado con 2017. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha brindado datos que hacen que se cuestione la reducción.

La Fiscalía sostiene que las desapariciones han aumentado en El Salvador y, en promedio, se desconoce el paradero de 10 nuevas personas cada día. Solo en 2018 ya van más de 3,000 denuncias de este tipo.

“La situación de los trabajadores cada día va más precaria. Mientras el Estado no controle los territorios, esto va a seguir sucediendo. Por el desempleo que hay, mucha gente acepta un trabajo, a pesar de que sabe que va a exponer su vida”, dice, con pesar, Molina.

El Código de Trabajo establece que los empleadores deben propiciar un ambiente seguro para sus trabajadores, y el artículo 317 de esa legislación considera como accidente laboral todo aquel que sucede “a consecuencia de un delito, cuasidelito o falta, imputables al patrono, a un compañero de trabajo o a un tercero, cometido durante la ejecución de las labores”. Sin embargo, no hay un marco legal que proteja de manera especial a este tipo de trabajadores que se mueven entre comunidades.

“En la parte de la delincuencia, el patrono no tiene la posibilidad de garantizar condiciones específicas para sus trabajadores. Esa es una función del Estado”, asegura José Rodezno, experto en derecho laboral.

Rodezno se desempeñó como director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sostiene que las medidas que los empleadores pueden tomar para proteger a estos asalariados en el contexto de violencia actual no están reguladas en ningún sitio.

“A lo mucho que se podría llegar, estirando un poco el sentido de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, es a limitar el acceso de trabajadores a zonas de mucha criminalidad… pero algo que diga que usted tiene prohibido enviar a un trabajador a un área por su alto índice de criminalidad no existe”, asegura el abogado.

Mientras tanto, cientos de empleados continúan trabajando y combinando su labor con el miedo.

Estos son cuatro testimonios de trabajadores de campo. Ellos brindan su versión sobre cómo es salir a laborar. Ninguno de los entrevistados denunció estos hechos ante la Policía porque consideraron que una denuncia formal los pondría en mayor riesgo. Tres de ellos pidieron que sus nombres no fueran revelados.

Ilustración de Moris Aldana

La locación inadecuada

“Pues se me van de aquí a la mierda. Todos ustedes no tienen nada que hacer acá, saquen estas cámaras”, recuerda Carmen que le gritó un hombre armado mientras intentaba grabar un comercial en Mejicanos. Volvió a ver su alrededor y había otros dos hombres mostrando un arma de fuego.

Carmen es una productora audiovisual que trabaja para distintos clientes. Tiene 28 años y los últimos cinco los ha dedicado a coordinar grabaciones. Como si fuera algo normal, colecciona historias de cómo no le han permitido filmar en ciertas colonias, de tener que pedir permiso a una pandilla para poder elevar un dron o de escuchar disparos cercanos mientras se intenta filmar una entrevista.

El día que la sacaron de Mejicanos lo recuerda con más fuerza porque fue la primera vez que la amenazaron directamente con armas. El equipo técnico, los actores y ella habían llegado a grabar a una colonia que parecía tranquila. Carmen incluso asegura que coordinó con personal de la alcaldía para poder estar en el sitio. Entonces, cuenta, le dijeron que no se preocupara, que era una zona sana.

Esa idea se desvaneció cuando escuchó los gritos. “Toda la gente empezó a agarrar sus cosas y yo me quedé quieta. Después el hombre armado pasó frente a mí, empujándome, que qué esperaba. Teníamos los carros ahí cerquita de dónde íbamos a grabar, pero como nos echaron, empezamos a caminar sin destino”, cuenta. Al final, lograron entrar a una Casa de la Cultura. Ahí se refugiaron hasta que llegaron los agentes del CAM de la zona y los acompañaron a sacar los autos.

Carmen explica que es mejor trabajar en locaciones privadas en lugar de hacer tomas en lugares donde “ponés en riesgo miles de dólares y la vida”. Y es que esos espacios a los que ella se refiere no suelen ser gentiles con extraños. Para poner un ejemplo, cuenta que hace unos meses su jefa de entonces le pidió hacer tomas de dron en el reparto La Campanera, en Soyapango. La tarea era grabar una cárcava.

“Mi contacto en la zona me dijo ‘mire, no vayan a venir, mejor’. Y yo le dije a mi jefa: ‘Nos aconsejan no ir porque acaba de suceder un tiroteo con investigadores encubiertos’. Y mi jefa dijo: ‘Sí, pero necesitamos esas imágenes’. Ella insistía en que las necesitábamos, y yo pensaba ‘¿sí estás comprendiendo que acaban de dispararles?’. Ahí me molesté un montón porque fue (saber) que les interesa más que vayamos a hacer esas putas imágenes cuando está en riesgo nuestra vida”, narra, con frustración, la productora.

En esa ocasión, Carmen decidió no ir y enfrentar las posibles consecuencias. Pero, dice, no puede hacer eso cada vez que una locación es peligrosa. Quiere seguir trabajando en el mundo audiovisual, aunque eso implique correr cierto riesgo. Cuando entra a zonas inseguras, dice, ya le ha enviado las coordenadas de su ubicación a algún amigo a través de WhatsApp. La estrategia, que hasta ahora nunca ha sido necesario poner en marcha, es que si Carmen deja de responder durante media hora, el amigo debe llamar automáticamente a la empresa audiovisual para avisar que ella está en problemas.

Ilustración de Moris Aldana

Contra las púas por una carta

El problema de Édgar Escalante se agravó por su corte de cabello. Édgar es un trabajador de Correos de El Salvador, en la oficina de Santa Tecla. Es moreno y robusto. Rodeado de correspondencia, recuerda la vez en que dos pandilleros le hicieron entender que no era bienvenido en una colonia.
Eran las 11 de la mañana y Édgar estaba acompañado por otros dos carteros en la zona norponiente de La Libertad. Los tres entraron juntos y, pronto, les cuestionaron los motivos de su tránsito por el lugar.

“Primero nos hicieron la llamada de alto, que de dónde son, qué andan haciendo. Luego me dicen: ‘Mira, vos tenés plante de jura’. Y yo le digo que no, que mi corte de cabello así es”, relata el empleado de Correos. Después de eso, recibió su primer golpe en plena calle. “Nos quitaron nuestras pertenencias, se nos revisó el cuerpo y prácticamente quedamos en ropa interior. Fue frente a todo mundo”.

En este salón de correspondencia hace calor al mediodía y más carteros escuchan la historia de Édgar. A ninguno parece sorprenderlo: “Me pegaron la primera pechada y me toparon a un cerco de alambre de púas y, con cada empujón, imagínese lo que me pasaba en la espalda”. De acuerdo con su relato, sus compañeros también fueron empujados contra el cerco y los alambres se les incrustaron en la piel.

“Pasé como una semana con mis golpes”, dice. Una de las personas de esa zona, comenta, reconoció a uno de los carteros y le aseguró a quienes los golpeaban que sí, que ellos trabajaban repartiendo correspondencia. Ese comentario funcionó como salvoconducto. Los tres hombres se pusieron su ropa y salieron. El correo ha dejado de llegar a esa colonia.

Las cosas no parecen ser distintas para otros empleados de Correos. Otras tres personas que trabajan en la institución afirman conocer experiencias similares, en las que se les exige un pago para poder ingresar a dejar paquetes, en las que son perseguidos o en las que sus compañeros son expulsados de las comunidades a punta de pistola.

De estos hechos no hay denuncia. “Entonces es cuando le damos vida a la impunidad porque no podemos denunciar; si lo hacemos, ponemos en riesgo a los demás compañeros, porque nosotros andamos en la calle, damos la espalda a cada rato”, justifica Escalante.

En una pared de la oficina, unas tablas forman los cuadros que dividen la correspondencia por zona de distribución. “La institución, por ley y por normativas internacionales, tiene la obligación de servirle a la población. Los convenios obligan a hacer llegar la comunicación vía escrita a todos los rincones de la república. Es el derecho a estar conectado y comunicado con el mundo”, dice Escalante, orgulloso del trabajo que hace.

Luego aterriza a la realidad salvadoreña y muestra un cajón de madera en la esquina inferior derecha de la pared. “Este cajoncito son lugares a los que no vamos. Nosotros tenemos zonas de alto riesgo y esa correspondencia la ponemos a un lado”, explica. En este trabajo, adaptarse ha implicado idear maneras de contactar a los destinatarios de ciertas cartas y paquetes sin tratar directamente con ellos. “Se les llama por teléfono o se va a puntos de pick up o buses y ahí preguntamos si le pueden decir que tiene un paquete en Correos”. La idea es reducir el riesgo: “No queremos héroes ni queremos mártires”.

Ilustración de Moris Aldana

Desarrollo entre el conflicto

Virginia trabaja desde hace 13 años en proyectos de desarrollo con organizaciones locales e internacionales. Hace un año, cuenta desde una sala de reuniones, su carrera le presentó un reto desgarrador y contradictorio. Debía formar a las mujeres de una comunidad en prevención de violencia de género. Sin embargo, para conservar el permiso de la pandilla para dar la charla, debía acatar la regla básica de convivencia en esa comunidad de San Salvador: ver, oír y callar. Y lo que había que callar no era sencillo. Virginia sostiene que en esa comunidad, era de conocimiento general que un pandillero abusaba sexualmente de una niña de 12 años.

La primera vez que Virginia llegó a esa comunidad, no fue bienvenida. Un cabecilla de la pandilla, asegura, la sacó. “El líder comunal empezó a reclamar que quién era la coordinadora de esa charla, que quién me había autorizado. Me dijo que me fuera. Nos reunimos en otro lugar con los asistentes y pregunté qué pasó. Y resulta que el presidente de la junta directiva es líder de la pandilla”.

Para poder realizar su trabajo, Virginia tuvo que volver al lugar del cual la habían sacado y solicitar que el mismo sujeto la escuchara. “Lamentablemente, me tocó hacer negociación con este señor, presentarle a él el proyecto, explicarle de qué se trataba. El proyecto estaba enmarcado en prevención de violencia contra la mujer, pero yo no le dije que el tema era ese. Le dije que era promoción de derechos”, confiesa.

El líder le puso tres condiciones para poder impartir las charlas: “Me prohibió que llegara sin avisar, me prohibió que usara el término violencia y me prohibió que llegara con gente de la alcaldía”. Solo con ese aval solucionado pudo realizar sus capacitaciones en la comunidad.

“Lamento que vivamos en un país donde a muchos técnicos nos toque negociar con el crimen para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para comunidades completas”, dice con un atisbo de enojo en la voz.

En el transcurso de esas charlas fue que escuchó por primera vez sobre el caso de abuso sexual infantil que ocurría en la zona. “Si la niña se quejaba o lloraba, la sacaban desnuda a la calle”, recuerda.

Las experiencias laborales anteriores en proyectos de desarrollo comunitario no habían sido más esperanzadoras, acepta la experta. Luego pone de ejemplo el caso de un representante comunal que fue asesinado, en teoría, porque no colaboró con la pandilla local en un robo. También cuenta que promotores de salud con los que ella trabajaba han sido asesinados en los últimos años. Para Virginia, su trabajo parece estar ligado a la tragedia.

En otra ocasión, recuerda, estaba impartiendo una charla sobre salud sexual y reproductiva que tuvo que ser interrumpida por una balacera a pocos metros. “Uno de los jóvenes solo me dijo ‘agachémonos, que no nos vean en las ventanas’. Al final todos se quedaron en el piso y una de las ventanas estaba medio abierta. Cuando yo quise pararme para ir a cerrarla, logré ver que sacaron de una casa a un señor y lo estaban desnudando. Le quitaron toda la ropa, buscándole algún tatuaje”.

Mientras Virginia observaba por la ventana lo que sucedía afuera del aula, uno de los estudiantes le rogaba: “Apártese. No quiero que nos vayan a ver. Ellos me tienen prohibido participar en estos proyectos”.

Así, estos 13 años de experiencias entre balas, asesinatos de conocidos y amenazas le han valido a Virginia para caminar alerta. A pesar de que la naturaleza de algunos de sus trabajos le exigen llevar un diario de campo, ella solo toma notas de lo que ve en las comunidades hasta que se siente en un lugar seguro. Ahora estudia con más detalle la ruta a tomar dentro de las colonias para no mostrarse perdida, dice que jamás saca el teléfono de su bolso mientras trabaja y recuerda otra medida de seguridad importante que ha decidido para sus proyectos: para evitar confrontaciones, es mejor nunca coordinar seguridad con la Policía Nacional Civil (PNC).

Virginia ha decidido camuflar la mirada ante ciertas cosas: “Si veo una discusión, si veo armas, hago como que no me fijé”. Solo así ha logrado terminar los proyectos para los que las organizaciones la contratan.

Ilustración de Moris Aldana

El peligro del gas

Durante tres años, desde 2015, Jaime trabajó como motorista de una empresa repartidora de gas propano. En sus trayectos no solo se encargaba de llevar el producto, sino de cobrarlo. Usualmente lo acompañaba en su viaje un vigilante y los ayudantes. Parecía que todo estaba bien calculado para no correr ningún peligro a pesar de entrar a colonias con alto nivel de criminalidad, pero pronto se daría cuenta que no era así.

“Llega uno de mis ayudantes pálido y me dice: ‘Mirá, allá tienen los bichos en el pasaje a aquel’”. Jaime cuenta que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pandilla de la zona habían detenido al ayudante que entregaba los tambos de gas. El trabajador, de unos 22 años, era nuevo. Tenía una semana de haber empezado. Jaime le pidió al grupo que lo dejara ir, pero los muchachos respondieron que no.

Al ayudante le habían quitado la camisa, la cartera y hasta los zapatos, asegura Jaime. Preocupado, pidió que arreglaran la situación y la respuesta que recuerda haber recibido fue una muy simple: “O te vas sin él o no te vas”.

Jaime ya había visto noticias de otros repartidores de gas asesinados, incluso hoy todavía tiene en su celular la noticia del asesinato de otro vendedor de gas con quien tenía una amistad. Sabía que la amenaza era real. Se dio la vuelta y pidió a la vendedora de gas de la zona que intercediera. La señora llamó a alguien, que él asume era de la pandilla, y esa llamada fue suficiente para que el grupo accediera a negociar. “La onda está que nos das 80 bolas (dólares) y te damos tranquilo al bicho”, le respondieron.

Jaime no contaba con ese dinero de su propia bolsa. El dinero que tenía provenía de la venta de los tambos. Así que llamó a su jefe para explicarle que sacaría $80 de la ganancia del día.

“En esa situación, los jefes creen que uno es el que se presta o que uno lo hace por sacarle dinero a la empresa. Yo le llamé, y le dije: ‘Mire, aquí está este chamaco y lo tienen en un pasaje en la San Ramón y $80 quieren por dejarlo ir’”. Su jefe puso un poco de resistencia, asegura, y le pidió que negociara con la pandilla, que cómo era posible que quisieran más dinero si ya pagaban “renta”.

Jaime, exasperado, le dijo que mejor le entregaría el teléfono a los pandilleros para que negociaran con él a distancia. Él recuerda que, ante esa posibilidad, su jefe se negó y aceptó que se pagaran los $80.

Él sostiene que en los tres años que trabajó para la empresa repartidora de gas, fue constantemente amenazado, extorsionado y robado. “‘Al rato me van a matar, yo ya no voy a venir acá’, decía yo. Pero te ponés a pensar: tengo que pagar casa, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar recibos… y vos decidís que tenés que hacerle huevos. Al final, tenés que aprender a tratar con ellos. Yo tuve una de las rutas más cabronas. Pero ¿qué hacía? Pasaba en alguna tienda, compraba dos gaseosas y una caja de cigarros, y cuando ya veía que el bicho venía saliendo del pasaje, ya sacaba la soda y la caja de cigarros. Te los empezás a ganar”.

A finales del año pasado se cansó. No tenía otro trabajo, pero renunció. No podía seguir pensando que su vida corría peligro: “Me afectaba. Yo pensaba que en cualquier momento, alguien podía venir y, sin mediar palabra, me mataban y ya estuvo. Y en las noticias iba a salir ‘matan a repartidor de gas en tal colonia’. Parte sin novedad”.

 


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