A un año del acuerdo, la paz sigue esperando

Cuando el envejecido comandante Rodrigo Londoño firmó el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo para que sus tropas abandonaran la guerra, el mundo creyó que Colombia había alcanzado el mejor mecanismo para acabar con el conflicto armado más antiguo de América Latina.
Pero un año después, la esperanza ha empezado a decaer.
Los fusiles de las FARC quedaron atrás, pero más de la mitad de sus combatientes han abandonado las zonas de desarme, desilusionados por la falta de proyectos para su paso a la vida civil, según Naciones Unidas.
“Eso es exactamente lo que no se quiere en un proceso de paz”, dijo Dag Nylander, representante en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC por Noruega, país garante junto a Cuba. La desmovilización de los más de 11,000 excombatientes en solo seis meses fue un “logro enorme”, pero insuficiente para llevar el acuerdo a puerto seguro.
“Si Colombia no actúa ahora este proceso no será el ejemplo que muchos habían pensado que se estaba dando al mundo”, agregó Nylander en entrevista con The Associated Press.
El viernes, durante un acto en conmemoración del primer aniversario de la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos y Londoño coincidieron en que no se va claudicar en la meta de paz.
“Este proceso de implementación de la paz tiene dificultades, tiene retos, pero vamos avanzando, trabajando bien y siempre uno puede ver el vaso medio lleno a medio vacío. Hay unos que siempre están interesados en verlo medio vacío, pero la verdad es que va medio lleno y el reto es llenarlo cada vez más rápido”, señaló el mandatario.
A su vez, Londoño sostuvo: “Un año después… transformados en partido político legal, habiendo cumplido completamente con la dejación de las armas y con la satisfacción plena de haber honrado la palabra en cada uno de los compromisos adquiridos nos presentamos ante la sociedad civil para reiterar nuestro compromiso con la paz y la justicia social”.
Por la tarde Santos y Londoño mantendrán un encuentro, en un lugar no confirmado, en el que analizarán varios aspectos del acuerdo de paz.
Para las Naciones Unidas, que verifica el proceso de implementación del pacto, la seguridad es lo que se debe solucionar con mayor urgencia.
Tras la retirada de las FARC como grupo armado y autoridad, muchas zonas del país viven una guerra de bandas por el control del narcotráfico. Con la retirada de un actor clave en el control territorial se triplicó la superficie de cultivos ilícitos desde 2012, cuando iniciaron los diálogos, pese a los esfuerzos del Gobierno por erradicar la coca y difundir programas de agricultura legal.
Mientras el índice de homicidios a escala nacional se mantiene en mínimos históricos, en zonas tradicionalmente dominadas por las FARC los asesinatos aumentaron 14 % en la primera mitad de este año.
Tumaco, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país y uno de los principales puertos de exportación de la cocaína, es la muestra más clara de las nuevas luchas de poder con la presencia de grupos disidentes de las FARC –que siguen reclutando combatientes–, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla del país tras el desarme de las FARC y que está actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno.
El mes pasado siete campesinos cocaleros murieron en Tumaco en enfrentamientos con la policía durante una manifestación contra la erradicación de cultivos. En todo el país, 61 activistas por los derechos humanos han muerto en lo que va del año, frente a los 52 del año pasado, según Naciones Unidas. Ya en 2016, ante la firma del acuerdo de paz, esa persecución se había disparado.
Tumaco es también uno de los principales focos de las disidencias de las FARC, que ya conforman varios grupos y aglutinan en todo el país a un millar de exguerrilleros que no ven en el desarme un futuro viable, según varias organizaciones internacionales.
La fragilidad del pacto en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17 % de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido aprobadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.
El 1.º de diciembre expira la vía rápida que tiene el Congreso para aprobar estas leyes. Ya han sido avaladas reformas difíciles como la Ley de Amnistía para los presos rebeldes y la creación del partido de las FARC, ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; pero aún falta que avance un elemento clave y que para muchos es el núcleo del acuerdo: la llamada Justicia Especial de Paz, que juzgará a los actores del conflicto armado.
“Sin la justicia transicional en su lugar, el acuerdo entero fracasará”, dijo Nylander, que culpó de la lentitud a la dinámica electoral del Congreso.

La fragilidad del pacto en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17 % de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido aprobadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.

El presidente Santos, galardonado con un Nobel de la Paz por su empeño en acabar el conflicto, admite que la tibia recepción de los acuerdos no es sorprendente tras medio siglo de enfrentamiento armado, 250,000 muertos y millones de desplazados.
El año pasado, el pacto con las FARC fue rechazado en un plebiscito por la mitad de la población, lo que forzó a Santos a tomar la impopular medida de aprobar en el Parlamento un acuerdo modificado.
“Los mejores acuerdos de paz son los que dejan gente insatisfecha de los dos lados”, dijo. “Algunos ya quieren firmar el certificado de defunción de los acuerdos, pero hay que tener en cuenta que construir la paz toma tiempo y que en menos de un año la implementación en Colombia está más adelantada que en otros acuerdos de paz”, añadió.
Santos, sin embargo, es optimista de que su coalición en el Congreso –favorable a la paz– se mantendrá el suficiente tiempo para blindar el pacto ante un eventual viraje político en las próximas elecciones presidenciales.
Pero sobre todo en las filas de los excombatientes temen que se caiga lo acordado. Para Imelda Daza, número dos de Londoño para las presidenciales de 2018, el balance de un año de paz es “fatal”.
“Los excombatientes no se sienten seguros, sienten que el Gobierno no está cumpliendo nada”, dijo. “Hoy, tal como están las cosas, corremos el riesgo de devolvernos a la conflictividad”, agregó la histórica líder de la izquierda.
Para Bernard Aronson, el enviado del expresidente estadounidense Barack Obama a los diálogos de paz, el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC ha sido el más ambicioso de la historia del país. “Ahora la guerra ha terminado y nadie piensa que volverá a empezar”, dijo a la AP.
Este proceso ha ahorrado a Colombia la muerte de 2,796 personas, sobre todo guerrilleros y militares, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto que monitorea el cese al fuego.
“Era inevitable que, dadas las complejidades, la implementación tomara mucho tiempo y fuera más lenta de lo que la gente quiere”, afirmó Aronson. “Es inevitable que haya frustraciones dadas las altas expectativas… (el acuerdo) no iba a convertir Colombia en un paraíso”.