Cansados de llorar y de esperar que las instituciones del Estado den con sus hijos desaparecidos, en Bolivia hay padres que están arriesgando sus vidas al meterse en las entrañas de la trata y tráfico de personas. Desde 2012 hasta julio de 2017, el país registró 3,000 casos. Solo el 1.3 % ha llegado a sentencia.

Angustia y soledad, la realidad de los que buscan a sus hijos

Un reportaje de Nelfi Fernández / CONNECTAS

Fotografías de cortesía El Deber

Esperanzas. Antonio Vaca es un padre que, después de un accidente que le ocurrió cuando buscaba a su hija, siente que la vida le ha dado una segunda oportunidad para seguir con su misión.
Sin acompañamiento institucional. Además de enfrentarse al dolor por la ausencia de sus hijos, sienten que el Estado no hace lo suficiente para ponerle fin a su peregrinación.

¡Si sigues buscando a tu hija, te vas a morir vieja %6&$!

Ni había atravesado la puerta del set de televisión donde la entrevistaron por la desaparición de su hija víctima de trata de personas, cuando una amenaza de muerte y un sonido seco de una llamada que se cortaba le laceraron el alma. Lidia Ramos tiene miedo, pero también coraje.

El deseo de encontrar a su hija, Juliva Nina Ramos, desaparecida desde el 10 de julio de 2014, cuando recorría las seis cuadras que separan su casa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la ha llevado a hacer cosas que hasta entonces jamás imaginó. Como ella, en 2014 otras 598 familias en Bolivia quedaban con la vida congelada por el secuestro de sus hijos, víctimas de trata y tráfico de personas, según cifras del Ministerio Público. Desde 2012 hasta julio de 2017 ya se han contabilizado 3,000 casos.

—Salimos a buscarla toda la noche. Fuimos a la Policía a denunciar y me preguntaron cuántos años tenía. Le dije que 21 y me contestaron que seguro se había ido con su chico. Les dije que no tenía ningún chico, y me contestaron con burlas.

Así recuerda Lidia el inicio de su viacrucis. Lo primero que supo luego, por la información que colectó del extracto de llamadas, fue que del teléfono celular de su hija salieron cuatro llamadas a lenocinios (o casas donde se comercia el sexo sin ningún o muy poco control del Estado), en la ciudad de La Paz.

El primer lenocinio estaba ubicado en la calle Cuba, en la zona de Miraflores; el segundo, en la Cancha Zapata; el tercero, en la Capitán Ravelo, y el cuarto, en Sopocachi. Al visitarlos junto con su esposo, vio que el de la Cancha Zapata tenía fachada de gimnasio, pero dentro había ‘señoritas’ atendiendo clientes. No encontró en ninguno a Juliva, pero ahí comenzó a recibir mensajes de texto desde el celular de su hija, groseros y con errores ortográficos. No había duda: Juliva había caído en manos de ‘tratantes de blancas’.
Pidió a la Policía que investigara de dónde venían los mensajes. También que siguieran la pista de los lenocinios. Pero después de tres años y 13 investigadores nunca encontraron nada.

Lidia, entonces, hizo lo mismo que tantos padres: investigar por su cuenta, acercar las pistas a la Policía y a la justicia. Invertir todo su tiempo y dinero en encontrar a su hija. No hubo caso: el Estado no encuentra respuestas a la ausencia. En Bolivia hay una ley, una División de Trata en la Policía y un mandato para que Fiscalía actúe de inmediato en estos casos. Pero los padres que buscan a sus hijos víctimas de trata se encuentran solos en las calles, con fotos de sus seres queridos, investigando por su cuenta. Hay pocos registros de casos y, de los registrados, poca Justicia: de los 3,000 en los últimos cinco años y medio en Bolivia, solo el 39 llegaron a sentencias: el 1.3 %. Además del dolor por la pérdida, los padres padecen la soledad de un sistema que no consigue, por falta de capacidad, de presupuesto o de organización, combatir este delito.

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REINVENTARSE ANTE EL DOLOR

Lidia ha dejado de usar el tradicional sombrero de chola paceña. Ahora lleva uno de mezclilla, color azul, que le oculta hasta la nariz y le tapa el rostro. Camina con la cabeza agachada y, de cuando en cuando, mira por el rabillo del ojo a los costados.
—Tengo que evitar de alguna forma que me reconozcan.

Esta mujer aimara, que apenas concluyó los estudios de primaria y que es madre de otras tres hijas, además de Juliva, ha tenido que inventar sus propias medidas de seguridad y aprender de leyes; infiltrarse en las entrañas del negocio clandestino del sexo y hacer ‘lobby’ con las autoridades de Gobierno; a dar apoyo a otros padres que como ella penan por sus hijos y, ante todo, a ser valiente.

Ariel Ramírez, que desde hace 10 años investiga la violencia sexual comercial contra menores de edad y desde hace seis, la trata y tráfico en Bolivia; conoció a Lidia en un antro de El Alto cuando hacía el trabajo de campo del estudio “Dinámicas de la Trata, Proxenetismo y Violencia Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia”. La mujer de sombrero y pollera, que miraba a las chicas que atendían al enjambre de hombres pululando en ese lugar, no encajaba. “Me acerqué y le pregunté que qué hacía ahí. No quería responder en principio, hasta que le expliqué la razón por la que yo estaba ahí y recién me confesó que estaba buscando a su hija”, dice Ariel.

A medida que uno se va internando en esta zona, van apareciendo más bares, más karaokes y muchas casas de cita que tienen por única identificación un número con luz fosforescente en el frente. Los que saben lo que ofertan estos lugares no necesitan más señal.

En esos prostíbulos, la botella de cerveza cuesta 60 bolivianos (unos $8.5) y viene con derecho a pieza, es decir, con una chica incluida. En 2015 un estudio de la Fundación Munasim Kullakita identificó seis zonas de riesgo en El Alto en las que contabilizó 105 lenocinios, alojamientos, discotecas y bares clandestinos de remate de chicas. Una de esas seis zonas es la 12 Octubre.

La 12 de Octubre se divide en tres niveles que Ariel Ramírez identifica como lo medio clandestino, lo clandestino y lo súper clandestino. Los tres son pobres.

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EN LO UNDERGROUND DE EL ALTO

El viernes 24 de noviembre, Ariel hizo de guía nocturno por este municipio paceño que se encuentra a poco más de 10 kilómetros de la sede de Gobierno. El punto de inicio es el medio clandestino, que comienza en la Ceja de El Alto, por las calles 2, 3 y 4. Allí, hay niños trabajando, karaokes que retumban pero a puerta cerrada, calles atiborradas de comercios de toda clase y una decena de alojamientos a los que suelen ingresar huéspedes con menores de edad.

A medida que uno se va internando en esta zona, van apareciendo más bares, más karaokes y muchas casas de cita que tienen por única identificación un número con luz fosforescente en el frente. Los que saben lo que ofertan estos lugares no necesitan más señal. También se ven a adolescentes en espera de ‘clientes’, a trabajadoras sexuales, a proxenetas apostados en las esquinas, monitoreando a sus víctimas, y a hombres de guardapolvos blancos repartiendo volantes en los que se ofertan chicas: son los que hacen de nexo entre el explotador sexual y la víctima de trata de personas o prostituta que ofrece sus servicios en las mal llamadas casas de citas o lenocinios.

En lo más underground de la 12 de Octubre, cuando ya se ha pasado la calle 5 y en las proximidades de la zona Villa Dolores, hay hombres pululando por las calles poco iluminadas, adolescentes y jóvenes, adultos y ancianos. Unos van, otros vuelven, los primeros lo hacen con prisa; los segundos, con ese aire de satisfacción. También están los que aún visten ropa de oficina, los que cargan aguayo o mochila. No hay una sola mujer por las calles de la zona.

Son las 21:30, el frío arrecia. En una casa de tres plantas, con paredes verdes, en cuya pequeña entrada las luces titilan débiles, las ventanas están tapiadas como queriendo tapar lo que ocurre dentro. Lo mismo sucede en los otros siete lenocinios de alrededor.

Desde ese 14 de julio de 2016 su vida es también un peregrinar. Ha empapelado las trancas de control de los caminos de El Alto, La Paz y Desaguadero con la foto de Juliana. Cree que si hubiera mayor control a los sitios de expendio de bebidas alcohólicas y donde se comercia el sexo clandestino no habría tantos padres buscando a sus hijos. “No queremos promesas, queremos que nos ayuden a encontrarlos”, suplica.

—Ahí adentro hay como 40 chicas. El promedio de piezas que hacen por noche está entre 30 y 40. Y si es nueva… ¡vaya uno a saber!

Pero eso no es todo, agrega Ariel, hay hombres que ofrecen a sus víctimas 10 o 20 bolivianos para tener sexo sin preservativo. Todo esto sucede ante la vista de los vecinos y de cualquiera que se acerque. También de la patrulla policial que esa noche rondaba la zona, pero sin llegar a lo más sórdido de la 12 de Octubre.

El artículo 36 de la Ley 263 Contra la Trata y el Tráfico de Personas instruye a la Policía boliviana a realizar patrullajes de recorrido en lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios y otros, a fin de detectar hechos relacionados con este flagelo que cada año afecta a casi tres millones de personas en el mundo. La Policía está, pero los lenocinios siguen con su oferta como si nada.

No podemos saber cómo llegaron las jóvenes allí ni si todas son víctimas de trata. Lo que sí se sabe es que las redes sociales, especialmente Facebook, son el medio favorito de los explotadores para “captar” adolescentes. Marcos Arce, fiscal que atiende casos de trata y tráfico en Santa Cruz, dice que se ha identificado a redes de bolivianos y extranjeros que utilizan esta vía.

Camino al colegio. Édgar Flores y Nora Abasto son dos padres que sufren por la ausencia de su hija Sandy Luz. Desapareció en septiembre de 2015, cuando fue a su colegio, ubicado cerca del estadio Tahuichi Aguilera, de la ciudad de Santa Cruz.

La ONUDC señala, en su informe de 2016, que los niños representan casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas. De cada tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño. Principalmente, son explotados sexual y laboralmente.

Un informe del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, que funge como Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional Contra la Trata y el Tráfico de Personas, cita a los 2,822 operativos realizados por la Policía y el Ministerio Público en 2016, en toda Bolivia, como una muestra del compromiso del Estado para disminuir el número de víctimas de la trata de personas. Sin embargo, para los padres los informes del Gobierno son solo eso: hojas y hojas con tinta que terminan en nada. Eso piensa Lorenza Hilario, otra madre que busca a su hija de 12 años desaparecida el 14 de julio de 2016, entre las calles alteñas de Juntuma y Atiride D.

Desde ese 14 de julio de 2016 su vida es también un peregrinar. Ha empapelado las trancas de control de los caminos de El Alto, La Paz y Desaguadero con la foto de Juliana. Cree que si hubiera mayor control a los sitios de expendio de bebidas alcohólicas y donde se comercia el sexo clandestino no habría tantos padres buscando a sus hijos. “No queremos promesas, queremos que nos ayuden a encontrarlos”, suplica.

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CANSADOS DE ESPERAR

Niñas víctimas. Lorenza Hilario es una mujer que después de enviudar perdió a su hija. La niña de 12 años desapareció cuando hacía un corto recorrido de la casa de su hermano a la de su madre, en El Alto.

—Mientras hayan lenocinios funcionando, va a seguir habiendo trata en el mundo, familias sufriendo y sueños destrozados, ¿por qué fingimos que queremos vivir bien, si permitimos que hayan estas atrocidades?

María Rita Hurtado, mientras hojea el álbum de fotos de Dayanna Algarañaz Hurtado parada en la ‘Esquina de Dayanna’ en su casa en el barrio San Antonio del Plan Tres Mil de Santa Cruz, dice que desde que desapareció su hija, el 20 de junio de 2015, viene exigiendo a la Policía, Fiscalía y Ministerio de Gobierno tres cosas: controlar los lenocinios, volver a tipificar los casos de sus hijos desaparecidos y ponerse de acuerdo con las estadísticas de trata y tráfico de personas.

En esa esquina, rodeada de fotos de su hija, María Rita repasa su travesía sin descanso. Hubo ocasiones en las que vistió de hombre para ingresar a los prostíbulos, otras en las que administradores de los moteles le tiraban la puerta en la cara cuando llegaba con la fotografía de su hija preguntando si la habían visto. Algunas veces cuando, cansada de tanto caminar, se sentaba a conversar con las chicas de los burdeles, terminaba con el corazón más roto por sus relatos.

Aún no consigue que la desaparición forme parte de los 3,000 casos de trata y tráfico de personas que registra el Ministerio Público desde 2012 hasta julio de 2017, aunque ella ha dedicado los dos últimos años y medio de su vida a buscarla por ese delito. Está como supuesta privación de libertad.

El fiscal que atiende los casos de trata y tráfico de personas en Santa Cruz, Marcos Arce Gandarias, indica que no toda desaparición es trata o tráfico de personas; sin embargo, la ley faculta, de manera provisional, tipificar como trata cuando la persona sigue sin aparecer y se tiene poca o nula información.

Sandy Luz Bella Flores Abasto, que tenía 16 años cuando desapareció de su colegio en septiembre de 2015 en la ciudad de Santa Cruz, es otro de los casos que no está contabilizado como trata y tráfico, pero que su familia la busca por esta causa. Édgar y Nora Abastos decidieron no volver más a la Policía por la falta de interés y empatía. Nora dice que los uniformados les pidieron hacer sus propias averiguaciones.

—Que para poner una denuncia teníamos que saber con quiénes estaba (Sandy) o con quiénes había salido. Que vaya a averiguar yo. No quisieron ayudarme. No fui más. Si ellos no nos quieren ayudar, ¿para qué volver?

La desaparición de Sandy quedó registrada como un extravío. Ahora Édgar, un exárbitro de fútbol del municipio de Warnes y transportista, decidió “tomar al toro por los cuernos” e irse a las fronteras de Bolivia con Perú, Argentina y Brasil, con una cámara filmadora, para buscar a la penúltima de sus cuatro hijos. Dice que no solo irá por Sandy, también por las hijas de los otros padres con los que se ha asociado. Documentará su recorrido, para luego denunciarlo.

¿Cómo eligió esos países? Édgar dice que ha hecho sus propias investigaciones sobre las rutas de la trata en Bolivia que lo llevaron a elegir estos destinos. Está claro: los estudios realizados por el Observatorio Nacional de Trata y Tráfico y por la Fundación Munasim Kullakita indican que Chile y Perú son los países donde las redes criminales llevan a sus víctimas desde Bolivia, para explotarlas sexualmente en las zonas mineras, especialmente. A Argentina y a Brasil las llevan para someterlas a condiciones laborales infrahumanas.

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LE LLUEVE SOBRE MOJADO
Antonio Vaca también se siente como Lidia, Lorenza, María Rita y Édgar: abandonado. Su hija Valeria desapareció cuando tenía 18 años, el 30 de marzo de 2014. Un año y medio después la justicia liberó a la única persona que había declarado tenerla secuestrada.

Al igual que Édgar, indagó sobre las rutas internas de la trata en Bolivia, desempolvó su traje de torero, copió en unos DVD sus aventuras de jocheo de toros, hobby que practicaba desde niño, y se lanzó a recorrer el país. Vendiendo discos compactos (para solventar sus gastos y ayudar con los gastos de su familia) y mostrando la foto de Valeria llegó hasta a Oruro, allí se accidentó y ahora busca cómo recuperarse para seguir su peregrinación.

A Antonio le dijeron que a las chicas que secuestraban en el oriente de Bolivia (Santa Cruz, Beni y Pando) las llevaban al occidente, en la zona andina. Por eso fue a Oruro.

La teniente Gaby Coca, jefa de la División de Trata y Tráfico de La Paz, indicó que los tratantes captan a sus víctimas de oriente y las llevan a occidente o viceversa, las tienen en continuo movimiento con el fin de sacarlas de su zona de confort y complicarles la posibilidad de pedir ayuda.


Todos juntos. Los padres de familia se han organizado para buscar a sus hijos y demandar la ayuda de las instituciones del Estado.

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LA ORGANIZACIÓN COMO RESISTENCIA
Se encontraron en el camino, buscando a sus hijos y se organizaron. En Santa Cruz, María Rita Hurtado le tomó el consejo a un jefe policial que le sugirió reunir a más padres que tenían a sus hijos desaparecidos para visibilizarlos.

La mujer, que ahora también va a los colegios a contar su historia a los estudiantes para que no caigan en manos de tratantes, se dio a la tarea de contactar a los que salían en los medios de comunicación pidiendo ayuda; los organizó y conformaron la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos. En principio eran 25, ahora son 15 activos. Lidia Ramos, que ha hecho lo mismo en El Alto, también forma parte de este grupo.

Hacen plantones en instituciones públicas como la Fiscalía, organizan marchas, se asesoran en los ‘papeleos’ y comparten las fotos de sus hijos, así la búsqueda no es individual y el dolor es más llevadero. Cuando se enteran de que aparecen cadáveres de jóvenes muertas van, no solo pensando en sus hijas, sino en las de todos.

Fue la reacción ante tanta soledad y el desamparo. Porque, dicen, aunque pasaron cinco años de la promulgación de la Ley N.º 263 contra la Trata y el Tráfico de Personas; aunque se creó un consejo plurinacional, integrado por nueve ministerios, dos instituciones públicas, gobernaciones y sociedad civil, y aunque existe una división policial especializada, no tienen respuestas.

El cambio continuo de investigadores policiales, la falta de sensibilidad de algunos agentes y fiscales y los recursos escasos –se han dado casos en los que los policías les piden hasta para la gasolina cuando tienen que salir a operativos– alargan ese estado de vida en pausa, de espera.

Si bien el presupuesto destinado para combatir este flagelo es de 32 millones 582,424 bolivianos ($4 millones 715,328) para la gestión 2016-2020, las instituciones responsables de hacer efectiva la búsqueda, como es el caso de la Policía, no cuentan con el personal necesario ni con los equipos que le ayuden a efectivizar su trabajo, dijeron investigadores que pidieron la reserva de su identidad. Hay casos en los que, como en Santa Cruz, no cuentan con internet para hacer patrullajes cibernéticos.

El mayor Dennys Montaño, jefe de la división de Trata Santa Cruz, señala que con su personal redobla esfuerzos para reducir el número de víctimas. El director de Políticas Sociales de la Gobernación cruceña, Duberty Soleto, informa que su institución entrega 500,000 bolivianos ($72,360) a la Policía para el área de Trata y Tráfico, pero que no le hace seguimiento a la distribución de estos recursos en el interior de la institución verde olivo. Prometió tomar ‘cartas en el asunto’ en la próxima gestión.

En el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales señalaron que el Estado ha desarrollado planes multisectoriales de cara a 2020, protocolos de atención a víctimas y rutas de intervención, así como acuerdos bilaterales entre Paraguay, Brasil, Perú y Argentina y campañas de prevención a escala nacional para combatir este flagelo. Los que mantuvieron silencio todas las veces que fueron requeridos para esta investigación y cuyas instituciones son clave en la lucha contra la trata son: el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante nacional de la Policía, Abel de la Barra, y el fiscal General, Ramiro Guerrero.

Mientras la Policía requiere recursos y las autoridades hacen sus informes, los padres les demandan resultados. Piden sancionar a los explotadores sexuales, controlar los lenocinios y que, por un momento, se pongan en sus zapatos.


Este reportaje fue elaborado por Nelfi Fernández para El Deber, Bolivia, y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA por medio de CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

 


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