Más de 90 miembros de la Policía Nacional Civil han sido acusados por delitos sexuales en los últimos cuatros años ante la Fiscalía General de la República. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones oficiales, prevaleciéndose de su cargo, y contra menores de edad. Testimonios, cifras y expedientes judiciales dan cuenta de un fenómeno al que, según algunos expertos, es imposible conocer en su totalidad debido a una imposición de silencio.

Agresores sexuales que visten de policías

Un reportaje de Moisés Alvarado

Fotografías de Archivo. / Ilustración de Moris Aldana

Abuso. Agresores sexuales que visten de policías. Ilustración de Moris Aldana.

Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia después de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo, la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle.

Ambas pasaron cerca de un grupo de cuatro policías, a los que aquella mujer, que presentaba lesiones leves, puso en alerta. Fue allí cuando la capturaron. Karen fue esposada y subida a la cama de la patrulla policial. Pero esta no tomó el camino habitual hacia la Subdelegación de Izalco, a la que hubiera llegado en apenas unos minutos.

El automóvil, más bien, salió del casco urbano en dirección a la carretera hacia Sonsonate y se detuvo en un punto en esa zona boscosa que rodea al turicentro Atecozol. Según lo narró Karen en la audiencia inicial que enfrentaba por el robo que había cometido en la madrugada, los cuatro policías la bajaron de la cama del pick up para tocarla.

Uno de ellos tomó especial interés en el abuso. El mismo que unos minutos después la obligó a hacerle sexo oral frente a la mirada de sus compañeros. La moneda de cambio era respetarle su vida. Ella, una delincuente, estaba a merced de sus captores, vestidos con el uniforme azul oscuro.

Según la fiscal del caso, Karen no dijo nada de lo que había pasado ni siquiera cuando uno de sus familiares se acercó a la sede policial. Fue hasta que se encontró frente a un juez que decidió contarlo. Se trataba de una joven que hace solo unas horas había golpeado a una indigente para robarle, por lo que lo narrado podía parecer un argumento para aminorar sus problemas.
Pero un elemento poderoso la respaldaba: la novedad de su captura fue reportada en la Subdelegación de Izalco apenas se le aprehendió, alrededor de las 2 de la mañana. Ella y los cuatro policías no llegaron hasta la sede policial sino hasta un par de horas después. No existía ninguna justificación para la tardanza. Eso hizo que los fiscales correspondientes tomaran en serio los señalamientos de la joven.

El caso llegó hasta las primeras instancias de su judicialización y se giraron órdenes de captura contra los cuatro agentes. Estos, sin embargo, quedarían muy pronto en libertad, pues en el juzgado decidieron otorgarles medidas sustitutivas a la detención. Los cuatro fueron trasladados a otras zonas. La Fiscalía remitió informe a la Inspectoría General de Seguridad Pública para que se iniciaran procesos sancionatorios contra los agentes.

“Es lo que pasa en la mayoría de casos. Lo hemos visto en procesos que llevan otras unidades. Al policía se le traslada a otro lugar, o los ponen en labores de seguridad pública, o los bajan de rango, digamos que a los que son investigadores los ponen de patrulleros. Pero una suspensión nunca la he visto. Media vez no haya sentencia condenatoria, no los remueven”, comenta la fiscal del caso de Karen.

Infográfico.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, asegura que la medida del traslado se toma por un tema de “sanidad”, “porque no es conveniente que esa persona continúe allí”. Pero no se puede suspender a un agente sin agotar totalmente una investigación, sin seguir el debido proceso. “Suspender a alguien mientras no se le haya demostrado su falta sería una arbitrariedad”, dice.
Un poco después de un año de iniciado, el proceso de la adolescente se encuentra en el archivo. La razón es simple: Karen, que también debía enfrentar un juicio por el robo a la indigente, desapareció del radar de fiscales y policías. Cuando dieron con uno de sus familiares, su abuela, les aseguró que la menor había migrado a Estados Unidos.

Por eso, no se pudieron completar algunas diligencias esenciales para la causa: el peritaje psicológico y un nuevo reconocimiento en rueda de personas, para que de esa cuadrilla identificara, otra vez, a la persona que la había obligado a introducir el pene en su boca, mientras los otros tres los observaban.

A pesar de que todos eran acusados de cometer el delito de otras agresiones sexuales, era necesario, para individualizar responsabilidades, definir quién de los cuatro se podría enfrentar a una pena de seis a 10 años por haber tenido acceso carnal bucal, es decir, por haber obligado a la víctima a practicarle sexo oral. Los restantes tendrían ante sí condenas de tres a seis años.

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En la calle. La de los agentes, la más numerosa, fue la categoría policial más denunciada ante la Inspectoría General de Seguridad entre 2012 y 2016.

Según esta fiscal de Sonsonate, al menos en la sede de ese departamento son poco frecuentes las denuncias contra un policía por delitos sexuales. En 2016 solo vieron el caso de Karen; hasta esta fecha en 2017, solo se reporta la acusación contra un policía que acosó sexualmente a un joven de 16 en los baños del mercado municipal de Nahuizalco durante un procedimiento.
Sin embargo, apunta, no es porque no suceda nada: Tras un procedimiento, alguna víctima puede quejarse de algún tocamiento inapropiado de un policía, e iniciar con los primeros estadios de una denuncia. Pero cuando llega el momento de acercarse a la sede fiscal para hacer un reconocimiento, ya nadie se presenta.

“La gente no denuncia por el mismo temor, porque la Policía también está plagada de corrupción ahorita, saben que al denunciar ese tipo de delitos pueden verse involucrados en otras cosas peores. La gente considera que no es tan delicado algo sexual si lo comparan con perder la vida”, comenta.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una joven veinteañera de una populosa colonia de Cuscatancingo a la que un policía, en un cateo aparentemente rutinario de 2016, le introdujo los dedos en la vulva, presuntamente para cerciorarse de que allí no escondiera droga. O el de Marina (otro nombre ficticio), una adolescente a la que ese mismo año un agente en Mejicanos obligó a desnudarse por completo, supuestamente para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos. Ambas aceptaron hablar con esta revista con la condición de no revelar sus nombres ni detalles demasiado específicos que pudieran identificarlas. Y ambas dejaron pasar el hecho sin acercarse a alguna instancia para depositar su denuncia. Ya no viven en sus antiguos hogares.

Por lo tanto, no forman parte de las estadísticas que la Fiscalía General de la República ha reportado con respecto a delitos sexuales cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada. Para los primeros, el consolidado desde enero de 2013 hasta marzo de 2017 indica que hasta 96 casos se iniciaron en una sede fiscal a través de una denuncia por este tipo de crímenes presuntamente cometidos por miembros de la corporación. En el caso de la FAES, la cifra es mucho menor: 39.

La tipificación va desde el acoso sexual hasta la violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. No todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que le da su cargo. Varios, sí.

Como el proceso que condenó a Marlon Isabel P. a ocho años de prisión por la violación agravada contra una adolescente de 16 años de edad. Según los hechos que se reconstruyeron en el expediente, Marlon apareció vestido con su uniforme policial en la casa donde residía su víctima, en la que ya había estado para visitar a la madre de esta. A unos metros de allí, sus compañeros de patrulla lo aguardaban.

En la tarde del 30 de diciembre de 2013, el agente se acercó a la vivienda preguntando por la madre. Al comprobar que no estaba, le pidió un vaso de agua a la adolescente. Esta dejó la puerta entreabierta, quizá confiada en que nada podía pasarle con un agente de la autoridad parado justo allí, en el umbral de su casa.

Marlon aprovechó para ingresar. Cuando la adolescente regresó con la bebida, la jaloneó para que entrara al cuarto de la madre; allí la desnudó y la tumbó en la cama. Él también se quitó el pantalón de su uniforme, que ahora servía como perfecto símbolo de intimidación. La nena lloró cuando penetró en su cuerpo, pues nunca había tenido una relación sexual. El llanto y los gemidos de dolor hicieron que el policía parara y, arrepentido, se disculpara para abandonar la casa en el acto. Cuando la madre regresó ese mismo día en la noche, su hija le contó todo.

La señora decidió denunciarlo en la misma subdelegación donde estaba destacado. En el inmueble estaba Marlon ataviado con el uniforme azul oscuro con el que juró servir y proteger a sus conciudadanos. Fue capturado y remitido a una bartolina.

Otro caso en el que un policía se aprovechó de su investidura para cometer un delito sexual es el de un agente al que llamaremos Orlando, todavía a la espera de una sentencia en firme. Según la víctima, conocía al imputado desde hacía un tiempo, periodo en el que, constantemente, le insinuó su deseo por ella. Él ya le había dicho que era policía y que podía encontrarlo en una delegación de San Salvador.

La víctima fue capturada en mayo de 2013 en un procedimiento por extorsión y llevada, precisamente, a las bartolinas de esa sede policial. Como uno de los encargados de los reos estaba el agente Orlando. Desde que entró, cuenta la víctima, le dijo que no iba a dejar pasar esa oportunidad para cumplir sus deseos: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”

Tribunales. Entre 2012 y 2016 hubo 18 procesos contra policías por delitos contra la libertad sexual. El Estado ha sido denunciado ante la CIDH por ejecuciones extrajudiciales.

A las 9 de la noche de ese día, el hombre, solo vestido con una camisa y en ropa interior, fue a acostarse a la misma colchoneta donde estaba la víctima. Ella, que ya estaba dormida, logró despertarse y le exigió que se alejara. Para su sorpresa, el agente se fue después de no mucha insistencia.

Pero el acoso no terminó allí: más tarde, mientras ella dormía de lado, fue despertada por una mano en su pierna, que la haló obligándola a quedar boca arriba. Era, de nuevo, el policía, quien alcanzó a desabrocharle la pretina de su pantalón para tocarle su vagina. Ella forcejeó y se defendió como pudo, por lo que las cosas no pasaron a más. El acoso, dice la víctima, no terminó hasta que la otra agente que estaba a cargo de la bartolina en ese turno la auxilió, llevándosela al cuarto donde ella descansaba. El testimonio de la señora fue apoyado por el de la mujer policía que también la custodiaba, no punto por punto, pero sí evidenció que la víctima, desde que entró, había advertido su temor hacia Orlando.

Si es encontrado culpable, el policía podría enfrentar hasta a 13 años de prisión, pues se trata de una agresión sexual agravada. El elemento que transforma la tipificación del delito es que la persona que cometió ese abuso era la “encargada de la guarda, protección y vigilancia de la víctima”.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Por eso es interesante cruzarlo con los datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública obtenidos por ORMUSA en su informe “Violencia Institucional contra las Mujeres. Avances y Desafíos”, publicado este año.

El periodo estudiado en dicho informe va desde enero de 2012 hasta marzo de 2016. En ese plazo, la inspectoría abrió 27 procesos administrativos por violación, 29 por agresión sexual y 34 por acoso sexual. Al analizar la información por año, es posible determinar que la apertura de procesos ha venido a la baja: con respecto de los tres delitos referidos, se pasó de 30 en 2012 a 17 en 2015, el último año entero contabilizado en la muestra.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Pero según Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, en el derecho internacional existe una figura llamada principio de unicidad, en el que el Estado responde por los actos que cometen sus agentes dentro de su competencia, pero también al margen. En este sentido, el Estado no puede tener entre sus filas a alguien que vulnera la ley.

 

 

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Esta historia no trata sobre el abuso de un policía en el marco de sus funciones, pero da cuenta de las ventajas que un agente que pertenece a la corporación puede tener a la hora de enfrentar un proceso judicial.

Al policía lo llamaremos Arquímedes, pues el expediente judicial que recoge su caso protege su identidad utilizando solo las primeras letras de sus dos nombres y sus dos apellidos. Arquímedes fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a dos niños de 10 años de edad, quienes no lo conocían antes de que sucedieran los hechos.
El agente, además, se aprovechó de los recursos propios de su cargo para ejecutar los delitos: en tres de las cuatro ocasiones en que abusó de los niños, los amenazó son su pistola de equipo para que se sometieran a su voluntad. Luego aseguró su silencio al decirles que los asesinaría a ellos y a sus familias si contaban alguna cosa.

El agente fue capturado en flagrancia un poco después del mediodía del 29 de octubre de 2013. Ese día, la madre de uno de los niños llamó a la Policía para avisarles que el hombre que, según contaron los pequeños, había abusado sexualmente de ellos en al menos cuatro ocasiones se encontraba nuevamente en el lugar donde se habían perpetrado los abusos, de la misma forma que en las ocasiones anteriores, con su motocicleta detenida a un lado del desolado camino rural. Arquímedes fue liberado tras 72 horas, pero fue recapturado unos días después en la Subdirección de Tránsito Terrestre, la misma en la que servía.

Ya en el juicio, uno de los argumentos utilizados por la defensa para exonerar a su cliente de culpa fue que el imputado no era la misma persona a la que la Policía había capturado en flagrancia el 29 de octubre de 2013. La prueba que sustentaba las palabras de los abogados era el acta de registro de salidas que todo agente debe firmar cada vez que se retira de la sede policial donde labora.

En el acta correspondiente a esa fecha, sostenía la defensa, se reflejaba que Arquímedes había salido a la 1:30 de la tarde, por lo que era imposible que estuviera en el sitio donde se cometían los abusos a la hora en que se dio la captura.

El juez analizó con detenimiento el documento y concluyó que contaba con muchos elementos que apoyaban la tesis de que era falso; porque pudo observar, en un primer vistazo, que había una enmendadura con respecto de la fecha. Allí donde decía “29 de octubre de 2013” también se alcanzaba a observar “29 de diciembre”.

Al juzgador también le llamó la atención que el primer agente que se retiró ese día, el que aparece en la primera posición, indicó su salida a las 3 de la tarde. Arquímedes, que estaba muchas casillas más abajo en el puesto 16, puso como su hora de retirada la 1:30 de la tarde, hora y media más temprano. “Eso está como que en una carrera atlética de 100 metros le diéramos el primer lugar al número dieciséis”, escribió el juez.

Otra explicación a ese detalle la dio uno de los policías que declararon como testigos en el juicio, quien dijo que las actas de salida están en un área de la oficina a cargo del comandante de guardia y que este “a veces se ausentaba”, por lo que era posible que se anotara cualquier nombre sin ninguna supervisión.

La otra irregularidad fue en la rueda de reconocimiento del sospechoso. La defensa alegaba que debía eliminarse esa evidencia, pues los niños no habían identificado a Arquímedes en una primera oportunidad, el 7 de febrero de 2014, sino hasta en una segunda ocasión, justo un mes después.

Para el juez, este nuevo reconocimiento fue necesario porque el imputado, en la de febrero, se presentó al proceso con la barba y el pelo largos, lo que le daba un aspecto muy diferente a aquel con el que lo habían conocido los niños. Desde la Policía se informó que eso ocurrió porque Arquímedes no había podido rasurarse ni cortarse el cabello porque está prohibido hacerlo en el sitio donde guardaba prisión preventiva, las bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre.

 

“Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

 

El juzgador concluyó que se trataba de una artimaña, pues a las audiencias y al segundo reconocimiento sí había podido acudir sin barba y con el pelo recortado. El juez, además, se apoyó en el testimonio de uno de los adolescentes, que aseguró, de manera espontánea, haber podido reconocer a Arquímedes cuando lo capturaron en flagrancia el 29 de octubre de 2013. También aportó variadas descripciones físicas del imputado, sobre todo referentes a su voz y a la complexión musculosa de su cuerpo.

El juez, por tanto, dio por válidos los testimonios de ambos niños, que fueron certificados con multitud de pruebas testimoniales, documentales y con los peritajes físicos y psicológicos, que indicaron que se trataba de infantes abusados sexualmente.

El 12 de septiembre de 2014, Arquímedes escuchó su sentencia: 20 años por el delito de violación en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de uno de los infantes, pues se certificó que había existido penetración anal; 12 más por el de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada contra el otro pequeño, quien manifestó que Arquímedes “le había rozado el pene en medio de las nalguitas”.

La defensa intentó impugnar la decisión, pero la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Santa Tecla, denegó lo solicitado y declaró en firme la sentencia del juez.

 

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Para Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, que un agente se valga de su rango para cometer un abuso tan grande como una agresión sexual es algo grave, pues se sale del marco de lo legal. No hay ninguna justificación. Sin embargo, sostiene, la institución a la que él dirige es una con “una disposición absoluta a investigar”. Algo que contrasta con las numerosas denuncias de víctimas de abusos, que sostienen que los mecanismos disciplinarios de los cuerpos de seguridad están hechos para la impunidad.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), asegura que, entre los muchos casos en los que acompaña la entidad, casi todos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. No hay ni uno solo correspondiente a delitos de abuso sexual, aunque, comenta, eso “no quiere decir que no se estén dando”.

Sí afirma que en el marco de casos de malos tratos o detenciones arbitrarias, en 2017 hasta 14 jóvenes han denunciado que miembros de la PNC han introducido sus bastones en su ano, lo que constituye el delito de otras agresiones sexuales: “No sé si serán los únicos, pero han sido pasajes muy difíciles de confesar por parte de estas personas. La humillación es tanta que la víctima a veces no tiene la capacidad de transmitir todo eso”.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, es difícil conocer en toda su dimensión el fenómeno debido a que está marcado por una imposición de silencio, que se hace más intenso cuando el abuso viene de una figura de autoridad que está armada. “Creo que yo me sentiría menos amenazada frente a un juez que frente a un policía”, acota la experta.

La institución ha realizado una investigación entre 2015 y 2016 que les ha dejado un importante hallazgo, que se repite en los testimonios de varias mujeres, sobre todo menores de edad: que ahora en las comunidades dominadas por pandillas, las mujeres viven en una especie de limbo de fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se enfrentan a los pandilleros, los que tienen cooptado el territorio e imponen su ley: algunas pueden ser tomadas como esclavas sexuales, pues son elegidas, no son ellas las que deciden tener relaciones íntimas con personas de estas estructuras. Por el otro lado, están los policías. Juárez pone un ejemplo y habla de testimonios en los que menores de edad comentan que, al salir de la escuela, hay policías o soldados que las acosan.

Al rechazarlos, cuenta Juárez, los miembros de los cuerpos de seguridad les insinúan que lo hacen porque son la pareja de un pandillero, y toman nota de su identidad y del lugar donde viven: “Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

Un contexto que, al recordar uno de los casos expuestos en estas páginas, hace pensar en la vida diaria como una enorme bartolina, una en la que, como ocurrió con la víctima en esa delegación, un policía le pueda decir a una mujer: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”.

Agresores sexuales.

 


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