Los desaparecidos por uniformados

Ilustración de Moris Aldana

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana de miércoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado.

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qué.

Ese miércoles de julio Bryan y William querían cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia Anémona, en San Martín, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ahí adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los capturó. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.

Maritza es una de las testigos principales de esta situación. Se llama de otra forma, pero la sala decidió proteger su identidad en el documento público del caso. Durante tres años ha repetido con convicción que la Fuerza Armada desapareció a los dos adolescentes.

En El Salvador, la única circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparición es cuando están involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privación de libertad. La desaparición forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdió volumen, no perdió vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el año pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igualó la de los dos años anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparición forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PDDH.

William y Bryan desaparecieron hace cinco años. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participación de personal suyo en alegato de que ese día no habían soldados destacados en el mercado. La negativa no impidió que Maritza, durante más de una ocasión, señalara a la Fuerza Armada como victimaria.

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¿A quién denunciar?

La Policía y la Fiscalía no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada institución maneja sus propias cifras y las estadísticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre sí.

La oficina pública que recibe más denuncias de desaparición forzada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los últimos tres años, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscalía, durante esos mismos tres años se han recibido siete denuncias. Y en la Policía, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta índole.

Que la Policía sea la institución que menos denuncias por desaparición forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal más señalada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuraduría. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.

“Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial”, dice el inspector Wálter Guillén cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. “Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial”.

Doce días después de la desaparición de los jóvenes en San Martín, Maritza asistió a declarar a la fiscalía. Dos años después, también dio su testimonio ante un notario. Además, en diciembre de 2016 declaró lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ningún soldado ha sido acusado.

“El tema de la desaparición forzada es bastante árido y sensible”, comienza por explicar detrás de su escritorio Guadalupe de Echeverría, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía. La fiscal acepta, sin vacilar, que –mediante investigaciones– se ha logrado identificar un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Echeverría sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, policías y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y “proceden posteriormente a ejecutarla”, menciona la fiscal en esta fresca mañana de febrero.

De acuerdo con este análisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigación de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un “patrón”, enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que actúan al margen de órdenes institucionales.

Al inspector Guillén se le cuestiona si dentro de la Policía se han identificado patrones de desaparición de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. “Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribución en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso”, afirma.

Ilustración de Moris Aldana

Los familiares de las víctimas no confían en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverría sabe que eso contribuye a que la denuncia sea mínima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias “realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Policía no lo denuncian. En Fiscalía tampoco y probablemente (el delito) existe”, acepta.

A pesar de no contar con estadísticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscalía niegan la existencia de este fenómeno.

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“Una cifra negra”

A William y Bryan los buscaron desde el primer día en que desaparecieron. Una familiar intentó encontrarlos en el puesto militar un par de horas después de la detención, pero “se le comunicó que personal propio de esa institución no había realizado ninguna captura”, de acuerdo con documentación oficial. A la Fuerza Armada solo le tomó 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.

El 91 % de las víctimas de las denuncias de desaparición forzada de los últimos tres años son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. “Los perfiles son adolescentes y adultos jóvenes desde 17 a 30 años, aproximadamente. De escasos recursos económicos, del interior del país que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas”, asegura la procuraduría.

La abogada que presentó el caso de William y Bryan ante la sala denunció que después de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa María, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que vivían los jóvenes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explicó que la sola presencia de ellos en un lugar “contrario” puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los jóvenes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cuáles son las fronteras que no debe cruzar.

Una semana después de su detención, los padres tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reunió frente al puesto militar de San Martín y protestó. Exigió información. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es inútil y que los coloca en una situación más vulnerable. “Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Policía ni a la Fiscalía. Por temor a las represalias o porque no confían en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra vía. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay algún levantamiento o a los hospitales”, sostiene la jefa fiscal.

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cadáver y, en el mejor de los casos, un herido.

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Las víctimas y la sospecha

Al caer la noche, Alexánder encontró una iglesia donde le dieron comida y resguardo. “Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas los policías”.

Horas antes, Alexánder había ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos policías lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una montaña. Ahí le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alexánder corrió y corrió entre el monte, hasta que encontró una iglesia. Este relato se puede leer en la investigación “Una reconciliación a través de las víctimas”.

“Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”, sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigación fue realizada por la Maestría de Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se inició hace dos años, cuando un equipo de siete investigadores se dedicó a escuchar relatos de víctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigación académica, identificó que la pobreza está relacionada directamente con ser candidato a la desaparición forzada. Usualmente, las zonas más populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, también, son las zonas más estigmatizadas por la autoridad.

“Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los policías se pone en peligro enfrente de los mareros. Están en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los policías es sospechoso para los policías”, dice Zechmeister.

La investigadora logró identificar algo que ella llama “niveles de escalada de la violencia”. En el primer nivel encontró “los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen jóvenes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura física. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra”.

Esta visión, proveniente de la academia, coincide con el análisis que se ha hecho en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí, se ha documentado que cuando las víctimas de desaparición forzada son jóvenes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las víctimas.

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen páginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul –con información de policías– donde se suben fotografías de “pandilleros y ratas eliminadas”.

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campañas en las que se promueve la violencia física y el quebranto de la ley: “Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi”, publicó en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno infértil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios jóvenes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.

Alexánder volvió a desaparecer dos días después de haber sido reencontrado en una iglesia evangélica. Su familia repitió y repitió a los investigadores de la UCA que él no pertenecía a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir quién fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la policía.

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sacó en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Policías antes de que desapareciera. La familia no confía en nadie. No denunciaron.

Ilustración de Moris Aldana

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Sin garantías

“Hay un gran déficit en manejo estatal de estos casos. ¿Qué ofrecía el Estado como protección de víctimas? Una ayuda en granos básicos y una medida de resguardo en casa de protección donde tienen a testigos criteriados”, empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Él habla de un déficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovió un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de jóvenes departía en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada más de ellos. El caso se judicializó, se obtuvo condena y marcó un precedente.

Pero, en la práctica, tanta denuncia no sirvió para encontrarlos. Los familiares de los jóvenes acusaron a agentes estatales ante la Policía, la Fiscalía, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, no pudieron recuperar a los jóvenes.

La denuncia pública a la Fuerza Armada colocó en riesgo a las familias. Y la protección que se les ofreció no era una en la que podían confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadoreño les ofreció vivir en una casa de protección. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se negó. No se fiaban de las autoridades salvadoreñas. Además, habrían tenido que compartir espacio “con testigos criteriados, que son delincuentes confesos”.

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la búsqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.

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El miedo de Maritza

Días después de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompañara al puesto militar en una zona cercana conocida como “Ex-IRA”. Querían ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.

Maritza accedió y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identificó a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos días antes. “Estaba uniformado e inmediatamente entró”, dijo.

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teoría, el reconocimiento se realizaría con fotografías de 29 soldados destacados en San Martín entre julio y agosto de 2014. Maritza no llegó a la diligencia y no se logró identificar con nombre y apellido al soldado señalado.

Aunque faltó al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: “Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la señora, quien narró coherentemente los hechos en su declaración testimonial pero que, además, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos días de la privación de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llevó a cabo por militares, quienes vestían con uniforme camuflado”.

Maritza explicó que había tenido miedo, que por eso no asistió a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permitió que la sala concluyera en marzo del año pasado que “los responsables de tal privación de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada”.

Pedro Cruz, un abogado de la asociación que promovió esta causa ante la sala, aclara que, aunque “el fenómeno de la desaparición, cuantitativamente, está más vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensión profunda”.


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La soledad de la búsqueda

 

Lenguaje, nostalgia e identidad

Quienes migran a otros países corren con mucho problemas, riesgos y peligros que obligan a adoptar mecanismos de defensa a varios niveles. Uno de esos mecanismos es la modificación del lenguaje.

Si se emigra por tierra hacia el norte, una de las primeras recomendaciones que hacen los coyotes es hablar de “tú” y olvidar el “vos” ya que, dentro de las jerarquías migrantes, los centroamericanos somos despreciados. Tutear puede hacer pasar al centroamericano como mexicano, lo que le permitirá cruzar aquel país sin llamar demasiado la atención y evitar encuentros indeseables con las autoridades. Ya puestos en los Estados Unidos, el tuteo servirá para invisibilizar su pertenencia geográfica, que por desgracia está asociada a pandillas y violencia. Así mismo, esa invisibilización puede servir para facilitar su incorporación al mercado laboral y superar los prejuicios que los mexicanos sienten hacia nosotros.

El voseo y los localismos quedan limitados al entorno familiar o de confianza, pero la fuerza del habla y de la costumbre no evitan que, de vez en cuando, se escape algún localismo que otros hispano hablantes no comprenden y que debe ser explicado. Quienes hemos tenido que vivir fuera del país conocemos este problema muy bien. Estandarizamos el uso del español y procuramos adoptar el idioma o localismos del país anfitrión como una manera de integrarnos al medio, pero también porque resulta agotador explicar cada palabra que otros no entienden. Los localismos son intraducibles y lo mejor que se puede hacer para expresarnos es encontrar un equivalente en el idioma local, algo más fácil cuando el país donde se vive también habla español.

Hace poco más de un mes, se lanzó en Twitter e Instagram una iniciativa llamada “Guanaco To English”, un diccionario ilustrado de nuestros localismos definidos en inglés, para que nuestros compatriotas en el exterior, pero sobre todo en Estados Unidos, puedan explicar su aplicación, incluso con ejemplos. Utualito, anantes, tilinte, chambrear, zamaqueón, achís, son tan solo algunas de las palabras que han sido definidas hasta el momento.

Este proyecto ha sido acogido con entusiasmo por miles de seguidores, que además aportan ejemplos y proponen variantes u otras palabras para ser definidas. Resulta útil para explicar nuestros términos, pero sin duda, este ejercicio también cumple otra función. Para quienes viven fuera, es un elemento cargado de nostalgia que los mantiene vinculados al terruño, según puede deducirse en los comentarios de las entradas. El lenguaje es una parte esencial de nuestra identidad colectiva, como connacionales de un país, pero también de nuestra identidad individual, por ejemplo, con las palabras o expresiones que usamos entre familiares o amigos y que tienen un significado íntimo que nos relacionan con nuestros colectivos particulares.

“Guanaco To English” es también un importante esfuerzo para rescatar del olvido algunos vocablos que se escuchan cada día menos, gracias a la colonización que va sufriendo nuestro idioma frente a la globalización y la imposición cultural que ello supone. Los mismos movimientos migratorios han filtrado palabras a nuestro español, sobre todo del inglés, que han sido adaptadas a nuestro quehacer. El “spanglish” es de uso común entre las comunidades hispanas de Estados Unidos y es la alternativa dinámica de un lenguaje que busca adaptarse al lugar donde se vive pero que también insiste en darse a entender.

En El Salvador, la globalización y la migración han impuesto modificaciones al lenguaje, como la tendencia de nombrar a comercios, servicios, actividades y puestos gerenciales o administrativos con palabras o términos del inglés. Runner, food truck, catering, CEO, copy, fitness, two pack, fake news, son algunos de incontables ejemplos.
Casi cada nuevo negocio, programa o iniciativa que se abre tiene nombre en inglés, quizás por moda, pero también como una forma de infundir algún tipo de “prestigio internacional” a lo nombrado. Se comprende cuando la meta es competir con otros proyectos similares a nivel internacional, por medio de internet. Sin embargo, adoptar nombres y términos para negocios estrictamente locales en un idioma que no es el oficial, lleva implícito un menosprecio a nuestro propio lenguaje y cultura.

La población que habla inglés en El Salvador va en aumento y también tiene incidencia en el español que hablamos. Mucha de esa población que aprende inglés de manera autodidacta, sin jamás viajar a países anglo parlantes o por influencia de los familiares que se encuentran en el exterior, terminan hablando una mezcla de ambos idiomas, muchas veces sin conocer a fondo las sutilezas del uso y significado que una palabra en idioma ajeno puede tener o pronunciando de manera literal lo que se lee.

Esto supone un contraste curioso. Mientras nuestros compatriotas en el exterior tratan de aferrarse a su origen y cuidar su identidad en tierras extrañas a través del lenguaje y del rescate o recuerdo de los localismos, acá en el territorio que nos vio nacer y dentro del cual aprendimos a hablar, contaminamos y aceptamos con toda facilidad los términos no solo en inglés, sino también los localismos de otros países, sobre todo los mexicanos. Esto se debe, en parte, a la influencia cultural de la programación televisiva local, que históricamente nos ha inundado con telenovelas y programas producidos en México. No es extraño escuchar a compatriotas que hablan de rolas chidas, morritas, huey, caguamas, órale y otras.

Tomando en cuenta la extensión de América Latina y la variedad de lenguas indígenas que se hablaron y todavía se hablan, no cabe duda de que el español que nos fue impuesto a sangre y espada ha sido enriquecido y modificado hasta convertirse en una lengua expresiva y con carácter propio, que además varía de musicalidad y tono por la pronunciación particular que adquiere en cada país.

No tenemos conciencia de la riqueza, la belleza y la plasticidad de nuestro idioma hasta que nos toca vivir en un país extraño y aprender uno distinto. Quizás, si la tuviéramos, valoraríamos mejor esas expresiones locales que aprendemos desde que somos chichís y comprenderíamos que, al negar nuestros salvadoreñismos, estamos negando una parte de nuestra propia identidad.

La herida de la que estamos hechos

El Salvador está roto. Roto desde hace demasiado tiempo. No hemos querido explorar esa herida de la que está hecho este país. Muy pocos nos interesamos por ella, y los que lo hacemos intuimos que es por ahí, en ese espacio de dolor, vergüenza y culpa, donde están muchas de las claves para salir del infierno en el que diariamente viven miles y miles de salvadoreños.

En esa herida profunda, podrida y descuidada, nacen y crecen niños y niñas, cada día, que se convierten en miles cada año y en millones a lo largo del tiempo. Una buena parte ha fallecido víctima del abandono y de la violencia, otros han huido o viven como esclavos de redes de trata y prostitución. Algunos logran insertarse en algún espacio laboral y otros intentan reconstruir sus vidas fuera de esta tierra; mientras algunos se convierten en delincuentes.

Lo más increíble de este pequeño país es que todos los días podemos ser testigos de la fortaleza de esas miles de personas que, a pesar de las duras circunstancias, deciden sobrevivir, levantarse y hacer lo que tengan que hacer –aunque eso signifique ir en contra de su misma gente– para darle sentido a sus vidas.

Vivimos distraídos de la realidad de los otros. Nos creemos diferentes y algunos piensan que “son los buenos” y el resto los malos. Pero esas diferencias pasan únicamente por cuánto dinero se tiene, por los títulos o cargos obtenidos o por la zona en la que viven y, también, por el color de la piel. Diferencias ridículas en un país tan pequeño, pero que hacen muchísimo daño al tejido social, a la construcción de confianza que debería existir en un lugar con una historia tan común, tan clara y transparente que muestra que todos, indistintamente, tenemos cuotas de responsabilidad, unos más que otros, por lo que hemos construido.

En El Salvador, los paradigmas acerca del trabajo, el dinero, los indígenas, izquierdas y derechas, la vida y la muerte, el color de la piel, entre otros, están presentes en cada uno de nosotros; y los vivimos la mayoría de las veces sin hacernos conscientes de lo que decimos, de las decisiones que tomamos y de cómo estas afectan directa y profundamente a otros. Los salvadoreños nos tomamos a pecho las ideologías y hemos sido y aún somos capaces de matar en nombre de esas “creencias” tóxicas con las que hemos construido el ideario de “nación”.

Los salvadoreños nos distraemos pensando en exceso, hablando en exceso, sin reflexionar, sin evaluar, sin intentar observar, mucho menos comprender la realidad de otros, esos que consideramos tan diferentes y que juzgamos tan fácilmente.

Gritamos que deseamos paz, seguridad y trabajo. Pero nos olvidamos que esas tres aspiraciones son imposibles si para obtenerlas tenemos que aprovecharnos de los demás; si tenemos que sacrificar a muchos para el beneficio de pocos. Si construimos muros y barreras para creer que así estaremos seguros, cuando en realidad lo que hacemos es aislarnos.

¿Cómo nos humanizamos? ¿Cómo entendemos en profundidad que detrás de cada persona, cada empleado, cada socio, colaborador o aliado hay historias personales de dolor, de lucha, de ilusiones? ¿Cómo entendemos que detrás de cada mujer y de cada hombre, con los que entramos en algún tipo de relación, existen hijos, familias que requieren atención, tiempo, compañía y respeto, y que sin esa dedicación las familias se diluyen y se dañan, y con ese daño estamos sembrando más dolor en esta sociedad? ¿Cómo entendemos de una vez por todas que solo el trabajo y solo el dinero no construyen tejido social, no alimentan las buenas relaciones, si detrás de ellos está el estrés, el esfuerzo extremo, el maltrato y el irrespeto?

¿Cómo reconstruimos a esta nación?

Acceso, inclusión y alfabetización digital

Recientemente, y por temas laborales, me he encontrado navegando entre artículos, estudios e información relevante sobre brecha, inclusión y alfabetización digital. Temas muy vinculados al acceso a internet y tecnologías de información en el mundo digital.

Chile es uno de los países con mayor penetración de internet en América Latina, supera el 90 %. En el caso de Centroamérica, El Salvador cuenta con un 55 % de penetración, según información de un estudio presentado hace un año atrás. Claramente, la masificación de los teléfonos inteligentes y las tecnologías 3G y 4G han contribuido enormemente a democratizar el acceso a internet, aunque aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar tasas más cercanas al 100 %.

Anteriormente, las barreras de acceso no eran únicamente de precio, sino también de infraestructura tecnológica. Sin embargo, El Salvador ha logrado ir avanzando hacia una suerte de transformación digital en una etapa incipiente.

Dicha transformación digital es una urgencia para las empresas, que reconocen que al no incorporarse rápidamente a esta ola quedarán obsoletas o perderán clientes y negocios. Sin embargo, esta urgencia digital es también un requisito para las personas: la tecnología y la digitalización se hacen indispensables para vivir en el mundo de hoy, no solo a nivel de comunicación y socialización –con las redes sociales y el WhatsApp– sino también para fines educativos, laborales, pero también cotidianos.

La inclusión digital es relevante porque establece una línea base que busca garantizar que no haya una brecha por acceso a las posibilidades del mundo digital. Por ejemplo, evitar que un niño de una zona rural no pueda postular a una beca en el extranjero porque su acceso a internet es muy precario.

Sin embargo, la accesibilidad y la inclusión no son los únicos elementos necesarios. Es aquí donde se suma un tercer proceso: la alfabetización digital, que consiste –muy resumidamente– en saber usar los medios digitales, no solo a nivel de funcionamiento, sino también de contenido.

No solo se trata de saber utilizar un aparato digital, sino de comprender y aplicar cómo ese uso puede hacer que nuestra vida mejore o que seamos más productivos y eficientes gracias a esto. Siguiendo con el ejemplo del niño: no basta con que tenga acceso a internet, sino que, además, debe saber cómo encender la computadora, navegar en la web y, luego, comprender cómo hacer su aplicación a la beca.

Es decir, hay muchos procesos que rodean la transformación digital en términos de infraestructura, pero también de usabilidad. Por tanto, tenemos ante nosotros un importante desafío que involucra diversidad de actores públicos y privados que, al unir esfuerzos y alinear objetivos, seguramente terminarán por beneficiar al país.

La transformación digital es un fenómeno mundial. En Latinoamérica, nos encontramos en pleno proceso de implementación de tecnologías e infraestructuras digitales. Por otra parte, las empresas están iniciando o viendo los frutos de sus primeros esfuerzos de transformación.

Por otra parte, no debemos perder de vista que es un proceso transversal: impacta a las empresas, a las instituciones y también a las personas. Y es a estas últimas –sobre todo a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica– a quienes mayor apoyo hay que brindar, sin perder de vista que la inclusión y alfabetización digital se pueden convertir en aliados para generar oportunidades y mejoras en su calidad de vida.

Carta Editorial

A cada persona desaparecida la cubre un grueso manto de impunidad que permite que todos los días desaparezcan más y más y más. Esta es la segunda de las entregas que cada último domingo del mes vamos a dedicar a esta búsqueda interminable.

En nuestras leyes, la única desaparición considerada como delito es en la que están involucrados los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Esta es, justamente, la que menos se denuncia.

La razón de este fenómeno no se puede adjudicar solo a que no se comete. Al contrario, representantes de cada institución consultada para este reportaje reconocen un considerable subregistro de estos casos.

Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir. El resultado es que la cultura de denuncia es débil, no termina de asentarse. Y la situación se complica más cuando es al mismo Estado al que hay que denunciar como violador de las leyes que debería respetar y hacer respetar.

La periodista Valeria Guzmán profundiza en ese oscuro mundo en el que el ciudadano está solo, esa realidad alterada en el que no hay nadie fiable a quien pedir seguridad y justicia.

Hay familias para las que las búsquedas nunca acaban. Y El Salvador, aunque es el país más pequeño de América continental, es todavía demasiado amplio como para encontrar sin ayuda a un desaparecido.

Estas familias mantienen en el presente a sus seres queridos. Van de aquí para allá con los retratos, los nombres, el tipo de sangre, las señales que puedan ayudar a identificarlos. Pero son ellos contra el aparato estatal. En una región que da a luz toda clase de tragedias todos los días, ellos y sus dramas de incertidumbre y angustia casi nunca se ven. Y, si llegan a llamar la atención, lo hacen a la luz del prejuicio y la criminalización de la falta de recursos.

“Desde mi niñez tuve que trabajar para ayudar a mi familia”

¿Cómo fue su primer día de trabajo?

No puedo describir un día en específico, porque desde mi niñez tuve que trabajar para ayudar a mi familia. Fue duro, porque lo hice sin estudios, sin recursos y en una extrema pobreza. Era muy difícil que alguien me diera una oportunidad, pero Dios siempre me abrió las puertas y me dio la fuerza y voluntad para luchar día con día.

¿De qué se siente satisfecha?

De las bendiciones que he recibido al haber sacado, con mucha lucha, a mi familia adelante. De tener una familia unida, con buenos valores y saber que puedo contar con todos ellos para seguir adelante, segura de la capacidad de cada uno de ellos.

En tres palabras, ¿cómo se describe?

Servicial, luchadora, visionaria.

¿Qué la hace sentir frustrada?

La inseguridad, la corrupción y la falta de empleo en el país.

¿Cuál es mejor consejo para alguien que empieza su negocio?

Primero, ponerse en las manos de Dios. Hay que dedicarle tiempo completo al negocio y aprovechar todas las oportunidades que se presenten cada día para poder lograr tus objetivos. Estar a la vanguardia de nuevas herramientas que puedas implementar en tus proyectos. Permitirle a tus hijos y nietos involucrarse en el negocio e inculcarles buenos valores que les permitan actuar con dignidad y prudencia.

¿Qué borraría de la historia salvadoreña?

La guerra.

¿Cuál es el mayor defecto del sector comercio en el país?

La corrupción y la falta de oportunidades.

ÁLBUM DE LIBÉLULAS (216)

1766. PARÁBOLA INVERNAL

Cuando llegaban los meses del invierno, mucha gente del vecindario le ponía atención al riachuelo que cruzaba en medio y que parecía ser pacífico por naturaleza. Nunca había pasado nada, pero quién quita. Ellos, que vivían justamente al borde de la pendiente, también esperaban las tormentas con aprensión. Ese año la temporada invernal parecía extrañamente sigilosa, como si no quisiera soltar prenda sobre sus verdaderas intenciones. Aquella mañana, antes de que despuntaran las primeras iluminaciones solares, se dio un retumbo subterráneo, que quizás anunciaba algún brote sísmico. Pero lo que en verdad estaba pasando es que el riachuelo crecía sin explicación visible. Y cuando se desbordó, ellos sacaron su balsa escondida y se fueron con la corriente, que hoy sí les despertaba confianza, porque venía de adentro y no de afuera.

1767. EL MEJOR ENLACE

El amor es la sustancia más volátil que existe, aunque cuando uno lo siente se imagine que está ante un misterio de insobornable solidez. Mariluz miraba a los ojos a Floridor, y esa simple mirada producía en él una corriente de ida y vuelta, que hacía retornar hacia ella todas las emociones acumuladas a lo largo del tiempo. Estaban a punto de hacer un enlace duradero, pero las fuerzas traviesas de la voluntad se les alborotaban de inmediato, impidiéndoles la conexión permanente. Así las cosas, este día ambos se hallan inesperadamente resueltos a no dejar pasar ni un día más. “¿Me aceptas como soy?”, le pregunta él, con voz radiante. “Siempre que tú me aceptes como soy”, responde ella, con pálpito aromado. Él es la luz y ella es la flor. Armonía perfecta, de nombres y de almas. El amor vuela alrededor, ya sin temor a sus propios impulsos.

1768. SALIDA LATERAL

—¿Qué haces ahora, Irene, después de que te fuiste de tu último empleo?

—Trabajo en casa.

—¿Y lo haces en línea?

—No, lo hago con los ojos cerrados.

—¿Cómo así?

—Soy buscadora de fantasmas.

—Entonces, ¿es brujería?

—No. Es servicio de limpieza anímica. Hay gran clientela.

—Ya me imagino. La locura global es tu negocio.

1769. MIGRANTE CON AUREOLA

Cuando las bandas criminales invadieron la zona para imponer su ley sin que nadie se les pusiera enfrente, él, un joven de origen humilde pero con ambiciones ilimitadas, sintió que era el momento de emigrar. Un tío instalado en el Norte desde hacía mucho le ofreció pagarle el costo del ingreso sin documentos. Así ocurrió. De una colonia en las vecindades soleadas de Apopa a un vecindario congelado de Wisconsin. Pero no podía quedarse mucho ahí, porque el tío padecía Mal de Parkinson y tenía que irse a vivir con uno de sus hijos. ¿Y él, ahora qué? Se puso a trabajar en un restaurante de comida rápida. Y ahí, en la cocina, conoció a Amalie, inmigrante de otra latitud. Entre los olores y los sabores se instaló aquel suspiro mutuo. Ella tomó la iniciativa de besarlo, luego del beso él exclamó: “Gracias por la saliva mágica. ¡Sobreviviremos!”

1770. OPERACIÓN CLANDESTINA

Desde el primer momento se sintió vinculada a él por un lazo que era aún más fuerte que los lazos de sangre. Y, sin que hablaran de ello, él sentía lo mismo. Armonía subliminal hubiera dicho un experto en misterios psíquicos. Se veían casi clandestinamente, porque las condiciones del ambiente así lo determinaban –vivían en una comunidad donde dominaban dos pandillas contrapuestas–, y siempre en lugares escondidos que favorecían la intimidad. Una intimidad que, contra todo lo que hubiera sido presumible, nunca se daba en el plano físico. Y es que ellos, por sus respectivas naturalezas anímicas, se asumían más como almas que como cuerpos. Aquello no tenían que decírselo a nadie, precisamente porque era una convicción y no un secreto. Así les llegó el punto en que todo los impulsaba a hacer vida en común. La hicieron desapareciendo.

1771. A VECES LO QUE BRILLA ES CENIZA

—Te propongo lo mejor que puedo proponerte.

—¿Boda?

—Es que eso ya no lo necesitamos. Somos uno.

—De todas maneras importan los papeles.

—Sobre todo los papeles en blanco.

—¿Qué quieres decir?

—Que te propongo que escribamos juntos una historia.

—Ah, tus consejeras las libélulas andan por aquí.

—No, no son ellas. Son los restos de las hogueras que nos quemaron antes de conocernos.

1772. LITURGIA SOLAR

Caminaba como siempre por una de aquellas callecitas del viejo Madrid que tenía un nombre grande: calle Lope de Vega. Y lo hacía a diario, en ruta al trabajo en una de los restaurantes de la zona, porque su ilusión cotidiana era ver, aunque fuera desde lejos, a aquel muchacho que provenía sin duda de otra zona del mundo. Cada vez lo veía menos, como si se le estuviera ocultando. Pero en ese momento de la mañana, un impulso desconocido la fue conduciendo hacia ese vivero que estaba muy cerca de la plaza de Santa Ana, a la par de la iglesia donde está enterrado Lope de Vega. Entró en el vivero, cuyo nombre es El Jardín del Ángel, y ahí estaba él, con traje de servicio. “¿Eres tú?”, le preguntó, conmovida. Él sonrió. “¿No reconoces a tu ángel de la guarda?” El beso fue inmediato y fragante. Y el sol se abrió paso entre las nubes de invierno.

1773. INTIMIDADES DE LA LUZ

Aquella pareja de jóvenes estaba apenas conociéndose, y a las habilidades del tacto iban sumándole las animaciones de la trascendencia. Parecían seres comunes, y en realidad lo eran, aunque esa normalidad se les apareciera de pronto como una deidad voluntariosa. “Yo soy un enamorado del crepúsculo”. “Y yo una apasionada de la aurora”. ¿Y cuál es la diferencia?” “La aurora nunca duerme y el crepúsculo siempre sueña”. “Ah, entonces son perfectamente compatibles”. “Como tú y como yo”. “Probémoslo, pues, en el lecho de los elegidos”. “¡Qué buena onda”.

¿Cómo se vive San Valentín en la sala de urgencias del Hospital Psiquiátrico?

Fotografía de Archivo

Se sabe que en los hospitales pocas veces se sonríe. Talvez se puede dar un respiro de alivio, o una mirada de esperanza, pero la sonrisa suele ser un gesto que pareció haber sido desterrado de un centro médico desde que se creó el nombre de hospital.

En la sala de espera del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres las caras no son tan diferentes de las que se puede encontrar en otro centro de atención. Basta compararlo con hospitales de gran concentración como el Hospital de Niños y el Calderón Guardia y la retahíla de rostros serios no difiere de gran manera.

Para entrar a este centro médico –ubicado en Pavas, San José– enfocado en problemas de índole mental, un oficial de seguridad es quien controla el ingreso al extenso hospital. El guarda se encarga de levantar una aguja para carros y direccionar a los pacientes al edificio correspondiente.

En la primera entrada a mano derecha, una vez superada la aguja, se encuentra el salón de atención de urgencias. En las afueras, y tras un largo parqueo, reposan tres vehículos de emergencia y se mira el pasar de algunos médicos de un edificio a otro.

Estamos ahí el jueves 14 de febrero, Día de San Valentín, lo que podría hacer creer que es un día intenso para el servicio de urgencias del hospital ante la atmósfera afectiva que se desarrolla en todo el mundo.

Desde las 4 de la tarde ya se encuentran unas 10 personas en sala de espera –entre familiares y pacientes– en un pequeño salón custodiado por un guarda de seguridad y un aparato de detección de metales.

Este es el primer edificio que recibe a los pacientes en el amplio terreno del Hospital Psiquiátrico. En total, son 27 hectáreas que albergan internamientos diferenciados para hombres y mujeres. A diferencia de otros centros médicos, el Psiquiátrico cuenta con largas y grandes zonas boscosas que se intercalan entre los edificios azules y celestes.

“Aquí las cosas son diferentes”, dice Roberth Rodríguez, el oficial de vigilancia al que hoy le toca resguardar la sala de urgencias. “Esto no es un encierro, aquí la gente camina entre los árboles y el ritmo es tranquilo. Uno ve toda clase de gente… Antes yo también veía toda clase de gente en la calle, pero ahora es muy diferente porque uno desarrolla otro tipo de sensibilidad”, confiesa el guarda.

Rodríguez lleva seis años de pasar sus días laborando en el centro psiquiátrico, después de haber trabajado un lustro como oficial de Fuerza Pública.

“Aquí es muy diferente, porque uno aprende un trato especial. Aquí la gente no llega por un rasguño, llega por depresión o problemas psicológicos y uno tiene que saber tratarlos… Oiga, cuidado”.

El oficial interrumpe su discurso al ver a dos enfermeras correr hacia la sala de urgencias. Uno de los pacientes impide ligeramente la entrada a urgencias y Rodríguez le pide que se mueva.

Al minuto, las enfermeras salen con una camilla y unas vendas. “Parece que es un paro”, dice Rodríguez mientras mira a las enfermeras correr y perderse entre la vegetación del hospital.

El oficial se encuentra atento a pesar de que no considera que San Valentín sea un día que sature de forma extraordinaria el servicio de emergencias. “A veces, son los días después de las festividades los que son más difíciles”, reflexiona.

***

El comienzo

Ya son las 5 de la tarde y, tras una hora de calma, dos ambulancias llegan a urgencias tras ser referenciadas de otros centros médicos. Ha aparecido también un vehículo de la Policía Penitenciaria y, además, se encuentra en la sala una enfermera de Liberia que acompañó a un paciente desde el norte del país (el aeropuerto Tobías Bolaños se encuentra apenas a 12 minutos del Psiquiátrico).

En este salón de emergencias hay seis filas de bancas azules, con 18 personas sentadas y un par de hombres de pie. Quien se muestra más adolorida entre los que esperan es una señora de unos 40 años de edad, de pelo café amarrado con una cola. Ella se contrae hacia adelante y hacia atrás sujetándose el estómago.

Motivo. La decepción amorosa es una de las causas más frecuentes de consulta psicológica.

“No me deje salir al perro, no me lo deje salir”, dice la mujer al teléfono. “Espere a que lleguemos para sacarlo, porque yo no sé a qué horas vamos a terminar aquí, ni sabemos qué le va a decir el doctor a ella. Hay que esperar”.

Frente a las bancas de espera un televisor LG proyecta la programación de telenovelas vespertinas de Teletica. Abajo del aparato se encuentra una máquina de bocadillos a la que nadie se le acerca y un letrero con información para los familiares de los pacientes.

“En el servicio de urgencias los pacientes son evaluados a su llegada y clasificados en cinco niveles de acuerdo con la prioridad de su consulta: azul es riesgo vital; y, claro, rojo es muy urgente, amarillo es urgente, verde es estándar y blanco es no urgente”, se lee en el rótulo.

Quienes llegan al servicio de urgencias deben pasar primero a una ventanilla a dar sus datos, después a la preconsulta donde son evaluados y, posteriormente, son atendidos en la consulta regular. Los tiempos de espera pueden variar según la clasificación que se le dé al paciente.

“Es que él era una muy mala persona”, retoma en altavoz la señora al hablar por teléfono. “Está muy afectada, piensa mucho en él, pero él era muy hostigador, insoportable. Ese mae es un vago”, agrega la mujer sin dar contexto.

En la fila contigua a la señora, llegan a sentarse tres personas: dos mujeres de cabello recogido y un hombre de 30 años, alto, grueso y de cabello corto. Ellas murmuran palabras ininteligibles mientras él nada más se sienta. Con una mano se toma la otra mientras que una de las mujeres que lo acompaña le soba la barriga con el propósito de tranquilizarlo.

“Sí, puede ser que le falte agua o algo, pero es que ha estado pensando mucho en ese mae. Y era un vago. Es un vago”, vuelve a decir en altavoz la otra señora al teléfono, a quien posiblemente su llamada le ha superado ya los 15 minutos.

El doctor Obando ha trabajado casi cuatro años en este hospital, y el doctor Donato lleva 10. Ambos no recuerdan una relación estricta entre consultas y fechas del año. En un día como hoy, han atendido a pacientes adultos mayores con enfermedades mentales, algunos pacientes más jóvenes con trastornos psicóticos y un par de casos por “cuestiones afectivas”, como señala el doctor Obando.

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El tiempo pasa

De nuevo, el Psiquiátrico no se exime de condiciones que enfrentan otros centros médicos. Los horarios de espera pueden subir las dos horas (por ejemplo, el muchacho de gorra que lleva una muñequera de atención verde ha sobrepasado hora y media de espera) y estos tiempos crean en la sala de urgencias una propia banda sonora.

Un adulto mayor, vestido con una bata celeste de paciente, cuenta en altavoz cómo conoció a Daniel Oduber y la molestia que le genera el reconocimiento que se le da al expresidente de la república.

—¡Y hasta un aeropuerto y colegio hicieron con su nombre!– le dice un enfermero al señor.

—¡No importa! Él fue malo, yo sé que fue malo y eso es lo que importa. Si me llevan a la mierda por decirlo, ¡que me lleven!– grita mientras el enfermero no sabe cómo reaccionar.

Minutos después, un hombre de unos 40 años se acerca al oficial Rodríguez para externarle una consulta. El sujeto habla pausadamente, se muerde el labio, lleva un sombrero de pesca mal colocado y un caminado tambaleante.

—Perdone, ¿puedo usar el baño de mujeres?– le pregunta con cierto balbuceo.

—¿Por qué, señor?– le contesta Rodríguez.

—Es que está cerrado.

—No, no está cerrado– le responde suavemente el oficial–. Dele un tiempito y ya sale el que está adentro.

El hombre con el sombrero de pesca busca de nuevo su asiento mientras que, a su lado, una mujer canta –con bastante afinación– una canción de música plancha.

Finalmente, el sujeto consigue sentarse junto a una madre y una hija que intentan calentarse con un abrazo. La hija le seca las lágrimas a su madre mientras recuesta la cabeza sobre su hombro.

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Los doctores

A un costado de la sala de urgencias, se encuentran las pesadas puertas que abren paso a las filas de consultorios. Son dos pasillos –uno hacia el frente y otro hacia la izquierda– los que reciben a los pacientes.

Esta tarde, el jefe de urgencias debió retirarse por una emergencia familiar, así que son dos los médicos especialistas que resguardan la sala de urgencias.

El doctor Róger Obando, de camisa de botones y vestimenta casual, se acompaña del doctor Felipe Donato, quien porta una bata verde. Ambos se encuentran de guardia hasta la madrugada en esta fecha que parecería especial para este servicio.

La pregunta para ellos es obligatoria: ¿verdaderamente afecta San Valentín en emergencias?

“Lamentablemente no hay estudios que corroboren que haya fechas del año donde haya mayor o menor consulta”, dice en uno de los consultorios el doctor Obando. “A veces hay otro tipo de factores como desastres naturales, terremotos, que son situaciones especiales y sin duda se siente un mayor flujo de pacientes, pero pensar en fechas como San Valentín o el Día de la Madre no me hace pensar en un repunte. No es como en otros hospitales que, cuando hay época de lluvia, se sabe que aumentan las consultas”.

El doctor Obando ha trabajado casi cuatro años en este hospital, y el doctor Donato lleva 10. Ambos no recuerdan una relación estricta entre consultas y fechas del año. En un día como hoy, han atendido a pacientes adultos mayores con enfermedades mentales, algunos pacientes más jóvenes con trastornos psicóticos y un par de casos por “cuestiones afectivas”, como señala el doctor Obando.

“El flujo hoy es normal, como siempre muy aleatorio. Por ser una fecha asociada a eventos afectivos no es que vayamos a recibir solo alteraciones en este campo. También esta es una fecha que no es tan popular para ciertos estratos y mucha gente no la celebra. No puedo decirle que esperamos situaciones especiales”, asegura el doctor Donato.

“Justamente, ahora estábamos hablando de los casos que se reportaron de 2017 a 2018. No son los datos oficiales, pero atendimos unas 15,000 emergencias y unos 3 mil casos de no emergencia. Todos los días las personas vienen y se requiere un tratamiento. Las enfermedades mentales también deben tener un acompañamiento médico y es importante que la gente lo tenga claro”, dice el doctor Obando.

“La atención acá es a personas que tienen un sufrimiento que no es físico”, agrega el doctor Donato. “Hay gente que no comprende que es un sufrimiento que igual debe ser tratado. A mí siempre me apasionó el funcionamiento de las personas y aquí estamos para ayudar. El hospital nunca cierra, el flujo es constante y es importante visibilizar y quitar los mitos en torno a los trastornos de este tipo”.

Afuera del consultorio de los doctores, se escuchan aviones que despegan del aeropuerto Tobías Bolaños.

Un muchacho de cabello rizado espera a que el sonido del avión se difumine mientras habla por teléfono. “Ma, ¿me escucha?”, dice al celular. “La doctora dice que prefiere que me quede internado para que no tenga ansiedad”, susurra. Él apoya su brazo sobre una pared y simplemente asiente al escuchar la respuesta de su progenitora.

A su lado, una enfermera del pasillo vuelve su mirada hacia el cielo raso y escucha la partida del mismo avión. Sin darse cuenta, una paciente en silla de ruedas se le queda mirando sin apartar sus ojos. Ella mantiene sostenida la mirada hasta que el sonido del aeroplano se desvanece.

Espacios. El Hospital Psiquiátrico de San José, Costa Rica, cuenta con largas y grandes zonas abiertas que se intercalan entre los edificios azules y celestes. La idea es que los pacientes puedan caminar dentro de las instalaciones.

8M: una huelga legal en España

Fotografía de archivo

El 8 de marzo de 2018 por primera vez en la historia se organizó una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Aquella convocatoria venía fraguándose desde la primavera de 2017 y a raíz de la acogida que tuvieron en más de 170 países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino “Vivas nos queremos” contra la violencia de género.

La Comisión 8 de Marzo de Madrid, convocante de la huelga feminista, vuelve a convocarla este año porque las vidas de las mujeres “siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados”, entre otras “discriminaciones”.

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¿Quién convoca la Huelga Feminista?

La convocatoria oficial parte de los cientos de organizaciones de mujeres estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España. Se han articulado en torno a la Comisión 8 de Marzo, un espacio de coordinación creado en 1977 con el fin de acordar las acciones que conjuntamente se llevan a cabo para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mediante asambleas mensuales se han ido puliendo aportaciones de esta pluralidad de entidades hasta construir un argumentario común para llamar a la movilización ese día.

La Comisión 8M ha ido creciendo en los últimos años: de las reuniones de 20 personas de hace cinco años, pasó a más de 40 de hace tres años, y de ahí a las más de 250 personas en la actualidad.

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¿Es legal hacer huelga el 8 de marzo?

Sí. Varios sindicatos han convocado huelga general y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo por lo que ha quedado legalizada en el marco del Derecho de Huelga de los trabajadores.

Con respecto al año pasado, es novedoso que la Federación de la Enseñanza haya convocado este año una huelga general de 24 horas en el sector educativo. Este sector es el primero en el que el sindicato plantea el paro laboral de 24 horas.

Se convocará paros de dos horas por turno de trabajo, pero en esta ocasión cada centro de trabajo podrá elegir los horarios –el año pasado convocó el paro de 12 a 14 horas–. Además, va a organizar un acto reivindicativo frente a la Secretaría de Estado de Igualdad a las 12:00 horas del 8 de marzo, al tiempo que participará en la manifestación que se convoque por la tarde.

La huelga tendrá lugar este año con un gobierno en funciones.

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¿Quién puede participar en la Huelga Feminista?

Están llamados todos los trabajadores, pues lo contrario sería ilegal. No obstante, el movimiento feminista insta en particular a las mujeres a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria: “Si nosotras paramos, se para el mundo”.

Se hace un llamamiento a los hombres para que faciliten a todas las mujeres la posibilidad de hacer huelga feminista. En este sentido, decenas de hombres de diversas zonas de Madrid ya han comenzado a organizarse para coordinar una red de “puntos de cuidados” en toda la ciudad como apoyo a la huelga feminista.

En cualquier caso, desde la Comisión 8M llaman a los hombres que son “aliados del feminismo” a participar en las manifestaciones que se convoquen ese día.

No llevar a los niños al colegio, no lavar, tender o planchar, son algunas de las ideas que da la Comisión 8M para ese día. “Paramos las mujeres, pero no paran los cuidados”, sostienen, instando a secundar la huelga “para que los cuidados no recaigan solamente” en las mujeres y para que se conviertan en una “responsabilidad social, compartida y distribuida”.

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¿En qué consiste la Huelga Feminista?

La Comisión 8 de Marzo plantea esta jornada de forma multidimensional y llaman a participar en una huelga feminista laboral, de cuidados, de consumo, estudiantil y asociativa.

La central es la de cuidados, que persigue que en la esfera doméstica los hombres asuman las tareas del hogar y de los cuidados para que se den cuenta de hasta qué punto la labor de las mujeres es vital para el sostenimiento del hogar y cuánta carga están asumiendo en solitario.

No llevar a los niños al colegio, no lavar, tender o planchar, son algunas de las ideas que da la Comisión 8M para ese día. “Paramos las mujeres, pero no paran los cuidados”, sostienen, instando a secundar la huelga “para que los cuidados no recaigan solamente” en las mujeres y para que se conviertan en una “responsabilidad social, compartida y distribuida”.

En cuanto a la huelga de consumo, se insta a las mujeres en particular a abstenerse de consumir lo que no sea imprescindible en esa jornada, reduciendo al mínimo el gasto en suministros pero también en bienes y servicios. Es una iniciativa de la corriente ecofeminista para reflexionar sobre el peso de las mujeres en el modo de consumir y la fuerza que tienen para implantar modelos más sostenibles.

La huelga laboral significa no realizar el trabajo asalariado en empresas, comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, cuidados, u otros. El objetivo es que ese día las mujeres “desaparezcan físicamente” todos esos espacios que ocupa y en los que está “invisibilizada”.

Respecto a la huelga educativa, llaman a parar en colegios, institutos y universidades porque el sistema educativo es el principal espacio “en el que se reproduce el actual sistema capitalista y patriarcal”.

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¿Por qué una huelga?

El argumentario de la Comisión 8M es tan amplio como las diversas problemáticas que afrontan las mujeres por el hecho de serlo. El documento es un dossier de 30 páginas que contempla casi 200 motivos y objetivos por los que se debe convocar y secundar la huelga feminista. Se desarrollan en torno a cuatro ejes: violencias, cuerpos, fronteras y economía.

Las feministas del 8M denuncian las violencias machistas, en todas sus formas y exigen más presupuesto para combatirlas, pero también ponen en el foco la mayor precariedad de la mujer en el mercado de trabajo, la persistencia de barreras a su proyección profesional y su discriminación en materia de salarios.

En la misma línea, denuncian que la pobreza las afecta de forma preferente, los recortes presupuestarios que afectan a los cuidados, la falta de reconocimiento del trabajo doméstico que asumen las mujeres en mayor medida, haciendo especial hincapié en las migrantes, un colectivo más vulnerable.

Sin compras. Los organizadores también promueven el evitar las compras que no sean indispensables. Es una manera de calcular el apoyo femenino a la economía.

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¿Habrá movilizaciones?

Sí. Como cada 8 de marzo se celebrarán manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincias de España, si bien todavía no están convocadas. Un mes antes se han impulsado distintas acciones y campañas para que las mujeres lleguen movilizadas a la jornada de huelga.

Habrá una manifestación central en Madrid y desde la Comisión 8M esperan que sea un “éxito”, tal y como sucedió en 2017 y 2018. Fuentes de la comisión afirman que no están pensando en los números, pese a que reconocen que el contexto actual puede que anime a la participación de la gente.

En el argumentario del 8M se alude a “quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, el miedo, la victimización y el resentimiento”. Asimismo, hace referencia a las distintas “reacciones patriarcales” por el avance en los derechos de las mujeres, como la “derecha y extremaderecha” que sitúa a las mujeres y a las migrantes “como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal y patriarcal”. “Frente al ‘nosotros primero’, planteamos ‘nosotras juntas’”, destaca el 8M.

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¿Cómo se medirá el éxito de la movilización?

“Cada año somos más y estamos más movilizadas”, sostienen desde la Comisión 8M, que apunta que la huelga es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Con este argumento llaman a secundarla y a movilizarse, teniendo en cuenta que el movimiento “ni empieza ni acaba el 8 de marzo”.

La barrera entre el empleo formal y el VIH

Fotografía de Archivo

Aquella noche, el VIH le salvó la vida. Mario pudo haber salido a las calles a buscar clientes junto a Katherine y Tania. A eso se dedicaba. Pero declinó, porque al siguiente día debía estar a las 6 de la mañana en el hospital para pasar consulta y recoger sus antirretrovirales. Era 2009, 8 de junio.

Mario fue a su cita. Le dieron sus medicamentos. Casi al mismo tiempo en que él dejaba el hospital, el cadáver de Katherine (Samuel Flores, de 17 años) era hallado a la orilla de la avenida Jerusalén, entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán, en la finca en donde ahora funciona el parque Bicentenario. Su cuerpo estaba muy dañado, murió por golpes y asfixia. A Tania (Cristian Ardón, de 24 años), la encontraron siete días después, en las profundidades de la misma finca. Su cadáver también era una enumeración de violencias. Tras una larga agonía, la mataron los golpes en la cabeza.

Mario tenía en ese momento 23 años. Ya llevaba seis viviendo con su diagnóstico. Veló a sus amigas. Las lloró. Pero no dejó las calles. No pudo. No tenía alternativa, pese a que las amenazas eran constantes.

“Nos tiraban los carros queriendo atropellarnos. Seguido nos pasaba que acabábamos puros monitos colgándonos de los palos”. Cuenta Mario entre risas que solo se entienden en la lógica de quien sobrevivió a los disparos desde carros en movimiento. “Nos tirábamos al suelo, donde fuera nos metíamos con tal de que no nos mataran”. Después de los ataques, siempre tocaba seguir trabajando.

Al final era eso: una forma de obtener ingresos en un país con débiles instituciones de protección social y con alto grado de intolerancia a la diversidad sexual. A Mario le tocó verse solo en las calles desde que tenía 12 años, cuando su familia lo echó de su casa en el interior del país porque “le gustaban los hombres”. Vino a San Salvador y durmió entre los huecos de la infraestructura del Centro Histórico. En aceras, bajo pasos a desnivel, en la oscuridad y el frío, sus compañeros eran otros adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“Una amiga que conocí en la calle me dijo que ella me daba ropa, que así podía dejar de dormir con los piperos y huelepegas porque ahí no iba a durar mucho”; y comenzó en una ocupación que cinco años después, con 17 cumplidos, lo colocó de frente a una prueba de VIH que dio reactiva.

“Me dijo la enfermera ‘aquí lo que pasa es que usted tiene sida y le quedan tres meses de vida’, y ya, nada más”. Ese diagnóstico no sacó a Mario del trabajo sexual.

Era 2003, él no tenía estudios ni familia. Y el sistema de salud pública recibía apoyo de instituciones internacionales para no faltar en la entrega gratuita de medicamentos. Pero para cambiar su forma de vida, Mario requería más que eso.

Hoy, la entrega de medicamentos se mantiene gratuita y la hace el Ministerio de Salud, que atiende también a los beneficiados de Bienestar Magisterial (docentes) y a los de la Fuerza Armada. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por su parte, brinda servicio a los empleados públicos y privados que cotizan. La ayuda internacional se ha reducido según lo pactado. En este momento, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida del Ministerio de Salud, el Estado asume en su totalidad los costos de los antirretrovirales. El apoyo del Fondo Mundial todavía representa un 60 % de la inversión que se hace en reactivos para hacer las pruebas. El principal reto del abordaje va más allá de lo que se puede hacer solo desde el sector sanitario. El estigma y la discriminación todavía interfieren en la calidad de vida de las personas con VIH.

En El Salvador, hasta 2017, había 17,940 personas viviendo con VIH, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Programa Nacional ITS/VIH-sida. Entre estas personas había 6,999 mujeres y 10,941 hombres. El VIH se concentra entre personas que van de los 19 a los 39 años. Es decir, en edad económicamente activa.

“No hay documentos o investigaciones que crucen el VIH con el acceso a empleo formal. La mayoría de personas con este diagnóstico se dedican al trabajo informal”, explica William Hernández, de la organización no gubernamental Entre Amigos.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es que si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Para un plato de comida y un cuarto era justo para lo que daba el trabajo en la calle por el que Mario se arriesgaba a ser víctima de violencias. Cuando había suerte, podía darse un lujo, que no era otro que la posibilidad de guardar $1, a veces, hasta $2. Una práctica que acabó siendo fundamental para él.

Hace casi 10 años, Katherine y Tania fueron secuestradas y asesinadas con brutalidad por gente que se hizo pasar por clientes. Ellas pensaban que les iban a pagar por un servicio y acabaron matándolas. Mario tenía 23 años y estaba en esa misma dinámica del trabajo sexual porque en el sistema laboral no tenía cabida. Abandonado por su familia a los 12 años, no pudo terminar ni la educación básica. Para poner un negocio que diera suficiente para pagar comida y techo, necesitaba al menos un capital semilla para invertir y no calificaba para préstamos. Diez años después de este periplo de Mario, la situación de acceso a empleos formales no ha cambiado demasiado.

La cantidad de personas que vive con VIH y está afiliada al Instituto Salvadoreño de del Seguro Social fluctúa entre 2,300 y 2,800, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida. En otras palabras, cuanto mucho, el 22 % de personas mayores de edad que viven con VIH tiene un empleo formal con beneficios sociales, como seguro y pensión por vejez o invalidez. Esta cifra es inestable, porque –al margen de las campañas de sensibilización en políticas de VIH en las que están inscritas cerca de 120 empresas privadas– cuando alguien conoce su diagnóstico mientras goza de empleo, su vulnerabilidad aumenta.

“Sabemos de casos de fuga de información sobre el diagnóstico en la empresa o en la institución en la que trabaja la persona con VIH. En esos casos, las personas no son despedidas, pero son obligadas a laborar en un ambiente hostil para que acaben renunciando”, explica Nieto.

El Ministerio de Trabajo conoció ocho denuncias por discriminación a causa de VIH en 2017. Se dice conoció, porque no siguieron el proceso y tampoco fueron colocadas en esta cartera de Estado. “La gente no denuncia por temor a que se tomen represalias. No es solo que no hay cultura de denuncia, es que la gente todavía se siente desprotegida si lo hace”, explica Roxana Martínez, educadora de Fundasida.

Tener un empleo fijo ha llegado a convertirse en un privilegio, algo a lo que pocas personas con VIH acceden. Y no solo es necesario desde el punto de vista económico, sino que también tiene un poder terapéutico. “No hay ninguna duda de que la gente que lleva su diagnóstico y a la par tiene un trabajo está física y emocionalmente en mejor condición, no se enferma”, ilustra Hernández, quien al frente de la Asociación Entre Amigos reconoce que de los 34 empleados, “dos o tres viven con VIH”.

Fotografía de Archivo

Mario parece un ejemplo de esta relación entre trabajo y salud. El guardadito que fue dejando se transformó en $20. Y ese dinero se convirtió en una puerta. Fue la oportunidad que aprovechó y que ahora, una tarde de viernes, lo tiene hablando desde la cima de su propio éxito.

En 2003, tras recibir el resultado de la prueba que dio positivo, Mario empezó a integrarse en algo más que solo recibir el medicamento. La estrategia de Salud comenzó a hacer eco de la urgencia de enfrentar el VIH en colectivo. “Los grupos de apoyo se crearon porque la gente necesitaba un espacio para hablar. A partir de ahí fueron evolucionando y ahora se han convertido en grupos interdisciplinarios, pero el punto inicial fue que la gente quería un espacio para sentirse en confianza y compartir con otros en condiciones similares; esto porque siempre ha existido el estigma”, explica Roxana Arias, de Fundasida.

Esos grupos ahora sirven para más que el desahogo. Ahí se habla de adherencia al medicamento, de disciplina, pero también de dietas y de emprender negocios. “Se comparte conocimiento; si alguien sabe hacer donas, entonces un día lo explica y es conocimiento que ya es de todos. Se le muestra a la gente cómo crear sus propias alternativas de ingresos”, continúa Arias, con la certeza de que muy pocos pueden obtener ingresos de otra manera que no sea un espacio hecho a medida.

En uno de esos grupos, Mario conoció a una amiga que también vivía con VIH y que tenía un puesto callejero de accesorios para celulares en el centro de San Salvador y le cedió un espacio. Mario, con el primer guardadido compró un paquete de calcetines y un paquete de tangas: los calcetines a dos coras y las tangas a dólar. En esa transición entre el trabajo sexual y el comercio informal, había noches en las que Mario no podía pagar el cuarto ni las comidas completas. Comía una vez en el día y, para dormir ocupaba el puesto de su amiga. Aun así, obtuvo ganancias con las que siguió alimentando el guardadito para comprar más calcetines y más tangas.

Los grupos de apoyo se convirtieron en norma. Ahora tiene que haber uno funcionando en cada hospital en donde se entrega terapia antirretroviral. Y se han levantado también como una de esas contadas oportunidades de empleo formal para personas con VIH, ya que al menos uno de los que integra el comité interdisciplinario debe vivir con este diagnóstico. Francisco Ortiz, director de Fundasida cree que esto abona a que los recién llegados tengan más confianza y se aferren más rápido a la idea de que el VIH no es una condena mortal, si se cumplen los protocolos.

Mario ya no está en las calles. Las dejó hace rato. Ya tampoco vende calcetines ni tangas ni nada que tenga que ver con ropa. Ahora empieza jornada a las 6 de la mañana y la termina entrada la noche. Tiene una plancha para hacer pupusas y varios carretones de minutas. Su negocio ofrece desayuno, almuerzo, cena y emplea a otras seis personas que conocen su diagnóstico y no lo discriminan. “A veces me dicen que no me creen que yo tengo ‘eso’; así, dicen que, aunque tenga ‘eso’, yo me veo más fuerte que ellos”, cuenta. Su carga viral, de hecho, es indetectable. Esto se alcanza con una adherencia religiosa al medicamento y a todas las recomendaciones. Mario mira hacia atrás y se siente satisfecho. Su lucha, sin embargo, sigue siendo una entre miles.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Roxana Arias cuenta que en los grupos y en las orientaciones se recomienda que las personas con VIH no elijan como negocio de subsistencia uno relacionado con comida. “Lamentablemente, hay gente que todavía piensa que el virus se puede transmitir por la manipulación de alimentos”.

Mario confirma que en el negocio que fundó de la nada, él se dedica a preparar los materiales como la masa y los frijoles de las pupusas, pero a escondidas, sin que los posibles comensales lo vean: “Por ese tipo de cosas, cuando ya abrimos, me quedo solo en caja, cobrando, así nadie dice nada ni piensa que si me hiero los voy a ‘contagiar’”.
A Ana Nieto este tipo de discriminación no le suena distante. Es la razón por la que en las empresas hay un trato hostil cuando se filtra que alguien vive con el virus. Lo alejan, no comparten mesa ni áreas comunes, como cafetería. “Las capacitaciones que vamos dando en empresas hablan sobre prevención de la transmisión, pero hace falta trabajo en que no se les discrimine”.

El Salvador recibe cada vez menos apoyo internacional para atender el VIH. Ana Nieto, desde la oficina del Programa Nacional que dirige, asegura que como país se ha cumplido con cada obligación y que la muestra es estable con acceso a medicamentos. Desde las ONG, sin embargo, se apunta hacia el vacío que hay en la eliminación de la discriminación y en el involucramiento de otras instituciones aparte del Ministerio de Salud, como los ministerios de Educación y de Trabajo. “Solo se está tomando en cuenta que la gente ya no se muere de sida y, claro, no se muere de esto, pero sí de hambre, porque a alguien que no tenga habilidades para comerciante, ¿qué le queda?”, pregunta Ortiz, de Fundasida.

Mario se sabe en una cumbre. Y sabe que, después, viene la bajada. No se atreve a calcular por cuánto tiempo más tendrá fuerzas para seguir al frente del negocio. Al margen del VIH, la vejez llegará y él no tendrá pensión. “Tengo una cuenta en el banco en la que voy depositando el guardadito, pero sé que si me sale una emergencia, voy a tener que agarrar de ahí; los antirretrovirales me los dan en el hospital, pero, a veces, tengo que comprar algún antibiótico que no tienen y en eso se gasta”. Hacia el frente, la angustia.