La soledad de la búsqueda

Desaparecidos en El Salvador

“Cómo quisiera uno ayudarle. Aquí su sufrimiento es solo una parte. En el cielo usted no va a sufrir mucho”, le dice una mujer con delantal en la cintura a Elizabeth. Ellas platican una mañana de miércoles dentro de la iglesia de San Rafael Cedros, un municipio de Cuscatlán.

Elizabeth es ama de casa y comerciante. Desde que tenía dos años ha vivido en este pueblo; y desde hace 13, es la compañera de vida de Nelson Ortiz. La pareja, aunque ha querido, no tiene hijos. La mujer del delantal –una vendedora– sigue hablando y le pregunta si se ha averiguado algo más de Nelson. “Nada”, responde Elizabeth y su interlocutora la mira con compasión.

Frente a ellas, otra mujer reza hincada frente a una imagen del Divino Niño, vestido de rosado. “Dios me la ayude”, le dice la mujer y sale de la iglesia. Elizabeth guarda silencio y se contiene. Durante las últimas semanas nadie ha podido encontrar a su pareja.

Nelson es empleado desde hace casi dos décadas de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una sociedad subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Desde hace un mes, Nelson no se presenta a su trabajo. La única información que se tiene de él es que el 26 de diciembre de 2018 salió de turno a la medianoche. A la mañana siguiente, Elizabeth lo esperaba con el desayuno en casa, pero él no regresó. Desapareció.

Desde entonces, Nelson forma parte de los 2,682 reportes de personas privadas de su libertad durante 2018. Su caso no está definido como desaparición. Esa categoría legalmente solo está reservada para aquellos a quienes los desaparecen policías, militares u otras fuerzas del Estado.

El concepto de “privación de libertad” puede llegar a utilizarse como un término sombrilla. Por ejemplo, si una persona es encerrada en un sitio a la fuerza por alguien de su confianza y logra salir, puede llegar a la policía y poner una denuncia. Esta acusación estará tipificada bajo el mismo delito que el de los desaparecidos que llevan meses o años sin aparecer. Así, El Salvador aún no cuenta con una cifra fidedigna que permita establecer cuántas personas desaparecen. Tampoco se tiene un registro de cuántas son encontradas.

Elizabeth afirma que ella misma perdió su vida hace un mes. Se la pasa pegada a un teléfono que contesta de inmediato cada vez que suena. Sigue esperando una llamada, alguna pista. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, “la persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”. Para Elizabeth, la tortura psicológica es ver todos los días una pared que su esposo dejó a medio pintar.

Ilustración de Moris Aldana

LA DESAPARICIÓN

Veintiún días después de que Nelson ha desaparecido, Elizabeth toma unas sillas de plástico de la iglesia y las coloca a un lado del templo. Desde ahí y con un volumen muy suave, comienza a contar cómo fueron los días previos a la desaparición de su compañero de vida.

“Tengo tantos recuerdos”, dice y empieza a enumerar: el domingo 23 pasearon en Ataco y el 24 fueron a un almuerzo en San Salvador. La cena de Nochebuena no la pudieron pasar juntos porque Nelson debía trabajar el turno de la noche, pero Elizabeth le guardó recalentado para el día siguiente. A la mañana del 25, él volvió a casa y Elizabeth le sirvió el desayuno: frijoles, plátanos, huevo y crema.

Ese día platicaron sobre la pintura. A ella una mancha en la pared le recuerda los planes que tenían para la casa en la que ahora se ha quedado sola; antes de que terminara el año, pintarían su hogar. “Teníamos un rodillo, habíamos comprado cubetas de pintura y me dijo: ‘Mañana voy a comprar una brocha’. Y ahí quedó pintada solo una parte de la pared”, cuenta la mujer. La cara se le descompone y comienza a llorar.

Ese 25 de diciembre fue el último día que Elizabeth vio a su pareja. Después del almuerzo, le preparó la cena para que se la llevara y él salió a las 3:20 de su casa. Desde entonces, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Policía han podido ayudarle a reencontrarse con él.

El turno de Nelson comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Por seguridad –explica la mujer– los trabajadores se quedan dentro de la institución durante la madrugada. La sede de San Rafael Cedros de ETESAL se encuentra cerca del centro del pueblo, pero no está en una calle principal amplia. Para llegar al portón, hay que atravesar una calle rodeada de maleza. Gente de la zona afirma que es un lugar frecuentado por pandillas.

Nelson no volvió. Elizabeth lo esperaba esa mañana del 26 de diciembre. Al notar la tardanza, le llamó. No le contestó, pero ella dice que en esa primera llamada asumió que había sucedido alguna emergencia en el trabajo y que por eso no le contestaba. A lo largo del día siguió insistiendo. A eso de las 5 de la tarde, el celular de Nelson ya sonaba apagado. Ella buscó a un amigo que la llevó en una moto hasta ETESAL. Ahí le dijeron que Nelson salió a medianoche, justo al finalizar su turno.

—Todo estaba bien, por eso no entiendo yo qué ha pasado. Me hago una y mil preguntas. ¿Qué pasó? –exclama la mujer.

En ETESAL, nadie da, de forma oficial, razón del paradero de Ortiz. La institución decidió no corroborar los datos que brinda la pareja del desaparecido. La encargada de Comunicaciones, Estela Valle, expresó –desde su oficina en Santa Tecla– que sí han estado pendientes de la desaparición de uno de sus trabajadores y que sí han tomado acciones de búsqueda.

Al ser cuestionada sobre qué acciones han realizado, dijo que no puede revelarlas, pues solo el gerente está autorizado para dar declaraciones. Desde el 16 de enero, Valle no volvió a contestar su teléfono ni las solicitudes de entrevista. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasó un mes desde que Nelson fue visto por última vez en sus instalaciones, ETESAL no se ha pronunciado en público sobre la desaparición de su empleado.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Este lineamiento forma parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU).

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LA DENUNCIA

“El Estado no tiene forma de atender el problema de los desaparecidos. Por cada familia, es una tragedia de proporciones indecibles”, dice Pedro Cruz, sin rodeos. Él es el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y también fue aspirante a fiscal general en 2015.

Cruz trabaja con familiares de personas desaparecidas. En su labor ha podido corroborar que, cuando alguien quiere informar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, ni siquiera hay un criterio unificado de cuánto se debe esperar para que la Policía acceda a tomar la denuncia. “A veces 24 horas, a veces 48, a veces 72. Ni siquiera ellos tenían claro cuánto debían esperar”.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Ese lineamiento es parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). De ejecutarse con efectividad, el protocolo activaría de inmediato al personal fiscal y policial para encontrar a las personas antes de que sufran tortura, violaciones o se conviertan en víctimas de homicidio.

En la práctica poca gente tiene conocimiento de este protocolo. Nelson desapareció 15 días después de la presentación del PAU y, a pesar de la angustia que sentía desde tempranas horas del día, Elizabeth esperó las 24 horas que creía necesarias para denunciar. Solo hasta las 0:51 horas del 27 de enero declaró en una delegación del Centro Histórico de San Salvador. Un mes después no conoce avances en la investigación.

Elizabeth (…) manifiesta ser compañera de vida de Nelson Ortiz, de 41 años de edad, quien ha desaparecido desde el día 26-12-2018 a las 00:10 horas”, se puede leer en el acta de la denuncia. El delito que en ese papel se identifica es “privación de libertad”. En el Código Penal sí existe la desaparición forzada como crimen, pero ese solo aplica cuando lo cometen fuerzas del Estado como la Policía o el Ejército. En el caso de Nelson no se tiene indicios de que haya sucedido así.

Ilustración de Moris Aldana

La desaparición de personas no es una realidad nueva en el contexto salvadoreño. Lo único que cambió fue el victimario. En las décadas previas a la guerra y durante el conflicto armado, la mayoría de desapariciones ocurrían por abusos de poder legitimados por el Estado; y el Código Penal aún refleja esa realidad. Lo que no está recogido en la legislación salvadoreña actual es que ahora los victimarios son parte de otras estructuras criminales.

“Hay un debate que se está empezando a formular. En algunos países tienen el delito de desaparición por parte de particulares y aquí, a escala de El Salvador, no lo tenemos resuelto”, opina Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

El protocolo que se firmó 15 días antes de que Nelson desapareciera debía suponer un cambio de paradigma en la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso aún no pasa. En las oficinas regionales aún no es conocido ni aplicado en totalidad. “El reto es la socialización del protocolo a todo el personal operativo de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH a escala nacional”, reconoce la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Y el reto del que la funcionaria habla permanece grande. Las respuestas que se reciben de las autoridades distan de lo escrito en el papel. Dos semanas después de haberse lanzado el nuevo protocolo, Omar Moreno, de 26 años, desapareció. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas en Santa Ana, y nadie lo encuentra desde el 23 de diciembre de 2018. Su madre reclama que cuando ella pidió información del caso de su hijo, las autoridades le pidieron paciencia, que la investigación, tal vez, avanzaría más rápido cuando terminaran todas las fiestas de fin de año.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA BÚSQUEDA

“Yo estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer”, confiesa Elizabeth. Por buscar a Nelson se está quedando sin ahorros. Usualmente ella se encontraría vendiendo cereales para tener ingresos, pero después de un mes de dedicarse solo a la búsqueda por diferentes departamentos, el dinero se está acabando.

Antes de que Nelson desapareciera, Ana Elizabeth dice que no conocía ninguna sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Ahora ya ha ido a tres sedes distintas en más de una ocasión para averiguar si han encontrado algún cadáver que coincida con las características de su pareja. A veces va en bus, a veces va acompañada de otra gente de su iglesia, cuenta. “Lo único que uno va pensando es en encontrarlo”, reflexiona. Luego asegura que en las sedes de Medicina Legal no ha visto fallecidos, sino que le muestran fotos de cadáveres.

Se pidió una entrevista en el Instituto de Medicina Legal para conocer cuál es el proceso que se realiza con un familiar que busca a su ser querido entre cadáveres. El IML no aceptó.

Mientras habla, Elizabeth mantiene en sus manos una bolsa llena de fotos de Nelson. En el retrato aparece con la barba canosa, una camisa fucsia y el ceño fruncido. Es una de sus fotos más recientes. Ella dice que se va a dedicar a repartirlas más tarde. “¡Ay!, ¡cómo ando la cabeza!”, se reprocha. Antes de imprimir las fotos olvidó escribir la leyenda “se busca”. Explica que le va a escribir la frase a mano y más tarde irá a pegar las fotos en los lugares donde es posible que alguien lo reconozca.

“De ETESAL jamás me han llamado”, se queja Elizabeth. Ella ha llegado a barajear entre las posibilidades que a Nelson le haya sucedido algo dentro de su trabajo, pero rápidamente desecha la idea. Sostiene que no le parece lógico porque, de ser así, “ahí estaría el cadáver”.

Alrededor de esta desaparición solo hay silencio. En la Policía se intentó averiguar si ya se tenían posibles sospechosos del caso, pero los oficiales de turno de la delegación centro de San Salvador se negaron a emitir algún comentario. También se buscó entrevistar a la subinspectora a cargo de la delegación donde se presentó la denuncia, pero tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En la empresa tampoco dan razón del empleado. En una mañana de mediados de enero, dos vigilantes con uniforme verde y armas largas cuidan el portón celeste que da entrada a ETESAL de San Rafael Cedros. Aquí es el último lugar donde se vio en público a Nelson. Uno de los vigilantes dice que adentro están los compañeros del trabajador y que les preguntará si tienen tiempo de platicar.

Después de un par de minutos, el vigilante vuelve al portón con un mensaje: “Les han prohibido hablar”. Dice que los únicos autorizados para hablar sobre la desaparición son sus jefes que se encuentran en Santa Tecla. El vigilante solo se limita a contar que Nelson es un hombre tranquilo y que sí salió de su lugar de trabajo aquella madrugada del 26 de diciembre.

Por ahora no se conoce ninguna captura relacionada al caso. “Me han asignado a un investigador. El investigador solo me dice que tenga paciencia; que hasta ahorita, nada”, señala Elizabeth. A veces, una desaparición causa alarma social; la de Nelson no es una de esas. Lo único que hay al respecto es un tuit en una cuenta de alertas donde se dice que se le busca.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA ESPERA QUE PIDEN LAS AUTORIDADES

Una mujer corre en la tierra con páginas en las manos. En las hojas de papel bond están impresas fotos de hombres acompañadas por la leyenda “se busca”. La mujer sigue corriendo y preguntando a quienes tiene enfrente si han visto a su hijo. Escarba la tierra con las manos y llora. Encuentra unos retazos de tela y busca, al menos, los huesos de su hijo. No lo encuentra y grita con la voz desgarrada: “¡Aquí no está!”

La mujer es una actriz de teatro, Alejandra Nolasco, quien durante 2018 presentó la obra “Los ausentes”. No es raro que su público llore. La obra está basada en la historia de Milagro, una mujer salvadoreña cuyo hijo fue desaparecido en la vida real. La actriz interpreta algunas noches en el escenario esa espera llena de angustia que cientos de familiares viven todos los días.

Esperar de manera pasiva no es una opción para los familiares de desaparecidos consultados en este reportaje. No, si quieren recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Y es más difícil tener paciencia cuando –por lo lento que avanzan las investigaciones– intuyen que no se están haciendo búsquedas de la manera más efectiva.

Y esto no es ningún secreto. Incluso se reconoce dentro del Estado: (En algunas ocasiones) “No se hace una investigación o búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y la determinación de los presuntos responsables no es efectiva. Por lo tanto, los casos no llegan a judicializarse“. Así lo afirma la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Quienes buscan a sus familiares se ven en la obligación de presionar e insistir a las autoridades para que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde hacer. Y para ello, espacios como el IDHUCA brindan cierto apoyo: “Una vez tenemos ya la información, lo único que podemos hacer –porque no tenemos ya la capacidad de ayudar propiamente en la búsqueda– es asesorar para que se ponga la denuncia o incluso para que ellos intenten presionar a las instituciones encargadas de la investigación”, explica Arnau Baulenas.

El familiar en lugar de procesar su dolor de manera tranquila se ve obligado a tomar un rol activo dentro de la búsqueda, si quiere ver resultados. La confianza en el sistema está minada. La madre de Omar Moreno –el estudiante santaneco de Ingeniería– lo ejemplifica mejor: ” Yo sola ando buscando, porque la policía, nada. A veces me hablan, pero no me han dado número del investigador. Lo salgo a buscar a todos lados. Voy a la morgue todos los días”.

La mamá de Omar dice que aún espera encontrar a su hijo con vida; pero, a diario, lo tiene que buscar entre cadáveres. El año pasado, la actriz de teatro de “Los ausentes” lanzó una pregunta: “La esperanza, a veces, es encontrar un cuerpo, un cráneo. ¿Cuándo nos convertimos en un país en el que la esperanza es eso?”

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LO EXCEPCIONAL: CAPTURAS

Una veintena de futbolistas jóvenes corren por la cancha del estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Sudan, se esfuerzan y se enorgullecen con sonrisas pequeñas cuando hacen lo que debían hacer con la pelota. Omar Pimentel los observa frente a la cancha. Él es el preparador físico del equipo. Les exige que trabajen mejor y les da consejos a los jugadores. Al finalizar el entreno, se sienta en los graderíos del estadio: “Uno trata de llevar las cosas de la mejor manera, pero quiérase o no, es imposible”, dice serio. Este martes se cumplen seis días desde que cinco miembros de su familia desaparecieron.

La noche del miércoles 16 de enero había sido buena para el preparador físico, mejor conocido como “el profe Pimentel“. Había partido y su equipo le anotó cinco goles a sus adversarios de Santa Isabel Ishuatán. El juego se realizó en el estadio de Sonsonate y varias decenas de personas llegaron a apoyarlos. Había gente de todas las edades, ventas de comida y bebidas. Entre la afición estaba su núcleo familiar.

El entrenador vive en Sonzacate junto a su hijo mayor, quien también es parte del club deportivo. Ahí, el equipo les brinda casa. El resto de su familia, en cambio, vive en Chalchuapa. Su esposa, Rosa de Pimentel; su suegra, Silvia Jaco; su hijo, Marcos, de 12 años; su cuñado, Carlos Jaco; y la novia de este último, Tania Monterrosa, fueron a apoyarlo el miércoles pasado.

El partido terminó y la familia se dirigió de vuelta a Chalchuapa. A la altura de la zona conocida como Los Naranjos se les pinchó una llanta y desde entonces, desaparecieron. El equipo de fútbol compartió esta información en su página de Facebook y más de mil personas lo compartieron con sus contactos. Así, los medios de comunicación se enteraron del caso.

Dos días después de que la noticia se hizo pública, la PNC presentó a cuatro personas capturadas. Entonces se dijo que los detenidos son pandilleros de la zona, pero no se explicó cuál es su relación directa con la desaparición de la familia. El preparador físico agradece la respuesta inmediata: “Me ha constado que la policía se mantiene presente en la zona”.

La pronta acción de los policías en algunas denuncias resulta un trago agridulce para familiares de otros desaparecidos. Se alegran de que a una persona que atraviesa por lo mismo se le ayude. Por otro lado, se entristecen de que en su caso no haya sucedido así. Claudia Espinoza bien lo sabe. Ella es periodista y conoce cómo funciona el sistema de justicia y sus procesos legales. Su hermano, William López, se dedicaba a realizar viajes privados y desapareció hace casi un año. El caso recibió alguna atención mediática, pero hasta la fecha la investigación no ha dado mayor fruto. “Nos sentimos solas con mi cuñada, quieren que uno resuelva su caso”, se queja.

Pimentel reconoce la repercusión que el caso de su familia ha tenido. Pero también sabe cómo suceden las cosas en un país donde difícilmente se investigan los hechos de este tipo: “Cuando el tiempo avanza y no hay algo que identifique, quiérase o no, las investigaciones se paran porque ya no hay cómo seguir y ese es mi mayor temor. Que paren y que esto se quede así”.

El de la familia es un caso excepcional por el tiempo récord en que se identificaron posibles sospechosos y se realizaron capturas. Sin embargo, es similar al resto de historias en una cosa: las autoridades no pudieron ubicar a los familiares en la primera semana de su desaparición. Esta mañana de martes, una corriente de aire frío llega a las gradas del estadio en Sonsonate y Pimentel se inquieta. Dice que le preocupan estos vientos, que su hijo puede estar pasando frío.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”.

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LA IMPUNIDAD

“Yo siento morirme. No sé ya dónde buscarlo”, dice Elizabeth, desde San Rafael Cedros, mientras piensa en Nelson. En general, los familiares de los desaparecidos se encuentran desamparados. La justicia difícilmente llega para este tipo de delitos. Y David, Morales, el director de litigio estratégico de la organización Cristosal, considera que esta impunidad ha sido heredada.

Morales, quien fue procurador de Derechos Humanos, hace un paralelismo con las desapariciones que se experimentan actualmente y las que ocurrieron durante la guerra civil. Explica que, aunque las razones de origen de estos casos son distintas, la respuesta –ausente– del Estado es un punto de coincidencia.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”, opina.

Morales infiere cierto desdén estatal a la hora de buscar justicia y resarcimiento para estas situaciones: “Es cierto que los recursos son limitados, pero son muchos años sufriendo violencia delictiva sin que se hayan visto esfuerzos más serios. Eso lo que denota es una indiferencia para con las víctimas”.

Cuando alguien no aparece tras los primeros días de su desaparición, existe una alta posibilidad de que su paradero se mantenga desconocido. Esto es lo que le dice la experiencia al abogado Pedro Cruz. Él labora en una asociación de derechos humanos donde desde 2015 se acompañan denuncias de personas desaparecidas.

De 61 casos con los que han trabajado, solo en dos ocasiones se han podido localizar los cadáveres de las víctimas. En términos penales, el panorama es peor. Durante estos últimos cuatro años, decenas de familiares han llegado a su oficina pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos y alcanzar justicia. Pero de esas 61 denuncias solo se ha logrado condena en una. Para él está claro: “En general, las desapariciones no están resueltas”.

Ilustración de Moris Aldana

Salto al vacío

Es curioso como cada campaña electoral que nos toca sufrir a los salvadoreños termina siendo calificada como “la peor, la más sucia, la más baja” de todas. Aunque nos cuesta imaginarlo en el momento, la verdad es que cada una supera a la anterior por la pésima manera en que es manejada por los diferentes partidos políticos, por los eventos que se desarrollan en torno a ella y por el tono de cada uno de los candidatos tanto por lo que dicen como por lo que dejan de decir o hacer.

Durante la presente campaña hemos visto y escuchado de todo. Destapes, acusaciones, golpes, insultos, amenazas, agresividad, populismo, “trolles”, arrogancia, evasivas, ridiculeces, todo ello mientras el panorama nacional sigue desangrándose con la violencia y con la salida del país de cientos de compatriotas que no ven otra escapatoria a la situación que vivimos. También fuimos sometidos a eventos que llamaron “debates” pero que, en la práctica, no resultaron ser más que entrevistas públicas colectivas y no un verdadero cuestionamiento de temas dudosos sobre sus eventuales formas de gobernar.

Quizás lo más indignante es que los diseñadores de las campañas políticas insultan la inteligencia de la ciudadanía pensando que basta enfocarse en el descontento generalizado para vendernos a su correspondiente candidato. Los partidos políticos no asumen como obligación hablar con claridad, pero sobre todo con objetividad sobre sus propuestas.

Hemos escuchado todo tipo de promesas que bien sabemos no van a poder cumplir, aunque tengan la buena intención. Eso si les otorgamos el beneficio de la duda. No sabemos quiénes son los eventuales funcionarios del futuro gobierno ni cómo se financiarán todos los proyectos y obras que dicen van a emprender y realizar, ni el costo ni las consecuencias que todo ello tendrá, de manera práctica, para la sociedad salvadoreña.

¿Son razonables todas esas propuestas? ¿Son realmente soluciones y no placebos o remedios cosméticos y temporales? ¿Son propuestas que se convertirán en elefantes blancos y muertos, como el puerto de La Unión? ¿Esas propuestas atacan y solucionan de raíz los problemas estructurales que venimos viviendo desde hace incontables años o se convertirán en despilfarro del fondo público y más endeudamiento nacional?

Ocupar la presidencia no es un acto de magia, no es un acto de borrón y cuenta nueva, no es una Navidad extendida donde los deseos de toda la ciudadanía se verán realizados de manera favorable para todo el país. En ese sentido, es molesta esa sensación de que se nos ofrece y dice lo que queremos escuchar y necesitamos ver cumplido, pero sin contar con un enfoque realista del país, sus problemas, sus instituciones y sus leyes.

Hay muchos temas urgentes que se tocan con paños tibios y otros que se evaden como si no existieran, porque pronunciarse con claridad sobre ellos podría costarles la simpatía de un país que vota desde sus creencias religiosas y su hígado, pero no desde la objetividad y el sentido común ni pensando en el bien general (por ejemplo, el reconocimiento del desplazamiento interno como consecuencia de los territorios controlados por las pandillas o las numerosas demandas de los grupos de mujeres y de quienes luchan por los derechos de la población LGBTQ, entre tantos otros).

Ni decir de los temas que son igualmente importantes, pero que en este país son subestimados porque la coyuntura cotidiana de violencia y debilidad económica se impone siempre como urgente sobre todo lo demás (por ejemplo, los asuntos ambientales o culturales, de los que ya hablé en una columna publicada el mes pasado, titulada “Vacíos de campaña”).

El acumulado de tanta promesa incumplida, del destape de la corrupción gubernamental, de los negocios y deudas políticas que se pagan cuando los funcionarios entran a sus cargos, ha cobrado un precio altísimo en la ciudadanía. El desencanto y la apatía son generalizados. Una porción significativa de votantes continúa sin decidir su voto porque todas las opciones (menos una) entran a la contienda electoral arrastrando el peso muerto de sus correspondientes partidos políticos, cuyo funcionamiento o personajes ya conocemos.

Aunque los candidatos se han empeñado en que los veamos desligados de dichos partidos y casi que nos han rogado para que pensemos en ellos como individuos, lo cierto es que nadie gobierna solo y que, de ganar las elecciones, el partido que los llevó a la presidencia tomará su lugar en los puestos de poder y de toma de decisiones, le guste o no al futuro presidente.

Otros votantes, quizás la mayoría, materializarán su profunda inconformidad con un voto desesperado, visceral, impulsivo, no razonado ni pensado a futuro. Este tipo de voto es preocupante porque votar no es solamente la acción de un día. Es un acto cuyos efectos tendremos que afrontar durante los próximos cinco años. Necesitamos comprender que las consecuencias de un voto de castigo no se limitan a los políticos y sus partidos, sino que impactan a todo el país, por lo que debemos estar claros de las reglas del juego que asumimos al encumbrar en el poder a alguien.

Es urgente que este país permita una mayor participación política y que la institucionalidad y los aliados del statu quo no sigan poniendo trabas y zancadillas para la formación de nuevos partidos políticos o para la participación de candidaturas independientes (como ocurrió en las elecciones legislativas pasadas). Lo es porque las opciones actuales redundan y se revuelven alrededor de los mismos actores que ya conocemos y cuya función, métodos y trabajo político no queremos repetir.

Las deficiencias de la campaña electoral obligan a la ciudadanía a informarse con profundidad y a meditar sobre las consecuencias de su voto, aunque con las opciones que tenemos, no hay demasiado que hacer. Para muchos será inevitable la sensación de que la próxima semana daremos un salto al vacío, sin saber si caeremos parados o si nos fracturaremos no solo todos los huesos, sino también las pocas esperanzas que todavía le quedan a alguno.
No me incluyo, porque las mías murieron hace años.

Fluir en el tiempo, como la naturaleza

Los griegos utilizaban dos conceptos acerca del tiempo: Kronos y Kairos. Kronos como la “medida” lineal del tiempo; y Kairos como la “participación” en el tiempo. Nuestras vidas en la actualidad están regidas por el primero que se expresa a través del reloj, los horarios, el estrés provocado por el hacer excesivo; y el permanecer ocupados y preocupados tratando de cumplir con él, olvidándonos de estar verdaderamente presentes.

Kronos cuadricula, y aunque efectivo, si Kairos no se incluye, corremos el riesgo de perder el disfrute de lo que hacemos. Vivir desde Kronos es correr, estar adentro de los esquemas y atados. Vivir a través de Kairos es participar, implicarse, fluir y renovarse en el proceso.

Kairos es como la naturaleza, que siempre está concentrada en su constante renovación. Hace algunos años me acerqué a la naturaleza y empecé a comprender sus ciclos. Me alegraba cuando todo florecía, y me entristecía cuando lo verde y colorido empezaba a envejecer y morir. En aquel entonces, no entendía que ella se mantiene en un ciclo constante de renovación y renacimiento; en ese “tiempo sin tiempo”, en un fluir que se asemeja a una espiral que gira y avanza lenta y constantemente.

Los humanos nos hemos desconectado de ese estar “dentro” del tiempo, y nos hemos casado con la idea de que este nunca se detiene; perdiendo energía valiosa en una lucha incesante para que la vida se mantenga en línea recta y sin desviaciones.
La energía se dispersa cuando perseguimos aquello que “otros” nos dicen que debemos alcanzar; cuando creemos que el “tiempo” se nos acaba y corremos detrás de él en lugar de ir por nuestros sueños, ideas y motivaciones. Y la energía se renueva cuando reconocemos los ciclos naturales del espacio que habitamos, y aprendemos a descansar para reponernos.

Pensadores, escritores y filósofos han hablado de ese fluir durante siglos: “Sé cómo un árbol, deja que las hojas muertas se caigan”. “…planta tu jardín y adorna tu alma…”. “Adopta el paso de la naturaleza: su secreto es la paciencia”. “El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti”.

Las claves para fluir en el tiempo se expresan en la naturaleza. La tierra que recibe la semilla, el viento, el sol, las aves e insectos que movilizan lo necesario para que esa semilla se alimente y crezca; la lluvia que llena de vida las profundidades; los frutos que se ofrecen una y otra vez hasta que llega el momento de cerrar un ciclo y dar paso a una nueva fase.

Entender la naturaleza es comprender el manejo del tiempo; porque en ella todo llega en su justo momento. Como señala la analista junguiana Jean Shinoda Bolen: “Todas y cada una de las cosas que existen en la naturaleza pertenecen a su grupo particular con el que comparten semejanzas, al tiempo que cada una es en sí misma única; en ningún caso hay dos ejemplares idénticos. Sin embargo, cada una de ellas florece o fructifica junto con las demás, cuando llega su temporada”.

Dime qué planeas y te diré si tienes mi voto

Latinoamérica está experimentando un cambio político. Estos cambios a escala de jefes de Estado han sido impulsados por una suerte de cansancio generalizado de los gobiernos que los han antecedido. Los cuales no han llenado las expectativas de los ciudadanos.

Podríamos decir que en 2015 Argentina inició con este cambio político con el derechista Mauricio Macri, quien vino a sentarse en el sillón presidencial luego de años de gobierno de una debilitada dinastía kirchnerista, liderada, en su última fase, por Cristina Fernández, con una tendencia, más bien, de izquierda.

En Chile, un caso menos radical, Sebastián Piñera asumió su segundo mandato después de una sana alternancia con Michelle Bachelet, una gobernante más asociada a las políticas sociales. Piñera, un empresario con una amplia carrera política, se ubica en el espectro de las derechas.

Brasil, por otra parte, un país que por años se distinguió por su orientación a las izquierdas y una fuerte vocación social, pasó de estar gobernado por una Vilma Rousseff –que a pesar de los escándalos se mantenía en el liderazgo político–, a un Jair Bolsonaro, un exmilitar sin rasgo alguno de izquierdista. Ahora, la máxima autoridad del gigante suramericano es un personaje de ultraderecha que pasa de polémica en polémica por sus pronunciamientos sobre el matrimonio gay, los indígenas, la inmigración y otros.

En México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, finalmente llegó al Ejecutivo. Esto en medio de una masiva celebración entre sus adeptos, quienes ven en este recién electo gobernante un nuevo aire que, luego de años de liderazgos de derecha en un país lleno de desigualdades, pueda resolver las complejas dinámicas sociales, económicas y de seguridad que aquejan a los mexicanos.

En unas semanas, El Salvador también decidirá quién será su nuevo gobernante. Y es importante recordar que nosotros también hemos estado bajo un gobierno de izquierda durante varios períodos. ¿Seguiremos la tendencia latinoamericana de cambio?

Además de la evidente necesidad de alternancia y más allá de la tendencia de los políticos en contienda es importante reflexionar sobre sus propuestas. ¿Por qué entregar su voto a uno o a otro? Para resolver esa pregunta los planes de gobierno son clave.

A semanas de las elecciones, en internet, usted puede tener acceso a los planes que los diferentes partidos tienen para su período en el poder, si visita los siguientes links:

Puede que resulte poco atractivo sentarse a leer 4 propuestas supuestamente maravillosas que van a convertir a El Salvador en la panacea, lo sé. Lo entiendo, ¡pero es importante!

Entonces, le pido que reflexione sobre lo siguiente: si usted lee y analiza estas propuestas, va a estar tomando una decisión informada, porque merece saber qué pretenden hacer los candidatos con el país durante cinco años, más allá de lo que dice la agotadora propaganda. Porque su voto es valioso y no hay que tomárselo a la ligera, ni entregarlo porque sí, “porque siempre he votado por los mismos”, ni porque “ni modo”.

Usted es capaz de analizar estos planes de gobierno y tomar sus propias decisiones, ir más allá de lo que dice Facebook, el noticiero de la noche, sus amigos, su familia o la tradición.

Tómese el tiempo para analizar qué dice cada uno y hagamos de estas elecciones un proceso más profundo que un simple cambio de gobierno.

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.

“Tenemos grandes intérpretes y pocos creativos”

¿Qué le hace falta a El Salvador?

Nos hace falta seguir encontrándonos, seguir proponiendo para compartir lo que vale la pena de nosotros.

¿Cómo ha sido su experiencia como productor independiente?

Dura pero enriquecedora; producir empezó como una necesidad, pues a nadie le interesaba hacer producción para las músicas que siempre me han gustado, después se convirtió en un trabajo.

¿Dónde se imagina dentro de 10 años?

Coordinando las giras de las bandas de Nuestro Verano, que espero convertir en un sello discográfico muy pronto. Quiero pasar de la producción al tour “management” y después al “management” como tal.

¿Qué le gustaría que pasara hoy, pero no está pasando?

Tener más fondos para producir. Para traer propuestas que nos muevan un poco el tapete en San Salvador y para llevar propuestas locales fuera del país.

Si pudiera volver en el tiempo, ¿elegiría otro trabajo?

Al contrario creo que hubiese empezado aún más joven en este camino. Produje mi primer show a los 23 años en La Luna, y creo que pude haber empezado más joven.

¿Cómo describiría el gremio musical nacional?

Hay mucha competencia en lo técnico musical y muy poca propuesta en lo artístico. Necesitamos encontrar un balance. Tenemos grandes intérpretes y pocos creativos, hoy en día todo está grabado muy bonito, muy bien cantado y tocado, pero muchos temas no funcionan con la gente. No tenemos un nuevo “hit” local que apasione al público, no hemos escuchado un nuevo “Ya no estás” o un nuevo “Hacer nuestro el universo”.

¿Qué le emociona más de su trabajo?

Ver a la gente cantar y bailar en los concierto. Por ejemplo, a nivel de producción, el concierto de Jorge Drexler no fue perfecto, pero cuando logras crear las condiciones para que el artista y el público conecten, entonces has hecho tu trabajo como productor.

ÁLBUM DE LIBÉLULAS (215)

1758. PRINCIPIO DEL FESTIVAL

Sonó la alarma de incendio, y como era hora en que todos los habitantes del lugar se hallaban en sus recintos luego de la jornada laboral, la estampida fue inmediata. Bajaron sin tiempo para recoger nada hasta la primera planta por las escaleras de emergencia, y ahí se congregaron a observar lo que estaba ocurriendo. No se observaba nada anómalo, ni siquiera un conato de humareda. En las terracitas había ya algunos focos prendidos, como siempre. Alguien fue a buscar al encargado de seguridad, que era un joven recién llegado al puesto. “¿Podría decirnos dónde está el fuego que se anuncia?” “¿Fuego? ¿Cuál fuego?” “Pues el que hizo sonar la alarma… ¿Que no se dio cuenta?” El aludido hizo un gesto de desconcierto. Y en ese mismo instante las llamas coparon el lugar, pero como una invasión de bailarinas astrales.

1759. ¿SERÁ BROMA, ACASO?

Se sacudió el polvo del camino e ingresó en la casa para darse una ducha reconfortante. La noche se anunciaba con burbujas voladoras, y aunque aquella era una sensación típicamente anímica, en el aire parecían estarle respondiendo con igual signo los fantasmas risueños con los que siempre había tenido tan buena relación. Cuando salió del baño con la toalla amarrada a la cintura marcó el número de Tania. “El número que usted marcó no existe”. “¡Qué joden! ¿Cómo no va a existir?” Dos, tres, cuatro veces. Igual. Se fue en busca de Tania, a quien aquella noche le pediría formalizar la relación. Llegó al edificio de apartamentos y en la recepción le informaron: “Desalojó hoy por la mañana. Su vuelo salía al mediodía”. “¿Vuelo? ¿Hacia dónde?” “Sólo le dejó esta tarjeta en blanco”. Las burbujas voladoras se posaron sobre sus hombros por si quería seguir la pista…

1760. EN RUTA HACIA ARRIBA

El amigo astrólogo le dijo, sin que aparentemente viniera al caso, mientras departían aquella tarde de sábado en el bar de la esquina donde se habían reunido desde que eran contemporáneos en la universidad: “Quizás lo que necesitás es entenderte con el tiempo, para que él te provea el password de tu verdadera identidad”. Cuando él se quedó inmóvil ante tal consejo, el astrónomo le dio un sorbo a su copa de ron campestre y esbozó una sonrisa ingenua. Desde aquel momento, él siguió rumiando las enigmáticas palabras, hasta que tuvo un golpe de intuición, que quedó para sus adentros: “Ya estoy empezando a calar en el significado de lo que me dijo mi amigo conocedor de las fuerzas estelares: el tiempo, que siempre está aquí, tendría que darme la clave para pasar al otro plano, al de las nubes y al de los astros… ¡Consejo fino, que voy a seguir al pie de la letra!”

1761. LA ETERNA AVENTURA

Después de conversar con Ángel durante unos pocos minutos, lo que le quedó fue un sabor agridulce y una sensación polvihúmeda. Aunque la diferencia de edad entre ellos era casi simbólica, Ángel había sido durante muchos años su consejero espiritual, y ahora estaba dirigiéndose a un estadio de la vida en el que todo se va volviendo distante. Tuvo que preguntarle: “¿Estás pensando dejar este mundo por otro mejor?” Ángel lo miró directamente a los ojos: “Pues esa idea nunca se debe descartar del todo. Tú, que eres un imaginativo por excelencia, deberías comprenderlo con más claridad que nadie”. “¿Yo? Pero si continúo siendo un aprendiz casi de todo…” “Por eso mismo: porque los aprendices son los que verdaderamente ejercen sabiduría. Quiero ser como tú. ¿Me lo permites? El cambio de roles es la mejor vía para evolucionar…”

1762. EL MEJOR MECANISMO DE DEFENSA

El jefe la había acosado de muchas maneras, sin lograr que ella cediera ni un milímetro en su negativa a convertirse en objeto sexual; y aunque de seguro él continuaría haciéndolo, algo impedía que aquel acoso se convirtiera en agresión material. Una tarde, ya cuando la jornada estaba por concluir, él se acercó al escritorio donde ella se hallaba instalada: “Quiero invitarla a dar un paseo por el jardín, para que me aconseje sobre algunas plantas”. Ella lo miró con ojos incrédulos: “Yo nunca he tenido jardín y no sé nada de eso”. Él sonrió: “Pero si usted es como un jardín viviente, y no me vaya a decir que no”. El argumento pareció surtir efecto, aunque las consecuencias pusieron las cosas en su sitio. Unos minutos después, él se había transfigurado en un gorgojo que perseguía inútilmente a una libélula.

1763. OTRO JUEGO DEL TIEMPO

Estuvimos en esa taberna penumbrosa donde antes se reunían los mayores descendentes y los jóvenes emergentes. Lo que más nos gustaba del lugar era que abundaban las parejas, lo cual le daba a la atmósfera un toque de familiaridad hogareña que inducía a una dulce frivolidad. Ya cuando estábamos por retirarnos, nos encontramos con Lucy y Marcelo que iban subiendo por una escalera que parecía venir de un sótano que todos creíamos sellado. Ellos eran nuestros amigos de siempre, pero en cuanto los encontramos nos dimos cuenta de que mostraban una cierta imagen desconocida. Intercambiamos sólo unas pocas palabras, y lo que más nos tocó fue una frase de Marcelo: “Todos estamos por salir a un viaje muy largo, pero no tenemos que despedirnos”. Enigma total. Se fueron sin más, y nosotros también. Hoy es el día siguiente, aunque no lo parece.

1764. PETICIÓN CUMPLIDA

“Que los ángeles me ayuden a encontrarte”, esa era la petición que él hacía cada día en un susurro que iba repitiendo tanto entre paredes como al aire libre. Pero los ángeles parecían estar ocupados en otras cosas, porque no aparecía por ningún lado alguna señal de que el encuentro estuviera por ocurrir. Los signos, sin embargo, se presentan cuando uno menos lo espera; y para él eso se manifestó aquella tarde mientras regresaba a su vivienda solitaria por una ruta enmontada. De pronto estaba junto a un pequeño arroyo que jamás había descubierto, y al seguirlo se halló ante una fila de ashokas que cubrían la entrada de una cueva entre las rocas. Ya en la cueva se percató de que en verdad era una capilla subterránea. Al fondo, la oficiante se volvió: ¡Era ella, la diosa anhelada! Y a su alrededor, los ángeles disfrazados de duendes le hacían valla…

1765. PUDIERA SER VERDAD

Toda la vida estuvo marcado por un ansia indescifrable: acercarse a cualquier forma de Divinidad sin perder contacto con los anhelos cotidianos. Y nunca se lo dijo a nadie para no perder la pureza del impulso. Pero pasaba el tiempo y poco a poco iba sintiéndose ajeno a sí mismo. Entonces le vino una prueba de fuego emocional: conoció a Nadine, que era una virgen incandescente. Él se sintió envuelto en una nube de deseos sin control. Y eso le hizo sentirse expuesto a un desafío casi mágico: la Divinidad acariciable dormía junto a él, sin tener que hacer ningún tránsito. Anhelo realizado.

“Ortega no va a lograr empujar a Nicaragua a una guerra civil”

Fotografía de Archivo

Carlos Fernando Chamorro, periodista, está seguro de que Daniel Ortega, presidente, está fracasando en su estrategia de llevar a Nicaragua hacia una guerra civil como única alternativa de salida a la crisis política que, hasta enero, acumula nueve meses.

Así lo dijo en Costa Rica, país donde se ha exiliado por razones de seguridad, quien ha sido director del diario digital Confidencial, la revista Niú y los programas de televisión “Esta semana” y “Esta noche”.

“Aunque es cierto que hay grupos (opositores) que desesperadamente están tratando de buscar ese camino (la vía armada), yo creo que Ortega está fracasando. O sea, que no va a lograr empujar al país a una guerra civil”, ha dicho Chamorro, en el programa “Malas compañías”, de Teletica Radio, con los periodistas Armando González e Ignacio Santos.

Según Chamorro, la historia demuestra que para producir cambios duraderos son mejores la revoluciones cívicas que armadas, y eso lo ha entendido Nicaragua.

Citó como ejemplo la revolución Sandinista en Nicaragua que, si bien a su juicio fue épica al derrocar en 1979 a la dictadura de los Somoza, a la postre no produjo los cambios verdaderos que el país necesitaba.

“Ha nacido (desde las protestas de abril) una convicción poderosa en Nicaragua de que esta vez debe de hacerse un cambio político pacífico y no a través de la vía armada”, dijo Chamorro.

“Aquí (desde abril) no existe nada parecido al equivalente de una organización guerrillera como lo fue el Frente Sandinista en los años setenta y particularmente en el setenta y nueve. Esta ha sido una rebelión espontánea donde, poco a poco, han ido surgiendo los líderes universitarios, la mayoría están presos, otros están exiliados en Costa Rica y en otras partes, los mismos líderes empresariales…”, añadió el periodista.

En Nicaragua, hay voces como la del escritor y disidente sandinista Sergio Ramírez que dicen que Ortega busca empujar al país hacia una guerra civil para masacrar una posible rebelión armada y que él tenga una posibilidad de llamar al Ejército a las calles.

“Una resistencia ciudadana es la única arma que tenemos”, aseveró Ramírez el 18 de julio en entrevista con La Nación.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

Chamorro dijo no compartir la visión del exmagistrado sandinista Rafael Solís, también exiliado en Costa Rica tras renunciar a su cargo y a la militancia del Frente Sandinista, de que la represión gubernamental puede provocar una guerra civil en Nicaragua.

El periodista asegura que los nicaragüenses van por otro camino: el de conseguir por la vía cívica reformas más difíciles, pero que son duraderas como mejoras al Estado, en la educación, en lo fiscal y en lo electoral.

Chamorro es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro, conocido como el “mártir de las libertades públicas en Nicaragua”, asesinado el 10 de enero de 1978 por la dictadura de Somoza.

También es hijo de Violeta Barrios, la mujer que derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990 y que gobernó ese país hasta enero de 1997.

Entre 1979 y 1993, Carlos Fernando Chamorro fue director de Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernó en la revolución durante la década de 1980, el cual fue un periodo de persecución y de censura de prensa en Nicaragua.

Desde hace 23 años dirige, primero en versión papel y luego en digital, el semanario Confidencial, el programa de televisión dominical “Esta semana” y luego “Esta noche”.

Durante la emisión de “Esta noche”, la noche del domingo por Canal 12 de Nicaragua, Chamorro anunció que se exiliaba en Costa Rica para “resguardar mi integridad física y mi libertad y, sobre todo, para seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica”.

Dijo recibir amenazas extremas del régimen de Ortega en contra del ejercicio periodístico y, sobre todo, hacia los medios que él dirige.

“(La decisión del exilio) fue un largo proceso, porque nosotros hemos venido resistiendo a lo largo de varios años, pero particularmente en estos meses desde que inició la rebelión de abril todo tipo de persecuciones, amenazas, espionaje político, acosos, hackeos, diferentes tipos de procesos de intimidación que siempre han tenido como objetivo callarnos y autocensurarnos”, dijo Chamorro.

El periodista nicaragüense también denunció la situación crítica del periodismo en Nicaragua desde las protestas de abril.

Un periodista fue asesinado, medios independientes han sido destruidos como el Canal 100 % Noticias, al tiempo que su dueño Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda fueron encarcelados.

Chamorro recordó la “ocupación y el asalto” a la redacción de los medios que él dirige en Managua, la noche del 12 de diciembre, cuando la Policía Nacional allanó la redacción para llevarse documentos y equipos sin presentar ninguna orden judicial.

Un día después, la Policía tomó el inmueble donde se ubicaban los medios que él dirige luego del intento de Chamorro y de sus trabajadores de reconstruir lo allanado. Y una semana después, recuerda, el Gobierno cerró el Canal 100 % Noticias y encarceló a Mora y Pineda, quienes son acusados por la Fiscalía de incitar al odio, al terrorismo y a la conspiración a través de las informaciones divulgadas en el canal.

Distancia. Carlos Fernando Chamorro, periodista y fundador de medios de comunicación, tuvo que exiliarse en Costa Rica después de que cuerpos de seguridad incautaran su equipo de trabajo.

Nicaragua vive “estado de excepción de facto”

“Todo eso se hace a posteriori. Primero se hacen las acciones, la ocupación y asalto (…) y posteriormente se fabrican procesos criminales. En concreto, el asalto y la agresión con este nivel de virulencia contra los medios de comunicación, viene a convertirse en la última o penúltima etapa del proceso de descalabro y la represión de la dictadura de Ortega-Murillo”, dijo Chamorro.

Chamorro dice que al inicio de las protestas “vino la matanza” de parte del Gobierno que dejó 325 muertos, luego llegó la “operación limpieza” con la participación de “bandas paramilitares” para levantar bloqueos en carreteras levantados por manifestantes.

Añadió que, como tercera etapa de la represión, siguió el encarcelamiento de más de 500 presos políticos y, ahora, el país está en un “estado de excepción de facto” porque están conculcados derechos constitucionales básicos como el de reunión, manifestación, de movilización y las libertades de prensa y de expresión sin que se haya decretado un estado de emergencia.

“Te pueden capturar sin orden de captura, se pueden tomar un medio de comunicación sin una orden judicial”, sostuvo Chamorro.

Lucía Pineda cumple un mes detenida

Después de cumplirse un mes de la captura de la periodista Lucía Pineda Ubao, de 45 años, en Nicaragua, es poco lo que se sabe acerca de su proceso judicial y su condición de salud.

En este periodo, el Gobierno de Costa Rica ha enviado nueve notas oficiales dirigidas al Viceministerio de Gobernación nicaragüense con el propósito de que se le permita al cónsul tico en Managua, Óscar Camacho, efectuar una visita a la cárcel donde se encuentra recluida la comunicadora.

Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua sigue sin dar respuestas y alienta aún más la incertidumbre.

“En todas la notas ha habido silencio. También hice una consulta en forma verbal y me dijeron que las misivas serían respondidas por la vía diplomática”, afirmó Camacho.

La última misiva oficial emitida por Costa Rica fue enviada el jueves 17 de enero.

Pineda, quien posee nacionalidad costarricense y nicaragüense, fue detenida el 21 de diciembre mientras estaba en la redacción del canal independiente 100 % Noticias, donde se desempeñaba como jefa de prensa. El director y dueño del medio, Miguel Mora Barberena, también se encuentra en prisión desde entonces.

Ambos son acusados de cometer los delitos de “provocación, preposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según consta en el expediente judicial 020017-ORM4-2018PN, al que tuvo acceso La Nación.

También se les atribuye “apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio, como circunstancias agravantes de discriminación por razones de ideología política”.

El Poder Judicial de Nicaragua consignó, en una publicación realizada en su página web, que el 25 de enero será la primera audiencia sobre el caso de Pineda.

Inquietudes

Óscar Camacho explicó que la vía diplomática es la única posibilidad que tiene a su alcance para tratar de tener contacto con Pineda. Aunque no esconde su preocupación al cumplirse ya un mes sin tener mayores noticias acerca de la situación de la periodista.

Además, el cónsul cree que la comunicadora podría encontrarse en la cárcel El Chipote, considerada por organismos de derechos humanos como un centro de tortura, pero debido al impedimento de la visita su ubicación no se ha comprobado.

El Consulado tico registra la detención de 13 costarricenses en Nicaragua desde que comenzó la crisis política en ese país, el 18 de abril de 2018. Todos fueron capturados por estar relacionados con las protestas contra el presidente Ortega. En la actualidad, solo dos de ellos están en prisión, mientras que otras dos personas permanecen en arresto domiciliario.

Ataques en ascenso

La ofensiva por parte del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente se ha tornado más violenta en las últimas semanas.

La emisora Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional a inicios de diciembre y sus trabajadores debieron esconderse en casas de refugio luego de ser amenazados por los agentes.

Armados. El Gobierno usó al menos 20 patrullas, cada una con 10 policías élite y antimotines, todos portando escopetas o AK-47 para cerrar el Canal 100 % Noticias.

Petróleo por necesidad: el negocio que vació la mesa de los venezolanos

Fotografía de CONNECTAS

Millones de dólares de los venezolanos fueron drenados en negocios cuyos términos impidieron que tuvieran acceso a mayores cantidades de alimentos. Como parte del acuerdo de Petrocaribe, se estableció que los países deudores de la factura petrolera podrían pagar parte de sus obligaciones con el envío de productos. La idea prometía dos grandes cosas: abastecer al pueblo venezolano de productos que escaseaban en la república bolivariana y dinamizar las economías de los países deudores.
Sin embargo, en la práctica esta ventana derivó en un patrón de sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de una zona comercial regional. Los dos países centroamericanos formaron parte esencial de la estafa.
El Salvador ha enviado $48.8 millones a Venezuela como parte del sistema de compensación. Leche en polvo, aceite de soya, arroz, frijoles negros y medicinas conforman este paquete.

Esta investigación periodística comprobó que la paradoja es porque los acuerdos energéticos eran presentados como una referencia internacional de comercio justo, ya que el petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios. Pero, más que todo, por las penurias actuales de una población venezolana que en los últimos cuatro años tuvo el mayor aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y que cerró 2018 con una inflación de 1,000,000 por ciento de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Si bien la cifra de lo exportado por El Salvador palidece en cantidades frente a lo aportado por países como Nicaragua, esta pequeña nación de Centroamérica no se queda atrás en irregularidades. Uno de los mejores ejemplos es la historia que vincula al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una pequeña vivienda en una colonia de clase media en El Salvador, y con una empresa que tiene mucho de fantasma.
Una familia alquila, desde hace dos años, esta casa en Santa Tecla, La Libertad. Su dueño es un salvadoreño que reside en Estados Unidos desde hace más de una década. No alcanza los 4 metros de fachada y tiene tres habitaciones, una sala, un patio y un jardín frontal.

Esta casa es la última dirección legal de una sociedad salvadoreña llamada Proveedores Diversos A&G, fundada a inicios de la década como una pequeña empresa, capitaneada por Sonia Luz Alas Menjívar y Francisco Alfredo Gallardo Ávalos. Por eso sus activos nunca pasaron de los $6,000.

Al menos hasta 2014. Porque en 2015 fue capaz de mandarle más de $3 millones de leche en polvo a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), la entidad estatal que para esa época se encargaba, entre otros asuntos, de importar comida a ese país suramericano aquejado, desde entonces, por una crisis alimentaria. Según la Dirección General de Aduanas de El Salvador, lo hizo a través de 11 transacciones, del 8 al 22 de junio.

Pero algo no cuadra. En esta casa, según sus ocupantes actuales y los vecinos de los alrededores, nunca ha funcionado ninguna empresa. Menos una de esas dimensiones, que compra tanto producto en Australia para luego enviarlo a Suramérica: una operación de intermediación de alcances globales.

Ni siquiera su antigua dirección legal, ubicada en el barrio Lourdes de San Salvador, parece ser una sede lo suficientemente grande. Se trata, también, de una casa más adecuada para una vivienda que para una exportadora como la que se supone que es Proveedores Diversos A&G. Está ubicada en un barrio pobre de la capital del país. Cuando se telefonea a esa casa para preguntar por la sociedad, la voz al otro lado afirma que allí ya no se ubica, sino que es la sede de otra compañía, dedicada a la comercialización de insumos médicos.

Fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien personalmente se encargó de autorizar la compra de la leche en un punto de cuenta presidencial fechado el 22 de marzo de 2015. Fue la respuesta a una petición de Giuseppe Yoffreda Yorio, el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio (CORPOVEX), la entidad que actualmente centraliza las importaciones en ese país.
En el documento, Yoffreda solicita la asignación de divisas para realizar las compras. El plan era adquirir varios productos faltantes en Venezuela. Querían aprovechar que ALBA Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta con la que Petrocaribe aterrizó en esa nación centroamericana, podía pagar hasta US$96 millones de su deuda petrolera con PDVSA con el envío de mercancía.
El pedido constaba de 1,000 toneladas de aceite de soya, 1,500 de arroz blanco y 9,000 de frijoles negros. También 12,000 de leche en polvo. Todo esto fue tasado en $92,665,500. Pero en la leche hay varios problemas, que no cuadran con esta información. No fue ALBA Petróleos de El Salvador la que hizo ese envío, sino la fantasmal Proveedores Diversos A&G. Tampoco mandaron la cantidad pactada: se limitaron a 991 toneladas, menos de una doceava parte de lo que, en teoría, necesitaba Venezuela.
En el punto de cuenta presidencial se sostenía que las 12,000 toneladas de leche en polvo costarían $58,500,000, cada una a $4,875, un precio nada conveniente para el Gobierno venezolano.

Eso lo hizo notar una auditoría interna de PDVSA, finalizada el 13 de abril de 2017. En ella, los contralores advirtieron que eso sucedió mientras el valor internacional de cada tonelada de leche se colocaba en $2,600. Sin embargo, no se limitaron a eso, pues informaron que fue todavía más cara, $5,252, lo que representa más del doble del precio internacional.
Existe otra irregularidad. La Dirección General de Aduanas de El Salvador cuenta una historia diferente. El precio promedio real con el que Proveedores Diversos A&G vendió el producto fue, si bien no el mismo del valor internacional, un poco más bajo que aquel que reportó PDVSA: US$3,229.
Los auditores de PDVSA también señalaron que esta compra representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia.
Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, quien solicitó cometer esta violación al acuerdo, según consta en un mensaje enviado a Bernardo Álvarez, en ese entonces presidente de PDV Caribe y Petrocaribe. Todo fue aprobado, después, desde el despacho de Nicolás Maduro.
En El Salvador se buscó por escrito la opinión de los venezolanos Luis Alejandro Sauce Navarro y Bernardo Luis del Carmen Álvarez Herrera, gerente general y director presidente de ALBA Petróleos; y de José Luis Merino, el nexo del programa en El Salvador. Ninguno respondió.

Representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia. Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, la que solicitó poder cometer esta violación al acuerdo.

El caso Nicaragua
“Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, escribió Maduro, presidente de Venezuela, justo al lado de su firma aprobatoria. El documento que rubricó el 23 de marzo de 2015 detallaba una oferta de importaciones por $446.3 millones en café, carne de res, ganado, azúcar, aceite de girasol, leche y frijoles negros a despacharse durante ese año desde la nación centroamericana gobernada por su aliado, Daniel Ortega.

Las cotizaciones incluían precios que en la mayoría de los casos rebasaban referencias internacionales o estaban entre los más altos presentados en la historia reciente de las exportaciones nicaragüenses. Ese lujo lo asumía el Gobierno venezolano a pesar de que entonces el mercado petrolero mundial del que dependen sus finanzas y las del país ya había sufrido un desplome de 50 por ciento.

Mientras Maduro culpaba a la guerra económica por la falta de bienes y por la inflación que crecía como un tsunami, aprobaba la adquisición de café verde a $243 el quintal y de carne de res a $5,690 la tonelada, montos que superaban los mejores promedios de venta de ambos rubros en 20 años, según cálculos basados en datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El plan aprobado por el gobernante venezolano se materializó en un contrato con cargo a recursos públicos que fue ejecutado por empresas controladas por los gobiernos de ambos países. El negocio representó el corolario de una serie de transacciones desde Nicaragua con destino a Venezuela por aproximadamente $2,700 millones. Una operación que comenzó desde mediados de 2008.

Todas las negociaciones se concretaron a través de un sistema de compensación de deudas mediante el cual naciones centroamericanas y caribeñas pagan con bienes parte de los suministros petroleros concedidos por el Gobierno venezolano en las condiciones de los acuerdos de cooperación energética creados por el entonces presidente Hugo Chávez.

El abanico incluye a Petrocaribe, el programa estrella, y a otros suscritos en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La espina dorsal del entramado es la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa sobre la que llovió el maná petrolero hasta julio de 2014, pero que hoy está cercada por las deudas, por los escándalos de corrupción y de lavado de dinero y por el retroceso de la capacidad de producción y refinación.

Con base en documentos internos y rendiciones de cuenta de la corporación petrolera, en peticiones de información pública, en estadísticas de comercio internacional y en entrevistas a fuentes vinculadas a las transacciones
La evidencia recopilada refleja inconsistencias entre la información de precios y volúmenes contenida en documentos oficiales vinculados a las operaciones y en los reportes de organismos que procesan estadísticas relacionadas con los acuerdos o con la actividad de las aduanas portuarias. Los diferenciales tuvieron destinos inciertos que financiaron la corrupción, según fuentes de la petrolera venezolana.
El panorama, de acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, fue favorecido por el descontrol de las instancias de PDVSA que tenían la responsabilidad directa de supervisar las transacciones. Parte de esas operaciones involucraron a personas y compañías que terminaron siendo castigadas, investigadas o vigiladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de activos.
Esta investigación periodística revela igualmente que empresarios vinculados a gobiernos afines a la denominada revolución bolivariana lograron concretar lucrativas transacciones en el sistema sin que pasaran un mínimo escrutinio público.
Ningún vocero de PDVSA atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto. Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera, exministro de Energía de Chávez y articulador de las políticas petroleras venezolanas en la región, sí aceptó referirse al tema y negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013.

“Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.
Sin embargo, un informe de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento.
El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos: “Se evidenció en la revisión del proceso de compensación comercial… la ausencia de una norma que se ajuste para las actividades que deben ser ejecutadas”.

Los auditores imputaron además a PDV Caribe, filial de PDVSA constituida en 2006 para encargarse de la gestión de Petrocaribe y de los convenios conexos del ALBA, responsabilidades por no haber actuado como el ente centralizador de la compensación: “No cuenta con documentación de soporte suficiente sobre los rubros adquiridos por la República Bolivariana de Venezuela”. Los analistas se referían a facturas, registros de embarque y desembarque y reportes de calidad, entre otros, que debían ser archivados y remitidos a la gerencia financiera para las conciliaciones respectivas.

La omisión no deja de ser relevante si se considera que la filial desempeñaba un rol internacional estratégico y fue manejada desde su creación por hombres de confianza de Chávez y Maduro. Entre ellos han estado el fallecido Bernardo Álvarez, quien fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos; y Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo.
En la práctica, según fuentes de PDVSA, la red de empresas públicas importadoras de alimentos de Venezuela, asumió el papel de gestionar las compras y de controlar los documentos de respaldo. Entre esas compañías se encontraban la Corporación de Abastecimiento Agrícola (CASA) y la Corporación de Comercio Exterior (CORPOVEX) y la ya eliminada Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).
El conglomerado ha sido manejado principalmente por militares, algunos de los cuales han sido señalados por incurrir en adquisiciones con sobreprecios, por desviar fondos e incluso han sido blanco de indagaciones de la opositora Asamblea Nacional, que terminó neutralizada políticamente por Maduro.

El mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El gran cliente
Nicaragua, que recibió hasta junio de 2018 más de $$3,760 millones en préstamos petroleros, se ha servido de la compensación como ningún otro país. Ello ha sido el reflejo de la imbricación de los gobiernos de Caracas y Managua y del apoyo otorgado a Daniel Ortega. Los convenios con Venezuela son una de las claves que explica como el régimen de Ortega logró alto favoritismo por muchos años. La cooperación, entre otras cosas, le ayudó a mantener satisfechas organizaciones agropecuarias afines a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a poderosos empresarios agroindustriales locales y centroamericanos.

Los cargamentos con productos alimenticios remitidos por Nicaragua representaron casi 70 % de los montos transados en el mecanismo de compensación, lo que generó un boom exportador en el país centroamericano que cedió con la crisis petrolera. Las categorías de la carne de res y el ganado fueron las reinas, pues supusieron más de $1,250 millones en exportaciones hasta 2017, según datos del BCN. Café, azúcar, frijol negro y leche también han estado entre los renglones más destacados. Todos los despachos fueron monopolizados por una gran intermediaria: la binacional ALBA Alimentos de Nicaragua (Albanisa). Esa compañía es filial de ALBA de Nicaragua (Albanisa), que a su vez es una sociedad entre las estatales Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) y PDV Caribe, accionista mayoritaria.

Francisco López, uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega y tesorero del FSLN, hasta junio de 2018 fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.
Albanisa fue una consentida que logró colocar en Venezuela productos por cotizaciones envidiables para cualquier empresario. En los boletines del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) son recurrentes las menciones a los “precios preferenciales” o “superiores” ofrecidos por el Gobierno venezolano con respecto a otros clientes internacionales. En la carne de bovino, por ejemplo, fueron los mejores pagados no en 20 sino en 30 años, según admitió René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), el mayor gremio empresarial del rubro, a AFP en agosto de 2017. Las cotizaciones favorables ayudaron a Nicaragua a descontar a un ritmo más rápido la deuda de largo plazo, equivalente a la cuarta parte de los préstamos. También le permitió cancelar con bienes la porción de corto plazo, que equivale a 50 % del financiamiento y que debe completarse en 90 días. El resto de las naciones beneficiarias la paga en efectivo, pero el país centroamericano ha insistido en honrarla con alimentos, según documentación obtenida por #Petrofraude.

Los privilegios para Albanisa también incluyeron la permisividad con la baja calidad de algunos productos y con intermediaciones de cargas provenientes de terceros países. La empresa igualmente gozó durante seis años de una relación prácticamente directa con CVAL, CASA y otra compañía pública, Café Venezuela, en el marco del esquema de compensación. Según documentos obtenidos de los entes de control venezolanos, las exportaciones nicaragüenses hasta 2014 se realizaron sin que la Gerencia de Finanzas Internacionales de PDVSA hiciera una sola acta de conciliación con Albanisa. Las primeras dos se suscribieron, de hecho, el 26 de abril de ese año.
Una de esas actas se refirió exclusivamente a los cargamentos de café verde y se basó en datos en los que #Petrofraude identificó inconsistencias. El documento fue firmado por Víctor Aular, gerente de Finanzas Internacionales de PDVSA; y por Francisco López, presidente de Albanisa, y uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega. López es el tesorero del FSLN y hasta junio de 2018 encabezó la empresa de alimentos y fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.

En el documento de conciliación se afirmó que Albanisa exportó satisfactoriamente a Venezuela $393.6 millones entre el 31 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con un finiquito que había sido remitido por Café Venezuela. En ese período de cinco años, sin embargo, los despachos totales desde Nicaragua no superaron $248.5 millones, según una comparación de las cifras del tres instituciones de ese país: el Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX), el MIFIC y el BCN. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), basado en los reportes de las aduanas, señalan que al país suramericano ingresaron $295.2 millones en renglón de café verde. Es decir que solo en este rubro específico de café hay casi entre $145 y $98 millones de diferencia aproximadamente sin ningún tipo de soporte ni explicación con respecto a los montos que fueron conciliados.

El acta firmada no específica un dato central: las cantidades de producto. El finiquito de Café Venezuela, al que tuvo acceso el medio nicaragüense Confidencial, socio de la presente investigación, indica que los despachos fueron equivalentes a 1,884,769 quintales, por lo que cada uno se tasó en aproximadamente $208, monto que superó como mínimo en $20 el promedio de las ventas al exterior del rubro en esos años de acuerdo con los datos del BCN y del CETREX. En 2011, por ejemplo, solo compradores de los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda y Austria superaron los pagos promedios de Venezuela. Esos países suelen ser consumidores de cafés especiales que se transan por más dinero.

Un dato adicional arroja sombras sobre la transacción. Según las estadísticas oficiales nicaragüenses al país suramericano solo se remitió un máximo 1.5 millones de quintales y de acuerdo con el instituto estadístico venezolano el volumen fue de 1.4 millones. Las diferencias oscilan entre 300,000 y 400,000 quintales aproximadamente con respecto a las cantidades señaladas en el finiquito.
El café verde despachado a Venezuela, además, estaba lejos de tener una etiqueta de máxima calidad, de acuerdo con testimonios recabados para el presente trabajo. Productores nicaragüenses recuerdan que entre 2008 y 2015 incluso vendieron a muy buenos precios lotes que se consideraban broza o desperdicio.

“El café que es para tostadoras locales se estuvo exportando a buenos precios”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Productores de Matagalpa, zona montañosa donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero ¿quién se va a quejar en Venezuela?” Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”.

Aunque Albanisa era responsable de los despachos, productores consultados coincidieron en que había intermediarios que recogían el producto. Uno de ellos, según afirman, era la empresa Agroexport en cuya página web se menciona a Venezuela como destino. Un representante de la firma fue consultado, pero negó participación en el negocio y atribuye a un error la referencia del país suramericano en su plataforma.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el Gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la FEDEAGRO, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios prémium pero era de baja calidad”.

Para más datos sobre más países, y para consultar visualizaciones detalladas con la información sobre el convenio, visite la página web 7s.laprensagrafica.com.


El desvío de los petrodólares

Bajo el acuerdo energético promovido por Venezuela, Gobiernos aliados de este país tuvieron carta blanca para manejar discrecionalmente y sin mayores controles los fondos obtenidos gracias a los préstamos petroleros. Parte del dinero se usó para inversiones privadas, proyectos fallidos y quedó entrampado en una maraña de empresas vinculadas a gobernantes de la región.

La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6,000 metros cuadrados, localizado en el bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en $85,000. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en $1,300,000 por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.
Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó ALBA Petróleos de El Salvador (ALBA Petróleos), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de $1,100 millones en créditos petroleros suministrados por el Gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.
Merino ocupa el cargo de asesor mayor en ALBA Petróleos, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (Agencia Antinarcotráfico) y el FBI (Policía Federal Investigativa).
La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por $6 millones de ALBA Petróleos.
El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de ALBA Petróleos permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos.
ALBA Petróleos fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.
En la práctica, como demuestran sus balances, ALBA Petróleos opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por $500 millones a 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.
Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de ALBA Petróleos.

Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son “offshore” y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.
El destino de los préstamos de ALBA Petróleos es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra, además, del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de $28 mil millones en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta 2% anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.

El desvío de Petrodólares

Sospechas. Esta gasolinera en el bulevar Venezuela forma parte de un enorme esquema especulativo inmobiliario que estuvo marcado por los frecuentes cambios de manos de las propiedades.

La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6,000 metros cuadrados, localizado en el bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en $85,000. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en $1,300,000 por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.

Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó ALBA Petróleos de El Salvador (ALBA Petróleos), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de $1,100 millones en créditos petroleros suministrados por el Gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.

Merino ocupa el cargo de asesor mayor en ALBA Petróleos, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (Agencia Antinarcotráfico) y el FBI (Policía Federal Investigativa).

La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por $6 millones de ALBA Petróleos.

El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de ALBA Petróleos permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos.

ALBA Petróleos fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.

En la práctica, como demuestran sus balances, ALBA Petróleos opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por $500 millones a 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.

Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de ALBA Petróleos.

Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son “offshore” y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.

El destino de los préstamos de ALBA Petróleos es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra, además, del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de $28 mil millones en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta 2% anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto.

La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.