Las millonarias empresas que cabían en una oficina

La sede. El local 201 del Centro de Oficinas La Sultana es todavía la dirección legal de al menos ocho empresas, cinco de las cuales se describen en este reportaje.

En el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, a un costado de la autopista Sur, funciona una pequeña compañía de publicidad. El recinto no tiene más que unos 6 metros de fondo por 4 metros de fachada, apenas suficiente para albergar el consultorio de un dentista o de un psicólogo.
Pero solo hasta hace unos meses, en este mismo sitio funcionaron varias empresas, cada una de las cuales reporta la posesión de millonarios activos ante el Centro Nacional de Registros.
El vigilante que esta tarde de noviembre está encargado de resguardar la entrada asegura que en los años que ha laborado aquí y antes de que sus nuevos inquilinos ocuparan el espacio, solo dos personas trabajaban en el local 201. Una era la señora encargada de hacer la limpieza, que recibe su pago desde la administración del edificio, y la otra era una empleada que permanentemente ocupaba la oficina. Según el vigilante, quizá una vez a la semana esa misma mujer recibía la visita de dos hombres, de los que no sabe precisar el nombre ni dar una descripción física.
La correspondencia relacionada con esa dirección iba dirigida a varias sociedades, comenta, pero siempre identificaron a ese local como la sede de la Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD), una de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, ayudó a darle apariencia de legalidad a un dinero proveniente de los fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público en 2006 y 2007, durante el mandato de Antonio Saca, a quien la misma entidad acusa de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de $300 millones provenientes del erario público.
El local 201 sigue siendo la dirección legal de OSAD y de otras tres compañías a las que el ministerio público ha señalado como responsables de recibir dinero de los contribuyentes desviado por Antonio Saca: Garantía en Dirección Empresarial (GDE), Group Corporation (GROCORP) e Investment Group (INGROUP).
También continúa siendo la dirección legal de otra compañía: Export Services. A pesar de no ser parte del proceso abierto en los tribunales, comparte las mismas características con las cuatro que sí están señaladas.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías, según revisiones a sus balances presentados en el Registro de Comercio y la información recogida por la FGR en su acusación contra Jorge Hernández y cuatro imputados más.
La puerta de la compañía de publicidad que hoy ocupa la oficina 201, y que no tiene nada que ver con los anteriores inquilinos del espacio, estuvo cerrada en diferentes visitas hechas a lo largo de noviembre, algo comprensible si se toma en cuenta que la mayor parte de sus actividades se realizan en exteriores. Sin embargo, el primer día de diciembre, el director comercial de la empresa llega cargando algunas cajas a la oficina y acepta hablar con la condición de que no se diga su nombre ni el de la sociedad.
La empresa arribó al recinto en la segunda mitad de agosto luego de llegar a un acuerdo de arrendamiento con el dueño de la oficina. En este complejo, cada espacio cuenta con su propietario. La administración del edificio solo se encarga de aportar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento, para los que cobra un importe de $40 mensuales.
Según el director de la compañía de publicidad, tuvieron que hacerse cargo de seis de esos pagos, que los anteriores inquilinos no cancelaron. Incluso el dueño de la oficina les aseguró que desaparecieron hace casi un año sin pagarle algunos meses de arrendamiento. No volvió a saber de ellos.
“Todavía nos vienen algunos recibos, correspondencia dirigida a estas empresas. Incluso los citatorios judiciales llegaron aquí. Eso, lógicamente, como no nos pertenece, lo destruimos apenas nos llega”, comenta.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, esto, que una pléyade de empresas con importantes activos comparta una misma pequeña sede, apenas suficiente para funcionar, debe ser un motivo de alarma para las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en un país.
“Diferente fuera que existiera un piso entero, adonde hubiera cinco oficinas donde hubiese una cantidad de personal y de equipo de oficina razonable para unas empresas del capital semejante al que dicen estar constituidas en los documentos. Todos esos elementos indican que estamos ante una tipología de posible lavado de activos”, comenta el experto.
Carlos Gamero Quintana, Laabin Tóchez y Enrique Guatemala son prófugos de la justicia. La única forma de establecer contacto con ellos para conocer su versión es a través del abogado defensor de los dos primeros, Luis Servellón.

Allanada. En esta casa de Cumbres de Cuscatlán, la FGR secuestró información relacionada con las empresas. Es también la residencia de Carlos Gamero Quintana.

Según este último, colocar tantas empresas en un mismo sitio fue una decisión tomada por sus clientes para mantener un bajo perfil debido “a la naturaleza de los trabajos que realizaron para el gobierno de Antonio Saca”. Según Servellón, esos servicios fueron prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Por ello, afirma, no aparecen en los registros de contratistas del Estado en los años en los que, presuntamente, hicieron esas labores.

El futuro. El Ingenio La Cabaña se encarga de procesar la caña producida por la hacienda Lombardía desde hace varios años. En la entidad aseguran que se encargarán de la cosecha de 2018, pues aún no se les ha informado de ningún problema para ello.

El abogado afirma que las empresas funcionaban en otros locales. Y para asegurar eso se sostiene en los allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2017, el día en el que se capturó al empresario Jorge Hernández. El ministerio público pidió autorización para intervenir siete locales. En tres de ellos no encontró información (la FGR identifica uno de estos como la dirección de Laabin Tóchez, uno de los acusados). Otros tres inmuebles estaban relacionados con Hernández y sus empresas, Marketing and Service y Unicentro.
Solo en uno de los objetivos se secuestraron documentos relacionados con OSAD, GDE, INGROUP y GROCORP, las cuatro empresas señaladas en el proceso penal. Se trata de la vivienda número 19 de la calle Quezaltepec, en la residencial Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. La misma que la FGR señala como la dirección de uno de los acusados, Carlos Gamero Quintana. Allí también funcionaba su oficina personal de abogado, según lo descrito en el informe de hallazgos de los allanamientos.
Es diciembre de 2017. La propiedad está protegida por un sólido portón. Cuando se llama a la puerta (el intercomunicador y el timbre colocados a un lado no funcionan), un perro ladra con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, una mujer dedicada a los servicios domésticos atiende la llamada para afirmar que ella, junto a su jefa, una joven estudiante, son las únicas habitantes del inmueble. La casa le pertenece a una de las empresas incluidas en el proceso penal, Garantía en Dirección Empresarial (GDE).

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LA SOCIEDAD CAÑERA
La hacienda Lombardía, en Zacatecoluca, tuvo alguna vez una multitud de dueños. Fue así gracias a una reforma agraria que la entregó a una cooperativa en la década de los ochenta. Entonces, la tierra sirvió para varios cultivos: melones, arroz, marañón.
Después de dos décadas, estos propietarios decidieron vender su parte a la empresa Garantía en Dirección Empresarial (GDE), que adquirió las 219 manzanas de terreno por $200,000 el 21 de diciembre de 2006, solo meses después de su conformación. Tras el arribo de GDE, el producto reinante fue la caña de azúcar.
Según información bancaria recogida por la Fiscalía General de la República en la acusación fiscal contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, para el día en que se realizó la compra, GDE ya había recibido de parte de Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño, más de $535,000 en 39 diferentes transacciones.
Desde entonces, una empresa que señala como su rubro de actividades la administración de libros contables pasaba a ser la propietaria de una hacienda de grandes proporciones, que toma unos 20 minutos en carro rodear en todo su perímetro.

La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró por $450,000 el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este día de finales de noviembre, un hombre, al que llamaremos Mauricio, descansa al lado del camino que lleva a San José de la Montaña, en Zacatecoluca. Está echado a la sombra junto a su moto. Cuando se le pregunta por la ubicación de la hacienda Lombardía, señala a sus espaldas. La de esta propiedad es la caña que ahora llena los ojos.
Mauricio afirma que tiene apenas unas semanas de formar parte del equipo de empleados permanentes de la hacienda. Sin embargo, ha laborado desde hace años en la época de cosecha de caña. Para él, el nombre Garantía en Dirección Empresarial o GDE es desconocido. No sabría precisar a ciencia cierta a quién le pertenece esa propiedad. Solo señala un mito que la ha rondado desde hace una década entre los lugareños: que su dueño verdadero es el expresidente Antonio Saca, una tesis que repetirán al menos 10 personas consultadas entre trabajadores de Lombardía, empleados de otras haciendas vecinas y habitantes de la comunidad que rodea al inmueble.
La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró, por $450,000, el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en noviembre de 2007. Lo anterior se le hace ver al abogado defensor de Carlos Gamero Quintaba y Laabin Ninrod, Luis Servellón, en un café de San Salvador. El abogado reconoce haber escuchado historias semejantes alrededor de varias de las propiedades relacionadas con las empresas de sus defendidos.

Rural. Entrada al casco de la hacienda Lombardía, propiedad de la empresa Garantía en Dirección Empresarial. Los lugareños vinculan la propiedad a Antonio Saca.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de error, o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza como para que el expresidente dejara en manos de una de sus compañías una propiedad tan valiosa.
La hacienda Lombardía es parte de un juicio de extinción de dominio: la FGR sospecha que fue obtenida con dinero proveniente de actividades de corrupción. Su administración será responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se define si la propiedad pasa a manos del Estado o regresa a sus antiguos dueños. Esto tiene en zozobra a decenas de trabajadores eventuales que cada febrero llegan a trabajar a la hacienda en el período de cosecha.
Será el CONAB la entidad con la que este año tendrá que entenderse el Ingenio La Cabaña, empresa que se ha encargado del producto de Lombardía desde hace años. Para conocer la postura de la empresa, se llamó a su sede central en Aguilares. Desde ahí indicaron que la persona idónea para hablar sobre ello era José Ábrego, gerente de Producción de Caña. Según este último, la relación que han mantenido con GDE es idéntica a la que tienen con cientos de productores de este cultivo a escala nacional.
Con GDE, además, el trato siempre ha sido el de encargarse de todo el trabajo de la cosecha y el transporte del producto hasta las plantas de tratamiento en Aguilares. Por ello, según Ábrego, el dinero que se paga a los trabajadores durante la época de corta proviene de La Cabaña. Eso a pesar de que GDE reporta año con año la erogación de unos $30,000 como pago para sus trabajadores.
Para GDE el negocio de la caña ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. La compañía asegura tener un rendimiento de 75 toneladas por manzana de terreno. Según datos del Centro Nacional de Registros, desde al menos 2009, Garantía en Dirección Empresarial ha dado un valor de medio millón de dólares a la caña producida por la hacienda Lombardía y las otras dos propiedades agrícolas que le pertenecen, ubicadas a unos cuantos metros de esta, en el vecino Tecoluca.

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LAS EMPRESAS QUE COMPRAN EN LAS MISMAS VECINDADES
Las haciendas agrícolas no son los únicos inmuebles poseídos por GDE. Como se expuso en el primer bloque de este reportaje, Garantía en Dirección Empresarial también es la dueña de la casa número 19 de la calle Quezaltepec, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la misma que fue allanada como parte del proceso penal y que el abogado Carlos Gamero Quintana señala como su vivienda de residencia.
Si se sigue en línea recta hacia abajo y se cruza la avenida Jiboa para incorporarse a la calle Atlacatl, será posible encontrarse con una casa propiedad de otra de las empresas relacionadas con los acusados Gamero Quintana, Enrique Guatemala y Laabin Ninrod. En el número 19 del polígono E, está una casa poseída por Investment Group (INGROUP), que tiene un valor de $275,000 según los documentos de compraventa.
Y si el lector gusta caminar un poco más, a unas cuantas calles más abajo para llegar al polígono M, se encontrara con la casa 66, poseída por otra de las sociedades domiciliadas en el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana: Export Services. Según el Centro Nacional de Registros, el valor de la vivienda es de $175,000. Y a unos cuantos metros está la número 24 del polígono B-8, propiedad de OSAD.
Otro tanto ocurre en la etapa II de la residencial La Montaña, en Santa Tecla. Hasta cuatro empresas de las que hasta hace unos meses tenían su sede en una oficina apenas suficiente para el consultorio de un dentista cuentan con un inmueble aquí: INGROUP, GDE, Export Services y Group Corporation (GROCORP). Esta última donó su derecho, en 2015, a otra de las sociedades relacionadas, OSAD, en un usufructo. Los precios de estas viviendas oscilan entre los $385,000 y los $700,000.
Entre las cinco compañías poseen una multitud de inmuebles. Según la cuenta realizada por Séptimo Sentido al revisar todas las compraventas relativas a estos en el Centro Nacional de Registros, el valor total de terrenos y residencias es de $4,194,200.
El valor de lo poseído solo en propiedades por estas cinco empresas es de más de la mitad del dinero que, según el ministerio público, la red conformada por Jorge Hernández y estas compañías lavó para el expresidente Saca, pues la cifra se coloca en $8.1 millones.

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Residencias. Fachada de la casa que Investment Group (INGROUP) posee en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Cuesta $275,000. Otras tres empresas relacionadas tienen viviendas ahí.

LAS OTRAS FORMAS EN QUE SE RELACIONAN LAS EMPRESAS
Las cinco empresas mencionadas comparten otra similitud: al final de su segundo ejercicio (a excepción de GDE y OSAD, que lo hicieron hasta el tercero), los activos declarados ante el Centro Nacional de Registros sobrepasaron el $1 millón. Sobre todo, gracias a servicios prestados en el extranjero. Por eso mismo han estado eximidas de pagar varios impuestos.
La Fiscalía General de la República asegura que Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño Jorge Hernández, depositó, entre 2006 y 2007, $2,829,000 a estas compañías, que se dividieron de la siguiente manera: GDE $773,500, OSAD $617,500, GROCORP $611,000 e INGROUP $827,000.

Según Luis Servellón, abogado defensor de Carlos Gamero Quintana y Laabin Ninrod, ese es el dinero que, precisamente, las empresas de sus clientes recibieron en pago por los servicios presuntamente prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Pero ¿qué experiencia tenía un grupo de abogados en actividades de inteligencia? ¿Por qué labores recibieron tanto dinero?

Operativo. La mayor parte de locales allanados por la FGR en noviembre tenían que ver con Jorge Hernández y sus empresas, no con estas compañías.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?
“Por tratarse de actividades reservadas, ellos dicen que no tienen documentos relacionados con esos trabajos, que el dinero lo recibían a través de cheques o de efectivo. Pero dicen que tienen cómo comprobar que esos servicios se prestaron a través de las declaraciones de IVA de las empresas. A la espera de eso estoy para poder hacer mi defensa”, comenta Servellón.

Sin embargo, las sumas percibidas por la prestación de esos servicios serían todavía muy inferiores a las de los activos reportados por las cuatro empresas señaladas en 2007, el último año en el que recibieron dinero desde Marketing And Service. INGROUP, que obtuvo $827,000 desde la empresa de Hernández, contaba para ese ejercicio con activos de más de $3 millones.

Las empresas, además de compartir a los mismos miembros de junta directiva y algunos accionistas, también se han desempeñado como accionistas unas de otras. El caso más representativo es el de INGROUP.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de errores o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza.

Según el Informe sobre Distribución o Capitalización de Utilidades obtenido por la FGR, INGROUP ha sido accionista, en diferentes porcentajes, de cuatro de las empresas con las que comparte la misma dirección legal. Desde 2007 es la dueña del 99 % de Export Services, lo que le significó dividendos que superaron los $200,000 en promedio anual. Desde 2011 también es accionista de GDE y OSAD, sus compañeras de dirección legal.
Por otra parte, INGROUP, según datos de la FGR, tiene a otra de sus vecinas, Group Corporation, como la propietaria del 25 % de su paquete accionario.
Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, lo enrevesado del esquema es una alarma: sociedades detrás de sociedades que facilitan la ocultación de activos y de beneficiarios finales.

Al Estado. Algunos inmuebles de las empresas de Gamero y compañía podrían pasar a manos del Estado, que hizo su primera subasta en noviembre, tras un juicio de extinción de dominio.

Luis Servellón, el defensor de dos de los acusados, sostiene que esos esquemas no tenían otro objetivo que permitirle a sus clientes pagar menos impuestos “a través de mecanismos lícitos”.
Otra curiosidad de las empresas es que dos de ellas, GDE y Export Services, le han prestado montos cercanos a los $200,000 a una misma sociedad llamada Salvataje de Deudas Group (SALDEGRO), que tuvo en sus primeros años como representante legal al omnipresente Carlos Agustín Gamero Quintana. SALDEGRO también informa que su dirección legal es el número 201 del Centro de Oficinas La Sultana.
Actualmente, esta empresa con activos de más de $4 millones tiene como representante legal y administrador único propietario a Inving Tóchez, abogado y exfuncionario de los gobiernos de Saca y Mauricio Funes. Tóchez, según la FGR, asesoró a Jorge Hernández y los otros cuatro implicados en el esquema que habría lavado $8.1 millones para Saca.
Desde la ventana del local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, la vista ya comienza a llenarse de vehículos. Poco a poco, el tráfico engrosa de sonidos la autopista Sur, la arteria más concurrida del país.
Sentado frente a una mesa redonda y a una pizarra tachonada de nuevas ideas para su negocio, al director comercial de la empresa de publicidad que ahora ocupa la oficina 201 le cuesta creer que en el mismo espacio en que él y sus colaboradores realizan su trabajo tuvieran su dirección legal tantas empresas con activos millonarios, las mismas que aparecen como propietarias de inmuebles en La Paz, La Libertad y San Salvador.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?

Por nuestra salud mental

Los lamentables sucesos ocurridos a finales del año pasado entre miembros de la Policía Nacional Civil pueden discutirse y analizarse desde varios enfoques. Me interesa hacer una reflexión desde uno que en nuestro país siempre termina relegado, ignorado o en el peor de los casos tomado en son de burla, y es el de la salud mental.
Ser policía en un país con los índices de violencia que tenemos es un trabajo no solo de alto riesgo, sino también con altos niveles de estrés personal. La exposición permanente al peligro sumada a la posibilidad de que incluso los miembros de sus familias sean afectados por la violencia es una realidad con la que tienen que convivir todos los días. Las condiciones de trabajo (horarios extraordinarios, bajos salarios y en algunos casos, hasta falta de equipo adecuado) se suman a las preocupaciones de nuestros agentes. Los aumentos salariales y los bonos que el Gobierno otorga a este sector no son suficiente paliativo para el nivel de tensión psicológica al que permanecen sometidos.
Existen apenas 33 psicólogos para atender a una población de 28,500 agentes. Es fácil hacer la matemática correspondiente y darse cuenta de que es humanamente imposible para dichos profesionales atender de manera adecuada a tanto personal.
La función policial misma exige una actitud de frialdad, fuerza y ecuanimidad. Un policía no puede llegar a la escena de una masacre o ver un cadáver desmembrado, quebrarse y ponerse a llorar, por ejemplo. Imagine el lector lo que este tipo de escenario constante supone para un ser humano en su constitución psicológica, aunque dicha persona haya sido entrenada para mantenerse incólume en las situaciones más adversas.
Los casos de suicidio, violencia, alcoholismo y drogadicción entre los mismos agentes no son nuevos. Vienen ocurriendo desde hace algunos años. Por desgracia, vivimos en un país lleno de prejuicios e ignorancia de toda índole. Los prejuicios que tiene nuestra sociedad en torno a la salud mental son de los más arraigados. Estos prejuicios, al no ser superados, se convierten en un elemento de riesgo para la sociedad en su conjunto.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, cuyo 26.º aniversario se conmemora justo en estos días, a nadie se le ocurrió incorporar un componente obligatorio de atención psicológica para todos los desmovilizados, tanto del ejército como de la guerrilla. Estamos hablando de miles de hombres y mujeres que se pasaron más de una década de sus vidas en el campo de batalla. Pero no solo quienes fueron combatientes activos necesitaban atención. También lo necesitó la población civil, sobre todo la que sobrevivió aquel tiempo en lugares donde los combates y las matanzas ocurrían con frecuencia.
Los Acuerdos de Paz no borraron por arte de magia las heridas psicológicas y emocionales que la perversión de la guerra dejó en muchos. Venimos arrastrando ese peso hasta el día de hoy. La dinámica de la guerra impidió la elaboración de neurosis, psicosis y duelos provocados por los muertos, los exiliados, los desaparecidos, las pérdidas materiales, la brutalidad, la tensión y el peligro permanente. No había tiempo para llorar, solamente para sobrevivir. El dolor se reprimió y se postergó indefinidamente. Pero eso no significa que esos males desaparecieran o se “resetearan” con el cese al fuego. Los seres humanos no somos máquinas y las emociones no se encienden y apagan a voluntad. Siguen ahí y se manifestarán, tarde o temprano, a través de nuestra conducta, a veces en explosiones de ira, violencia o auto destrucción.
Encima de eso, las enfermedades mentales siempre han sido vistas como algo vergonzoso. No hablamos de la depresión, de la ansiedad, de la bipolaridad, de la esquizofrenia, de la neurosis y de otros desórdenes mentales porque nadie quiere ser tachado de “loco”.
La moda actual del positivismo “new age” insiste en hacernos creer que todo es un asunto de actitud y subestimamos los desórdenes mentales profundos como algo serio que merece atención profesional. Se piensa que la depresión o un ataque de pánico se solucionan con un par de palmaditas en la espalda y con frases de cajón: “Hay que pensar en positivo, debemos ser fuertes ante los embates de la vida, el tiempo todo lo cura, todo pasa, no pensés en eso, dejá de llorar, hacé algo útil para distraerte”. Peor aún, quien sufre de algún trastorno mental termina siendo señalado muchas veces como el causante de su propio mal, pese a que existen estudios científicos que demuestran que la genética juega un rol indiscutible en su condición.
Otro de los grandes prejuicios que existen en torno a estos males es que “son enfermedades burguesas”. Los pobres no tienen tiempo para deprimirse porque tienen que buscar la sobrevivencia a toda costa y “no tienen tiempo” para llorar o ponerse tristes. El limitado acceso a profesionales e instituciones de salud mental de calidad en el país viene a sumarse al problema. Solo el que tiene recursos económicos abundantes y garantizados puede darse el lujo de un tratamiento psicológico o psiquiátrico constante.
No solo los agentes de la corporación policial necesitan apoyo psicológico. De hecho lo necesitamos la gran mayoría de la población debido a un sinnúmero de factores. Somos receptores de múltiples manifestaciones de violencia, agresividad, injusticia, impunidad y cinismo en el día a día. Es difícil mantenerse ecuánime y no sentir ganas de manifestar esa frustración que nos va creciendo por dentro. Muchos la dejan escapar en agresiones domésticas o en ataques de ira durante el tráfico. Otros, impotentes y abandonados en la soledad extrema de quien no encuentra ni siquiera un interlocutor con quien desahogarse, optan por el suicidio.
Los índices de violencia y agresividad con los que vivimos son una manifestación de esa salud mental que no tenemos. Su normalización también es un mal síntoma.
Informarnos sobre los desórdenes mentales ayudará a que superemos nuestros prejuicios y a ser empáticos con los demás. Tener una actitud de comprensión y de respeto ante los males ajenos hasta podría servir para salvar la vida de alguien.

La patria ajena

Hace 20 años, El Salvador tenía otro rostro. Los Acuerdos de Paz habían dejado la ilusión del recomienzo, la construcción de algo mejor. Se podía salir a las calles con relativa tranquilidad y “mara” aún era una palabra que se usaba sin temor.
Tampoco había temor a la hora de atravesar ciertas zonas o de cambiar de vecindario. Para entrar a una colonia no había que averiguar quién la controlaba, ni enseñar el DUI. Los hijos podían vivir en un lugar y estudiar en otro, sin que eso pusiera en peligro sus vidas.
Los pequeños negocios podían surgir sin que las ganancias las drenara la “renta” o el pago por protección. Las tiendas podían ser surtidas sin que eso implicara que los camiones repartidores cancelaran “peaje” a cambio de pasar sin mayores riesgos.
Hace 20 años El Salvador era otro en muchos aspectos. Y ese es el tiempo que muchísimos de nuestros compatriotas tienen de vivir en Estados Unidos, buena parte sin poder regresar al país por miedo a que no los dejaran entrar de nuevo a territorio norteamericano. Allá se casaron, allá abrieron sus negocios, allá tuvieron a sus hijos, compraron propiedades y pagaron impuestos.
Ahora 200,000 de estos salvadoreños se han quedado sin el amparo legal para mantener la vida que han conocido durante las últimas dos décadas. El plazo para buscar opciones o prepararse para volver es de apenas año y medio. Año y medio para empacar tu vida y partir. Año y medio para decidir si te quedas y te la juegas. Año y medio, poquísimo tiempo.
Habrá muchos obligados a volver por diferentes circunstancias, y los recibirá una patria ajena, un lugar diferente al que dejaron, en el que las reglas han cambiado y donde quienes acá vivimos hemos aprendido a normalizar la violencia y a hacer cotidianas las medidas de seguridad necesarias para tratar de evitar desgracias.
Las autoridades salvadoreñas hablan de recibirlos con los brazos abiertos. Y sí, estoy segura de que así será, de que la población decente será solidaria y buscará la manera de hacerles menos difícil el proceso. Pero tampoco hay que negar que el país es hostil para propios y ajenos, para nacionales y extranjeros. Es difícil vivir aquí, aun para quienes hemos aprendido a sobrellevar nuestra realidad de inseguridad, de inequidad, de injusticia, impunidad y fallas institucionales.
El drama de quienes vuelven a un país al que legalmente pertenecen pero al que desconocen totalmente se repite a diario cuando ciudadanos de diferentes naciones son deportados, sobre todo los más jóvenes, y enviados a lugares que les son totalmente extraños, que nunca conocieron antes, donde no tienen familia ni lugar donde quedarse y ni siquiera conocen el idioma.
¿Qué podemos hacer para amortiguar el golpe para los retornados?, ¿cómo prepararnos para lo que se viene?, ¿qué harán quienes ahora nos piden nuestro voto y que estarán en el Legislativo y en el Ejecutivo para cuando, en septiembre de 2019, se acabe el plazo para los beneficiarios del TPS?
Como país tenemos el enorme reto de dejar de ser territorio hostil, de recuperarnos y volvernos un lugar del que nadie quiera salir huyendo. Desde nuestro ámbito personal hay mucho por hacer, desde la práctica de la solidaridad, de la tolerancia y de la honestidad, hasta el ejercicio de nuestros deberes cívicos y políticos para abonar a la sanación profunda que nos urge.

Racista

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca gracias en gran medida a su plataforma racista, una que entiende a las minorías, principalmente a las de origen extranjero, como seres humanos sin derecho a ningún tipo de protección legal. El desprecio a esas minorías, sobre todo a la latinoamericana y la árabe-musulmana, es piedra angular del trumpismo.
La cancelación del TPS (es eso, una terminación, por mucho que el discurso del oficialismo salvadoreño pretenda darle vueltas) es solo un paso más en el cumplimiento de una promesa que Trump hizo durante su campaña: hacer todo lo posible para disminuir la migración de pobres o perseguidos de otros países hacia Estados Unidos y hacer la vida más difícil para los migrantes que ya están aquí, sobre todo a los indocumentados. Es otra política motivada por el racismo.
Las políticas públicas emprendidas contra los migrantes y las minorías no son reflejo de un plan estratégico en principio; son la expresión política de la convicción de que hay un grupo de personas que tienen más derechos que otras. No es una idea nueva -Estados Unidos de América no terminan de cerrar esa brecha desde que se fundó como nación–, pero es innegable que ha adquirido nuevos bríos con la llegada de Trump al poder.
Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas para convertirse en narrativa oficial.
Estados Unidos ha usado lo mejor de su política, de su activismo, de su ciudadanía en general, para mantener a raya a quienes comulgan con la teoría esa de que este país les pertenece solo y sobre todo a otro grupo de migrantes, el formado por los descendientes de los europeos blancos que llegaron a su costa oriental en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Los mejores hombres y mujeres de este país se han dedicado a crear una narrativa nacional alejada de esas ideas. Uno de ellos, de los más icónicos, es Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de la Unión. El 29 de septiembre de 1863, en un cementerio lleno de soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil entre abolicionistas y esclavistas, Lincoln dijo: “… nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”.
De que todos los hombres son creados iguales. Iguales.
Donald Trump y su administración no creen en eso. El presidente lo deja claro cada vez que puede con sus acciones políticas y con sus retóricas, como cuando llama hoyos de mierda a los países de origen de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses; o como cuando promueve discursos que criminalizan a un grupo específico, los centroamericanos, al equipararlos a todos a la pandilla MS-13.
En realidad, la cloaca se abrió en Estados Unidos cuando estas ideas se convirtieron en narrativa oficial de la mano del trumpismo, del que forman parte, además del presidente, funcionarios que siempre creyeron en ellas, pero nunca habían encontrado suficientes espacios para convertirlas en políticas públicas, como el fiscal general Jeff Sessions o el vicepresidente Michael Pence.
Y están luego los millones de estadounidenses que votaron por Trump, los de a pie, quienes hoy se sienten empoderados para dar rienda a sus instintos y nos recuerdan los verdaderos hoyos de mierda que han ensuciado a este país durante su historia. Los hoyos de los que han salido quienes ondean banderas nazis en marchas que el presidente no condena, los supremacistas blancos a los que el presidente tolera y empodera en sus redes sociales, los niños de primaria que empiezan a repetir en las escuelas a sus pares morenos que se regresen a sus países.
El racismo ha vuelto a salir del hoyo en Estados Unidos.

Carta editorial

Lo que se lee en el reportaje que abre esta edición es la necesidad suprema de hacer transparente la gestión pública. A lo largo de la historia de este país ha habido muy pocos intentos por involucrar a la ciudadanía en la manera en la que se invierte y se mueve el dinero público. No ha habido una gestión efectiva para aumentar el interés de la gente en la manera en la que los gobiernos trabajan desde un punto de vista técnico. Solo los escándalos hacen volver la mirada hacia los aspectos administrativos, y no, no es lo correcto.

Un Gobierno que hace bien las cosas debe ser un gobierno de puertas abiertas, que permita a cualquiera no solo el acceso a la información, sino que también brinde espacios adecuados para increpar y para mostrar desacuerdos. El Salvador, hasta la fecha, no ha visto nada así.

En el reportaje titulado “Las millonarias empresas que cabían en una oficina”, el periodista Moisés Alvarado explica cómo, según lo expuesto por la Fiscalía General de la República, grandes cantidades de dinero público fueron a parar a empresas cuya formalidad ha quedado en entredicho y que no tenían ni una sede con suficiente capacidad para realizar las acciones que alegan.
La transparencia no es un accesorio ni es una deferencia. La transparencia es indispensable en toda acción que lleve a cabo un gobierno democrático. La clave para evitar cualquier caso de corrupción pasa por entender que es necesario eliminar cualquier pasillo oscuro dentro de la administración pública. No debería haber ahí nada qué ocultar a la población, la cual aporta el dinero con el que ese aparato funciona.

Los gobiernos están obligados a rendir cuentas y a explicar cómo caben, dentro de sus sistemas, empresas como las descritas en el reportaje de esta edición.

“Hemos venido a este mundo para ayudar”

¿Cómo describiría su vida como comunicadora en San Salvador?

Apasionante. A diario conozco lugares y personas diferentes, a pesar de la situación de inseguridad y lo que implica andar en lugares peligrosos, lo disfruto.

Si tuviera que empezar de nuevo, ¿qué carrera consideraría?

Optaría por arquitectura. Siempre pensé que esa sería mi carrera en un inicio, pero nunca es tarde para considerarlo.

¿Cuál es su mayor motivación para trabajar?

Mi hijo. Cada mañana que lo dejo, pienso en dar lo mejor de mí en las calles para que, cuando él esté más grande, se sienta orgulloso de su madre periodista.

¿A quién admira?

Admiro mucho el espíritu de la princesa Diana de Gales. Aún fallecida, su trayectoria como mujer es admirable por su caridad y su valentía de dejar los estereotipos de lado.

¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?

“No llores, mi cuerpo ya no está, pero mi espíritu vivirá por siempre”.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido?

Un juguete para el Día del Niño. Era un caballo blanco, pequeño, muy sencillo, pero vino de las manos de mi madre. Esa época fue difícil para nosotros como familia. Recuerdo haber llorado mucho, porque sabía lo que implicaba gastar dinero en ese momento. Yo tenía siete años.

¿Cómo imagina su futuro?

Mi futuro lo imagino alejada de la ciudad, ayudando a los niños de nuestro país con alguna organización y motivando a los demás para que entiendan que hemos venido a este mundo para ayudar a quienes lo necesitan.

Buzón

Buzón

Oportunidad para el Estado

La Ley de Extinción de Dominio es una herramienta que desde 2013 sirve para la incautación o confiscación de bienes de origen ilícito. Al parecer es una ley que estira y encoge porque en su aplicación se tocan intereses de personajes que han estado o están dentro de la administración pública, de ahí que la Asamblea Legislativa aprobó 16 reformas; no obstante, el fiscal general y diferentes expertos en la materia rechazan esos cambios porque a su juicio debilitan el músculo de la ley. Si en verdad se quiere atacar el tema de las finanzas ilícitas tiene que hacerse una rectificación racional, justa y responsable de la legislación sin motivaciones ideológicas y sin distorsiones por intereses personales. Lo que debe perseguir cualquier reforma es básicamente fortalecer la implementación y aplicación de la ley. La prescripción a la acción de extinción de dominio de 10 años no debe ser, esos delitos no debieran tener fecha de vencimiento, tampoco se puede presumir que solo las pandillas y el crimen organizado puedan tener un incremento patrimonial injustificado si a la vista de todos está el engrosamiento de caudales de funcionarios y exfuncionarios y, quedando así esa ley, no cumple con las normas internacionales.
El Estado por su parte tiene la oportunidad de rescatar recursos para sus necesidades, recursos que en muchas ocasiones son propiedad del pueblo. En todo caso es CONAB la instancia llamada a administrar sobriamente los bienes incautados y su destinación apropiada de acuerdo con el marco jurídico respectivo. Como dice el señor Cheng, en la entrevista de Moisés Alvarado, “lo que se incauta en los procesos penales es el instrumento del delito, pero no hay profundidad en debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales como sí lo hace la extinción de dominio”, de ahí que la ley debe estar estructurada de la manera más eficiente para que con una aplicación eficaz logre sus objetivos.
El CONAB por su parte tiene una inmensa responsabilidad en la administración, custodia y venta de los bienes extinguidos; debe tener una total autonomía, sin intromisiones para tomar las mejores decisiones con los bienes incautados. Se trata, como dice en el título, de que CONAB sea una empresa. La lucha contra la corrupción es uno de los requisitos más difíciles con los que tiene que lidiar el Gobierno para optar al derecho del Fondo del Milenio II.

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


El uniforme de Latinoamérica

Es triste ver cómo a toda Latinoamérica la unen las desgracias. Uno no ve, por decir lo poco, que en Noruega a la gente la dejen sola buscando a un ser querido desaparecido. Tampoco ve que la gente sufra violencia o la desaparezcan solo porque sí, y al día siguiente todo sigue tan normal.
El presidente de Estados Unidos se refiere a este país como “hoyo de mierda”. Y yo me pregunto ¿por qué hay personas que tenemos que vivir en hoyos de mierda sin que tengamos nunca la posibilidad de ser sujetos dignos de disfrutar de nuestros derechos completos? Lo que leímos de los padres en Bolivia pasa aquí también, pasa en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, por todos lados de América Latina nos quedan debiendo los Estados y, más que todo, la gente que lo forma y la que elige a los que van a ser parte de este. Es decir, que si vamos a la médula espinal de todo, lo que falla por estos lares es la gente. La gente no piensa en los demás. Al presidente de EUA yo al menos le tengo que reconocer que piensa en los suyos, en los blancos ricos, para el caso; y los quiere proteger de nosotros, la gente que convierte a sus países en hoyos de mierda. Y él está en todo su derecho.
Nosotros deberíamos, también, ver cómo nos protegemos entre nosotros y para empezar no hay que dejar solos a los que sufren, como esas madres y esos padres que merecen que se les diga dónde están sus hijos.

Cristian Salazar
cristiansala7812@gmail.com

ÁLBUM DE LIBÉLULAS (188)

1539. PREMIO A LA CONFIANZA

La nieve había vuelto a aparecer, como un hada desorientada, por las calles y avenidas de Nueva York. Los pronósticos meteorológicos indicaban hora de llegada y de partida del arrebato blanco, ¿pero en estos días quién puede confiar en semejantes afirmaciones, cuando el clima se ha convertido en el más perfecto profesor de extravagancia? Así las cosas, el pasajero desde el trópico resplandeciente tenía vuelo para aquella tarde, con la nevada anunciada en su apogeo. ¿Qué hacer? ¿Cambiar su vuelo vespertino por el vuelo nocturno, cuando ya según los datos climáticos la nieve hubiera tomado otro rumbo? Se quedó pensando. Y, como no era aventurero, prefirió mantenerse en lo definido de antemano. Tomó, pues, el vuelo de la tarde. Y ya en plan de aterrizaje, se asomó a la ventanilla. ¿Qué era aquello? La Luna sonriente, que le hacía un guiño de complicidad.

1540. PROYECCIÓN EXISTENCIAL

Al adquirir su motocicleta usada se sintió como un potentado al que se le cumplían los sueños. Había sido su ilusión más recurrente desde que era niño y unas tías que contaban con algunos recursos más que sus padres –un albañil y una echadora de tortillas– lo llevaban al circo y él se extasiaba con las acrobacias, sobre todo las del motociclista en el interior de la esfera metálica. Trabajaba en un “call center” de barrio, y ya andaba pensando en emigrar cuando se animara a la aventura. Entre tanto estaban ahí las calles de pavimento cariado y los caminos de piedra y polvo. Aquel día, un microbús iba tratando de ganarle la carrera al que corría adelantito, y en una maniobra falsa le dio al motociclista. Era él. Inservibles quedaron ambos, moto y conductor. Quizás tuvo un último pensamiento: “Ahora voy a necesitar una con alas”.

1541. LLAMADA VIVA

Todos los paisajes son espíritu. Y esta imagen, que venía siéndole cada vez más común en sus divagaciones de sedentario y de trotamundos –que ambas cosas era, como casi todos los mortales con imaginación alcanzativa–, se le aparecía hoy bajo la apariencia de una tienda de joyas en Nathan Road, Kowloon, una de las dos mitades de Hong Kong. Los jades expuestos en la vitrina parecían de pronto una colección de lunas cambiantes, que algo le estaban diciendo a aquel contemplativo callejeante, que más que un trotamundos era un trotasueños. Y lo que le decían estaba íntimamente relacionado con las ondas más profundas del ser. El jade verde palpitaba aleteante, llamándolo. Tomó entonces su celular y le habló a ella, que estaba al otro lado del océano: “Amor, te estoy oyendo respirar. Te habla mi corazón de jade verde… ¿Me escuchas?”

1542. PISTA DEL  DESTINO

El incendio arrasó el monte circundante, pero dejó intacta la casita de madera que ahora estaba deshabitada pero que por tanto tiempo había sido refugio de desconocidos transeúntes. Según se decía en el vecindario, el sitio lo abandonaron sus habitantes originales cuando llegó una plaga de murciélagos y ellos se sintieron amenazados sin remedio. Se fueron, y nunca volvió a saberse de ellos. La casita empezó a ser ocupada por gente de paso, pero estos también comenzaron a escasear hasta ya no haber ninguno. Un día de tantos se desató el incendio. Devastación total, con una salvedad: la casita de madera. Alguien de los entornos, que era adicto a descifrar misterios, se animó a ir a revisar el interior. No había nada, salvo una cajita metálica con una nota adentro: “Nadie está a salvo mientras no desaparece”. Y en ese instante las maderas empezaron a crujir y se desplomaron de súbito.

1543. AYÚDENME A SOÑAR

Era el último monje del monasterio zen. ¿Qué pasaría después de que un día de tantos tuviera que partir, como un viajero ilusionado por su propia suerte ambulatoria? Podría haber un eclipse o una fiesta solar, según fuera el ánimo de los dioses al llegar ese instante. En el salón principal, al que tenía acceso el público visitante luego de subir un triple graderío de más de cien escalones, el gran Buda soñoliento presidía como si lo hiciera en un bosque nebuloso. La colina estaba en los alrededores de Ha Long, Viet Nam, y desde ella podía contemplarse el cielo abierto. El monje salió a la intemperie, y lo envolvió la bruma. Él, en verdad, no era el último monje del monasterio, pero sí era el último monje que contemplaría el cielo aquella tarde. ¡Liberación feliz! Anduvo vagando por los alrededores, dejando que su pensamiento se familiarizara con la bruma. ¿Para qué regresar?

1544. ALMAS EN VELA

La ciudad se estaba quedando sola, y eso que era noctámbula por tradición atávica. Los últimos parroquianos del bar más emblemático del centro histórico brindaban aún entre risotadas y aplausos gratuitos. Hasta que alguno de ellos miró su reloj de puño y lanzó el mensaje definidor: “Si solo nosotros estamos aquí, tomemos posesión de nuestro mundo propio”. Pagaron la cuenta y salieron a la calle. En esta, las irradiaciones lunares parecían estar sufriendo un sigiloso ataque de pánico. Ellos no se inmutaron. La soledad total les confirmaba la confianza en su propia iluminación. Se fueron caminando sin rumbo fijo, porque toda la ciudad estaba a su disposición. Así anduvieron hasta que las primeras luces del alba se hicieron sentir. La ciudad iba recuperando sus presencias normales. Ellos, espíritus de la noche, tenían que irse a descansar en algún ático inaccesible.

1545. 1812

Ahí, enfrente, el batallón parecía perpetuamente dispuesto a entrar en acción si las circunstancias así lo requerían. El capitán a cargo, erguido en su puesto hacia la derecha del punto de visión, mostraba el austero atuendo de los jefes que no necesitan mostrar signos externos de autoridad. Al fondo, las colinas inmediatas servían de resguardo de retaguardia. Nadie se movía. Era la disciplina perfecta. Y el silencio también resultaba ejemplar. Por el canal de agua marina que pasaba en medio de las dos porciones de tierra escrupulosamente urbanizada iba cruzando en aquel instante un pequeño barco de los de antes, con velas fulgurantes y maderas heroicas. El batallón de rascacielos pareció emocionarse. Al menos eso fue lo que percibió el viajero contemplativo que desde el ventanal de su habitación número 1,812 en el Hotel The Peninsula, de Kowloon, Hong Kong.

1546. SÍNDROME DEL SOL FELIZ

Como pareja, nunca lo fueron en verdad. El tiempo, con sus artes mañosas, les había ido haciendo sentir que aquello era su suerte natural, y por eso había que aceptarla sin respingos. No tuvieron hijos, aunque se lo propusieron con auxilio de la ciencia; pero esto, curiosamente, en vez de distanciarlos más estableció una especie de puente colgante entre dos ocultas orillas de las almas respectivas. Un puente que solo se abría cuando el sol fulguraba a plenitud. Y entonces bandadas de niños iban de una orilla a la otra. Ellos, sonrientes, se sentían en familia plena.

Descifrando los pergaminos de Gabo

Resguardo. El archivo de García Márquez fue adquirido por el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas, en Austin.

Hace 10 años participé en un breve taller que Gabriel García Márquez impartió en la Fundación para las Letras Mexicanas. A lo largo de dos sesiones, el Nobel escuchó nuestros proyectos de novela, nos dio consejos para mejorarlos y respondió con paciencia las muchas preguntas que llevábamos. Nunca he olvidado que don Gabriel comenzó la primera sesión con una frase que incluye en el prólogo a sus “Doce cuentos peregrinos”: “Un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica”. A la luz de esa sentencia, la reciente apertura al público de su archivo personal es una herramienta insuperable para conocer mejor sus métodos de trabajo a partir de notas, borradores y versiones descartadas de sus novelas, guiones, cuentos y crónicas.

Inversión. Los documentos que dan cuenta de cómo trabajaba el escritor colombiano fueron adquiridos por $2.2 millones.

Como ocurre con los pergaminos de Melquíades en “Cien años de soledad”, los procedimientos de escritura del Nobel colombiano han estado todo el tiempo a la vista para quien sepa descifrarlos: además de que fue siempre un entusiasta y generoso promotor de talleres literarios, no pocos entre sus libros contienen útiles consejos para los jóvenes que desean acercarse al oficio. No obstante, la publicación de su archivo personal permite apreciar el rigor con que aplicaba en su obra ese conjunto de herramientas al que llamaba carpintería literaria. El acervo, que documenta una trayectoria de más de 50 años de intensa producción literaria y periodística, es además testimonio puntual de la vida de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, quien al mismo tiempo fue un viajero incansable, un hábil y sigiloso mediador en conflictos internacionales y un dedicado esposo y padre.

Adquirido por $2.2 millones por el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas en Austin, el archivo se conserva hoy al lado de documentos de otros autores notables del siglo XX, como Jorge Luis Borges, William Faulkner, Ernest Hemingway y James Joyce, todos ellos influyentes en el trabajo de García Márquez. Allí se encuentran también archivos y correspondencia de Samuel Beckett, J. M. Coetzee, T. S. Eliot, Doris Lessing, Isaac Bashevis Singer, John Steinbeck y W. B. Yeats, además de archivos de autores hispanohablantes como Julio Cortázar, Gabriela Mistral, José Revueltas y María Luisa Puga.
El material de García Márquez llegó al Centro Ransom en forma de 79 cajas de documentos, 15 cajas de gran tamaño, tres carpetas grandes y 67 disquetes de computadora. Las cajas incluían manuscritos originales de 10 libros, borradores de obras publicadas e inéditas, 40 álbumes de fotografías, libros de recortes, más de 2,000 piezas de correspondencia, cuadernos, guiones, archivos electrónicos, pasaportes, ejemplares con correcciones e incluso las máquinas de escribir y las computadoras que el novelista usó para crear algunas de sus obras. Muchos de estos materiales forman parte del acervo de más de 27,500 documentos que tras 18 meses de trabajo están disponibles en línea en forma gratuita desde el pasado 12 de diciembre. Así, hoy cualquier persona con acceso a internet puede consultar de manera profunda el archivo en la página de la institución (www.hrc.utexas.edu).

“El mayor interés de mi madre, mi hermano y el mío siempre fue que el archivo de mi padre alcanzara la mayor audiencia posible”, comenta Rodrigo García, uno de los hijos del autor, en un comunicado emitido ese día por el centro. Y es que el apoyo de la familia del escritor ha sido decisivo en la preservación y difusión del archivo.

De acuerdo con otro comunicado del centro, “los materiales documentan la gestación y los cambios en la obra de García Márquez, y revelan sus luchas con el lenguaje y la estructura”. Imposible no estar de acuerdo. El vasto archivo incluye, entre muchos otros materiales, fichas sobre la vida y costumbres de Simón Bolívar usadas por García Márquez para escribir “El general en su laberinto”, dos cuadernos con notas escritas a mano para la redacción de “Noticia de un secuestro”, decenas de borradores numerados de novelas como “Memoria de mis putas tristes”, “Del amor y otros demonios”, “El amor en los tiempos del cólera” y “Crónica de una muerte anunciada”, así como galeras de “El otoño del patriarca” y una copia al carbón y una fotocopia de los originales de “Cien años de soledad”, ambas con las mismas correcciones ligeras marcadas por el autor (debido a que al principio de su carrera García Márquez destruyó la mayoría de sus borradores, las obras más antiguas contienen una menor cantidad de material en comparación con las obras posteriores). Hay también borradores y manuscritos de “La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile” (cuyo nombre original era “Gracias y desgracias de Miguel Littín clandestino en Chile”). Hay diversos textos mecanografiados de la obra inédita “En agosto nos vemos”, incluyendo la versión final que se envió en 2004 a Carmen Balcells, su agente literaria, y engargolados con notas que servirían de base al novelista para escribir sus memorias, tituladas “Vivir para contarla”. Debido a las precisiones que hace respecto de su forma de trabajar, pero también a sus reflexiones acerca de los intrincados mecanismos de la memoria, los borradores de ese libro resultan un magnífico punto de entrada para explorar el archivo.

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RECUERDOS FALSOS, FICCIONES VERDADERAS

Más letras. El Centro Harry Ramsom también guarda archivos de Samuel Beckett, J. M. Coetzee, T. S. Eliot, Doris Lessing, Isaac Bashevis Singer, John Steinbeck y W. B. Yeats.

“Tantas versiones encontradas han sido la causa de mis recuerdos falsos”, escribe García Márquez en la página 80 de “Vivir para contarla”. Si bien se refiere a los distintos recuerdos que en su familia circulaban sobre la matanza de las bananeras, la frase puede ser aplicada a muchos pasajes en la obra del novelista. El contraste entre distintas versiones de una historia es la estructura sobre la que se sostienen varios de sus libros: desde “La hojarasca”, su primera novela, pasando por “El otoño del patriarca”, obra polifónica sobre la soledad del poder, hasta “Crónica de una muerte anunciada”, reconstrucción ficticia de un crimen verdadero ocurrido en 1951.

Publicado en 2002, “Vivir para contarla” supuso un acontecimiento editorial sin precedentes, pues como se anunció entonces, se trataba del primero de una serie de tres libros que conformarían las memorias del Nobel colombiano. En las 579 páginas del primer volumen, García Márquez cuenta, en forma no lineal, sus años de formación: desde su nacimiento en 1927 hasta que, el 15 de julio de 1955, salió de Colombia por primera vez con la misión periodística de cubrir en Ginebra la conferencia de los Cuatro Grandes.

La redacción de esta autobiografía fue un proyecto largamente acariciado por el escritor, quien ya en 1981 estaba recopilando información para esta. Se sabe, por ejemplo, que el 23 de marzo de ese año se encerró en su departamento de Bogotá para hacer una larga entrevista con el también escritor Juan Gustavo Cobo Borda, en un “comadreo literario” de cuatro horas que habría de servirle para sus memorias. De hecho, la evocación de pasajes autobiográficos y la redacción de las memorias se convirtió en un tema que con frecuencia se menciona en sus artículos periodísticos durante 1982, año en que obtuvo el Premio Nobel, hasta 1986, cuando publicó artículos de prensa explícitamente autobiográficos, como “De mis memorias: visita al papa” y “De mis memorias: Guillermo Cano”. Durante esos años mencionó, en entrevista con Óscar Collazos, que su intención era escribir unas memorias que “no serán las memorias clásicas, sino las memorias de un escritor que devela su biografía a través de sus personajes de ficción”. Así pues, no se trata de una autobiografía en sentido estricto sino de unas falsas memorias, como él mismo las llamaba. En ellas un recuerdo inventado o deformado puede ser tan importante como el más real de los pasajes.

“Los materiales documentan la gestación y los cambios en la obra de García Márquez, y revelan sus luchas con el lenguaje y la estructura”. Imposible no estar de acuerdo. El vasto archivo incluye, entre muchos otros materiales, fichas sobre la vida y las costumbres de Simón Bolívar usadas por García Márquez para escribir “El general en su laberinto”, dos cuadernos con notas escritas a mano para la redacción de “Noticia de un secuestro”, decenas de borradores numerados de novelas como “Memoria de mis putas tristes”, “Del amor y otros demonios”, “El amor en los tiempos del cólera” y “Crónica de una muerte anunciada”.

A pesar de lo anunciado, los dos volúmenes faltantes de “Vivir para contarla” jamás vieron la luz. Sin embargo, la revisión de los archivos permite reconstruir períodos clave en la vida y la obra del autor de “Cien años de soledad”. Un rastreo simple arroja que hay en el archivo al menos 30 documentos relacionados con “Vivir para contarla”. Entre estos destacan dos: uno identificado como un bosquejo temprano del primer volumen y otro señalado como el material que daría pie al segundo.

El primer borrador, cuya versión digital comprende 271 páginas, se encontró en la caja fuerte del escritor en un sobre de manila. Por alguna razón, las primeras cuartillas del documento aparecen entremezcladas con pasajes de “Memoria de mis putas tristes”, la última novela publicada por García Márquez. Si bien el manuscrito no tiene fecha ni número de versión, los contenidos permiten establecer que se trata de un borrador, pues hay decenas o acaso cientos de pasajes breves que fueron suprimidos o cambiados de sitio en tratamientos posteriores. Nos enteramos, por ejemplo, de que Alejo Carpentier le dio a García Márquez una receta para dejar de fumar, o que un jovencísimo Gabo leyó por primera vez a Mark Twain y a Hemingway por Carlos Julio Calderón, uno de sus maestros del Liceo de Zipaquirá.

Contenido. El archivo de García Márquez está formado por decenas de cajas que incluían manuscritos originales de 10 libros, borradores de obras publicadas e inéditas y, entre otros, 40 álbumes de fotografías.

Más allá del anecdotario, el manuscrito permite rastrear los procedimientos de un autor que forjó varias entre las obras más sólidas y consistentes de la literatura universal. García Márquez solía decir que dada su formación como periodista, no escribía a mano, sino en máquina o en computadora, y este manuscrito lo confirma. Acaso para no interrumpir el flujo de las ideas, los pasajes están redactados sin detenerse a precisar algunos nombres, fechas o cantidades que en ese momento no tenía al alcance. Así, por ejemplo, en la página 21 se lee: “Por el trabajo de Crónica, que tenía mucho de imprevisible, ganaba (tanto) al mes, que me pagaban cuando Dios quería sin derecho a reclamos laborales”. En el reverso de las cuartillas hay anotaciones en plumín negro. En otra hace una lista de los colaboradores del semanario Crónica, esfuerzo periodístico dirigido por Alfonso Fuenmayor y con el joven García Márquez como jefe de redacción. Las anotaciones incluyen también preguntas que el autor dirige a sí mismo, por ejemplo “¿cuánto ganaba en Crónica y El Heraldo? ¿En qué año se fundó El Heraldo?”, y hasta las sumas y restas que hacía cuando necesitaba precisar el año en que algo había ocurrido.

En los márgenes del manuscrito abundan las precisiones. No es extraño, pues en la exactitud radicaba otra de las estrategias del escritor. Es probable que, mientras hacía la primera revisión del texto, García Márquez recordara nuevos pasajes o información relacionada con las personas y los lugares evocados. Es de imaginarse que en ese momento haría solo una anotación rápida al borde del texto, y que posteriormente ponía en marcha una maquinaria destinada a lograr lo que él llamaba “el problema de la credibilidad”, que consistía en apuntalar los relatos con cifras y fechas precisos. Por ejemplo, al margen de la página 30 del manuscrito se lee: “Ojo: el papá de Julio Mario inventó el correo aéreo”. En una versión posterior, esa sencilla nota se transforma en el siguiente párrafo: “En 1919, el joven industrial Mario Santodomingo —el padre de Julio Mario— se había ganado la gloria cívica de inaugurar el correo aéreo nacional con cincuenta y siete cartas en un saco de lona que tiró en la playa de Puerto Colombia, a cinco leguas de Barranquilla, desde un avión elemental pilotado por el norteamericano William Knox Martin. Al término de la Primera Guerra Mundial llegó un grupo de aviadores alemanes —entre ellos Helmuth von Krohn— que establecieron las rutas aéreas con Junkers F-13, los primeros anfibios que recorrían el río Magdalena como saltamontes providenciales con seis pasajeros intrépidos y las sacas del correo. Ese fue el embrión de la Sociedad Colombo–Alemana de Transportes Aéreos —SCADTA—, una de las más antiguas del mundo”.

Durante esos años mencionó, en entrevista con Óscar Collazos, que su intención era escribir unas memorias que “no serán las memorias clásicas, sino las memorias de un escritor que devela su biografía a través de sus personajes de ficción”. Así pues, no se trata de una autobiografía en sentido estricto, sino de unas falsas memorias, como él mismo las llamaba. En ellas un recuerdo inventado o deformado puede ser tan importante como el más real de los pasajes.

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DIPLOMÁTICO ENCUBIERTO
Otro de los manuscritos incluidos en el archivo personal del escritor es un engargolado de 44 páginas que se titula “Visita a la Casa Blanca”. Las páginas, que incluyen un texto de la autoría de García Márquez, revelan que durante la redacción de “Vivir para contarla” el colombiano se vio inmerso en una historia digna de una novela de espionaje. Como se sabe, durante la década de los noventa el autor fungió como intermediario entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, concretamente entre Fidel Castro y Bill Clinton. Aprovechando que el 25 de abril de 1994 visitaría la Universidad de Princeton para impartir un taller literario, García Márquez llevaba una nota confidencial del mandatario cubano donde este informaba que su gobierno había descubierto una conspiración terrorista que podría afectar no solo a Estados Unidos y a Cuba, también a otras naciones. Se tramaba un ataque que ponía en riesgo la vida de personas inocentes. Por obvias razones, el mensaje debía ser entregado en mano al inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente norteamericano estaba de viaje. García Márquez resolvió posponer su regreso a México hasta que pudiera entregar el mensaje, lo que significó pasar varios días de encierro voluntario en un hotel de Washington, donde se ocupó en redactar sus memorias en jornadas de escritura de hasta 10 horas al día y con la certeza de que los teléfonos estaban intervenidos. “Sin embargo, aunque no me lo confesara, la verdadera razón del encierro era la custodia del mensaje guardado en la caja de seguridad”, escribió García Márquez años después en un artículo periodístico.
El desenlace de aquella aventura se describe con detalles en un reporte de seis cuartillas del que falta la carátula, y en donde el dirigente cubano es mencionado solo con la letra F. Hay también una impresión en computadora de un artículo periodístico de Juan Cruz donde se reseña el encuentro que el 30 de agosto de 1994 tuvo el presidente Bill Clinton con García Márquez y Carlos Fuentes en la casa del escritor norteamericano William Styron.
Otra serie de manuscritos que echan luz sobre los métodos de trabajo del escritor es la relacionada con “Noticia de un secuestro”, magistral crónica que narra una cadena de plagios ocurridos en Colombia a inicios de los noventa. Los secuestros, perpetrados por el grupo de narcotraficantes conocido como Los Extraditables, son narrados con detalle en las 336 páginas del libro. Una búsqueda simple arroja que el archivo digital contiene 16 documentos relacionados con esta obra, en donde destacan versiones primigenias y pruebas de imprenta corregidas a mano por el propio García Márquez. Un borrador fechado en octubre de 1995 contiene dos versiones del segundo capítulo. Así, quienes exploramos el acervo constatamos lo que el autor llama en el prólogo “la carpintería confidencial del libro”, tarea que compartió con solo dos personas: la periodista Luzángela Arteaga y su prima hermana y secretaria privada, Margarita Márquez Caballero. En la primera página del documento, Gabo hace a mano las siguientes anotaciones:

“Margo: el signo (*) debes transcribirlo en la copia en limpio que me hagas a mí.
—Las notas al margen, que son para recordar algo, y que no se incorporan al texto, debes transcribirlas también en mi copia.
—Las fechas, los nombres o las direcciones que puedas llenar, lo haces sin que te tiemble el pulso.
—Datos sencillos en los que Yiyo o Luzángela puedan ayudarte, se los pides a ellos.
—Las palabras dentro de (y traza un círculo con el plumín) no van ahora en negritas, sino señaladas así en mi copia”.

Sin embargo, para García Márquez el riguroso proceso de corrección no terminaba con el envío del manuscrito a su editor. Como demuestran las pruebas de imprenta incluidas en el archivo, el escritor solía cambiar párrafos completos al revisar galeras e incluso pruebas finas. En “El otoño del patriarca”, por ejemplo, redacta a mano largos pasajes al margen de la caja de texto (si no escribo párrafos es porque esa novela no los tiene). Más aún, en su archivo conservaba no pocos ejemplares de sus novelas en donde su plumín despiadado indicaba correcciones y cambios que debían ser contemplados en ediciones futuras.

Trilogía fallida. “Vivir para contarla” supuso una propuesta sin precedentes que iba a ser el primero de tres volúmenes, pero los otros dos nunca vieron la luz.

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CUENTOS SUELTOS E IDEAS PARA CINE
“Siempre he creído que toda versión de un cuento es mejor que la anterior. ¿Cómo saber cuál es la última?”, escribe García Márquez en el ya citado prólogo a los “Cuentos peregrinos”. Él mismo, en las líneas siguientes, aventura una respuesta: “Es un secreto del oficio que no obedece a las leyes de la inteligencia, sino a la magia de los instintos, como sabe la cocinera cuando está la sopa”.
Esto viene al caso porque en la colección destaca otro cuaderno que, bajo el rótulo “Textos/cuentos” contiene trabajos misceláneos entre los que sobresale el manuscrito de “La noche del eclipse”, relato de García Márquez publicado el 25 de mayo de 2003 en el diario El País. En una nota en la carátula del texto se sostiene que este es el tercero de seis cuentos que conformarían “En agosto nos vemos”, libro que no llegó a publicarse. El cuaderno incluye además otras ideas que jamás fueron desarrolladas, como la anotación titulada “Idea para cine. Película partido de fútbol perfecto”, que en una cuartilla describe un proyecto de guion para un filme que recrearía en tiempo real un partido “entre dos equipos formados por los veintidós jugadores mejor calificados del mundo”. En la misma línea de ideas para cine se encuentra otro trabajo con un título nerudiano: “Tango del viudo”. Una nota aclara que el guion nunca se filmó.

Respaldo. En este archivo hay 16 documentos relacionados con la escritura de “Noticia de un secuestro”, el libro en el que se narran las acciones de un grupo delincuencial que se hizo llamar Los Extraditables. También hay fotos más personales.

Se conservan también cuatro versiones del cuento “La tigra”, cada una con correcciones y, sobre todo, supresiones. La primera, sin fechar, tiene el título y el nombre del autor escritos a mano y es de 37 páginas; la cuarta, fechada el 14 de febrero de 2007, tiene 26 páginas.
En el renglón de las versiones descartadas sobresale también un epílogo de 20 páginas escrito para “Crónica de una muerte anunciada”. Fechado en Ixtapa en 1980, el texto aparece al inicio del manuscrito y no al final, como correspondería. En él se evoca a Carmen Balcells, a Álvaro Mutis y a otros conocidos cercanos del autor. El contraste con versiones posteriores de la obra permite apreciar que, si bien algunos párrafos fueron incorporados a la novela, la mayor parte del texto fue suprimida.
Un buen escritor se conoce mejor por lo que rompe que por lo que publica. Si se le da vueltas, la frase deja ver que para García Márquez la literatura era disciplina y riesgo constante. A fin de cuentas, por cada una de las páginas que publicó su archivo contiene muchas más que jamás vieron la luz. Notas. Borradores. Cuartillas llenas de tachaduras, galeras con observaciones e incluso ejemplares de sus libros con remiendos. Si se le da vueltas, la frase deja ver que, aún para alguien con su talento, el oficio de escritor estribaba más en la búsqueda que en los hallazgos. Quizá por eso el elemento clave en la más leída de sus novelas son unos enigmáticos pergaminos que acompañan a una familia a lo largo de varias generaciones hasta que, cuando alguien logra descifrarlos, se da cuenta de que allí, reflejada hasta en los más pequeños detalles, aparece su propia vida.

Agradecemos al Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin por las facilidades otorgadas para este reportaje (www.hrc.utexas.edu).

“No es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa”

Honduras. Antes de ser extinguida, la empresa dueña del zoológico de Joya Grande le pertenecía a Leonel Rivera, cabecilla del cartel del narcotráfico Los Cachiros. Rivera está preso en Estados Unidos.
Dennis Cheng, director del Proyecto BIDAL de la OEA.

En Honduras, el Estado incautó un zoológico. Ganado, automóviles, yates de lujo, mansiones, ranchos de playa: las propiedades adquiridas con dinero cuya procedencia está en tela de juicio representan una oportunidad de ingreso, pero también un problema para los Estados cuando no cuentan con reglamentos que indiquen con claridad qué pueden y qué no pueden hacer.

El Estado hondureño no ha podido vender el zoológico. “Pero la gente iba más porque querían ver cómo lo estaba administrando la OABI; las utilidades subieron en los primeros meses”. Lo cuenta el abogado costarricense Dennis Cheng, el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cheng es una de las personas en el continente que mejor saben cómo sacarle provecho económico a aquellos recursos que el Estado decomisa a los delincuentes, sobre todo los de la criminalidad organizada, aun cuando no existe una sentencia en firme.

Un trabajo complejo por donde se le mire, porque entre esos recursos no solo hay bienes de todo tipo, sino también empresas en activo, que en muchas ocasiones pueden contar con ingresos millonarios. Uno de esos casos es el de Agroindustrias Gumarsal en El Salvador, propiedad de Wilfredo Guerra, acusado de integrar una estructura que blanqueó más de $215 millones. La empresa, según información de la Fiscalía General de la República, movió en sus cuentas más de $1,000 millones en 12 años, de 2003 a 2015.

Dennis Cheng ha brindado asistencia técnica en la creación de oficinas administradoras de bienes incautados y en la redacción de leyes de extinción de dominio. El objetivo de estas últimas es definir si un bien ha sido adquirido con fondos provenientes de actividades ilícitas; si es así, el Estado tiene la facultad de tomar para sí estos bienes y transformarlos en recursos.

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etcétera. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio.

Desde la segunda mitad de 2017, Cheng trabaja como asesor del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la institución que en El Salvador se encarga de aprovechar y darle mantenimiento a aquellos bienes objeto de un proceso de extinción de dominio.

En esta entrevista, el centroamericano habla sobre algunas de las claves a seguir para que el CONAB, una institución de apenas cuatro años de existencia, se convierta en un organismo eficiente. Una de estas, dice, es la de pensar en esta entidad como una empresa, donde el funcionario deje de ser el burócrata que trabaja en un horario determinado para convertirse en un personaje capaz de generar réditos y disminuir pérdidas, que trate los bienes puestos a su cargo como si fueran suyos. Para Cheng, instituciones como el CONAB son, en la práctica, un ornitorrinco institucional, un híbrido entre lo público y lo privado que debe moverse con rapidez.

¿Por qué los Estados necesitan un organismo para administrar bienes que quizá no lleguen a pertenecerle, que solo están incautados?

Porque los bienes, igual en El Salvador que en otros países, se estaban deteriorando. El vivo ejemplo es el que tienen ustedes en Changallo (predio ubicado en Ilopango, en el que la Policía Nacional Civil guarda los carros que decomisa). Ahí vas a poder visualizar cuál es la realidad de El Salvador en cuanto a la administración de algo muy sencillo, que son los vehículos. Ya al hablar de inmuebles o de empresas en activo se complicaba muchísimo este tema. Si los países ya tenían problemas con la administración de los bienes en el proceso penal, iban a duplicarlos cuando implementaran las leyes de extinción de dominio.

¿Por qué?

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etc. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio… La OEA viene trabajando anualmente en varios documentos, en los que se tocan temas sobre administración de bienes. Comenzamos a escribir sobre legislación comparada, o sobre los instrumentos jurídicos indispensables para un organismo de administración de bienes, como es el tema de la contratación de terceros especializados, de la venta anticipada, del abandono.

¿El CONAB cuenta con esa figura, la de la enajenación o venta anticipada? Puede parecer una herramienta acaso muy abusiva (la venta anticipada permite que se vendan los bienes cuando el juicio de extinción de dominio todavía está activo, antes de que exista una sentencia, para transformar su valor en dinero).

Sí, cuenta con esa figura. El tema en El Salvador es que la ley de extinción de dominio se trabajó tomando en consideración la ley modelo de Naciones Unidas. Yo trabajé en ella. Pero también hicimos una propuesta basados en la experiencia del proyecto BIDAL, que se trabajó con El Salvador y otras naciones, para poder dotar al CONAB de todas las herramientas de buenas prácticas internacionales. Es decir que el CONAB, en el proyecto original que se presentó en la Asamblea Legislativa, lleva el ADN de la experiencia de muchos países de Latinoamérica. Figuras como la venta anticipada la tienen ustedes en la ley, y hay dos formas de hacerlo: una, que es administrativa, donde es el propio CONAB el que toma la decisión de venderlo y lo hace sin una autorización judicial.

¿Cómo se hace en El Salvador?

En el caso de El Salvador, ustedes quisieron ser un poco más garantistas y la venta anticipada debe solicitarse ante el juez, que es el que va a analizar los motivos por los cuales el CONAB la requiere. Y esta solicitud debe hacerla el fiscal a petición del CONAB. Es mucho más garantista, pero es menos efectiva. Con la venta anticipada, mucha gente se asusta. Dicen “¿usted cómo va a vender algo que no tiene sentencia, que no está extinguido?”. Pero lo que se hace es la monetización del bien para que no pierda su valor. El administrador analiza si ese bien se le va a deteriorar porque es de costosa administración. La propiedad persiste, solo que ya no va a recaer sobre un objeto, sino sobre el dinero producto de la venta. Si te pautan un Lamborghini 2018 y si lo guardas en una bodega, se va a deteriorar con solo el transcurso del tiempo.

Cuando vemos las tareas que le corresponden al CONAB, que debe desde darle mantenimiento a un carro hasta administrar a una empresa, ¿qué tipo de personal se puede considerar imprescindible para que una entidad pueda llevar a cabo todas estas actividades?

Las buenas prácticas internacionales sugieren que siempre sea un órgano colegiado interinstitucional. Porque va a requerir profesionales o técnicos en una infinidad de materias. ¿Cuál es la entidad que más técnicos tiene en un país? Es el Estado. En el proyecto original, el CONAB estaba bajo la sombrilla de la Presidencia de la República, porque de la Presidencia dependen todos los organismos. Finalmente ustedes lo aprobaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que no está mal, pero no era el proyecto original. Si ves otros países, como Costa Rica y Honduras, dependen directamente de la Presidencia. Si necesitas un técnico en ganadería, puedes depender de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ya que en El Salvador no se hizo de esta manera, ¿cuál es el camino a seguir?

Las buenas prácticas apuntan a que se puedan tercerizar los servicios, porque el CONAB nunca va a tener el personal necesario o suficiente. Para eso se crea la figura del tercero especializado, que en el proyecto original estaba bien claro, pero que en lo que se aprobó en la Asamblea trataron de eliminar. No sé si es porque no lo entendieron, pero siempre quedó, porque la ley de ustedes dice que el CONAB puede realizar cualquier contrato en el Código de Comercio o Civil que sea legal. En el caso de las empresas, se podría contratar a un administrador, a un gerente, como un tercero especializado. Los fondos no necesariamente deben salir del CONAB. En el caso de las empresas, salen de los fondos que generan estas.

Al ser el CONAB un organismo colegiado, integrado por personas de varias instituciones, ¿qué tan complicado es el proceso de contratar a un tercero especializado, por ejemplo?

Yo lo que digo en las presentaciones es que es como un ornitorrinco, mitad pato y mitad castor. En el caso del CONAB, es mitad público y mitad privado. De las malas prácticas también uno aprende. Una de estas es que las oficinas de administración de activos traten de hacer su trabajo a través de las leyes públicas, siendo los bienes, hasta que no haya una sentencia, de un tercero privado. Si los fondos con los que le doy mantenimiento a un inmueble no provienen del presupuesto público, no tengo por qué aplicar las leyes públicas. Si una casa la estoy administrando y la pongo en arrendamiento, ese canon lo puedo usar para darle mantenimiento al propio bien. Lo que estamos desarrollando son procesos sustitutivos de contratación. En esta semana o la otra, si Dios quiere, le presento al consejo un primer borrador de este proceso sustitutivo de contratación, que no es el de la contratación administrativa, porque no podemos aplicar las leyes públicas a bienes que todavía no lo son. Pero sí necesitamos tener una ley especial que nos regule cuál va a ser esa forma de contratación.

Una que el CONAB todavía no tiene.

Actualmente el CONAB no la tiene. Estamos un poco en el aire. Estamos tratando de que el CONAB apruebe en los próximos meses los reglamentos que necesitamos que tenga, que finalmente serán el cuerpo normativo con el cual ellos van a poder administrar. Porque la ley de contrataciones públicas los hace menos eficientes y, por lo tanto, van a fracasar. Tienen que tener esa mentalidad. Y los entes auditores también: El CONAB no es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa. Tiene que ser muy particular para que pueda funcionar eficientemente. Ese cambio de mentalidad es una de las cosas fundamentales que funcionarios y directores tienen que entender, porque deben generar recursos para que los bienes sean autosuficientes.

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque va a mantener el valor del vehículo.

En El Salvador, ¿considera que aún falta mucho para que se empiece a pensar en el CONAB como empresa y no como organismo público?

Eso es un proceso lento, pero que se puede alcanzar. Normalmente, yo se los digo a ellos, vemos que el funcionario público no tiene la mentalidad del empresario, lamentablemente. El funcionario recibe su salario por un trabajo de ocho horas, cinco días a la semana. En cambio el empresario está viendo cómo disminuye costos y sube rentabilidad. Ese es un proceso que ellos en el CONAB tienen que madurar y tienen que, junto con la normativa que ya tienen y la que se va a aprobar, ir pensando ya no como funcionario, sino como empresario. Porque en cuanto a los bienes que administra el CONAB, nuestro principal cliente es el afectado (en el proceso de extinción de dominio), no el Estado. Hasta que no haya sentencia, esa propiedad es del particular. Tenemos que tener esa mentalidad más abierta en defender los bienes como si fueran propios.

¿Cuál es, entonces, la mejor forma de administrar?

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque vas a mantener el valor del vehículo.

El CONAB está en una etapa germinal; por lo tanto, no es autosostenible. Usted, que ha podido estar viendo las actividades del CONAB desde cerca, ¿siente que desde el Estado ha recibido el apoyo necesario para poder sobrellevar de la mejor manera estos primeros años?

Le hace falta bastante. Creo que las autoridades de El Salvador todavía no han visualizado lo que puede dejar el CONAB para las demás instituciones. Ahorita estamos viendo que comenzaron a vender bienes ya extinguidos, y ya están comenzando a distribuir dinero. En algún momento distribuirán cantidades mayores de dinero. Entonces los funcionarios públicos, las altas autoridades, tienen que entender que deben hacer una inversión en el CONAB. Finalmente estás invirtiendo para tener un retorno en cuanto al dinero que se extinga o el producto de la venta. Como en toda empresa, si yo no hago una inversión, voy a tener pérdidas. En el caso de CONAB ocupamos más recurso humano, es indispensable, no puedes administrar cierta cantidad de bienes con pocos funcionarios. La embajada americana ha estado apoyando bastante en cuanto a equipo y cosas de esas y, obviamente, en capacitación, pero hasta el momento las autoridades no han visto al CONAB como una inversión.

Este año se realizó la primera subasta. Pero buena parte de los bienes que se subastaron habían sido extinguidos hace dos años, en noviembre de 2015. Pasaron dos años para que esos bienes se convirtieran en valor dinerario. ¿Cree que este período es aceptable o debería ser más rápido?

Mira, el tema de la venta es lo último. El CONAB es una institución muy reciente. Lo mismo nos pasó en otros países, como Honduras. Nos hemos focalizado primero en los pasos iniciales de estas instituciones. Lo que hemos hecho es crear la tubería de entrada de estos bienes. Cómo se recepcionan, cómo se administran. Porque el problema no está en la destinación. Destinar es muy fácil cuando a una ley le pones “tanto porcentaje para cada institución”. Pero el problema está en cómo tú mantienes esos bienes durante el proceso de extinción de dominio o durante el proceso penal. Ahí está el detalle. Normalmente, mientras los bienes llegan a una sentencia, van a pasar dos o tres años. Va a depender de la ley de cada país. Si no tienen diseñada la forma de administrar y de recibir, lo que vas a vender serán bienes destruidos o con un montón de problemas… Después hay todo un proceso de inscripción y de saneamiento de los bienes. Hay bienes que también incorpora el registro. Este va a comenzar a inscribir bienes que normalmente no se inscriben por un título relativo a dominio normal por escritura pública.

Gumarsal. Es la empresa más grande de las que están a cargo del CONAB, que sigue comercializando productos como el arroz San Pedro.

En este paso también deberá existir un proceso de capacitación para el personal del Centro Nacional de Registros…

Entonces también hay un proceso de capacitación a nivel de registradores para que ellos entiendan la figura de extinción de dominio y cuándo los bienes realmente llegan al Estado. Si bien es cierto que la sentencia de extinción lo que declara es la pérdida a favor del Estado, en este caso del CONAB, hay un momento al que nosotros le llamamos “ficción jurídica”, en el cual ese bien pasa de manera temporal a nombre del CONAB para que este pueda destinarlo o venderlo bajo el principio de tracto sucesivo, que es un principio registral. Ese procedimiento puede llevar un tiempo, y además el proceso de venta, si no tienes un reglamento, no sabes cómo vas a realizar. Las subastas públicas tampoco están reguladas en El Salvador. De hecho, en diciembre les presenté un borrador de proyecto del reglamento de subastas, donde estamos incorporando las subastas electrónicas, a viva voz y de sobre cerrado, como la que hicieron en noviembre. La idea es, al menos en este año, tratar de hacer tres o cuatro subastas. Ya vamos a comenzar a tener sentencias. Ahora que comienzan los bienes a ser extinguidos, hay que trabajar en la tubería de salida. La única forma es a través de ventas públicas de subastas. Este año pretendemos tener ese reglamento.

Una de las novedades de 2017 fue que por primera vez se decomisaron empresas en activo como parte de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué dificultades, según lo descubierto por usted, ha tenido el CONAB para la administración de estas empresas, en especial Gumarsal, una empresa de un tamaño monstruoso para un país como El Salvador?

Sí, efectivamente, lo ideal es que hubieran empezado con empresas más pequeñas. Sin embargo, en el destino les tocó un primer caso de administración de empresas en funcionamiento que, por dicha, se apoyó en la experiencia que ya tiene Honduras. Eso les ayudó mucho en la parte de la recepción de Gumarsal. También con la OEA trabajamos en 2015 en un documento llamado “Mejores prácticas en la recepción y administración de empresas en funcionamiento”. Es un documento bien pequeño en el cual se indica cuáles son los pasos que necesitas para la debida recepción y administración de una empresa en funcionamiento. El Salvador no arrancó de cero. Arrancó de un documento base que habla sobre aspectos organizativos, recursos humanos, aspectos financieros.

¿Me puede ampliar esto un poco más?

El CONAB tiene que hacer una radiografía de la salud financiera de la empresa cuando la recibe. Si está quebrada, hace un proceso de concurso de quiebra. No vaya a ser que digan que el CONAB la quebró. Otra cosa que se necesita revisar son los aspectos legales. Por ejemplo, si un restaurante no tiene los permisos de Salud o de funcionamiento, finalmente no tenemos ningún restaurante, no tiene ningún permiso, y el Estado no podría funcionar ilegalmente. Aspectos de recursos humanos: hay muchas empresas que pagan menos del mínimo de ley y no pagan cargas sociales, y el CONAB no puede hacer eso. Eso va a repercutir en las utilidades de la empresa… Otra cosa son los aspectos tributarios. Normalmente hay evasión fiscal. Como CONAB, no puedo evadir al fisco. Hacer un análisis integral de cómo estoy recepcionando la empresa va a incidir en la rentabilidad de esta, obviamente. Muchos pueden decir “no es el que el CONAB ahorita con la empresa está dando pérdidas”. Sí, claro, está dejando pérdidas porque usted antes no tributaba, porque usted no pagaba el salario mínimo. En el tema de las empresas, finalmente el CONAB no toca la parte operativa, sino que toma el control financiero. Llega a sustituir al gerente general.

En el país ha estado pasando algo recurrente en los casos más importantes, que la Fiscalía llega ante los jueces de Sentencia con una gran cantidad de evidencia, pero que es evidencia dispersa, y no logra condenas. En lo referente a extinción de dominio, ha habido un poco más de éxito. Pero digamos que llegue a pasar que con Gumarsal no logre la Fiscalía demostrar su origen y destinación ilícita, y se deba devolver la empresa a sus anteriores dueños junto con las ganancias generadas en el tiempo en el que la tuvo el CONAB a su cargo. ¿No significaría esto una pérdida económica demasiado grande para el CONAB y el Estado mismo?

Pérdida, no, porque finalmente el Estado no va a invertir ni un solo centavo de dinero público en las empresas. Cuando instituciones como el CONAB administran una empresa, lo hacen con los mismos fondos de esta. Hay casos, como el de Honduras, donde ellos sí pueden hacer una inyección de capital, pero solo para poner a caminar la empresa. La ley sí se lo permite y el reglamento también. Por ejemplo, si incautan una gasolinera y los tanques de combustibles están casi vacíos, yo puedo comprar el combustible del fondo especial que tiene de administración la OABI (la equivalente hondureña del CONAB), y lleno los tanques y del producto de la venta se regresa el dinero. Se llaman préstamos puente, pero se hace solo en ciertos casos donde la empresa definitivamente es rentable.

¿En El Salvador no existe esa figura?
No.

¿Lo recomendaría o no es imprescindible?

Claro que es recomendable, es una herramienta que puede ayudar a preservar empresas, principalmente aquellas donde se necesite un poquito de inyección de capital para poder continuar con las actividades.

Retardo. La Fiscalía le incautó a la Mara Salvatrucha el motel Tres Ases en Sonsonate en julio de 2016. La entidad no inició un proceso de extinción de dominio sino hasta noviembre de 2017.

¿Por qué debería una institución del Estado tratar de preservar una empresa que le servía al crimen organizado?

Porque instituciones como el CONAB deben tratar de mantener las fuentes de trabajo, es una primera política institucional en cuanto a las compañías. A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando, manteniendo la economía, generando ingresos tributarios, generando empleo y evitando demandas contra el Estado en caso de devolver la empresa. Si en El Salvador no existiera una institución como el CONAB, ¿qué hubiera pasado con una empresa como Gumarsal? ¿Quién la administraría? Posiblemente sería el juez a través de algún curador o algún depositario, pero son figuras que no están adaptadas para la administración compleja de bienes producto del crimen organizado. El CONAB es una institución que se creó para poder tener capacidad para generar recursos. Pero hay empresas que no van a funcionar desde el principio.

A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando.

¿Sucedió así con Gumarsal?

En el caso de Gumarsal, entiendo que las utilidades bajaron al principio. Gumarsal no tenía cuentas bancarias abiertas, y a través del CONAB ya pudieron comenzar a regularizar la parte financiera. Eso le está ayudando a la empresa. Es algo normal, cuando a una empresa le incautan hay un tema de imagen que va a impactar al principio. Salvo en el caso del zoológico (de Joya Grande) en Honduras, que la gente iba más porque quería ver cómo estaba administrando la OABI el zoológico. Las utilidades subieron en los primeros meses. Es muy atípico.

¿Qué pasa con las empresas que administra el CONAB cuando el proceso llega a su fin y se le extingue el dominio a su anterior propietario? ¿El CONAB será el administrador perpetuo de esta empresa o cuál es el proceso a seguir?

El mismo que tienen los otros bienes. Tienes que hacer un avalúo de la empresa y sacarla a subasta pública.

¿En otros países ha pasado que no se ha vendido alguna empresa?

El único caso fue el del zoológico de Joya Grande en Honduras, que la empresa ya estaba extinta, pero no se había vendido. Siempre se tiene que contratar una firma internacional para que valore la empresa.

En julio de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó varias modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, en las que, en resumen, se le quitaron los dientes. Cuando todos esperaban que el presidente de la república vetara las reformas, este, más bien, las sancionó en muy poco tiempo. No se aplicaron porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las modificaciones. ¿Cómo se trabaja en un país donde suceden estas cosas?

Ahí sí me la pusiste difícil, jajaja… La ley está hecha para todos. Cuando hemos trabajado en proyectos de leyes de extinción de dominio en los países, se trata de una ley que tiene muchos dientes para poder quitar los bienes de origen ilícito, independientemente de la actividad de la que provengan, sea esta corrupción, narcotráfico, extorsión. Las reformas que hicieron, creo yo, se debieron a que no han entendido mucho la figura de extinción de dominio. Me parece que el artículo 103 de la Constitución de ustedes es bastante claro en cuanto a que el Estado debe garantizar y reconocer la propiedad privada en función social. Es un párrafo, pero dice mucho. Básicamente lo que está diciendo la Constitución de El Salvador es que la propiedad privada no es absoluta y que no la garantizará cuando esta no cumpla la función social.

¿Qué es la función social?

Es algo muy sencillo, corresponde a aquellos criterios ético-sociales de la sociedad salvadoreña. Tanto empresarios como gente del común deben entender que sus bienes no los pueden destinar a actividades ilícitas. En el tema de los empresarios, si ellos van a conocer que su empresa está siendo utilizada para la inyección de capital ilícito, deben considerar que en algún momento pueden llegar a perder la empresa por mezcla. Entonces también hay una responsabilidad de los ciudadanos, no solamente del Estado en aplicar la ley, sino de todos los ciudadanos en poner su propiedad realmente al servicio de la sociedad.

Según entiendo, el proceso de cesión de un inmueble o bien desde el CONAB para otras instituciones es algo complicado, primero porque para ello deben estar de acuerdo todos los miembros del consejo, y segundo porque las reuniones donde están los integrantes del organismo colegiado son escasas a lo largo del año.

No, realmente se reúnen bastante. Yo he estado ahí y es un consejo que se reúne bastante. Incluso tienen sesiones extraordinarias. El problema del consejo es que no tiene mucha base legal, no sabe qué hacer porque le faltan muchos reglamentos. Básicamente el único reglamento con el que ellos trabajan es el de la ley. Pero se quedó muy corto. En el CONAB hay que desarrollar el reglamento de administración de bienes en general, que te va a decir cómo recepcionas y qué procesos vas a aplicar en cada bien que tú recibes de acuerdo con su naturaleza… El reglamento de contratación de terceros especializados, que es el que te va a regular cómo es que vas a contratar fuera de la ley de contratación administrativa. La ley habla de eso, dice en un artículo que el CONAB creará un reglamento especial o sustitutivo de contratación. No se ha desarrollado. Y hay un reglamento de inversiones, que se necesita hacer para poder invertir el dinero tanto extinguido como cautelado para que comience a generar intereses y estos ayuden a generar fondos para la administración de los bienes.

¿Para cuándo estarán listos estos reglamentos?

Esperemos tener los borradores este año y presentarlos al consejo este año. No sé cuánto se tardarán ellos aprobándolo. Nosotros estaríamos presentando los borradores a la dirección ejecutiva para que los pueda adaptar un poco a la legislación salvadoreña, los pueda aterrizar. El borrador final se le daría al consejo para que lo aprueben. Necesitan esos reglamentos. Por eso es que no han podido ser tan efectivos, con toda la razón, porque les da temor aplicar o contratar porque no tienen una base legal para hacerlo. Como funcionario público, si no tienes base legal, normalmente no tomas la decisión, porque después te van a cuestionar esa decisión fuera de ley. Los reglamentos son fundamentales.

En países como Honduras, la ley se ha transformado en una herramienta muy efectiva para desbaratar estructuras del crimen organizado. Se me viene a la mente el cartel de Los Cachiros, que por mucho tiempo pareció intocable. ¿Por qué en El Salvador no se ha podido contar con esta misma escala de efectividad?

El Ministerio Público de allá tuvo una política de persecución en cuanto a debilitar primero el brazo financiero de las organizaciones criminales, más allá del tema penal. Primero se debilitaron económicamente a los grandes carteles como el de Los Cachiros, como el del Negro Lobo, como el de los Valle Valle, y los siguientes carteles grandes en Honduras. Ya cuando las organizaciones estaban debilitadas, no les tocó otra que entregarse a las autoridades, en algunos casos a las autoridades hondureñas o a las de Estados Unidos, porque ya no tenían dinero con qué esconderse, con qué comprar policías, fiscales, jueces… Al no tener nada de eso, tuvieron que entregarse. Lo que hicieron los hondureños fue no abrir procesos penales en Honduras, sino que directamente los extraditaban a Estados Unidos. El éxito de Honduras fue el cambio de mentalidad de la política criminal de aplicación de la figura de extinción.

Además de la elección de una estrategia, ¿qué otro aspecto es imprescindible para el éxito en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio?

Dentro de los estudios de la OEA hemos definido un principio o una buena práctica en cuanto a la inmediatez. Ese problema lo tiene Guatemala. Por ejemplo, allá se incautó un inmueble y la SENABED, que es la CONAB allá, lo recibió ocho meses después. Imagínate que tú recibes un inmueble en esas condiciones, ya con problemas de luz, agua, con maleza, si es que aún no le han robado los sanitarios. Cuando recibes un bien después de haber hecho una incautación como parte del proceso penal quién sabe cuántos meses antes, ya tenemos problemas en cuanto a la investigación de extinción de dominio y en cuanto a la administración. Igual pasa con las empresas. Debería ser paralelo.

LAS PRIMERAS VENTAS. El hotel Capital de San Salvador fue la sede de la primera subasta pública de bienes extinguidos. Dicho hotel también es parte de un proceso.

¿Debería, entonces, existir una normativa que indique que cuando se abra un proceso de lavado de dinero o de narcotráfico, por ejemplo, paralelamente se inicie el proceso de extinción de dominio?

No, para eso no se ocupa una ley, simplemente es una política de la Fiscalía General en cuanto al proceso de investigación patrimonial financiera. En el caso, por ejemplo, de España, hay una política del Ministerio Público donde no hay investigación de narcotráfico si no va acompañada de una investigación patrimonial financiera. Para eso no ocupas una ley.

En el caso hondureño, ya se han detectado irregularidades. En 2015, el yerno del director de la OABI de entonces, Humberto Palacios, alquilaba una lujosa casa a un precio pírrico. Ahora, en El Salvador, cuando ni siquiera existen los reglamentos para hacer cosas básicas, parece que hay una facilidad enorme para poder realizar actos de corrupción sin que estos se detecten.

Normalmente las instituciones como el CONAB deben tener entes auditores. En Honduras y Costa Rica la auditoría depende directamente del consejo, que supervisa las actuaciones del director ejecutivo. Obviamente la auditoría interna es una de las unidades indispensables en el tema de transparencia. Las auditorías que pueda hacer la Corte de Cuentas vienen a fortalecer eso. Auditorías externas, contables, de las empresas podrían ayudar. Los actos de corrupción pueden pasar. Y si no tenemos un reglamento, es mucho más fácil. Cuando hay reglamentos, es más sencillo auditar y supervisar. En Honduras se pudo identificar la irregularidad, se dio a conocer a través de la denuncia del subdirector.

¿Pero en Honduras sí hay reglamentos y manuales?

Sí, los tienen para cada parte del proceso. Están mucho más avanzados en eso que en El Salvador.

Después de su experiencia en Honduras, dijo que la OABI era un modelo para el resto del mundo en cuanto a administración de bienes incautados. ¿Qué puede decir del CONAB salvadoreño?

El CONAB tiene en su ADN todas las buenas prácticas internacionales. Tiene dentro de la ley la experiencia de muchos de los países de América Latina. Aunque no se aprobó el proyecto original que presentó la OEA con Naciones Unidas, porque hubo pequeñas modificaciones, creo que no le afectaron tanto. Lo que deben entender los del CONAB es que tienen una institución que reúne, no todas, pero algunas buenas prácticas internacionales. Tienen una institución que en un no muy largo plazo, si los funcionarios llegan a entender cómo funciona una entidad como el CONAB, podrían llegar a superar a la de Honduras perfectamente, creando estos reglamentos y principalmente cambiando el chip al tema del manejo más empresarial. Los mismos hondureños me lo han dicho, porque el manual de empresas que ocupó el CONAB para Gumarsal no lo aplican en Honduras en su totalidad.