El espejismo femenino del poder político

Representación. Del total de 84 diputados elegidos en las últimas elecciones, 27 son mujeres.

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno. Esa primera participación de los legisladores en la discusión de leyes es fundamental para la gobernabilidad del país.

En 2014 se estableció en la Ley de Partidos Políticos que cuando un partido se presente a elecciones, sus planillas de candidatos deben estar conformadas, al menos, con un 30 % de mujeres.

Un estudio del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) sostiene que la cuota de participación de mujeres como candidatas “no garantiza que esta se traduzca en un 30 % de participación política en cargos de decisión ocupados por mujeres; más bien, si esta no va aparejada por una buena posición dentro de las planillas y referida a cargos de mayor envergadura, la cuota pierde su total validez como acción positiva para las mujeres, tal y como ha sido concebida. ARENA y FMLN son un fiel reflejo de esto”.

Tras el cambio en la ley, durante las últimas elecciones de 2015, algunos pensaron que el número de diputadas subiría considerablemente. Pero solo hubo cuatro diputadas más de las que había antes de la reforma. En la legislatura actual, de un total de 84 diputados, hay 27 diputadas.

Una de esas 27 mujeres está reunida este martes de octubre en la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Cualquiera que no ponga detenida atención pensará que el grupo está conformado exclusivamente por hombres, aunque desde hace dos años hay una mujer, la diputada Hortensia López, del FMLN. A dos horas de haber iniciado la discusión sobre beneficios a familiares de policías asesinados, la legisladora no ha dicho una sola palabra.

Los roles de las mujeres dentro de la Asamblea

Las mujeres solo tienen la mayoría de representatividad en las comisiones que discuten temas que tradicionalmente se encargan a la mujer, como la familia, la niñez y la adolescencia, de acuerdo con cifras del Observatorio de Participación Política del Grupo Parlamentario de Mujeres. Los diputados, en cambio, tienen la mayoría de representatividad en las comisiones en las que se discuten temas sobre la tierra, el trabajo, la seguridad del país y las finanzas.

Cuando los partidos políticos conocen cuántos diputados les corresponden dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados electos presentan ante su partido las comisiones en las que les gustaría trabajar y, usualmente, el partido político los asigna a determinados grupos de trabajo. Es ahí cuando la proporción de mujeres en las comisiones se inclina hacia temas relacionados con el rol que se les ha asignado por tradición: el de cuido.

“Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso, entonces, hay un sistema de clasificación de las comisiones, que habla de comisiones reproductivas, productivas, de desarrollo y permanencia del sistema político. Ahí, sobre todo, hay hombres”, se recoge en un estudio de 2016 de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Con las siguientes elecciones en puerta, la mayoría de representantes de partidos políticos hablan con entusiasmo de que haya cada vez más mujeres ingresando a sus filas. Sin embargo, se reconoce que aún hace falta recorrer un largo camino para que las leyes del país se creen o modifiquen con una visión equitativa entre los dos sexos.

ARENA es mayoría en la Asamblea. Su electorado eligió a 24 hombres, y a 11 mujeres como diputadas. Un estudio del ISDEMU asegura que, si bien todos los partidos cumplieron la normativa de incluir al 30 % de mujeres en sus candidaturas, ARENA “se ubicó en el piso mínimo”. Mauricio Interiano, el presidente del partido, aseguró hace un par de meses que para esta siguiente elección el 50 % de candidatos a diputados propietarios y suplentes son mujeres.

San Salvador tiene derecho a 24 curules y, según las estadísticas en línea del observatorio, 10 están ocupadas por mujeres. El segundo departamento donde hay más participación es San Miguel, que cuenta con tres diputadas. En el resto de departamentos hay dos o una legisladora; en Morazán y La Unión, ninguna.

“Cuando entran mujeres a los estamentos políticos de poder muchas veces son repelidas, son marginadas, son apartadas, precisamente, porque los hombres todavía nos resistimos a que una mujer ocupe el puesto de un hombre”, reconoce el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, René Portillo Cuadra.

Los obstáculos partidarios y sociales

Nidia Díaz es diputada del FMLN y presidenta de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas. Cuando Díaz es cuestionada sobre por qué los aportes de las mujeres que han logrado llegar a la Asamblea se enfocan, primordialmente, en las comisiones de mujer, familia y niñez y no en temas de seguridad, financieros o de trabajo, ella admite que ese es todavía un reto: trabajar para que la participación sea efectiva de manera transversal.

El FMLN es uno de los partidos políticos que más ha defendido en público el establecimiento de cuotas mínimas para la participación de mujeres. En este partido la cantidad de diputadas y diputados es similar: 16 hombres y 15 mujeres. Ella asegura que en el futuro se buscará la paridad en cargos de elección popular. La paridad se da cuando hay un número igual de mujeres y hombres en los cargos políticos.

Francis Zablah, el diputado por La Libertad de GANA, asegura que como partido creen y confían en la capacidad de las mujeres no solo en el ámbito legislativo, sino en su poder de incidir en todos los campos de la sociedad. No obstante, en la bancada de 11 diputados a la que pertenece no hay una sola legisladora propietaria.

Hay quienes aseguran que el hecho de que haya menos mujeres participando en la política se debe a que no han estado interesadas en trabajar desde este campo. El diputado de La Libertad por ARENA, Ricardo Velásquez Parker, es uno de ellos. Él considera que lo que ha condicionado el acceso de las mujeres a estos puestos de poder es “que ha existido una falta de vocación o involucramiento de algunas mujeres en la política”.

Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso”.

La presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita Rodríguez, está en contra de esa idea. “No es que falte vocación. Por los mismos roles que la sociedad le asigna a las mujeres, se ven imposibilitadas. Lo digo francamente: cuando la persona que me ayuda en la casa en los quehaceres domésticos no está, estoy en una comisión, pero estoy recordando que no hay quien vaya al supermercado a comprar. Los roles de asignarles el trabajo privado a las mujeres son los que le imposibilitan acceder a tener una vida activa plena en el ámbito público”, asegura la efemelenista.

Toda desigualdad tiene raíces. La participación de las mujeres en el campo laboral está también condicionada por el acceso a la educación que tienen de niñas y adolescentes. La Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2016 reveló que en las mujeres la tasa de analfabetismo es de 12.5 %, mientras que en los hombres es de 8.8 %.

La disparidad no solo es en la educación, también se traduce en los salarios. Un hombre que ha estudiado de 10 a 12 años, en promedio, gana $344.51 y una mujer que ha estudiado la misma cantidad de tiempo, gana $280.44. Lo mismo pasa con quienes han iniciado estudios superiores, el salario de hombres que han cursado más de 13 años de estudio sobrepasa los $600. Una mujer en esa misma categoría de escolaridad, gana $516.33.

Además, las jóvenes en edad educativa se enfrentan a otro tipo de problemáticas. Una de esas es el embarazo a temprana edad. En el estudio “Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos”, publicado en 2016, se reconoce que los embarazos tempranos también se traducen en menores oportunidades de educación para las niñas y jóvenes. Tres de cada cuatro adolescentes que tienen hijos a edad temprana no vuelven a estudiar. Al cabo de dos años, casi el 30 % de ellas ya tienen otro hijo y se ven relegadas a tareas domésticas. Es decir, su vida es condicionada al ámbito privado.

Identificar las cargas extras dentro del hogar que condicionan el acceso al trabajo no es una cuestión relacionada con la ideología política de las funcionarias. Las mujeres, por tradición, han sido relegadas al trabajo del hogar. La diputada arenera Paty Valdivieso asegura que aunque se trabaje en el ámbito público, no se deja de asumir la mayor carga de trabajo relativa al cuido familiar. Fuera del edificio del COENA, ella cuenta que “como mujeres a veces tenemos en la casa muchas más responsabilidades que los hombres. Nosotras llegamos de trabajar y vamos a trabajar”.

Comisión de familia. La mayoría de este grupo está conformada por mujeres. En cambio, en la comisión financiera y agropecuaria, la representación femenina es mínima.

Los primeros votos

En octubre de 1930 el ministro de Gobernación Manuel Mendoza tuvo que emitir una respuesta hacia una solicitud extraña que llegó a su despacho. La solicitud era extraña porque era la primera vez que una mujer se atrevía a pedir algo de ese calibre ante las autoridades salvadoreñas.

Prudencia Ayala, quien se desempeñaba como escritora, solicitó ser inscrita en el Libro de Registro de Ciudadanos para luego poder ser inscrita como candidata presidencial. El 29 de octubre de 1930 el mismo ministro de Gobernación respondió que no se le podía reconocer como ciudadana porque “no obstante, lo mucho que se ha legislado a su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica de inferioridad al hombre”.

Esa petición denegada abrió el debate para que nueve años después, en 1939, las mujeres adquirieran el derecho al voto bajo ciertas condiciones. La Ley Reglamentaria de Elecciones de 1939 estableció que las mujeres tenían que estar casadas, haber terminado el sexto grado y ser mayores de 25 años para poder votar en las elecciones. En cambio, si la mujer era soltera solo podía votar si había terminado sexto grado y a partir del día en el que cumplía los 30 años. El estado civil de los hombres que querían votar no importaba, tampoco importaba si habían terminado la educación primaria. Solo necesitaban ser mayores de 18 años y saber leer y escribir.

Fue hasta la reforma constitucional de 1950 que las mujeres adquirieron los derechos políticos plenos; y se tuvo que esperar más de un lustro para que a la casa legislativa llegaran las primeras mujeres con poder político para crear y modificar leyes. Fue en 1956 cuando por primera vez se eligió a tres diputadas. Una de las electas fue María Isabel Rodríguez, la exministra de Salud del gobierno de Mauricio Funes.

Los cambios para que las mujeres tengan voz política no han sido orgánicos. Han estado marcados por la presión de grupos para ganarse espacios. Ese derecho “no ha sido ninguna regalía, es producto del trabajo sistemático de conciencia”, reconoce el diputado Portillo Cuadra.

No fue hasta hace 67 años que hombres y mujeres fueron reconocidos con los mismos derechos electorales. Durante estas décadas solo tres mujeres han logrado llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa y ninguna se ha vuelto a lanzar explícitamente como candidata a la presidencia del país.

¿Existe la violencia política contra mujeres?

Comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Esta es una de las comisiones donde hay menos representatividad de mujeres. Solo una diputada.

En la actualidad no hay ninguna mujer dirigiendo en primera plana un partido político. Alba Cortez, presidenta de la Asociación de Unión de Mujeres Abogadas de El Salvador (UDEMAS), considera que incluso en estos ámbitos de poder algunas mujeres siguen siendo tratadas como “subordinadas y en un plano de domesticidad”.

La abogada explica, desde su oficina en San Salvador, que en los últimos meses ha asesorado a seis mujeres de diferentes partidos que la han buscado para pedirle consejo sobre cómo proceder por casos de violencia política.

Cortez define la violencia política contra la mujer como lo que sucede cuando el sexo femenino ve restringido, negado o anulado un derecho político. Puede ocurrir internamente en los partidos, en las alcaldías y en otros espacios de participación ciudadana. La experta sostiene que hay tres ejes en los que se cimenta la violencia política contra las mujeres: se enuncia una inferioridad intelectual, moral y biológica.

Cortez se reserva los nombres de las mujeres que ha asesorado y de los señalados en los casos de violencia política, pero cuenta algunas situaciones que van desde alcaldes que no permiten que una concejala se exprese en público, hasta funcionarios que prohíben que el resto de trabajadores le hable a una empleada en específico.

Cuando a la efemelenista Nidia Díaz se le pregunta en un pasillo de la Asamblea si en este espacio persisten visiones machistas sobre las mujeres, ella no vacila en responder que sí. Pero, lo identifica como un patrón general de sociedad: “Esto es estructural”.

Un informe de ONU Mujeres y del ISDEMU sostiene que la violencia política contra mujeres se traduce a veces en desestimación, ridiculización y descalificación pública, agresiones verbales y negación de información.

“Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

“La fidelidad partidaria es una herramienta de chantaje eficaz para inhibir la denuncia de situaciones de violencia política que las mujeres sufren y en algunos casos advierten y quieren denunciar”, afirma dicho estudio. Esa frase coincide con un caso que Cortez afirma haber asesorado. El caso es de una diputada que quería denunciar a un político por comentarios inapropiados de tono sexual. Sin embargo, dice Cortez, el partido le recomendó a la ofendida no denunciar porque se acerca el periodo electoral y esa denuncia dañaría la imagen del político.

El informe de ONU Mujeres titulado “Hostilidad y violencia política”, recoge casos de violencia contra líderes municipales que van desde el acoso laboral hasta el sexual. El estudio afirma que “pese a las vivencias de hostilidad y violencia política por parte de algunas entrevistadas, consideran que su posición prioritaria como militantes partidarias implica tal nivel de compromiso (que) les impide avanzar en la denuncia de las situaciones enfrentadas”.

Roles tradicionales. Las comisiones en las que trabajan más mujeres son las relacionadas al cuido de la mujer, familia, adulto mayor y personas con discapacidad.

“Hay mujeres que tienen la capacidad, pero tienen miedo de hablar por afectar al partido, pero ¿dónde queda tu integridad, tu derecho legítimo de exigir que se te respete?”, se pregunta Gabriela Trigueros desde su escritorio en la colonia Escalón.

Trigueros cobró notoriedad a mediados de este año, cuando Johnny Wright la propuso como su candidata suplente para las elecciones de 2018. El COENA decidió asignarla a otro diputado, por lo que Wright se manifestó en contra de la decisión tomada por su partido. Días después se creó un blog en internet donde se escribió que Trigueros era “la traidora” detrás de Wright y era un “cáncer”.

“No era una argumentación contra mis ideas o contra nuestro proyecto político, sino que era insinuar que personalmente me meto con gente de otros partidos políticos. Es atacar directamente la reputación como mujer”, sostiene Trigueros. Eduardo Barrientos, fundador de ARENA y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), compartió ese contenido en sus redes sociales, por lo que Trigueros lo denunció ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA. El tribunal sancionó con una amonestación verbal a Barrientos y le exigió una disculpa por escrito para Trigueros.

El FMLN tampoco está exento de casos en los que se discute el respeto hacia las mujeres. La reciente expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido efemelenista se dio enmarcada en una denuncia de una síndica que lo acusó de haberla violentado de forma verbal durante una sesión del concejo.

La abogada experta en materia de violencia de género, Cortez, considera que la discusión de estos casos es positiva, porque “si estos actos se toleran y no se sancionan, fomenta el mensaje de impunidad y de tolerancia a la violencia”.

Las reformas legales

Fernando Beltranena es un diputado guatemalteco de bigote espeso. Últimamente se caracteriza por vestir con un corbatín en lugar de corbata y este miércoles 18 de octubre causó especial indignación en las redes sociales y en las aceras del Congreso.

El miércoles la comisión de asuntos electorales guatemalteca retomó una discusión: las ventajas y desventajas de establecer la paridad en el congreso. Mientras Beltranena exponía sus argumentos en contra de esta propuesta, llamó a las mujeres un “accidente biológico”.

“El parámetro para acceder a la política debe ser mérito y no simplemente por haber nacido con un accidente biológico de mujer”, dijo. Ante la indignación de varias mujeres que se manifestaron en contra de sus comentarios, Beltranena expresó que hubo una interpretación malintencionada de su comentario y que no cree haber ofendido a nadie.

La baja participación de mujeres en la política no es un problema exclusivo de El Salvador, es mundial. Un informe de 2017 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) afirma que el porcentaje de participación de mujeres en los parlamentos americanos es de 28.2 %. La cifra contrasta con el nivel de participación de las mujeres en los parlamentos asiáticos que llega solo al 19.7 %.

La participación de las mujeres en la política salvadoreña ha sido reforzada por decreto. Algunas personas no están de acuerdo con que se obligue a los partidos políticos a contar con un mínimo de participación femenina, pero esa reglamentación es una tendencia mundial. En teoría, se ejecuta para evitar, de cierta manera, la exclusión y marginalización en esos espacios de tradición masculina.

La adhesión de El Salvador a convenios internacionales hizo que en 2014 se reformara la Ley de Partidos Políticos, y el Tribunal Supremo Electoral estableció que los partidos deben presentar sus planillas conformadas, al menos, en 30 % por mujeres.

Comisión de defensa. En las comisiones de trabajo destinadas a la discusión de seguridad y defensa nacional la cantidad de mujeres es baja.

Uno de los beneficios que plantean los que están a favor de este tipo de reformas está relacionado con el tema de identificación. Así lo explica Silvia Juárez, abogada de ORMUSA: “Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

Un camino convertido en pared

Hace tres años, cuando se estableció la cuota de participación por género, se creyó que esta sería entendida como una base a partir de la cual los partidos políticos propondrían a más y más mujeres. En ORMUSA temen que la cuota se ha entendido como el límite de la participación.
“(La cuota) se dio como un estímulo de avance. Pero, realmente, nos sirvió como una pared que bloquea que haya más mujeres en esas posiciones”, asegura la abogada Silvia Juárez. Y agrega: “Los partidos la cubren, pero la cumplen a raya”.

Para la presidenta de UDEMAS, esa cuota ha servido para evidenciar los problemas que suelen darse cuando las candidatas lanzan sus campañas o realizan sus labores: “¿Por qué ahora es tan visible la violencia contra las mujeres? —pregunta de forma retórica desde su oficina— porque ahora se les ha obligado la cuota de participación política”.

Presidenta. Margarita Rodríguez preside desde este año el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.

Mientras algunos diputados y diputadas de distintos partidos políticos reconocen a la cuota de participación de las mujeres como un buen primer paso, el diputado de La Libertad, Ricardo Velásquez Parker, se manifiesta en contra de este tipo de medidas.

“Yo quisiera cuota para calvos, fíjese, pero no contamos con el apoyo de la ciudadanía. Chiste aparte, a mí no me gustan las cuotas, ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para qué sé yo… heterosexuales. El día que abramos la puerta para las cuotas por unos, abramoslas por todos y entonces el chiste ya vale, yo también quiero cuota para calvos”, responde el legislador.

Y a pesar de que este parece ser un tema que solo se discute entre foros de mujeres, los organismos internacionales, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ya han empezado a dar luces de la necesidad de encontrar aliados masculinos en la búsqueda de equidad en la democracia. El IDEA sostiene que la “resistencia de los hombres a la participación de las mujeres es un factor clave que dirige la exclusión política de las mujeres. Un mayor equilibrio de género aumenta la probabilidad de que los debates políticos y las reformas políticas identifiquen y aborden problemas nuevos y descuidados por igual, permitiendo que las sociedades, hombres y mujeres, prosperen”.

La discriminación silenciosa

El otro día pregunté por un conocido. Me dijeron que Pedro (nombre ficticio) fue despedido de su trabajo. La empresa había decidido hacer una reestructuración interna. Casualmente todos los despedidos (más de 10 personas) eran los de mayor edad.

Hace meses, otra conocida, Sonia (también nombre ficticio) se entusiasmó con la idea de estudiar un doctorado en una universidad nacional. Todo iba bien hasta que comenzaron a asignarse tareas en grupo. Nadie quería aceptarla en ninguno. ¿El motivo? Su edad. Sonia ronda los 50 años y los demás compañeros eran menores. Ella propuso al profesor hacer las tareas por su cuenta, pero este dijo que no se podía, porque las tareas estaban diseñadas para hacerse en equipo. Escribió una carta a instancias superiores para buscar una solución. La respuesta fue de solidaridad protocolaria, pero no sirvió para hacer una excepción y lograr que la estudiante pudiera cumplir sus tareas de forma individual. Resultado: Sonia se deprimió y se retiró de la universidad.

Estos son apenas dos casos de muchos en los que entra en juego la discriminación por edad conocida como discriminación etaria. No hay una frontera específica de cuándo esto comienza a ocurrir, pero a partir de los 40 años es común comenzar a sufrir una serie de actos discriminatorios (grandes y pequeños) de los que poco o nada se habla. Esto lo convierte en una forma de exclusión difícil de reconocer y de erradicar.

Cuando este tipo de discriminación comienza, la sociedad te invisibiliza y te condena a una muerte social previa a tu muerte física. Ya no se es sujeto de crédito bancario. Ya no se es considerado una opción para formar una pareja estable. Una persona despedida a los 50 años tiene muy pocas posibilidades de encontrar empleo y si lo logra, deberá resignarse a recibir un sueldo infame. Se trata a los mayores de manera condescendiente, no se les escucha ni se da importancia a sus palabras o peticiones.

A esto sumemos el exacerbado culto a la juventud que se vive hoy en día y alrededor del cual giran conceptos como el de la belleza física, la energía vital y la capacidad para emprender ciertas actividades o labores. Para las mujeres, el sexismo agrava las cosas. Una mujer que tenga una pareja de menor edad es calificada de ‘cougar’, roba cunas, vieja calenturienta, etc. Pero un hombre que aparece con una pareja menor es aplaudido por sus pares. Recibirá palmaditas en el hombro y guiños de ojo. Un hombre que alardea una pareja joven es un triunfador envidiable; una mujer que lo hace es criticada y mal vista.

La discriminación etaria se manifiesta de maneras sutiles y cotidianas. Parte de ello nace de los prejuicios y estereotipos que hay sobre las personas adultas. Pero parte del rechazo nace también de esa relación enfermiza, de ese estado de negación que tenemos con nuestra mortalidad. No nos gusta pensar en la muerte aunque sabemos que tarde o temprano, también moriremos. La vejez no hace más que recordar que el proceso de nuestra finitud está en marcha permanente.

La saturación informativa y comercial retrata a las personas mayores en roles cliché: enfermos, incontinentes o tomando jarabes geriátricos para “recuperar la vitalidad perdida”. Los guionistas de cine y televisión repiten el estereotipo del viejito cascarrabias, sordo, cegatón o pasmado; los abuelitos bondadosos como parte del decorado familiar; los que tienen alguna enfermedad y están en el asilo o el hospital sin noción de nada. Esa perspectiva poco estimulante añade al agravio. Nadie quiere llegar a viejo. Todos queremos morir pronto para evitar vernos en esas situaciones degradantes a las que la sociedad nos reduce.

Tampoco se puede obviar la violencia, tanto física como sexual y psicológica, que sufren muchas personas mayores en su círculo familiar y social. Muchos son despojados de sus haberes por sus propios familiares, embaucados, burlados e ignorados, tratados como seres no pensantes, estorbosos e incapaces de tomar decisiones lúcidas.

Cada edad del ser humano marca etapas importantes en su formación. Cuando se está en la veintena de años, la muerte y el tiempo son conceptos relativos e irreales. Pero cuando se llega a los 50, la conciencia de la muerte toma un lugar importante en las reflexiones cotidianas. La noción del tiempo cambia de velocidad y se acelera.

Si nos tomáramos la molestia de conversar con alguien mayor comprenderíamos que nada ha muerto por dentro. Que no importa la edad, se sigue sintiendo pasión, amor, deseo sexual, tristeza, angustia, anhelo y que se siguen teniendo ganas de hacer muchas cosas. La capacidad de sentir del ser humano no muere con el tiempo: muere hasta que muere su cuerpo.

Desde el punto de vista laboral, prescindir de los servicios de personas que pasan de cierta edad significa cerrarse a la experiencia acumulada que, interactuando con la frescura de las nuevas generaciones, podría producir resultados interesantes en muchos ámbitos de trabajo. Pero mientras la sociedad siga concibiendo que el principal valor de sus miembros es su capacidad para producir ingresos económicos, estaremos ignorando y callando a un sector de la población que está subrepresentado en la discusión pública de los problemas de país.

Muchos pueblos indígenas y sociedades orientales tienen una relación constructiva hacia los mayores. Debido a su experiencia de vida, se les considera depositarios de memoria y sabiduría; se les incorpora en la toma de decisiones; son respetados como figuras importantes en sus comunidades y están integrados a la vida del colectivo. Pero en el mundo occidental, la persona mayor es apartada temprano de la vida, reducida al silencio, la invisibilidad, la inactividad y el rechazo.

El ser humano contiene en sí mismo todas las edades y eso debería hacerlo más sensitivo hacia todos sus congéneres. Escuchar lo que cada edad tiene que decirnos podría ser una manera de tender puentes para dejar de competir y agredirnos entre generaciones. Una manera de intercambiar sabiduría en esto que llamamos vida y a donde todos andamos dando palos de ciego.

El filtro de la pobreza

Es de todos sabido que los pobres siempre llevan las de perder. Son los más propensos a enfermar y a no tener una atención adecuada, los más vulnerables ante desastres naturales y los efectos del cambio climático, los que se las ven más difíciles para poder recibir educación y, por ello, son fácilmente manipulables. Siga usted la lista, le aseguro que nos resultará larguísima.

¿Cómo se rompe el ciclo de la pobreza? Esta pregunta ha generado miles y miles de páginas de análisis, estudios, diagnósticos, propuestas, planes. Algunas cosas han demostrado ser efectivas, como la atención temprana en salud y el acceso a educación de calidad. Un elemento importantísimo es la integración: dejar de pensar en “ellos” los pobres, y que ellos dejen de verse a sí mismos como parte de una gran masa excluida, algo que, aplicado desde los primeros años, abre los ojos de los niños y niñas y permite que los jóvenes se sientan capaces de ir más allá.

De nuevo, ayúdeme usted a seguir la lista de posibles soluciones, también es larga. Lo duro, lo difícil o casi imposible, ha sido que implementemos de forma eficiente estas respuestas que todos parecemos tener en la punta de la lengua. ¿Por qué es esto así? ¿Cómo podemos ayudar a cambiarlo?

La pobreza es como un yunque atado al tobillo, es imposible que corras al mismo ritmo y logres las mismas distancias de quienes no lo tienen. Es un cáncer, además, mata de a poco o de súbito, enferma, carcome, pudre. Es un muro que te cierra el paso, un candado que te bloquea oportunidades. Y la sociedad como conjunto es culpable de que esa gran parte de la población se sienta como paria debido a la falta de recursos. La pobreza es, en nuestras sociedades aspiracionales, una marca de vergüenza.

Volvamos a las posibles soluciones: la educación. En las zonas más pobres y marginadas es muy difícil encontrar educación de calidad, o que los padres prefieran que sus hijos estudien en lugar de ayudarles a trabajar y llevar más ingresos al hogar, sobre todo si son niñas. Supongamos este primer gran obstáculo: terminar la educación básica. Ahora toca viajar a algún lugar donde haya educación media para poder terminar el bachillerato. Si lo consiguió es el caso de cuatro de cada 10 jóvenes.

Ahora, la universidad. ¿La opción que se ve más accesible? La Universidad de El Salvador, por supuesto. El sábado 14 de octubre hubo examen de admisión. En uno de los edificios vi cómo a un joven no lo dejaron pasar porque no llevaba impresa su ficha —ahora el proceso es en línea— y los resultados de su examen de aptitudes. “No tengo impresora, pero aquí traigo anotado todo”, insistía el muchacho. La persona que estaba en la puerta se limitaba a enseñarle, cuando entraba algún otro aspirante a estudiar en la UES, los documentos que estos llevaban: “Así tenía que traerlo”.

Un ejemplo, tonto si usted quiere, pero que ilustra cómo la falta de recursos se convierte en un lastre que no nos deja avanzar. ¿Cómo podemos hacer esta carga más leve? ¿Cómo podemos ayudar a que se multipliquen las oportunidades? Somos un país pobre, sí, pero también uno en el que la riqueza existente está muy mal distribuida. En la redistribución juega un papel importantísimo el Estado, que, sin embargo, aún ha fallado en hacer que los servicios públicos marquen la diferencia para estos cientos de miles de salvadoreños atrapados en esta trampa de la pobreza.

Red Solidaria, un programa que llegó a un punto clave bajo la administración del Dr. Héctor Silva (QDDG) siempre ha sido uno de mis ejemplos favoritos de cómo el Estado puede redistribuir adecuadamente: eran transferencias de dinero condicionadas, una pequeña suma de dinero para las familias que enviaran a sus niños a la escuela y los tuvieran en control de salud. Un inicio, apenas, pero uno bueno. Una buena red de este tipo, con la garantía de clínicas adecuadas y escuelas bien equipadas, sería un excelente inicio para hacer la diferencia.

¿Qué podemos hacer, por otra parte, usted y yo para marcar la diferencia? Empecemos a pensar y ayúdeme usted a hacer la lista, le aseguro que también nos saldrán bastantes y buenas ideas. Le dejo la primera: dejemos de discriminar a la gente por lo que tiene o no tiene y, cuando pueda, échele la mano a quien lo necesite.

Política “millenial”

Los recientes desencuentros entre políticos salvadoreños jóvenes y los dos partidos más importantes del país han empezado a alimentar la narrativa, sobre todo en redes sociales, del advenimiento de una nueva generación que, de a poco, podría empezar a romper la dicotomía ideológica que El Salvador heredó de su guerra civil y que se galvanizó en torno a ARENA en la derecha y el FMLN en la izquierda.

Ya hay columnistas de este y otros periódicos que ponen rostros a esa supuesta nueva generación. Para la izquierda, el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, recién expulsado del FMLN y quien ha dicho que formará un movimiento para buscar la presidencia en 2019. Y para la derecha, el de Johnny Wright Sol, un diputado que se ha enfrentado en público a su partido, ARENA, por temas relacionados con salud reproductiva, matrimonio igualitario, transparencia y administración interna.

Ambos políticos, nacido uno en 1981 y el otro en 1985, suelen generar entusiasmo en las redes sociales, sobre todo el alcalde, quien ha montado una fuerte infraestructura cibernética que se encarga de celebrarlo y promocionar su agenda política y personal. Y ambos, como se apuntó, se han enfrentado a sus partidos de una manera u otra, lo que les ha valido ya el mote de ser, cuando menos, críticos del sistema, algo que también genera simpatías en un ambiente en que las líneas ideológicas de derechas e izquierdas aparecen ya difuminadas.

Si se atiende a las definiciones temporales que algunos tanques de pensamiento estadounidenses dan al tema generacional —como el Pew Research Center—, es posible ubicar a estos dos hombres en la generación llamada “millennial”, que es la nacida durante la década de los ochenta, marcada por los flujos de información que popularizó el internet y más recientemente por el uso de las llamadas redes sociales. También dice el Pew que una “brecha política importante” divide a estos jóvenes de otras generaciones.

Todo lo anterior son, por supuesto, fabricaciones conceptuales estadounidenses, a las que hay que tomar con mucha prudencia al intentar extrapolarlas a una sociedad como la salvadoreña, donde los únicos horizontes para un buen porcentaje de los jóvenes nacidos después de 1980 son la pandilla, la muerte o la huida a Estados Unidos. Vale, sin embargo, aplicar eso de “la brecha política”, aun si es solo para efectos argumentativos.

Veamos. ¿Representan Nayib Bukele y Johnny Wright Sol brechas importantes respecto al ideario de sus partidos políticos? Para empezar: ¿cuál es el ideario de ARENA y del FMLN más allá de las formulaciones propagandísticas?

La ideología se convierte en plataforma política desde el ejercicio de la función pública, no en las redes sociales. ¿Cómo se define esa plataforma en el caso de lo hecho por el FMLN en ocho años de gobierno? ¿Populismo? ¿Estado de bienestar? ¿Militarización de la seguridad pública? ¿Y la de ARENA desde la oposición? ¿Populismo también?

¿Y cuál es el ideario de los políticos “millennial” de moda en El Salvador? Imposible saberlo aún. En el caso del alcalde el show bufó en el que él y el FMLN convirtieron el epílogo de su relación ha opacado todo lo demás. Y en el caso del diputado Wright Sol falta que sus desencuentros con axiomas de la derecha más cavernaria se conviertan, en efecto, en propuesta política.

Lo cierto es que mientras esta supuesta nueva generación no se defina sobre los dos temas más importantes para el país, que son la violencia y la corrupción, lo suyo no será más que moda tuitera. Mientras no lo hagan en serio, explicando qué ideas tienen para acabar de una vez por todas con los usos patrimoniales del Estado que han hecho derechas e izquierdas, o cómo abordarán desde la función pública el rescate del resto de “millennial” salvadoreños condenados a muerte por las pandillas o las manoduras, su juventud no será más que una versión mejor maquillada que la de sus antecesores.

Carta Editorial

La participación de las mujeres en espacios públicos es una cuestión de justicia que se explica en números. Si somos más de la mitad de la población, la representación en puestos de incidencia política debería ser acorde. ¿Qué razones son las que explican la ausencia de mujeres en las instancias en donde se toman las decisiones que definen el rumbo del país?
La respuesta no es sencilla de elaborar.

Pero para fabricarla hace falta llegar hasta la intimidad de los hogares en donde la carga sigue siendo de ellas, ya sea como planificación o como ejecución. La casa, pese a que las mujeres también trabajen, se sigue viendo como algo “naturalmente femenino” y, así como todavía no se promueven con suficiente eficacia los liderazgos femeninos, tampoco se promueve que los hombres asuman lo doméstico como algo que, naturalmente, les corresponde. Como muestra, una de las preguntas que se hace a las mujeres que alcanzan éxito profesional es cómo hacen para compaginar casa y trabajo. Como si ellas fueran las únicas responsable de la primera.

En el reportaje que abre esta edición, la periodista Valeria Guzmán recoge los resultados de las políticas que se han puesto en marcha en el país para acelerar la inclusión. Hay avances, pero se camina todavía a un paso demasiado lento en comparación con las exigencias de un mundo que pretende acortar las brechas de desigualdad.

Las próximas elecciones no dan indicios de cambios importantes en cómo se involucra a las mujeres en esta esfera. Si reconocemos que la mejor forma de educar es el ejemplo, ¿qué figuras le estamos dando a las nuevas generaciones para estimularlas a cambiar paradigmas?

Estoy en una posición donde la voz cobra mayor fuerza

¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?

Es algo en lo que nunca he pensado. Lo que me gustaría que dijera es: “Fue el mejor padre del mundo”.

¿A qué persona admira más?

Sin duda al ser humano que más he admirado es a Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi. Porque es una persona que encarnó más que nadie los ideales de paz, de amor y de verdad que el evangelio enseña, aún sin ser cristiano.

¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?

Fue haber aceptado el convertirme en ministro del evangelio en condiciones adversas y sin tener garantía de nada. Solo tenía 22 años, ningún soporte económico, era soltero, dejaba a mi familia para ir a una ciudad donde no conocía a nadie. Fue un salto al vacío.

Mencione tres libros que haya leído en los últimos seis meses.

La biblia, que es un libro de lectura diario. Actualmente estoy leyendo uno en inglés que se llama “The Meaning of the City” (“El significado de la ciudad”), y “El surgimiento del pentecostalismo en El Salvador moderno”.

¿Hay algo que de tener más o menos marcaría alguna diferencia en su vida?

El tiempo. Si tuviera más tiempo podría hacer más cosas.

¿Qué está soportando o tolerando actualmente que no lo haga feliz?

El hecho de sentirme impotente ante la oleada de violencia que estamos viviendo.

De estar en otra posición, digamos dentro de la política, ¿su voz tendría más peso en aspectos clave como el de la violencia?

No. Estoy en una posición donde la voz cobra mayor fuerza precisamente por el hecho de no estar ligado a un partido político.

Buzón

Buzón

Vil negocio

El lavado de dinero es una actividad delictiva que tiene impactos letales en la vida económica de los países donde pernocta; vil negocio que pasa casi inadvertido por mucha gente. La legitimación de activos originados en movimientos ilícitos con su alto poder corruptor impacta la institucionalidad de un Estado. Los delitos que preceden al lavado crean redes de procesos y empresas que corrompen una diversidad de instituciones públicas y privadas; lo que sería suficiente para hacer los máximos esfuerzos para fortalecer la prevención y persecución de ese ignominioso monstruo, más cuando se trata de entidades frágiles como las nuestras que sufren toda clase de drenajes de los recursos públicos. Aunque la experiencia muestra que no siempre va a ser dinero lo que se derive de esos blanqueos delictivos.

El lavador trata de desprenderse de las cuantiosas sumas en efectivo, desliga los fondos ilícitos de su origen y procura la integración final de su riqueza obtenida por medios ilícitos a las esferas económicas oficiales. De esa manera, ese brote agresivo se vuelve espinoso desafío para las autoridades competentes, porque a ese nivel es más complicado diferenciar el origen de los capitales obtenidos ilícitamente de los de origen legal, salvo que se tenga un historial exhaustivo del recorrido indebido del billete.

La compraventa de inmuebles con testaferros o familiares es uno de los artificios habituales, y se puede llegar hasta sofisticadas argucias donde las inversiones son parte de una estrategia más amplia en la que se involucran compañías y empresas “pantalla”, y préstamos simulados donde el delincuente se presta a sí mismo, por ahí enrumban los paraísos fiscales.

En su entrega dominical “Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero”, Moisés Alvarado relaciona el impulso creciente que va conquistando el crimen organizado, tal vez más organizado que el mismo Estado, con la participación de funcionarios que han caído en las tentaciones que quebrantan el orden jurídico, social y moral. Basta caminar por pueblos y ciudades donde de la noche a la mañana aparecen inmensas construcciones con enormes negocios con propietarios que nunca han sido acomodados. En las fronteras hay propiedades compradas con el dinero del mal que involucra a dos países, y sus dueños se desplazan con toda libertad por esos linderos a la luz de los uniformes, que supuestamente custodian esos confines. El grado de posicionamiento es asombroso, ya que mutan en sus estrategias y burlan la enclenque legislación vigente.

Julio Roberto Magaña Salinas
jrobertomasa@hotmail.com


Argelia: Amada Libertad, mujer solidaria

Como ya es habitual, las mañanas de domingo son especiales. Como rutina que se vuelve hábito, espero LA PRENSA GRÁFICA, en especial Séptimo Sentido, el que colecciono y pasa a formar parte de mi biblioteca personal. Esta vez, mi lectura se centró en una amiga, Argelia Quintana.
Conocí a Argelia por el año 2000, había decidido irme de casa, necesitaba abrir camino, estudiar, buscar un trabajo… Argelia además de ser una mujer persistente, decidida y con un entrañable amor por su hija, que conocemos a través de ella, —Leyla, su amada libertad—, es una mujer solidaria, para mí fue de esos ángeles que encontré a mi paso, se convirtió en un peldaño, cuando me abrió las puertas de su casa, de su amistad. Conozco de su lucha constante, de su amor por la vida, de su perseverancia. Infinitas gracias, Argelia, por compartirnos tu testimonio y tu ejemplo.

Karina Amaya
scoutkarina@gmail.com


Divididos por categorías

En nuestro país, todos estamos ubicados en una estratificación social, que es la desigualdad que nos estructura entre distintos agrupamientos de individuos donde nos ubican. El sistema político y social permite que seamos reconocidos de acuerdo con diferentes criterios de categorización de poder, prestigio, propiedad o ingreso. Por esta razón, basados en una de las características universales de la sociedad humana: la diferenciación social, es como en nuestro país existen estratos en la educación, la salud y el trabajo.

La estratificación social es un estimulante para las personas calificadas, que posibilita el buen funcionamiento de la sociedad, en la cual los miembros tienen la sensación de que se ha hecho justicia con ellos cuando se les valora como superiores o inferiores de acuerdo con las normas valorativas de su entorno. Si no existe ese sentimiento de justicia cumplida, sobreviene la apatía de los mejores, como sucede en algunos centros de trabajo. La columna del periodista Sigfredo Ramírez, “De cuarta categoría”, viene como anillo al dedo. Dada las diversas circunstancias que todos vivimos, somos nosotros los que permitimos que nos ubiquen, como en algunos bancos que tienen una base de datos y que al realizar una transacción atienden primero al que les genera más ingresos; y permitimos esa desigualdad para que no se cumpla el artículo 3 de nuestra Constitución.

Hace falta una reflexión sobre el trabajo, los derechos humanos y el resto de nuestro entorno, que mejore los métodos de aproximación a la realidad que vivimos. Por esta razón agradezco que Séptimo Sentido nos abra un espacio para un encuentro de investigación y de herramientas conceptuales que pueden generar buenos resultados en un futuro próximo.

Rutilio López Cortez
rutilio_lopezcortez@outlook.com

Álbum de Libélulas (182)

1491. TRAVESURA EMOCIONAL

La andaba coliteando desde hacía ya un buen tiempo, y ella se hacía cada vez más la de rogar. Un día, sin embargo, las cosas parecían estar dando un giro no previsto: era ella la que movía las piezas del rompecabezas sentimental, y ante eso él tomaba la actitud defensiva. Pasó el momento, y cuando volvieron a encontrarse ella continuaba en su antigua actitud. Él entonces sintió que algo había que comentar al respecto, y se lo dijo de inmediato: “Por lo que estoy viendo, las cosas van en serio entre nosotros”. Ella soltó una carcajada y le hizo un gesto que podía representar cualquier cosa. “¿Entonces qué: seguimos o aquí quedamos?”, preguntó él, con gesto a punto de ser adusto. Ella lo puso a prueba: “Estamos en la época de los emprendimientos innovadores… ¿Qué te parece si los dos nos hacemos los rogados y los dos, a la vez, seguimos en la conquista?”

1492. AHORA EN RUTA

Todas las ilusiones necesitan combustible emocional. Rosaura lo sabía por experiencia, pues desde que tuvo uso de razón estuvo expuesta a todos los peligros y todas las calamidades imaginables. Se quedó huérfana muy pronto, porque a su padre se lo llevó el paludismo y a su madre se la llevó la tormenta. Tuvo que criarse con una tía lejana, que la expuso muy pronto a los riesgos del acoso sexual. Salió ilesa porque se escapó por una rendija de la pared. Estaba a salvo. Del presente pero no del futuro. Ahora hacía trabajo doméstico para una familia de clase media, y se distinguía haciéndolo. El señor de la casa era piloto, y un día le dijo: “Chagüita, ¿quisieras ser aeromoza?” Ella lo miró como si estuviera hablándole en chino, pero sintió que algo se le encendía por dentro. Era la ilusión. Le tomó la mano al señor y se la besó: “Gracias, porque al fin voy a volar”.

1493. MARTÍN EL MISÓFOBO

Cada día se había ido volviendo más alérgico a cualquier tipo de suciedad visible, sospechada o aun imaginada, y eso hacía que sus reacciones estuvieran cada vez más fuera de control anímico. En su casa, el reclamo de limpieza que activaba a diario y a toda hora en forma creciente y cada vez más imperativa recargaba la atmósfera hogareña de tensiones angustiosas. Su mujer, que nunca se había caracterizado por el descuido o la desidia, padecía la situación y andaba ya en busca de explicaciones. Consultó con una sicóloga que le explicó que su marido padecía misofobia, rechazo obsesivo a la suciedad. Casi al mismo tiempo ella descubrió una situación que ponía las cosas de pareja en otro plano. Y cuando estuvo preparada para hacerlo lo enfrentó: “Martín, hacele honor a tu condición de misófobo. Andá a hacerte una limpia fuera de aquí, porque la peor suciedad es el adulterio…”

1494. COMPENSACIÓN MATINAL

A lo lejos, sobre la cadena de colinas del horizonte sur, aparecía todas las tardes de verano, ya a punto de anochecer, un reguero de estrellas que nunca tenía la misma forma. Él, un estudiante muy disciplinado, le dedicaba minutos a la contemplación desde su ventana, luego de regresar de las clases vespertinas de Derecho en la Universidad Nacional. Era una rutina en forma de rito. Pero en el anochecer de aquel día, y en pleno noviembre, una nublazón insospechada y sospechosa se había apoderado del escenario celeste. Él se instaló en la contemplación del fenómeno, como a la espera de que se desenlazara de alguna manera. La noche fue invadiéndolo todo, con las estrellas ausentes. Estuvo ahí toda la noche, sintiendo que dejar el sitio sería traicionar una fidelidad sin tacha. Y ya para amanecer apareció la primera estrella. Lloró de gratitud. “¡Gracias, aurora!”

1495. GUARDIÁN INESPERADO

En la tertulia de ese día faltaba el asistente más puntual: ese joven que se había colado en aquel convivio de mayores porque los había atendido a todos en la clínica para tratamientos ortopédicos. Uno de los presentes comentó: “Qué raro que no haya llegado Fidel, que siempre le hace honor a su nombre”. “Dejate de frases y llamémoslo al celular para ver qué pasa”. Lo hicieron, pero al otro lado nadie respondía. Curiosamente, en los días posteriores los contertulios volvieron a padecer trastornos óseos, y uno tras otro tuvieron que ir a la clínica. Ahí estaba Fidel, que los atendió como si nada. Uno de ellos sí le preguntó por su ausencia. Él le dio una respuesta enigmática: “Estuve, pero sin dejarme ver, observando el comportamiento de sus osamentas”. “¿Y volverás en serio?” “Cuando ustedes estén de veras reconciliados con sus huesos… ¿Qué tal?”.

1496. ENTRE VIEJOS CONOCIDOS

Levantó la mirada del cuaderno donde aún escribía lo que se le venía a la mente y tuvo de pronto la sensación de que el tiempo se había detenido junto al papel. Le asaltó entonces el impulso inocente de preguntar: “¿Y tú ahora qué quieres?” Fue solo un pensamiento repentino, pero lo que le llegó al oído de inmediato tenía viso de respuesta propicia: “Solo entablar por primera vez una comunicación directa contigo”. Él sintió que se le abría un abanico de irrealidades realizables, y eso estaba en completa armonía con lo que a diario iba poniendo en el papel. “Si me conocés tan bien como imagino, sabrás que este día no me nace nada de adentro…” “Ah, es que este es tu día de vagancia. Para eso estoy aquí, para acompañarte”. Él bostezó: “Lo que quiero es quedarme en casita, donde el tiempo no existe”. Ambos se rieron. “El buen humor es mi fuerte —dijo el tiempo—, gocémoslo…”

1497. AL QUE MADRUGA…

Las señales físicas de que el parto era inminente coincidían al punto con las señales anímicas. El médico que la había atendido durante el embarazo no estaba presente porque andaba pasando su fin de semana en el lago cercano, y como había que llamar a alguien se llamó al pariente pediatra, que vivía a unas pocas cuadras de distancia. Cuando el reloj marcó las 4:20 de la mañana apareció el recién nacido. Perfectamente normal y hasta casi sonriente, sin saber el torbellino familiar que le esperaba. Mucho tiempo después, ya cuando la vida podía hablar de sí misma, su madre le alabó su buen desempeño, y él le respondió con humor: “¿Y cómo no, si nací un día lunes, bien tempranito por cierto. Dice la sabiduría popular que los lunes ni las gallinas ponen y usted sí puso. Me dio el ejemplo. Gracias”

1498. LA MEJOR OPCIÓN

Era adicto a los juegos de azar, por lo que descuidaba las ocupaciones normales para sostener la vida. Y en una de esas se topó con ella en un casino de barrio, al que acudía casi a diario. El clic fue instantáneo, sobre todo de parte de él. Desde ese momento dejó de ser jugador, y sus padres estaban llenos de dicha. Un día le dijeron a ella: “Gracias, Milena, por haber hecho que nuestro hijo dejara el juego”. Él asintió diciéndose para sus adentros: “No se hagan ilusiones ya que lo que he hecho es solo cambiar de juego, porque el amor es el juego de azar más perfecto que existe…”

En Bolivia aumentan las esterilizaciones ilegales en adolescentes

Aumento. El Hospital Maternológico Germán Urquidi de Cochabamba; el Centro Kolping 15 de Diciembre, de Santa Cruz; el Hospital Materno Infantil Reidum Roine, de Riberalta, destacan por la regularidad en las esterilizaciones.

Karmiña, una niña de 13 años, llegó el 15 de enero de 2017 al Hospital Boliviano Holandés, en El Alto, acompañada de sus dos hermanas. El diagnóstico de ingreso registra que tenía una lesión quística en el ovario derecho y una infección en el tracto urinario. Tres días después, Karmiña abandonó el hospital con una ligadura de trompas. En la estadística nacional se anotó como un caso más de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

Los indicadores de salud registran esterilizaciones a adolescentes como método de anticoncepción. Entre 2015 y hasta julio de 2017, suman 285 casos practicados en menores de 19 años de edad, principalmente en los centros y hospitales públicos de las capitales y ciudades intermedias. También se contabilizan intervenciones quirúrgicas en menores de 15 años. Santa Cruz (68 casos), Beni (58) y Cochabamba (57) son los departamentos con mayor número de esterilizaciones, mientras que Oruro y Tarija registran menos de una decena cada uno en la sumatoria de los últimos tres años.

Esa información está en la historia clínica de Karmiña. Ni la niña ni las hermanas firmaron el consentimiento informado para una esterilización definitiva. Las firmas de las hermanas están, eso sí, en el documento de hospitalización que les informa que, entre otras cosas, la niña podría ser examinada por estudiantes y docentes universitarios con fines de investigación.

Su caso se cuenta entre las cuatro esterilizaciones realizadas en el departamento de La Paz este año; dos de ellas practicadas en el Hospital Holandés. La mayoría de las esterilizaciones en adolescentes ocurren en el sistema de salud pública, en centros dependientes del Ministerio de Salud y dentro del programa de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

Los datos oficiales del Ministerio de Salud de Bolivia reportan, además de los 285 adolescentes, otras siete niñas menores de 15 años de edad esterilizadas en los últimos tres años.

Las salpingoclasias o ligaduras de trompas se registran como AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) en el sistema estadístico.

En el caso de Karmiña hubo una equivocación de registro, explica el director de Gestión de Calidad del Hospital Holandés, Marco Colque, quien dice que el procedimiento no debió ser anotado como “AQV femenina” porque la esterilización no fue bilateral (mantiene fertilidad en el ovario derecho) y ocurrió como respuesta a una emergencia médica.

Marco Colque asegura, además, que el Hospital Boliviano Holandés no ofrece ese servicio de anticoncepción ni siquiera a mujeres adultas, y solo procede con la esterilización quirúrgica por necesidad médica ante una patología o una emergencia.

Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Salud muestran una regularidad en ese procedimiento: 97 esterilizaciones a mujeres adultas en 2017 (junio), 140 en 2016 y 145 en 2015.

Ocho historias clínicas

En el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, de Cochabamba, no niegan ni relativizan que existan las esterilizaciones a menores de 19 años. Sin revisar los archivos de las pacientes, el ginecólogo y jefe de Servicio de Quirófano, Mario García, explica que es posible que las estadísticas estén reportando los casos de esterilización practicada a adolescentes con VIH, con alguna enfermedad grave o con deficiencia intelectual.

“Cuando la paciente es portadora del VIH, en ella sí está indicado hacer la ligadura. Cuando tiene un niño, se hace la ligadura bajo consentimiento informado, con (participación de) la pareja y los papás (…)”, dice.

Sin embargo, el reglamento de la Ley 3729 refiere que “bajo ningún concepto se podrá inducir, presionar u obligar a una PVVS (persona viviendo con VIH/sida) a someterse a un procedimiento de esterilización”, con lo cual se estaría incumpliendo la Ley para la Prevención del VIH, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH-sida, aprobada en 2007.

En pobreza. Las adolescentes sometidas a este procedimiento son, por lo general, de escasos recursos y de baja escolaridad.

En casos de discapacidad mental, explica el doctor García, “generalmente la defensoría hace la solicitud de ligadura de la paciente, en menores de edad, bajo consentimiento informado de los papás, en este caso no tienen pareja. Pero a veces no tienen ni papás, no tienen familia, son pacientes de la calle, indigentes, entonces se hace con trabajo social, con el director del hospital y con el gestor de calidad; todos ellos analizan, autorizan y se procede a la ligadura”.

El archivo del Hospital Germán Urquidi muestra ocho historias clínicas de 2016 y 2017 donde se registran AQV. Tres cirugías de esterilización se practicaron en adolescentes con VIH, dos a personas con discapacidad (una auditiva y una con displasia de cadera), una por paridad satisfecha (tres hijos) y dos más a adolescentes sin problemas de salud reportados.

A sus 16 años, Patricia es sorda, como sus padres, y, según reporta el hospital, ella misma y su madre han pedido una esterilización. La psicóloga describió a la adolescente como “inestable emocionalmente” y con un gran aburrimiento porque no se comunica con nadie.

Los consentimientos informados rubricados por las adolescentes se leen con dificultad porque están fotocopiados casi sin tinta; la mayoría lleva la firma y la huella digital de la paciente, pero varios de ellos carecen del nombre y la fecha.

Beatriz tiene 18 años de edad, tres cesáreas, está en unión libre y se ocupa de las labores de casa. Ha firmado un consentimiento informado que no lleva su nombre ni la fecha, y un médico escribió específicamente: “Paciente solicita salpingoclasia bilateral, refiere que le dijeron que es muy joven pero pese a eso solicita la ligadura junto a su pareja”.

Inés solo ha completado la primaria, es huérfana de madre, ha desertado de la secundaria y tiene VIH. Su breve historia dice que vivió con su pareja en el Chapare por unos meses, y al sufrir violencia retornó al hogar paterno. El consentimiento informado está firmado por su padre y por ella, ambos además imprimieron sus huellas digitales.

Las historias breves se repiten con más o menos matices, como el caso de Irene, de 18 años, que ha cursado hasta quinto de primaria, está dedicada a labores de casa, es portadora de VIH y dependiente de su madre que se dedica a la limpieza. “No conoce su dirección exacta”, dice el documento médico.

Las adolescentes viven en Colomi, Quillacollo o Sacaba, algunas tienen una trayectoria migratoria del campo a la ciudad y el reporte sobre su vivienda es casi similar en la descripción de que toda la familia habita en dos o tres cuartos.

Un número extraño de vasectomías

De retorno en el departamento de La Paz, a 23 kilómetros del Hospital Holandés está el Hospital Municipal de segundo nivel de Viacha. Las estadísticas dicen que allí, en julio de 2015, se practicó la vasectomía a 16 varones menores de 19 años.

Antes de ingresar al hospital, una reforzada señal de la ONG Marie Stopes guía con insistencia hacia dos consultorios, separados del edificio, donde funciona una campaña gratuita de anticoncepción: implante subdérmico para mujeres.

El incremento en las cifras del embarazo adolescente es una preocupación para las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Oficialmente en Bolivia hay 18 % de adolescentes que son madres o que están embarazadas, aunque esa cifra no ha sido actualizada desde 2008.

Ya en la segunda planta del Hospital de Viacha, el director Eugenio Espinoza es incrédulo sobre los 16 casos de adolescentes esterilizados. “Si ni siquiera se da en hombres adultos… Por qué no hablamos mejor del incremento de casos de VIH”, dice sin dar importancia al tema y antes de autorizar una revisión de los libros de registro de julio de 2015.

La búsqueda de los libros no es fácil. El funcionario de Estadísticas se guía por una clasificación que solo está en su cabeza. Un tanto gracias a su memoria y otro tanto gracias al azar, va encontrando los libros de registro de ese año. El cuaderno diario, de julio de 2015, de servicios de anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual y del cáncer cérvico uterino está vacío en las casillas de AQV.

El formulario de llenado manual que resume julio de 2015 ha desaparecido, al igual que el reporte mensual (REPES) que el hospital envía al gobierno municipal con el objetivo de reportar los costos de los servicios prestados y recibir un reintegro de 100 Bs. por intervención de AQV.

En los consultorios del mismo hospital, una leve tos hace que la ginecóloga Ana María Apaza se disculpe diciendo que la fábrica de cemento quita el filtro por las noches, lo que también puede explicar la bruma gris que rodea a la ciudad y que es visible desde la carretera. La doctora está sorprendida de la estadística de 16 casos: “Es raro el varón que decida una vasectomía”.

En casos de discapacidad mental, explica el doctor García, “generalmente la defensoría hace la solicitud de ligadura de la paciente, en menores de edad, bajo consentimiento informado de los papás, en este caso no tienen pareja. Pero a veces no tienen ni papás, no tienen familia, son pacientes de la calle, indigentes, entonces se hace con trabajo social, con el director del hospital y con el gestor de calidad; todos ellos analizan, autorizan y se procede a la ligadura”.

Durmiendo sobre el teclado

El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), del Ministerio de Salud, es el último eslabón de una escalera de controles de calidad de la información estadística que comienza en el mismo hospital o centro de salud.  El director del SNIS, Francisco Enríquez, sostiene que las cifras que aparecen en sus reportes oficiales están verificadas y son confiables. Pero también admite que, a veces, se dan errores de digitación o descuidos del personal. Las que detectan, aparentemente, son las más escandalosas.

“En algún momento alguien se durmió sobre una tecla y nos mandó como 13 millones de atenciones en enfermería… Eso saltaba (a la vista), decíamos: cómo es que en este pequeño establecimiento ha habido tantos (casos), ¿toda Bolivia se ha ido a ese establecimiento?, ¿estaban repartiendo oro? Le sacamos una fotografía para decirles: miren, así está viniendo la información, ha pasado un filtro, dos filtros, tres filtros, cuatro filtros, llega hasta la escala nacional, algo está pasando”, comenta el director del SNIS, Francisco Enríquez Nava.

¿Así sucedió con el caso de Karmiña, de 13 años? La ligadura de trompas unilateral se codificó como AQV en el mismo hospital. Fue verificada por el responsable de Epidemiología, luego fue a la red de Salud, pasó al municipio, fue verificada en el nivel departamental y finalmente llegó hasta el SNIS para hacerse pública y oficial.

En ninguno de los niveles o filtros de control de calidad hubo sorpresa o duda por el reporte de una esterilización a una menor de 15 años de edad.

Santusa, de 17 años

Pero el caso de Karmiña se repite. A las 10 de la noche del pasado 20 de abril, Santusa, de 17 años de edad, atravesó los pasillos del Hospital Holandés, cargando a su pequeña hija de un año y seis meses, con un embarazo ectópico y un cuadro de anemia secundaria.

La psicóloga reportó que la madre adolescente tiene un pobre apoyo emocional y que sufre la conducta agresiva de su pareja. Finalmente escribió una única recomendación: anticoncepción diu (dispositivo intrauterino).

La paciente “ha ingresado con un embarazo ectópico, que se produce a nivel de la trompa del lado derecho, se le ha realizado una salpinguectomía del lado derecho, eso ha provocado, como en el anterior caso, oclusión de un lado, pero puede embarazarse en algún momento (por la fertilidad del otro ovario). Tampoco es considerado como AQV”, dice el doctor Marco Colque nuevamente para dar por cerrado el asunto.

“En algún momento alguien se durmió sobre una tecla y nos mandó como 13 millones de atenciones en enfermería… Eso saltaba (a la vista), decíamos: cómo es que en este pequeño establecimiento ha habido tantos (casos), ¿toda Bolivia se ha ido a ese establecimiento?, ¿estaban repartiendo oro? Le sacamos una fotografía para decirles: miren, así está viniendo la información, ha pasado un filtro, dos filtros, tres filtros, cuatro filtros, llega hasta el nivel nacional, algo está pasando”, comenta el director del SNIS, Francisco Enríquez Nava.

Santusa tampoco rubricó un consentimiento informado sobre esta ligadura de trompas unilateral. En su historial solo está su firma sobre el consentimiento de hospitalización.

Los responsables del Hospital Holandés confían en corregir las estadísticas oficiales del SNIS para eliminar esos casos de la columna de esterilizaciones.

A dos meses de esa entrevista con el doctor Marco Colque, el caso de Karmiña desapareció de las estadísticas, el de Santusa permanece junto a otro cuya historia clínica no fue posible ver.

Más errores

Sin certezas. La forma en la que se llevan los registros de varios centros de salud no da garantías de exactitud.

En la carretera entre las ciudades de El Alto y Viacha está el Hospital Corea, un centro de salud que al momento de la entrevista intentaba gestiones para contar con el apoyo de universitarios para realizar sus prácticas guiadas.

La encargada de Epidemiología del Hospital Corea, Justa Cruz, no se sorprende con las cifras oficiales equivocadas. “Hace poco nos atribuyeron 50 muertes maternas cuando solo teníamos una”, dice.

¿Esterilizaron a dos adolescentes en septiembre de 2015 en el Hospital Corea? Cruz encuentra casi inmediatamente en su archivo el informe de producción de servicios del mes y año solicitados. No registra AQV en menores de 19 años.

Los documentos del hospital “son la primera fuente, el origen del dato, de ahí que la información en el camino se vaya a manipular, involuntariamente, puede ocurrir. Tenemos antecedentes con otros datos igual de importantes”, dice el director del hospital, David Velásquez, refiriéndose a las 50 falsas muertes maternas.

Ubicado en pleno centro de la sede de gobierno, el CIES es una clínica especialista en salud sexual y reproductiva que acaba de salir de una campaña de vasectomías gratuitas. Los gerentes de CIES La Paz y CIES El Alto se reúnen para hablar de las seis ligaduras de trompas y una vasectomía a menores de 19 años que reporta el sistema estadístico en 2016.

Ambos funcionarios niegan la existencia de AQV en menores de 19 años, pero esta vez no hay posibilidad de revisar los cuadernos de registro diario del mes y año citados.

“Como CIES La Paz no tenemos ningún caso (de AQV en personas) entre 15 a 19 años de edad”, dice el director del CIES La Paz, Fernando Álvarez.

El CIES tiene un registro estadístico digitalizado que es enviado, sin mediar anotaciones manuales, directamente al sistema de información. El problema no es pequeño porque en lugar de las seis AQV a menores de 19 años, para ese mes en sus documentos el CIES La Paz registra en total solo tres intervenciones, todas a mayores de edad.

La gerente de CIES El Alto, Vania Laura, tiene similar explicación sobre el caso ocurrido en septiembre de 2016: “No hubo tal procedimiento en ese grupo etareo. Fui personalmente al SNIS para solicitar que se rectifique el dato. Lamentablemente la respuesta es que como se cierra la gestión (2016) en marzo de 2017, ya no se puede hacer la rectificación”.

La información consolidada está publicada y disponible como estadística oficial para los ciudadanos, así como por investigadores o representantes de los organismos internacionales. De hecho, al momento de visitar el SNIS, el ingeniero Gabriel Jiménez, encargado del Área Tecnológica, mostró con orgullo el reporte de personas que revisan y utilizan información estadística desde su web: 248,237 visitas desde 2016, más de 18 mil en junio.

Anticoncepción: ¿una obligación?

La Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) es un servicio del programa de planificación familiar para mujeres y hombres sin límites de edad, aunque con ciertas precauciones, la principal es que la paciente tenga muchos hijos (multiparidad) o decida no tener más hijos (paridad satisfecha).

Pero no es el único servicio de anticoncepción. Las mujeres en edad fértil son el objetivo del programa de planificación familiar, subsidiado por presupuestos municipales, que incluye las prestaciones de: píldora anticonceptiva oral de emergencia, el condón (femenino y masculino), control de diu, inserción de diu, inyectable trimestral (depo-provera), método del ritmo o de días fijos, píldora anticonceptiva, salpingoclasia con anestesia local (esterilización) y orientación en anticoncepción.

Los criterios de elegibilidad de la OMS para AQV no definen edades. Lo único que advierten es que el 20 % de las mujeres esterilizadas a “edad temprana” se arrepiente posteriormente. La recomendación es proceder con precauciones adicionales en caso de “juventud” de la mujer.

En Bolivia, el “Cuadro de Procedimientos 8” entiende a la mujer en edad fértil como “menor de 15 años o mayor de 35 años de edad”, a ellas se orienta el paquete de métodos de anticoncepción a libre elección.

Los funcionarios de hospitales públicos y privados explican sin variaciones que la AQV sucede como dicen los protocolos, previo consentimiento informado, en una decisión libre, voluntaria e individual de las pacientes.

Invariablemente el sistema de salud orienta a las mujeres hacia un método anticonceptivo, temporal o definitivo. El director del Hospital Corea, David Velásquez, explica, por ejemplo, “tenemos un gran índice de abortos espontáneos, más en jóvenes que en adolescentes, todas (ellas) son derivadas para inicio de consejería. La norma indica que debemos ofrecerles un método de anticoncepción”.

La ginecóloga Ana María Apaza, en el Hospital de segundo nivel de Viacha, dice que, en el postparto, “a los 45 días la mujer vuelve a su estado normal y tiene que tomar un método de planificación familiar a elección”.

Fernando Álvarez, del CIES La Paz, recuerda que las personas son legalmente mayores de edad desde los 18 años y pueden acceder a una AQV, previa información sobre otras opciones de anticoncepción, la firma de consentimiento informado y sabiendo que es un método quirúrgico “definitivo” porque actualmente existe “el procedimiento de recanalización tubárica”.

Razones médicas

El único caso de AQV reportado por el Hospital de la Mujer de La Paz es inaccesible para la prensa, dice contundente el director Daniel Cárdenas, argumentando razones éticas para cuidar la identidad de la adolescente esterilizada en marzo de 2016. “Pero seguro —explica— que hubo razones médicas”.

“Hay casos en los cuales yo he tenido que participar de una junta médica —dice Cárdenas. Hay mujeres jóvenes que tienen problemas mentales y pueden ser tributarias de violaciones y se embarazan… En realidad son casos de psiquiatría que nos mandan, y alguna vez, no es frecuente, ha ocurrido que mujeres e incluso adolescentes con problemas de esquizofrenia han sido violadas, y para evitar que nuevamente al ser violadas tengan el riesgo de embarazo se les puede ligar las trompas”.

Más casos. Los centros de salud ofrecen la ligadura de trompas a adolescentes con historial de abuso, violencia y riesgo.

Otras estadísticas cuestionadas

¿No están cuestionadas todas las estadísticas del sector salud? El responsable del Área Tecnológica del SNIS, Gabriel Jiménez, es tajante: “No, porque se hacen indicadores, se generan proyecciones anuales y líneas de tendencia. Sobre esas líneas de tendencia vemos regularidades en ciertos grupos de información, y si notamos una irregularidad, entramos a ver en detalle. En el sistema de salud nuestra información tiene un comportamiento regular y está acorde a las políticas que el sistema de salud implementa”.

Pero las dudas no son nuevas. En 2016,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer un estudio que demostraba que el SNIS tiene un subregistro de embarazos adolescentes en 10 de los 14 municipios investigados. Esto fue posible detectarlo, al comparar los datos con las historias clínicas perinatales que reportaron mayor número de casos para 2013.

La información estadística se evalúa en sendos Comités de Análisis de Información (CAI), en el propio establecimiento cada mes y con periodos más espaciados en las escalas municipal, departamental y nacional.

El director del SNIS explica que en el CAI de escala nacional, donde participan desde representantes de movimientos sociales hasta invitados de la cooperación internacional, se analizan temas prioritarios como el control a recién nacidos, el control prenatal, los partos en domicilio, los partos atendidos por personal de salud calificado y los métodos de anticoncepción. Pero hasta el momento, en el CAI nacional no se ha propuesto analizar las esterilizaciones en menores o mayores de edad.


Este reportaje fue realizado por PIEB en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con FPP & CONNECTAS.

Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero

Lavado de dinero – Ilustración de Moris Aldana

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos es el narcotráfico. Naciones Unidas calcula que en los países de las Américas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

El 12 de septiembre de este año, el comité del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narcóticos se reunió para discutir cuáles serán los nuevos pasos a seguir por ese país en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se presentó un mapa que incluía eventos marítimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y México. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotráfico transnacional.
En cuanto a El Salvador, apenas unas líneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la nación comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra más de que el país no es una ruta habitual del traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Proceso. Un fiscal y un policía al momento de allanar las oficinas del venezolano Edward Ali Perdomo y del panameño Rinat Hiram Guardia.

Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país en el contexto del narcotráfico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por más de 10 años en investigaciones de alto nivel en el país, nuestra nación debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotráfico en la misma línea que Panamá, Ecuador y Estados Unidos, todas economías dolarizadas.

Una opinión que converge con el señalamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos, que definió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicación geográfica y su economía dolarizada.

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los estándares internacionales contra este delito y convertir al país en un sitio un poco más blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los últimos años, entre las que destacan la disminución del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.

Las reformas a la ley también han pasado por la inclusión dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde están casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposición, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como única misión avisar a la UIF de cualquier anomalía.

Las empresas del sector formal, además, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulación.

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.

Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.

Eso las pone fuera de la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodologías ni personal especializado para vigilar entidades financieras, según es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su página web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Esta semana se solicitó una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cuáles son los mecanismos de control que la institución que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petición.

En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito: 463 de un universo de 1108, según el último directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el país existe la posibilidad de colocar más de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.

Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: él también pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios años tratando de cuajar en El Salvador. La modificación más importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
Sin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, según un artículo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GRÁFICA en junio de 2017. Para Héctor Córdova, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), el cambio sería negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una dinámica más mercantil.

Por otro lado, aseguró que una medida como esa haría quebrar a muchas cooperativas, que no contarían con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulación.

 

***

 

El diputado. Wílber Rivera Monge fue sentenciado a 12 años de prisión por su calidad de coautor
en una estructura dedicada al lavado de dinero. Es uno de los pocos casos complejos de lavado
de dinero que han terminado en una sentencia condenatoria en El Salvador.

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.

“¿Y toda esa masa de dinero, de dónde viene?”, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo están vacíos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada día atendieran a unas 100 personas.

“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros”, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administración tributaria buscó anomalías en un negocio de este tipo, que se cayó por falta de pruebas. Ahí se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Igual mecanismo ve en algunas pequeñas compañías que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, llegó a las cortes del país.

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el panameño Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compañía telefónica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, así, bajar su costo.
El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compañía telefónica que había sido afectada por esta actividad.

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio ilícito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de dólares al año, de los que, en realidad, se desconocía su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprobó que había sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El presunto pago por el servicio, según el exfuncionario, habría funcionado para bajar esa masa de dinero a través de canales lícitos. El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compañías de telefonía y la pequeña empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo estén siendo utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del país deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas políticamente expuestas, como los funcionarios públicos.

***

Dos hombres guatemaltecos y un nicaragüense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.

Un miembro de la Policía Nacional Civil se encargó de hacer la revisión de rutina. Al primero que entrevistó fue a uno de los guatemaltecos, Wálter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le preguntó por los motivos por los que visitaría Nicaragua, a lo que respondió que era porque un amigo lo había invitado. Los nervios con los que contestó la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continuó con su revisión.

El siguiente fue el nicaragüense Marlon Anastacio, quien se presentó como un instructor de caballos que había estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le preguntó si conocía a Wálter Adolfo, a lo que respondió que no. El último en la mira del policía fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.

Con un poco más de aplomo que su compatriota, respondió que iba a Managua a ver unos caballos y que la única carga que lo acompañaba era la mochila que llevaba en la mano. El policía decidió pedirle la maleta para revisarla. Ahí, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certificó sus sospechas. Pidió a los tres que bajaran del bus.

La policía le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrapó en flagrancia y ninguno tenía documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se habían preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

El proceso en los tribunales tardó tres años en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontró culpables a los imputados. Se limitó a decretarles tres años de prisión, los que fueron cambiados por igual período de trabajos de utilidad pública. También se decretó que los tres hombres deberían abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendrían permiso de entrar al país por los próximos cinco años.

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a través de una frontera aérea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadoreñas.

En 15 años de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscalía General de la República ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien más. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.

Uno de los más representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián y al exdiputado suplente Wílber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República construyó 40 casos para demostrar la participación de más de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigación financiera y en la declaración de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Larín y Jorge Roilan Hernández Mena.

Muchos de los casos tenían que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre países a través de medios convencionales de transporte aéreo y terrestre. Uno de los elementos que más tomó en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.

En el caso de Rivera Monge, se logró establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario aseguró que entre 2004 y 2013 había ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a través de ellas habían circulado millones de dólares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces más de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consideró sospechoso fueron las extrañas operaciones comerciales realizadas con automóviles e inmuebles, pues tras adquirirlos reducía drásticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hacía por una cantidad mucho menor.

“Ha generado una pérdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacción”, aseguró el juez. Un análisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibrián y con el resto de imputados.

Para este juicio, la Fiscalía General contó con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibrián por narcotráfico, con lo que se establecía de manera cristalina que esas cantidades de dinero provenían de actividades ilícitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. ¿Qué pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?

***

Extranjero. El estadounidense Blake Merriw Wrigth fue hallado culpable por el delito de casos especiales
de lavado de dinero, pues al entrar al país traía un dinero que no había declarado.

¿Cuán intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavandería Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus cifras en inglés), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.

Gracias a tal esquema, un enigmático grupo criminal logró mover $20,000 millones de la Federación Rusa hacia Europa y dejarlos incólumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupción en el Gobierno de ese país europeo o con la gran criminalidad organizada.

Como explican los reporteros en el texto de presentación del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compañías registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establecía un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no existía tal préstamo.

Ambas compañías no tenían dueños claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un paraíso fiscal. Para este caso en específico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todavía no se ha puesto la atención suficiente.

En todos los casos, los contratos de los préstamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que había desembolsado el falso préstamo exigía su pago. Cuando esto ocurría, la compañía deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero debía salir de la sociedad rusa que había servido como garante del préstamo.

Para eso, la empresa que exigía el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este pequeño país, el más pobre de Europa. Ahí un juez emitía una orden judicial “certificando” la deuda como real y ordenando a la compañía rusa que pagara.

Luego, la empresa rusa transfería ese dinero sucio a una cuenta creada por la compañía “prestadora”. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compañía “prestadora”, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba incólume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Unión Europea, respaldado por una orden judicial.
En cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que podían ir de los $100 millones hasta los $800 millones.

En el esquema de la Lavandería Rusa, más de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres años, emitieron más de 50 órdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un país como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces están ahora bajo investigación mientras que otros han renunciado.

La primera transacción relacionada con la Lavandería Rusa ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando una compañía británica llamada Valemont Properties Limited presentó una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un préstamo que había hecho a otra compañía del Reino Unido. Los titulares de esa garantía eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compañías rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
¿Cuántos otros esquemas parecidos a la Lavandería Rusa habrá en el mundo? ¿Existirá una de igual magnitud en América Latina? ¿Será El Salvador uno de sus participantes?

***

El de Rivera Monge y Ulloa Sibrián fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El último de ellos fue el de Ismael Cisneros, más conocido como “Medio Millón”, vinculado al cártel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cuñado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a través de negocios lícitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefonía. ¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.

Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, la respuesta también pasa por cumplir a rajatabla los estándares internacionales, que impidan que los criminales actúen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que estén fluyendo ríos de dinero ilícito en un “refugio ideal para el lavado”.

¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Lavado de dinero