Recuerdos de un pasado presente

Hay un presente vivo en San Salvador. Un ejemplo: cuando Alberto Masferrer plantea (1915) la necesidad de crear una biblioteca pública en cada comunidad; o cuando Salarrué relaciona el concepto de patria al amor por la naturaleza, adelantándose a los conceptos relacionados con las políticas ambientalistas (“Carta a los patriotas”, 1933); o Francisco Gavidia, a los 17 años, cuando le advierte al visitante poeta niño nicaragüense (Rubén Darío tenía 15 años), la posibilidad futura de transformar la poesía castellana.

En los cinco escritores citados se confirma una fuerza creativa explicable por la adivinación o intuición, fundamental para un artista. Razón histórica suficiente para calificarlos de visionarios. ¿Los olvidados? No importa, los olvidos son recuerdos ocultos (excepto Darío, que sigue vivo en los nicaragüenses y en la poesía castellana). Las anteriores ideas se las di a una talentosa periodista y escritora joven, doctora en Historia. No sé si escribió algo; pero le referí relatos de escritores, de los años 1955 y 1958, época de ingreso al corpus literario salvadoreño de Italo López Vallecillos, Alvaro Menén Desleal, Armijo, Dalton, Bogrand, Canales y otros. También hablé de los poetas mayores como Oswaldo Escobar Velado, Pedro Geoffroy y Matilde Elena López, cercanos al grupo de jóvenes ansiosos de tertulias; Matilde Elena no participó por encontrarse en Ecuador; tampoco Irma Lanzas y Waldo Chávez Velasco, ambos en Italia. Muy raras veces se agregaron René Arteaga, periodista y cuentista, casi olvidado, Mercedes Durand y periodistas amigos. Ese pasado presente se relaciona con el marco urbanístico de la ciudad histórica de San Salvador.

En la esquina del parque Libertad y la iglesia El Rosario hubo un edificio de seis plantas, ahora en proceso de remodelación, pues le quitaron dos y le dejaron cuatro, su estructura resistió el terremoto de 1986, era el edificio de la Cafetalera Salvadoreña, que servía café de calidad, Café Doreña, para que los clientes cafeteros nos acostumbráramos a tomar café de verdad, no el soluble, ni el de cáscaras y semillas de aguacate. También había otras dos: cafetería La Corona, a unos metros del Doreña y la Americana, en avenida España, en el costado poniente de catedral, cerca del predio de la antigua universidad quemada por el vandalismo institucional (sobre esto tengo un libro inédito, premiado por la Fundación Guggenheim, Nueva York).

El lugar favorito de los poetas era el Doreña, solo vendía café. Era un lugar bastante pequeño, pero el sitio favorito de los jóvenes intelectuales (perdón por la mala palabra) y del abogado, poeta Oswaldo Escobar Velado. A pocos pasos estaba otra cafetería: La Corona. Sitio preferido por los periodistas, pues se vendía tamales y pan. La atracción para los periodistas era que estaba cerca del Palacio Nacional, sede de los órganos de Estado, donde se esperaban las noticias políticas. Además de poetas y periodistas también llegaban los llamados “coyotes” y los “orejas”, (confidentes policiales), en búsqueda de conspiraciones inventadas.

Una cuadra y media al norte, cerca del parque San José, estaba el hotel Café Izalco ubicado en un hermoso edificio art deco, aún está ahí, invisible y perdido entre basura y ventas informales. Enfrente estaba la librería de Ana Rosa Ochoa, secretaria eterna de Alberto Masferrer. El Izalco tenía sillones por ser también hotel. En este lugar las tertulias eran más discusiones, donde se sumaban Pedro Geoffroy Rivas, Roque Dalton, Jorge Arias Gómez y los periodistas Luis Mejía Vides, director del suplemento literario de LPG; Raúl Monzón, Danilo Velado y Otto René Castillo (este último poeta guatemalteco casi adolescente, también reportero de LPG).

En la librería Claridad, de Ana Rosa Ochoa, conocimos desde esas épocas juveniles a escritores como Jorge Amado, Maiakovski, Kafka, Miguel Hernández, Lorca, Alberti, Neruda, Vallejo, León Felipe, Nazim Himet, Antonio Machado, casi todos poetas ligados a la literatura e ideas de los intelectuales exiliados de la España republicana.

En el 58 cerraron el café Doreña y lo abrieron donde fue el Círculo Internacional, frente a la cripta de Monseñor Romero, ahora es un almacén de electrodomésticos. Ahí también se trasladó toda aquella clientela de locos, entre poetas y periodistas, o soñadores de la época. Por supuesto no podían faltar los “orejas”. La otra cafetería importante, la Americana, no era visitada por los poetas, sino por políticos y señores respetables. Por su precio más elevado, no cabían los poetas, los periodistas, vendedores y menos los “orejas”. El precio en las otras cafeterías andaba entre 10 y 20 centavos de colón y eran de permanencia voluntaria donde se podía escribir poemas en las servilletas de papel o leer los poemas escritos la noche anterior.

Las tertulias eran literarias, en especial sobre poesía, pero también se daban los desahogos políticos que criticaban los regímenes autoritarios de la época.

Por último, pero eso ya en los años setenta, surgió un lugar clásico, en las cercanías del portal La Dalia, la cafetería Bella Nápoles. ¡Aún está en el mismo lugar! Aquí llegaron los escritores de la Cebolla Púrpura, la generación de los poetas muertos, entre otros: Jaime Suárez, David Hernández, Rigoberto Góngora, Alfonso Hernández y otros más de los cuales cuatro sobrevivieron la guerra.

Las cafeterías eran para el esparcimiento diurno, pues los nocturnos, tipo bar con restaurantes cercanos al Teatro Nacional y la plaza Morazán eran el Lutecia, Mercedes, México, La Praviana; eran sitios visitados por Roque Dalton, Pepe Rodríguez Ruiz, Miguel Parada, Armijo y Ricardo Bogrand.

Y enfrente de la actual Biblioteca Nacional, diagonal a la plaza Cívica, estaba el Casino Salvadoreño, y a pocos pasos estaba el Chalo’s Bar, el más elegante de San Salvador, (ahora hay un pollo frito), visitado por Armando López Muñoz, Dalton, Armijo y Argueta, toda vez invitara Álvaro Menén Desleal, quien pagaba la cuenta por ser el poeta rico, gracias a dirigir el primer tv. periódico de El Salvador. Enfrente de dicho bar estaba la Librería Cultural del inolvidable alemán don Kurt, ahora hay un famoso supermercado. En fin, todo un pasado presente en la medida que podamos darle respiración a la bella e histórica ciudad de San Salvador.

Solo en nuestra memoria

Siempre he tenido curiosidad sobre el funcionamiento de la memoria. Sobre todo de la selección y el descarte que hace el cerebro de los recuerdos. El filtro que decide qué almacenar en la memoria de largo plazo y qué no. Todo con base en lo que vivimos en el día a día. Según el libro “Los desafíos de la memoria” del estadounidense Joshua Foer, cada año perdemos el equivalente a 40 días tratando de recordar algo. Talvez la clave de un celular; un objeto que pensábamos en un lugar y no, está en otro; o el nombre de una persona que nos saluda en un centro comercial y no veíamos desde hace años. Hay detalles que pasaron hace una década y recordamos a la perfección, otros que ocurrieron ayer –o hace unas horas– y de los cuales no retuvimos ni la mitad. Con el objetivo de entender cómo se van borrando los recuerdos con el tiempo, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus pasó años memorizando sílabas al azar. Se ponía a prueba para ver cuántas sílabas había olvidado y cuántas lograba retener. Los resultados de su estudio constituyen la denominada “curva del olvido”: en la primera hora que seguía al aprendizaje se olvida más de la mitad. Al cabo de un día desaparece un 10 % adicional. Tras un mes, otro 14 %. Lo que quedaba se estabilizaba en la memoria y el ritmo del olvido se iba ralentizando.

Pero algunas veces solo necesitamos ver algún objeto viejo para retomar todo un pasaje de nuestra vida; por ejemplo, un momento de la infancia. Usualmente recordamos la simplicidad de los días y juegos cuyo valor y gracia radicaba en la sencillez. Lo más significativo pasaba en las tardes, después de la escuela, o durante los fines de semana. En lo personal, recuerdo los sábados y domingos. En una sistema donde lo inexorable parece ser “vivir para trabajar”, los momentos con la familia completa se atesoran el triple. En mi caso, recuerdo vívidamente un viaje que hicimos varias veces –quizá cinco o seis– a la playa. Nos embarcábamos en San Luis La Herradura, La Paz, recorríamos en lancha el estero de Jaltepeque y nos bañábamos hasta el atardecer en la isla Tasajera. En esos viajes en lancha fue que conocí de los manglares. Esas enredaderas flotantes que parecen infranqueables para cualquiera, y que son el paraíso para una infinidad de aves blancas que parecen reinar el lugar. Luis Leiva –el lanchero y quien es mi primo– nos trataba de explicar detalles de esos bosques salados donde había crecido, cómo se buscaban curiles, los bancos de arena donde no pasaba la lancha o la manera de encontrar cangrejos y capturarlos solo usando las manos. Años después de aquellos paseos, Luis naufragó en mar abierto por una tormenta y pasó perdido casi una semana en el océano. Fue rescatado por otros pescadores de La Herradura y, tiempo después, siguió el camino de tantos otros y se fue a Estados Unidos. Lejos de ese paraíso que conocía tan bien.

Siempre recordé esos viajes a los manglares, un ecosistema sumamente hermoso pero frágil. Solo sobreviven en el equilibrio perfecto entre el agua dulce y salada. Hace poco, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) brindaba datos que asustan a cualquiera con respecto a estos bosques. Entre 1950 y 2013 se ha perdido el 60 % de los manglares de El Salvador, pasando de 100,000 hectáreas a 40,000, y de estas últimas 2,000 tienen problemas de azolvamiento o deforestación. Una triste realidad solo agravada por el cambio climático, como se retomó en las páginas de Séptimo Sentido con el tema “La comunidad que se seca con el manglar”, que muestra la complicada situación en áreas de la bahía de Jiquilisco. La tala del bosque por las comunidades aledañas es otro factor de este declive. Mucho se ha hablado de la preservación y campañas de concienciación, pero hasta que no se solvente la precaria situación económica en la que muchas familias viven, no se verán mayores resultados. Hace ya un par de años, los miembros de la cooperativa Palacio de las Aves, de la Isla de Méndez, en Usulután, me comentaban que un curilero ganaba tan solo $4 por 120 conchas recogidas entre el fango del manglar, una actividad que no es regulada por nadie y donde los perdedores son los que realizan el mayor esfuerzo. Preservar estos ecosistemas tan preciados implica cambiar la realidad de estas familias. Si esto no se hace rápido –en el contexto del feroz cambio climático–, las 40,000 hectáreas de manglares que quedan desaparecerán por completo en 25 años. Y ahí sí esos bosques solo quedarán en nuestra memoria.

Cárceles clandestinas

Hace poco tuve la oportunidad de formar parte de un encuentro sobre la política y la memoria en Santiago, Chile. Como parte del encuentro conocimos Villa Grimaldi y Londres 38, dos cárceles clandestinas de la DINA bajo Augusto Pinochet. En el tiempo de la dictadura los dos espacios eran cárceles clandestinas; centros de represión, tortura y exterminio. Ahora estos son espacios tomados para la memoria activa y para la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. Como puntos culturales de la memoria ofrecen talleres, conversatorios, foros, intervenciones culturales, exhibiciones artísticas y forman parte de un diálogo internacional con otros lugares de la memoria como el ESMA en Buenos Aires, Argentina. Durante la visita a Londres 38 y a Villa Grimaldi pensaba en la falta de memoria de las cárceles clandestinas de El Salvador. ¿Por qué no se recuerda públicamente el terror y la tortura de las cárceles secretas del centro de San Salvador? ¿Por qué siguen intactos esos espacios, pero sin rastro del pasado, como si nada hubiera pasado ahí? ¿Será que los que antes fueron detenidos o sometidos a torturas en estos espacios reviven la memoria cruzando las calles del centro o pasando enfrente de estos edificios? ¿Será que la falta de reconocimiento público de la historia sea otra capa del trauma de la guerra?

En su testimonio “Cárceles clandestinas” (1992), Ana Guadalupe Martínez narra su captura, su tortura y las condiciones miserables de las cárceles clandestinas de los cuerpos de seguridad (la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía de Aduana). La reconstrucción de las cárceles clandestinas es de los pocos documentos testimoniales que recuerdan esos lugares. Martínez describe las cárceles clandestinas en detalle e incluye varios croquis con las direcciones exactas de los edificios en que estuvo detenida.

Otra pista documental que existe de la localidad de las cárceles clandestinas es un estudio llevado a cabo en los años setenta por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. La comisión recibió denuncias de maltrato de prisioneros políticos en cárceles secretas en San Salvador y realizó un estudio sobre los centros de detención en la Policía de Hacienda y, especialmente, en la Guardia Nacional. Los funcionarios encontraron, en el tercer piso de la sede de la Guardia Nacional, un cuarto que correspondía al lugar de interrogación que se les había descrito en testimonios recogidos anteriormente. Tomaron nota, además de aparatos eléctricos que podrían haberse utilizado para aplicar choques, como se les había denunciado, y de un espejo que aparentaba ser transparente. La comisión concluye que estos son centros clandestinos de terror y tortura que constituyen un tratamiento inhumano incompatible con los derechos humanos. Con la firma de los Acuerdos de Paz se desmoviliza la Policía Nacional y el cuartel central pasa a albergar las oficinas del nuevo cuerpo policial, la Policía Nacional Civil. Hace poco le escribí a Ana Guadalupe Martínez sobre el espacio donde fue detenida y me comentó: “El edificio está intacto, de lo que no dejaron mucha evidencia es de las cárceles clandestinas”.

Es lamentable que se haya borrado esa parte de la memoria del Centro Histórico del país. Tomando otros lugares de la memoria como Londres 38, Villa Grimaldi, en Santiago de Chile, y el ESMA, en Buenos Aires, Argentina, como modelos, me pregunto si no sería posible la recuperación de una parte de las cárceles clandestinas del centro de San Salvador para servir de huella, documento y evidencia del pasado traumático que vivió la población en ese momento de la historia nacional. Propongo este proyecto no como otro museo histórico ni como un monumento conmemorativo, sino como una intervención para interrumpir la narrativa arquitectónica de “nada pasó aquí”.

Carta Editorial

María Isabel Rodríguez está segura de que debería haber más mujeres como ella. No lo dice para venderse como ejemplo de superación. Lo dice porque sabe que las oportunidades que ha tenido de estar al frente de la Universidad de El Salvador y de ser ministra de Salud fueron, y siguen siendo, algo inusual.

Su vida dedicada a la ciencia habla de valentía y de moldes rotos por la época en la que lo hizo; su nombre ha ido y venido por dos de las necesidades más urgentes entre esta población: salud y educación. Desde ese lugar que le ha ganado a la historia sabe que en los halagos que empiezan con “la única mujer que” se esconde un alto grado de discriminación e inequidad.

En esta entrevista, realizada por la periodista Valeria Guzmán, también habla acerca de cómo la contratación de cuotas de mujeres solo para poder cumplir con los requisitos ha sido una medida que ha hecho más daño que bien. A estas alturas, el país debería estar más dispuesto a abrir las oportunidades sin distinción de género.
A las mujeres, sin embargo, todavía se les pregunta con frecuencia sobre familia y hogar porque se asume que son las que tienen que llevar esa carga solas. El camino de ellas hacia la educación en general todavía es bombardeado por una cantidad de obligaciones que no les debería tocar solo a ellas. La manera en la que el sistema está dispuesto coloca cuesta arriba esas metas que sí alcanzó Rodríguez. Por simple estadística aplicada a la población, sí, debería haber más mujeres como ella.

Reducir todos los aspectos que inciden en que haya pocas mujeres en los cuadros poder pasa, sin lugar a dudas, por la educación. La básica, la media y la superior no solo dejan en las personas libros y notas de examen. También abren el panorama, explican el mundo y fortalecen el criterio. La educación es la herramienta indispensable para desarticular la desigualdad.

“Me quita la paciencia que los Lakers no se levanten”

¿Qué la hace perder la paciencia?

Que los Lakers no se levanten, que el FAS no gane campeonatos, que el Barça no recupere la defensa de 2009, que Kobe Bryant se haya retirado del deporte, que Djokovic baje de ranking ATP, no poder surfear porque el viento pique las olas y que no haya fruta en mi casa.

¿Dónde le gustaría estar sentada?

¿Sentada? Prefiero estar moviéndome a todos lados, me suena conformidad estar sentada. Quiero aprender, crecer y moverme en todos los ámbitos que envuelven mi vida: laboral, académico, social y deportivo.

¿Quién es la persona más interesante que ha entrevistado en su carrera?

“Pichi” Escudero, exentrenador del FAS y Santa Tecla, exjugador del Boca Juniors y una persona muy auténtica. En aproximadamente 2 horas, aprendí más de Argentina, fútbol, técnicas, valores y ética deportiva que en cualquier otra entrevista. Me encantó.

¿A quién admira en secreto?

A todos los perseverantes, los auténticos y fuertes, a los que no se acomodan y luchan por sus sueños; mis papás, por ejemplo, y no es secreto.

¿Qué obra de arte sustraería de un museo para tenerla en su casa?

Ninguna, no quisiera que las personas dejaran de admirar el esfuerzo de cualquier artista. Pero si me dan una réplica, que sea de cualquier trabajo de Monet.

¿Cuál es la vergüenza más grande que ha pasado?

Llegar a un país, no poder comunicarme porque no conozco el idioma, meterme a un restaurante madridista y ser la única que grita un gol del Barcelona en un Clásico. Resultado: casi me sacan del lugar.

¿Qué hazaña deportiva la ha conmovido más?

El mundo del deporte es increíble y yo soy susceptible a cualquier hazaña deportiva. La más reciente, el año pasado con la tragedia del avión del Chape. Fue extraordinario cómo el mundo entero del deporte se unió para dar, compartir y apoyar durante una tragedia que tocó al deporte. El Chape sigue de pie por el amor al deporte.

Buzón

Ley inspirada por Pablo Escobar.

Cuando la ley estorba

Los mismos representantes del pueblo que aprobaron la “Ley de Extinción de Dominio” hoy quieren retractarse de su decisión al intentar reformarla, piensan disfrazarla de severa pero sin dientes, con castigo pero sin decomiso o anular ambas cosas, a lo mejor la decretaron pensando sólo en los otros. Estamos llenos de leyes alcahuetas que no se aplican y por contera ésta es para erradicar una peste tan arraigada con características de epidemia. Cuando la ley estorba es porque sirve de tropiezo en el camino de los que no hacen el bien. Un sistema legal robusto, eficiente y confiable es lo que nuestro país necesita, mostrar descontento por la parte medular de la norma jurídica en cuestión, incluso apoyada por algunos funcionarios que intentan aplicarla, es palmario impudor, los que ostentan cargos no son dechados de virtudes pero al menos la honradez debe prevalecer en funcionarios que lo son por su “moralidad e instrucción notoria” exigida en la Constitución; lo que está en juego es la honradez en su expresión más pura y la justicia aplicable a delincuentes en cargos, y la incipiente ley, ya es un suspiro para extirpar esa escoria que tanto mal ha causado a las finanzas nacionales; los países que encabezan altos índices en casi todo como los nórdicos, lo han logrado gracias a la aplicación de sus leyes vigorosas y estructuralmente aceptadas, pero si éstas son lenes, con penas cómodas y sin devolución de lo aprehendido es como alimentar la cultura de la corrupción que hoy ya es una tradición, lo que alienta atajos a los cleptómanos de carro, saco y corbata a cometer los ilícitos que ya sabemos que han ocurrido y se siguen indagando en nuestro abrumado país. La ley que comentamos de la investigación de Moisés Alvarado viene a ser el inicio de la cruzada para que los cleptómanos dejen en paz lo ajeno y erradicar los atracos a los erarios municipales y nacionales, la corrupción debe dejar de ser el buen negocio para algunos funcionarios, el pueblo merece vivir sin desconfianzas. A todas luces los artículos que se pretenden anular o reformar son la coraza que esperan los que tienen algún ilícito por haber hecho uso privado de lo público. Si se trata de ganar futuro y no permanecer atascados en el mismo barro, la ley debe ser implacable, imprescriptible, pues como dice una frase del reportaje: “Lo que tiene origen ilícito no se puede legitimar”. A última hora se supo que sí hicieron las reformas…

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


Desperdicio

Muy interesante el artículo de Lucía Vásquez, del periódico La Nación de Costa Rica, en el que se habla de jóvenes que han formado un equipo para rescatar la comida que bien puede distribuirse a personas de bajos recursos que no pueden acceder a un plato diario de comida. El proyecto se llama “Proyecto plato lleno: la comida no se bota”. Al respecto quisiera agregar que en el libro “Despilfarro”, publicado por Oxfam, se recogen datos estremecedores sobre la distribución alimentaria así como fotos de algunos locales llenos de alimentos en perfecto estado, líneas enteras de supermercados, que se pueden encontrar en las calles de las ciudades del primer mundo. Pero el derroche se produce en toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, entre el 20 y el 40% de las frutas y verduras en Europa son rechazadas antes de llegar a las tiendas porque son feas, ya que la Unión Europea tiene criterios de imagen para desechar la comida. Encima, estos criterios cosméticos ni siquiera garantizan su buen sabor (notemos que las frutas y verduras se botan porque son feas). La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), ha asegurado, según investigaciones, que hasta un tercio de de alimentos se estropean o se desperdician antes de ser consumidos por las personas, algo que es un exceso en una época en la que casi mil millones de personas pasan hambre, y representa una pérdida de mano de obra, energía, tierra, y otros insumos utilizados en la producción de alimentos. En una edición de la revista National Geographic pude leer que no menos de 1300 toneladas de comida van anualmente a la basura. Apuntó que dicha cifra es casi un tercio de los alimentos que se producen en todo el mundo y que nunca llegan a ser consumidos. Artículos periodísticos han apuntado que las decenas de millones de toneladas de alimentos despilfarrados en los países desarrollados cada año podrían alimentar a los 1,000 millones de personas que se van a la cama con hambre cada día. La paradoja es que, según la FAO, el planeta genera dos veces más alimentos de los que sus 7,000 millones de habitantes precisan para vivir, a pesar de lo cual 925 millones de personas se encontraban en hambre crónica en 2010.

Miguel Martínez
Miguelmar47yahoo.com

Misterios de garaje

MISTERIOS DE GARAJE

Como no tenían vehículo propio, el pequeño garaje de su casita suburbana lo usaban de depósito para objetos no utilizados que no querían tirar a la basura. Era una familia de cinco: los dos mayores, que eran los padres, y los tres menores, que eran los hijos. Dos niños y una niña: los varones ya en los primeros escalones de la adolescencia y la hembra en el último escalón de la niñez. Los padres no parecían tener ningún punto de afinidad, pero se llevaban lo suficientemente bien para no tener conflictos mayores, al menos en apariencia.

Como el garaje se iba saturando con gran rapidez, la madre, que llevaba las riendas del orden doméstico, tuvo que poner una regla, dirigida especialmente a los hijos:

–Cuando haya alguna cosa que ya no quieran, en vez de ir a amontonarla al garaje me la enseñan para ver lo que hacemos con ella.

Las opiniones no se hicieron esperar:

–Hay cosas que ya no quiero pero tal vez después sí –dijo el varón mayor.

–A mí me gusta guardarlo todo aquí… – alegó el varón menor.

– ¡No voy a botar ningún juguete! –gimió la niña, consternada.

– Bueno, muchachos, pero en la vida hay que tener reglas, y cumplirlas, ¿entienden?

En ese instante, todos parecieron aceptar con gestos de obediencia resignada, aunque nadie asumía la orden.

En los días posteriores no ocurrió nada fuera de lo común. Nadie entró en el garaje, al menos en forma visible. Pero en uno de los fines de semana siguientes la señora se asomó al lugar, según su costumbre, para constatar que no hubiera nada fuera de control.

Lo primero que le llamó la atención fue que el espacio estaba bastante más lleno que la vez anterior que había estado ahí. Regresó entonces a hacer los reclamos del caso:

– ¿Qué no entendieron lo que les dije? Dentro de poco vamos a tener que desocupar el garaje llevando cosas a otra parte.

– Yo no fui, mamá.

– Yo tampoco.

– Yo nunca llevo nada. Ahí sólo están mis juguetes.

–¿Qué quieren decirme?

– ¿Por qué no le preguntás a mi papá?

Ella no reaccionó a la cuestión, pero se quedó con la inquietud. Muchas de las cajas que estaban en el garaje le pertenecían a él, y todas estaban firmemente cerradas como para evitar que alguien pudiera abrirlas. Entonces se decidió a salir de dudas sin tardanza, porque en aquel momento estaba sola en la casa.

Fue al garaje con una tijera de podar y un punzón. Y comenzó a tratar de abrir una de las cajas. Luego de mucho esfuerzo, lo logró. Al destapar lo que había en su interior se quedó en suspenso.

Un montón de pedazos de muñecas desmembradas. ¿Qué era aquello? Un escalofrío le recorrió el cuerpo al presentir que estaba conviviendo con la fantasía de un criminal en potencia.

MISTERIOS DE QUEBRADA

En el origen de la ciudad de seguro aquellas corrientes de agua encajonadas entre paredones quedaban en los alrededores de los pequeños espacios urbanizados, pero el crecimiento natural hizo que ahora las quebradas atravesaran barrios y colonias sin perder su condición de arterias rústicas.

Una de las áreas de mayor expansión era esa que iba acercándose cada vez más a la cadena de colinas y cerros que daba al sur, con el océano al fondo, escondido en su extensión inmensa, a la que ninguno de los habitantes del lugar tenía acceso. Y por ahí justamente corría aquel caudal que en los inviernos se convertía en torrente sonoro y en los veranos llegaba a ser un hilo que daba la impresión de estar extinguiéndose.

Él había estudiado ingeniería forestal, y el trabajo que le salió al graduarse fue en una empresa nueva que hacía desarrollos urbanos en zonas boscosas, y el primer sitio de destino sería aquél, porque ahí iba a desarrollarse un proyecto que incluía viviendas, campos de juego y arboledas acogedoras. Entonces decidió irse a vivir en las cercanías, y lo que encontró fue una casita a la par de la quebrada.

Durante el día pasaba entregado a sus labores profesionales y por la noche se encerraba en su pequeño ambiente. Vivía solo y eso le permitía disponer de todo su tiempo como le viniera bien cada día. Y entonces comenzó a producírsele una sensación desconocida, que fue acrecentándose con el paso de los días.

Cuando la luz solar desaparecía, de la quebrada vecina empezaban a surgir sonidos inconfundiblemente humanos: murmullos, suspiros, carraspeos, silbidos… Para salir de la duda le preguntó a un vecino si oía algo raro por las noches, y el vecino sonriendo le respondió: “Sí, los ronquidos jadeantes de mi mujer”.

Entonces estuvo seguro de que la quebrada sólo se comunicaba con él. Había que corresponder.

Un sábado bajó por la pendiente pedregosa y descubrió unas cuevas casi al ras del agua. Y, sin pensarlo más, se trasladó a vivir a la más espaciosa. Nadie en el lugar pareció darse cuenta. Jamás hubieran podido entender su vínculo sentimental con la entusiasta corriente, que hoy parecía una doncella enamorada.

MISTERIOS DE RELOJ

Se lo heredó su abuela materna, con la que vivió prácticamente toda la infancia, porque su padre fue el eterno ausente y su madre la dependiente obsesiva de su segundo marido. La abuela era trabajadora sin descanso en su tiendita de barrio, y no tenía bienes propios.

Cuando ella se fue de este mundo, él estaba por graduarse de contador. Dejó la vivienda que compartían, que era alquilada desde siempre, y se fue a un rinconcito donde apenas cabía el aire dificultosamente respirable. Afortunadamente ya estaba Alma con él.
Tenían desde luego una sola cama, que era un catre desmontable. Y ahí, ocupando el rincón, ese misterioso reloj de pie que venía siendo el heraldo de la familia, realmente inexistente, a través del tiempo.

–Por fortuna el reloj no camina –dijo Alma, aliviada.
Y para qué lo dijo, porque en ese preciso instante se le activó el tictac, que tenía ese tono marcial de los relojes que quieren hacer historia.
–¡Dios mío! ¡Es como si me hubiera oído! ¿Y ahora qué hacemos? –se alarmó Alma, entre pucheros y sonrisas.
Él estaba impávido, pero palpitando por dentro igual que el reloj. No había nada qué hacer.

Curiosamente, aquella noche ambos durmieron como hacía tiempo que no lo hacían. Al despertar al día siguiente, se miraron sorprendidos con las frentes alineadas en la pequeña almohada disponible. Y entonces descubrieron al unísono algo no explicable fácilmente:

–¿Y a éste que le pasa? Se calló del todo. ¿Se habrá descompuesto? –interrogó Alma.
Él hizo un gesto de desconcierto tranquilizador:
–Bueno, si ya no funciona, ¿qué vamos a hacer?
Y entonces ella reaccionó en forma sorpresiva:
–¿Cómo qué vamos a hacer? ¡Llevarlo a que lo revisen y lo compongan!
Él sintió que todo aquello tenía mensajes ocultos. ¿No estaría su abuela enviándolos desde allá? Ella y su reloj habían sido siempre una sola cosa, y él era el heredero.

–Bueno, vamos a llevarlo.
Santo remedio. En ese mismo instante el reloj comenzó a accionar con entusiasmo.

El éxodo de los venezolanos que buscan refugio para retomar sus terapias contra el VIH

Problema crónico. Miles de pacientes reclaman en las calles la falta de medicinas en Venezuela.

Una tarde de septiembre de 2016, un empleado del Ministerio de Salud venezolano llamado Antonio regresó a su casa sin el antialérgico que necesitaba su esposa. Después de largas horas de recorridos por farmacias vacías en el estado de San Francisco de Apure, solo tuvo una certeza: ambos tenían que abandonar el país. El estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de antirretrovirales ni pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia enfermedad. La pareja no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de América Latina para recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida. La última estación sería Perú.

Antonio y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron en una habitación alquilada al norte de la capital del único país donde pudieron encontrar un empleo para cubrir sus gastos básicos. “Necesitábamos retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y gestos pausados, sentado en el local de una organización civil que vigila el abastecimiento de antirretroviral.

Esta familia forma parte de una oleada de siete mil venezolanos que consiguieron permisos de permanencia temporal en el país este año, con facilidades dadas por el Gobierno, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron de Venezuela por razones de salud, desde noviembre de 2016, la ONG Grupo Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que vinieron con el objetivo específico de retomar sus terapias para controlar esta enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en San Martín de Porres, un extenso distrito al norte de Lima.

En realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por razones de salud. Antes buscan ayuda en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza San José de Cúcuta, Colombia, la zona más próxima al Puente Internacional Bolívar, colindante con Ecuador. Los migrantes eligen ir primero a Ecuador porque los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos –ciertamente más que en Perú. Solo necesitan presentar un carnet de identificación, su historia clínica y acudir a algunas charlas de orientación. “El problema allá es otro. No encontramos trabajo y nos quedamos sin dinero”, cuenta Pamela, una mujer de 36 años, voz alegre y manos expresivas, quien era profesora en una escuela pública de su país. Ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Antonio, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante en una fábrica de polos del emporio textil de Gamarra.

Antes de ingresar a Perú, la pareja recibió atención en el Hospital de Infectología de Guayaquil por unas semanas, pero tomó la decisión de venir al país cuando se enteró de las facilidades migratorias dispuestas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hasta hace unos meses, los venezolanos debían obtener un permiso de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno aprobó un permiso temporal de permanencia exclusivamente para ciudadanos de ese país. Este documento, que tiene una vigencia de un año, les permite estudiar, trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico. “Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del terrorismo”, dice un vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Hasta fines de 2016, el Sistema Integral de Salud (SIS) ya tenía registrados 2,667 ciudadanos con carnet de extranjería, lo que les permite recibir atención médica en calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta porque muchos de ellos aún no tienen este documento. “Este caso está siendo estudiado para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice María Cecilia Lengua Hinojosa, médica encargada de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del SIS.

Los pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de asistencia social de los hospitales.
Esos datos aparecían en grupos en Facebook creados por otros migrantes venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Entonces, cruzaron en automóvil el pueblo fronterizo de Huaquillas (Ecuador) con dirección hacia Zarumilla (Perú), pernoctaron unos días en Tumbes y luego tomaron un bus interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital San José del Callao”, dice Pamela.

Una pandemia fuera de control

La tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir nuestra entrevista por un canal de WhatsApp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El Gobierno solo muestra indiferencia”, añadió.

La organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65 mil personas con VIH que dependen de las medicinas que compra el Estado venezolano para mantenerse con vida. Sin tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su pronóstico se complica.

“Lo que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con sede en Estados Unidos.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han incrementado. “En 1997 no superaban las mil; en 2015 llegaron a los 3,300 casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela viven también 44 mil personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y cada año se suman un promedio de 5,600 nuevos enfermos.

Pese a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los pacientes infectados. En 2014 el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y anticoagulantes.

StopVIH ha documentado 66 episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales que ha puesto en peligro la vida de más de 65 mil pacientes de VIH.

A comienzos de 2017, la situación llegó al límite: el 90 % de las medicinas de alto costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegó a las farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas. Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, recogidos para The Big Pharma Project, el Ministerio de Salud mantiene desde 2014 una deuda de $4,000 millones con laboratorios proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector si liquidaba el 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta condición.

Las autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS en 2015 y 2016. Sin embargo, Antonieta Caporales, una de los tres ministros de Salud que ha tenido Venezuela en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos que todo el lote costaba alrededor de $12 millones y el Gobierno no tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en una entrevista para este reportaje.

El peligro de la resistencia

Cuando Elvis Ortuño partió de Valencia, la ciudad más poblada del estado venezolano de Carabobo, tuvo que desprenderse de su familia, su pareja y su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los próximos meses y tuvo miedo por su vida. Llevaba apenas un mes intentando asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH y sus pruebas de carga viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir las infecciones) ya estaban por debajo de lo normal. “Si me quedaba, corría el riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.

Al igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las alternativas que había en el extranjero y emprendió un viaje por tierra hacia Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la zona de Caramuca, en el estado venezolano de Barinas, antes de seguir la ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios guardias te siembran cosas son constantes”, relata.

El problema de Ortuño empezó en el puesto migratorio del fronterizo municipio colombiano de San José de Cúcuta, donde los oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, como una especie de constancia de que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio, buscó diversas formas de cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso funcionó. Solo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.

“Sabía que al pasar el puente Internacional Bolívar mi vida iba a cambiar. Fue como un signo de esperanza”, cuenta. Elvis Ortuño solo tenía $120 en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales para un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en autobús desde Colombia hacia Ecuador.

Luego de 36 horas de recorrido, este joven venezolano de contextura delgada y piel tostada llegó al puente Internacional de Rumichaca, por donde finalmente ingresó a Ecuador. Su destino era el Hospital de Infectología de Guayaquil y tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para cumplir su objetivo. Por fortuna, en este servicio de salud recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con solo mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Con esa preocupación volvió a indagar en internet una segunda opción de destino, y esta vez se comunicó por correo con el colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en Perú.

En octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó la tercera frontera para salvar su vida. No llegó a Lima, se quedó a medio camino, en la ciudad de Trujillo, donde consiguió integrarse al programa de tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como mozo en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo que interrumpir algunas veces su terapia.

“Si hay muchos pacientes que incrementan su carga viral y se vuelven resistentes a su terapia, la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray.

Sin embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas de Perú.

Solo este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en Venezuela: desde enero no hay zidovudina en jarabe para niños, y desde febrero tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que hay pocas posibilidades de medir correctamente los niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo en la población venezolana y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro meses. “No sabemos cómo estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Epidemiología.

El VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en 1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no cuenta con terapias modernas porque estas son muy costosas”, dice Sánchez.

Donaciones retenidas

En Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), a través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron distribuidas a los beneficiarios.

Además, en 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de medicamentos.

Si bien en Caracas una parte de pacientes con VIH sobrevive con las últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a los estados del interior como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio, Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir los medicamentos y salvar su vida.

En 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto.
Los servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición, pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela: temen que llegue el momento en que los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas de medicinas y empiecen a restringir la cobertura para migrantes. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a $1,480,790 en 2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice Alberto Nieves, de Acción Ciudadana Contra el Sida.

El desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que salieron a las calles tenían un lema: “si no salimos, igual nos morimos por falta de medicamentos”.

*Este reportaje elaborado por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco para Ojo Público es parte de The Big Pharma Project y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA gracias a un acuerdo de difusión de contenidos con CONNECTAS.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.

Tsundoku

Hace poco descubrí una caricatura del ilustrador estadounidense Grant Snider llamada “Las etapas del lector” (“Stages of the reader”, en su idioma original). Snider define dichas etapas como 1) descubrir libros; 2) enamorarse de los libros; 3) los libros como una identidad; 4) los libros como una manera de evitar interactuar con humanos; 5) los libros como una frustración insoportable (“debo escribir un libro”); 6) no tener libros; 7) redescubriendo libros; 8) acumular libros; y 9) pasar libros a la siguiente generación.
Las etapas están ilustradas como gradas que suben hasta el número cinco. Pero la número seis es un corte en toda la composición, donde se mira a un hombrecito echado en el fondo del corte (es decir, en un hoyo) viendo televisión y comiendo comida chatarra.

Stages of the Reader por Grant Snider. Tomado de Incidental Comics.

Cuando compartí dicha imagen en Twitter, varias personas me comentaron la etapa en la que sentían estar o no habían estado jamás. Lo curioso fue que todos coincidieron en jamás haber estado en la número seis. Eso me dejó pensando en mi propia vida como lectora. La verdad es que no recuerdo ningún momento en que no haya tenido libros conmigo. En mi casa siempre los hubo, desde antes que yo naciera. Esos objetos siempre me fueron familiares. Eran la visión prometedora de horas que podían pasarse a solas de manera agradable.

Me gustaron los libros desde antes de aprender a leer. Me pasaba mucho tiempo hojeando los que había en la casa, buscando los que tuvieran dibujitos o fotos. Por eso quizá llegaron hasta la cabecera de mi cama varios ejemplares de Reader’s Digest, de la cual mi padre era fiel lector. Alguna foto o dibujo me habrán llamado la atención.

Un libro con el que me entretenía bastante era un manual de enfermedades infantiles, en alemán y de tapas duras. Cada vez que me daba algo, mi madre corría a consultarlo. Nunca pude entenderlo, ni cuando aprendí a leer (porque aprendí alemán años después), pero las fotos en blanco y negro eran atemorizantes, por decirlo de alguna manera. Todas eran fotos con niños mostrando todo tipo de erupciones, inflamaciones, decoloraciones, llagas, heridas, purulencias y malformaciones. También había niños con padecimientos mentales. Para mi madre era un manual médico, pero para mí era una especie de enciclopedia del miedo. Rogaba porque jamás me diera ninguna de aquellas enfermedades representadas en las fotos.

A pesar de que la vida me ha llevado a vivir en varios países, siempre termino con cajas de libros que llevo y traigo a todas partes. Salgo con unos pocos y cuando llego a otro país y me quedo un tiempo, comienzo a comprar dizque con cuidado, para no acumular demasiados, para no dificultar una próxima mudanza. ¿Pero cómo rechazar un buen libro que esté en oferta? ¿Cómo dejar en la librería un título que has buscado durante años y que por fin se encuentra a un precio accesible? ¿Cómo desprenderse de los libros favoritos, que nunca son uno ni dos, sino docenas? ¿Cómo sobreponerse a esa fuerza interior que te hace sentir que ese libro es una auténtica necesidad personal y que, por lo tanto, hay que comprarlo y tenerlo en casa, siempre, a toda hora, porque solo su adquisición calmará esa necesidad?

El amor por los libros sufre su más seria prueba cuando toca una mudanza, sobre todo si es de país a país. Porque si hay algo difícil de mover son los libros. Ocupan mucho espacio, pueden llenar varias cajas y pesan más que un mal matrimonio. Aunque en la acumulación de libros siempre se cuelan algunos que son malos (porque no siempre se acierta con la selección de alguno que, al leerlo, no resultó ser tan bueno como esperábamos o creíamos o nos habían dicho), el número de los buenos libros siempre resulta mayor. El costo de trasladarlos es impagable, lo cual obliga a desprenderse de ellos.

Así nos vamos despegando de libros, dejándolos en el camino de la vida, como un rastro de migajas literarias que, si alguien pudiera seguirlo, nos encontraría en la fase ocho de la caricatura descrita al inicio, la de la acumulación de libros.

Durante años he tratado de disciplinarme en el sentido de no comprar un libro más hasta no terminar de leer los que ya tengo en casa. Confieso públicamente que he fracasado de manera estrepitosa cada vez que tomo dicha resolución. Lo que sí he logrado hacer es comprar de manera más reflexiva. Soy más selectiva y no compro uno porque sea una novedad o el libro de moda en boca de todos. Compro lo que me interesa de manera auténtica y cuya sola posesión me alegra. Pero tampoco la pienso tanto. Porque si hay algo frustrante es haber visto un libro, no tener el dinero para comprarlo en el momento, regresar a la librería con el dinero y la decisión de comprarlo, y que el libro ya se lo hayan llevado.

La única manera en que he logrado no comprar libros es cuando mi situación económica ha sido paupérrima. Aunque también confieso que más de una vez, ante la decisión de comprar comida o un libro, opté por el libro. En los tiempos de vacas flacas, siempre me alegra haber cedido a esta compulsión. Eso me ha permitido construir una buena biblioteca (léase: tengo una abundante reserva de libros sin leer). La mía, además, me sirve para enseñar escritura creativa a otros, por lo cual considero que incluso he llegado a la etapa nueve de la caricatura, porque puedo recomendar algún título a futuros escritores.
En japonés existe un sustantivo para esto de lo que vengo hablando, tsundoku. La palabra significa “apilar sin leer”, es decir, comprar libros con la intención de leerlos, pero no hacerlo, y que estos terminen apilados junto a otros libros no leídos.

Si en otro idioma existe una palabra para describir este “mal”, significa que somos muchos los que lo sufrimos. Un mal que supongo no tiene remedio, pero del cual ninguno de nosotros se queja.